Publicado en: 24 agosto, 2018

Boletín de Luchas Obreras (24 de Agosto de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Boletín de Luchas Obreras (24 de Agosto de 2018)

ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • EN MAREA PIDE QUE NO SE ABANDONE LA NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES FORESTALES
  • SEGUIMIENTO MAYORITARIO EN LA 2ª JORNADA DE HUELGA DE TELEASISTENCIA DE MOVISTAR
  • LOS TRIPULANTES DE CABINA DE RYANAIR AMENAZAN CON UNA NUEVA HUELGA EUROPEA EN SEPTIEMBRE
  • USOC VALORA COMO “UN ÉXITO” LAS DOS PRIMERAS JORNADAS DE HUELGA EN FINNAIR
  • LA RECOMPENSA DE LAS KELLYS: UNA REFORMA LEGAL BENEFICIARÁ A LAS MUJERES LIMPIADORAS DE HOTELES
  • ARCOS PLANEA LLEVAR SUS BASURAS A OTRA PLANTA ANTE LA HUELGA DE LAS CALANDRIAS
  • DESCONVOCADA LA HUELGA EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LAS CALANDRIAS
  • LA HUELGA DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN BARAJAS NO SE SOLUCIONA
  • LA PLANTILLA DE VESTAS EN VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) MANTENDRÁ LA CONVOCATORIA DE HUELGA HASTA QUE LA EMPRESA SE SIENTE A NEGOCIAR
  • LAS CONDICIONES LABORALES EN LA NUEVA LIMASA, PENDIENTES DE UN JUZGADO
  • CGT LLEVARÁ A LA FISCALÍA LA SITUACIÓN DE SALUD RESPONDE EN JAEN
  • UGT DENUNCIA AL DUEÑO DE SARGADELOS POR «CHANTAJE Y COACCIÓN» EN MEDIO DE LOS DESPIDOS
  • BANKIA, CONDENADA POR EL DESPIDO “ARBITRARIO” DE UNA TRABAJADORA EN EL ERE DE 2013 TRAS UNA BAJA POR MATERNIDAD

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

– Acuerdo relativo a la prórroga de la ultraactividad del Convenio Colectivo de Compañía Trasmediterránea, SA y su personal de flota. (VER PDF)

– Acta de modificación del Convenio Colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL. (VER PDF)

– Acuerdo de modificación del Convenio Colectivo de NCR España, SL. (VER PDF)

– Convenio Colectivo de Hottelia Externalización, SL. (VER PDF)

EN MAREA PIDE QUE NO SE ABANDONE LA NEGOCIACIÓN CON LOS AGENTES FORESTALES

Álvaro Rodríguez – Cadena SER

El diputado ourensano David Rodríguez se reunía con representantes del colectivo, en huelga indefinida desde principios de agosto

El diputado ourensano David Rodríguez mantenía un encuentro con representantes de este colectivo, en huelga indefinida desde el pasado uno de agosto, y pedía al término que se desbloquee el conflicto. Considera legítimas sus reivindicaciones salariales y llamaba la atención sobre los equipamientos de los agentes forestales, que muchas veces, a su juicio, están si actualizar.

Reconoce sin embargo Rodríguez que no va a ser fácil encontrar una solución, al estar las competencias de los agentes repartidas entre tres consellerías del gobierno autonómico. Aún así, afirma que seguirán trabajando para que no se abandonen las negociaciones

En estos momentos, los servicios mínimos de la huelga están marcados en un 100%; por lo que los agentes denuncian que, en la práctica, están dejando la huelga sin efecto.

SEGUIMIENTO MAYORITARIO EN LA 2ª JORNADA DE HUELGA DE TELEASISTENCIA DE MOVISTAR

EFE – A Coruña

La segunda jornada huelga de veinticuatro horas convocada por el comité de empresa de Atento en A Coruña, compañía que presta servicios de asistencia y atención telefónica para Movistar, tiene un seguimiento mayoritario, han informado fuentes sindicales.

Las reivindicaciones que empezaron en mayo con paros de una hora cada lunes tienen continuidad con un paro de veinticuatro horas, el segundo tras otro celebrado en julio, con un seguimiento muy superior al cincuenta por ciento en el turno de mañana.

Los trabajadores de Atento en A Coruña, medio millar de personas que desarrollan su actividad en los teléfonos de Movistar 1004 -de atención a particulares-, 1002 -de asistencia y soporte técnico- y 1489 -de asistencia a empresas-, continúan con sus reclamaciones históricas tras encontrarse “con los mismos resultados en el test de riesgos psicosociales”, que “no son malos, son peores”.

La portavoz del sindicato USO en Atento, Merche Barrera, ha detallado que la carga de trabajo y el estrés son dos de los principales puntos a combatir por estos paros, realizados “a demanda de los trabajadores”.

