Publicado en: 24 octubre, 2015

Boletín de Luchas Obreras (24 de Octubre de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • HUELGA EN LAS EMPRESAS AUXILIARES DE REPSOL POR LA APLICACIÓN DE CONVENIOS
  • AJUSTES EN LAS SANCIONES ECONÓMICAS A LAS EMPRESAS DE LA LIMPIEZA VIARIA DE MADRID
  • DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA
  • LOS TRABAJADORES DE EULEN CONVOCAN UNA HUELGA CONTRA EL ERE
  • EMPIEZAN LOS DESPIDOS EN LA FUNDACIÓN CAJA CASTILLA-LA MANCHA
  • METRO DE MADRID CONTRATARÁ 360 CONDUCTORES
  • CCOO LAMENTA QUE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) DEJE DE SER LA ÚNICA QUE MANTIENE AL PERSONAL TRAS VARIOS DESPIDOS
  • LOS ENFERMEROS APLAZAN LA HUELGA
  • MARCHA NEGRA A MADRID DE LOS TRABAJADORES DE LAS BRIGADAS DE REFUERZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BRIF)
  • EL CIERRE DEL JUREL ABOCA A LA FLOTA DEL CERCO DE BUEU A AMARRAR LO QUE RESTA DE AÑO
  • EL BBVA Y LOS SINDICATOS FIRMAN EL ERE DE CATALUNYACAIXA
  • LOS TRABAJADORES DE TRAGSATEC NO SABEN SI EL ERE SEGUIRÁ ADELANTE
  • ELCOGAS OFRECE 26 DÍAS POR AÑO PARA LOS AFECTADOS POR EL ERE Y PREJUBILAR A LOS MAYORES DE 60
  • FAHIME PLANTEA A LOS SINDICATOS UN ERE DE EXTINCIÓN PARA SUS 92 TRABAJADORES
  • CONCENTRACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL A LAS MUJERES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO JOVELLANOS. ¡BASTA YA DE ACOSO LABORAL A LAS MUJERES TRABAJADORAS!.
  • IMPAGOS Y RECORTES: LA PLANTILLA DE ZETA PIDE RESPUESTAS A AGUSTÍ CORDÓN
  • LA OLEADA DE CIERRES DE LA AUTOMOCIÓN PONE EN JAQUE UN MILLAR DE EMPLEOS

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HUELGA EN LAS EMPRESAS AUXILIARES DE REPSOL POR LA APLICACIÓN DE CONVENIOS

Efe – Cartagena

El paro comenzó a las 6.00 horas del lunes y está teniendo un alto seguimiento, de en torno al 90% de los trabajadores de las 26 empresas auxiliares, en total, unos 400 empleados

Los trabajadores de las industrias auxiliares que operan con la refinería de Repsol en el Valle de Escombreras iniciaron una huelga indefinida para exigir que todas las compañías apliquen los convenios colectivos a sus trabajadores.

Según explicó el delegado del sector de Industria de Comisiones Obreras, Enrique Bruna, la huelga comenzó a las 6.00 horas del lunes y está teniendo un alto seguimiento, de en torno al 90 por ciento de los trabajadores de las 26 empresas auxiliares, en total, unos 400 empleados.

Estas compañías están llevando a cabo de manera generalizada incumplimientos de los convenios colectivos en distintos ámbitos, sobre todo, en lo relacionado con el cumplimiento de las jornadas laborales, los descansos entre jornadas, los periodos de vacaciones, la remuneración de las horas extraordinarias o incluso los salarios, señaló Enrique Bruna.

CCOO, que agrupa en torno al 95 por ciento de la representación sindical de estas empresas, mantuvo varias reuniones con los representantes de las mismas para plantear un “acuerdo marco de mínimos” por el que todas las auxiliares se comprometan a aplicar el convenio por el que se rige cada una de ellas, en su mayoría, el convenio colectivo del metal.

Según subrayó Bruna, la huelga continuará en tanto no haya un compromiso unánime de las empresas por cumplir ese acuerdo de mínimos y acabar con los incumplimientos generalizados de los convenios ofreciendo así mejores condiciones laborales a los trabajadores.

La huelga indefinida se convocó después de celebrar durante el último mes paros semanales de varias horas para intentar negociar una solución a este conflicto.

AJUSTES EN LAS SANCIONES ECONÓMICAS A LAS EMPRESAS DE LA LIMPIEZA VIARIA DE MADRID

El Ayuntamiento de Madrid modifica los umbrales de penalización de ocho indicadores de calidad

Desde principio de mes hay 495 barrenderos más en las calles, 388 procedentes de los ERTE

El Ayuntamiento de Madrid ha ajustado el sistema de multas para las empresas encargadas de la limpieza viaria de la ciudad.

Según el contrato en vigor, suscrito por el anterior Gobierno local (del PP), la pulcritud de las calles se tiene que medir a partir de 68 indicadores de calidad que no se pueden modificar durante los ocho años que dure la concesión, prorrogables por otros dos.

Lo que sí se pueden tocar son los umbrales a partir de los cuales se empiezan a aplicar las penalizaciones, que pueden alcanzar como máximo al 20% del canon municipal que se paga por este servicio. Y eso es lo que se ha hecho con ocho aspectos, «unos al alza y otros a la baja», que «estaban mal calibrados», según señalan en el Área de Movilidad y Medio Ambiente.

Los inspectores municipales que realizan esta función de supervisión tendrán que tener en cuenta a partir de ahora los cambios introducidos en los indicadores de calidad total de limpieza, de las aceras y arroyos, de las áreas infantiles y circuitos deportivos elementales, el tiempo de resolución de puntos negros, el control de barrio del concesionario, el recubrimiento y homogeneidad de las superficies encespedadas por un lado y de arbustos y setos por el otro y del estado de las fuentes de beber en vías públicas.

Las modificaciones de los umbrales se han hecho en un unos casos porque no se aplicaba ninguna multa «y, sin embargo, la percepción de la prestación que se mide es mala» y en el resto porque se estaba produciendo un descuento reiterado «y, sin embargo, la percepción de la prestación es buena o aceptable», tal y como establece el pliego del concurso.

