Publicado en: 23 noviembre, 2018

Boletín de Luchas Obreras (23 de Noviembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CONDENA A MERCADONA POR DESPEDIR A UNA TRABAJADORA DE BAJA
  • LAS MUERTES POR AMIANTO EN EUSKADI VAN A MÁS: 29 EN LO QUE VA DE AÑO
  • LA PLANTILLA DE ALCOA CONFÍA EN PARAR EL ERE DESDE HOLANDA CON EL DICTAMEN DE TRABAJO
  • LA PLATAFORMA SINDICAL DE PRISIONES ANUNCIA HUELGA PARA LOS DÍAS 17,18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE
  • LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA VOLVERÁN A IR A LA HUELGA
  • 150 MINEROS DE CONTRATAS INICIAN UNA ‘MARCHA NEGRA’ PARA EXIGIR ALTERNATIVAS
  • FAURECIA GUARDA SILENCIO SOBRE LA SITUACIÓN DE SUS 400 EMPLEADOS DE VIGO EN ERTE
  • LA CUT CRITICA EL ERE TEMPORAL DE PSA POR TENER “TINTE DE RENDIMIENTO ECONÓMICO”
  • UGT IMPONE SU MAYORÍA EN FORD PARA APROBAR EL ERE CON EL 80 % DEL SALARIO
  • LOS TRABAJADORES DEL TÚNEL DE BIELSA AMENAZAN CON MOVILIZACIONES EN PLENA ÉPOCA INVERNAL

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CONDENA A MERCADONA POR DESPEDIR A UNA TRABAJADORA DE BAJA

Economía Digital Galicia

La sentencia, que desvela la CIG, resuelve que Mercadona discriminó a la trabajadora por una discapacidad que le impide levantar peso

El Juzgado de lo Social número 3 de A Coruña ha condenado a Mercadona a readmitir e indemnizar a una trabajadora a la que despidió cuando se encontraba de baja laboral. La sentencia considera que la compañía que preside Juan Roig discriminó a la empleada por una discapacidad que le impide levantar pesos que superen los cinco kilos. Obliga a la cadena de supermercados a reincorporarla en un puesto que respete sus limitaciones físicas, a abonarle los salarios dejados de percibir y a indemnizarla por haberla discriminado debido a su discapacidad.

El fallo del tribunal lo desveló el sindicato CIG, que lamentó que, en lugar de cambiar de sección a la empleada, que trabajaba en el área de frutería, Mercadona decidiera despedirla. “En esta empresa si te pones enfermo pasas a estar en una lista negra. Hasta la encargada hizo charlas ante el personal para hablar mal de ella e incluso llegó a decir que se alegraba de que la despidieran, algo que reconoció durante el juicio”, relató el responsable de comercio de CIG-Servizos, Roberto Pérez, en una rueda de prensa a la que acudió la afectada, Lucía Piedrafita; y la delegada sindical de CIG en Mercadona, María López.

LOS “DETECTIVES PRIVADOS” DE MERCADONA

Los problemas para la trabajadora se iniciaron cuando la cambiaron a la sección de frutería, pues pasados unos días empezó a tener problemas de espalda que derivaron en una lumbalgia diagnosticada por el Sergas. La empleada había alertado de que padece una escoliosis idiopática por lo que le producía dolor el esfuerzo físico de su puesto, demandando que la reincorporaran a su antiguo departamento. Mercadona hizo caso omiso.

Tras la baja, según relata el sindicato, “se activó una práctica habitual en Mercadona con el personal de baja, un seguimiento intensivo de la trabajadora por parte del servicio médico de la empresa, con constantes entrevistas y preguntas sobre su evolución”.

El control sobre la trabajadora va más allá, pues, explica Roberto Pérez, “Mercadona contrató los servicios de un detective privado para que la siguiera en su día a día. Además, le retiró el complemento de incapacidad temporal por sobrepasar los tiempos medios de curación de una lumbalgia ordinaria hasta, finalmente, comunicarle por burofax la rescisión de su contrato”.

La vida privada de la trabajadora llega al juicio

Además de obligar a la readmisión de la trabajadora tras el recurso judicial, la jueza reprochó a la defensa de Mercadona que pretendiera justificar el despido por la vida privada de la empleada, alegando actividades como “comprar una prenda de ropa o hacer la compra diaria”. La trabajadora, de hecho, tuvo que demostrar con tickets de compra que se trataba de mercancías de escaso peso.