“Pedimos cosas bastante básicas, recogidas en el convenio, como el tiempo administrativo entre llamadas, que no se está respetando y genera sobrecarga de trabajo y estrés”, ha comentado.

Ha revelado también que “las herramientas de trabajo se modifican continuamente y no siempre funcionan bien”, lo que provoca una situación de estrés que se agrava al tener que cumplir un “tiempo medio de operación”.

Los trabajadores tampoco pueden hacer sus pausas cuando desean, sino que están a expensas del volumen de actividad, denuncia.

Suma, a todo esto, “despidos, sanciones y amonestaciones” o el hecho de que las vacaciones “se asignan de manera unilateral por la empresa, por lo que es imposible conciliar”.

Aunque de manera inicial los trabajadores empezaron con paros de una hora, “porque con unos sueldos medios de ochocientos euros no es posible permitirse grandes lujos”, de manera puntual se organizan estas huelgas de veinticuatro horas.

La meta final es revertir una situación que “en periodo vacacional se está agravando”, concluye la portavoz sindical.

LOS TRIPULANTES DE CABINA DE RYANAIR AMENAZAN CON UNA NUEVA HUELGA EUROPEA EN SEPTIEMBRE

Mónica Martín – eldiario.es

Ante la negativa de la aerolínea a regirse por la legislación laboral del país en el que opera, los sindicatos se reunirán en septiembre para acordar una fecha de nuevos paros conjuntos en varios países

En España, USO y SITCPLA demandarán a Ryanair ante la Audiencia Nacional por “vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores”

Los sindicatos europeos han enviado una carta a los accionistas de la compañía en la que exigen un “cambio del modelo de negocio” de Ryanair que garantice “los derechos de trabajadores y pasajeros”

Los tripulantes de cabina de Ryanair convocarán más huelgas en septiembre ante la negativa de la aerolínea a regirse por la legislación laboral del país en el que opera, según han confirmado fuentes sindicales a eldiario.es.

A principios de septiembre, los representantes de los trabajadores de Ryanair en España (USO y SITCPLA), Portugal (SNPVAC), Bélgica (CNE-CSC) e Italia (UIL FILT-CGIL) se reunirán en Roma para valorar las últimas jornadas de huelga y fijar de manera conjunta la fecha para la próxima movilización que tienen prevista para ese mismo mes.

Los sindicatos USO y SITCPLA denunciarán también ante la Audiencia Nacional a la aerolínea por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores que ejercieron el derecho a huelga el pasado 25 y 26 de julio.

Entre los motivos se encuentran las “coacciones a los trabajadores e incumplimiento de la Ley Orgánica de Libertad Sindical”, explica Antonio Escobar, portavoz de SITCPLA. “Ryanair no tiene cultura social y Bruselas mira hacia otro lado”, añade. El sindicato USO ya ha registrado una demanda contra los servicios mínimos fijados por Fomento al considerarlos “excesivos y abusivos”.

Además, los sindicatos europeos han enviado una carta conjunta a los accionistas de la aerolínea demandando soluciones ante “las continuas vulneraciones en derechos laborales de los trabajadores”. También exigen un cambio en el modelo de negocio que ” respete la legislación europea”, indica el sindicato USO en un comunicado.

Los representantes sindicales subrayan en el escrito las malas prácticas ejercidas por la compañía irlandesa sobre los empleados, entre ellas, “el envío de cartas intimidatorias a los trabajadores que han ejercido su derecho a huelga, amenazas con recortar empleos en los países que convocaron paros y sanciones a trabajadores con baja médica”, destaca Ernesto Iglesias, responsable de vuelo de USO.

Desde Ryanair responden que estas cartas “serán ignoradas tanto por Ryanair como por nuestros accionistas”. Fuentes de la aerolínea defienden que “estas afirmaciones son falsas, hechas por sindicatos más pequeños, muchos de ellos no reconocidos por Ryanair”. La compañía aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de nuevos paros del personal de cabina en septiembre.

“Ryanair no conoce el funcionamiento de los sindicatos en este país, los sindicatos representan a los trabajadores, no son espías de la competencia”, explicó Iglesias durante la última huelga de la aerolínea en España. Señaló que la compañía tampoco quería “eliminar la temporalidad y las diferencias salariales entre colectivos”.

Los sindicatos manifiestan su “máxima disposición” para negociar y llaman al “diálogo en el que estén representados los interlocutores designados por las propias organizaciones sindicales y no por la empresa”. Una cuestión “ilegal” en la legislación española, ya que vulnera la Ley Orgánica de Libertad Sindical, afirma USO.

Los trabajadores advierten que “no se darán por vencidos hasta que la empresa cambie” e instan a los accionistas a que tomen parte en esta situación y contribuyan a la solución del conflicto.

