Boletín de Luchas Obreras (23 de Abril de 2015)

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ÍNDICE:

  • LA «PRECARIEDAD LABORAL» LLEVA A LA HUELGA A UNOS 200 EMPLEADOS DE TELEFONÍA
  • VARIOS CIENTOS DE TRABAJADORES DE SUBCONTRATAS DE TELEFÓNICA PIDEN ANTE EL PARLAMENTO QUE LA XUNTA INTERMEDIE
  • TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA (RTVCM) CONFÍAN EN QUE LA HUELGA SIRVA PARA MOSTRAR SU “DESCONTENTO”
  • HUELGA EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE DACHSER-AZKAR EN GUADALAJARA PARA LOS DÍAS 22 A 24 DE ABRIL
  • LOS TRABAJADORES DE LA UTE LEGIO VII APRUEBAN IR A LA HUELGA EN LAS ASAMBLEAS DE SAN ROMÁN DE LA VEGA Y PONFERRADA
  • LOS PREJUBILADOS DEL ERE DE 2007 DE MERCASEVILLA RECURREN AL CONSTITUCIONAL LA SENTENCIA DEL TSJA
  • APOYO A LAS Y LOS TRABAJADORES DEL SPEE (ANTIGUO INEM)
  • LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
  • OBLIGAN A TRABAJADORES SANITARIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO A APOYAR DESPIDOS PARA COBRAR PRODUCTIVIDAD
  • PRINCIPIO DE ACUERDO ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS EN EL ERE DE LA TEXTIL BLANCO
  • JORNADAS DE HUELGA Y PAROS PARCIALES EN CORREOS
  • LOS BRIGADISTAS DE LA BASE DE TABUYO DEL MONTE NO DESCARTAN LA HUELGA SI NO SE ATIENDEN LAS MEJORAS QUE PIDEN
  • LOS TRABAJADORES DE OSAKIDETZA SE MANIFESTARON EN BILBAO PARA EXIGIR LA “REVERSIÓN” DE LOS RECORTES
  • LOS BOMBEROS DE GRAN CANARIA INFORMAN DE LA REUNIÓN CON EL CABILDO PARA RESOLVER LA HUELGA
  • LOS BOMBEROS DE O SALNÉS SE SUMAN A UNA GRAN MOVILIZACIÓN EN SANTIAGO
  • HUELGA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE SANITARIO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
  • EL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DOCTOR NEGRÍN MANTIENE LA HUELGA
  • LOS DESPIDOS EN JUZGADOS HAN COSTADO 325 MILLONES A LAS EMPRESAS CANARIAS DESDE 2010
  • EMTE PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A 195 TRABAJADORES
  • EL JUZGADO REABRE EL PROCESO CONTRA EL ALCALDE DE CARNOTA POR UNOS DESPIDOS Y CONTRATACIONES

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LA «PRECARIEDAD LABORAL» LLEVA A LA HUELGA A UNOS 200 EMPLEADOS DE TELEFONÍA

Pertenecen a subcontratas de Telefónica y critican el pago por puntos que se les aplica

Cádiz

El próximo día 30 finaliza el contrato de cuatro años por el que se rigen todos los trabajadores que se dedican a la telefonía. Estos empleados pertenecen a contratas, subcontratas y autónomos que trabajan para Telefónica. Ellos se encargan de compartir tareas junto a la plantilla de la compañía matriz. Pues las condiciones de ese contrato que la operadora aplica, han llevado a estos trabajadores a iniciar una huelga indefinida. En el caso de la provincia de Cádiz afecta a más de 200 empleados entre todas las partes implicadas.

Rafael Rodríguez Pallarés, miembro del comité de empresa de Abentel (una de las contratas) explicó a este periódico el origen del problema. «Esto no afecta a la plantilla de Telefónica.

Esa compañía impone un contrato bucle de cuatro años a las contratas, que en el caso de la provincia gaditana son tres (Abentel, Liteyca y Cotronic), y varias subcontratas, además de a los autónomos. Todos cobran por puntos: instalar un ADSL vale tantos puntos, una línea, otros tantos, etc.

Pues, a modo de ejemplo, los empleados autónomos tienen que trabajar los 30 días del mes, sin descanso, entre 10 y 12 horas diarias, para llevarse a casa unos 600 euros. En el caso de las subcontratas, solo descansan un fin de semana al mes para ganar 800 euros y, además, son el 80% de los trabajadores».

Rafael Rodríguez explicó que «esta precariedad y este sistema de baremación de puntos» les ha llevado a iniciar una huelga indefinida que, en el caso de las subcontratas comenzó el pasado día 7 y en el de las contratas, el pasado martes día 14.

Según detalló el representante sindical, se produjo una reunión entre las partes (sindicatos y patronal), pero sólo hubo un acercamiento, sin llegar a acuerdo alguno. Por ello, en el caso de Cádiz, todos los afectados acudirán a la concentración convocada el próximo día 23 en la zona de San José, en la capital gaditana, autorizada por la Subdelegación del Gobierno entre las 09:00 y las 12:00 horas. Explicó que tan solo existen servicios mínimos en el caso de edificios públicos (colegios, hospitales, centros de salud, policía, etc.) y teleasistencia para mayores.

Desde Telefónica explicaron que este es un problema que no les afecta, ya que los contratos «son negociados» con contratas y subcontratas y son estas empresas las que los aplican.

VARIOS CIENTOS DE TRABAJADORES DE SUBCONTRATAS DE TELEFÓNICA PIDEN ANTE EL PARLAMENTO QUE LA XUNTA INTERMEDIE

Santiago De Compostela (Europa Press)

Varios cientos de trabajadores de subcontratas de Telefónica se han manifestado con bocinas y petardos ante el Parlamento gallego para pedir que la Xunta intermedie para que se cumplan los derechos de los trabajadores, que se encuentran en una situación «muy precarizada».