En todo caso, la incidencia de las sanciones económicas ha demostrado sus limitaciones. En 2014, cuando según los datos oficiales se registraron 180.000 quejas por cuestiones de suciedad de los espacios públicos, el Ayuntamiento de Madrid retuvo 12 millones de euros de los 194 millones que por contrato deben percibir FCC, OHL, Sacyr y Ferrovial anualmente, una media de sólo el 5% de la factura total.

Nuevas contrataciones

Además, las concesionarias confían en mejorar el resultado de las inspecciones de control y reducir el peso de las multas a la mínima expresión tras la incorporación de 495 nuevos barrenderos a las calles de Madrid desde este mes de octubre. 388 proceden de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que mantenían tres de las cuatro empresas desde hace dos años y 32 son nuevas contrataciones.

«El pliego de condiciones sigue adoleciendo de la imposición de un número mínimo de trabajadores por distrito», señala Juan Carlos del Río, de UGT Madrid. «Las nuevas incorporaciones, a las que se suman 50 contratos a tiempo parcial que han pasado a ser a tiempo completo, están muy bien, pero ¿qué va a pasar por ejemplo cuando alguien se jubile?», se pregunta.

Según los sindicatos, FCC ya ha confirmado la extinción del ERTE y se da por hecho que OHL y Sacyr les comunicarán lo propio en la reunión prevista.

Pero a esta ecuación le sigue faltando una variable: las empresas recortaron la plantilla porque pujaron a la baja para hacerse con el servicio (el presupuesto es un 30% inferior al del anterior contrato) y sólo está previsto que el Ayuntamiento de Madrid aumente la dotación económica en los distritos que, como Vallecas, aún pueden crecer, lo cual no ha sido el caso.

«No, no. No ha habido ningún pacto ni se han intercambiado favores». Así ha respondido la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, a las insinuaciones del PP sobré cómo se ha conseguido la cuadratura de este círculo.

En el Ayuntamiento de Madrid insisten en que las empresas simplemente están haciendo lo que se les exige por contrato: «Limpiar».

DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO: COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA

Las organizaciones convocantes de la huelga en la Dirección General de Tráfico han emitido un comunicado, contestando a la propuesta de los responsables de Tráfico presentada el jueves día 15.

Una vez escuchadas las bases, quieren comunicar lo siguiente:

Punto 1. Subida de retribuciones. Dicen los responsables de la Dirección General de Tráfico (de aquí en adelante DGT) que están de acuerdo en que este puesto de trabajo merece un mayor sueldo y que así lo han propuesto a la CECIR, organismo perteneciente a Hacienda que debe resolver y que ellos no pueden hacer nada más al respecto.

Pensamos que un organismo como la DGT con un presupuesto de casi 900 millones de euros, que se permite apartar 11 millones de euros sólo a publicidad en los medios de comunicación, que compra helicópteros última generación cada poco, bien puede habilitar una partida para paliar lo que ellos mismos consideran que es injusto, la retribución del funcionario examinador por no reconocerse la peligrosidad, penosidad, dedicación y especial dificultad técnica de sus funciones.

Consideramos que desde la DGT no se está haciendo lo posible por resolver la situación. La directora general no ha asistido a una sola reunión del comité de huelga, ni se ha dirigido a él para nada y creemos que como máxima responsable de Tráfico, ante el caos que tiene el organismo debería tener un papel más protagonista del que está teniendo.

Nos parece inaudito y nos hace temer lo peor, que a la misma hora en la que estaba reunido el comité de huelga en una de las salas de la DGT, la señora Seguí recibía al señor Báez, presidente de la patronal de autoescuelas

Por tanto, proponemos que mientras decide la CECIR, la DGT destine una partida presupuestaria para el colectivo examinador y coordinadores-examinadores que de alguna manera supla de forma provisional lo solicitado en el aspecto económico para estos puestos.

Queda claro que sería una medida transitoria (siempre y cuando la CECIR responda en positivo) y también vinculada a la carga de trabajo hasta que se plasme en un futuro a través de una Instrucción oficial y legal de la DGT la disminución de la misma tal y como se ha solicitado en uno de los puntos reivindicativos.

Punto 2. Antes del verano en reunión de la Mesa Delegada de Tráfico con la Directora General, ésta manifestó que la petición de no comunicar el resultado era “INNEGOCIABLE” porque así lo obligaba una Directiva Europea y el propio Reglamento General de Conductores

¿Qué ha producido este cambio de opinión? Insistimos que ninguna normativa obliga a dar el resultado de la prueba, sí las explicaciones a lo que no nos hemos negado nunca. En pleno siglo XXI hay muchas opciones para llevar a cabo este proceso de comunicación del resultado.

La propuesta aunque es un avance en la postura inmovilista inicial, creemos que no responde a la petición planteada por el comité de huelga porque la pretensión de que cada examinador haga lo que quiera puede ocasionar que se establezca ante la ciudadanía dos tipos de examinadores, lo que puede ocasionar más problemas.

Se indica que se deberán dar las explicaciones fuera del vehículo, obviando que en muchas provincias nieva, llueve a diario o hace un calor sofocante según las estaciones del año y es imposible llevarlo a cabo, por carecer además de instalaciones adecuadas. ¿Al tener que dar explicaciones fuera del coche de pie, pasando frío, calor o con lluvia cuando no, nevando, se estaría dando una imagen profesional?

Es muy complicado encontrar entornos seguros porque muchos puntos de citación están en polígonos industriales, pistas de exámenes aisladas y en descampados. Una vez más la DGT quiere empezar la casa por el tejado.

Mientras los responsables de la DGT no den respuesta a nuestras propuestas, este comité de huelga continuará con las convocatorias de huelga que actualmente están en vigor, es decir paros parciales de tres horas al final de cada jornada laboral con carácter indefinido y huelga total para el día 21 de octubre y desplazamiento a Madrid para protestar ante la Dirección General de Tráfico entre las 12:30 y las 14 horas. Se estudia presentar una nueva convocatoria de huelga para jornadas completas.

