Boletín de Luchas Obreras (25 de Febrero de 2018)
ÍNDICE
- SELECTA NO REBAJA LOS 300 DESPIDOS PREVISTOS Y LOS TRABAJADORES CONVOCAN UNA HUELGA INDEFINIDA
- EL TRANVÍA DE VALENCIA CUMPLE UN AÑO DE HUELGA
- LA COMPAÑÍA PETROLÍFERA DE SEDANO (CPS) INICIA EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE LA LORA
- PSOE-A ACUSA AL GOBIERNO DE «TORPEDEAR» DERECHOS DE TRABAJADORES DE PARADORES
- LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CONSTATA QUE METRO DE MADRID INCUMPLIÓ LAS NORMAS DE SEGURIDAD CON LOS TRABAJADORES EXPUESTOS AL AMIANTO
- UNA SENTENCIA RECONOCE A LAS TRABAJADORAS DEL 010 COMO EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
- HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 6 DE MARZO EN DITECSA
- PSOE LLEVARÁ PRECARIEDAD LABORAL CAMARERAS PISO PARLAMENTO Y A AYUNTAMIENTOS
- LA HUELGA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE LA XUNTA APLAZARÁ JUICIOS HASTA DESPUÉS DEL VERANO O HASTA EL AÑO QUE VIENE
- LAS AMBULANCIAS EN LA GOMERA PODRÍAN IR A LA HUELGA EN MARZO
- TRABAJADORES DE LEDA ANUNCIAN MEDIDAS DE PROTESTA POR RETRASO PAGO NÓMINAS
- CGT DENUNCIA LA PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DE ALFRAN REFRACTARIOS
- UNIPOST: REGISTRADAS LAS DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN DE L@S DESPEDID@S EN LA 2ª FASE DEL ERE
- 45 TRABAJADORES DE ‘EL PUNT AVUI’ ABANDONARÁN EL PERIÓDICO TRAS EL ERE
- CCOO SE MOVILIZA “POR UN EMPLEO ESTABLE EN GEACAM”
- DENUNCIAN «ACOSO LABORAL» EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
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SELECTA NO REBAJA LOS 300 DESPIDOS PREVISTOS Y LOS TRABAJADORES CONVOCAN UNA HUELGA INDEFINIDA
Sergio Moreno – valenciaplaza.com
Tras haber sufrido tres eres en poco más de ocho años
La plantilla de AB Selecta ha decidido iniciar una huelga indefinida tras haber negociado con la empresa una rebaja del número de despidos previsto, 300 empleados, y no haber llegado a un acuerdo conveniente.
La última reunión entre los representantes de los trabajadores y los responsables de la firma de máquinas expendedoras encarriló el conflicto hacia dos únicas salidas: acuerdo o paros indefinidos. Una vez fracasado el entendimiento, será lo segundo.
En enero, se constituyó la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pretendía minimizar los daños tras la fusión de Pelican Rouge, Demas y Selecta. En poco más de ocho años, la empresa ha recortado personal en cuatro ocasiones, y en este nuevo capítulo peligraban 300 contratos, 36 en la Comunitat Valenciana.
Los trabajadores consideran que no hay justificación para aplicar un ajuste tan drástico y la empresa se mantiene firme en sus planes de modificar las condiciones de trabajo de la plantilla.
Pelican Rouge cuenta con sedes en Paterna, Ford Almussafes, Alicante y Xàtiva, aunque su servicio de vending a hospitales y grandes empresas abarca todo el territorio de la Comunitat Valenciana.
EL TRANVÍA DE VALENCIA CUMPLE UN AÑO DE HUELGA
Isabel Domingo – lasprovincias.es
Ferrocarrils intensifica las reuniones con los sindicatos para llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria de las protestas antes de Fallas Los maquinistas realizan paros de seis horas cada día para reclamar más personal
«Quien finalmente paga es el usuario habitual de este servicio de transporte, que ve como tiene que estar muy pendiente de los horarios afectados para llegar a tiempo al trabajo, a la universidad u otras actividades». Es la reflexión que realiza el secretario general de la Unión de Consumidores de Valencia, Vicente Inglada, sobre los paros en el servicio de tranvía de Valencia que se prolongan ya desde hace casi un año.
Fue en marzo de 2017 cuando arrancó una convocatoria de paros parciales secundados por los sindicatos UGT, CC.OO., SCF, SIF, SF-I y CGT y que afecta a las tres líneas tranvía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), es decir, L4 (Mas del Rosari-Doctor Lluch), L6 (Tossal del Rei-Marítim-Serrería) y L8 (Marítim Serrería-Marina Real). Detrás, las reclamaciones por la falta de plantilla de maquinistas y por las condiciones del personal en los gráficos de trabajo y en los descansos.
Las protestas del colectivo de maquinistas comenzaron coincidiendo con la semana de Fallas y se solaparon con otra impulsada por el Sindicato Ferroviario (SF) para los principales días falleros y con afección sobre todos los servicios ferroviarios, que finalmente no llegó a materializarse al ser anulada tras una reunión con la Generalitat.
Pero la huelga en el tranvía continuó. A razón de seis horas cada día, distribuidas en las franjas de mañana, mediodía y tarde-noche y con horarios diferentes en cada jornada, lo que provoca el desconcierto entre los usuarios y que tengan que estar muy pendientes de los avisos informativos que ofrece FGV.
«La plantilla no se puede estirar más. Ni tampoco los gráficos», explican fuentes del sindicato CGT, uno de los convocantes. Una falta de personal que se extiende a todos los departamentos de la empresa pública y que, como recuerdan fuentes sindicales, tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la anterior legislatura, que implicó el despido de 300 trabajadores de FGV.
Para los sindicatos sería necesaria, como mínimo, la contratación de seis nuevos maquinistas. Es la petición que han puesto siempre sobre la mesa desde marzo de 2017 sin que, hasta el momento, se haya encontrado una solución. Sus protestas volvieron a solaparse con otra huelga, en este caso, de todo el colectivo de circulación (maquinistas y personal del puesto de mando) tanto del metro como del tranvía en Valencia y Alicante.