Han contado con el respaldo de parlamentarios de BNG, que lleva una iniciativa en relación a esta problemática en el próximo pleno, y de AGE. Además, los miembros del comité de empresa entraron luego en la Cámara para mantener un encuentro con diputados.

En declaraciones ante las puertas del Pazo do Hórreo, el responsable de la Federación de Industria de la CIG en Ferrol, Ramón Fernández, ha advertido de las «condiciones inhumanas que pone Telefónica a las subcontratas y que éstas trasladan a sus trabajadores, incluso creando todo un universo de falsos autónomos que precariza aún más la situación».

De esta manera, ha explicado que piden, a través del Parlamento, que la Consellería de Traballo que «es la que tiene competencias, controle la normativa laboral, que controle que se cumplen los convenios colectivos, las jornadas y que se paga lo que se tiene que pagar».

Asimismo, también exigen que se vigilen las «condiciones de seguridad de los trabajadores, que están muy precarizadas», y que se controle «que se cumple con la normativa» en la obra pública contratadas por el Gobierno, toda vez que la Xunta «está financiando» la instalación de la fibra óptica.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, José Manuel Rouco Ramos, de la federación de industria de la CIG en Lugo, ha explicado que hay «hasta tres niveles de contratación» y que, en cada uno, «se precariza más la contratación».

12 horas por 700 euros

Así, ha indicado que, después de trabajar «doce horas, de lunes a domingo», hay trabajadores que ganan entre 700 y 800 euros. «Esto no es precariedad, es esclavitud directamente», ha apostillado.

La huelga de los trabajadores de las subcontratas de Telefónica se mantiene de forma indefinida desde hace una semana y, en palabras de Rouco, «sin visos de pararla». En este sentido, ha indicado que «no hay ningún tipo de negociación avanzada».

TRABAJADORES DE RADIO TELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA (RTVCM) CONFÍAN EN QUE LA HUELGA SIRVA PARA MOSTRAR SU “DESCONTENTO”

Con el anuncio de la primera huelga en el ente público de Radio Televisión Castilla-La Mancha, los sindicatos del ente público han celebrado la cuarta mesa de trabajadores y ciudadanos para exponer lo que no se ve tras la manipulación de la información y hablar sobre las razones que han llevado a la caída de espectadores que ha sufrido la televisión regional.

El próximo 26 y 27 de abril los trabajadores irán a una huelga parcial que confían sirva para mostrar “el descontento” que hay entre los profesionales y que haya un “seguimiento mayoritario”.

Así lo ha comentado la presidenta del Comité de Empresa del ente público, Cristina Corcuera, quien recordaba que se trata de una convocatoria de las secciones sindicales que han optado por estos paros para hacer frente a los despropósitos que se van sumando al ente público.

La huelga es un paso más en una serie de propuestas sindicales de los sindicatos del ente público que han contado con los Viernes de Negro, el primero de cada mes; las denuncias públicas a través de los medios y los vídeos; y las mesas redondas con partidos y ciudadanos para explicar la situación.

La de esta tarde en Ciudad Real es la cuarta mesa redonda que han realizado enfocadas como una “toma de contacto” con la que “trasladar la realidad” que hay detrás de las informaciones: “La manipulación y falta de transparencia”, ha comentado Corcuera.

La presidenta del Comité de Empresa recordaba que también sirve para que los partidos políticos se posicionen respecto a la radio y la televisión regional, “qué plantean” de cara a mantener este servicio público.

Así, en la mesa redonda se han contado anécdotas de manipulación como el incendio de una residencia en Albacete, donde la primera pregunta fue si era “pública”, ya que en “las residencias públicas no ocurren incendios”, para terminar recordando que la conflictividad laboral de Castilla-La Mancha ha sido olvidada y los sindicatos y sus demandas no existen para el ente público, al igual que los movimientos sociales.

La situación es tal que son los propios trabajadores los que combaten la caída de la audiencia con esta situación. “¿Quién ha borrado Televisión Castilla-La Mancha de su dial?”, preguntaba en la mesa Corcuera, que antes, con la prensa, indicaba que hay una “caída de la audiencia”.

Para Corcuera más allá de la crítica, hay que recordar que RTVCM es un servicio público, que debe ser defendido, en el que hay unos profesionales que niegan la manipulación y unos periodistas que no pueden ejercer su trabajo. En el primer bloque se encuadra Nacho Villa y lo ocurrido en cada Consejo donde ninguna propuesta prospera, así como la redacción paralela, en el segundo los redactores que no pueden trabajar ciertas informaciones o están obligados a realizar ciertas preguntas.

“Ni informamos, ni entretenemos”, afirma la presidenta del Comité de Empresa, que recuerda que son los dos conceptos bajo los que se asientan el desarrollo del ente público.

La directora del comité de empresa recuerda que “la anterior dirección” también cometía “irregularidades” en cuanto al tratamiento informativo, pero “nunca jamás se habían traspasado” tantas líneas ni se había producido “la caída de la Audiencia y la falta de credibilidad” que hay en estos momentos.

HUELGA EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE DACHSER-AZKAR EN GUADALAJARA PARA LOS DÍAS 22 A 24 DE ABRIL

El comité de empresa de Dachser-Azkar –empresa perteneciente al sector logístico y de transporte– ha convocado huelga para los días 22, 23 y 24 de abril en el centro logístico de Torija (Guadalajara), dedicado en exclusiva al almacenamiento y distribución de los productos de bricolaje y construcción de la empresa Leroy Merlín.

El motivo de esta convocatoria de huelga es la externalización de servicios de transporte y gestión logística que pretende llevar a cabo Dachser-Azkar en la actividad que afecta a su cliente Leroy Merlín, lo que supondría pérdida de empleo y precarización para la plantilla fija adscrita al citado centro.