Por lo tanto, este comité emplaza a la Dirección General de Tráfico a que responda urgentemente a nuestras peticiones con el fin de que esta huelga se acabe lo antes posible, por el bien de todos los afectados.

LOS TRABAJADORES DE EULEN CONVOCAN UNA HUELGA CONTRA EL ERE

La empresa de servicios despedirá a 362 empleados tras perder un contrato con Endesa

El comité de empresa de Eulen Telemarketing ha convocado una huelga el próximo 3 de noviembre en protesta por los despidos de los 362 trabajadores que prestaban servicios para Endesa bajo el régimen de subcontratación.

La compañía presentó a principios de octubre un expediente de regulación de empleo (ERE), después de que la eléctrica adjudicara a Atento las tareas de atención telefónica y gestión de nuevos suministros que hasta ahora realizaba Eulen.

El contrato entre Endesa y la contrata no estipulaba la subrogación del personal, por lo que estos 362 empleados que se reparten en dos centros de Barcelona se encontrarán a partir del1 de diciembre sin carga de trabajo ni puestos asignados.

La empresa ha ofrecido plazas a los afectados, pero estas consisten en desempeñar funciones muy diferentes de las actuales, como las de limpieza, u otras que requieren una formación que los trabajadores no tienen, como la de guardia de seguridad o la de jardinería, según fuentes de UGT.

Los sindicatos Solidaridad Obrera y el Sindicato de Trabajadores de Comunicaciones (SCT) han denunciado la “situación de extrema precariedad” de la plantilla de Eulen y han exigido que Endesa “se haga cargo” de sus puestos de trabajo a través de un comunicado emitido por el bufete de abogados que los representa, el Col·lectiu Ronda.

“Cuando se haga efectivo nuestro despido, Endesa seguirá ofreciendo el mismo servicio de atención telefónica que hasta ahora prestábamos nosotros. Aquí no hay un descenso en la demanda ni ninguna razón productiva. Solo una empresa diferente que ha hecho una oferta que rebaja el coste del servicio, con toda seguridad, presionando a la baja la retribución de los trabajadores”, ha lamentado un representante de Solidaridad Obrera.

EMPIEZAN LOS DESPIDOS EN LA FUNDACIÓN CAJA CASTILLA-LA MANCHA

La Fundación Caja Castilla-La Mancha ha empezado a remitir las misivas de despido a algunos de los dieciocho trabajadores inmersos en el ERE extintivo planteado este verano ante la falta de recursos económicos para seguir adelante.

Así lo explicó Carlos Ortega, representante del sindicato CCOO en Liberbank, quien avanzó que en los últimos días han recibido la carta de despido dos trabajadores de Toledo y dos empleados de la finca agraria de Albadalejito, en la provincia de Cuenca.

Sin embargo, al resto podrían llegar próximamente aunque lamentó que esto obedezca a una estrategia de la Fundación para que no pueda haber, en principio recursos colectivos. «Ahora lo que queda es la extinción de la Fundación para que los trabajadores puedan cobrar», dado que ya se les ha dicho que el finiquito no lo percibirán hasta entonces, según explicó Ortega.

Entre tanto, siguen cerrados «sine die» los espacios culturales de la capital gestionados por CCM, la Fundación de la extinta Caja Castilla-La Mancha, por lo que los ahorros de los conquenses y castellano-manchegos traducidos en una labor social podrían estar llegando al fin de sus días, según comentan algunos de ellos a este periódicos. Hace semanas que no abre sus puertas ni el edificio Iberia ni el salón de actos del parque de San Julián donde estuvo durante años la central de la entidad.

Fue el pasado mes de septiembre cuando los representantes de los trabajadores rechazaron la propuesta de acuerdo en el ERE de la Fundación CCM, que este organismo hizo para los dieciocho puestos de trabajo afectados por de los 79 que constituyen su plantilla.

Prórrogas

Según informó entonces la entidad, «con el propósito de garantizar todos los puestos de trabajo aún a pesar de la difícil situación económica de la entidad». Dicha propuesta consistía en pedir el reconocimiento a los trabajadores de la difícil situación económica por la que atraviesa la Fundación y en prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2015 las medidas temporales que hasta ahora venían aplicándose.

Todo ello, añadió en su momento la Fundación, con el objeto de, durante este periodo, buscar vías alternativas que coadyuvaran a encontrar soluciones y a la garantía de los puestos de trabajo citados, y que, en el hipotético caso que dichas ayudas no llegaran «se procediera, como último y no deseado recurso, a la extinción de los mismos».

Para CCOO no existen tales causas económicas; y reconocerlas impediría de hecho cualquier reclamación judicial de los trabajadores para que sus despidos se considerasen improcedentes y elevar las indemnizaciones.

También fue el mes pasado cuando el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, confió en que la Fundación CCM mantuviera las actividades en la región y hubiera un acuerdo con los sindicatos para que se puedan seguir prestando los servicios. No obstante, ya dijo que la situación financiera de la Fundación no era tranquilizadora «por el pleito entre Liberbank y el Fondo de Garantías».

METRO DE MADRID CONTRATARÁ 360 CONDUCTORES

Madrid (Servimedia)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció que Metro de Madrid contratará un total de 360 conductores en los próximos meses, lo que permitirá incluso superar la plantilla que había en 2011 y con ello aumentar las frecuencias de los trenes tanto en verano como en invierno.

Dijo que el incremento de la plantilla de Metro es un objetivo en el que el Ejecutivo regional se puso a trabajar ya desde el pasado mes de julio, poco después de tomar posesión. La plantilla actual de conductores de Metro asciende a 1.538, mientras que en 2011 había 1.871.

Con el incremento anunciado, la plantilla se compondrá de 1.898 conductores en octubre del próximo año, lo que permitirá cumplir con el aumento de la frecuencia de trenes y volver a los niveles de servicio de 2011.