Un verano marcado por huelgas

No es la primera vez que los trabajadores de la compañía van a la huelga en estos términos. La posibilidad de una nueva huelga en septiembre llega tras la última convocatoria del pasado 10 de agosto – la mayor huelga de pilotos de la historia de la aerolínea– y los paros convocados en España el 25 y 26 de julio por los TCP tras un intento fallido de acercar posturas con Ryanair en relación al reconocimiento de sus propios representantes sindicales y no los que proponga la compañía. La aerolínea tampoco tiene previsto regirse por la legislación laboral del país en el que operen sus trabajadores.

Los TPC de Ryanair contratados antes del año 2012 están obligados por contrato a cotizar bajo la Seguridad Social irlandesa, lo que no les da derecho a paro ni a una prestación por jubilación en España, tampoco a una sanidad pública.

En Irlanda tampoco tienen derecho a sanidad porque no residen allí. Como consecuencia de ello, la mayoría de los afectados tienen que contratar seguros sanitarios privados, que se costean ellos mismos para tener cobertura en España.

Además, los 1.800 trabajadores de Ryanair en España están obligados por contrato a abrir una cuenta corriente en Irlanda donde tienen que domiciliar su nómina. Por tanto, cuentan con muchas dificultades a la hora de solicitar productos financieros, como una hipoteca en España, según fuentes sindicales.

Al estar contratados bajo la legislación irlandesa, según los sindicatos, los trabajadores cuentan con menos días de vacaciones (20 días en lugar de 30) y no tienen reconocidos ciertos derechos como permisos laborales por diferentes motivos, además de la obligatoriedad de “la renuncia forzada de los trabajadores de acudir a los tribunales españoles en favor de los irlandeses”.

USOC VALORA COMO “UN ÉXITO” LAS DOS PRIMERAS JORNADAS DE HUELGA EN FINNAIR

Barcelona (EFE)

El sindicato USOC ha valorado como “un éxito” las dos primeras jornadas de huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Finnair en la base de Barcelona-El Prat, que han obligado a cancelar cinco vuelos durante el fin de semana.

En un comunicado, USOC ha indicado que todos los trabajadores de cabina de la aerolínea que no están afectados por los servicios mínimos han secundado los paros.

La plantilla de Finnair, contratada por Atlas-Adecco Outsourcing, ha decidido ir a la huelga para reclamar una mejora de sus condiciones de trabajo desde el punto de vista retributivo y profesional.

Los cincuenta trabajadores de la base barcelonesa denuncian que la empresa contratista les está aplicando la categoría profesional de auxiliares administrativos, cuando la que les correspondería es la de tripulantes de cabina.

USOC ha convocado otros cuatro días de huelga durante las próximas dos semanas -los días 25 y 26 de agosto y 1 y 2 de septiembre-, aunque empresa y sindicato mantendrán el martes día 21 una nueva reunión con la mediación de Trabajo de la Generalitat para intentar llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto.

LA RECOMPENSA DE LAS KELLYS: UNA REFORMA LEGAL BENEFICIARÁ A LAS MUJERES LIMPIADORAS DE HOTELES

Cuartopoder

La lucha de ‘las kellys’ comenzó hace unos cuantos años, cuando se levantaron en pie de guerra contra las condiciones abusivas de su trabajo. Denuncias en las que constaba que cada una de ellas debía arreglar y limpiar más de cien habitaciones al día para poder cobrar un salario mínimo, consecuencias físicas y psicológicas, y condiciones abusivas en los contratos en uno de los sectores que mueve la economía española: el turismo.

Las Kellys han peleado y han llevado su caso allá donde han podido y ahora parece que su lucha va dejando algunos frutos: el Gobierno espera que en septiembre se haga efectiva una reforma legal que proteja a los trabajadores de subcontratas, entre ellas a las mujeres que limpian los hoteles y apartamentos turísticos.

La reforma lleva dos años presentada en el Congreso de los Diputados, pero no ha sido hasta ahora cuando ha pasado a fase de ponencia. La medida se engloba dentro de la batería de reformas legislativas laborales presentadas por el PSOE. Entre ellas, también se encuentra el plan contra el fraude o algunos planes de choque contra la contratación temporal y precaria.

La propuesta se basa en la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de garantizar tanto a empresas contratistas como subcontratistas las condiciones laborales previstas en el convenio colectivo aplicado a la empresa principal. Es decir, esta modificación evitará que las empresas subcontratadas impongan condiciones laborales distintas a las que aplica la empresa contratadora, en el caso de Las Kellys, los establecimientos hoteleros.

El inicio de los trabajos en el Congreso para reformar el artículo 42 del Estatuto con el objetivo de proteger a los trabajadores de las empresas subcontratadas llegó a estar previsto en septiembre de 2017. Pero los socialistas optaron por cancelarla ante el abandono de los diputados de Esquerra Republicana y el PDeCAT al iniciarse las detenciones de cargos políticos en Cataluña, relacionadas con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre del pasado año.