El comité de empresa sospecha que la externalización será mínima y lo que realmente se pretende con esta medida es sustituir trabajadores fijos –con una experiencia y profesionalidad contrastadas– por nuevos contratados en condiciones muy precarias.

Atendiendo a los datos económicos, no hay razón para llevar a cabo ninguna medida de este tipo, a no ser que Dachser-Azkar, en connivencia con Leroy Merlín, tengan por objetivo abaratar el coste de la prestación de servicios logísticos a costa de precarizar el empleo.

LOS TRABAJADORES DE LA UTE LEGIO VII APRUEBAN IR A LA HUELGA EN LAS ASAMBLEAS DE SAN ROMÁN DE LA VEGA Y PONFERRADA

Se va a decidir en la asamblea de la planta de transferencia de León, si habrá definitivamente movilizaciones en plena campaña electoral

Los trabajadores de la UTE Legio VII aprueban ir a la huelga en las asambleas celebradas en San Román de la Vega y Ponferrada. En ambas reuniones se ha acordado respaldar las movilizaciones que tendrán lugar a partir del 4 de mayo ante el desacuerdo en el conflicto laboral desatado en el CTR provincial y plantas de transferencia de residuos.

Ante la negativa de los trabajadores a negociar en 2014, la empresa presentó dos expedientes, uno para modificar las condiciones de trabajo, que implicaría el cierre de las tres plantas de envases de la provincia y otro, de condiciones laborales, que implicaría una rebaja de sueldos del 5,7%, si bien parte de este tanto por ciento se podría recuperar si los sindicatos consiguen bajar el alto absentismo laboral. Además, se propone la congelación del plus por antigüedad a partir de este año, la realización de 36,5 horas semanales en lugar de 35 y el acuerdo por escrito de que las vacaciones se podrán disfrutar todo el año.

La UTE Legio VII ha alegado en su decisión de recortes laborales las pérdidas acumuladas en los 10 años de gestión, que cifraba en más de 40 millones de euros. Por su parte, los trabajadores de la empresa rechazan estos recortes impuestos y van a decidir en la asamblea de la planta de transferencia de León, si habrá definitivamente huelga en plena campaña electoral.

LOS PREJUBILADOS DEL ERE DE 2007 DE MERCASEVILLA RECURREN AL CONSTITUCIONAL LA SENTENCIA DEL TSJA

El grueso de los trabajadores de la sociedad mixta Mercasevilla prejubilados en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que zanja que Mercasevilla es el «único responsable en el pago de las indemnizaciones» y declara que estos prejubilados sólo tienen derecho a indemnizaciones de «45 días por año y un máximo de 42 mensualidades», lo que rebajaba de nueve a 2,5 millones de euros el coste del ERE.

Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha informado a Europa Press de que los abogados del colectivo han formalizado ante el Tribunal Constitucional el recurso contra la mencionada sentencia, que supuso un varapalo, a todos los efectos, para este colectivo de cerca de 40 extrabajadores del mercado central hispalense.

El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por Mercasevilla, cuyo coste se elevaba a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis por la anterior gestión de Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias financiadas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Y es que aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su «conformidad» y compromiso en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron «meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio».

A los tribunales

La decisión del sucesor de Guerrero de desligar a la Junta de la financiación de las prejubilaciones de este ERE motivó un conflicto judicial promovido por el colectivo de prejubilados del expediente de regulación de empleo de 2007, que reclamaba los «compromisos» de pago de dicho procedimiento.

La correspondiente sentencia del Juzgado de lo Social número ocho de Sevilla, no obstante, zanjaba finalmente que Mercasevilla es «el único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas en el ERE», porque la juez consideraba «irrelevante el compromiso personal» formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer de «todo trámite administrativo».

Esta sentencia fue recurrida al TSJA tanto por los extrabajadores, que defendían que Guerrero firmó compromisos similares que sí están siendo atendidos por la Junta, como por Mercasevilla en el mismo sentido, y la sala de lo Social del Alto tribunal andaluz, en una sentencia fechada el 30 de octubre y recogida por Europa Press, desestimó plenamente el recurso de los prejubilados y estimó parcialmente el recurso de Mercasevilla.

Las indemnizaciones

El fallo del TSJA, así, revocó la sentencia previa y declaró que los extrabajadores tienen derecho a percibir de Mercasevilla sólo «el importe que corresponda por indemnización (…) a razón de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades», siendo descontadas las cuantías ya percibidas y siendo de nuevo declarada Mercasevilla como «responsable» exclusiva del abono de tales indemnizaciones.

Según esta sentencia del Alto Tribunal andaluz, los acuerdos del ERE en materia de indemnizaciones «resultan totalmente desmesurados por superar con mucho las indemnizaciones previstas para los supuestos de extinciones contractuales por despido improcedente, máxima indemnización legal prevista».

APOYO A LAS Y LOS TRABAJADORES DEL SPEE (ANTIGUO INEM)

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Comunicado de Anticapitalistas

Desde el pasado 1 de abril, los auxiliares administrativos y ayudantes de oficina, tanto interinos, como de carrera o laborales, están en pie de lucha. Convocados por los sindicatos del sector (CCOO, CIG, CSI-F, ELA, UGT y USO), los trabajadores de estas categorías laborales han dicho “basta”: se niegan a reconocer un solo expediente más de prestaciones, ayudas o subvenciones, labor que vienen realizando sin ver un solo céntimo, cuando dicha función no les corresponde a esas categorías laborales.

