Boletín de Luchas Obreras (25 de Abril de 2015)

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ÍNDICE:

  • HUELGA DE LOS TÉCNICOS DE TELEFÓNICA: MANIFESTACIÓN EN MADRID
  • HUELGA DE PERSONAL DE CONTRATAS, SUBCONTRATAS Y AUTÓNOMOS QUE TRABAJAN PARA TELEFÓNICA (Nota de CGT)
  • SUBCONTRATADOS POR MOVISTAR EN CIUDAD REAL PROTESTAN POR SU PRECARIEDAD LABORAL
  • INDRA PREPARA UN AJUSTE DE PLANTILLA DE HASTA 3.500 EMPLEADOS PARA VOLVER AL BENEFICIO
  • LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LOS DESPIDOS DE LA FÁBRICA DE ARMAS
  • EXEMPLEADOS GALLEGOS DE CAJA ESPAÑA DEMANDAN A LA ENTIDAD POR «ENGAÑOS» EN EL ERE
  • HUELGA LOS 26 Y 27 DE ABRIL EN RADIO TV CASTILLA-LA MANCHA (RTVCM)
  • EJEMPLAR FALLO JUDICIAL EN COCA COLA
  • NUEVOS DESPIDOS EN «DIARIO SUR»
  • LA JUSTICIA ANULA LOS 16 EXPEDIENTES QUE MAÑUECO ABRIÓ A LOS BOMBEROS POR PROTESTAR EN UNA INAUGURACIÓN
  • COCA-COLA DESPIDE A 60 DIRECTIVOS Y LOS INDEMNIZA CON 100 DÍAS POR AÑO
  • FÁBRICA IBÉRICA DE ALTAVOCES DE VACARISSES ACUERDA EL DESPIDO DE 79 TRABAJADORES
  • ITURBE SIGUE ADELANTE CON EL ERE EN EUSKO IRRATIA SIN PACTO CON LOS SINDICATOS
  • EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (TSJA) DA LA RAZÓN A LOS TRABAJADORES DE LA SAD DE ZARAGOZA
  • BLANCO REDUCE DE 332 A 189 LOS DESPIDOS PREVISTOS EN EL ERE
  • EL 85% DE LA PLANTILLA DE ATENTO, EN HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS

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HUELGA DE LOS TÉCNICOS DE TELEFÓNICA: MANIFESTACIÓN EN MADRID

Nota de AST

Los Técnicos de contratas, subcontratas y autónomos que trabajamos para Telefónica MoviStar llevamos en huelga desde el día 28 de marzo en Madrid y desde el 7 de abril en todo el estado para exigir a la empresa la derogación del contrato bucles y unas condiciones laborales, salariales sociales y de seguridad en el trabajo DIGNAS para todo el sector. Con estos objetivos se vienen realizando, además, actos de protestas y acciones de todo tipo en todas las provincias y localidades.

El jueves 23 de Abril de 2015, se ha llevado a cabo una manifestación estatal que ha transcurrido por el centro de Madrid y que ha sido constituido un ROTUNDO ÉXITO, tanto en participación, entre 7000 y 8000 trabajadores/as(ocupando toda la calle Gran Vía en sus 6 carriles y desde Alcalá hasta la Red de San Luís), como por la diversidad (Andaluces, Catalanes, Gallegos, Castellanos, Madrileños, Manchegos, Valencianos, Vascos…), como por la actividad de los diversos grupos donde se escuchó la gaita, la trompeta, se silbo a Telefónica y a los medios de comunicación que tratan de silenciarnos, se bailó se cantó y fundamentalmente se corearon nuestras REIVINDICACIONES.

En Gran Vía 28, edificio de Telefónica, se entregó un escrito por parte del Comité de Huelga, dirigido a los Directores, exigiéndoles una reunión para negociar de buena fe, tal como la Ley les obliga, las reivindicaciones y la responsabilidad que sobre este colectivo tiene esa empresa, que se niega a reunirse con nosotros.

Como sabéis desde el sindicato hemos enviado un escrito a todos los Grupos Parlamentarios y parece que se están moviendo, sin duda debido a que nuestra lucha esta cada vez más en la calle, nos convocaron del Grupo de Izquierda Plural y a las 15,30 horas, el Comité de Huelga se reunió en las Cortes Generales, con él, donde Cayo Lara y dos parlamentarios del grupo se solidarizaron con la lucha que se está desarrollando y se comprometieron a llevar el tema a un Pleno del Congreso de los Diputados y al Parlamento Europeo. Además le solicitamos su apoyo expreso para la Caja de Resistencia.

También han respondido del Grupo Mixto con quien nos veremos y estamos pendientes de concretar con UPyD y Ganemos Madrid… estuvimos con el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, el cual ya ha enviado un escrito a Cesar Alierta pidiéndole que atienda nuestras reivindicaciones y ofreciéndose para mediar… estuvimos con Podemos y se comprometieron a ayudarnos, y a llevar el tema al Parlamento Europeo, donde si están…

Compañeros/as: esta lucha que comenzó el 17 de Marzo con una gran asamblea y que llevó a paralizar Madrid el 28 de Marzo y el resto del Estado el 7 de Abril, ya ha conseguido cosas importantes, fundamentalmente tener a Telefónica contra las cuerdas: con miles de averías pendientes y lógicamente con miles y miles de reclamaciones de los clientes, que a la empresa parecen no importarle ya que no hace nada por arreglar la situación, con las Asociaciones de consumidores planteando que se reclamen indemnizaciones, con la sociedad y los partidos políticos entendiendo que nuestra lucha es justa y que la responsable es esta gran multinacional (refugio de corruptos) que cobran en un día más que nosotros en un año.

Tenemos que continuar extendiendo, aún más, la Huelga y la Movilización, que las Averías y las Altas se le acumulen a Telefónica y esta tendrá que caer de su pedestal y sentarse a hablar con los trabajadores/as.

Por ultimo desde AST felicidades para todos y todas los que estamos llevando esta lucha, por la implicación y la unidad con que se está haciendo, porque somos un ejemplo, porque hemos dicho basta a la explotación y a unas condiciones indignas en una sociedad donde parece que todo vale, donde el miedo paraliza dejando que unos pocos sinvergüenzas e indignos, ellos si, se enriquezcan con nuestro trabajo y deciros que contáis con el apoyo y solidaridad de toda la organización y que desde el primer día estamos trabajando, y lo seguiremos haciendo hasta conseguir el objetivo, aunque los sindicatos vendidos y traidores nos quieran poner zancadillas con pre-acuerdos bazofia.