Indicó que el ERE que se llevó a cabo en 2013 supuso prescindir de 163 conductores y reclasificar a otros 76, lo que supuso un total de 239 conductores menos.

Asimismo, informó de que se incorporarán a la plantilla 121 conductores más de que los que en su momento salieron de Metro y destacó que, con la incorporación de los nuevos conductores, el intervalo entre trenes se reducirá en un 14%.

Señaló que Metro comenzará en los próximos días el proceso de contratación de estos nuevos conductores, que será una de las mayores contrataciones simultáneas de este tipo de profesionales en la historia de Metro. Se realizará una selección previa de personal a través del Servicio Regional de Empleo.

Posteriormente, los seleccionados tendrán que aprobar un test psicotécnico en el que se evaluarán las capacidades de los candidatos, para más tarde, iniciar un periodo de formación de la nueva plantilla.

Los nuevos conductores estarán disponibles para prestar servicio aproximadamente a mediados de 2016. Los primeros 180 trabajadores a tiempo parcial se incorporarán el 15 de junio a la plantilla de Metro, mientras que los 180 que trabajarán a tiempo completo comenzarán a prestar servicio a partir del 1 de octubre.

Los cursos de formación, por tanto, se iniciarán el 1 de febrero para que los primeros 180 conductores puedan formarse entre febrero y mayo, y, entre mayo y septiembre se llevará a cabo la formación de los 180 conductores que empezarán a trabajar en octubre.

Cifuentes manifestó que tras varios años en los que el número de viajeros ha caído en torno al 20% entre 2008 y 2013, la tendencia ya está cambiando. En 2014 Metro registró un aumento de los viajeros del 0,5%, mientras que, en lo que respecta a 2015, en septiembre se ha cumplido el séptimo mes consecutivo de incremento de la demanda, con un 1,9%, mientras que en agosto el aumento alcanzó el 3,59%.

CCOO LAMENTA QUE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) DEJE DE SER LA ÚNICA QUE MANTIENE AL PERSONAL TRAS VARIOS DESPIDOS

La organización critica que falte profesorado para tutorizar todos los trabajos de fin de grado

El sindicato CCOO denuncia “el inicio de despidos” en la Universidad de La Laguna (ULL) y teme que este “cambio de tendencia en la política institucional abra la puerta a la supresión de puestos de trabajo”. Según indica el portavoz del sindicato en la ULL, Alberto Marín, “no hay argumento para justificar estos despidos, sino que se basa en propuestas del departamento” y añade que “se trata docentes asociados a los que se les ha comunicado su baja”.

Marín admite que se trata de pocos docentes pero insiste en que “el temor es que a partir de ahora sean más, una vez que ya la Universidad de La Laguna ha dejado de ser la única de toda España que ha mantenido su plantilla durante la crisis económica”. Al respecto, fuentes del Rectorado, entiende que “no ha habido tales despidos” y aclara que “únicamente ha habido una plaza que no se renovó por decisión del propio Consejo de Departamento”.

Además, CCOO añade que “no sobran es más” sino que incluso alerta de “la necesidad de plantilla, que se hace patente en los problemas que hay en algunas titulaciones para que todos los estudiantes dispongan de tutor de trabajo de fin de grado”.

En ese sentido, la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado está trabajando para presentar un borrador de reglamento para debatir en la comunidad universitaria, según fuentes rectorales.

Marín confirma esta circunstancia: “Nos han dicho que hay un borrador pero estamos a la espera de que se reúnan con nosotros para debatirlo”, afirma el portavoz sindical antes de concluir que “este problema, si no se soluciona, irá a más cada año académico”.

LOS ENFERMEROS APLAZAN LA HUELGA

La Mesa de la Profesión Sanitaria anunció que aplaza las movilizaciones previstas y la huelga inminente que pensaban llevar a cabo, tras reunirse con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que les ha adelantado que el próximo Consejo de Ministros dará luz verde al decreto que regula la prescripción enfermera.

Así lo ha confirmado, al término de la reunión, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, quien ha subrayado que el Gobierno “va a cumplir su compromiso”, y ha excusado el retraso de la aprobación del real decreto en que algunos Ministerios habían realizado ciertas observaciones a las que ya se ha dado respuesta. “Entiendo que los enfermeros tengan dudas sobre la viabilidad del proyecto, pero insisto en que hemos reafirmado el compromiso que tenemos con ellos”, ha destacado Moreno.

Ha señalado que la prescripción enfermera es un proyecto “largamente esperado” por este colectivo, puesto que “clarifica” algunas cuestiones y no entra en colisión con otros profesionales, pero ha añadido que “cuando alguien demanda algo durante mucho tiempo, es lógico que cualquier retraso se ponga muy en evidencia”.

Tanto Máximo González, presidente del Consejo General de Enfermería como Víctor Aznar, presidente del Sindicato de Enfermería (Satse), declararon tras reunirse con el ministro y el secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, que “damos un voto de confianza al ministro” y posponen cualquier decisión hasta el lunes.

Si el Consejo de Ministros no aprueba el decreto que permite a los enfermeros dispensar medicinas y productos sanitarios, retomarán el calendario de movilizaciones y la convocatoria de huelga indefinida, lo que podría poner en peligro la campaña de vacunación de la gripe.

“Si la enfermera se limita a hacer lo que la ley establece, se bloquearía el sistema sanitario”, ha advertido González Jurado, que ha señalado que la aprobación de este real decreto permitiría a los enfermeros evaluar al paciente y administrarle la vacuna sin que tenga que pasar antes por el médico.

“Los enfermeros realizan millones de actos de intrusismo profesional cada vez que toman una decisión respecto de un medicamento sin consultarlo al médico”, ha subrayado para después asegurar que estos profesionales no seguirán “sosteniendo sobre sus hombros una ilegalidad manifiesta”.