Sin el voto favorable de ERC y PDeCAT la modificación no saldría adelante.

Ahora, con una situación diferente y ánimos más calmados, esperan que sea en septiembre cuando salga adelante esta modificación. “En septiembre se aprobará probablemente esa modificación del 42.1 del Estatuto y estamos trabajando en las enfermedades profesionales”, han manifestado fuentes gubernamentales a Europa Press.

ARCOS PLANEA LLEVAR SUS BASURAS A OTRA PLANTA ANTE LA HUELGA DE LAS CALANDRIAS

LaFm

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera planea llevar las basuras del municipio a otra planta de clasificación de residuos de cara al inicio de la huelga de trabajadores y trabajadoras que va a comenzar en la planta de Las Calandrias.

Es la medida que baraja el consistorio arcense para mitigar al completo los efectos de esta movilización que afectará a El Puerto, Jerez y Rota, entre otros municipios.

Este conflicto no supondrá complicaciones para los ciudadanos, no obstante, si supone quebraderos de cabeza para los municipios que usan las instalaciones de titularidad jerezana y gestión privada, que ya plantean escenarios para esta gestión.

Según fuentes del Gobierno arcense, es la opción que se baraja para gestionar las basuras que genera el municipio. Arcos es uno de los ayuntamientos que lleva sus residuos urbanos a la planta jerezana. Como ellos, Rota y El Puerto de Santa María tienen firmados convenios con la unión temporal de empresas que lidera la multinacional Verinsur.

La huelga comenzará el lunes y, entre las reivindicaciones que figuran en la lista de los trabajadores, está la realización por parte del Ayuntamiento de Jerez y de la UTE Valoriza-Verinsur de obras para evitar problemas de seguridad en la planta.

DESCONVOCADA LA HUELGA EN LA PLANTA DE RECICLAJE DE LAS CALANDRIAS

Andalucía Información

La asamblea de trabajadores de la planta de reciclaje de Las Calandrias ha decidido esta madrugada desconvocar la huelga que comenzaba para reclamar mejoras de seguridad en las instalaciones, incrementos en los salarios conforme al IPC y un nuevo convenio colectivo.

La decisión de la plantilla viene motivada después de mantener contactos con la dirección de la empresa y alcanzar un preacuerdo el último fin de semana tras la reunión fallida en el Sercla (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía).

Según apunta CCOO en un comunicado, una vez finalizada la sesión en el Sercla sin acuerdo, después de mantener varias conversaciones telefónicas con el delegado de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, se propició una nueva reunión con la dirección de la empresa para el domingo a las 12.00 horas, cerrado un preacuerdo después de más de ocho horas de negociación y ratificado por unanimidad por la plantilla poco antes del inicio de la huelga.

Este día, después de más de ocho horas de negociación se llegó al siguiente preacuerdo, ratificado por la plantilla. Dicho documento contempla la firma de un convenio a tres años (2018-2019-2020), subida salarial en todos los conceptos retributivos del IPC real, abono a salario real en la paga de diciembre en tres años (1/3 cada año), cláusula de garantía salarial.

En cuanto a las mejoras en la estructura de la planta, la empresa ha trasladado a CCOO que ya ha contratado la empresa que se encargara de esta obra y que ya han comprado el material para la reparación de la cubierta.

CCOO agradece al conjunto de la plantilla la confianza puesta tanto en el comité de empresa como en el sindicato al considerar que sin esa unión del conjunta de la plantilla no hubiese sido posible este acuerdo.

No obstante, desde el sindicato ya han manifestado a la empresa y al Ayuntamiento que estarán muy vigilantes” para que estas obras se realicen en el menor tiempo posible y con las garantías de seguridad para el conjunto de los trabajadores.

LA HUELGA DE VIGILANTES DE SEGURIDAD EN BARAJAS NO SE SOLUCIONA

ESdiario

Alternativa Sindical e Ilunion no llegan a acuerdo y mantiene la huelga en el aeropuerto de Barajas prevista para el 24 de agosto y hasta el 3 de septiembre, en plena operación retorno.

La reunión entre Alternativa Sindical, que representa al 20% de los vigilantes de seguridad del aeropuerto Madrid-Barajas, e Ilunion en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) ha finalizado “sin acuerdo”, por lo que se mantiene la huelga anunciada entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre.

Durante la reunión, que ha durado algo más de dos horas, la empresa ha reiterado que los complementos de los trabajadores son variables, pero el sindicato exige su cumplimiento, así como que se mantenga lo pactado con la anterior concesionaria de la seguridad en los filtros en el aeropuerto madrileño.

Según ha explicado el portavoz de este sindicato Alberto García, los pluses varían en función de diversos factores, como la antigüedad o el puesto, y pueden alcanzar cifras de entre 250 o 300 euros al mes, pero se pactó con la anterior empresa adjudicataria (Prosegur) extenderlos a toda la plantilla.