A esta causa se añaden otras que como empleados públicos, la totalidad de los trabajadores del SPEE viene padeciendo: remuneraciones de un 23% por debajo al de otros ámbitos administrativos del propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la precariedad del empleo más alta de toda la Administración General del Estado –un 25% del conjunto de la plantilla-, un nivel de estrés insoportable –cada efectivo gestiona de media 5.300 ciudadanas al año, con sólo 15 minutos para destino de fondos que suponen, por cada expediente aprobado, 12.000 euros de media…

Las presiones que la Dirección del Organismo realiza a este colectivo han llegado al tope: ya está bien de que, utilizando un símil sanitario, como bien explican los sindicatos del sector, “la persona responsable del trabajo en quirófano y de hacer el seguimiento del tratamiento postoperatorio se le endosa a quien ostenta la categoría de Auxiliar de Clínica.”

Y ya está bien de poner la cara para los recortes que el Gobierno impone al conjunto de la clase trabajadora: las agresiones a estos empleados públicos, fruto de la frustración que genera el Régimen de los “sobres” y de los “ERE´s” a los de abajo, se ha convertido a veces en el día a día para aquellas y aquellos que lo único que realizan un trabajo de servicio al ciudadano, pese a los gobiernos de turno.

Desde Anticapitalistas, nos solidarizamos con esa decisión colectiva: no podemos dejar de lado a todo un colectivo de trabajadores y trabajadoras, independientemente de su adscripción funcionarial o laboral a la Administración que sirva, que han estado al pie del cañón junto al ciudadano en esta época de crisis.

Su reivindicación es justa: o retribución de dicha función que realizan por encima de su categoría laboral, o contratación u oferta pública de empleo para cubrir las imperiosas necesidades de plantilla.

LA LUCHA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Eli P.

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Trabajo desde 2010 en el Servicio de Teleasistencia de la Junta de Andalucía (SAT), cuyo director gerente es Manuel Martínez Domene. Este servicio es conocido como “el botón rojo”, un servicio de atención y gestión telefónica para personas mayores de 65, personas con discapacidad y personas dependientes ofrecido de manera gratuita o semigratuita con el fin de promover la autonomía dentro del entorno familiar y evitar situaciones de soledad y aislamiento.

El SAT es un área dentro de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA). La ASSDA pertenece a la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, con Mª José Sánchez Rubio a la cabeza como consejera.

Las teleasistentas atendemos llamadas de emergencia como caídas, infartos, ictus, accidentes en el hogar y activamos los recursos necesarios inmediatamente. También atendemos llamadas de conversación, de seguimiento, recordamos medicación, llamamos para dar un pésame, felicitar un cumpleaños e incluso denunciamos en ocasiones situaciones de abandono o maltrato. El servicio cumple con los parámetros de calidad por nuestra labor y tiene muy buena reputación. Canal Sur, emite programas periódicamente elogiando nuestra labor, entrevistando a usuarios y a trabajadoras.

Trabajo de lunes a domingo en un turno fijo de tarde, de 15:15 a 22:15 y eventualmente hago turnos de noche de 10 horas, de 22:00 a 08:00. Mi sueldo es de 850 euros. Si trabajo un fin de semana cobro 15 euros más y si hago un turno de noche me pagan 3 euros la hora nocturna.

Los 15 minutos que trabajo diariamente en horario nocturno no me los pagan. No tengo ninguna posibilidad de acceder al turno de mañana porque, junto con 95 compañeras, soy la menos antigua y hace 4 años que no se contrata personal nuevo.

Mi contrato está en fraude de ley. Llevo 5 años con un contrato por obra y servicio, hace 3 años que debería tener un contrato indefinido. Los recortes no sólo me han quitado parte de mi sueldo por la cara, me han quitado un 10% de mi jornada laboral con el correspondiente descuento en nómina. El personal indefinido trabaja al 100%.

Además de la desigualdad que sufrimos las de la tarde frente a las de la mañana, las temporales frente a las indefinidas, hay otra desigualdad que también se traduce en sueldo: no cobro el complemento de nivel que debería estar cobrando y que cobran todas las compañeras con más de 5 años de antigüedad. En resumen, media plantilla tenemos un sueldo que es unos 300 euros menor que el de la otra mitad y estamos anclados a un turno de tarde.

Hace 4 años y medio que no se contrata personal, hace 3 años hubo despidos y las bajas no se cubren. Sin embargo, el número de usuarios no para de crecer. La empresa lo soluciona presionándonos, cargándonos de trabajo. Mi trabajo, que era excelente hace 5 años, ahora, supuestamente, es “insuficiente”.

Me reúnen en despachos periódicamente para que justifique por qué no hago mayor número de llamadas diarias, me mandan sentarme si estoy de pie, me llaman la atención si hablo con un compañero, el tiempo que no estoy en línea por estar resolviendo una tarea administrativa ocasionada por una llamada, lo llaman “descansos” o “paseos”, ya que se supone que tengo que hacer la tarea con otra llamada en curso.

Si tardo en volver del baño, me piden explicaciones, me ha llegado a perseguir un supervisor por la sala, escondido, para decirme después que he estado 20 minutos fuera de mi puesto, tanto tiempo en el baño, tanto tiempo hablando con una compañera, tanto tiempo hablando con otra, delante de todo el mundo.

Me han parado un día cualquiera, en mitad de la sala, delante del resto de compañeras, para decirme que el día anterior fui la persona con menor número de llamadas (fueron 65 llamadas ese día, en 6 horas y 35 minutos).

Este acoso también lo sufren mis compañeros y compañeras, la mayoría. Tienen miedo de levantarse, hablan unos con otros comprobando de reojo que no los estén vigilando, nerviosos porque les van a llamar la atención.

Hace varios meses el gerente de la Agencia nos abrió un expediente a mí y a otros 22 compañeros por hablar de trabajo en Facebook y por contar anécdotas completamente anónimas, tal y como se hace en los programas de Canal Sur que tratan sobre el Servicio de Teleasistencia de Andalucía. Nos tipifica la falta como grave. Finalmente, tras meses de reclamaciones, se archivan la mayoría de los expedientes excepto el mío y el de otras tres mujeres.

