Publicado en: 22 noviembre, 2018

Boletín de Luchas Obreras (22 de Noviembre de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • EL COMITÉ DE LA AP-1 REPROCHA A LA JUNTA QUE REACCIONA «TARDE Y MAL» ANTE EL ERE
  • EL 80% DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA SECUNDA LA HUELGA, SEGÚN CSIF
  • LOS SINDICATOS SE ENCIERRAN EN APOYO A LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES
  • 50.000 FUNCIONARIOS DE JUSTICIA LLAMADOS A LA HUELGA
  • LA PLANTILLA DE ALCOA CONFÍA EN QUE LA JUSTICIA HOLANDESA PARALICE LOS DESPIDOS
  • LA HUELGA DE VETERINARIOS PROVOCA EL CIERRE DEL MATADERO DE CAMPOFRÍO
  • RESIDENTES DEL 12 DE OCTUBRE CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL DÍA 26
  • LA FECHA DE APERTURA DE SIERRA NEVADA, CONDICIONADA POR LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE CETURSA
  • SEGUIMIENTO MASIVO DE LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES EN ARAGÓN
  • ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI) DE CASTELLÓN, A LA HUELGA EL 9 DE ENERO EN EXÁMENES
  • HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA PARA EL 29 DE NOVIEMBRE EN CATALUNYA
  • CCOO DENUNCIA DESPIDOS CONTINUOS EN EMERGIA
  • ANPE CASTILLA-LA MANCHA GANA UNA SENTENCIA SOBRE DESPIDOS DE INTERINOS DE EDUCACIÓN EN VERANO
  • LOS TRABAJADORES DE LA ‘ZONA AZUL’ DE VIGO INICIAN UN ENCIERRO EN LA EMPRESA Y UNA HUELGA DE HAMBRE
  • LOS TRABAJADORES DE LA NAVAL SE ENCERRARÁN ESTA NOCHE EN EL ASTILLERO EN PROTESTA POR ERE
  • CGT CONVOCA UN PARO DE DOS HORAS EN LA AZUCARERA DE TORO
  • LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES OBLIGA A SUSPENDER 304 JUICIOS EN LA REGIÓN DE MURCIA
  • DENUNCIAN AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE HUELVA POR AGREDIR A UN FUNCIONARIO QUE SECUNDABA UNA HUELGA
  • LOS INTOXICADOS POR MERCURIO DEJAN LA HUELGA DE HAMBRE TRAS UN ACUERDO CON SANIDAD Y LA MUTUA

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Convenio colectivo del Banco de España (VER PDF)

EL COMITÉ DE LA AP-1 REPROCHA A LA JUNTA QUE REACCIONA «TARDE Y MAL» ANTE EL ERE

Diego Santamaría – Diario de Valladolid

El consejero anima a contratistas de la Junta a contar con el personal formado de la AP-1

Mientras la plantilla de la AP-1 aún permanece a expensas de que se publique la lista de los 62 trabajadores que asumirán las labores de mantenimiento de la autopista de cara al invierno, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, anunciaba en Burgos la opción dirigida a empresas contratistas de la administración regional de contratar al personal «formado» en esta materia susceptible de quedarse fuera tras el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por parte de Europistas que afecta a los 111 operarios de la vía.

Según informó el consejero, el Gobierno regional ya ha empezado a mover ficha para «poner en conocimiento» de las compañías adjudicatarias de contratos de conservación de carreteras de titularidad autonómica la existencia de esos empleados con preparación previa para acometer estos trabajos.

Entretanto, el presidente del comité de empresa de Europistas, Jesús Alberto Mateo, reconocía a este periódico que, de momento, «con nosotros no se ha puesto en contacto absolutamente nadie» para abordar dicha posibilidad.

Con esta propuesta, la Junta pretende garantizar la «empleabilidad» de los operarios cuyo contrato expira el 30 de noviembre en función de la «necesidad» de las concesionarias, así como de «su propia estructura y circunstancias». De esta forma, tal y como recoge Ical, el consejero quiso expresar el «apoyo» del Ejecutivo autonómico a la plantilla de la AP-1 pese a reconocer que «quizá podamos hacer algo más de lo que hacemos». No en vano, aseguró que desde Fomento se está «trabajando para poder ayudar en la medida de nuestras posibilidades y competencias, que son las que son».

Por muy benévolas que sean las intenciones de la Junta, Mateo consideró que el anuncio de Suárez-Quiñones llega «tarde y mal», hasta el punto de creer que «ni siquiera se han leído nuestras reivindicaciones» porque «en teoría no tendría que quedar nadie en el paro».

El problema, a juicio del presidente del comité de empresa, es que los 44 trabajadores que se encargan del cobro del peaje ya han recibido su carta de despido. Y aunque son «muy capaces» de asumir nuevas competencias relacionadas con el mantenimiento de la vía, requerirían una formación previa que «lleva su tiempo» y que nadie por el momento ha planteado.

Por su parte, Suárez-Quiñones sentenció que el Gobierno de Pedro Sánchez debe prever «todas las consecuencias» de la liberalización para que «no perjudique a los trabajadores». Entretanto, el Consejo de Ministros daba luz verde a los contratos de concesión de servicios para gestionar las áreas de servicio de Quintanapalla, Briviesca y Desfiladero por un precio de licitación que asciende a 167 millones de euros.