MARCHA NEGRA A MADRID DE LOS TRABAJADORES DE LAS BRIGADAS DE REFUERZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS (BRIF)

86 días de huelga de las BRIF para hacerle llegar a la Ministra la necesidad de condiciones laborales dignas

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, recibió en la sede del Ministerio a los representantes de las brigadas de refuerzo de extinción de incendios (Brif), que tras siete días de movilización llegaron al centro de Madrid en lo que llamaron la “marcha negra” para reivindicar mejoras en sus condiciones laborales.

El Ministerio, que reconoció que el encuentro se desarrolló en un ambiente de “cordialidad”, se comprometió a analizar “en profundidad” la documentación que el colectivo les hará llegar “próximamente” explicando las motivaciones de sus reivindicaciones “para conocer un poco más de cerca la realidad y cómo la ven las Brif en el desempeño de sus labores”, según manifestó tras la reunión el subsecretario del Ministerio, Jaime Haddad, quien avanzó no obstante que el gabinete que dirige García Tejerina tiene un “papel muy limitado” en este asunto porque “el Ministerio no puede intermediar y no puede sustituir la voluntad negociadora”, aclaró.

“Cualquier intromisión podría plantear problemas por lo que creo que las negociaciones hay dejar que se lleven entre las partes que tienen el poder para llegar a acuerdos y cumplirlos y cuantas menos intromisiones haya en ese tipo de negociaciones mejor”, apeló.

Respecto a la encomienda, el Ministerio permanecerá a la espera de que se produzca un acuerdo con el compromiso y “voluntad de adaptar esa encomienda a lo que acuerde la empresa con el colectivo”, para lo que sí han pedido “un esfuerzo a ambas partes en la negociación” para acabar con una situación que “no beneficia a nadie”.

Por su parte, los representantes de las Brif se felicitaron por haber conseguido este encuentro “después de 86 días de huelga”, aunque salieron con la sensación de que la ministra no tenía toda la información porque pensaba, según estos trabajadores, que no querían formar parte de la prevención y limitarse a la extinción. “Nada más lejos de la realidad”, incidió Santiago Terol, presidente de la Asociación de trabajadores de las Brif, por lo que manifestó que “hubiese sido útil que nos hubiéramos reunido, hace días, antes de la huelga incluso”.

Mientras, aseguran que utilizarán todos los recursos a su alcance “para intentar llegar a acuerdos y soluciones” aunque por lo demás, “la huelga continúa”, avanzó.

Tras siete etapas repartidas en 185 kilómetros, los miembros de las Brif afrontaron la última jornada, que partió del polideportivo Alfredo Goyeneche de Aravaca para llegar a primera hora de la tarde al final de su recorrido en el centro de Madrid, frente a la estación de Atocha, donde se encuentra la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Una marcha de protesta con la buscan dignificar su profesión y que arrancó tras una huelga indefinida de casi 80 días. Su principal reclamación pasa por lograr el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la segunda actividad para operarios que no puedan estar en la primera línea del fuego, además de unos salarios dignos.

EL CIERRE DEL JUREL ABOCA A LA FLOTA DEL CERCO DE BUEU A AMARRAR LO QUE RESTA DE AÑO

Los armadores secundan la huelga que convoca Acerga

Piden cuotas “dignas” para “poder vivir todo el año”

La flota del cerco de Bueu vuelve a ver amenazada su viabilidad. Los cinco barcos que se dedican a este arte permanecen amarrados a puerto, secundando el paro acordado en una larga y tensa asamblea de la Asociación do Cerco de Galicia (Acerga) en Portosín.

Los armadores del “Manolito Tres”, “Marín de Bueu”, “Cristo da Laxe”, “Dos Meros” y “Segundo Dosmil” acudieron juntos a la Capitanía Marítima del puerto buenense para entregar los roles mientras dure esta huelga. “Queremos que se amplíe el cupo, con unas cuotas dignas que nos permitan vivir todo el año”, concuerdan los cerqueiros de la localidad, que tenían previsto acudir a la concentración en Portosín.

Este año está resultando especialmente complicado para ellos. Primero por las cuotas de la caballa o xarda y ahora por las del jurel. La Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Medio Ambiente, comunicó que la reserva de jurel asignada a la zona IX A (desde Fisterra hasta el sur de la fachada atlántica) se había agotado y que se había agotado un 10% del próximo año 2016.

Esto significa que la flota está condenada al amarre durante un periodo de dos meses y medio porque no hay posibilidad de que la flota vaya a otra especie. La cuota de caballa está agotada y aunque la de la sardina está abierta en estos momentos no hay población en esta zona.

Los armadores buenenses, al igual que sus compañeros del resto de Galicia, exigen que se amplíen los topes del jurel para este año y defienden que es algo perfectamente viable desde el punto de vista biológico. “Solo hay que salir a la punta del muelle para encontrarse el mar lleno de xurelo”, afirman. Si no hay un aumento en esos topes la flota se enfrenta a dos meses y medio en el dique seco. “No estamos hablando de dos semanas.

Dos meses y medio es mucho tiempo para estar parados. La otra opción era salir al mar a robar para poder vivir”, se quejan. Esto afectará también a sus tripulaciones. En algunos casos los contratos son por campaña, con lo que los marineros se irían al paro. En el caso de los “fijos” la única opción viable sería un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal.

El problema de fondo es el sistema de reparto de las cuotas, que ahora otorga un tope a cada barco y no siempre con criterios transparentes. “No puede ser que en el mismo puerto haya quien tenga asignados 60.000 kilos y otro solo 10.000”, critican.

Por eso el sector defiende un sistema de reparto con criterios lineales y objetivos, tal como ocurre con otras pesquerías. Esto es, que se establezcan límites diarios de capturas en función del número de tripulantes enrolados a bordo y del número de GT’s de la embarcación. “No puede ser lo mismo un barco con tres o cuatro tripulantes que otro con doce”, argumentan.

La flota hace responsable de esta situación a la Administración por el sistema de reparto de cuotas entre los países de la Unión Europea, en el que España y la flota gallega han salido perjudicadas. “Esto se parece mucho al festival de Eurovisión.