CAJA DE RESISTENCIA 2038 – 1969 – 69 – 6000178200

¡¡LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA!!

¡¡NO HAY AVANCES SIN LUCHA OBRERA!!

HUELGA DE PERSONAL DE CONTRATAS, SUBCONTRATAS Y AUTÓNOMOS QUE TRABAJAN PARA TELEFÓNICA

Nota de CGT

La huelga de personal de contratas, subcontratas y autónomos que trabajan para Telefónica en todo el estado cumple su 16º día de huelga indefinida -9 días más en Madrid, donde comenzó la movilización- con participación superior al 90% y la cobertura y soporte de CGT y otras organizaciones. Mientras los sindicatos oficiales han estado promocionando su huelga parcial con un pobre resultado, Telefónica y las patronales del metal aún no han dado respuesta alguna, aunque sí que han tenido contactos con los citados ‘agentes sociales’ (*). Debe quedar bien claro que para los sindicatos convocantes de la Huelga Indefinida, los únicos que pueden dar por buena cualquier negociación son quienes protagonizan la movilización, los trabajadores y trabajadoras.

La precariedad que desde siempre ha envuelto el trabajo de este colectivo no es nueva pero ha ido en aumento sin descanso. El hecho de que sean precisamente las grandes multinacionales de un sector productivo tan importante como el de las Telecomunicaciones, proveedor de servicios básicos y sustanciales por los que puede medirse el desarrollo de una sociedad, quienes consigan grandes beneficios a base de exprimir hasta la semiesclavitud al personal, muestra que el paradigma del capital está servido. Las empresas como Telefónica que operan en diferentes mercados y con distintas realidades sociales y, aún más importante, variadas legislaciones laborales, siempre encuentran el camino para abaratar costes sea cual sea la parte de la sociedad que paga la verbena.

Fijémonos en el estado español y, concretamente, en Telefónica, que fue estatal pero que se puso en manos privadas por los gobiernos neoliberales -en el peor sentido de la palabra, el económico- de PSOE (que inició la entrega) y PP (que remató la faena): el personal de plantilla tiene convenio y unas condiciones mejorables pero razonables y no es fácil abaratar esa fuerza de trabajo. Al menos no tanto como para satisfacer la voracidad y el ansia de beneficios de sus dueños, las empresas (financieras, industriales, etc.) y fondos (buitre o palomita, es indiferente). Pero existe el outsourcing (extraer un trabajo de una empresa para que sea realizado por otras), que permite abaratar costes y, de paso, darle algo de cuerda a los amigos. Negocio redondo, porque aquí solo pierde el nuevo currito. Imaginemos que sucede, que facilidades hay en otros entornos legislativos.

Tras una masiva concentración ante el Parlament de Catalunya, se obtuvieron varios compromisos de los parlamentarios -moción de apoyo a la huelga con la exigencia de que no haya ningún despido ni represalias, el intento de que se abra una mesa de negociación con los objetivos de la huelga (a igual trabajo, igual salario, eliminando falsos autónomos y contratos ilegales) y exigir a la Inspección de Trabajo y al Departament de Treball de la Generalitat que cumpla con su obligación de velar por el cumplimiento de las leyes de seguridad y salud, contratación y horarios-.

Para extender la presión y la implicación de responsables políticos se han previsto entrevistas con candidatos municipales de algunos partidos y presentación de denuncia ante el Parlamento Europeo en Bruxelas. Asimismo ha comenzado una campaña por distintas universidades para dar charlas y explicar esta lucha, ejemplo claro de precariedad laboral en el estado español, ya se están realizando movilizaciones conjuntas de esta ‘marea azul’ de contratas con trabajadoras/es de Atento, que mantienen su propia lucha contra los despidos y abusos de las empresas de telemarketig y se está conectando con organizaciones y personal de las eléctricas, donde existe el mismo problema de precariedad en la subcontratación. También continúan las acciones ante los medios de comunicación por la falta de cobertura y las manipulaciones que han realizado algunos diarios que incluso han llegado a calificar de sabotajes lo que no son más que incidencias habituales y accidentes de obra civil.

El triunfo de “la revolución de las escaleras”, “la marea azul”, “la resistencia teleco”, o como se la quiera llamar, solo puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Todos y todas seremos más libres si vivimos un incremento de la justicia social, porque eso es lo que se consigue cuando se imposibilita que las entidades financieras, los fondos -generalmente expertos en liquidar empresas a cambio de beneficio rápido, enorme y sin riesgo, que no se dedican a gestionar empresas sino a cosechar riqueza- y transnacionales eleven sus beneficios a costa de empeorar las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores.

Por eso, desde los distintos entes de la CGT, vamos a seguir apoyando, dando herramientas jurídicas y sindicales y compartiendo la lucha, con todos los compañeros y compañeras de las subcontratas de telefonía del conjunto del estado para los que convocamos la Huelga Indefinida desde el 14 de abril de 2015. Seguimos exigiendo a los responsables de esta situación -gobierno, Telefónica y patronales del metal y otros sectores- que reconozcan como únicos interlocutores de este conflicto a los/as trabajadores/as afectados/as (falsos autónomos o contratados), que se abra una negociación a nivel estatal y se acepte la incorporación de todos estos colectivos precarizados en la plantilla de Telefónica o, en su defecto, se establezca un Convenio de Sector Teleco, igualando así las condiciones de trabajo. En definitiva, que se acabe de una vez por todas con la precariedad y el régimen semiesclavista que han generado las políticas de externalización y ahorro de costes de Telefónica.

(*) Cuando se redactaba esta nota hemos tenido conocimiento del resultado de las ‘negociaciones’ de los sindicatos oficiales con la patronal en forma de preacuerdo para desconvocar la huelga.

Una vez estudiado comentaremos los puntos que ‘las partes’ dan por ‘satisfechas’ y lo que respondan quienes tienen que hacerlo, quienes hacen la huelga.

SUBCONTRATADOS POR MOVISTAR EN CIUDAD REAL PROTESTAN POR SU PRECARIEDAD LABORAL

EFE

Casi un centenar de técnicos de las empresas subcontratadas por Movistar en la provincia de Ciudad Real se han manifestado frente a la Subdelegación del Gobierno para protestar por las «precarias condiciones de trabajo» en la que la empresa de telecomunicaciones les obliga a trabajar.