Los trabajadores exigen que las empresas adjudicatarias cumplan con los pluses como los de radioscopia, rotación o productividad acordados con la patronal y Fomento en una mesa de trabajo en septiembre del año pasado.

Extensión de las movilizaciones

En cuanto a la posibilidad de que se extiendan los paros, ha apuntado que los trabajadores del Santander-Seve Ballesteros se adherirán “casi con total seguridad” a las protestas, que serán de 5 a 14 horas, porque allí cuentan con el 90% de los afiliados de Segurisa, la empresa que gestiona el control de accesos, pero la respuesta definitiva llegará tras la asamblea de trabajadores.

El portavoz del sindicato ha apuntado que todos los trabajadores de cualquier aeropuerto que dependan de Segurisa, Ilunion, Trablisa o ICTS están llamados a la huelga, como en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde Alternativa Sindical planea adherirse desde la sección estatal, pues, aunque allí son el sindicato mayoritario de Trablisa, la empresa concesionaria en Barcelona, no lo son en todo el aeropuerto.

Aena adjudicó en abril los servicios de seguridad para el conjunto de aeropuertos de la red, agrupados en lotes, por un importe total de 345,5 millones de euros por un periodo de dos años, prorrogable anualmente durante dos años más. Las empresas adjudicatarias fueron Eulen, Ilunion, Segurisa y Trablisa.

Los pliegos de licitación de los servicios de seguridad recogían las especificaciones del acuerdo alcanzado por los ministerios de Fomento, Empleo e Interior con sindicatos y empresarios sobre la contratación de servicios de seguridad privada en noviembre de 2017, tras el conflicto registrado en El Prat el pasado verano cuando los vigilantes de seguridad secundaron paros y movilizaciones en demanda de mejores condiciones laborales.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO (FTSP-USO) ha presentado ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), como paso previo a presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional, un conflicto colectivo para garantizar el abono del plus variable a los vigilantes de seguridad que presenta servicio en los aeropuertos de la red de Aena.

LA PLANTILLA DE VESTAS EN VILLADANGOS DEL PÁRAMO (LEÓN) MANTENDRÁ LA CONVOCATORIA DE HUELGA HASTA QUE LA EMPRESA SE SIENTE A NEGOCIAR

Elena F. Gordón – icalnews.com

Los trabajadores convocan una concentración en la capital para dar a conocer su situación

La plantilla de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo (León) mantiene la convocatoria de huelga indefinida, prevista en principio hasta el 31 de agosto, y prevé prorrogarla si la dirección de la compañía no da ningún paso para iniciar una negociación con los trabajadores.

LAS CONDICIONES LABORALES EN LA NUEVA LIMASA, PENDIENTES DE UN JUZGADO

Francisco Jiménez – Sur Digital (Andalucía)

Trabajadores de Limasa, en la plaza de la Constitución durante el dispositivo de feria

La maquinaria del Ayuntamiento de Málaga para la municipalización de Limasa arrancó antes del verano, pero para que la apuesta del alcalde por una gestión de la limpieza cien por cien pública quede completamente despejada aún tienen que resolverse las condiciones laborales de la plantilla.

No significa que la decisión de Francisco de la Torre pueda cambiar, pero sí que son unos flecos que pueden demorar la puesta en marcha del nuevo modelo ya que de ellos dependerán los gastos en el capítulo de personal.

El regidor aspira a que el proceso esté listo antes de que concluya el año, aunque el ritmo vendrá condicionado del juicio previsto para septiembre en el que deberían quedar sentadas las bases del nuevo convenio colectivo. «Me gustaría dejarlo despejado este año, aunque no tengo un empeño especial», remarcaba hace unos días a este periódico.

Mientras se avanza en la liquidación de la entidad, en el plano laboral hay dos cuestiones aún por concretar. Por un lado, el alcalde da por hecho –porque ésa es una de las condiciones de su propuesta– que una parte del salario (unos 2.800 euros anuales divididos en dos pagas) irá ligada a la productividad del trabajador mediante el control del absentismo, la eficiencia y la calidad en las tareas.

Pero más allá de esta remuneración variable que parece encarrilada en el fondo, aunque aún queda por determinar las formas (se ha planteado incluso la posibilidad de controlar a los operarios por GPS), el punto que queda por zanjar es si la plantilla recuperará o no los derechos perdidos durante la crisis. La cuestión no es baladí, ya que el impacto económico puede rondar los diez millones de euros anuales, sin contar los atrasos que podrían reclamarse.

El TSJA ya se pronunció

Los trabajadores cuentan a su favor con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –es firme desde mayo tras rechazar el Supremo el recurso interpuesto por Limasa– que insta a la todavía empresa mixta de limpieza (51% en manos privadas) a reponer a la plantilla las condiciones de trabajo que tenía antes del acuerdo que puso fin a la huelga de 2013, de forma que el convenio vigente es el de 2010-2012, previo a los recortes.