LAS MUERTES POR AMIANTO EN EUSKADI VAN A MÁS: 29 EN LO QUE VA DE AÑO

Eduardo Azumendi – eldiario.es

La ausencia de un fondo de compensación agrava el sufrimiento de las víctimas del amianto y sus familiares, que muchas veces se ven obligadas a sumergirse en un laberinto judicial para obtener justicia

Afectados por el amianto protestan en las escaleras del Palacio de Justicia de San Sebastián ->

https://www.eldiario.es/fotos/Afectados-Palacio-Justicia-San-Sebastian_EDIIMA20171216_0383_20.jpg

“¿Cuántos trabajadores retirados han muerto sin saber que su enfermedad se debió a la exposición al amianto que sufrieron durante su etapa laboral?”.

Esta es la pregunta que se hace Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral de CC.OO. Euskadi al conocer el reciente fallecimiento de un trabajador que estuvo expuesto al amianto en los años 70 y que constituye la víctima número 29 por esta causa en Euskadi en lo que va de año.

Por sus propiedades físicas y químicas, y su bajo coste de producción, el amianto fue utilizado de manera abundante en el sector industrial y en la construcción desde mediados del siglo pasado hasta 2001, fecha en que se prohibió su uso en España.

Según un estudio elaborado por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral Osalan, en los próximos años se producirán en Euskadi unos 1.000 casos al año de enfermedades asociadas a la exposición al amianto, incluidas aquellas cuyo origen no es laboral.

La mayor parte de dichas patologías (un 70 %) serán benignas y no generarán en sí mismas incapacidad significativa. Pero, otras patologías serán de “extrema gravedad” (se producirán alrededor de 90 casos de mesotelioma al año).

“En lo que va de año”, explica Ríos, “ya llevamos 29 muertes relacionadas con la exposición al amianto, pero es solo la punta del iceberg. Una gran parte de los afectados fallecen sin relacionar su enfermedad con el amianto”.

La ‘otra’ batalla

El último trabajador fallecido, estaba afectado por un mesotelioma pleural. En el año 2017 se le había reconocido la incapacidad permanente absoluta por enfermedad profesional debido a esta exposición al amianto. Ahora, CC.OO. tramita reclamaciones de daños y perjuicios y de recargo de prestaciones para la compensación del daño causado por el fallecimiento del trabajador.

Según Ríos, los afectados por el amianto padecen una doble condena. Por una parte, la derivada de su enfermedad propiamente dicha y, por otro lado, la pelea que deben afrontar en los tribunales para que se reconozca que el cáncer que han contraído tiene un origen profesional debido a la exposición al amianto. “Las víctimas del amianto y sus familiares se pasan una media de ocho años en los tribunales para que les reconozcan la enfermedad profesional. Es una batalla contra el tiempo”.

La empresa CAF recurre la sentencia que acreditó asbestosis en unos pulmones congelados

CAF ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que reconoció el origen laboral de la enfermedad ocasionada por el amianto de un trabajador de la empresa guipuzcoana que había mandado congelar los pulmones que le habían sido extirpados para ser sometido a un trasplante. La resolución del TSPJV revocó una resolución previa del Juzgado de lo Social nº 2 de San Sebastián, que fue recurrida por la esposa del operario que entre 1973 y 1999 trabajó como calderero en las plantas de Irún y Beasain de CAF donde “estuvo expuesto al amianto”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció en 1999 una incapacidad permanente por “contingencia común” al trabajador, que en 2006 recibió un trasplante de los dos pulmones en el Hospital de Valdecilla de Santander, aunque falleció dos años después por el rechazo a los órganos recibidos.

La viuda solicitó un nuevo análisis de los pulmones extirpados a su marido, que habían sido congelados a petición del trabajador y estaban preservados en el centro hospitalario cántabro, que emitió un nuevo informe en el que se confirmó la existencia de polvo de amianto, lo que condujo al cambio de diagnóstico por el de “asbestosis”.

El TSJPV concluyó que este análisis permitió “fijar cuál fue la patología real causante del deterioro pulmonar” del trabajador y consideró “irrelevante” su condición de fumador ya que, la “asbestosis tiene su origen exclusivo en la inhalación de asbesto que es polvo de amianto“. Sin embargo, CAF señala en su recurso que “la incapacidad absoluta previa al trasplante fue declarada enfermedad común y que, tras el trasplante, cuando falleció, el trabajador ya no padecía la enfermedad profesional”.

Para la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi-Asviamie esta argumentación de CAF resulta “cínica”. “Lejos de pedir perdón por el daño causado durante décadas, ahora multiplica el sufrimiento con la burla de sus recursos judiciales“.

Señala que los directivos de la empresa “conocían” el “riesgo cancerígeno y de asbestosis que conlleva al trabajo con amianto” y asegura que “cuando los trabajadores” de la empresa guipuzcoana “se resistían” en los años 70 a trabajar con amianto “subcontrataba a otros desconocedores del riesgo” para desmantelar “vagones forrados de amianto”.