Fueron cerca de 40 jornadas de paros (incluidas varias convocatorias de 24 horas) entre septiembre y enero, mes que arrancó con el acuerdo de FGV y sindicatos. En este caso, el desencuentro surgió por la tramitación de la Ley de Seguridad Ferroviaria del Consell y supuso la paralización de las negociaciones del convenio colectivo.
La Conselleria de Obras Públicas tuvo que forzar la incorporación de 25 maquinistas y siete oficiales de taller para garantizar el servicio y las frecuencias. El coste de estas contrataciones temporales ascendía a 1,4 millones y, durante su anuncio, la consellera María José Salvador instó al Ministerio de Hacienda, que dio el visto bueno a estos empleos, a levantar las restricciones que pesan sobre la tasa de reposición del empleo público.
Cuatro reuniones
De esos 25 conductores algunos ya se han incorporado a la empresa tras superar el periodo de habilitación. Fuentes de FGV explicaron que cuatro de ellos podrían tener como destino el tranvía, un aspecto que se ha trasladado a los sindicatos.
De hecho, la empresa ha intensificado las reuniones con los representantes de los trabajadores para intentar lograr un acuerdo que permita desconvocar los paros antes de Fallas.
En este sentido, recordaron que se han trasladado hasta cuatro propuestas a los sindicatos desde marzo del año pasado e insistieron en que algunas cuestiones podrían debatirse en la mesa de negociación del convenio colectivo.
Mientras, desde la Unión de Consumidores, Vicente Inglada insta a la administración y a los sindicatos a hacer «un esfuerzo de diálogo» para encontrar una solución. «Respaldamos las reivindicaciones de mejoras de los trabajadores, pero nos preocupa que este problema dure ya un año y, especialmente, que se acerquen de nuevo las Fallas, cuando se incrementa el uso del transporte público», señala. Como en el caso del conflicto del metro, «nos ofrecemos como mediadores».
LA COMPAÑÍA PETROLÍFERA DE SEDANO (CPS) INICIA EL DESPIDO DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO DE LA LORA
Patricia Carro – burgosconecta.es
La Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) se ver forzada ante el retraso del Gobierno en sacar a concurso la nueva concesión de explotación
Un año llevan esperando en Sargentes de la Lora a que el Gobierno Central saque a concurso la nueva concesión de explotación de los campos petrolíferos, después de que se denegase la solicitud de prórroga presentada por CPS, Compañía Petrolífera de Sedano.
Durante este tiempo, los 17 trabajadores han estado acogidos a un ERTE, expediente de regulación temporal de empleo. Sin embargo, este finalizará en marzo, y los empleados serán despedidos. No ha quedado más opción.
Ramiro Marijuán, secretario general de FICA-UGT Burgos, ha explicado que han mantenido una reunión con la compañía petrolífera, en la que les han presentado el expediente de regulación de empleo (ERE). Se van a extinguir todos los contratos salvo el del ingeniero de campo, que está a media jornada y es el responsable del campo petrolífero de La Lora, incluso ahora que se encuentra cerrado. La medida también afecta al centro de trabajo que CPS tiene en Madrid, una oficina con un único trabajador, que pasará a media jornada.
La compañía sigue interesada en la explotación de los pozos petrolíferos, y cuando el Gobierno central saque a concurso la nueva concesión, presentará su proyecto. Sin embargo, CPS está muy molesta pues la administración española «es muy lenta», y la tramitación administrativa se está alargando en el tiempo más de lo deseado.
Así, la empresa no puede continuar con una plantilla contratada, sine die, después de la importante inversión realizada antes de que les fuese denegada la prórroga. Se habla de 13 millones de euros, ha recordado Marijuán, y ahora los campos llevan parados un año.
La empresa «tiene razón», no les queda más alternativa que el despido, aunque estén contentos con la plantilla. Ahora toca negociar el ERE, «y las perspectivas no son demasiado buenas», ha reconocido el responsable de UGT. CPS no tiene liquidez, se encuentra en una situación económica complicada, aunque su matriz Colombus Energy Resources sea una compañía potente del ámbito internacional.
En una reunión reciente con el director general del Consejo de Administración de Columbus se les reconoció que tienen todo preparado para seguir trabajando en Las Loras. Solo falta que el Gobierno saque a concurso la nueva concesión, y fuentes gubernamentales afirman que «el proceso no se está retrasando», pues este tipo de trámites «pueden llegar a durar hasta 5 años». Eso sí, les han reconocido también que la decisión de sacar el concurso es política, y todavía no se ha tomado.
Así las cosas, Sargentes de la Lora sufrirá un nuevo varapalo. A la paralización de la explotación de crudo se suma ahora el despido de los trabajadores. Ramiro Marijuán lamenta la situación, pues La Lora tiene todavía mucho petróleo por extraer y el proyecto de CPS incluye una ampliación.
Se plantean invertir 5 millones para incrementar la producción y apostar por la refinería para así elevar el precio del producto final. Opciones hay, solo falta que la administración cumpla
PSOE-A ACUSA AL GOBIERNO DE «TORPEDEAR» DERECHOS DE TRABAJADORES DE PARADORES
Málaga (EFE)
El PSOE-A ha anunciado que pedirá al Ejecutivo central que comparezca en el Congreso, ya que «no es lógico que acuerdos de la mesa de negociación» de los trabajadores de Paradores «sean después torpedeados por el Gobierno en una comisión de seguimiento de los convenios de empresas públicas».
El secretario de Empleo del PSOE-A, José Carlos Durán, ha especificado que éste no es el ámbito para regular los derechos de los trabajadores, según ha informado en un comunicado este partido.
Ha destacado que esta forma de alcanzar acuerdos «sigue la línea del Gobierno del PP», que es «dar la espalda a los trabajadores, con una reforma laboral que se ha cargado la negociación colectiva».
