Boletín de Luchas Obreras (23 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • TRABAJADORES DESPLAZADOS Y ‘DUMPING’ SOCIAL: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA PRECARIEDAD LABORAL
  • EL OFRECIMIENTO DE UMINSA Y EL DESBLOQUEO DEL ERE EXTINTIVO
  • CGT LLEVA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA RETIRADA DEL AMIANTO DEL CEIP REGGIO, QUE CALIFICA DE «CHAPUCERA»
  • CONTINÚA EL ENCIERRO EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS AFECTADOS POR EL ERE MUNICIPAL
  • EL PERSONAL DE ASISTENCIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO DE LANZAROTE VA A LA HUELGA
  • UGT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA EN FERROVIAL SERVICIOS AUXILIARES EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA
  • ACORDADOS TRES ERTE EN EMPRESAS DE ABENGOA QUE REDUCEN A LA MITAD LOS AFECTADOS
  • LA ADMINISTRACIÓN GENERA MÁS EMPLEO PRECARIO QUE LA EMPRESA PRIVADA EN ARAGÓN
  • LOS TRABAJADORES DE LAS PASTELERÍAS GALBURU INICIAN UNA HUELGA POR EL IMPAGO DE SALARIOS
  • LOS TRABAJADORES SE LEVANTAN CONTRA PROMAN Y OBLIGAN A DEFENSA A INTERVENIR EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO DE TOLEDO
  • EL ACUERDO SE COMPLICA EN LA HUELGA DE LA LIMPIEZA EN PLAYAS DE ALGECIRAS
  • EL 50% DE LOS EMPLEADOS SECUNDAN LA HUELGA EN EXTEL, SEGÚN CC.OO.

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TRABAJADORES DESPLAZADOS Y ‘DUMPING’ SOCIAL: EL CÍRCULO VICIOSO DE LA PRECARIEDAD LABORAL

Laura Pérez-Cejuela – Bruselas – eldiario.es

– Salarios más bajos, subcontratas y empresas buzón permiten la competencia desleal, sobre todo en los sectores de la construcción, transportes y agricultura.

– Bruselas quiere igualar las condiciones laborales de trabajadores desplazados y locales para acabar con los abusos, pero los países del Este se oponen

La libre circulación de personas y servicios en la Unión Europea ha abierto la puerta a que sus ciudadanos trabajen en cualquier punto del continente, pero también a que las empresas abusen de la legislación más laxa que se aplica a los trabajadores desplazados para competir deslealmente a costa de los obreros locales. Es lo que se conoce como dumping social y explica en buena medida la preocupación creciente de los europeos por la inmigración.

El Brexit, catalizado por esta inquietud, ha puesto de relieve que los ciudadanos asocian la inmigración comunitaria con una amenaza para sus empleos. Bruselas quiere romper el círculo vicioso entre trabajadores desplazados y dumping social igualando sus condiciones a las de los empleados locales. “Misma remuneración por un mismo trabajo en un mismo lugar” es el lema de la reforma que la Comisión Europea ha impulsado, pese a la oposición de los países del Este.

El número de trabajadores desplazados –los que trabajan en un país distinto al país de origen de su empresa de forma temporal– se ha multiplicado desde el inicio de la crisis. En 2014, había 1,9 millones en toda la Unión, un 45% más que en 2010. En España esta cifra subió un 83%, hasta 111.557. Casi la mitad en Europa (43,7%) trabajaban en la construcción, seguido de la industria manufacturera (21,8%).

Construcción, transportes y agricultura son los sectores donde se registran el mayor número de abusos que terminan en dumping social, según la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC). Subcontratas, empresas buzón o falsos autónomos permiten aprovechar las lagunas de la legislación europea.

Competencia desleal

Un trabajador desplazado cobra de media la mitad que un trabajador local en el mismo puesto, ya que la ley actual solo obliga a las empresas a pagarles el salario mínimo del país de destino, sin primas, incentivos o pagas extras. Esto incita a las compañías a echar mano de subcontratas extranjeras para ahorrar costes laborales y a la larga impide que los trabajadores locales puedan competir en igualdad de condiciones y “tumba” los precios generales del sector.