LA PLANTILLA DE ALCOA CONFÍA EN PARAR EL ERE DESDE HOLANDA CON EL DICTAMEN DE TRABAJO

Alba Suárez/Amaya P. Gión – La Opinión A Coruña – A Coruña

El comité europeo aportará el escrito del ministerio, que duda de la buena fe de la multinacional, en la en Rotterdam

Pedirá la suspensión cautelar

Trabajadores de Alcoa en una de las manifestaciones en contra del cierre en A Coruña ->

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La plantilla de Alcoa confía en que la Justicia holandesa paralice el expediente de extinción de empleo que presentó la multinacional en el Ministerio de Trabajo. El comité europeo está citado en el tribunal de Rotterdam ante el que denunció a la multinacional por incumplimiento del proceso de información y consulta.

Los trabajadores prevén que el juez comunicará esa semana su decisión. Incluso podría pronunciarse el lunes. El mejor de los escenarios que se plantea para los 700 trabajadores de A Coruña y Avilés es que el magistrado dé la razón a los sindicalistas y decida paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) como medida cautelar. En ese caso, Alcoa debería iniciar el proceso desde cero. Permitiría ganar tiempo y el día 30 de noviembre, cuando concluye el periodo de negociación y consultas, dejaría de estar en rojo.

Los trabajadores presentarán el dictamen emitido por el Ministerio de Trabajo -que duda de la buena fe de la empresa y le recomienda aplazar los despidos- en la vista de Rotterdam. Ante las dificultades de la autoridad laboral española para detener el ERE de extinción, que amenaza a 369 empleos directos en A Coruña y 317 en Asturias, la plantilla confía en que la Justicia holandesa (Alcoa Europe tiene su sede en los Países Bajos) les dé el balón de oxígeno necesario para alejar el fantasma del cierre -en caso contrario podrían estar en la calle a mediados de diciembre- y poder buscar alternativas.

“Este escrito del ministerio va a estar en Holanda para que lo valoren y vamos a ver ahora quien tiene la potestad, porque la ley holandesa dice que el comité europeo tiene que tener 15 días de información y consultas previo a cualquier decisión tomada y a iniciar cualquier expediente”, adelantó el presidente del comité de empresa de la aluminera en A Grela, Juan Carlos López Corbacho, quien considera que ahora “la pelota está en el tejado de la empresa, que es la que ha recibido un tirón de orejas de Trabajo”.

El Calendario de Alcoa ->

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Los trabajadores de la fábrica de aluminio de A Grela insisten en exigir a la empresa que retire el ERE. El escrito de advertencia y recomendación emitido por la Dirección General de Trabajo no tiene valor coercitivo, pero sugiere “una ausencia de verdadera voluntad negociadora” de la empresa y da la razón a los trabajadores en que debió convocarse una prenegociación entre las partes. Este posicionamiento de la Subdirección General de Relaciones Laborales debe llevar a la multinacional a “replantearse lo que está haciendo”, a juicio del representante de la plantilla aluminera coruñesa.

“Lo que vamos a pedir en Rotterdam es la paralización cautelar del proceso para poder llevar a cabo un arbitraje, porque se incumplieron los derechos del comité europeo, con lo cual el proceso en España no se podía haber presentado”, argumenta Corbacho, convencido de que la Justicia belga les dará la razón en este punto, que si bien no supone una solución definitiva al cierre anunciado por Alcoa para sus plantas de A Coruña y Avilés, sí daría un balón de oxígeno a la plantilla para buscar una salida.

Cuenta atrás

El tiempo de 30 días de negociación entre empresa y trabajadores -el llamado periodo de consultas- comenzó a correr el 31 del mes pasado según la empresa, a pesar de que la plantilla de A Coruña no asistió a ninguna de las tres reuniones celebradas hasta el momento por no dar validez legal al proceso. Sus compañeros de Avilés, en cambio, sí acuden a la cita.

En la última, la empresa se abrió a negociar ofertas de posibles compradores y alargar el periodo de negociación si los trabajadores lo piden una vez constituida la mesa de negociación, para lo cual hace falta la concurrencia de la plantilla coruñesa. A este respecto, Corbacho manifestó que no hay cambio de postura por parte de comité de A Grela pero que se pondrán en contacto con la empresa para tener información directa.

El proceso entra en un compás de espera. Con más declaraciones que papeles, los trabajadores coruñeses no se acaban de fiar del cambio de estrategia de la multinacional estadounidense ni de las declaraciones de la ministra de Industria, Magdalena Valerio, quien aseguró que la aluminera alargará el tiempo de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE).

La multinacional, entretanto, incide en que no ha recibido ni una sola oferta de compra “en firme y sólida” y aclara que está abierta a “escuchar y analizar” propuestas, pero siempre al margen de la negociación de los despidos.