Los trabajadores de empresas subcontratadas y algunos trabajadores autónomos, que llevan desde el día 15 en huelga, están secundando la huelga mayoritariamente, según ha explicado José Manuel Garrido, presidente del Comité de Empresa.

Garrido ha denunciado públicamente la situación de precariedad que sufren los trabajadores contratados, a los que Movistar, ha dicho, «les ha impuesto unas duras condiciones de trabajo que repercute en un bajos salarios, que en la mayor parte de los casos no superar los 1.000 euros».

Ha añadido que Movistar «ha bajado los baremos que ofrece a las subcontratas en un 25 % de media», por lo que «muchos trabajadores no pueden llegar a fin de mes».

Los trabajadores han señalado que van a continuar con sus movilizaciones de manera indefinida, a pesar de que están recibiendo amenazas y presiones por parte de la multinacional de telefonía.

Garrido ha apuntado que no es lógico que Movistar quiera subir cinco euros la cuota a sus abonados, que «le va a suponer ganar cada año 600 millones de euros más, y por el contrario no hacer más viable el trabajo de las subcontratas con el destino de esos ingresos a dar más dividendo a sus inversores», ha concluido.

LA MAREA AZUL DE LAS SUBCONTRATAS DE MOVISTAR LLENA DE NUEVO EL CENTRO DE BARCELONA

#resistenciaMovistar

Por primera vez trabajadores de plantilla de la multinacional se han unido a la huelga que mantienen los empleados de empresas que realizan trabajos para la compañía de telecomunicaciones

Los trabajadores que pertenecen a las empresas que trabajan para Movistar han completado la jornada de protestas con una manifestación entre el Portal del Ángel y la Plaza de Santiago. Si durante la mañana los huelguistas se han concentrado en la Diagonal y han hecho llegar sus reivindicaciones a los grandes medios de comunicación, por la tarde tocaba manifestación.

La tienda del Portal del Ángel que Movistar tiene como escaparate de sus productos más punteros ha sido el punto de concentración. A las 19 horas frente al céntrico establecimiento se podían ver muchas chalecos azules con nombres de varias empresas que, en casi todos los casos indicaban que sus portadores hacían trabajos para el antiguo monopolio. Era una verdadera marea azul.

Pero, grupos de trabajadores de la matriz se han unido a la huelga indefinida que varias organizaciones mantienen desde el 28 de marzo. Unos y otros mantienen la reivindicación máxima, que los trabajadores subcontratados entren en la plantilla de la antigua Telefónica.

Junto a los trabajadores se podían ver personas con banderas diversas y muchas con silbidos. Gente de CGT, de diversas organizaciones sindicales como CO.BAS o de organizaciones políticas, junto con personas de agrupaciones como los yayoflautas y sus chalecos reflectantes, se han alineado a la salida de la manifestación.

Entre los manifestantes, al menos dos parlamentarios, David Companyon, de EUiA, y Joan Tardà, de ERC.

A paso lento, los manifestantes han comenzado a desfilar. Si las manifestaciones que se hacen en fechas tradicionales brillan por la poca participación del cortejo en los gritos que se hacen desde la cabecera. En este caso la sensación era contraria. La megafonía tenía buenos operadores y la gente gritaba con ganas.

Entre los que se manifestaban en las primeras filas se pueden ver caras de un cierto cansancio. Muchos días de movilización pasan factura. Sin embargo, Antonio, un operario de una sociedad, especializada en instalar fibra óptica, se mostraba convencido «estamos dispuestos a mantener la movilización hasta que la empresa o empresas que contratan con ella negocien con los que hemos hecho la protesta desde el primer día ».

Todos cuentan las duras condiciones de trabajo que las contratos que se hacen en cadena suponen para los trabajadores o para los que se llaman técnicamente falsos autónomos: «poner decenas de metros de cable desde una altura de seis metros se ha llegado a pagar a tres euros », explica Paco, que camina junto a Antonio y no para de hacer fotos con su móvil.

En algunos casos se ven familias enteras, padre y madre con la chaqueta azul y la hija que también lleva una chaqueta pero que en la espalda lleva escrito «soy un esclavo».

Entre los gritos que hacen los manifestantes algunos que parecen tener gran contundencia: «somos malos, Podemos ser peores, Podemos Cortar las comunicaciones». Junto con este grito los ya clásicos «Movistar precariza» y «Movistar esclaviza».

Los manifestantes llegan a plaza de Santiago o termina la manifestación. Aquí los gritos son «nosotros luchamos, nosotros negociamos». Y para demostrar que los ánimos no han decaído, unos y otros llaman para terminar el «sí sí sí, nos vamos a Madrid».

INDRA PREPARA UN AJUSTE DE PLANTILLA DE HASTA 3.500 EMPLEADOS PARA VOLVER AL BENEFICIO

Fernando Abril Martorell se ha propuesto rebajar los costes para mejorar los márgenes de una compañía que se deterioran hasta mínimos históricos durante la última etapa de Javier Monzón

Fernando Abril-Martorell, el nuevo presidente de Indra impuesto por el Gobierno con la colaboración de Telefónica, quiere que la compañía sea rentable para sus accionistas lo antes posible. Con ese objetivo, el primer ejecutivo de la empresa quiere recortar los costes a la carrera mientras trabaja en un plan estratégico para “reposicionar” los ingresos. Una de las medidas que adoptará en breve será un ajuste de la plantilla que puede afectar a entre 2.000 y 3.500 empleados.

Fuentes próximas a Indra han confirmado que en las próximas semanas podría anunciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para redimensionar una empresa que tiene una plantilla de 40.870 trabajadores, según los últimos datos oficiales. De esta fuerza laboral, algo más de la mitad –21.000 personas– está en España, unidad de negocio que apenas aporta el 35% de los ingresos del grupo.

Una revisión de las cuentas de los últimos años muestra el desequilibrio entre la distribución de los gastos y la facturación. Desde 2007, la plantilla de Indra en España ha crecido un 17%, mientras que la cifra de negocio registrada en el país ha caído un 21%, una desproporción que ha afectado a los márgenes de la multinacional, que se han estrechado trimestre contra trimestre desde el estallido de la crisis. En el último de 2014, el margen bajó al 5,7%, frente al 7,5% del mismo periodo de 2013.