A través de un comunicado, el Ministerio de Fomento confirmó que la Dirección General de Carreteras ya ha iniciado el proceso de licitación para la explotación de dichas áreas por un periodo de cinco años, concretando además el valor de cada espacio: Quintanapalla (75,85 millones), Briviesca (48,23) y

Desfiladero (42,98). A la espera de nuevas noticias desde Madrid, la principal reclamación del comité de empresa de Europistas es la publicación, a la mayor brevedad posible, de los trabajadores que mantendrán su empleo de forma temporal. Además, Mateo y sus compañeros no pierden la esperanza en que la lista «se amplíe» dadas las necesidades de garantizar el mantenimiento invernal de la autopista.

EL 80% DE LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA SECUNDA LA HUELGA, SEGÚN CSIF

El Distrito

El 80 por ciento de los más de 50.000 trabajadores de Justicia convocados a la huelga por los sindicatos para protestar contra “el caos y el deterioro judicial” y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está secundando el paro, según CSIF.

Los trabajadores de Justicia han sido llamados a esta huelga, que es la primera que se convoca en el sector más de veinte años, para protestar “por las políticas erráticas” de PP y PSOE, y, en concreto, por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Los sindicatos han criticado que esta reforma, que ultima el Senado, permitirá a la Administración determinar en cada momento el puesto de trabajo de los funcionarios sin haber negociado con ellos, sin atender a su especialización, y destruirá puestos de empleo por los límites que se establece para el nombramiento de personal de refuerzo e interinos.

Además, CSIF, primera fuerza sindical en la Administración de Justicia, ha llevado al Defensor del Pueblo más de 30.000 firmas de trabajadores de Justicia contra la reforma de la LOPJ, queja que será elevada a instancias de la Unión Europea si la reforma sigue adelante.

Con motivo de la huelga, los sindicatos han convocado también una manifestación que comenzará a las 12 de mediodía en la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia, y concluirá en la calle Bailén, en los alrededores del Senado, con la intención de que se presente la enmienda para frenar la reforma.

LOS SINDICATOS SE ENCIERRAN EN APOYO A LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE PRISIONES

València (EFE)

Representantes sindicales de Instituciones Penitenciarias han iniciado un encierro en la Subdelegación del Gobierno en Valencia en apoyo a la huelga de funcionarios de prisiones y en protesta por “la total falta de diálogo y negociación” con el Ministerio del Interior.

Según han informado en un comunicado conjunto, se ha reunido el pleno de la junta de personal de la Administración General del Estado en la provincia de Valencia, máximo órgano de representación del personal funcionario en esta provincia.

En ese pleno se ha acordado por unanimidad respaldar la huelga general convocada en Instituciones Penitenciarias, motivada en su opinión por “la falta de respeto al colectivo de trabajadores penitenciarios” por parte del Gobierno.

Además, los miembros de la junta de personal que pertenecen a instituciones penitenciarias han decidido quedarse encerrados desde ese momento en la Subdelegación del Gobierno “en señal de protesta por la total falta de diálogo y negociación con el Ministerio del Interior”.

La Junta de Personal de Valencia ha mostrado “su más total y absoluto rechazo a las actuaciones intimidatorias de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”.

Le ha acusado de “trata de coartar el legítimo ejercicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores penitenciarios amenazándoles con actuaciones penales y administrativas por participar en la misma e incumplir la normativa sobre servicios mínimos que ella misma dicta”.

Ha recordado que Instituciones Penitenciarias se halla en medio de un proceso de huelga general que tuvo sus dos primeras jornadas los pasados 24 y 26 de octubre y que continuará los próximos 17, 18, 19 y 20 de este mes de noviembre.

Según la Junta de Personal, los trabajadores de prisiones “están indignados con el trato que están recibiendo por parte de los máximos responsables de Instituciones Penitenciarias, ya que entienden que se les ha faltado al respeto de forma intolerable antes de la huelga y durante el desarrollo de la misma”.

“El conflicto en Instituciones Penitenciarias está subiendo de intensidad y el único responsable de ello es el Gobierno actual, cuyo partido cuando estaba en la oposición apoyaba públicamente las reclamaciones de los trabajadores penitenciarios (incluso haciéndose fotos en las manifestaciones y concentraciones convocadas) y ahora bloquea cualquier tipo de negociación o diálogo”, ha denunciado.

Representantes de los encerrados han hecho entrega de un escrito al subdelegado del Gobierno en Valencia para que dé traslado de esta situación al delegado del Gobierno en la Comunitat, al secretario general

50.000 FUNCIONARIOS DE JUSTICIA LLAMADOS A LA HUELGA

Agencia EFE

Cabecera de la manifestación celebrada en Madrid por funcionarios de justicia ->

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Los sindicatos CSIF, UGT, CCOO y STAJ han convocado una huelga general de la Justicia y una manifestación en Madrid contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al considerar que abre la puerta al traslado forzoso de funcionarios y a destruir empleo del personal interino.

Más de 50.000 trabajadores de la Justicia están llamados a la primera huelga general en este sector en más de veinte años, como consecuencia de las “políticas erráticas” que los sindicatos critican al PP y al PSOE.

Los sindicatos aseguran que esta reforma permitirá a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento sin atender a su especialización y de forma arbitraria, así como la destrucción del empleo de personal de refuerzos que impedirá la contratación, por ejemplo, en juzgados de cláusulas suelo.

La manifestación, convocada a mediodía, arrancará en el Ministerio de Justicia y finalizará en el Senado, con la intención de que se presente la enmienda para frenar la reforma, cuyo plazo se ha ampliado hasta el próximo día 21.