Nos sancionan con 15 días de empleo y sueldo. Poco después, en vísperas de elecciones, Juan y Medio hace un programa donde se da un premio a la Teleasistencia de Andalucía y salen en el programa algunos usuarios, la Consejera, el Director Gerente, un supervisor de la UGT y varios de mis compañeros maltratados, todos en armonía dándose abrazos. Los únicos que no actuaban eran los usuarios, una señora se emocionaba en el plató por el agradecimiento que sentía. No pude ver el programa entero de la rabia que sentía.

El ambiente de trabajo, el estrés y el maltrato recibido han hecho que desarrolle ansiedad, depresión, y fobia al trabajo que me han llevado a una baja. He intentado incorporarme tres veces cuando me he encontrado mejor, las tres veces sin éxito. La última incorporación fue obligada por la inspección médica de la Seguridad Social, aunque ahora estoy, de nuevo, sin poder trabajar y esperando una reubicación que no llega…

Felizmente, mis compañeros y compañeras han comenzado a movilizarse contra tanta explotación y han empezado paros parciales a las puertas del centro de trabajo. Aunque no puedo estar allí físicamente con ellas por motivos de salud, estoy con ellas moralmente con todo mi apoyo porque sé que si luchamos juntas podemos acabar con la explotación laboral de la Junta de Andalucía.

OBLIGAN A TRABAJADORES SANITARIOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO A APOYAR DESPIDOS PARA COBRAR PRODUCTIVIDAD

El Complejo Hospitalario de Toledo condiciona cobrar este plus a que los trabajadores firmen los Objetivos de Enfermería de 2015.

Entre esos objetivos se encuentra la reducción de personal en un 10% con respecto a 2014.

En la hoja de los Objetivos del Servicio de Enfermería del Complejo Hospitalario de Toledo para 2015 aparece, como uno de ellos, la reducción de la plantilla en un 10% respecto al número de contrataciones de personal eventual en el año 2014. Es una entre una serie de metas a conseguir que los trabajadores de ese departamento deben firmar para poder cobrar el plus de productividad fijado por la gerencia, a lo que hasta el momento se han negado, puesto que, según valoran, supondría avalar despidos.

La circular que se ha hecho llegar a los enfermeros del complejo hospitalario estipula que la productividad del año 2015 estará en función de la “consecución de los objetivos pactados tanto de unidad como individuales”. Después, añade que “para poder cobrar la productividad habrá que haber firmado previamente dichos objetivos” y que quien nos los firme no tendrá opción a cobrar ese plus “aunque sí se hayan cumplido”.

Y entre la planificación de objetivos dada a conocer por la dirección se encuentra, además de la reducción de material necesario para el desempeño de sus tareas (como pañales y empapadores), el descenso de un 10% respecto al número de contrataciones en personal eventual del año 2014. Los trabajadores interpretan que al no haberse contratado prácticamente a nadie durante 2014, este objetivo supondría despidos en el departamento.

Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Toledo, Toñi Márquez ha señalado que si ya el año pasado hubo “poca contratación”, este año el Hospital pretende reducirla aún más, aumentando la carga de trabajo y el deterioro de la calidad asistencial que se presta a los pacientes.

Márquez también ha explicado que los objetivos de productividad no están consensuados con la parte social, pero que aun así los trabajadores “tienen que firmarlos para tener opción” a cobrar esa parte adicional. Según afirma, en este caso, los trabajadores del Complejo Hospitalario de Toledo se han negado a firmarlos al comprobar que entre ellos se encontraba la reducción de la contratación.

PRINCIPIO DE ACUERDO ENTRE EMPRESA Y SINDICATOS EN EL ERE DE LA TEXTIL BLANCO

Santander – Europa Press

Las nuevas condiciones reducen el número de despidos e incrementan la indemnización por despido hasta los 33 días por año trabajado. La empresa cuenta en Galicia con ocho establecimientos

Los sindicatos y la dirección de la cadena textil Blanco alcanzaron un principio de acuerdo sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por la empresa, que en un principio planteaba el despido de 332 trabajadores y el cierre de una docena de sus establecimientos, uno de ellos en Santiago.

Según informó UGT en un comunicado, ese principio de acuerdo ha permitido desconvocar la huelga prevista por los sindicatos para los días 20, 22 y 24 de abril en más de un centenar de tiendas del grupo Blanco en toda España.

Las nuevas condiciones incrementan la indemnización por despido hasta los 33 días por año trabajado con un tope de 17 mensualidades, en lugar de los 20 días con un máximo de 12 mensualidades planteado por la empresa de acuerdo con la actual normativa de la reforma laboral para extinciones de contrato en regulaciones de empleo por causas económicas, de producción u organizativas.

Además, se reduce el número de despidos, aunque solo se han cuantificado los directamente relacionados con el cierre de tiendas, que pasan de 83 a 60, mientras que en los demás, los incluidos en el ERE como de reestructuración de plantilla de establecimientos que no cerrarán sus puertas, se abre un plazo para quienes quieran acogerse a los despidos con las nuevas condiciones acordadas, incluidos los trabajadores no afectados por la regulación.

Este es el segundo expediente de regulación de empleo que sufren los trabajadores de la cadena textil, propiedad del grupo saudí Alhokair. El primero, en el 2013, ya supuso el despido de 711 empleados. Después de ese recorte, la plantilla quedó integrado 1.300 personas.