Y eso cuando se cumplen las reglas, que no es siempre. Según los sindicatos europeos, es frecuente que las empresas trasladen a sus trabajadores con salarios y condiciones laborales similares a los del país de origen, pese a que por ley deben aplicarse las mismas que en destino.

En Alemania, cuyo sector cárnico representa el 20 % de la industria en la UE, empleados rumanos y búlgaros trabajan con contratos ficticios por cuatro o cinco euros la hora, muy por debajo de los precios alemanes, en jornadas de diez horas, sin seguridad social ni derecho a pensión, de acuerdo con los informes de la Federación Europea de Sindicatos Alimentarios.

También han proliferado las empresas buzón, compañías que se registran solo con una dirección postal en países con legislaciones sociales favorables pero prestan sus servicios en otros. El empleador final se beneficia así de impuestos más bajos, se ahorra tener que indexar salarios o pagar seguros y además no tiene vínculo legal con el trabajador.

La compañía de transporte holandesa Vos Transport, por ejemplo, realiza la mitad de sus viajes con conductores contratados por empresas buzón en Rumanía y Lituania. Estas no tienen oficinas reales y los contratos son firmados por un directivo holandés, pero los salarios son de 200 euros al mes más gastos y primas ilegales, según un informe de la ETUC. Es solo un caso, dicen, de un fenómeno extendido en muchos países y sectores por la falta de control y sanciones efectivas.

Con frecuencia los trabajadores viven en condiciones precarias, en alojamientos compartidos a kilómetros de sus puestos o durmiendo en las cabinas de los camiones. En 2012, dos conductores polacos murieron en Wingene, Bélgica, cuando se incendió la nave de su empleador en la que pasaban la noche con otros nueve compañeros.

Bruselas quiere igualar condiciones

Bélgica, Francia y Alemania reciben ellas solas el 50% de los trabajadores desplazados, mientras que Polonia es el país que más exporta. París y Berlín, que tienen elecciones en 2017 y han visto como los partidos euroescépticos en auge utilizan el dumping como argumento contra la inmigración, presionaron a la CE para reformar la directiva. El primer ministro galo, Manuel Valls, llegó a amenazar con dejar de aplicarla si no se cambiaba.

Bruselas propone ahora que los trabajadores desplazados cobren exactamente lo mismo que los locales, no solo el salario mínimo, y que se les apliquen todos los convenios colectivos del sector, algo que ya hace España. Además exige que las agencias de trabajo temporal extranjeras estén sujetas a las mismas normas que las nacionales.

A partir de los dos años de desplazamiento los trabajadores tendrán derecho a la misma protección laboral que los locales, que hoy es solo equivalente en ciertas áreas como sanidad o igualdad de género. La Confederación de Sindicatos Europeos apoya la reforma, aunque cree que este lapso es demasiado largo porque el desplazamiento medio dura 4 meses.

La revisión también se queda a medio camino en la regulación de las subcontratas, ya que deja en manos de los estados decidir si obligan a que las extranjeras cumplan las mismas normas que las nacionales. Para el futuro queda otro asunto espinoso: las cotizaciones sociales, que se pagan en el país de origen y tendrán que regularse en una normativa específica.

Los países del Este, en contra

El plan se topó en marzo con la llamada tarjeta amarilla de once países –Polonia, Bulgaria, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Hungría y Dinamarca–. Esta herramienta, que permite a un grupo de estados exigir que se revise una propuesta, ha sido utilizada solo dos veces más en la historia de la UE, lo que da una idea de la relevancia de la cuestión. Los países del Este, principales exportadores de trabajadores, temen perder capacidad de competir en el mercado.

Pero la Comisión, que le ve las orejas al lobo del populismo en cada rincón del continente, anunció que seguirá adelante. “El Brexit nos ha enseñado que hay un grupo de personas que tienen miedo de ser los perdedores de la globalización y quieren más protección social”, dijo la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen. “Necesitamos prestar servicios a través de las fronteras pero tenemos que organizarlo de forma justa”, añadió.

“Esta normativa es transnacional por naturaleza (…) no interfiere con las competencias de los estados para la fijación de salarios”, dijo dando por zanjada la cuestión de la subsidiariedad a la que se habían agarrado los opositores. La batalla, sin embargo, no está ganada: la reforma necesitará el apoyo final de una mayoría de estados miembros, y los del Este van a pelear.