El responsable socialista ha trasladado «todo el apoyo» del PSOE a los 4.000 trabajadores de los 93 Paradores de España, «a sus justas reivindicaciones y a su derecho a la negociación colectiva».
«Estamos viendo cómo el Gobierno no deja de torpedear estos derechos y algo tan importante para la economía de nuestro país como el turismo, nuestro principal generador de riqueza y empleo», ha asegurado Durán.
Por su parte, el secretario general de la Sección Sindical Estatal de Fesmc-UGT Paradores, Francisco Pérez, ha reivindicado al Gobierno que se ponga en marcha ya un nuevo convenio colectivo para los trabajadores de esta empresa pública.
«Primero tuvimos la crisis, luego un ERE y un ERTE, y seguimos desde 2009 sin convenio colectivo, la gente nueva que entra en plantilla no va acumulando antigüedad mientras aumenta sus horas de trabajo», ha comentado.
El responsable sindical ha asegurado que la plantilla está «más reducida» y se dan «situaciones que no deberían darse en una empresa pública» algo que les obligará a reclamar sus derechos con movilizaciones a partir de la Semana Santa.
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO CONSTATA QUE METRO DE MADRID INCUMPLIÓ LAS NORMAS DE SEGURIDAD CON LOS TRABAJADORES EXPUESTOS AL AMIANTO
Sofía Pérez Mendoza – eldiario.es
Empleo obliga a la empresa pública a elaborar una relación de puestos de trabajo con riesgo para garantizar la «vigilancia de la salud» obligatoria por ley
La Inspección avisa de que pueden practicarse «actas de infracción», dado que los hechos contravienen «la normativa de prevención de riesgos laborales»
La empresa envió por primera vez a los trabajadores un protocolo de actuación. 800 empleados tendrán que pasar reconocimientos
Metro de Madrid tuvo que comprobar en noviembre el riesgo de exposición al amianto en una estación
La Inspección de Trabajo constata que Metro de Madrid ha incumplido las normas mínimas de seguridad aplicables a los empleados con riesgo de exposición al amianto en su puesto de trabajo.
Según un requerimiento fechado en 21 de diciembre de 2017, al que ha tenido acceso eldiario.es, la empresa pública no garantizó una «vigilancia adecuada y específica de la salud de los trabajadores» con posibilidad de exponerse a la sustancia y que es obligatoria por ley desde 2006 tanto «antes de iniciar los trabajos» como después «periódicamente».
Ahora, Metro debe determinar por orden de la Inspección la relación de puestos de trabajo posiblemente expuestos a este peligro y un listado, con nombres y apellidos, de los que «estén o hayan estado» ocupándolos antes. Además, la empresa tiene que comunicar a los empleados esta nueva condición y las medidas de seguridad que van a tomarse a partir de ahora.
La Inspección aclara que este proceso, que incluye plazos concretos obligatorios para la empresa, «es compatible con las actas de infracción que por los mismos hechos pudieran practicarse, dado que los mismos constituyen infracciones a la vigente normativa sobre prevención de riesgos laborales».
De momento la empresa va a llamar a 800 trabajadores a un reconocimiento médico para descartar asbestosis por inhalación de fibras de amianto, una enfermedad reconocida como profesional y asociada directamente a la exposición a esta sustancia cancerígena.
Este personal incluye empleados también de contratas, según los sindicatos. Unas 500 personas han pasado ya por estas pruebas, dicen las mismas fuentes. Además, el Instituto Regional de Salud está localizando a personas que actualmente no siguen en la empresa pero que pudieron estar en riesgo.
El informe de Empleo recoge que este tema empezó a tratarse en el Comité de Seguridad y Salud de Metro a raíz de un «incidente en los trabajos de la subestación de Artilleros y posterior baja por posible asbestosis de un trabajador que realizaba trabajos en mantenimiento de escaleras mecánicas y baja por enfermedad profesional de un trabajador de mantenimiento de ciclo corto». Son los dos casos sobre los que advierten los sindicatos, uno reconocido y otro aún no.
La Inspección también constata que en junio de 2017 se llevaron a cabo «44 protocolos médicos a trabajadores de grupos activos que han podido estar expuestos a amianto» y que Metro vigiló la exposición de dos empleados que trabajaban con el que ha sido diagnosticado de cáncer por este motivo.
Los sindicatos denuncian que hasta que Metro no conoció el primer caso de enfermedad profesional «no hubo ni formación ni información ni nada». «Ha tenido que pasar esto para que se desatara todo», critica Teo Piñuelas, secretario general de Metro de UGT. CCOO, por su parte, asegura que hasta hace unos meses «la mayoría de gente no tenía conciencia de prevención». «No se había hecho ninguna campaña. No se había advertido. La actuación ha sido a posteriori, no preventiva, pese a que venimos advirtiendo a la empresa que es un problema que hay que vigilar», apunta José Ignacio Rodríguez.
El requerimiento de Trabajo obliga también a aprobar un «protocolo de trabajo con los riesgos y las medidas preventivas (individuales, colectivas, señalización, etc.) a adoptar por estos trabajadores» y un «mapa de lugares» susceptibles de tener amianto.
La empresa asimismo tiene que emitir un «certificado» cada vez que se elimine en su totalidad material de este tipo de alguna instalación y aprobar un «plan de formación e información específico de amianto», como recoge el informe al que ha accedido este medio.
Instrucción para los trabajadores
La empresa ha hecho llegar a su plantilla por primera vez un protocolo con indicaciones sobre qué hacer ante la sospecha de encontrar este material. La instrucción, a la que ha accedido eldiario.es, confirma que puede estar en todas las instalaciones anteriores a 2003, año en que se prohibió su uso.
El objetivo, dice la empresa, «es definir la sistemática a seguir ante la presencia de elementos susceptibles de contener materiales con amianto para evitar en todo momento la liberación y posible exposición a las fibras, que son peligrosas para la salud de las personas que las puedan inhalar».