LA PLANTILLA DE ALCOA CONFÍA EN QUE LA JUSTICIA HOLANDESA PARALICE LOS DESPIDOS

Amaya P. Gión – La Nueva España –

La compañía remarca que no ha recibido ni una oferta de compra y que analizará posibles propuestas, pero al margen de la negociación del ERE

Protesta de los trabajadores ante la fábrica ->

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La plantilla de Alcoa confía en que la justicia holandesa paralice el expediente de extinción de empleo que presentó la multinacional en el Ministerio de Trabajo. El comité europeo está citado en el tribunal de Rotterdam ante el que denunció a la multinacional por incumplimiento del proceso de información y consulta.

Los trabajadores prevén que el juez va a comunicar su decisión. El mejor de los escenarios que se plantea para los 700 trabajadores de Avilés y A Coruña es que el magistrado dé la razón a los sindicalistas y decida paralizar el ERE como medida cautelar. En ese caso, Alcoa debería iniciar el proceso desde cero. Permitiría ganar tiempo y el día 30 de noviembre, cuando concluye el periodo de negociación y consultas, dejaría de estar en rojo.

El comité europeo, en el que están representados los trabajadores de las cinco plantas europeas de Alcoa y que tiene sede en Rotterdam (Holanda), denunció a la multinacional por vulneración de los derechos de información y consulta del ERE.

Los sindicatos defienden que la compañía tiene que cumplir ese trámite, mientras que la multinacional sostiene que no es necesario porque su decisión solo afecta a un país, España (tiene cinco plantas en el continente y quiere clausurar dos).

Ambas partes se verán las caras el ante un tribunal en el que están puestas todas las esperanzas.

LA HUELGA DE VETERINARIOS PROVOCA EL CIERRE DEL MATADERO DE CAMPOFRÍO

Ana Santiago – El Norte de Castilla

Un momento de la concentración de Salamanca ->

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Sin incidentes, los manifestantes se concentran en todas las delegaciones territoriales y el paro suma hasta ahora un 65% de seguimiento, según Uscal y del 37% según la Junta

Los datos provisionales de seguimiento de la huelga se sitúan en torno al 65%, según la primera valoración del sindicato Uscal. La Junta lo sitúa en el 37%. Están llamados a la protesta los dos mil sanitarios de Salud Pública y Agricultura, los dedicados en definitiva a la prevención sanitaria para reclamar una equiparación de derechos y salarial con los asistenciales.

Durante la mañana, grupos de este colectivo que configuran veterinarios, enfermeros, médicos y farmacéuticos se ha concentrado en cada delegación territorial. Sus laborase son de inspección alimentaria, incluida el agua, vacunaciones, control epidemiológico, alertas sanitarias y un largo etcétera que incluye los mataderos donde la incidencia se ha notado más.

Así, la empresa Campofrío, en Burgos, donde cada día se sacrifican más de ocho mil cerdos ha suspendido la actividad en su matadero y también en parte Embutidos Rodríguez, así como otros de los 115 que hay en Castilla y León.

Cuentan con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, con una resolución del Procurador del Común, que reclamó el pasado febrero que se evite la discriminación de esos profesionales sanitarios no asistenciales en el acceso a la función pública y en el desarrollo de su carrera profesional, ante la queja recibida de más de 450 de ellos. También de la organización colegial y de la Universidad de León.

Reclaman el reconocimiento de su experiencia profesional en las convocatorias de procesos selectivos para el acceso con carácter definitivo a la Administración sanitaria; así como de las labores de docencia y formación y al establecimiento de la carrera profesional.

RESIDENTES DEL 12 DE OCTUBRE CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA DESDE EL DÍA 26

Madrid (EFE)

Los médicos residentes del servicio de urgencias del Hospital 12 de Octubre han convocado una huelga indefinida a partir del 26 de noviembre para protestar por una organización y dotación de personal fijo ” insuficientes” para “asegurar una supervisión adecuada de los MIR”, lo que en su opinión repercute “directamente en la calidad con la que se atiende a los pacientes”.

En una nota, el comité de huelga de los residentes de urgencias ha denunciado “una plantilla escasa de médicos facultativos” y “un equipo amplio de médicos en formación”.

“Como personal en formación, sentimos que en muchos casos esta atención la brindamos con una experiencia insuficiente y una supervisión deficitaria por la falta de plantilla ya mencionada en relación a las situaciones que debemos enfrentar durante los horarios de guardia, especialmente por la noche”, han dicho.

Además, han alertado de que “esta falta de formación y supervisión implica un aumento de los tiempos de espera, uso de pruebas complementarias innecesarias y errores en el diagnóstico y tratamiento de las patologías urgentes atendidas”.

“No reclamamos aumentos salariales, ganancia de privilegio ni queremos negar nuestra responsabilidad para con nuestros pacientes, pero esta situación nos parece insostenible y nos parecería negligente no denunciarla, ya que pone en peligro la salud de las personas que atendemos”, han añadido.

Los residentes han pedido aumentar el número de médicos adjuntos “para una supervisión adecuada de la adquisición de competencias” por parte de los MIR (médico interno residente).

En Twitter, han informado de que en las guardias del 12 de Octubre hay ocho residentes de primer año, cuatro de segundo año, entre dos y tres de tercer año y otros dos o tres de último año en las áreas médicas.

Por otra parte, han señalado que a partir de las nueve de la noche la urgencia “sólo tiene dos adjuntos para una de las cinco áreas de atención, quedando las otras cuatro sin supervisión”.