JORNADAS DE HUELGA Y PAROS PARCIALES EN CORREOS

Los sindicatos mayoritarios han pactado un calendario de movilizaciones para exigir que se desbloquee la negociación colectiva

El servicio público cuenta con cada vez menos plantilla, que trabaja en peores condiciones y con salarios mermados

Comenzarán con huelga los días 4, 15 y 22 de mayo, y con paros el 30 de abril y los días 14 y 21 de mayo

Paros parciales y jornadas de huelga marcarán el trabajo en Correos durante las próximas semanas. CC.OO., UGT, CSI-F y Sindicato Libre, con más del 80 por ciento de representación en el servicio público, han consensuado un calendario de movilizaciones para exigir al Gobierno Central que desbloquee las negociaciones del convenio colectivo y el acuerdo general, paralizadas desde hace meses. Se comenzará con tres jornadas de huelga, los días 4, 15 y 22 de mayo, así como paros parciales en las oficinas de Correos, los días 30 de abril y 14 y 21 de mayo, pero se convocarán también concentración y manifestaciones.

Aseguran que se ha tomado esta drástica decisión al considerarse como la “única salida” al conflicto laboral existente, en el que son responsables tanto el Ministerio de Hacienda, como la dirección de Correos y la SEPI, que ha “abandonado” a los trabajadores.

Urgen a “poner freno a los ajustes y recortes injustificados de empleo que se vienen produciendo” y a alcanzar un nuevo Convenio Colectivo y Acuerdo General, que contemplen un salario digno, la recuperación del poder adquisitivo con incrementos salariales tras años de congelación, la consolidación de empleo y el mantenimiento de la ultraactividad.

Los sindicatos recuerdan que, mientras la negociación de la regulación laboral permanece bloqueada desde hace año y medio, Correos está aplicando “el mayor recorte en su historia, amortizando puestos y reduciendo la contratación”. En los últimos 5 años se han suprimido alrededor de 15.500 puestos, y 11.000 en lo que llevamos de legislatura. Cada vez hay menos plantilla, pero más trabajo, por lo que los trabajadores desempeñan sus funciones en peores condiciones, en situaciones de estrés, y con salarios más bajos, año tras año.

LOS BRIGADISTAS DE LA BASE DE TABUYO DEL MONTE NO DESCARTAN LA HUELGA SI NO SE ATIENDEN LAS MEJORAS QUE PIDEN

Los efectivos de Tabuyo se concentran y dan a conocer la importancia de su labor.

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No van a tirar la toalla. Lo tienen claro y saben que defienden unas reivindicaciones «más que justas». Por eso los brigadistas de la base de Tabuyo del Monte, una de las nueve que hay en todo el país, se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno en León.

Esta acción supone el reinicio de las movilizaciones y ya dejan claro que no descartan una huelga indefinida durante la campaña si Tragsa, la empresa pública que les contrata, y el Ministerio de Agricultura no atienden sus peticiones. Reivindicaciones que recordaron una vez más y que pasan por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, la segunda actividad y mejoras salariales pues, pese a la peligrosidad del trabajo que realizan, el colectivo hay meses que no llega a mileurista.

Así, vestidos con la ropa de trabajo y con las ganas de visibilizar su problemática y concienciar a la población de la importancia del trabajo que realizan en la extinción y prevención de incendios forestales, muchos de los efectivos de la base de Tabuyo hicieron llegar al resto de ciudadanos su malestar. La acogida, según explicaron, «fue muy positiva».

En el transcurso de la concentración, los brigadistas registraron un escrito para hacerlo llegar al Magrama, donde exponen cada una de sus peticiones y donde recalcan que este colectivo lleva 23 años prestando servicio de emergencias, demostrando su capacidad de gestión y trabajo ante los incendios forestales y siendo referencia a nivel nacional; gracias a su preparación física y formación continuada.

Por ello entienden que deben dar un paso hacia adelante y continuar con las reivindicaciones que ya salieron a relucir la pasada campaña. En este sentido los brigadistas ponen de manifiestos que rendirse no entra dentro de sus planes y reclaman unas condiciones laborales y salariales acordes al trabajo que realizan, de especial peligrosidad.

Ya avanzaron que la posibilidad de huelga está sobre la mesa, aunque antes hay programadas una serie de movilizaciones. La campaña volverá a arrancar el 15 de junio, pero los brigadistas desarrollan durante los meses de invierno una importante labor de prevención. En definitiva el objetivo que pelean es ampliar sus perspectivas de trabajo, —ahora son fijos discontinuos—, pidiendo más implicación de la administración y un mayor reconocimiento por su labor.

LOS TRABAJADORES DE OSAKIDETZA SE MANIFESTARON EN BILBAO PARA EXIGIR LA “REVERSIÓN” DE LOS RECORTES

Bilbao

Osakidetza insiste en que no es tiempo de subir los salarios

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME-FFHH, CCOO, UGT y ESK organizaron una manifestación en Bilbao, a la que acudieron alrededor de medio millar de personas, para exigir la “reversión” de los recortes de Osakidetza. Se trataba de una movilización previa a las dos jornadas de huelga anunciadas.

Sin embargo, tras la marcha los sindicatos se mostraron desconfiados ante la posibilidad de llegar a acuerdos con la dirección de Osakidetza. El servicio público reiteró su disposición al diálogo para evitar la convocatoria de huelga, pero advirtió que no negociará la reducción de la jornada y ni el aumento de salarios.

Antes de la marcha, la secretaria de SATSE, Encarna de la Maza, se mostró desconfiada ante la voluntad anunciada por parte de Osakidetza a negociar para evitar esos paros ya que responde, a su juicio, “a una operación de marketing”. “No tenemos esperanza de cara a la reunión de la mesa sectorial porque Osakidetza lleva demasiado tiempo jugando a manipular” y “no tiene un verdadero compromiso de resolver los problemas de la sanidad vasca y de intentar alcanzar un acuerdo”, concluyó.

Durante la manifestación los trabajadores pidieron la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, y corearon gritos reivindicando el servicio público de sanidad como Urkullu aprende: Lo público no se vende y menos coches oficiales, más escuelas y hospitales.