El documento incluye un listado de posibles lugares con fotografías, con especial atención a los materiales prohibidos más tardíamente, como el fibrocemento, presente en cubiertas, cañerías o depósitos de agua. El Área de Prevención de la empresa pública también advierte que «de modo general» en todas las estaciones anteriores a 2003 «pueden existir instalaciones, dependencias y equipos susceptibles de contener materiales con amianto» y muestra cómo debe señalizarse in situ como advertencia.
La instrucción dice, en todo caso, que «para obtener una información más detallada» los trabajadores deberán consultar un registro de materiales que la Inspección obliga a Metro a elaborar
En el documento notificado a los empleados, la empresa concreta cuáles son los equipos de protección que deben usarse y da instrucciones detalladas de cómo hacerlo: «mascarilla autofiltrante, mono Tyvek y guantes de nitrilo».
Metro hizo formaciones con los delegados de prevención para enseñarles a diferenciar por el color y el aspecto las piezas que puedan contener la sustancia, confirman los sindicatos. En este caso se hizo sobre unos componentes eléctricos de los bajos de los trenes.
Fuentes de Metro explicaron que no se va a proceder a una «operación de desamiantado», sino que se está intentando identificar las piezas que pueden tenerlo para estar alerta cuando haya que manipularlas «haciendo formación con los trabajadores». En todo caso, las series de trenes afectados no se van a retirar de la circulación. Irán desechándose cuando «acabe su vida útil».
UNA SENTENCIA RECONOCE A LAS TRABAJADORAS DEL 010 COMO EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
M. López – heraldo.es
Admite su condición de «indefinidas no fijas», pero no que se integren en la plantilla al ser su contratación «irregular».
Las trabajadoras del 010 protestaron el pasado 4 de octubre por los impagos de sus nóminas ->
Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Zaragoza ha reconocido a las 14 trabajadoras del servicio de atención telefónica municipal como empleadas del Ayuntamiento de la capital desde el pasado 1 de julio.
Eso sí, aunque admite que mantienen una relación laboral con el Consistorio como «indefinidas no fijas», advierte de que su contratación ha sido «irregular», por lo que no se permite su integración en la plantilla municipal. La sentencia no es firme.
Las empleadas interpusieron la demanda el pasado mes de octubre contra la empresa Pyrenalia (concesionaria del servicio) y contra el Consistorio para que se reconociera que desde el 1 de julio mantenían una relación laboral con contrato indefinido con el Ayuntamiento de Zaragoza. Detalla que la contratista cesó «unilateralmente» en la prestación del servicio el 30 de junio de 2017, pero que el gobierno municipal acordó mantenerlo «por razones de interés público».
De hecho, las trabajadoras siguieron acudiendo a trabajar a las instalaciones municipales. Era el Ayuntamiento quien organizaba el servicio y lo dotaba de medios materiales, «salvo los auriculares, que fueron aportados por Pyrenalia». «Las trabajadoras continuaron desarrollando su trabajo, pero ya no lo hacían para la empresa Pyrenalia, sino directamente para el Ayuntamiento de Zaragoza», dice la sentencia en sus fundamentos jurídicos.
Esta conclusión la sostiene que la concesionaria dejó de pagar las nóminas, que entre junio y septiembre de 2017 han sido asumidas por el Ayuntamiento en virtud de un acuerdo alcanzado en otro proceso judicial en el que las trabajadoras reclamaron el cobro de sus salarios.
Además, las empleadas trabajaban en locales municipales, insiste la sentencia. En este sentido, el juez dice que el Ayuntamiento «consintió que las trabajadoras continuaran desempeñando las mismas funciones bajo su paraguas, llegando a abonar incluso los salarios».
Indica que se cumplen los requisitos de retribución, ajenidad y dependencia que rigen una relación laboral. Sostiene además que se produce «una reversión» del servicio por lo que se da «un supuesto de sucesión de plantillas». Por tanto, resuelve que según el Estatuto de los Trabajadores la consecuencia es «la subrogación del nuevo empleador en los contratos de trabajo».
Por todos estos motivos determina «que se trata de una relación laboral de carácter indefinido no fijo». Eso sí, considera que se trata de «una contratación irregular realizada por el Ayuntamiento de Zaragoza, desprovista de toda formalidad legal», dado que solo se sostiene que las trabajadoras prestaban su servicio en el Ayuntamiento, bajo la dirección de la autoridad municipal, que acordó la continuación del servicio «de forma provisional y transitoria».
«La contratación irregular de estas trabajadoras les atribuye condición de trabajadoras indefinidas, pero ello no permite la integración de las mismas en la plantilla del Ayuntamiento», dice la sentencia. Según el juez, si las empleadas pasaran a formar parte de la plantilla se vulneraría la Constitución y las leyes que regulan el acceso a la función pública. De hecho, recuerda que una sentencia del Supremo concluye que la figura del personal indefinido no fijo se origina «en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de algún órgano administrativo».
La sentencia da la razón a las trabajadoras y condena al Ayuntamiento, a Clexpolit Outsourcing SL (antes Pyrenalia) y a la administración concursal de la citada empresa. El Consistorio zaragozano no aclaró si recurrirá al Tribunal Superior de Justicia Aragón (TSJA).
HUELGA INDEFINIDA A PARTIR DEL 6 DE MARZO EN DITECSA
CGT-Metal Campo de Gibraltar
El comité de la empresa Ditecsa ante el incumplimiento de la readmisión, en relación a lo descrito en al art. 31 del convenio del metal de la provincia Cádiz, de aplicación al trabajador d. Antonio Camacho Rodríguez, perteneciente a la plantilla de esta empresa, tiene convocada huelga indefinida a partir de la fecha del 6 de marzo.
Desde el martes día 20, el trabajador se encuentra en la puerta de la factoría Acerinox en señal de protesta por esta falta de readmisión, como consecuencia de que se no se le readmitió desde que, en julio de 2017, se declarase su incapacidad permanente total con derecho a recolocación de acuerdo a lo establecido por convenio.