EL OFRECIMIENTO DE UMINSA Y EL DESBLOQUEO DEL ERE EXTINTIVO

La noticia sobre del proceso abierto por el administrador concursal de Hullera Vasco-Leonesa (HVL) para el cierre de la explotación de interior de la minera se produce después de que el 4 de agosto el empresario minero Victorino Alonso manifestara a los representantes de los trabajadores su interés por acometer el cierre de la unidad productiva, siempre que exista la posibilidad de que Uminsa y Polibest pudieran cobrar las ayudas al cierre que se deniegan a HVL por sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Aún está pendiente de celebrarse una reunión entre la Administración autonómica y Uminsa con el fin de conocer si habría opción a recibir las ayudas.

Uminsa-Polibest ofrece a cambio del cierre y las ayudas mantener el trabajo para los 32 mineros que han quedado fuera del expediente de regulación de empleo extintivo, dictado por el juez.

Las posibilidades de que el cierre lo acometan Uminsa u otras empresa coinciden también con el interés de la Junta de Castilla y León porque fuera la empresa pública Tragsa la que acometiera esta labores.

Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad se encontró con la pega de tener que entrar en el accionariado de HVL para poner en marcha la iniciativa y, por tanto, según explicaban desde los sindicatos, hacerse cargo de parte de sus deudas.

CGT LLEVA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LA RETIRADA DEL AMIANTO DEL CEIP REGGIO, QUE CALIFICA DE «CHAPUCERA»

Europa Press

El Sindicato de Enseñanza de Cádiz de la Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la retirada de la cubierta de uralita del CEIP Reggio de Puerto Real (Cádiz), que ha calificado de «chapucera», ya que considera, además, que ha sido retirada «una pequeña parte, solo el cuarto de aperos y el porche».

En una nota, ha añadido en este sentido que «no solo no se ha retirado toda la cubierta que presenta un malísimo estado de conservación y graves riesgos para la salud, si no que la pequeña parte que se ha retirado se ha hecho sin mantener las medidas de seguridad necesarias, aumentando aún más los riesgos para la salud».

Así, ha explicado que el comienzo de esta retirada «no ha sido comunicada» al Ayuntamiento de Puerto Real «a fin de que pudiera realizar un operativo de información a los vecinos de la zona para que actuaran con prevención y manteniendo o cortando el acceso a la zona para que no transitasen viandantes, lo que ha puesto en riesgo la salud de los vecinos y viandantes».

Asimismo, CGT ha señalado que «tampoco han sido avisados los propios trabajadores del Centro educativo, lo que es especialmente grave en el caso del conserje del centro, que tiene su vivienda dentro del centro, colindante a la zona en que se retiró la uralita y que se enteró de tales obras al oir el ruido de las mismas desde su casa».

Según el sindicato, «tampoco se ha garantizado la seguridad de los propios trabajadores de la empresa encargada de la retirada al no cumplir las mínimas normas de seguridad e higiene en este tipo de trabajos».

Asimismo, CGT ha señalado que «la mayor parte de la cubierta del centro sigue presentando la presencia de amianto con gran peligrosidad, al estar igualmente cubierta de uralita que presenta las mismas características de mal estado de conservación que las retiradas»

Por ello, al igual que el AMPA del colegio, ha exigido la retirada total de la cubierta de uralita del centro, ya que «está sobradamente demostrado técnicamente el mal estado y peligrosidad de toda la cubierta».

CONTINÚA EL ENCIERRO EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LOS AFECTADOS POR EL ERE MUNICIPAL

Afectados por el ERE municipal cumplen 17 días de encierro en el Ayuntamiento para reclamar su reingreso Insisten en cuestionar al ejecutivo local al entender que no hay reparos legales para la vuelta a sus trabajos

Parte de los afectados por el ERE municipal encerrados en el Ayuntamiento ->

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Se cumplen 17 días desde que un grupo de afectados por el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) que ejecutó el Ayuntamiento en 2012 iniciara un encierro en una de las dependencias municipales, concretamente en el edificio que acoge a los grupos políticos en la plaza de la Yerba.

En este lugar permanecerán mientras no haya avances en su objetivo, que no es otro que su reincorporación como trabajadores municipales.