“desproporcionada” Por su parte, el director general de Osakidetza, Jon Etxeberria, calificó la manifestación y las dos jornadas de huelga convocadas de “desproporcionadas” y reiteró que “no es el momento de aumentar los sueldos y reducir a 35 horas semanales la jornada”. En rueda de prensa, Etxeberria y el director de Recursos Humanos, José María Armentia, subrayaron que, pese a todo, “el acuerdo es posible” y calificaron de “oportunidad” la mesa de negociación.

Tras señalar que no está justificada ni la manifestación ni las dos jornadas de huelga anunciadas, los responsables de Osakidetza acusaron a los sindicatos de “confundir intencionadamente” las condiciones laborales propias con la calidad del servicio, “intentando crear alarma social para arrancar ventajas laborales”.-

LOS BOMBEROS DE GRAN CANARIA INFORMAN DE LA REUNIÓN CON EL CABILDO PARA RESOLVER LA HUELGA

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press El comité de huelga de los Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria informa este lunes a las 12.00 horas de la reunión que poco antes habrán mantenido con la consejera del Cabildo, María del Mar Arévalo, para avanzar en las negociaciones que permitan resolver el conflicto que mantienen los bomberos grancanarios.

Según informa CCOO Canarias en una nota de prensa, la convocatoria tendrá lugar en el Bodegón del Pueblo Canario, junto al hotel Santa Catalina.

El comité de huelga tiene una reunión con la Consejera del PP, María Mar Arévalo, presidenta del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con la que los bomberos han mantenido tres años de lucha «por incumplimientos de los acuerdos, imposiciones de decretos y mentiras continuadas de su partido, el PP, que han llevado a este servicio a una situación desastrosa, poniendo en peligro a los propios ciudadanos».

«Tras 15 días de huelga indefinida y después de declaraciones de la consejera indicando que no realizaría negociaciones con los Bomberos, nuevamente los ha vuelto a convocar a una reunión», señaló CCOO.

LOS BOMBEROS DE O SALNÉS SE SUMAN A UNA GRAN MOVILIZACIÓN EN SANTIAGO

Vilagarcía

Los bomberos de la comarca siguen en huelga, aunque en la práctica el paro casi no tenga visibilidad porque los servicios mínimos establecidos prácticamente coinciden con sus turnos de trabajo. La huelga empezó hace unas semanas para reclamar lo que llevan pidiendo desde hace tiempo, que sus sueldos y sus condiciones laborales se equiparen a las de los parques gestionados por entidades públicas, con un salario mayor y plantillas mejor dotadas.

Pero no son los del consorcio provincial los únicos que están en esta situación, por eso todos los bomberos cuya gestión está en manos privadas han decidido sumar fuerzas y poner en marcha una reivindicación conjunta a la que no solo se han sumado los de la comunidad gallega, sino los de otros lugares de España en condiciones similares.

Todos ellos piden que se supriman los servicios privatizados y que todos los parques de bomberos sean de gestión pública. Una buena representación de los trabajadores afectados se reunió en Santiago para poner en marcha una movilización conjunta que se hará efectiva el 15 de mayo, con una manifestación que partirá de San Lázaro y que recorrerá el último tramo del Camiño Francés para finalizar en la plaza del Obradoiro.

Llevan un lema que lo dice todo. Ellos, cuyo trabajo consiste en rescatar a los demás, piden ahora que se les rescate.

Pero la gestión pública de los parques no es la única de sus reclamaciones. Quieren también que se acabe con el intrusismo profesional, con el clientelismo que a su entender impera en los servicios de emergencias y con la precariedad laboral que sufren desde hace años. Baste recordar que en O Salnés llevan reivindicando estas cuestiones desde la creación del parque.

HUELGA EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE SANITARIO DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

El sector del transporte sanitario de la provincia de Cádiz ha decidido convocar diversas huelga los días 29 y 30 de abril, 18 y 22 mayo y 12 y 15 de junio. A partir de esta fecha y hasta el 15 septiembre 2015 la huelga será todos los lunes y viernes, excepto festivos.

El motivo, exigir que la Junta cumpla con el protocolo de actuación del transporte sanitario y acabar con el uso abusivo de los contratos de formación.

UGT, con el deseo de llegar a una solución a esta problemática, asistirá a la reunión del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) que se celebrará el próximo día 28 de Abril de 2015 a las 10 horas en Cádiz.

EL PERSONAL DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DOCTOR NEGRÍN MANTIENE LA HUELGA

La asamblea de trabajadores de Urgencias del hospital Doctor Negrín decidió por unanimidad mantener el preaviso de huelga para los días 27, 28, 29 y 30 de abril. A pesar de los avances en la negociación, exigen que la planta de transición se dote con personal ajeno al servicio.

Insuficiente para desconvocar la huelga. Ésta fue la postura unánime de los más de 40 sanitarios que se reunieron para pronunciarse sobre la propuesta que el gerente del hospital había puesto sobre la mesa en su reunión con los representantes de la plataforma de Urgencias del Negrín.

«Lo que se ha dicho es que la plata de transición es una buena idea, el problema es la dotación de personal», declaró Juanjo Florido, representante de los trabajadores.

La planta de transición –será la cuarta derecha del ala B del hospital– se creará para aliviar Urgencias cuando esté saturado, del tal manera que allí se ubicarán a pacientes que ingresan en planta desde el servicio pero que aún no tienen cama en el área de hospitalización. Para este fin se destinarán 15 camas, y otras 15 serán para personas que ya tienen el alta hospitalaria y están a la espera, por ejemplo, de que les venga a recoger la ambulancia.

La propuesta de la dirección del Negrín es asignar a un enfermero y un auxiliar a esta zona y derivar, además, personal asignado a pasillo de Urgencias. Esto último es lo que se rechazó en asamblea. «Creemos que el acuerdo es negociable y mejorable», añadió Florido.