La intención inicial del equipo de gobierno del PP era que los trabajadores renunciaran a la aplicación de este fallo judicial logrado por un sindicato sin representación en el comité de empresa (el Sindicato de Trabajadores de la Administración Local), pero la respuesta ha sido negativa.

Así que después de abordar la cuestión en varias reuniones con las seis fuerzas que integran el comité, ambas partes han acordado jugársela a una sola carta: la que se dilucidará a partir del juicio previsto para el próximo 17 de septiembre en el Juzgado de lo Social número 12 en un procedimiento paralelo que tienen abierto –quedó en suspenso a la espera del Supremo– para determinar si los acuerdos que pusieron fin a la huelga de 2013 tienen o no rango de convenio.

Es decir, si los recortes aplicados entonces a la plantilla deben quedar consolidados en el nuevo marco laboral, como pretenden la entidad y el Ayuntamiento, o si la negociación debe partir teniendo como referencia el marco laboral vigente, que es el de 2010-2012.

Tanto unos como otros confían en que la jueza se pronuncie pronto, aunque en caso de retrasarse más de lo previsto, no descartan la posibilidad de cerrar un acuerdo con la plantilla dejando esta cuestión pendiente del dictamen judicial.

De confirmarse en los juzgados la tesis de los trabajadores, la plantilla debería recuperar todos los recortes sufridos en los últimos años: la paga de productividad (1.431 euros), descansar todos los fines de semana, disfrutar las vacaciones en verano, poder trabajar los festivos que se pagan a 140 euros, percibir el complemento a cargo de la empresa en caso de hospitalización o incapacidad hasta alcanzar el 100% de la base reguladora, recibir un uniforme completo en invierno y otro en verano y la cesta de Navidad valorada en 68 euros.

CGT LLEVARÁ A LA FISCALÍA LA SITUACIÓN DE SALUD RESPONDE EN JAEN

R. I. – Ideal Digital

El sindicato denuncia además que parte de los servicios que se prestan ahora en Jaén están en peligro y que se podrían perder puestos de trabajo

El sindicato CGT denuncio que «el abandono por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía del edificio donde se atiende normalmente la gestión telefónica del 061 y Salud Responde en Jaén, ha provocado su cierre por la inundación provocada por la lluvia, y que parte de la cartera de servicios que se ofrece desde Salud Responde ni se sabe cómo se presta desde que se decidió el desalojo del inmueble por los daños causados por la tormenta.

Además, «la asesoría jurídica de CGT ve indicios de delito en las actuaciones de los responsables de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias contra los derechos de los trabajadores, por reiniciar el servicio sin garantías para la seguridad y salud de la plantilla». El sindicato asegura que estos días trabaja en la confección de una denuncia ante la Fiscalía.

«El servicio de gestión telefónica del 061 se sigue prestando fundamentalmente desde Granada, donde ha sido trasladada la plantilla de Jaén aplicándole Ilunion Emergencias una Movilidad Geográfica ilegal, bajo el paraguas del supuesto voluntariado de los profesionales, que se están viendo obligados a poner sus propios medios de transporte y a dedicar al trabajo además de su jornada laboral el tiempo de desplazamiento.

Además, Ilunion emergencias está obligando al personal de sala 061 de Granada a atender a través del sistema informático CER (Centros en Red) las llamadas que entran desde la provincia de Jaén. Parte del servicio de Salud Responde ha sido trasladado a los centros de Indra y Atento en Sevilla y CATSA en Málaga, que inusualmente están prestando servicio en fin de semana, al estar dedicados habitualmente, en exclusiva, a la Cita Previa, de lunes a viernes», dice el sindicato en un comunicado.

A juicio de CGT «esta deslocalización generada por el absoluto abandono e irresponsabilidad de los gestores de EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias), dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, con la inestimable colaboración de su empresa comisionista amiga, Ilunion (Grupo Once), va a suponer una prueba de fuego para el centro de trabajo de Jaén, ante la posible justificación de su falta de necesidad para la gestión del servicio, especialmente la sala del 061 por el sistema informático en red, cuyo fin último no es otro que el de reducir puestos de trabajo en la gestión telefónica del 061 en toda Andalucía».

Salud Responde es la actual gestora del servicio de atención al Instituto andaluz de la Mujer, IAM, del servicio de Registro de voluntades vitales anticipadas, trasplantes… «desconociendo como se atiende durante todo el fin de semana, por lo que las mujeres andaluzas pueden estar mucho más desprotegidas ante abusos, violencia de género, así como la información para trasplantes sobre voluntades vitales, algo que habrá que agradecer a la gestión de la Consejería de Salud y a la EPES, que lo están silenciando y ocultando a la ciudadanía», dice el sindicato.