A día de hoy, no están concluidos los expedientes que se pretenden enviar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que decida sobre la reincorporación o no. Los que pueden optar a esta posibilidad son 114 de los 260 despedidos en el ERE pero el ejecutivo local no las tiene todas consigo con 39 de ellos ya que no recurrieron sus sentencias del Juzgado de lo Social, aunque sí lo hizo el Ayuntamiento.

En cambio, el grupo de encerrados y la plataforma de afectados siguen sin compartir esta división. «Están haciendo una interpretación torticera de los informes», denuncia uno de ellos.

Para razonarlo, este grupo se aferra al informe que elaboró el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Función Pública. En este sentido, señalan: «En ninguna parte de este informe dice que los que no recurrimos no podamos volver; todo lo contrario, lo que dice es que tiene que justificarse nuestro regreso en los acuerdos transaccionales».

Otro argumento que esgrimen es que, aunque no hayan recurrido, sí lo ha hecho el Ayuntamiento (que solicita que los despidos se declaren procedentes por causa económica) por lo que la demanda «está viva mientras no haya sentencia firme».

Por ende, entienden que pueden acogerse a la posibilidad de presentar un acuerdo transaccional que permita su regreso a la nómina municipal. Incluso, recurren al Estatuto de los Trabajadores para afirmar que, aunque ninguna de las partes haya solicitado la nulidad del despido, sí puede fallarse en este sentido «por oficio» si así lo considera el juez. «Hay sentencias que declararon despidos nulos que no habían sido solicitados por las partes», declaran.

Por todo ello, reiteran que a día de hoy no hay informes jurídicos municipales que nieguen que no se pueda producir la reincorporación de los 114 despedidos por lo que insisten en no entender «todos los reparos que está poniendo el gobierno local».

En este sentido, una de las afectadas señala: «Podemos entender que se mantengan todas las reservas y cautelas pero llevamos más de un año en esta situación; hay quien puede pensar que estamos encerrados como si fuera un picnic pero no es así; estamos aquí encerrados, dejando a un lado a nuestras familias, para luchar por lo que es nuestro».

El ejecutivo local ha aprobado la contratación de un bufete de abogados domiciliado en Sevilla para que realice una valoración jurídica y culmine cada uno de los expedientes que se pretenden remitir al Alto Tribunal una vez que los elaborados por la asesoría jurídica municipal no fueron concluyentes -los servicios técnicos municipales alegaron que no tenían tiempo suficiente para hacer este trabajo-.

No obstante, este grupo de encerrados ya duda, incluso, de que no le estén contando toda la verdad sobre el procedimiento. «¿Habrían estado listos los acuerdos transaccionales si el interventor hubiera dicho que los informes jurídicos eran concluyentes?», se pregunta uno de ellos.

Mientras tanto, continúan encerrados en el edificio de los grupos municipales y en él seguirán mientras no vean la luz al túnel. «Están alargando una agonía que ya dura demasiado», sentencia uno de los afectados.

Pero pasan los días y se acerca la fecha que marca la línea roja de este proceso: el 14 de septiembre. Para ese día el TSJA ha fijado la vista de los primeros recursos presentados contra las sentencias de lo Juzgado de lo Social de la ciudad.

El acuerdo transaccional no es más que un documento suscrito por las partes litigantes donde el Ayuntamiento se compromete al reingreso de los despedidos. La propuesta debe ser refrendada por un tribunal pero, antes de que la analicen, deben pasar por el pleno municipal una vez se solventen esas dudas que el ejecutivo alega que tiene sobre la situación jurídica de parte de los afectados. Mientras tanto, el grupo que permanece encerrado insiste en exigir «celeridad» para «acabar con esta pesadilla».

EL PERSONAL DE ASISTENCIA EN TIERRA DEL AEROPUERTO DE LANZAROTE VA A LA HUELGA

CCOO ha estimado en 180 semanales y hasta 720 mensuales los vuelos que se podrían ver afectados en Lanzarote por la huelga indefinida anunciada en la empresa de asistencia en tierra («handling») Swissport.

La huelga, advierte la organización a través de un comunicado, «amenaza con paralizar la actividad turística de la Isla», pues Swissport opera con 26 compañía aéreas, entre ellas la británica Monarch, la alemana Air Berlin y la española Vueling, así como otras muchas agrupadas en torno a los grandes turoperadores Thomas Cook y Thomson.