Sobre la petición del Gobierno de constituir una mesa tripartita para buscar una solución que dé continuidad a las plantas, y que según fuentes ministeriales se va a convocar “para los primeros días de la próxima semana”, la compañía es tajante: “Alcoa no se pronuncia”. Los trabajadores volverán a protestar a las 12.00 horas en María Pita. Sus esperanzas están puestas en la vista en Rotterdam.

LA PLATAFORMA SINDICAL DE PRISIONES ANUNCIA HUELGA PARA LOS DÍAS 17,18, 19 Y 20 DE NOVIEMBRE

FeSP-UGT Castilla-La Mancha

La plataforma sindical de prisiones anuncia huelga para los días 17,18, 19 y 20 de noviembre

En Castilla- La Mancha los seis Centros Penitenciarios participarán en las jornadas de Huelga viéndose afectados más de 1500 empleados públicos

La plataforma sindical de prisiones queremos poner en conocimiento de los medios de comunicación que el conflicto laboral colectivo entre la Administración Penitenciaria y los empleados públicos de prisiones continúa. En Castilla- La Mancha que cuenta con seis Centros Penitenciarios serán más de 1500 empleados públicos los que se verán afectados.

Tras dos jornadas de huelga en el mes de octubre, la indignación del colectivo de trabajadores penitenciarios ante el inmovilismo del Gobierno ha llevado a las cinco organizaciones sindicales a convocar nuevamente huelga los días 17,18, 19 y 20 de noviembre en los 84 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La movilización que llevará el paro total a los establecimientos penitenciarios dará comienzo a las 22:00 del próximo día 16 de noviembre coincidiendo con el relevo en el turno de noche en las prisiones. Al coincidir las jornadas de huelga en fin de semana, el servicio de comunicaciones de las cárceles españolas se verá especialmente afectado.

Para las organizaciones convocantes se ha demostrado la poca voluntad política y la manipulación mediática del Ministerio del Interior, así como la falta de apoyo de los diferentes grupos parlamentarios a las justas reivindicaciones de las centrales sindicales de prisiones que reclaman corregir la brecha salarial existente como consecuencia de una clasificación obsoleta de los centros penitenciarios que data de 1989.

La plataforma sindical ha reiterado que la Administración Penitenciaria ha faltado al respeto del colectivo empleados públicos de prisiones al obviar lo que consideran son unas legítimas reclamaciones de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de prisiones, dado que desde el día el 28 de septiembre ni el Ministerio del Interior ni la Secretaría General de II.PP. han convocado a la parte social para buscar una solución al conflicto laboral vigente.

Por ello han destacado que el malestar en las plantillas de las cárceles españolas crece por momentos y han exigido al Ministro Fernando Grande Marlaska que desbloqueé la situación de conflicto laboral y se siente a negociar, “poniendo encima de la mesa como mínimo la propuesta de subida retributiva que anunció a la parte social el 25 de septiembre el Secretario General de II.PP., es decir, un incremento retributivo de media aproximativo de 375 euros en el complemento específico para los ejercicios de 2019, 2020 y 2021”.

Han recordado que esta propuesta se retiró bajo el argumento de que Función Pública no aprobaba este gasto, pero si autorizaron al día siguiente que se pagara la deuda histórica que Cataluña tenía con los Mossos de Escuadra, que asciende a un total de 700 millones

Según han puntualizado los representantes sindicales los trabajadores de prisiones han iniciado la primera huelga general de su historia en democracia y la primera del gobierno de Pedro Sánchez porque llevan padeciendo el olvido de la Administración desde hace más de 10 años y sus consecuencias son el deterioro de un servicio público esencial.

En este sentido han matizado que sus reivindicaciones no son solo económicas, sino que responden a unas mejoras laborales como cubrir las más de 3500 vacantes que de un total de 23000 empleados penitenciarios que- según han dicho- está provocando que la ratio en el área de vigilancia puede llegar a 1 funcionario por cada 144 internos “lo que supone un riesgo no solo para los funcionarios, sino también para los internos, que no ven garantizada su seguridad”. La Oferta de Empleo Público de este año, han puntualizado, no cubre ni una tercera parte de las necesarias.

También se han referido a la necesidad de ser considerados agentes de la autoridad, no solo como la policía o la Guardia Civil, sino como el personal facultativo y educativo y ahora más recientemente los conductores de transporte público (BOE 12/10), colectivos que según han dicho no tienen ni la décima parte de agresiones, que en prisiones ya que cada día se produce una agresión en una de las 83 prisiones de España.

Los miembros de la plataforma sindical han recordado que la mejora salarial es tan justa como la de sus compañeros de Ministerio de Interior, Guardia Civil y Policía Nacional, que han visto un reconocimiento más que merecido, pero del que no entienden se haya excluido a Instituciones Penitenciarias.

En este sentido han recordado como los empleados de prisiones son el último eslabón en la cadena de justicia, tras la detención por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional y enjuiciamiento por los tribunales competentes, siendo los encargados de la recuperación para la sociedad de aquellas personas que no están preparadas para vivir en libertad según jueces y tribunales.