Fuentes oficiales de Indra han indicado que, hasta el momento, no se ha aprobado ninguna medida en este sentido y que el presidente expondrá el nuevo plan estratégico entre finales de junio y principios de julio. Ahí será cuando se concrete el ajuste de costes, que fuentes internas de la empresa consideran necesario para volver a la rentabilidad.

La mayoría de los brokers internacionales que cubren las acciones de Indra dan por hecho que Abril-Martorell aplicará un severo recorte de personal. Credit Suisse asegura que “el nuevo CEO –en referencia al presidente– reconoce que Indra tiene una inapropiada base de costes”. “España es obviamente el área que está bajo el foco”, agrega para incidir en que “el único camino para mejorar la situación es a través de una reestructuración” que debería ser “significativa”.

El salario medio de los algo más de 40.000 empleados de Indra es de 36.000 euros. Los expertos de Credit Suisse, banco del que Abril-Martorell fue máximo responsable entre agosto de 2005 y enero de 2011, indican que para que la compañía vuelva a tener márgenes del 8% es necesario un recorte de personal de unos 1.800 empleados, el 8% de la plantilla de España y el 5% de todo el grupo. Dicha reducción tendría un coste de unos 50 millones.

Pero si el nuevo presidente pone el listón en el 10% de margen, el expediente de regulación de empleo debería ser mayor, de hasta 3.500 personas, el 16 de la fuerza laboral en España, el 9% a nivel global. Esta redimensión implicaría un gasto de unos 100 millones, pero que se transformaría en un beneficio de hasta 120 para el grupo, según el propio banco suizo.

LA AUDIENCIA NACIONAL CONFIRMA LOS DESPIDOS DE LA FÁBRICA DE ARMAS

A Coruña

Los extrabajadores denuncian que la factoría está paralizada y Hércules de Armamento asegura que va a iniciar la producción

La sala de lo Social de la Audiencia Nacional dio validez por segunda vez al expediente de regulación de empleo (ERE) en Santa Bárbara Sistemas, mediante el que se despidió a 62 trabajadores de la fábrica de armas de A Coruña, tras la anulación por el Tribunal Supremo del primer fallo al no haber tenido en cuenta los argumentos expresados por los sindicatos.

En la nueva sentencia, que es recurrible ante el Supremo, se estima que para aplicar el ERE hubo «causa económica, productiva y organizativa, con pérdidas actuales, contracción de la demanda, subactividad y distribución ineficiente de la plantilla». El tribunal desestima además la excepción de falta de legitimación para ser parte del proceso que habían presentado los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF.

Santa Bárbara Sistemas inició en febrero de 2013 un procedimiento de despido colectivo en sus centros de A Coruña, Granada, Oviedo, Sevilla y Madrid, en el que no se llegó a un acuerdo con los sindicatos, por lo que procedió a realizar 593 despidos, de los que 459 fueron de adscripción voluntaria. La dirección de la empresa consideró la nueva sentencia como «un segundo refrendo de que la decisión de reestructuración se ajusta a derecho», así como «la validez de las medidas que se tomaron en su momento».

La decisión judicial se dio a conocer el mismo día en el que los despedidos de la Fábrica de Armas coruñesa denunciaron que la factoría carece de actividad tras su adjudicación el pasado mes de septiembre a la empresa Hércules de Armamento, a la que acusan de haber incumplido las compromisos adquiridos con el Ministerio de Defensa. El expresidente del comité de empresa de la factoría, Roberto Teijido, afirmó que en la instalación tan solo trabajan los 15 vigilantes que se encontraban anteriormente y que no hay ninguna producción, pese a que la compañía anunció que la iniciaría en mayo.

Teijido aseguró además que Hércules de Armamento no invirtió los 4 millones de euros que se comprometió a aportar antes de finalizar 2014 y exigió a las autoridades, a las que ya envió cartas sobre este asunto, que tomen medidas para no ser «copartícipes de esta farsa». Para el portavoz de los despedidos, el reciente cese de cuatro directivos de la empresa como apoderados confirma que en la fábrica «no hay proyecto industrial».

Cargos temporales

Hércules de Armamento argumentó que los destituidos ocupaban su cargo temporalmente por la ausencia del apoderado durante un mes y replicó a los extrabajadores acusando a Teijido de «faltar a la verdad a sabiendas» y explicando que la notificación de la adjudicación de la factoría se produjo el 10 de enero. También destacó que en la empresa «hay exactamente 31 trabajadores en plantilla», a los que se suman 22 empleados de limpieza y seguridad, y que este mismo año habrá «más de 150 empleos directos en la fábrica».

La dirección detalló que desde enero se trabaja en la puesta a punto del complejo, el diseño de los modelos a fabricar y la obtención de los certificados de calidad, así como que el proceso administrativo para conseguir homologaciones y permisos «dura hasta seis meses». La empresa afirmó que también trabaja en su plan de negocio y que ya dispone de un prototipo de nuevo producto y que la actividad industrial «está a punto de comenzar».

EXEMPLEADOS GALLEGOS DE CAJA ESPAÑA DEMANDAN A LA ENTIDAD POR «ENGAÑOS» EN EL ERE

Denuncian que se les forzó a anotarse bajo amenaza de cierre de toda la red en la comunidad, algo que no ha sucedido

Un grupo de extrabajadores gallegos de Caja España (ahora Banco Ceiss, integrado en Unicaja) acaban de presentar una demanda colectiva en un Juzgado de lo Social de Madrid al considerar que fueron «engañados» durante el ejecución del expediente de regulación de empleo (ERE) que la entidad ejecutó en el 2013. Los demandantes (42 gallegos, a los que se han sumado 14 más de Asturias, Murcia, Cartagena y Barcelona) consideran que no se han cumplido varios puntos por los que la empresa decidió la apertura de ese ERE para más de 1.200 empleados.

De entrada, el aviso de que la red no core (la no estratégica, como la gallega) iba a ser cerrada por completo en diciembre del 2014. Así se había pactado con Bruselas, que exigía una serie de medidas al haber recibido la entidad ayudas públicas. «Si no nos acogíamos al ERE en el 2013, tanto la dirección como los sindicatos firmantes nos avisaron de que se nos trasladaría a Castilla y León, a Cáceres, o a Madrid, donde la red sí era core, o que habría despidos bajo la reforma laboral, que sería más perjudicial para todos», añaden. De hecho, la demanda presentada se amplía a las centrales que participaron en el acuerdo laboral. También se demanda al FROB al entender que participó en el engaño.