En total, Swissport gestiona 180 vuelos semanales que se verían afectados ya que -asegura CCOO- «incluso tendrán dificultades para señalar y cumplir unos servicios mínimos» debido a «las carencias de las plantillas».

UGT CONVOCA HUELGA INDEFINIDA EN FERROVIAL SERVICIOS AUXILIARES EN EL AEROPUERTO DE MÁLAGA

Siguiendo el mandato de la asamblea de trabajadores y trabajadoras, UGT ha convocado huelga indefinida en la empresa del Aeropuerto de Málaga, Ferrovial Servicios Auxiliares, encargada del servicio de PMR.

Los paros comenzarán el próximo 4 de septiembre, todos los jueves, viernes, sábados y domingos entre las 10:00 horas y 13:00 horas, y, por la tarde, entre las 18:00 y las 21:00 horas.

Esta ha sido, finalmente, la respuesta de los compañeros y compañeras, a la situación que vienen padeciendo desde hace meses en la empresa.

UGT ya denunció, entre otras cosas, la discriminación que venía sufriendo el personal femenino que no cuenta con vestuarios, ni aseos, y que se ven obligadas a realizar sus descansos y comidas en los vestuarios y aseos masculinos.

De esta circunstancia ya se hizo eco la Inspección de Trabajo que requirió a Ferrovial Servicios Auxiliares para que solucionase dicha circunstancia, pero, a día de hoy, ha hecho caso omiso de tal requerimiento.

La falta de recursos, la precariedad laboral y la falta de personal han sido una constante en la empresa lo que ha obligado al personal, afectado por esta desastrosa política laboral, a realizar, finalmente, huelga indefinida en defensa de sus derechos.

UGT espera que la empresa reconsidere sus actuaciones y tome en cuenta las legítimas reivindicaciones planteadas por los compañeros y compañeras de Ferrovial Servicios Auxiliares en el Aeropuerto de Málaga.

ACORDADOS TRES ERTE EN EMPRESAS DE ABENGOA QUE REDUCEN A LA MITAD LOS AFECTADOS

Europa Press

La dirección y comités de empresa han firmado ya su aplicación en cada una de las sociedades afectadas

Las direcciones y los comités de empresa de Abeinsa EPC, Abeinsa BD y Abengoa Research han acordado y firmado la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en cada una de estas sociedades del grupo Abengoa, en las que se ha conseguido reducir de 15 a diez los meses de aplicación del expediente y se ha reducido a la mitad el número de afectados, pasando de 332 inicialmente afectados a 160 trabajadores finalmente afectados.

Fuentes del sindicato MCA UGT han explicado que se ha firmado el último acuerdo de Abeinsa EPC, donde se pasa de 184 trabajadores afectados a 92 finalmente.

Asimismo, se ha firmado entre empresa y comité los ERTE de Abengoa Research, donde el número de afectados pasa de 48 iniciales a 27, y en Abeinsa BD, donde finalmente se verán afectados 41 de los 100 iniciales.

En los tres ERTE se ha logrado reducir el tiempo de duración del expediente de 15 meses a diez meses de suspensión.

Las fuentes han precisado que la empresa «tiene ahora 15 días de plazo máximo para comunicarlo a la autoridad laboral», de forma que espera que los ERTE empiecen a aplicarse de forma inmediata «la semana próxima lo más tardar».

Fuentes de UGT han apuntado que las empresas del grupo Abengoa plantearon ocho ERTE «de golpe», en algunos de los cuales tiene representación el sindicato y en otros no.

En el primero de los casos, junto a los tres citados, está pendiente de iniciarse la negociación en el ERTE de Inabensa Cartagena donde se plantean 36 suspensiones de una plantilla total de 54 personas.

Para MCA UGT, los tres ERTE acordados «mejoran el planteamiento inicial y se logra que se abonen pagas y algunos conceptos».

Los trabajadores de estas empresas llegaron a secundar paros parciales contra los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) planteados y por el impago de la paga extra de julio.