Por todo ello y ante la “falta de respuesta” por parte de la dirección y la subdirección médica del hospital, han convocado a todos los residentes que hacen guardias a una huelga indefinida a partir del 26 de noviembre. EFE

LA FECHA DE APERTURA DE SIERRA NEVADA, CONDICIONADA POR LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE CETURSA

Juan Prieto – GranadaDigital

La desconvocatoria está pendiente de la aprobación por parte de la Consejería de Hacienda de la Junta del acuerdo alcanzado en su día entre la empresa y los sindicatos

¿Por qué no ha abierto aún la estación de esquí de Sierra Nevada? Esta es la gran pregunta que se hacen en la actualidad los empresarios, los profesores de las escuelas de esquí y los trabajadores que están pendientes de ser contratados en lo que, en la mayoría de los casos, es su única fuente de ingresos anual.

La respuesta es muy clara: Sierra Nevada no abrirá o, al menos, no tiene intención de adelantar la fecha oficial de apertura, prevista para el 1 de diciembre, mientras que se mantenga la convocatoria de huelga anunciada por los trabajadores de Cetursa Remontes, a la que recientemente se han sumado los trabajadores del aparcamiento de Sierra Nevada.

Así se deduce de la respuesta oficial que se ofrece desde Cetursa ante la cuestión de cuándo abrirá la estación: “La Consejería de Turismo y Deporte, y Cetursa Sierra Nevada, no van a hacer valoraciones al respecto debido a la actual situación de negociación con los trabajadores de la empresa”. O sea, no hay fecha de apertura mientras se mantenga la huelga que, de momento, está convocada para los días 23, 24 y 30 de noviembre y 1, 9, 10, 16 y 17 de diciembre.

Miguel Ángel Vargas, presidente del Comité de Empresa de Cetursa Remontes, explica a GranadaDigital que para desconvocar la huelga se tienen que cumplir dos requisitos. El primero, la llegada de un documento de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía en el que se garantice de forma expresa que los acuerdos alcanzados con los trabajadores de Cetursa se van a cumplir íntegramente.

Este acuerdo ya es total, tras las reuniones mantenidas entre los representantes de las consejerías de Turismo y Deporte, Economía, Hacienda y Administración Pública y el comité de empresa, pero los trabajadores de Cetursa quieren garantías por escrito de que todo lo pactado se cumplirá.

Ahí, según el Comité de Empresa, se refleja la aceptación de las reivindicaciones de los trabajadores, entre las que destacan, entre otras, caso del tema de horarios o festivos, “un acuerdo que permitía a la plantilla recuperar parte de los derechos laborales y económicos arrebatados”.

En especial, el punto crucial fue cuando se equiparó el plus de antigüedad de los trabajadores de Cetursa al de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, lo que mermó de forma sustancial los ingresos del personal de la estación. De ahí la intervención de la Consejería de Economía y Hacienda.

El segundo punto innegociable, según Vargas, es la puesta en marcha de un estudio de salud laboral, “un informe serio sobre la salud de los trabajadores de Cetursa y de ahí no nos vamos a apear. Cómo afecta a la salud trabajar en altura.

Cada año hay trabajadores de Cetursa que se dan de baja por incapacidad permanente, con ictus, trombosis, infartos… La huelga no se va a desconvocar hasta que no exista un compromiso serio y firmado entre la Junta, la Universidad de Granada, Cetursa, el comité de empresa y todos los organismos necesarios para que se ponga marcha ese estudio de salud sobre la actividad laboral en Sierra Nevada. Mientras eso no se firme no habrá acuerdo. Está todo supeditado a esto”.

Desde el comité de empresa se exige como absoluta prioridad ese estudio, máxime cuando, uno de los líderes destacados de este comité sufrió un ictus, hecho que ha elevado la sensibilidad en este punto.

ASOCIADOS DE LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI) DE CASTELLÓN, A LA HUELGA EL 9 DE ENERO EN EXÁMENES

C. G. – elperiodicomediterraneo.com

La Plataforma de Professorat Associat de la Universitat Jaume I (UJI) decidió convocar una huelga para el 9 de enero, en plenos exámenes del primer semestre, en señal de protesta por su precariedad laboral.

Se suman así al paro general fijado en las universidades a nivel estatal, que afectará de pleno a los estudiantes, ya que el colectivo asociado suma el 40% de la plantilla.

La plataforma descartó parar los días 28 y 29 de noviembre. «La negociación del convenio está abierta, pero no va bien», denuncian.

HUELGA EN LA ENSEÑANZA PÚBLICA PARA EL 29 DE NOVIEMBRE EN CATALUNYA

Diari de Terrassa

Además de las cuestiones pedagógicas también hay las laborales.

El sindicato Ustec-STEs, el que tiene más peso en la enseñanza pública, ha convocado una huelga para el próximo 29 de noviembre.

El sindicato, que pide la suma de otras fuerzas, quiere reiterar su descontento y exigir al Govern mejoras en las condiciones laborales que, en su opinión, han generado un grave deterioro y perjudican la calidad de la enseñanza pública.

CCOO DENUNCIA DESPIDOS CONTINUOS EN EMERGIA

Según el sindicato, la empresa justifica los despidos como disciplinarios por baja productividad voluntaria cuando la mayoría de las personas afectadas han cumplido con solvencia los objetivos marcados

Protesta de CCOO ante la sede de Emergia ->

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El Sindicato Provincial de Servicios de CCOO de Córdoba denuncia los continuos despidos improcedentes que se vienen produciendo en Emergia Reliance, empresa hermana de Emergia Contact Center, que da empleo en Córdoba a más de 160 personas.

Según el sindicato, la empresa justifica los despidos como disciplinarios por baja productividad voluntaria cuando la mayoría de las personas afectadas han cumplido con solvencia los objetivos marcados.