Nosotros votamos a favor de los demás y luego da igual lo bien que cantemos nosotros, que el resto de países europeos de votan entre ellos dejando a España y Portugal sin nada”, ejemplifican no sin un punto de ironía.

EL BBVA Y LOS SINDICATOS FIRMAN EL ERE DE CATALUNYACAIXA

Barcelona

Los despidos forzosos tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado

El BBVA ha comunicado formalmente a la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 1.557 trabajadores de la plantilla de CatalunyaCaixa. La empresa y los representantes de los trabajadores han firmado el acuerdo definitivo en el que se incluye la forma en la que se producirán los traslados de parte de la plantilla excedente que afecta a 491 plazas.

A partir de ahora el banco dará a conocer cuáles y donde se encuentra las plazas que se incluyen en los traslados. Empresa y trabajadores tendrán hasta el 13 de noviembre para encajar las vacantes con el posible interés de los empleados. Si al cabo del plazo señalado no se han cubierto todas las plazas, la diferencia será despidos con una indemnización de 30 días por año trabajado, sin primas adicionales por antigüedad.

De hecho, se trata de una propuesta similar a la formulada por el BBVA para las bajas voluntarias. El banco pagará 30 días por año trabajado con un máximo de 30 mensualidades. Pero el grueso de las bajas recaerá en las prejubilaciones —631— para quienes tengan por lo menos 55 años en 2016.

Las prejubilaciones se efectuarán con un 70% del sueldo y convenio especial hasta los 63 años. Además se han pactado 150 excedencias de cinco años con un salario mínimo de 1.000 euros, 75 dimisiones voluntarias y los despidos que completen la cifra.

LOS TRABAJADORES DE TRAGSATEC NO SABEN SI EL ERE SEGUIRÁ ADELANTE

Tras la decisión del supremo que avala los despidos

La directiva ha trasladado al comité que la propuesta se va a evaluar. Podría prolongarse hasta principios del 2016.

Imagen de trabajadores de Tragsatec concentrados en la sede de la empresa ->

http://zetaestaticos.com/extremadura/img/noticias/0/897/897869_1.jpg

La incógnita sobre el futuro de los 86 trabajadores de Tragsatec afectados en Extremadura por el despido colectivo se mantiene. Después de que el Tribunal Supremo comunicara la decisión que avala el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la empresa, la decisión parece que no será inmediata e incluso podría estar en el aire hasta principios del 2016, según los cálculos de los representantes sindicales.

Un día después de conocerse la decisión judicial, los representantes de los trabajadores preguntaron a la empresa por la posición que mantendrán. “No tienen claro qué actitud van a tomar y si aplicarán o no el ERE”, explica el presidente del comité de empresa, Pedro Gómez (CSIF), sobre la respuesta que obtuvieron.

Los sindicatos inciden en que las condiciones actuales de la empresa “distan mucho” de los datos bajo los que se planteó el despido colectivo. “Ha mejorado a nivel económico y hay trabajo suficiente para que todos los trabajadores estén en sus puestos”, reseñan. De hecho, con la problemática que supone la tuberculosis bovina animal “no se entendería hablar de extinguir 86 contratos”, señalan sindicatos y trabajadores afectados.

Negociar

El representante de UGT, Luis Aguilar, no se muestra optimista y augura una posible negociación entre la empresa y los trabajadores “complicada”, tras la decisión judicial. Apela a que, de seguir adelante con los despidos, “si justifica que sobran 86 empleos”, se planteen soluciones y alternativas a los trabajadores como trasladarlos. “Quizás 30 se pueden recolocar ofreciéndoles esa posibilidad”, subraya.

En todo caso, Tragsa y la filial Tragsatec, tienen aún tiempo para tomar la decisión. El primer paso es que se publique la sentencia del Supremo, que puede tardar aún días. Después se abrirá un periodo de alegaciones, y si las hubiera, será después de que se resuelvan cuando la empresa deberá decidir entre seguir adelante con el despido colectivo o aparcarlo de forma definitiva.

Eso podría prolongar el proceso durante más de dos meses, según calculan los sindicatos, lo que retrasaría la decisión hasta principios del 2016. “Nosotros lo que pedimos es que las decisiones se tomen a la mayor brevedad posible, porque detrás de esos puestos de trabajo hay personas que tienen su vida y tienen que organizarse”, explican desde el comité de empresa.

ELCOGAS OFRECE 26 DÍAS POR AÑO PARA LOS AFECTADOS POR EL ERE Y PREJUBILAR A LOS MAYORES DE 60

Puertollano

Los sindicatos ven «ridícula» la propuesta e insisten en la necesidad de una moratoria para el expediente de cierre, que será analizado por el Consejo de Administración

La cuarta reunión del periodo de consultas del expediente de regulación de empleo de carácter extintivo para los 143 trabajadores que componen la plantilla de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano, explotada por Elcogas, sirvió para que la compañía comunicara al comité de empresa y a representantes de los sindicatos Fitag-UGT y CCOO-Industria las indemnizaciones de los afectados por el ERE.

La propuesta de la empresa consiste en 26 días por año trabajado durante un máximo de quince meses para aquellos empleados menores de 60 años de edad y prejubilaciones con un 70 por ciento del salario actual para aquellos que tengan entre 60 y 63 años.

Fuentes de Elcogas consultadas por este diario destacaron que esta propuesta supone una «mejora» de seis días y de tres meses sobre la legislación actual, que marca que indemnizaciones de 20 días por año trabajado durante un máximo de doce meses.

Cabe recordar que la previsión de la empresa es que el ERE afecte a más del 80 por ciento de la plantilla en un primer momento, quedando algo más de una veintena de trabajadores diferidos para gestionar el cierre de la planta, principalmente del área administrativa y responsables de otros departamentos, que serían despedidos más adelante con las mismas condiciones que los demás.

Por su parte, los trabajadores insistieron en que no aceptan hablar de cierre ni de despidos al considerar que Elcogas «es viable» y que «aún hay tiempo para buscar soluciones».