LA ADMINISTRACIÓN GENERA MÁS EMPLEO PRECARIO QUE LA EMPRESA PRIVADA EN ARAGÓN

Eduardo Bayona – Zaragoza

Las normas de control del déficit abocan a las instituciones a contratar interinos y laborales eventuales en lugar de crear plazas de funcionarios y puestos de indefinidos

Las administraciones han perdido en Aragón más de 15.000 fijos en menos de dos años y han ganado más de 6.000 temporales en apenas uno

La empresa privada ha contratado a más de 36.000 indefinidos y la reducido casi 14.000 temporales desde septiembre de 2014

Las instituciones públicas están reemplazando a las empresas privadas como principales generadores de empleo precario en Aragón, según revelan los datos de la última EPA (Encuesta de Población Activa) del INE (Instituto Nacional de Estadística).

Entre finales de marzo de 2014, cuando finalizó el sexenio de destrucción de empleo iniciado en 2008, y el 30 de junio de este año, las administraciones aumentaron su plantilla en Aragón en 2.500 personas al pasar de 94.600 a 97.100.

Esa variación de las plantillas completas ofrece dientes de sierra con máximos a final de año y mínimos al cierre del segundo semestre. Sin embargo, los volúmenes de fijos –laborales indefinidos y funcionarios- y de temporales –laborales no indefinidos e interinos- comenzaron hace año y medio a marcar dos trayectorias opuestas: descendente la primera y ascendente la segunda.

La cifra de 81.900 funcionarios e indefinidos de septiembre de 2014 sufría en tres meses un brusco descenso de 4.700 al que, en los 18 meses siguientes, le siguió otro, más sostenido, que la redujo a 75.300. Mientras tanto, el número de temporales bajaba entre junio de 2014 y marzo de 2015, periodo en el que pasó de 20.600 a 17.600, para iniciar a partir de entonces un aumento constante que le llevó al pico de 23.700 de finales del año pasado y que repuntaba de nuevo a finales de la pasada primavera, cuando se situaba en 21.900.

Las limitadas políticas de plantilla de las administraciones

Estas tendencias se explican por la combinación de dos líneas de actuación política. Una, procedente del Gobierno central, limita la renovación de las plantillas al establecer bajas tasas de reposición mediante las políticas de control del déficit y acotar los gastos de personal.

La otra, que aplican la comunidad autónoma y algunas administraciones locales, intenta aumentar el nivel de efectividad los servicios públicos mediante la contratación de interinos y, ocasionalmente, la convocatoria de oposiciones.

Mientras tanto, el mercado laboral privado presenta en Aragón un comportamiento completamente opuesto. En este la recuperación de las plantillas iniciada en marzo de 2014 ha sido constante, con excepción del parón de septiembre de ese año a marzo de 2015, lo que ha supuesto la creación de 47.000 empleos: de 309.900 a 356.900, aunque el tope se localiza, con 357.200, en septiembre del año pasado.

Las contrataciones de indefinidos y de temporales han mantenido dos líneas opuestas, con dos fases enfrentadas, en esos 27 meses.

Entre marzo y septiembre de 2014 la tendencia seguía siendo claramente precarizadora: los primeros descendían ligeramente –de 240.300 a 239.600- mientras los segundos aumentaban un 35% al pasar de 69.600 a 94.400. Sin embargo, la dinámica se invirtió a partir de entonces con un aumento constante de los fijos -36.500 en 21 meses- y un descenso mantenido de los eventuales -13.600 menos en ese mismo periodo-.

LOS TRABAJADORES DE LAS PASTELERÍAS GALBURU INICIAN UNA HUELGA POR EL IMPAGO DE SALARIOS

El paro se alargará los nueve días de Aste Nagusia por deudas correspondientes «a tres mensualidades, que ascienden a unos tres mil euros por cabeza»

Los 28 empleados de la cadena de pastelerías Galburu 69 –con obrador en Basauri y cinco tiendas más repartidas por Bilbao– comenzaron una huelga que se alargará durante los nueve días de la Aste Nagusia. Representantes de los trabajadores denuncian que se les deben los cobros correspondientes «a tres mensualidades, que ascienden a unos tres mil euros por cabeza», indicó Carmen Moreno, enlace sindical de UGT.

Para hacer frente a la situación, la plantilla ha convocado diferentes concentraciones «en los establecimientos que intenten abrir», que se iniciaron con una protesta en la tienda ubicada en Hurtado de Amézaga.