Además, para CCOO es incongruente que se produzcan continuos despidos cuando la empresa sigue contratando. En este sentido, la organización sindical dice no comprender la errática política de contratación de Emergia Reliance que solo podría responder a las obligaciones contraídas por las subvenciones públicas recibidas.

Por ello, el sindicato ha solicitado una reunión a la directora de la contac center para solicitarle la información que justifica estos despidos, los últimos, once personas en solo dos días. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido respuesta a esta petición, lo que para CCOO es una muestra más de la injustificación de los despidos producidos.

Por último, CCOO pone a disposición de los trabajadores y trabajadoras despedidos los servicios jurídicos del sindicato para asesorarles de forma gratuita y defender sus derechos laborales ante los tribunales si así fuera necesario.

ANPE CASTILLA-LA MANCHA GANA UNA SENTENCIA SOBRE DESPIDOS DE INTERINOS DE EDUCACIÓN EN VERANO

Albacete Abierto

ANPE Castilla-La Mancha ha conseguido una sentencia favorable, en la provincia de Cuenca, que reconoce el derecho al pago económico a las docentes interinas que interpusieron el contencioso. Así como al reconocimiento de los servicios prestados con una retroactividad de 4 años, lo que supondrá el reconocimiento de los servicios prestados de cara a las próximas oposiciones de 2019 y también a efectos de sexenios, entre otras consecuencias.

Esta sentencia incluye una novedad respecto a otras, se han reconocido los meses de verano cuando los docentes inician su relación laboral una vez comenzado el curso, cuando el puesto a cubrir tenga consideración de vacante. Es decir, independientemente de cuándo el docente interino se incorpore al centro, si ocupa una vacante tiene derecho a que se le reconozcan los meses de verano.

Esta sentencia ganada por ANPE Castilla-La Mancha recoge, en los fundamentos de derecho, que al cesar a los funcionarios docentes interinos en junio, queda truncada la relación laboral cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de su puesto de trabajo, ya que estas no son sólo de carácter estrictamente lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio del curso escolar, produciendo este cese consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo.

Por otro lado, la sentencia no reconoce el pago del verano a aquellos interinos con más de cinco meses y medio trabajados durante un curso, tal y como recogía el Acuerdo ANPE-MEC de 1994 y que en 2012 dejó de aplicar el anterior gobierno. ANPE lo ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha, estando a la espera del fallo del Tribunal Europeo.

ANPE presentó reclamaciones y recursos a los docentes afectados, teniendo actualmente interpuestos más de 400 contenciosos en toda la región y más de 1000 recursos, estando paralizados a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha y el Tribunal Europeo se pronuncien a partir del día 21 de noviembre, sobre distintas cuestiones, de las que destacan: la recuperación del Acuerdo ANPE-MEC de 1994, puesto que su suspensión no fue negociada con los representantes del profesorado; la determinación del concepto de vacante; y si los despidos de los docentes interinos con vacante en Castilla-La Mancha, son considerados nulos, por lo cual la retroactividad afectaría desde el inicio de esos despidos.

Asimismo, tras las sentencias favorables que se han producido, desde ANPE urgimos al gobierno de Castilla-La Mancha a alcanzar un Acuerdo, como ha ocurrido por ejemplo en la región de Murcia, en el que se reconozca de manera inmediata la experiencia para las próximas oposiciones y se abone a los funcionarios interinos todo el tiempo que fueron cesados.

LOS TRABAJADORES DE LA ‘ZONA AZUL’ DE VIGO INICIAN UN ENCIERRO EN LA EMPRESA Y UNA HUELGA DE HAMBRE

Galiciapress

Critican que, tras 80 días de paro, el Ayuntamiento sigue sin poner fin al conflicto

Los trabajadores de la XER (‘zona azul’) de Vigo ha acordado en asamblea iniciar un encierro indefinido en las instalaciones de la empresa concesionaria en la calle Placer, y una huelga de hambre, tras casi 80 días de paro en protesta por el despido de 8 empleados, y a la espera de que se resuelva el expediente abierto por el Ayuntamiento a Dornier por incumplimiento de contrato.

La plantilla lleva más de dos meses esperando a tener una solución a este conflicto que, según denuncian, tiene su origen en la concesión de un servicio con un precio un 30 por ciento más bajo del previsto en el concurso público. La primera consecuencia de esa adjudicación a la baja, han recordado, fue el despido d 8 trabajadores, a pesar de que Dornier está obligada a subrogar a todos los empleados.

Hace semanas que el gobierno municipal anunció la apertura de un expediente que, previsiblemente, acabará con la rescisión del contrato por incumplimiento. No obstante, dicho trámite administrativo sigue sin concluir porque, según mantiene el gobierno local, debe tener “todas las garantías jurídicas”, ante un más que probable recurso por parte de la empresa adjudicataria.

Así las cosas, los trabajadores siguen en huelga y, tras semanas de concentraciones, protestas y un encierro en el Ayuntamiento, han avanzado su intención de encerrarse ahora en las instalaciones de Dornier y de iniciar una huelga de hambre. “Es increíble que pase esto con un gobierno socialista, que han pasado 80 días y estamos como al principio”, ha lamentado Julio Fernández, portavoz de la plantilla.

Por su parte, el grupo municipal Marea de Vigo ha criticado que, pese sus protestas y a que llevan casi 80 días de huelga, la plantilla de la XER no ha sido recibida por el alcalde ni tiene respuestas por parte del gobierno local, que incluso ha “insinuado” que esas acciones reivindicativas “no ayudan” a la resolución del conflicto.

Según ha apuntado el edil Xosé Lois Jácome, el regidor es responsable de haber firmado la adjudicación de este servicio en unas condiciones que provocaron 8 despidos, pese a las advertencias de los sindicatos.