Habiendo solicitado dicho derecho este trabajador, la empresa hasta la fecha e incumpliendo dicho convenio, sigue haciendo caso omiso.
PSOE LLEVARÁ PRECARIEDAD LABORAL CAMARERAS PISO PARLAMENTO Y A AYUNTAMIENTOS
Sevilla (EFE)
El secretario de Empleo del PSOE de Andalucía, José Carlos Durán, ha apoyado las reivindicaciones sindicales para proteger de la precariedad laboral a las más de 15.000 camareras de piso en los hoteles andaluces, ya que cobran unos dos euros por arreglar una habitación.
Durán se ha reunido con el secretario de Política Sindical y Salud laboral de la UGT-A, José Carlos Hidalgo, con la responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO-A, Carmen Ortiz, y la representante de la Asociación Kellys, Trinidad Jiménez, para abordar la situación laboral del colectivo de camareras de piso.
El representante socialista ha defendido una mejora de las condiciones laborales de este colectivo de trabajadoras y ha avanzado que el PSOE presentará mociones en los ayuntamientos y una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para «proteger sus derechos e instar al Gobierno a derogar la reforma laboral».
Han coincidido todos en que responsabilizar a la reforma laboral de la precarización del trabajo de las camareras de piso, que se han convertido en «trabajadoras pobres» que cobran por hacer una habitación dos euros o menos, según la dirigente de CCOO.
Ha denunciado que es «trabajo a destajo, ilegal» y, sin embargo, «lo permite la reforma laboral» al imponer el convenio de empresa por el que los empresarios «imponen salarios y condiciones» sin respetar el convenio de sector.
Algo parecido ocurre, según el representante de la UGT, en el colectivo de ayuda a domicilio, y ha advertido de que esto está creando un grave problema de salud laboral a las trabajadoras porque no pueden soportar la elevada carga de trabajo.
Ha abogado por negociar con los delegados de prevención las cargas y el tiempo de trabajo de las camareras de piso para que evitar las bajas laborales por sobrecarga de trabajo o que tengan que medicarse para soportar unas «condiciones inhumanas».
El responsable socialista ha acusado al Gobierno de no creer en la igualdad entre hombres y mujeres y de tener una «actitud negacionista hacia los derechos de las mujeres».
Ha contrapuesto la actitud de Andalucía, que cuenta con una ley de igualdad de género que recoge que la Junta puede sancionar a las empresas en casos de desigualdad salarial, y también se va a poner en marcha un plan para luchar contra la brecha salarial en las empresas andaluzas.
LA HUELGA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE LA XUNTA APLAZARÁ JUICIOS HASTA DESPUÉS DEL VERANO O HASTA EL AÑO QUE VIENE
Alexandra Moledo – farodevigo.es/
Los despachos de abogados también están notando los efectos de la huelga indefinida por parte de los funcionarios de la Administración de la Justicia que dependen de la Xunta porque cada juicio que no se celebra es un caso que no cobran y este paro ver mermados sus ingresos de este mes.
Por eso, desde el Consello da Avogacía de Galicia apelan al diálogo y espera que en la próxima reunión entre los sindicatos y el Gobierno gallego se llegue a un acuerdo para que el conflicto no se alargue y colapse el sistema aún más.
El presidente de los letrados gallegos insta también a aumentar la remuneración del turno de oficio y reclama un Pacto por la Justicia con más medios personales y técnicos que permitan agilizar los procesos.
– ¿Ve posible un acuerdo entre funcionarios y Xunta para desbloquear la huelga en Xustiza?
– La situación está peor porque parece que las dos partes llegaron al nivel máximo de exigencia. La Xunta dice que no hará más ofertas y los sindicatos tampoco ceden en sus pretensiones. Para la ciudadanía es muy perjudicial porque afecta a señalamientos de juicios que se aplazarán hasta después de verano o incluso el año que viene. Y si a eso añadimos el retraso que ya de por sí tiene la Justicia, el sistema se va a colapsar aún más.
– ¿Cómo afecta este paro indefinido al trabajo de los letrados?
– Nos perjudica porque complica nuestros calendarios y al no poder acudir a los juicios señalados para estos días se va a demorar su resolución y, por tanto, también la remuneración de nuestro trabajo. Cada día de paro sin juicios nuestros ingresos se reducen.
– ¿Hasta cuándo podrá resistir el sistema judicial esta situación?
– Otra semana más de huelga ocasionaría un grave daño en la Justicia gallega porque se suspenden cada día el 90% de los juicios programados. Apelamos al diálogo y espero que cuanto antes haya una solución y que en la reunión se acerquen posturas porque si se prolonga mucho el conflicto nos vamos a un escenario muy preocupante.
– Cuando juró el cargo en julio pidió más salario para el turno de oficio ¿se ha logrado esa subida?
-En la última negociación con la Xunta hemos conseguido un aumento ligero pero importante porque se incluyen conceptos que antes no se cobraban al no estar incluidos en el baremo de justicia gratuita. La subida se ha aplicado en las partidas que estaban más bajas y que eran las más demandadas como la asistencia al detenido. Pese a que no tenemos queja seguiremos reclamando un incremento de la retribución para tener un salario digno.
– ¿En cuánto estaría ese sueldo digno?
– Unos honorarios dignos serían los que se cobran el mercado, pero sabemos que eso es imposible porque cada administración tiene un presupuesto para cada partida y la de Justicia, que debería aumentarse en todas las autonomías, en Galicia no está en los niveles que desearíamos. Aun así, somos de las autonomías que mejor retribuyen el turno de oficio y, además, tenemos la ventaja de que se paga con puntualidad.
– ¿Es insuficiente la financiación de la Justicia en Galicia?
– En Justicia siempre faltó dinero a nivel de Estado. La mayoría de los exministros de este ámbito defienden un Pacto por la Justicia y dicen que lo intentaron durante su mandato, pero nadie hasta ahora ha dado el paso para lograrlo. No debe haber mucho interés, ya sea por la incapacidad por parte de quien gobierna o porque la oposición hace oídos sordos. Por ser un ministerio tan importante al afectar a tantos derechos fundamentales y a intereses económicos debería estar a la altura por lo menos del Ministerio de Hacienda, que es el que goza de más medios. Nuestra demanda no se ve satisfecha nunca.