Desde CGT se hace una denuncia pública de lo que entienden es movilidad geográfica forzosa «disfrazada» a la plantilla del 061 de Jaén, la deslocalización del servicio de Salud Responde y el abandono de su cartera de servicios exclusiva, todo ello derivado de la nefasta gestión de la Dirección de la EPES y la dejación en sus instalaciones.

UGT DENUNCIA AL DUEÑO DE SARGADELOS POR «CHANTAJE Y COACCIÓN» EN MEDIO DE LOS DESPIDOS

María Cuadrado – La Voz de Galicia

La dirección recibió un escrito firmado por el 75 % de la plantilla pidiendo la salida de la exlíder del comité, como quería la empresa

Cuatro días después del anuncio público de despido de la mitad de la plantilla de la fábrica de Cerámica de Sargadelos en Cervo, continúa la incertidumbre entre el personal.

El máximo accionista y consejero delegado, Segismundo García, no descartó el posible cierre de la emblemática factoría, al mismo tiempo que anunciaba 49 despidos, de los que diez estaban previstos para ese mismo día.

Continúan las salidas.

La plantilla asiste atónita a una situación excepcional en la que el máximo accionista del grupo y el sindicato UGT se acusan mutuamente de chantaje. Mientras Segismundo García, que denuncia presiones sindicales, reitera que solo en este año el grupo ha tenido que pagar más de un millón de euros por demandas sindicales, lo que ha originado problemas de liquidez al grupo, desde UGT tenían previsto presentar una demanda ante lo que tachan de «nuevo ataque» del administrador único, a quien acusan de «chantaje y coacción» a los trabajadores.

Sería una demanda de tutela de los derechos fundamentales, en la que se pide el cese inmediato de este tipo de conductas, la paralización cautelar de los despidos anunciados y que se condene al consejero delegado, a título personal, por daños y perjuicios tanto al sindicato como a una trabajadora a la que señaló García retiradamente. Desde UGT pedirán que la expresidenta del comité, a la que la empresa concedió un permiso retribuido de varios días, regrese de inmediato a su puesto de trabajo.

Recogida de firmas

Además, acusaron al consejero de condicionar los despidos a que el personal firme un documento en el que se exige la dimisión de la expresidenta del comité, actualmente delegada de UGT en la fábrica mariñana.

García replicó negando que él tuviera alguna vinculación con el documento distribuido por la fábrica, pero al cierre de esta edición confirmó que lo había recibido y que estaba avalado por aproximadamente el 75 % de los empleados que acudieron a trabajar. Falta por conocer la opinión de unos 15 o 20 que disfrutaban de día libre o están de vacaciones.

Según varias fuentes, en el escrito se pide la dimisión voluntaria de la expresidenta, se le reprocha que no contara con el resto de la plantilla a la hora de tomar determinadas decisiones y se le insta a repartir entre los últimos trabajadores contratados los 30.000 euros que un juzgado de Lugo condenó a la empresa a pagarle en concepto de indemnización por daños morales. El mismo que también declaró nulo en febrero el despido de Mariña y condenó a la firma a readmitirla en su puesto y a pagarle los salarios que dejó de percibir.

Desde UGT rechazaron y condenaron el «ataque» que el consejero delegado personaliza en la que ejerció durante más de treinta años como presidenta del comité, Rogelia Mariña. Reiteran que la ahora expresidenta fue elegida por los trabajadores y le trasladan su solidaridad: «Durante todos estos años en la empresa siempre demostró ser un ejemplo de mujer defensora de los derechos de los trabajadores y muy querida entre ellos». Han pedido a la empresa que aporte toda la información sobre los despidos efectuados y previstos.

Segismundo García: «Se por este conflito cos sindicatos teño que ir ao cárcere, vou encantado»

El consejero delegado de Sargadelos, Segismundo García, reiteró, como dijo en la asamblea en la que anunció los despidos, que no está dispuesto a dejar la compañía en manos de los sindicatos. Y preguntado sobre la posibilidad de frenar los despidos e incluso de readmitir a los ya cesados, reconoció: «Tras recibir o escrito coas sinaturas [con el 75 % de la plantilla] constato que a maioría do persoal non está coa ex-presidenta, e considero que algo repensará a empresa, sen estar aínda a situación resolta». «Se por este conflito cos sindicatos teño que ir ao cárcere, vou encantado», sentenció.

Consciente de la repercusión que los despidos y el posible cierre de la planta tendría en Cervo, el alcalde de este municipio, Alfonso Villares, apelaba al acuerdo: «Creo que hai que intentar chegar a un acordo entre as partes porque Sargadelos é un caso excepcional. Apelo a que haxa ese entendemento necesario, a que limen as asperezas. Non debemos esquecernos da empresa, dos traballadores e da riqueza que Sargadelos lle achega ao noso concello».