El comité de huelga de los trabajadores del servicio mantuvo una reunión con el gerente del citado centro en el que se concretó la apertura de la planta de transición para pacientes de Urgencias sin cama para ingresar en planta de hospitalización, la principal reivindicación de este colectivo de trabajadores. «Ni una cama sin paciente más y ni un paciente en el pasillo» es prácticamente el eje de las negociaciones que mantiene con el hospital desde hace ya tres semanas.

Florido explicó –y valoró– que todas las propuestas presentadas en la mesa de negociación en firme «van por escrito y con la dotación económica que requieren». La última se eleva a unos 130.000 euros.

LOS DESPIDOS EN JUZGADOS HAN COSTADO 325 MILLONES A LAS EMPRESAS CANARIAS DESDE 2010

Santa Cruz de Tenerife

El año pasado, como en 2013, las indemnizaciones casi llegaron a 70 millones

Los procedimientos por despidos en los juzgados de lo social han aumentado sobremanera

La extraordinaria destrucción de puestos de trabajo a que dio lugar la crisis ha tenido consecuencias directas, la primera la precariedad social, más intensa si cabe en Canarias, e indirectas.

Entre estas últimas figura el notable incremento de la carga de trabajo en los juzgados de lo social a consecuencia de los conflictos entre empresarios y empleados, cada vez más numerosos. Tan es así, que fueron más de 34.000 casos en el Archipiélago solo en los últimos cinco años (2010-2014).

Miles y miles de despidos que supusieron a las empresas radicadas en la comunidad autónoma un coste en indemnizaciones de prácticamente 325 millones de euros, según se desprende de las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que dirige Fátima Báñez.

Además, la mayor parte de esos 325 millones es de 2013 y 2014, de modo que la desaceleración de la destrucción de empleo no tiene correspondencia con la cuantía de las indemnizaciones.

Los expertos con quienes ha podido hablar ABC consideran que el aumento del coste empresarial de los despidos en las Islas en los dos últimos ejercicios obedece a una razón fundamental: las empresas prescindieron primero, en los primeros años de la crisis, de los servicios de aquellos trabajadores con los empleos más precarios, con lo que los de mayor antigüedad, cuyos despidos son más caros, engrosaron más tarde las largas listas del paro en la región. Y ello pese al abaratamiento del despido que ha propiciado la reforma laboral del gabinete de Mariano Rajoy.

En 2010, los trabajadores canarios que habían sido depuestos de sus cargos consiguieron indemnizaciones de un montante de poco más de 63 millones de euros. Al año siguiente (2011) serían menos de 59 millones, cifras que apuntaban la posibilidad de que el coste empresarial de los despidos ya hubiera tocado techo. Nada más lejos de la realidad: en 2012, las indemnizaciones superarían los 64,5 millones de euros y marcarían un nuevo máximo en las estadísticas del Ministerio de Empleo.

Ese máximo, sin embargo, solo duró un año. No en vano, aquellos más de 64,5 millones fueron casi 70 en 2013 y cerca de 68 el año pasado, lo que abona la teoría de que los despidos de mayor costo para las empresas se postergaron todo lo posible, al menos en el Archipiélago.

En otras palabras, al margen del número de despidos, estos les cuestan más caros a los empresarios de la comunidad. Sea como sea, lo cierto es que son 325 millones de euros, exactamente 324,6 millones, los que suman las indemnizaciones en el último quinquenio.

Casos

También la cantidad de casos en los juzgados de lo social de las Islas sirve para ahondar en la situación. En 2014 fueron «solo» 6.250 los procedimientos, el menor número en todo el período de crisis (2008-2014), lo que no impidió que la susodicha factura de 68 millones de euros fuese la segunda más elevada tras la de 2013. Además, en los casi 70 millones de 2013 subyacen 7.171 casos o despidos, menos que en 2009 (8.556) y 2010 (7.611).

Antes de 2007, en cuyo mes de octubre acaeció el estallido de la crisis, nunca habían llegado a 5.000 los procedimientos por despidos en los juzgados de la autonomía; desde entonces nunca han sido menos de 5.000.

EMTE PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A 195 TRABAJADORES

Barcelona (Europa Press)

Emte ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 195 trabajadores en España, de los que 87 son en los centros que la empresa tiene en Cataluña (37 en El Prat de Llobregat, 36 en Barcelona y 14 en Girona), ha informado CC.OO. en un comunicado.

Según han informado a Europa Press fuentes sindicales –la empresa no ha querido hacer declaraciones–, ya presentó la información del expediente y ahora se ha producido la primera reunión formal dentro del periodo de negociaciones.

CC.OO. ha considerado que el expediente pretende eliminar algunas líneas de negocio, como las instalaciones de protección contra incendios y el área técnica de automatizaciones, y ha recordado que este es el tercer expediente que plantea la compañía en los dos últimos años, el último hace un año con 153 despidos y rebajas salariales.

EL JUZGADO REABRE EL PROCESO CONTRA EL ALCALDE DE CARNOTA POR UNOS DESPIDOS Y CONTRATACIONES

Anula el sobreseimiento del caso que se había decretado anteriormente

El Juzgado de Muros ha estimado el recurso presentado por el secretario interventor del Concello de Carnota, Carlos Bousoño, y ha decidido reabrir la causa contra el regidor carnotano, Ramón Noceda, por la presunta comisión de infracciones penales en los despidos de varios trabajadores municipales y en la posterior contratación, con carácter temporal, de otros empleados. Esta decisión no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia.

El procedimiento había sido sobreseído porque el juez consideró que «no aparecía debidamente justificada la perpetración de delito». Sin embargo, Carlos Bousoño argumenta en su recurso que no se practicó «diligencia de investigación alguna para proceder al esclarecimiento de los hechos».

La sala también ha determinado que se unan a la causa las diligencias de investigación penal iniciada tras la denuncia presentada por Alfredo Cambeiro.

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