Además, ha señalado, Caballero llegó a afirmar de forma “grandilocuente” ante el Pleno que no habría despidos mientras él fuera alcalde, cuando esos 8 trabajadores ya habían perdido su empleo y la plantilla llevaba varios días en huelga.

LOS TRABAJADORES DE LA NAVAL SE ENCERRARÁN ESTA NOCHE EN EL ASTILLERO EN PROTESTA POR ERE

Belén Ferreras – El Mundo

Trabajadores de La Naval durante la última manifestación en Barakaldo, en protesta por el cierre del astillero ->

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Podemos asegura que el rescate público de La Naval no contraviene la normativa de la UE si hay un plan de viabilidad

Recogen firmas en la plataforma Change.org para pedir que no se cierre

Los trabajadores de La Naval de Sestao se encierran en el astillero como protesta por el despido de la plantilla, para el que ya han empezado a correr los plazos.

Ha llegado a la empresa la comunicación por parte del juez de que se acepta el ERE de extinción para los 177 trabajadores de la plantilla, por lo que se inicia el plazo, que suele ser de 30 días, para negociar las condiciones de la salida de los trabajadores. Se va a celebrar la primera reunión de las consultas del ERE.

Posteriormente la plantilla se encerrará el astillero desde las 22.00 horas hasta las 6.00 horas.

Además de este encierro, la plantilla tiene un amplio despliegue de encuentros y movilizaciones que culminarán con una gran manifestación el día 1 de diciembre en Bilbao, en la que quieren implicar al mayor número de organizaciones y partidos para presionar al Gobierno vasco y central para que se impliquen en buscar una solución.

De entrada, se ha abierto una petición en la plataforma change.org para pedir que no se cierre el astillero, se van a reunir con el diputado de Promoción Económica de Bizkaia, Imanol Pradales, y el comité asistirá al pleno de las Juntas Generales en Gernika donde el juntero de Elkarrekin Podemos, Josean Elgezabal presentará una moción en la que pedirá “participar en la medida de sus posibilidades, a favor de un rescate público de La Naval para el mantenimiento del empleo.

Precisamente, Elkarrekin Podemos ha insistido en que el rescate público de La Naval es legal porque no contraviene la normativa de la Unión Europea si existe un plan de viabilidad a medio y largo plazo.

Parlamentarios de este grupo han comparecido en rueda de prensa acompañados del eurodiputado de Podemos Xabier Benito, para insistir en su apuesta por la continuidad de este astillero.

Benito ha explicado que el pasado día 8 mantuvo un encuentro con responsables de la Oficina de la Competencia de la Unión Europea para conocer de primera mano su opinión sobre las ayudas públicas a La Naval en su fase de liquidación.

De esta reunión Benito sacó la conclusión de que la Comisión Europea no ha hecho por el momento “un pronunciamiento oficial de Bruselas sobre la legalidad de las ayudas (públicas) a La Naval”.

Asimismo, de este encuentro salió con el convencimiento de que la empresa “no tiene ninguna limitación para recibir ayudas” como consecuencia de los rescates públicos anteriores, ya que han transcurrido más de diez años desde estos.

“La entrada de capital público es totalmente factible tras el proceso de liquidación. La clave es la existencia de un plan de viabilidad para la empresa a medio y largo plazo”, ha defendido Benito, quien además ha dicho que no hay una limitación comunitaria que fije el porcentaje de participación pública en un 49 % tal y como defiende el Gobierno vasco. Como ejemplo, se ha referido a experiencias similares en Francia o en Italia.

Por todo ello, se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de una salida “viable” para este astillero, “siempre y cuando haya un compromiso firme de los gobiernos vasco y de España para articular un plan de viabilidad a medio y largo plazo” que sea capaz de suscitar el interés de inversores privados.

En la misma línea, el parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra ha destacado que de lo apuntado por su compañero en el Parlamento europeo se desprende que “La Naval no tiene limitaciones para recibir dinero público”.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que “deje de escudarse” en la Comisión Europea y colabore “de forma decidida” con el Ministerio de Industria para “articular una solución viable” porque existen “múltiples alternativas jurídicas y legales” para hacerlo.

El comité está centrando sus esfuerzos en conseguir que la solución vía ayudas o inversor llegue antes de que se materialicen los despidos, ya que dan por seguro que una vez despedidos será muy difícil que un nuevo inversor, si es que llega, volviera a contratarles, al menos en las mismas condiciones que las que tienen actualmente.

Ciento cincuenta trabajadores de la plantilla tienen la posibilidad de reintegrarse en astilleros de Navantia (Ferrol y Cádiz), en virtud de los acuerdos suscritos en la privatización.

CGT CONVOCA UN PARO DE DOS HORAS EN LA AZUCARERA DE TORO

Cadena SER – Radio Zamora

El sindicato inicia una serie de medidas de presión para detener la política de despidos que pretende llevar a cabo la dirección de la empresa

CGT ha convocado una huelga de dos horas por turno el jueves, día 22, en la azucarera toresana. Una huelga convocada contra la política de despidos y de reducción progresiva de la plantilla de personal por parte de la fábrica azucarera.

El sindicato anuncia que el paro es el inicio de acciones de presión para revertir la situación actual. De hecho, los convocantes hacen un llamamiento al apoyo de la sociedad de Toro y su alfoz, por los efectos que la política de reducción de personal de azucarera tiene para la fábrica toresana.

CGT asegura que Azucarera anunció al comité de empresa la reducción de un 40 por ciento de la plantilla, y critica que los otros sindicatos lo hayan asumido sin reaccionar.