Por su parte, el gerente de la empresa, Baltasar Fernández, reconoció que le ha sido imposible abonar los pagos por falta de liquidez. «En verano no se vende un bollo y la competencia es tremenda, no dejan de abrir panaderías y pastelerías, la crisis es para todos», lamentó el propietario. «Las fiestas siempre son una inyección importante.

Mi propuesta fue que trabajaran el fin de semana para que, a lo largo de la Aste Nagusia, pudiéramos abonarles la mitad del sueldo que les corresponde y cada mes una parte de lo que quede pendiente. Es la única posibilidad real que puedo ofrecerles», indicó a este periódico.

Sin embargo, los trabajadores no confían en que Fernández pueda saldar sus deudas, motivo que les ha llevado a las movilizaciones e incluso a «emprender reclamaciones judiciales o la restricción del contrato para buscarse la vida en otra empresa», adelantó la representante sindical. «De momento, seguiremos con la huelga y las protestas e intentaremos buscar una solución, siempre que los empleados perciban el dinero que se les debe», abundó.

«Hemos anulado pedidos y no hay nada preparado, es la primera vez que sucede algo así en los veinte años que llevamos funcionando», se dolía el gerente de la empresa, que no se explica «cómo hemos podido llegar a esta situación».

LOS TRABAJADORES SE LEVANTAN CONTRA PROMAN Y OBLIGAN A DEFENSA A INTERVENIR EN EL MUSEO DEL EJÉRCITO DE TOLEDO

La empresa ‘amiga’ de Morenés investigada por la justicia provoca pérdidas diarias de 12.000 euros

El Museo del Ejército de Toledo, uno de los más visitados de España (300.000 visitas/año), ha sido desde la llegada de Mariano Rajoy al poder un centro donde se han vulnerado constantemente los derechos de los trabajadores, según las sentencias de los tribunales y las denuncias continuas presentadas por CCOO, ante la indiferencia del Ministerio de Defensa que todavía dirige el ministro en funciones Pedro Morenés.

Vulneración que ha llevado a los trabajadores de sala desde el inicio del mes de agosto a convocar una huelga indefinida en protesta por el trato recibido y por el impago de sus salarios, lo que ha provocado el cierre de la exposición, permaneciendo abierto sólo el área que recoge los vestigios ruinosos y arqueológicos de la antigua edificación, cafetería y tienda.

Entrada gratuita

El levantamiento de los trabajadores contra Proman, empresa “amiga” de Morenés, involucrada en supuestas mordidas, como ya publicó hace un año este periódico, ha llevado a la dirección del museo, ausente durante el largo litigio laboral que mantienen trabajadores y empresa, a tomar la decisión de cerrar “determinadas plantas, que en el peor de los casos puede alcanzar la totalidad de la Exposición Permanente”, dicen en su comunicado, cuando en realidad están cerradas todas las salas, pero, eso sí, anuncian también que “los restos arqueológicos, jardines y servicios del museo (restaurante-cafetería y tienda de regalos) permanecerán abiertos”, si bien estas dependencias no necesitan control de sala o están gestionadas por trabajadores ajenos a Proman, a quien hay que “agradecer” que la entrada al museo sea al día de hoy gratuita.

Defensa rescindirá el contrato

Situación insostenible que tiene, siempre según fuentes de los trabajadores, las horas contadas, ya que Pedro Morenés accederá, por fin, a rescindir el contrato a Proman a partir del 1 de septiembre. Aunque otras fuentes consultadas por esta redacción dudan seriamente de que eso vaya a ser así, ya que “Defensa, por razones que desconocemos, mantiene intactas sus relaciones contractuales con Proman”, sentencian.

En este sentido, las fuentes aseguran que Pedro Morenés no sólo consiente los desmanes de la empresa, “es que el pasado mes de abril el ministerio que dirige le concedió un nuevo contrato”, en este caso el correspondiente a los servicios de conserjería de la residencia militar “Loa Alijares”, perteneciente a la Academia de Infantería de Toledo. Ese mismo día, el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo, los 39 conserjes del Museo del Ejército llevaban dos meses sin cobrar.