Agustín Pérez Expósito, secretario general de Fitag-UGT de Castilla-La Mancha y presente en la mesa de negociaciones, explicó a La Tribuna que la propuesta de indemnizaciones «es ridícula para una empresa cuyos socios tienen beneficios millonarios» y añadió que «nosotros seguimos apostando por que la planta no cierre; pero si finalmente lo hiciera, pediremos a la empresa que apueste por recolocaciones y no por despidos».

Por otro lado, los representantes de los trabajadores esperaban una respuesta por parte de Elcogas sobre la posibilidad de solicitar una moratoria para el expediente de cierre de la central termoeléctrica GICC, que cumple el día 31 de este mes.

Desde la compañía se les comunicó que la mesa de negociación del ERE «no es el marco para negociar este tipo de cuestiones», si bien se comprometió a dar traslado de esta propuesta al Consejo de Administración. Todo apunta a que este órgano se reunirá con carácter extraordinario para analizar esta propuesta, mientras que la próxima reunión sobre el ERE tendrá lugar en unos días.

FAHIME PLANTEA A LOS SINDICATOS UN ERE DE EXTINCIÓN PARA SUS 92 TRABAJADORES

Agencia EFE

El grupo empresarial Fahime, dedicado a la producción de bienes de equipo, ha planteado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para toda su plantilla integrada por 92 empleados que trabajan en las cuatro sociedades que dependen de la compañía matriz.

Según han informado fuentes sindicales, el ERE se encuentra en fase de consultas hasta el próximo 5 de noviembre y los sindicatos representados en el comité de empresa (UGT, CCOO y CSI) han mostrado ya su rechazo a esta medida, postura que reiterarán en la próxima reunión con la dirección.

Las mismas fuentes han señalado que, tras esa reunión, los sindicatos convocarán a una asamblea a toda la plantilla en las instalaciones de la compañía en el polígono de Tabaza, en Carreño.

Según los sindicatos, la empresa justifica el ERE de extinción en los resultados de los últimos años a partir de unas cuentas que, según la CSI, “no están tan claras y necesitan de un análisis a fondo” y que atribuyen “a una pésima gestión empresarial”.

El grupo Fahime, integrado por las sociedades Mecafran, Caldefran y Serton -dedicadas a actividades de Calderería y Mecanización- y la comercial Marande, propietaria de las instalaciones, venía exportando más del 90 por ciento de su producción a países como Noruega, Alemania, Austria o Francia.

CONCENTRACIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN LABORAL A LAS MUJERES EN EL CENTRO GERONTOLÓGICO JOVELLANOS. ¡BASTA YA DE ACOSO LABORAL A LAS MUJERES TRABAJADORAS!.

Martes 27 de Octubre. 19:00 H. Parque Zarracina. Xixón. Asturies.

Convocan: CSI y Muyeres En Llucha

La convocatoria de elecciones sindicales en el Centro Gerontológico Jovellanos de Xixón y la interposición de denuncias laborales ante la Inspección de Trabajo, ha tenido como consecuencia aplicación de sanciones, acoso laboral y coacciones, por parte de la empresa, sobre las trabajadoras en general, sobre las impulsoras de la celebración de las elecciones sindicales y, especialmente, sobre las trabajadoras pertenecientes al sindicato Corriente Sindical d’Izquierda, entre las que se encuentra su delegada sindical en el Comité de Empresa.

Estas trabajadoras interpusieron numerosas denuncias ante la Inspección de Trabajo, en relación a temas como:

– Que no se realizan reconocimientos médicos relativos al puesto de trabajo que desempeñan las trabajadoras (posturas forzadas, levantamiento de pesos, etc.), con lo cual es imposible la aportación de justificantes de dichos reconocimientos por parte de la empresa.

– Que se está sancionando a las personas que promovieron las elecciones sindicales con faltas graves y sin justificación ninguna.

– Que la empresa no suministra a las trabajadoras el material necesario para realizar el trabajo en unas condiciones dignas mínimas de higiene y seguridad.

– Que la empresa instala cámaras de vídeo vigilancia por toda la residencia sin señalización ni indicación ninguna.

– Que las trabajadoras están obligadas a desarrollar trabajos administrativos fuera de la jornada laboral.

Ahora, dos trabajadores han sido sancionados con un mes de empleo y sueldo y con quince días de empleo y sueldo, respectivamente, por faltas inexistentes e inventadas por la empresa.

Da la ¿casualidad? de que una de las trabajadoras es la Delegada Sindical de la Corriente Sindical d’Izquierda en el centro gerontológico Jovellanos y la otra trabajadora es afiliada al mismo sindicato.

Además, fueron las trabajadoras que promovieron las elecciones sindicales en el centro y denunció repetidamente, ante la Inspección de Trabajo, las ilegalidades laborales, los abusos empresariales, las sanciones injustificadas, el acoso laboral, las amenazas y las coacciones, por parte de la empresa, sobre las trabajadoras en general, sobre las impulsoras de la celebración de las elecciones sindicales y, especialmente, sobre las trabajadoras pertenecientes al sindicato Corriente Sindical d’Izquierda

Las condiciones de trabajo para estas trabajadoras se hacen insoportables (estando incluso algunas de ellas de baja por depresión, ansiedad, etc.), teniendo que soportar actitudes, por parte de la empresa, tan graves como un seguimiento exhaustivo por parte de la supervisora desde que empieza la jornada hasta que termina, situándose incluso a dos metros de las trabajadoras.

Además a estas trabajadoras se les aísla sistemáticamente en el trabajo en estancias donde ellas se encuentran solas con pacientes con alto grado de dependencia. A estas trabajadoras de la CSI se les amenazó varias veces con el despido y un “atente a las consecuencias, no me va a temblar la mano” por el hecho de promover las elecciones sindicales para tener un comité de empresa y unas delegadas de prevención inexistentes hasta ese momento.

IMPAGOS Y RECORTES: LA PLANTILLA DE ZETA PIDE RESPUESTAS A AGUSTÍ CORDÓN

La Coordinadora de Comités de Empresa de Grupo Zeta ha recordado al nuevo consejero delegado Agustín Cordón la serie de problemas con los que se está enfrentando la plantilla en las últimas semanas.