Asimismo, han explicado como el colectivo de prisiones ha sido pieza fundamental en la investigación, seguimiento y control de terroristas de ETA y ahora de yihadistas, motivo por el que no entienden ser excluidos de este reconocimiento.

Por último, han destacado un hecho sin precedentes como ha sido que se hayan unido todos los sindicatos con representatividad en prisiones para luchar por esta mejoras salariales y laborales.

LOS PROFESORES ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA VOLVERÁN A IR A LA HUELGA

Levante-EMV

Los profesores denuncian que la universidad no ha retomado las negociaciones

Los profesores asociados de la Universitat Politècnica de València volverán a ir a la huelga en dos semanas –el 28 y 29 de noviembre–después de que “tras la suspensión a finales del curso pasado de la anterior convocatoria, hace ya casi seis meses, la universidad no ha dado ningún paso para retomar la negociación” en la mejora de las condiciones laborales de este colectivo.

El profesorado asociado de la UPV, según han indicado desde el comité de huelga, decidieron suspender los paros en un gesto de “buena voluntad”, antes de las evaluaciones de final de curso, para no perjudicar al alumnado.

Sin embargo, la universidad “no ha avanzado en ninguna” de las reivindicaciones del colectivo, “ni siquiera en alguna tan sencilla, cuya falta de existencia alarmaría en cualquier universidad pública, como es la aprobación de unos criterios que sean objetivos, públicos y transparentes a utilizar en la no renovación de los contratos de este profesorado”, que debe renovar su vinculación laboral cada año.

“Parece que, para la universidad, todo queda relegado a la negociación del convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas valencianas, que, por el momento, tampoco recoge ninguna de las reivindicaciones del colectivo”, han manifestado.

Los paros han sido convocados para los días 28 y 29 de noviembre por los sindicatos STEPV y CCOO, en coordinación con varias universidades españolas bajo el lema ‘Justicia en la Universidad Pública’.

150 MINEROS DE CONTRATAS INICIAN UNA ‘MARCHA NEGRA’ PARA EXIGIR ALTERNATIVAS+

B. G. Hidalgo/P. Lamadrid – El Comercio Digital (Asturias) – Cangas/Gijón

Miembros de la plataforma Santa Bárbara iniciaron la marcha en la localidad leonesa de Toreno ->

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Carbonar y Uminsa están en concurso de acreedores, mientras que Astur Leonesa busca comprador para evitar la liquidación

Con funda y cascos, haciendo frente a la fría mañana de Toreno (León), arrancó la marcha minera de la plataforma Santa Bárbara con la que unos 150 trabajadores del carbón de las cuencas mineras de Asturias y León reivindican una transición energética justa y ordenada que contemple una alternativa de futuro para los 800 mineros de contratas, subcontratas y empresas auxiliares que se quedan fuera del plan del carbón 2019-2027.

«Es duro, pero hay gente apoyándonos que se va sumando según vamos pasando por los pueblos», explicó el portavoz del colectivo, Marcelino Menéndez. Por delante restan otras cuatro etapas hasta alcanzar la capital asturiana. «A día de hoy, los mineros estamos en peligro de extinción. Nos comentaban que en 1992 bajaban mil y pico personas en una marcha de Villablino a Toreno y ahora algunos concejos no los tienen», ejemplificó Menéndez sobre la situación que atraviesan estas comarcas mineras.

Por otro lado, concluida la marcha, anunciaron que esperan reunirse con el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. Será en Cangas del Narcea. «Esperemos que traiga algo bajo el brazo y no venga simplemente a escucharnos y trasladarlo a Madrid. Eso sería un acto protocolario, cumplir expediente», anunció Menéndez. Van a partir desde Villablino para alcanzar el concejo de Degaña durante la tarde.

A poco más de un mes para finalizar el año, el futuro de la minería en Asturias es negro como el carbón que se extrae de los yacimientos del suroccidente, el único lugar de la región donde sobreviven los últimos pozos de gestión privada. Carbonar, Uminsa y Astur Leonesa son las empresas propietarias de esas minas. Pero su situación es delicada, ya que las dos primeras están en concurso de acreedores y el pozo asturiano de la tercera se encuentra a la venta como último recurso para evitar la liquidación.

El 31 de diciembre se terminan las ayudas al carbón autóctono. Así lo acordó la Comisión Europea en 2010. El reglamento europeo de subvenciones aprobado por Bruselas no dejaba lugar a dudas: las empresas beneficiarias deben cerrar en esa fecha o, de lo contrario, tienen que devolver las cuantías percibidas. El Gobierno central manifestó su intención de pedir a la Comisión Europea que permita flexibilizar el reintegro de estas cantidades.