Empresa “consentida” por Morenés

Ya lo publicamos en su momento, Proman no es una empresa más del sector. No. Según investigaciones de la Guardia Civil, recogidas por ELPLURAL.COM, tuvo relación directa con los tenientes coroneles encargados de repartir un pastel millonario entre trece empresas y que fueron detenidos y encarcelados el 28 de abril de 2015. Uno de los mandos militares admitió ante el togado castrense haber recibido contraprestaciones por “asesorar” a las empresas concesionarias.

Obsequios que iban desde dinero en metálico, a entradas para los toros, pasando por regalos de relojes de alta gama, etc. Tanto es así, que en un control de vigilancia policial al que estaban sometidos, a la salida de un restaurante donde los tenientes coroneles habían comido con directivos de Proman, encontraron a uno de ellos dos sobres con 2.000 euros cada uno (4.000€).

Hartazgo sindical y perjuicio económico

Situación que ha llevado, y van unas cuantas, a CCOO a urgir a Proman a cumplir con su obligación de pagar a sus trabajadores, al mismo tiempo que reclama al Ministerio de Defensa, “que fue quien adjudicó el servicio de conserjería del museo a esta empresa, que de continuar los impagos le retire la concesión”, recordando que “desde que Proman se hizo con la adjudicación los conflictos laborales han sido continuos”.

A todo esto hay que añadir el perjuicio económico que supone para las arcas del Estado la gratuidad del museo desde el 1 de agosto. “Otra razón más por la que el Ministerio de Defensa buscara una solución al problema de forma urgente”, ya que, siempre según estimaciones del sindicato, supone unas pérdidas “al día de más de 12.000 euros, teniendo en cuenta la afluencia al museo y el precio de la entrada”, añaden “con lo no recaudado en dos días de huelga se podría pagar la nómina de un mes a los 39 conserjes del museo”.

EL ACUERDO SE COMPLICA EN LA HUELGA DE LA LIMPIEZA EN PLAYAS DE ALGECIRAS

La huelga de la limpieza en playas terminaba con un cruce de acusaciones que enturbia la relación entre los trabajadores y el Ayuntamiento de Algeciras, titular del servicio que tiene en concesión Urbaser.

Mientras el Consistorio asegura tener pruebas de que huelguistas han tirado la basura para ensuciar algunas playas, estos aseguran que trabajadores de Algesa han estado ejerciendo sus funciones.

La negociación se complica para los trabajadores, tras una huelga con una repercusión mucho menor de la que se esperaba.

EL 50% DE LOS EMPLEADOS SECUNDAN LA HUELGA EN EXTEL, SEGÚN CC.OO.

EFE – Zaragoza

Extel es una empresa nacional dedicada al ‘call center’ que cuenta con unos 600 trabajadores en Zaragoza.

El 50% de los trabajadores del turno de mañana de la empresa Extel Zaragoza, dedicada a la atención telefónica, ha secundado el paro de 24 horas convocado por CC.OO. para reivindicar la mejora de sus condiciones de trabajo.

Según el sindicato, dentro de la jornada de huelga un grupo de trabajadores se han concentrado en las puertas del edificio World Trade Center, donde la empresa tiene su sede en Zaragoza, para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales.

Por el momento, el paro ha sido secundado por el 50% de la plantilla en el turno de mañana, un porcentaje que ha sido valorado por los responsables de CC.OO. en la empresa.

Extel es una empresa nacional dedicada al ‘call center’, atención telefónica y atención con los clientes, que cuenta con unos 600 trabajadores de plantilla en Zaragoza.

Desde hace meses los trabajadores denuncian el continuo deterioro de sus condiciones de trabajo, con problemas «ergonómicos y ambientales», como las elevadas o muy bajas temperaturas, «los cascos y micrófonos que deben compartir, con los posibles problemas de salud que ello conlleva, o el deterioro de las sillas rotas y sucias que deben utilizar durante su jornada laboral», denuncia CC.OO.

Además reclaman el cese de las escuchas de las llamadas que realizan a los clientes desde el puesto del teleoperador, que solo se llevan a cabo en el centro de Zaragoza, y que según afirman únicamente produce «presión y tensión» a los trabajadores mientras desarrollan su cometido.

Formación específica según el puesto, la supresión de los impedimentos puestos a los cambios de turno de trabajo impuestos desde hace unos meses, la negociación de incentivos, o que la regulación de los mismos en el periodo de vacaciones se realice desde la fecha de interposición de la demanda son algunas otras de las peticiones.

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