– ¿A qué ritmo avanza la mediación familiar?
– Desde el Consello de la Avogacía y del colegio de abogados hemos realizado varios cursos de mediación y es una vía en la que hay que seguir para evitar conflictos en una materia tan delicada como la de familia. En este ámbito tiene éxito porque permite a las partes dirimir una contienda en la que no tiene que tomar el juez la decisión porque llegan a un consenso entre ellos evitando conflictos entre la familia. Aunque no sean mediadores la vocación de muchos abogados es tratar de lograr siempre un arreglo amistoso.
– ¿Se ha avanzado en la extensión de este sistema a casos penales?
– Es difícil concienciar que una persona que ha sido atacada en sus derechos sea capaz de mediar con quien le ha provocado un daño. Aunque no se descartan avances, la conciencia social no está por la labor de momento.
– Para reducir tiempos se apostó por la digitalización, pero los avances que se intentaron como Lexnet causaron problemas.
– Aunque ahora da menos fallos, ya es un sistema que quedó obsoleto informáticamente. Hay otros medios que no son más caros y son mucho más eficaces y que ya se aplican en otras comunidades como Navarra, que tiene digitalizado todo el sistema judicial con acceso directo del abogado a los expedientes, mientras nosotros seguimos con una herramienta diseñada hace diez años que se ha quedado obsoleta, a pesar del esfuerzo del ministerio para modernizarla y actualizarla.
LAS AMBULANCIAS EN LA GOMERA PODRÍAN IR A LA HUELGA EN MARZO
eltambor.es
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias y el sindicato USO, que representan conjuntamente al 95% de los trabajadores del sector de ambulancias de Canarias, iniciarán una ronda de asambleas encaminadas a presentar de forma inminente un calendario de huelgas a iniciarse en el mes de marzo.
Los dos sindicatos han llegado a esta decisión tras una nueva infructuosa reunión en el Tribunal Laboral Canario con las patronales ACEA (que representa mayoritariamente los intereses de la empresa Tasisa, que ofrece servicios a Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, Gomera y Tenerife) y ARCEA (que representa mayoritariamente los intereses de la empresa Aeromédica, que opera en Gran Canaria y Tenerife).
La oferta presentada por los sindicatos contemplaba una congelación salarial para el año 2017, un incremento del 1,5% para el año 2018 y un aumento del 3% en los años sucesivos hasta el 2021, fecha prevista de finalización del convenio que se está negociando.
La patronal ha rechazado esta propuesta bajo el argumento de inviabilidad para la prestación del servicio y propuso en contrapartida la congelación en el año 2017, el incremento del 0,5% en 2018 e incrementos del 2% en años sucesivos.
Esta oferta fue valorada como “claramente insuficiente” por parte de los sindicatos, que recuerdan los “dramáticos recortes salariales a los que han estado sometidos los trabajadores del sector durante más de una década, con enormes pérdidas en el poder adquisitivo en unos salarios que, por otra parte, son de por sí bastante modestos”.
Además, los sindicatos consideran una “impertinencia” argumentar que no se pueden acometer incrementos salariales como los propuestos por los sindicatos, “cuando la patronal ARCEA, es decir, Aeromédica, ha tenido incrementos de beneficios de hasta un 15% y alzas en la facturación del 9% entre los años 2015 y 2016”.
FSC-CCOO y USO entienden que, tras esta “cerrazón” de las patronales, “no queda otro camino que llamar a los trabajadores a un conflicto encaminado a solucionar este problema definitivamente”. En señal de la voluntad sindical de alcanzar un acuerdo y evitar el conflicto, FSC-CCOO y USO hacen un llamamiento a la Consejería de Sanidad del Gobierno canario a que medie en el conflicto y busque una salida “justa” para los trabajadores que, al tiempo, “permita la prestación de un servicio en condiciones a los beneficiarios que son, ni más ni menos, toda la sociedad canaria”.
TRABAJADORES DE LEDA ANUNCIAN MEDIDAS DE PROTESTA POR RETRASO PAGO NÓMINAS
Agencia EFE
El comité de empresa de Leda, dedicada a líneas de autobuses de viajeros, ha anunciado medidas de protesta por el retraso en el pago de las nóminas a sus 70 trabajadores, entre ellas, la huelga.
El anuncio lo han hecho tras una asamblea celebrada anoche en la sede que la empresa tiene en Almendralejo.
Uno de los portavoces del comité de empresa, José Luis García, ha indicado a Efe que en breve se va a solicitar la celebración de una huelga, ya que consideran que la situación es insostenible.
Argumentan que se les adeuda la nómina del mes de enero y parte de la de diciembre y que los retrasos en el pago de los sueldos se sufren desde hace más de un año y medio.
Estas medidas han sido tomadas por toda la plantilla y cuentan con el apoyo de los dos sindicatos con representación en el comité de empresa, Comisiones Obreras y UGT.
Los trabajadores apuntan a que el retraso en el pago de las nóminas se debe a la tardanza de Junta de Extremadura en pagar los convenios que tiene firmados con Leda para las líneas de servicio público que funcionan en la región.
Responsables de la empresa y representantes de los trabajadores mantuvieron reuniones hace unos meses con la Dirección General de Transportes para solicitarles agilidad en el pago del dinero que se le adeudaba a la compañía, ya que ello provocaba retrasos en el pago de sus nóminas.
Los trabajadores de la empresa de autobuses apuntan que la situación no se puede prolongar más, porque está afectando a decenas de familias.
CGT DENUNCIA LA PROBLEMÁTICA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES DE ALFRAN REFRACTARIOS
algecirasnoticias.com
Desde el sindicato CGT del Metal, queremos denunciar la problemática de los trabajadores temporales de Alfran Refractarios, que se encuentran en señal de protesta en la puerta de la Factoría de Acerinox, reivindicando su recolocación.