Pero las autoridades de Bruselas aún no se han pronunciado sobre el acuerdo alcanzado entre los sindicatos, el Gobierno y Carbunión, que incluye el tema de las ayudas.

Así las cosas, los empresarios mineros tienen grandes obstáculos en el día a día. La más perjudicada por la senda tomada por Europa hacia las energías limpias es la Compañía Minera Astur Leonesa, propietaria del pozo Cerredo, en Degaña.

A finales de septiembre, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo dio el visto bueno a la propuesta de la administración concursal de poner en venta la mina como última opción antes de proceder a la liquidación de la compañía por falta de actividad que permita obtener recursos.

A la espera de que esto pueda suceder -el plazo expira el 15 de enero-, los 170 trabajadores podrán obtener bajas incentivadas, tal y como se recoge en los acuerdos del sector para el fin de las explotaciones.

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado se hizo efectivo en octubre. Un retén de 30 empleados se encarga de realizar labores de vigilancia y mantenimiento con el fin último de evitar que la mina se inunde, pues continúa sin suministro eléctrico.

Con esta fórmula, al menos, los mineros podrán cobrar el paro, pues ya suman diez meses sin recibir el sueldo. No obstante, el comité de empresa advierte de que, si nadie compra la empresa, entonces habrá un ERE de extinción.

Por su parte, Unión Minera del Norte (Uminsa), con algo más de medio centenar de trabajadores entre los de plantilla y los de contratas, explota el pozo de Pilotuerto, en Tineo, y, además, cuenta con yacimientos en Castilla y León.

La empresa, del Grupo Victorino Alonso, logró cerrar un acuerdo con Endesa para suministrar carbón autóctono a la central térmica de Compostilla, en El Bierzo, hasta final de 2018 -Endesa ha anunciado su intención de cerrarla-. La otra cara de la moneda llegó en forma de resolución judicial.

El juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo condenó a Uminsa a pagar a Hunosa diez millones por la pérdida de calidad del carbón acumulado en las instalaciones del grupo en el Almacén Estratégico Temporal (AETC).

Incendios en Vega de Rengos

Respecto a Carbonar, también está en concurso de acreedores desde este año. En el pozo que posee en Vega de Rengos (Cangas del Narcea) trabajan alrededor de medio centenar de personas, de las cuales cerca del 80% están afectadas por un ERE abierto a raíz de los incendios ocurridos a principios de año en la mina.

Entre el 22 y el 23 de enero se declaró un fuego en la planta sexta, lo que obligó a detener la extracción de mineral. Las labores de extinción se prolongaron durante más de un mes y la dirección de Carbonar prescindió entonces de los 120 trabajadores de las tres empresas auxiliares.

En marzo, gracias a la inyección de nitrógeno gaseoso, se dio por extinguido el fuego, que volvería a reavivarse unos días más tarde. Esta realidad obligó a la minera a plantear un ERE que afectó a una treintena de trabajadores. Hay que recordar que, en 2016, las empresas mineras privadas firmaron la autorización del plan de cierre, que era condición indispensable para recibir la ayuda de diez euros por tonelada de carbón facturada.

FAURECIA GUARDA SILENCIO SOBRE LA SITUACIÓN DE SUS 400 EMPLEADOS DE VIGO EN ERTE

Merca2

Si no hay nada bueno que decir, mejor estar callado. Esa es la teoría que ha decidido seguir Faurecia Asientos de Galicia. El fabricante de componentes automovilísticos, perteneciente al grupo francés Faurecia, no está pasando una buena racha. Se ha quedado fuera del proyecto K9, las furgonetas Berlingo, Rifter y Combo de Grupo PSA, su principal cliente. Por lo que, a partir de agosto, ha decidido poner en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la totalidad de su plantilla de Vigo, que asciende a 366 personas.

La compañía ha anunciado que hasta 2020 no habrá trabajo para todos sus empleados. Pero esta situación ya se pronosticaba desde 2016. Fue en ese año cuando Faurecia perdió la adjudicación de los asientos de los nuevos modelos de PSA. Por ello, la empresa y sus sindicatos pactaron un nuevo convenio colectivo a cinco años donde se marcaba la necesidad de un ERTE durante el 2018 y el 2019 para poder mantener la totalidad de los puestos de trabajo.

La controversia no tardó en llegar. Lo que parecía que iba a ser un año caótico se convirtió en un ejercicio cargado de trabajo hasta la época estival. El ERTE se inició tras las vacaciones, el pasado 27 de agosto. Y durará hasta el 31 de diciembre de 2019. Casi un año y medio donde los empleados trabajarán de forma intermitente.

Pero Faurecia no ha querido hablar del tema. Tras su propuesta de traslado a otras fábricas del grupo para sus empleados vigueses para no sufrir el ERTE, la empresa prefirió guardar silencio.