Sin embargo, «comprobamos cómo no solo no se ha cerrado esa red gallega, sino que quedan aún nueve sucursales que siguen captando negocio», apuntan los demandantes. Porque este año, Banco Ceiss y su nuevo dueño, la malagueña Unicaja, pactaron con la UE cambiar esas condiciones, de tal forma que podrán mantener negocio fuera de la zona core.

Los denunciantes sostienen también que los datos económicos bajo los que se amparó ese expediente laboral eran incorrectos por diversas irregularidades, como créditos morosos no declarados del entonces presidente de la caja, Santos Llamas. «Denunciamos la existencia de dolo, intimidación, coacción, abuso de derecho y engaño», explican los afectados. Y por todo ello reclaman la readmisión y el cobro de los salarios de tramitación desde el 2013.

HUELGA LOS 26 Y 27 DE ABRIL EN RADIO TV CASTILLA-LA MANCHA (RTVCM)

Los trabajadores del ente público castelallano-manchego hacen su primera huelga ante los riesgos para la supervivencia del canal por su mala gestión y el descrédito por la manipulación informativa.

Las razones de los trabajadores:

«Los representantes de los trabajadores de la Radiotelevisión pública han decidido ir un paso más allá en las denuncias que vienen realizando desde hace años contra la gestión que se lleva a cabo por parte de la empresa y han convocado paros parciales para los próximos 26 y 27 de este mes de abril.

La convocatoria oficial responde a la decisión adoptada en Asamblea por los trabajadores y está basada en la preocupación creciente que provoca una manera de proceder que pone en serio riesgo la viabilidad de la Radio y la Televisión pública.

Los representantes sindicales denuncian una política de contratación absolutamente descontrolada y arbitraria. El incremento alarmante de la plantilla no obedece a necesidades reales de la producción sino a la formación de una ‘redacción paralela’ para desplazar a los profesionales que no se pliegan a seguir las directrices de unos informativos cada día más manipulados.

Esa política de contratación, junto al descrédito creciente provocado por esa manipulación informativa bochornosa, coloca a la RTVCM en la misma dinámica que condujo a medidas traumáticas –incluido el cierre- a otras televisiones autonómicas.

A ese riesgo cada vez más palpable, hay que añadir la inacción de la empresa ante los casos cada vez más frecuentes de ataques a la dignidad de los trabajadores. La Dirección de Capital Humano ha mostrado su absoluta incapacidad para adoptar medidas disciplinarias perfectamente tipificadas en el Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales, lo que provoca una evidente desprotección de los trabajadores frente a los abusos de poder cometidos por determinados altos cargos.»

Firman este comunicado: Comité de Empresa del Ente Público RTVCM – Comité de Empresa de TV Castilla-La Mancha – Representantes sindicales de Radio Castilla-La Mancha

EJEMPLAR FALLO JUDICIAL EN COCA COLA

El Tribunal Supremo ha ratificado como nulo el ERE de la empresa, considera probado que vulneró el derecho de huelga. A pesar de la reforma laboral “no vale todo”.

Que la reforma laboral impuesta por el Gobierno del PP no vale para todo se está demostrando en los tribunales; muchas de las demandas de los trabajadores están recibiendo la adecuada respuesta por parte de los jueces como se ha vista en los casos de varias importantes empresas editoriales.

Ahora, aunque no sea de nuestro sector, destacamos el auto del Tribunal Supremo que confirmó el pasado 15 de abril la nulidad del expediente de regulación de empleo (ERE) con el que se cerraron cuatro de las once factorías españolas de Coca-Cola: las de Colloto (Asturias), Fuenlabrada (Madrid), Alicante y Palma de Mallorca.

El Supremo consolida la anulación dictada por la Audiencia Nacional en junio pasado y agota los recursos posibles por parte la empresa. Además, impone la «readmisión» y el pago de los salarios de los trabajadores desde que estos causaron baja por imposición de la empresa.

El Supremo anuló el ERE por considerar que la empresa violó el derecho constitucional a la huelga distribuyendo en las provincias afectadas por el conflicto refrescos producidos en otras regiones, todo lo cual, según el alto tribunal, perjudicó «el adecuado desarrollo del periodo de consultas del ERE».

Anulado el ERE por la conculcación de este principio, el Supremo ya no entró a considerar otros argumentos de nulidad esgrimidos por los demandantes y aceptados por la Audiencia. Ahora, el fallo del Supremo reactivará las demandas presentadas en Asturias, Madrid y Alicante por violación del derecho de huelga.

NUEVOS DESPIDOS EN «DIARIO SUR»

Los trabajadores de Prensa Malagueña rechazan las últimas 7 salidas, entre ellas 5 despidos, y denuncian la mala gestión de la empresa que ha dejado la plantilla en la mitad.

“La asamblea de trabajadores de Prensa Malagueña ante la política laboral de la empresa y dados los últimos acontecimientos manifiesta lo siguiente:

Lamentar y rechazar tajante y unánimemente las últimas siete salidas de compañeros producidas en el periódico, entre ellas, el despido de cinco trabajadores, uno de los cuáles se encontraba enfermo el día que se le notificó.

La denuncia de la gestión realizada en los últimos años por la dirección de la empresa en materia laboral y que se ha traducido en una drástica y lamentable reducción de la plantilla de trabajadores con la salida -a través de jubilaciones, prejubilaciones (parciales o totales), externalización de servicios, cierre de servicios y áreas y despidos- de decenas de empleados. Una medida que en un periodo inferior a una década ha dejado la plantilla a menos de la mitad, descapitalizando la empresa en su principal valor: los trabajadores.

Los trabajadores somos conscientes de las difíciles circunstancias por las que atraviesa el sector de la prensa, pero, paralelamente, en los últimos años el periódico ha logrado beneficios en sus cierres anuales de cuentas. Por ello, entendemos que las medidas de ajuste que se pudieran adoptar en el futuro no debieran afectar más a la destrucción de empleo ni a diezmar aún más una plantilla que, a nuestro juicio, a día de hoy es escasa y que se está dejando la piel en su lucha por mantener la calidad y la viabilidad del periódico.

En los últimos meses de pasado año y a principios de éste se habían observado una serie de indicios y se habían lanzado ciertos mensajes de que lo peor ya había pasado y de buenas a primeras nos encontramos con nuevos despidos y destrucción de empleo en la compañía que no entendemos.