Los despidos afectan a un total de 20 trabajadores, que venían hasta la fecha trabajando de forma permanente en dicha empresa y de forma unilateral esta ha procedido a ejecutar su despido para recolocar en su lugar a otros trabajadores temporales con un convenio distinto e inferior al que es de aplicación en dicho centro.
Una vez más y al igual que ocurriera con Exopetrol, nos encontramos con un fraude en la contratación y cuando menos la empresa principal Acerinox tiene pleno conocimiento de los mismos, permitiendo presuntamente dichas actuaciones.
Desde CGT manifestamos nuestro apoyo unánime a estos trabajadores y nuestra disposición a cuantas acciones sindicales sean necesarias para su incorporación laboral a sus puestos de trabajo.
UNIPOST: REGISTRADAS LAS DEMANDAS DE IMPUGNACIÓN DE L@S DESPEDID@S EN LA 2ª FASE DEL ERE
CGT-Unipost
El 22 de febrero de 2018 se ha procedido a interponer decenas de demandas individuales de impugnación de despido de la 2° FASE del ERE, a las que hay que sumar las demandas interpuestas por otr@s trabajadores/as a título individual.
Por otro lado, CGT se ha vuelto a reunir con el Juez del Concurso en Barcelona para conocer y vigilar de primera mano cualquier mínimo movimiento que afecte a la plantilla de Unipost.
El Juzgado nos ha informado de que, aparte de las más de 100 incidencias concursales por la extra de Navidad de 2017 de l@s compañer@s despedid@s en las 2 primeras fases, se han sumado much@s otr@s trabajadores/as que siguiendo el consejo de CGT han decidido interponer el incidente.
Respecto a los siguientes pasos que seguirán en el concurso, el juez nos transmite que pese a que la empresa esté en el derecho de recurrir el auto que aprueba la apertura de la fase de liquidación y solicite una moratoria nueva no se le concederá, puesto que la anterior fue una medida excepcional y no lograron vender la empresa.
El juez también nos transmite que en fase de liquidación también se puede vender la Unidad Productiva (aunque mientras más avance dicho periodo será más difícil). Esta venta podría llevarse a cabo de manera global o por unidades productivas (centros de trabajo específicos, ciudades específicas, etc.).
A partir del lunes 26 de febrero de 2018 que el auto -si no es recurrido- adquiera firmeza, la A.C. tendrá 15 días para presentar un plan de liquidación de la compañía (debido al volumen podría solicitar otros 15 días más), este plan tendrá que ser revisado por los RRLLTT (Sindicatos) y aprobarlo el juez para su cumplimiento.
Asimismo, CGT ha transmitido la posibilidad de que estuvieran montando una estructura paralela de empresa, para quitarse ésta de en medio junto a las deudas y partir de cero. El juez nos confirma que ya tiene sobre la mesa la denuncia en el concurso por parte de CGT sobre estos hechos.
El lunes 26 de enero de 2018 a las 12:00 se celebrará una reunión informativa en Barcelona entre las Secciones Sindicales y la A.C. ocasión paros laborais dunha hora por quenda, de 0;00 a 1:00, de 12:00 a 13:00 e de 19:00 a 20:00 horas.
45 TRABAJADORES DE ‘EL PUNT AVUI’ ABANDONARÁN EL PERIÓDICO TRAS EL ERE
prnoticias.com
Tras varias semanas de negociaciones entre la empresa y la plantilla, finalmente el ERE que afecta a los trabajadores del diario de Girona El Punt Avui se ha cerrado con 45 despidos y una reducción del sueldo de la plantilla del 4,5%. Los despidos se ejecutarán de forma escalonada desde este mes de febrero hasta finales del próximo mes de junio y la reducción salarial sólo se aplicará a los sueldos superiores a los 25.000 euros anuales.
Finalmente, las conversaciones entre ambas partes han conseguido reducir los afectados por el ERE en El Punt’ Avui en más del 50%. Las condiciones iniciales contemplaban que abandonasen el periódico 91 de sus trabajadores, algo que se ha reducido hasta cifrarlos en 45.
Todos ellos recibirán una indemnización de 25 días por año trabajado, con un máximo de 15 mensualidades. Estas variaciones también han afectado a las nóminas. En un principio se anunció una rebaja salarial del 10% que se ha reducido hasta el 4,5%.
Como decimos, no todos los despidos se ejecutarán a la vez. Los 45 despidos se llevarán a cabo a lo largo de los cuatro próximos meses. El próximo 28 de febrero abandonarán el diario catalán los 15 primeros afectados; 20 lo harán el 31 de marzo y los 10 restantes el 30 de junio.
Nuevo mazazo a la prensa catalana
La prensa catalana vive uno de sus momentos más duros. A este ERE ejecutado sobre la plantilla de El Punt Avui hay que sumar los 180 trabajadores que perderán su empleo tras la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo en El Periódico presentado por el Grupo Zeta. El mismo que llevó a cabo los recortes 39 trabajadores de Sport hace varias semanas.
La Vanguardia tampoco atraviesa uno de sus mejores momentos.
El periódico catalán estudia llevar a cabo una rebaja salarial del 12%. Recortes provocados por las pérdidas que ha generado el Grupo Godó en los últimos tiempos. En su último ejercicio del que existen datos, Godó obtuvo un beneficio de 4,5 millones de euros, la mitad menos que en el mismo ejercicio del año anterior.
CCOO SE MOVILIZA “POR UN EMPLEO ESTABLE EN GEACAM”
lacomarcadepuertollano.com
El sindicato alerta sobre la ilegalidad de los últimos 250 despidos ejecutados por Geacam el pasado 30 de noviembre. El convenio colectivo obligaba a la empresa a contratar como indefinidos a 69 de los afectados; y los contratos eventuales de los otros 181 debieron ser por un año y no por seis meses
“CCOO no va a permitir que en la mayor empresa pública de CLM se imponga la precariedad. Haremos cumplir el convenio con todas las armas que tenemos: en los juzgados, en las calles, o donde haga falta”
CCOO ha convocado el miércoles día 21 de febrero una concentración ante la sede central de Geacam en Cuenca para denunciar “la falta de calidad y estabilidad en el empleo y las contrataciones estacionales y en precario” en la Empresa Pública de Gestión Medioambiental de CLM.