LA HUELGA DE JUECES Y FISCALES OBLIGA A SUSPENDER 304 JUICIOS EN LA REGIÓN DE MURCIA

Ana Lucas – La Opinión de Murcia

Al igual que hicieron en mayo, los juristas cuelgan otra vez las togas para clamar por sus derechos, ante la inacción del Gobierno

El trasiego de personas que entraban a la Ciudad de la Justicia de Murcia era, sobre todo, para ir al Registro. En los juzgados, servicios mínimos. Jueces y fiscales vuelven a estar de huelga, al igual que hicieron el 22 de mayo de este mismo año. Los motivos, idénticos. Claman por una mejora de sus condiciones. Salariales, pero, sobre todo, vitales. El exceso de trabajo es exagerado.

Los medios siguen siendo escasos. Y no ven indicios de que las cosas vayan a mejorar. En mayo, el clamor era para pedir la dimisión del ministro del ramo, entonces el popular Rafael Catalá. Ahora las críticas van hacia la inacción de Dolores Delgado, ahora ministra y entonces fiscal que también apoyó las movilizaciones contra su antecesor.

Cientos de juicios y tomas de declaraciones han tenido que suspenderse debido a la huelga. Lo mismo pasó hace seis meses: se paralizaron entonces alrededor de 200 procedimientos. Ahora, 304 en toda la Región.

En concreto, se suspendían 164 actuaciones solo en Murcia. En este partido judicial se celebraban seis despidos (dentro de los servicios mínimos) y dos medidas cautelares de familia (también servicios mínimos), manifestó Hernando. Añadió que solamente un juez de 65 que hay en el partido judicial de Murcia ha optado por no hacer huelga.

A la una de la tarde, fiscales y jueces salían a la puerta de la Ciudad de la Justicia. Leían allí un comunicado, bajo la lluvia. Van a la huelga la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), y las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI).

“El número de jueces y magistrados que han comunicado a la presidencia del TSJ su decisión de secundar la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales es de 94», detallan fuentes judiciales, que recuerdan que «en total, en la Región de Murcia hay 161 miembros de la carrera judicial destinados a los órganos colegiados y unipersonales”.

En cuanto a los fiscales, el 40,32% de los que hay en la Región secundaron el paro, señalan fuentes de la Fiscalía Superior. Desgranan que «de los 62 fiscales de la Región de Murcia, 25 han ejercido su derecho» a huelga. En la concentración de la Ciudad de la Justicia participaba el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera.

Enrique Domínguez, portavoz en Murcia de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), dijo en la misma concentración, que hacen la huelga debido a “la sensación de cansancio, de que no avanzamos”. Y es que “nuestras reivindicaciones no son atendidas y no tenemos otra salida” más que parar. «Pedimos perdón a los ciudadanos, no queremos perjudicar a nadie”, manifestó el magistrado de la Audiencia.

En la misma línea, Ascensión Martín, magistrada y coordinadora en la Región de Jueces y Juezas para la Democracia, apuntó que “queremos dar una respuesta pronta a la ciudadanía y transmitir que confíen en la imparcialidad de los jueces. Queremos recuperar la independencia del Poder Judicial y que esa sensación la tenga el ciudadano”.

Fátima Saura, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura de Murcia, apostilla que “ha cambiado el Gobierno, pero seguimos en el mismo punto. Venimos a reclamar una Justicia independiente donde se demuestre que hay una separación de poderes”. “Sin Justicia no hay Estado de Derecho, es algo bastante evidente”, destacó la magistrada.

DENUNCIAN AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE HUELVA POR AGREDIR A UN FUNCIONARIO QUE SECUNDABA UNA HUELGA

EFE – Huelva

El sindicato Acaip le acusa de golpearle con su mano derecha y de arrastrarle por el suelo apartándolo violentamente del lugar de la concentración

Denuncian al director de la cárcel de Huelva por agredir a un funcionario que secundaba una huelga

El sindicato Acaip ha denunciado al director de la prisión provincial de Huelva, Alejandro Zulueta, por delitos contra los derechos de los trabajadores y coacciones tras agredir a un funcionario del centro durante la jornada de huelga secundada por estos operarios.

La movilización era la primera de las cuatro convocadas por los sindicatos de prisiones que afecta a todos los empleados de los 84 centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.

En la denuncia, presentada ante el Juzgado de Instrucción de Guardia, Acaip precisa que, durante el desarrollo de la jornada de huelga en la cárcel de Huelva, el director de la misma “en presencia de una multitud de empleados que se habían concentrado en la zona de acceso al recinto penitenciario, agredió uno de los manifestantes golpeándole con su mano derecha y arrastrándole a continuación por el suelo, apartándolo violentamente del lugar de la concentración”.

El incidente se produjo en presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil; dicha agresión, “del todo gratuita, tuvo lugar sin que mediara ninguna provocación de contrario”, según se advierte en el vídeo aportado a la denuncia.

Entienden desde el sindicato que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores por impedir o limitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga, así como de un delito de coacciones.

Ante esto, piden al juzgado que, teniendo por presentado el escrito, instruya las diligencias para determinar las responsabilidades en que ha incurrido el director del Centro Penitenciario de Huelva.

Entienden desde el sindicato que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores

Al margen de la denuncia, desde Acaip se ha apelado a las máximas instancias para que “ponga fin al periodo de desgobierno” que viene produciéndose desde que Zulueta es director y “se produzca su cese fulminante, dado que cada día da muestras de su incapacidad para resolver los problemas y situaciones que se generan en un centro penitenciario”.