En estos últimos años, los trabajadores han asumido importantes sacrificios (laborales y de derechos sociales) para garantizar la viabilidad de la empresa, que no están teniendo contraprestación por parte de la compañía, que continúa con su errática política de destrucción de empleo.”

LA JUSTICIA ANULA LOS 16 EXPEDIENTES QUE MAÑUECO ABRIÓ A LOS BOMBEROS POR PROTESTAR EN UNA INAUGURACIÓN

Los juzgados sentencian que la protesta de los bomberos ante Mañueco fue libertad de expresión y no una desconsideración, declarando nulas todas las sanciones que impuso el alcalde para reprimir las críticas a la inversión en la ‘torre de fuego’ del parque de bomberos.

Duro revés para Fernández Mañueco a poco más de un mes para las elecciones. Los juzgados de Salamanca han anulado su decisión de expedientar a 16 bomberos de Salamanca que interrumpieron con una protesta una inauguración en la que el alcalde visitaba la denominada ‘torre de fuego’, una instalación en el parque de bomberos que costó un millón de euros, que Mañueco impulsó como consejero y usó trampolín para su primera candidatura, pero que se ha mostrado totalmente inútil. Este fue el motivo de la protesta y también el de las sanciones impuestas por el propio alcalde, que no toleró que un grupo de bomberos denunciase el despilfarro que suponía gastar una enorme partida cuando el cuerpo trabajaba con vehículos y material obsoletos.

La reacción inmediata del alcalde fue imponer una dura sanción de un mes de empleo y sueldo para 16 de los agentes del servicio de extinción de incendios, además de la mácula en sus hojas de servicio. Ahora esa ‘mano dura’ que aplicó Fernández Mañueco se vuelve en su contra y le devuelve, a pocos días de las elecciones, un tema que ha sido un dolor de cabeza toda la legislatura. El motivo es que se ha sabido que la justicia fallaba a favor de los bomberos expedientados en los tres últimos casos que estaban sin juzgar. El resultado, que se les tendrá que compensar el mes de empleo y sueldo y limpiar sus historiales de una infracción que no lo fue.

Según las sentencias, repartidas en los juzgados 1 y 2 del contencioso administrativo y a las que TRIBUNA ha tenido acceso, las sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Salamanca son contrarias a derecho y se declaran nulas y sin efecto. Se condena al consistorio al pago de 30 días de salarios y sus intereses a cada uno de los 16 bomberos expedientados como compensación por las sanciones de un mes de empleo y sueldo impuestas.

Según explicó en su día el propio Fernández Mañueco, se decidió sancionar a los bomberos por haber interrumpido un acto institucional. El día 13 de febrero de 2013, el alcalde, el presidente del PP salmantino, Javier Iglesias, y el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, acudieron a la inauguración de una instalación de entrenamiento en el parque de bomberos en la que se había gastado un millón de euros. Este es el «acto institucional» al que se refería el alcalde, que era quien había impulsado este gasto desde su puesto como consejero de Presidencia.

En el momento de la visita, un grupo de bomberos exhibió una pancarta en la que se podía leer «Torre despilfarro 1.034.000 €. Menos políticos. Más educación, sanidad y seguridad» como se puede ver en la imagen que acompaña esta información. Una insubordinación que el alcalde no iba a pasar por alto. Sus argumentos, que “no fue el momento más adecuado” y que “aunque hay libertad de expresión, un derecho constitucional, los bomberos interrumpieron un acto institucional”.

La reacción de Fernández Mañueco fue ordenar que se expedientara a 16 de los bomberos que protestaron, decisión de que la que derivaron dos sanciones de 15 días de suspensión de empleo y sueldo para cada uno: una por obstaculizar la exhibición prevista en la visita y otra por grave desconsideración a los superiores, autoridades y compañeros presentes. A las que se sumaron tres apercibimientos por faltas leves.

En la argumentación de sus sentencias, los dos juzgados que han visto los casos recuerdan que la libertad de expresión «no es solo la manifestación de pensamientos e ideas, sino que comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda inquietar, molestar o disgustar a aquel contra la que se dirige». Y que los cargos públicos tienen que «tolerar las críticas que a su conducta se hagan».

Además, añaden que el acto en sí se pudo desarrollar con toda normalidad, salvo en una cuestión: una de las exhibiciones previstas no pudo realizarse por un fallo en la instalación, concretamente, en los quemadores. La justicia niega que los bomberos obstaculizaran el desarrollo del acto y también que actuaran de manera desconsiderada hacia las autoridades porque la mera protesta no puede calificarse como desconsideración.

COCA-COLA DESPIDE A 60 DIRECTIVOS Y LOS INDEMNIZA CON 100 DÍAS POR AÑO

Coca-Cola Iberian Partners, el nuevo embotellador único del gigante de los refrescos norteamericano en España, ha despedido en los últimos meses a un grupo de más de 60 directivos, con indemnizaciones de un mínimo de 100 días por año trabajado, que en algún caso llega incluso a duplicar esta cifra.

Lo hace tras haber presentado un ERE en el que planteaba salidas a 33 días por año para los trabajadores, que subió a 45 días después de que la Audiencia Nacional declarara nulo el expediente de reestructuración.

Según explican fuentes sindicales, el pasado 15 de abril, coincidiendo con la declaración de nulidad definitiva del ERE por parte del Tribunal Supremo, tuvo lugar una vista en un juzgado de lo social de Bilbao tras la reclamación de un ejecutivo, Javier Díaz-Blanco, exdirector de Relaciones Laborales, por una reclamación tras su despido. En esta vista, y a la espera del dictamen del juez, trascendió que «los directivos salieron de la compañía con dos pagos en su liquidación».

Además de los 45 días por año abonados a todos los demás y de los 10.000 euros de paga lineal, Coca-Cola Iberian Partners abonó una indemnización adicional de 60 días por año, pactados de forma individual con cada uno en el año 2012. Era un acuerdo previo a la constitución de la empresa, pero afectó a todos los equipos directivos por igual en cada una de las antiguas compañías embotelladoras y se ha llevado a cabo en el marco del Expediente de Regulación de Empleo.