Desde CC.OO., con delegado de personal en la fábrica, lamentan no haber sido convocados por la empresa ni haber tenido la oportunidad de reunirse con la dirección. Jacobo Bermúdez, secretario comarcal de Industria de CC. OO., denunció que carecen de información. No fue posible conocer la versión de CIG, que recurrió el ERE del año 2010.

BANKIA, CONDENADA POR EL DESPIDO “ARBITRARIO” DE UNA TRABAJADORA EN EL ERE DE 2013 TRAS UNA BAJA POR MATERNIDAD

Iván Suárez – eldiario.es – Las Palmas de Gran Canaria

– La decisión de prescindir de la empleada se basó simplemente en la opinión sin contrastar de un director territorial durante su permiso de lactancia

– El Supremo sostiene que la entidad financiera no respetó los criterios pactados con los sindicatos para evaluar a los trabajadores

– Nueve trabajadores de la misma zona que obtuvieron igual o peor puntuación conservaron sus empleos

Readmisión o 15.000 euros más de indemnización. Son las dos opciones que tiene Bankia para ejecutar una sentencia firme del Tribunal Supremo que declara improcedente, por arbitrario, el despido de una trabajadora del municipio grancanario de Firgas en el marco del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en 2013.

El alto tribunal condena a la entidad financiera por incumplir los criterios pactados con los sindicatos para evaluar a los empleados que no se acogieron a las bajas incentivadas.

Según los hechos probados en la resolución judicial, el despido se basó en un informe realizado a partir de la opinión vertida por el director territorial de Bankia en una entrevista celebrada en abril de 2012, fecha en la que la empleada se beneficiaba del permiso de lactancia tras agotar las 16 semanas de la baja por maternidad y las vacaciones de 2011.

La demandante, que trabajaba desde 1999 en la empresa (La Caja de Canarias antes de la fusión de 2010), recibió la carta de despido en noviembre de 2013, aunque la decisión se fundamentó en la evaluación realizada a los empleados, sin su conocimiento, a través de entrevistas a los directores territoriales en abril del año anterior, como recoge la sentencia.

La trabajadora formaba parte de la categoría profesional denominada “grupo II”, que reúne a quienes desempeñan servicios “para los que no se requiere cualificación, ajenos a la actividad financiera, crediticia y cualquier otra específica”, tales como “conserjería, vigilancia, limpieza, atención telefónica, conservación y mantenimiento”.

La Sala de lo Social del Supremo concluye que en este caso “no hubo evaluación ni valoración conforme a su perfil competencial, indicadores de potencial y cumplimiento de objetivos”. En contra de lo pactado con los sindicatos para designar a los trabajadores afectados por el ERE, Bankia no entrevistó ni a la empleada ni al director de la sucursal y tampoco contrastó la información proporcionada por el director territorial con análisis estadísticos para garantizar que los datos fueran “fiables, objetivos y sin sesgos”.

La sentencia, que desestima el recurso de la entidad financiera contra el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de junio de 2016, remarca además que nueve trabajadores de la misma zona que la demandante conservaron sus puestos a pesar de obtener la misma o peor nota en esas evaluaciones.

En algunos casos, se aplicaron circunstancias de prioridad de permanencia que no habían sido contempladas en el acuerdo alcanzado con los representantes laborales en la negociación del ERE.

En su recurso ante el Supremo para la unificación de doctrina, los representantes legales de Bankia aludían a dos sentencias de contraste que daban la razón a las empresas en supuestos que entendían similares. El primero de ellos se refería a un procedimiento abierto a raíz de una demanda colectiva presentada por el sindicato CGT contra el ERE de 2013 y el segundo, a otro proceso de despido colectivo, en este caso de Securitas Seguridad España, en la comunidad de Castilla La Mancha.

Para los magistrados de la Sala de lo Social se trata de casos distintos, puesto que no se cuestiona el acuerdo entre la empresa y los trabajadores, sino el proceso de valoración concreto de una empleada y una puntuación que, a su juicio, fue otorgada sin respetar los criterios fijados con los sindicatos.

Bankia contaba en 2012 con 577 trabajadores en Las Palmas. El denominado “plan de recapitalización” de la entidad, que ese año había acumulado pérdidas por un valor cercano a los 20.000 millones de euros, contemplaba para la provincia oriental un total de 116 despidos y el cierre de 41 sucursales.

En total fueron 73 los trabajadores que solicitaron acogerse a las bajas incentivadas, aunque solo fueron aceptadas 42, de las cuales 25 correspondían a trabajadores que realizaban función comercial. Con posterioridad, la empresa despidió a 47 empleados a través de designaciones directas, 36 de ellos comerciales.

La demandante recibió una indemnización de algo más de 56.000 euros. Al declararse improcedente el despido, el Supremo condena a la entidad financiera a readmitir a la trabajadora y abonarle los salarios de tramitación o a incrementar en algo más de 15.000 euros la indemnización hasta los 72.000 euros que le corresponderían.

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