“Un trabajo tan importante para la sociedad como son la reinserción y reeducación social de las personas privadas de libertad no merece tener un gestor con su talante, más preocupado por coartar toda iniciativa que vaya dirigida a mejorar el servicio público que por dirigir de manera ecuánime a una plantilla muy profesional que realiza su cometido de manera impecable a pesar de las dificultades a las que se ve sometida”, señala.

LOS INTOXICADOS POR MERCURIO DEJAN LA HUELGA DE HAMBRE TRAS UN ACUERDO CON SANIDAD Y LA MUTUA

J. F. Galán – El Comercio Digital (Asturias) – San Juan

Advierten de que retomarán la protesta si se incumple la asistencia vitalicia e irán a Suiza a pedirle a Glencore que AZSA cumpla el protocolo

Los cuatro trabajadores intoxicados por mercurio en el accidente registrado en Asturiana de Zinc en 2012 que se mantenían en huelga de hambre acampados a las puertas de la factoría depusieron su actitud. La decisión llega después de que la Consejería de Sanidad y la mutua que les atiende, Fremap, accediesen a garantizarles asistencia médica especializada mientras persistan las graves secuelas que padecen. «Eso quiere decir que de por vida, porque siempre las van a tener», precisó Dori Acevedo, presidenta de la Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y Mercurio y Agentes Químicos y su portavoz.

El acuerdo no incluye que, tal y como reclamaban los intoxicados, un toxicólogo forme parte del equipo médico, si bien su portavoz aseguró que «estamos buscando financiación para contratar uno por cuenta propia cuyos informes tendrán que tenerse en cuenta».

Acevedo también anunció que Asturiana de Zinc ha accedido a entablar conversaciones con los cuatro trabajadores. La primera reunión se ha celebrado, y la segunda está programada para fechas próximas. Si bien su contenido no ha trascendido, se especula con la posibilidad de que el objeto de la negociación guarde relación con la financiación necesaria para contratar a un toxicólogo, figura que no existe ni en el cuadro médico de los Servicios Sanitarios del Principado de Asturias ni tampoco en el de la mutua. «Lo que pedimos a la empresa es lo que siempre nos ha negado, atención médica especializada», manifestó Acevedo, que se mostró moderadamente optimista con respecto a que las negociaciones con Asturiana de Zinc lleguen a buen puerto.

Acevedo subrayó que la decisión de abandonar la huelga de hambre y la acampada es «temporal. Han accedido después de que Sanidad y la mutua nos garantizasen que van a prestarles atención médica de por vida, pero el convenio no está aprobado. Ni siquiera tenemos el borrador», añadió.

El convenio tendrá dos años de vigencia, como el actual. Caduca en 2020, con la diferencia de que el nuevo incluirá una cláusula que contemple su renovación automática por el mismo período de tiempo si el estado de salud de los trabajadores lo requiere. «Las secuelas son de por vida, les impiden trabajar y desgraciadamente lejos de remitir irán a más», recalcó la portavoz del colectivo.

Los cuatro trabajadores también mantienen su decisión de viajar a Suiza para plantarse ante la sede de la multinacional Glencore, matriz de Asturiana de Zinc, y pedirle que obligue a la empresa con sede en San Juan de Nieva a que «cumpla el acuerdo alcanzado con los trabajadores intoxicados».

Según Acevedo, renunciaron a la vía penal a cambio de que Asturiana de Zinc accediese a prestarles la atención médica requerida, compromiso que, asegura, únicamente cumplió durante dos años en los que fueron atendidos en Valladolid por un toxicólogo. Después, «la empresa rompió el acuerdo unilateralmente».

David Román, Carlos Acevedo, y Víctor Calota iniciaron la huelga de hambre y la acampada el pasado día 1. David Peláez se sumó hace unos días. Según su portavoz, solo uno de ellos tiene la incapacidad total, no la absoluta, mientras que sus compañeros perciben el salario social «o sencillamente no tienen ningún tipo de ingresos». Los cuatro cobraron en su día 10.000 euros, la misma cantidad que a modo de compensación percibieron los 49 afectados en aquel accidente.

El proceso judicial concluyó en acuerdo. Recoge que el accidente se produjo porque «el riesgo de exposición no fue correctamente evaluado» por el jefe del departamento de tostación de Asturiana de Zinc y porque el responsable de prevención de riesgos de IMSA, la auxiliar en la que trabajaban como subcontratados los 49 afectados, «que debía revisar y completar los riesgos, no reclamó más información».

Ambos aceptaron una pena de nueve meses de prisión después de que la empresa satisficiese 2,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones, cantidad que incluye los 10.000 euros entregados a cada trabajador y los servicios médicos prestados.

Carlos Acevedo, hermano de la portavoz del colectivo, se mostraba moderadamente satisfecho. «Estamos muy cansados, agotados, pero al menos vamos a poder comer algo, dormir en casa y estar con la familia. Este acuerdo con la Consejería de Sanidad y con la mutua y la disposición de Asturiana de Zinc a negociar nos permiten pensar que por fin estamos en el buen camino, pero tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Si las cosas se rompen volveremos».

David Román también expresaba su satisfacción. «Han sido dieciocho días sin comer», señaló el trabajador, cuyo estado de salud está visiblemente deteriorado. «Tomo dieciséis pastillas diarias. Estoy sordo de un oído, del otro oigo mal y tengo problemas visuales y urológicos. También artrosis, me diagnosticaron Parkinson y llevo dieciocho meses sin cobrar un euro. No pedimos una compensación económica, solo la atención médica que nos merecemos».

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