El sindicato subraya la ilegalidad de los últimos 250 despidos de personal eventual, efectuados en Geacam el pasado 30 de noviembre.
Por un lado, 69 de estas personas no debieron ser contratadas como eventuales sino de forma indefinida, tal y como especifica el convenio colectivo; porque fueron enroladas para cubrir las 69 plazas vacantes existentes en la empresa pública tras adjudicarse otras 70 por promoción interna.
Por otro lado, los contratos eventuales realizados a las otras 181 personas debieron ser de un año, y no de seis meses (sólo para la temporada de extinción). De hecho, los tribunales están dando la razón a CCOO en las demandas individuales presentadas en estos casos y están calificando los despidos como improcedentes.
“La empresa Geacam no cumplió con el convenio, no cumplió con los trabajadores de la bolsa de sustituciones que accedieron a las 69 plazas vacantes, a los que hizo contratos eventuales en vez de indefinidos”
“Y a los otros 180 compañeros se les hicieron contratos eventuales sin fecha de finalización y fueron despedidos de forma improcedente, sin causa justificada, el 30 de noviembre, al acabar la temporada de extinción; pese a que deberían haber permanecido contratados durante la temporada de prevención y hasta la siguiente promoción interna del 2018.”
“Geacam, empresa pública de la JCCM, debe ser ejemplo del empleo estable y de calidad, y no lo está siendo”, señala Manuel Amores, responsable de la sección sindical de CCOO en Geacam, que recalca que “las plazas vacantes deben cubrirse con contratos estables; y los contratos eventuales deben ser para todo el año”.
Amores advierte además que “mientras no se arreglen los contratos indefinidos de la campaña 2017, tampoco será posible tener contratos indefinidos en sucesivas campañas. CCOO no va a permitir que en la mayor empresa pública de CLM se imponga la precariedad. Haremos cumplir el convenio con todas las armas que tenemos: en los juzgados, en las calles, o donde haga falta.”
DENUNCIAN «ACOSO LABORAL» EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA
María Eugenia Vílchez – cadenaser.com
El sindicato UGT convoca movilizaciones ante la situación de «presiones y acoso laboral insostenible» que se está ejerciendo contra las trabajadoras del servicio de limpieza de los juzgados, que fueron subrogadas por la nueva empresa tras la apertura de la Ciudad de la Justicia
Juana lleva 38 años trabajado en el servicio de limpieza de los juzgados de Córdoba, pero hasta hace unos meses no se había encontrado con una situación como la que están viviendo ahora.
Durante este tiempo ha pasado por muchas empresas, cada una con su criterio, pero ninguna con el trato que le está dando la UTE concesionaria de la Ciudad de la Justicia. «Yo esto no lo he visto en la vida. Estamos sufriendo un acoso laboral en toda regla».
Tanto ella como sus compañeras han tenido incluso que hacer fotos, o grabar el trabajo que realizan para tener una prueba de que hacen bien el trabajo que se les encomienda. Y lo hacen porque, con demasiada frecuencia, los responsables de la UTE «Ciudad de la Justicia de Córdoba», las acusan de «hacer mal su trabajo», «de dejar papeles por el suelo», «huellas en las mesas»…
Con esos documentos gráficos tratan de protegerse de las represalias de la empresa, que creen que está utilizando esta táctica para echarlas. «Solo quieren a trabajadores sumisos».
Una pesadilla que comenzó cuando reclamaron la subrogación a la nueva empresa
Ninguna de las trabajadoras que ahora se están enfrentando a problemas con la empresa, había tenido problemas con la anterior concesionaria, durante el tiempo en el que estuvieron funcionando en el edifico de la Audiencia Provincial.
Los problemas comenzaron cuando las trabajadoras, se vieron obligadas a reclamar un derecho que, por ley, les deberían haber concedido, pero que tuvieron que ganar en los tribunales: la subrogación por parte de la nueva empresa.
Isabel Rodríguez, recuerda que fue una lucha de muchos meses que les costó tiempo y dinero, porque tuvieron que pagar los servicios de un abogado, que las representó en el procedimiento, hasta que les concedieron la continuidad en la empresa.
Y no fue el único problema: meses más tarde tuvieron que luchar también por el pago de los complementos de antigüedad. Ahora se ven a abocadas a nuevas protestas.
Todo esto hace que las trabajadoras vivan esta situación de máxima tensión con mucha angustia. «Mal, muy mal. Vas a trabajar sin ilusión ninguna, pero qué menos que se pueda hablar, que uno pueda decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere», dice Isabel Rodríguez, quien lamenta que tanto ella como sus compañeras estén teniendo que vivir una situación tan extrema que recuerda a otros tiempos. «Mi padre me contaba cómo él trabajaba y lo que se ha conseguido, pero es que yo lo estoy viviendo ahora, día a día allí».
UGT convoca un acto de protesta
El sindicato UGT ha convocado, una concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia para hacer visible el problema de estas trabajadoras. Su portavoz, Juan Martínez, explica la situación que están viviendo que pasa por la «persecución de los trabajadores, el acoso incluso a través de Whatsapp. De hecho, ya se han producido los primeros despidos. Le hemos dado la consigna a las trabajadoras de que fotografíen el trabajo que hacen. Eso no hay trabajador que lo soporte. Esto no se puede tolerar».
La Junta de Andalucía estudia la Situación
A preguntas de Radio Córdoba, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, de la que depende la Ciudad de la Justicia y su correcto funcionamiento, ha dicho que está «estudiando la situación denunciada» por las trabajadoras a la espera de ver si considera necesario actuar o no.
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