Nada que comentar sobre la situación en la que se encuentran, de cómo se está desarrollando el expediente y de si al final algún empleado aprovechó la oportunidad de desplazarse a otras factorías.

Sin embargo, los sindicatos sí han mostrado su opinión. La sección sindical de la CIG en Asientos de Galicia ha asegurado a MERCA2 que, tras la firma del nuevo convenio colectivo, el empleo y las condiciones se mantuvieron durante 2016 y 2017. Pero en 2018 todo cambió.

Este año los sueldos de los trabajadores se redujeron en 145 euros al mes. En 2019, los empleados percibirán cerca de 83 euros menos que en 2017. No será hasta 2020 cuando los sueldos se equiparen a la situación de 2016. Y además el ERTE.

El engaño a los empleados

Las mismas fuentes sindicales han asegurado que los trabajadores se sienten “engañados”. Por una diferencia de siete votos, el ERTE se llevó a cabo. “Pasado un tiempo, la gente se dio cuenta de que los firmantes los habían engañado. El ERTE se realizaría porque el 2018 iba a ser caótico y había que preservar los puestos de trabajo. Pero hasta agosto fue un año con muchísima carga productiva”. La CIG ha querido dejar claro que ellos no firmaron el convenio.

Sin embargo, hasta 2020, todos los trabajadores formarán parte del ERTE rotatorio. Pero no a toda la plantilla le afecta por igual. Del total de los empleados, 66 personas forman parte del personal de oficina. Para ellos, el ERTE supone una reducción de su jornada del 25%, es decir, dos horas diarias menos.

Por su parte, las 300 personas restantes, que forman el groso productivo de la compañía, tendrán que parar 300 días de los casi 500 que estará vigente el ERTE. Siempre de manera rotatoria. Durante el tiempo que estén en sus casas, estarán cobrando la prestación por desempleo, “ya que toda la plantilla tiene”.

Además, la empresa se ha comprometido a que todos los empleados percibirán el 85% de su sueldo. Esto significa que, si la prestación es menor, Faurecia Asientos de Galicia se hará cargo de aportar el monto restante.

“Ahora mismo estamos en casa entre el 55% y el 60%. Es decir, apenas un 40% de la plantilla está trabajando”, ha explicado la sección sindical de la Confederación Intersindical Galega (CIG).

Faurecia plantea propuestas de salida

Pero parece que Faurecia tampoco estaba muy conforme sobre el ERTE, ya que supone un desembolso para la compañía en el caso de que sus trabajadores no reciban del ‘paro’ el 85% de su salario. Por eso ha querido buscar alternativas para sus empleados. Una de las primeras propuestas fue el desplazamiento de su personal a otras factorías del grupo donde sí hay trabajo para ellos.

“Muy pocos trabajadores optaron por esta opción. Apenas 6 o 10 empleados, sobre todo encargados, fueron a otras fábricas”, explican los sindicatos. No se trataba de una propuesta muy tentadora. Las personas tendrían que desplazarse hacia otro punto de la península para trabajar. Pero si se quedaban en sus casas descansarían 300 días y cobrarían solo un 15% menos que si los hubiesen trabajado.

Copo Ibérica también se presentó como una opción. La compañía, perteneciente a Faurecia en un 50%, se dedica también a la producción de componentes automovilísticos. La empresa ofertó 40 plazas a sus empleados para trabajar durante un año en Copo, que tiene su planta en Mos, tan solo a 9 kilómetros del Parque Tecnológico y Logístico de Valladares (Vigo), donde se encuentra Faurecia.

“A día de hoy, no hay ningún trabajador que optase por esta alternativa. Tendría que trabajar un año en Copo y después volvería a Faurecia. Sin embargo, estaría trabajando, pero cobrando menos de lo que en la actualidad percibimos estando en el ERTE, que asciende a algo más de 1.000 euros”.

LA CUT CRITICA EL ERE TEMPORAL DE PSA POR TENER “TINTE DE RENDIMIENTO ECONÓMICO”

Faro de Vigo

El sindicato CUT criticó el expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) propuesto por la dirección de PSA-Vigo al entender que de fondo tiene “tinte de rendimiento económico, con el futuro modelo V20” y que “nada tiene que ver con lo que vende” la compañía.

El ERTE afectaría potencialmente a unos 400 empleados de la M1 –que monta los modelos Peugeot 301 y C-Elysée– y supondría eliminar un turno de este sistema de producción y recolocar a otros 400 operarios. La empresa justifica la medida por la baja demanda de los modelos fabricados en esa línea de montaje.

El colectivo apunta que se podría recolocar a toda la plantilla indefinida en el S2 y mantener o desviar la eventualidad con contratos a tiempo parcial al S1, lo que supondría que unos 350 trabajadores que podrían asumir por su contrato tanto “las subidas como las bajadas de horarios”.