FÁBRICA IBÉRICA DE ALTAVOCES DE VACARISSES ACUERDA EL DESPIDO DE 79 TRABAJADORES

Vacarisses (Europa Press)

Un 78% de los trabajadores aprobó en asamblea las condiciones pactadas | Cobrarán 32 días de salario por año de servicio con un máximo de 20 mensualidades

La empresa fabricante de altavoces para automóviles Fábrica Ibérica de Altavoces, situada en Vacarisses (Barcelona), ha acordado con el comité de empresa el despido de 79 trabajadores. El acuerdo ha marcado que los despedidos cobrarán 32 días de salario por año de servicio con un máximo de 20 mensualidades, han informado el comité y la misma empresa.

Un 78% de los trabajadores, reunidos en asamblea, votó favorablemente a estas condiciones y también para los 28 empleados que continúan en la fábrica, para que tengan garantizadas las mismas cláusulas si son despedidos durante los dos próximos años.

En este sentido, según ha declarado la compañía a Europa Press, «hemos hecho un plan de trabajo garantizado de tres años», aunque ha matizado que el mercado marcará esta pauta. La compañía seguirá con esta alteración de plantilla con la misma actividad pero en otro sector, en vez de la automoción se dedicará «a la sonorización de eventos», ha apuntado el comité de empresa, y el cambio se producirá de forma paulatina.

Un año de negociaciones

En julio de 2014, la Fábrica Ibérica de Altavoces presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaba al 70% de la plantilla y que en octubre del mismo año lo retiró. Cuatro meses después de la retirada del ERE, la empresa presentó un concurso de acreedores voluntario para liquidar sus bienes y cerrar la planta, pero tras nuevas negociaciones se ha llegado al consenso.

ITURBE SIGUE ADELANTE CON EL ERE EN EUSKO IRRATIA SIN PACTO CON LOS SINDICATOS

El periodo de consultas con las centrales se cierra sin acuerdo y la empresa empezará a despedir en las próximas semanas a la primera remesa de afectados.

En la última oferta la dirección admitía «mantener como indefinidos no fijos» a los mayores de 55 años hasta que accedieran a un contrato de relevo pese a haber argumentado en todo el proceso que era la nueva jurisprudencia del Supremo la que forzaba la regularización.

El ERE en Eusko Irratia ya es una realidad sin vuelta atrás. Y la dirección de EITB, liderada por Maite Iturbe, va a seguir la hoja de ruta sin acuerdo con los sindicatos, después de que en la última reunión no se haya logrado ningún pacto con los representantes de los trabajadores. Esta situación supondrá que en las próximas semanas se comience a despedir a parte de los afectados -una treintena de trabajadores en esta primera fase- y la empresa posteriormente empiece también a adjudicar las plazas de las personas que superaron la Convocatoria Pública de Empleo.

La dirección de EITB y los sindicatos mantenían la última reunión para intentar un acuerdo sobre el ERE en Eusko Irratia, un expediente de regulación que supondrá la destrucción del 20% de empleo en las emisoras públicas del ente. La víspera nada hacía presagiar que del encuentro pudiera surgir un acuerdo entre las partes. Pese a todo, la directora general de EITB, Maite Iturbe, trasladó a los miembros del Consejo de Administración que la empresa iba a mejorar las condiciones de despido para las personas a los que aplique la reforma laboral del Partido Popular (PP).

La ley marcaba como último día del periodo de consultas una vez formalizada la intención de resolver este problema, que ha envenenado el ambiente en las radios y en EITB, vía ERE. En las últimas convocatorias la empresa había intentado mejorar la oferta planteada inicialmente, aunque desde los sindicatos siempre han asegurado que para llegar a cerrar un acuerdo «nos tienen que convencer de que hay causas para el ERE, y todos los sindicatos creemos que no las hay, ni económicas ni organizativas». Y no lo ha conseguido.

La última oferta que se ha puesto encima de la mesa mejoraba en cinco días la indemnización de 20 días por año trabajado -con un tope de 12 mensualidades- que recoge la reforma laboral del PP. Y estaba dirigida tanto a las personas afectadas por el ERE, como para las que finalmente salgan por cobertura reglamentaria de plaza. Además, se aumentaba hasta 50.000 la partida destinada a planes de formación para los afectados. Paralelamente y para los mayores de 55 afectados por el ERE -un número mínimo- se les complementaba su Seguridad Social hasta la edad de jubilación o incluso se les mantenía «como indefinidos no fijos (su situación actual) hasta que puedan acceder a un contrato de relevo», según ha indicado fuentes sindicales.

El sindicato Independientes-ESK considera que la «empresa debería aplicar todas estas ‘mejoras’ aunque no haya acuerdo» y ha denunciado que si la dirección tiene «flexibilidad para mantener contratos indefinidos no fijos queda en cuestión su obligación de ‘regularizar a este colectivo de trabajadores». Ese ha sido el argumento desde un principio de los afectados: que no había nada que regularizar, mientras la empresa ha señalado que se ha visto forzada al ERE por la nueva jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo.

Durante el último mes, la dirección ha convocado a los representantes sindicales para entregarles la letra pequeña del «procedimiento colectivo extinción de contratos», en la terminología que utiliza la dirección para referirse al expediente de regulación de empleo y para negociar con ellos las condiciones de despido. En principio, los que no entren ahora en el ERE en el que se amortiza su plaza quedarían pendientes de la cobertura reglamentaria de plaza, algo que depende de cuándo se adjudiquen las plazas de la Convocatoria Pública de Empleo (CPE). Ese proceso puede comenzar a partir del miércoles 29 de abril, fecha para la que la dirección ha convocado una reunión con el comité intercentros de Eusko Irratia.

El pasado 16 de enero, la dirección de EITB dio a conocer un nuevo procedimiento para proceder a la extinción de 30 puestos de trabajo, extinción decidida por una mayoría del Consejo de Administración en abril de 2014, y despedir a todos los trabajadores indefinidos no fijos que no superaran la nueva Convocatoria Pública de Empleo, «a pesar de que varios de esos trabajadores ya habían aprobado previamente otras OPEs siguiendo los criterios de objetividad, mérito y capacidad aunque sin conseguir plaza a través de esos exámenes», argumento empleado también por los trabajadores afectados.

Costes judiciales e indemnizaciones

La dirección, en una de sus últimas reuniones, ya anunció a los representantes de los trabajadores de que «los despedidos serán entre 56 y 66». El Estatuto de los Trabajadores prevé la disposición de diversos planes sociales para los trabajadores que pierden su empleo y los socialistas tienen previsto preguntar por cómo va a ejecutar este ERE la dirección de EITB, que es lo que ha estado en la mesa de negociación hasta ahora.