Los trabajadores hablan de un ‘repunte preocupante’ de la conflictividad laboral y piden respuestas y una reunión con el nuevo encargado de la compañía.

Los trabajadores hablan de despidos en el Grupo Zeta, impago en las prejubilaciones de Dispesa, segregación de ‘El Periódico’ y recorta ‘salvaje’ de pluses en el diario Sport.

La coordinadora espera que Agustí Cordón –que sustituyó al fallecido Juan Llopart- explique los ‘grandes cambios’ que está llevando a cabo la empresa para refinanciar su deuda, separarla en dos partes y crear una dirección general digital. En el caso de la ‘conflictividad laboral’ han denunciado el impago de prejubilaciones tras los despidos de la sociedad disuelta Distribuciones Periódicas, S.A. (Dispesa), que suscribió un plan de bajas incentivadas y prejubilaciones y que está encontrando problemas en el cobro de parte de sus cantidades comprometidas.

En cuanto a la segregación de ‘El Periódico de Catalunya’, indica que este proceso se está suscribiendo sin plenas garantías. ‘El principal conflicto es que la empresa no quiere garantizar al personal subrogado que Grupo Zeta sigue ofreciéndoles garantías laborales, algo que sí que ha hecho para la banca, a la cual sí que ofrece garantías mercantiles’, han indicado.

El tercer punto en discordia es el recorte de pluses en el diario Sport, la empresa ha llevado a cabo una aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar varios pluses de convenio además de rebajar categorías profesionales e introducir cambios de funciones ‘con la intención de que los redactores puedan hacer cualquier tipo de tarea’. Indican que este conflicto está estancado.

Del mismo modo, en las últimas semanas se han comunicado algunos despidos y reubicaciones en el área de revistas donde consideran que hay una confusión en la apuesta digital de algunas cabeceras y la inversión en papel, donde –recuerdan- siguen generándose la mayoría de los ingresos. Piden también claridad en los cambios que se están produciendo en la alta dirección y en los cambios estructurales de la deuda.

LA OLEADA DE CIERRES DE LA AUTOMOCIÓN PONE EN JAQUE UN MILLAR DE EMPLEOS

CC OO pide a la Generalitat un plan de choque urgente para salvar el tejido productivo

Concentración de trabajadores de Valeo delante de la fábrica de Nissan en Barcelona

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La industria catalana dejó atrás los números rojos en 2013 y permitió que la economía volviera a respirar. La mejora, sin embargo, no puso punto y final a las crisis empresariales. Aun hoy, cuando los índices de producción industrial siguen ascendiendo, se siguen sucediendo anuncios de cierres, reestructuraciones y despidos, en especial en el sector de los componentes de automoción.

La industria afronta ahora los casos de Valeo, Autoliv, Schlegel Taliana, CSA Automotive o Solvay. Más de mil empleos están en juego. CC OO reclama un plan de choque urgente para salvar el deterioro del tejido productivo, mientras que los alcaldes del Baix Llobregat reclaman a las Administraciones que intervengan en la crisis de Seat.

El escándalo de Volkswagen ha hecho crecer la inquietud entre patronales, sindicatos y Ayuntamientos, que temen que ponga en peligro las inversiones previstas en la planta de Martorell de Seat, de más de 3.300 millones de euros. Los alcaldes del Baix Llobregat han presentado un manifiesto junto a las patronales y los sindicatos CC OO y UGT en defensa de las inversiones en el sector del automóvil en la comarca e instaron a las Administraciones a tener “una actitud activa” con la crisis de Seat.

Solo con las crisis que hay encima de la mesa hay más de mil puestos de trabajo en juego. Una de las mayores crisis ha sido la de Valeo, que pretende trasladar su producción de la planta de Martorelles (Vallès Oriental) a Zaragoza. La dirección de la factoría ha aceptado ante los sindicatos que buscaría alternativas industriales para la planta. Sin embargo, los problemas no se quedan ahí.

Riesgos en Solvay

El centro de Inovyn-Solvay de Martorell también se halla a la espera de que la dirección mundial del grupo decida si invertirá en esa unidad. A pesar de que TV3 dio por hecho el cierre de la fábrica, tanto la dirección como los sindicatos afirmaron que no hay una decisión tomada sobre la llegada de nuevas inversiones.

Antoni Garrell, vicepresidente de la Fundació per la Indústria, asegura que esta crisis se explica por tres circunstancias: el débil crecimiento de la zona euro a pesar de la caída del precio de las materias primas y del petróleo; el empeoramiento de las economías emergentes y, sobre todo, la situación en China. “La incertidumbre global, la huella ecológica o la disponibilidad financiera están suponiendo un replanteamiento de los modelos de producción, que puede pasar por no hacer tiradas tan largas o bien no tener fábricas tan lejos”, explica Garrell.

El hecho de que las decisiones de producción se tomen en Londres, Tokio o Bruselas no ayuda a las fábricas catalanas. A las matrices les cuesta menos cerrar una empresa de otro país que en el propio. “La forma de combatirlo es propiciando que nuestras compañías crezcan, ya sea de forma individual o mediante uniones, para afrontar los mercados internacionales”, añade Garrell.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Javier Pacheco, sostiene que los cierres y despidos planteados en los últimos meses se deben a “la reestructuración” que se ha producido en el “mapa del parque de proveedores” de la automoción, lo cual les ha llevado a “tomar decisiones para resituar su estrategia productiva”. “Estas empresas, que tienen un tamaño medio, se concentran en el mismo territorio, con el impacto laboral que suponen sus decisiones”, afirma Pacheco.

El líder de la federación de Industria de CC OO recuerda que el sindicato ya ha pedido al Gobierno catalán que intervenga en esta crisis industrial con un plan de choque que debe ser aplicado de forma urgente. Pacheco critica, además, la falta de política industrial del Ejecutivo. “Anuncian ocho ejes sobre los que actuar pero reducen la inversión un 20%”, lamenta.

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