UGT IMPONE SU MAYORÍA EN FORD PARA APROBAR EL ERE CON EL 80 % DEL SALARIO

J. L. Zaragoza/J. L. García – Levante-EMV – València

El Consell amplía el plazo de ayuda de 10 millones para la terminal logística de la planta a 2021

El comité de empresa de Ford España aprobó con la mayoría de votos de la sección sindical de UGT el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), pactado por la central mayoritaria con la dirección de la multinacional de Almussafes, que se realizará durante 22 días laborales (13 en la planta de motores y 9 en las de vehículos) mientras la empresa garantizará que los 6.500 trabajadores afectados perciban el 80 % del salario en los paros ante la caída de ventas. STM-Intersindical, CCOO y CGT votaron en contra.

Respecto al plan de reestructuración de Ford Europa en sus factorías del viejo continente, el comité de empresa no ha concretado ninguna iniciativa hasta la próxima reunión del próximo mes de enero o febrero en Colonia entre la dirección de la multinacional y los sindicatos.

El presidente de Ford Europa, Steven Armstrong, ha dibujado un panorama muy negro, por los cierres de instalaciones y despidos, para que la compañía «vuelva a ser rentable a partir de 2019» con el lanzamiento de nuevos modelos, sobre todo eléctricos y vehículos comerciales. Además, el ajuste está pendiente de la alianza entre Ford y Volkswagen.

Por otro lado, la Generalitat ha cambiado las condiciones del decreto que aprobó en 2016 para dar una subvención directa a Ford de diez millones para su terminal logística conectada al corredor mediterráneo. Aquella subvención tenía una periodicidad de tres años, hasta este 2018, sin embargo, la compañía automovilística no ha podido completar las obras y Economía amplía el plazo hasta 2021.

El pasado 9 de noviembre, el presidente Ximo Puig y el conseller de Economía, Rafa Climent, firmaron este decreto de modificación en el que se justifica el cambio. «Durante la ejecución del proyecto han sobrevenido diferentes sucesos y circunstancias técnicas imprevisibles que no han permitido la normal ejecución», señala el texto.

En concreto, se cita la entrada en concurso de acreedores en que entró una de las empresas de la UTE adjudicataria, y el retraso del corredor mediterráneo. «Como consecuencia, Ford no ha podido llevar a cabo de forma completa el proyecto objeto de la subvención, debido a causas totalmente ajenas y fuera de su control, habiendo actuado en todo momento con la máxima diligencia», justifica el decreto.

En estos tres años solo ha podido justificar y aplicar en la subvención un 28,19%, es decir, que quedan pendientes de aplicación 7,18 millones. El pasado 3 de junio, Ford reclamó la ampliación del plazo de ejecución de la inversión restante hasta 2021.

LOS TRABAJADORES DEL TÚNEL DE BIELSA AMENAZAN CON MOVILIZACIONES EN PLENA ÉPOCA INVERNAL

Rubén Darío Núñez – Heraldo.es – Huesca

UGT ha convocado una asamblea el próximo 27 de noviembre para decidir qué acciones emprenden con el objetivo de conseguir mejoras laborales

Los trabajadores del túnel internacional de Bielsa amenazan con movilizaciones en plena época invernal para conseguir las mejoras laborales que reclaman a la empresa concesionaria, Ferroser. Desde FICA-UGT han denunciad la “dejación de funciones” de la Administración en beneficio de la empresa, a la que acusan de utilizar “la táctica del miedo” amenazando a la plantilla con despidos

Según explica el sindicato, los trabajadores reivindican cobrar conceptos que “todas” las demás contratas del territorio ya pagan: pluses de vialidad invernal, festivos especiales, altura, guardias y retén. Además, piden que los operarios de primera intervención que perciben salario de Oficial de Segunda sean ascendidos a Oficial de Primera ya que manejan diversa maquinaria que así lo requiere. También las trabajadoras del Centro de Control realizan funciones de administración, que no cobran como tal, “y también hay que regularizar”, reclaman.

FICA-UGT denuncia que llevan negociando desde junio “pero los avances han sido muy pequeños”. Asegura que, tras rechazar la última propuesta de la empresa, esta última dio por cerradas las negociaciones, “no quedando más remedio que convocar movilizaciones para obligar a que vuelve a la mesa de negociación”.

Por todo lo anterior, el sindicato ha convocado una asamblea para el martes, 27 de noviembre, en Bielsa, donde decidirán las movilizaciones que van a emprender. Además, apelan a la responsabilidad de las Administraciones públicas “al ser ellas quienes sacan los pliegos de condiciones que luego permiten que sucedan estas cosas. En este caso esta próxima una nueva licitación”. Y, por último, advierten de los “riesgos” que puede llevar para la ciudadanía y los propios trabajadores un conflicto en plena época invernal.

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