Para empezar, el PSE ha solicitado la documentación completa, tanto a la dirección general, como los informes que debe elaborar la autoridad laboral, esto es, el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que encabeza Ángel Toña. Además, ha preguntado a Maite Iturbe si tiene previsto la dirección algún plan de formación para los trabajadores que van a ser despedidos, alguna propuesta de reubicación laboral y cuál es el coste estimado de las indemnizaciones y con cargo a qué capítulo del Presupuesto que aprobó con los votos de parte de la bancada socialista, «dado que no se había consignado cantidad alguna a pesar de que al menos desde septiembre conocía la sentencia que le sirve para justificar este ERE, así como si existen previsiones de posibles costes judiciales posteriores», ha recordado Unzalu en todo este proceso.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN (TSJA) DA LA RAZÓN A LOS TRABAJADORES DE LA SAD DE ZARAGOZA

El club debe readmitir a los 9 despedidos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó sentencia a favor de los 9 trabajadores que fueron despedidos el 10 de febrero, dando al Real Zaragoza cinco días para que estos empleados de la SAD se reincorporen a sus puestos de trabajo y obligando al club a pagar sus salarios desde la fecha del despido. Estos empleados, todos fijos, de oficinas, tienda y de la Ciudad Deportiva, demandaron al club tras no llegar a un acuerdo en la conciliación en el SAMA.

El TSJA ya declaró a finales de enero nulo el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo por el club. En este caso y tras el juicio celebrado el pasado 14 de abril el argumento del tribunal es el mismo, ya que insiste en que no concurren las causas económicas para justificar ese despido por parte de la SAD. Ahora, deberán regresar a su puesto de trabajo, como es la intención de algunos, o volver a negociar la salida con la entidad.

Ese 10 de febrero, el club comunicó el despido a 19 trabajadores fijos y a otros tres se les prejubiló para completar los 22 fijos incluidos en el ERE. La SAD lo fundamentó en su derecho a despedir fuera del ERE al 10% de la plantilla. Los 19 despedidos presentaron la demanda individual, pero estas se vieron reducidas porque algunos continuaron, recolocándose en el club, o la SAD llegó a acuerdos y retiraron las demandas para que estas se quedaran en las 9 por las que se pronunció el TSJA.

BLANCO REDUCE DE 332 A 189 LOS DESPIDOS PREVISTOS EN EL ERE   

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Pacta con los sindicatos una indemnización de 33 días por año, con un mínimo de dos mil euros y un tope de 17 mensualidades

La cadena textil Blanco ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos para la aplicación del expediente de regulación de empleo presentado el mes pasado, que rebaja el número máximo de despidos de los 332 previstos inicialmente a 189. Serán los servicios centrales de la firma, propiedad del grupo saudí Alhokair, los más afectados por la reducción de personal, con 96 bajas, frente a las 60 que se producirán en la red de tiendas -con el cierre de doce establecimientos, entre ellos el de Santiago- y las 33 del área de logística. Otros 82 empleados de este departamento serán subrogados por la empresa que se hará cargo del servicio, respetando sus condiciones laborales.

El acuerdo establece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 17 mensualidades y un pago mínimo garantizado de dos mil euros para aquellos trabajadores de menos antigüedad que no llegasen a ese umbral. La empresa ha abierto un período para la adscripción voluntaria al ERE, que se cerrará, al tiempo que se compromete a «tratar de preservar el puesto de trabajo de aquellos empleados mayores de 50 años» y de los que tengan cargas familiares.

A falta de pulir el documento y concretar los detalles finales en una reunión que se celebrará tras la firma del preacuerdo los sindicatos mayoritarios (CC.OO. y UGT) acordaron desconvocar los cuatro días de paro previstos.

Las centrales sindicales calificaron el pacto para la aplicación del ERE como «muy satisfactorio» y destacaron el «empuje y unidad» mostrada por los trabajadores en la negociación.

Nuevo sistema de incentivos

Dentro del acuerdo se incluye también la modificación del sistema de retribución variables para el personal de tiendas, en el que se establece por primera vez un plus fijo de 25 euros para todos los dependientes, con independencia de sus responsabilidades.

EL 85% DE LA PLANTILLA DE ATENTO, EN HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS

Más de 300 personas se manifiestan en A Coruña por la readmisión de 17 empleados y el fin de la precariedad

A Coruña

Unas 350 personas se manifestaron por el futuro de la empresa Atento que está en huelga contra el cierre de un servicio y el despido de 17 trabajadores con un seguimiento de alrededor de un 85%, según cálculos de la CIG. Los empleados de la empresa de telemarketing, acompañados de cargos políticos como la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, marcharon entre las ocho y las nueve de la tarde en manifestación entre la sede de su empresa, en Juan Flórez, y la Delegación del Gobierno desde donde regresaron al punto de origen por la plaza de Pontevedra.

Los 17 trabajadores fueron despedidos porque su servicio de información con tarificación especial 11822 va a pasar a realizarse, a partir de ahora, y de manera íntegra desde Valencia y Tánger. En declaraciones a Europa Press, Mónica Díaz, delegada de la CIG en Atento, explicó que la huelga pretende exigir la readmisión de los 17 trabajadores. «Con protestas y paros estamos desde enero y con continuas denuncias», dijo en referencia a las condiciones de trabajo de la plantilla. La empresa «ignora las multas que le impone Inspección de Trabajo», añadió Díaz, quien detalló que los despidos fueron el detonante de que los trabajadores fuesen a la huelga.

Los representantes de la plantilla anunciaron el mantenimiento de las movilizaciones por el futuro de Atento en A Coruña, una empresa que sólo en la ciudad redujo su plantilla un 60% de los 1.500 empleados que tenía a los 600 a los que aún da trabajo.

Los trabajadores de las contratas y subcontratas de Telefónica mantienen también sus movilizaciones, que se celebraron a las puertas de Liteyca, la subcontrata que se dedica a la instalación y reparación de líneas telefónicas en la calle y los edificios.

Los trabajadores denuncian la precariedad laboral en las firmas que trabajan para Telefónica, y contaron con el apoyo del portavoz del BNG en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, Xosé Manuel Carril, y con el del portavoz nacional de la formación, Xavier Vence, que exigieron a la Xunta la intervención en el conflicto para «poner coto» a la cadena de subcontrataciones que imponen condiciones laborales «propias de un sistema feudal».

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