Boletín de Luchas Obreras (21 de Abril de 2015)

ÍNDICE:

  • LOS SINDICATOS CIFRAN EN UN 90% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE TÉCNICOS DE TELEFÓNICA
  • LAS PLANTILLAS TOTALES DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES CAYERON EN 1.116 PERSONAS
  • NUEVAS JORNADAS DE HUELGA EN LAS CONTRATAS DE INSTALACIÓN DE TELEFÓNICA
  • LOS TRABAJADORES DE NESTOR MARTIN TEMEN DESPIDOS Y RECORTES SALARIALES
  • LA JUEZ RECHAZA LOS DESPIDOS EN REDE GALEGA DE KIOSCOS HASTA QUE SE DECIDA SU FUTURO
  • LOS TRABAJADORES DE BLANCO INICIAN 3 DÍAS DE HUELGA CONTRA EL ERE
  • TRENASA FIRMA DE FABRICACIÓN DE TRENES FILIAL DE CAF DESPEDIRÁ A LA MITAD DE SU PLANTILLA Y APLICARÁ UN ERTE AL RESTO
  • EL COMITÉ DE CELSA SE ENCIERRA PARA PROTESTAR CONTRA EL NUEVO ERE
  • CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE ALBOX A PAGAR 51.000 EUROS A UN TRABAJADOR QUE DESPIDIÓ SIN ABONARLE LA INDEMNIZACIÓN
  • LOS TRABAJADORES DE GREYCO SOLICITAN INGRESAR EN LAS LISTAS DEL PARO
  • EL CAMPAMENTO DE TRABAJADORES DE COCA-COLA EN FUENLABRADA SEGUIRÁ TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO HASTA QUE LOS TRABAJADORES SEAN READMITIDOS
  • EL ERE DE EUSKO IRRATIA VUELVE AL PARLAMENTO

TRABAJADORES DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE UGT, EN HUELGA POR UN ERE

  • IBERCAJA PACTA UN ERE DE 350 DESPIDOS Y 60 CIERRES DE OFICINAS
  • EMPLEADOS EVENTUALES DEL SERVICIO DE SALUD DENUNCIAN «DESPIDOS ENCUBIERTOS»
  • EL SUPREMO RECHAZA LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO POR 12 DESPIDOS
  • LA PLANTILLA DE VESTAS VUELVE A LA CALLE Y PIDE EL APOYO DE VIVEIRO
  • PODEMOS RESPALDA A LOS TRABAJADORES DE TELEASISTENCIA EN HUELGA

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LOS SINDICATOS CIFRAN EN UN 90% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE TÉCNICOS DE TELEFÓNICA

Las empresas subcontratadas por la multinacional se comprometen a negociar con CCOO y UGT mejoras en las precarias condiciones laborales de los instaladores de redes de telefonía, aunque se mantiene la huelga estatal.

Manifestación de los técnicos subcontratados de Movistar contra la precariedad de su sector.

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La huelga de técnicos subcontratados para Telefónica Movistar convocada por CCOO y UGT ha tenido un seguimiento del 90% durante la primera jornada, según ha informado los sindicatos, que mantendrán la huelga durante dos días cada semana de abril hasta que se alcance un acuerdo que mejore las precarias condiciones laborales de los empleados de las contratas.

La huelga ha sido convocada al margen del paro indefinido que mantienen los trabajadores desde el pasado día 7 a nivel estatal, convocada por sindicatos minoritarios como AST o CGT, aunque las contratas sólo se están reuniendo con los sindicatos mayoritarios. De hecho, ya se ha producido la segunda reunión entre las centrales sindicales y las contratas de la multinacional de las telecomunicaciones, según ha informado la federación de Industria de CCOO, que se muestra «satisfecha con el resultado» pese a que el paro continuará.

Abentel, Abengoa, ITC, Cobra, Cotronic, Liteyca, Teleco, Elecnor, Montelnor y Comfica -empresas subcontratadas por Telefónica Movistar para la instalación de líneas ADSL, fibra óptica y telefonía- están dispuestas a pactar un calendarios de reuniones para alcanzar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de los empleados. La patronal del sector, ADEMI, también está dispuesta a abordar en esa negociación la batería de reivindicaciones que los dos sindicatos han puesto sobre la mesa.

Entre ellas, reclaman regular las condiciones laborales de los trabajadores del sector, poner límites a la cadena de subcontratación, y aminorar los efectos de la bajada de baremos por el último contrato de Telefónica, que ha reducido el coste en un 10%. También exigen ordenar la jornada laboral y revisar las

horas de trabajo de los fines de semana y festivos, ya que los empleados se ven obligados a trabajar más de diez horas diarias pese a que sus contratos son de dos o cuatro.

Ambos sindicatos piden que se estudie y racionalice el modelo de penalizaciones a la plantilla, que recaen sobre el propio trabajador en lugar de hacerlo sobre la empresa que lo contrata.

CCOO de Industria «entiende que el marco que debería dar cobertura a todo el sector es el Acuerdo Estatal del Sector del Metal, y ve «posible» crear una mesa de seguimiento del sector, a modo de observatorio.

LAS PLANTILLAS TOTALES DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES CAYERON EN 1.116 PERSONAS

Santiago Millán Alonso

El empleo en las telecos cae en 2014 a mínimos de la serie histórica

La evolución del empleo en la industria española de las telecomunicaciones mantiene la tendencia negativa. Así, el sector cerró el pasado año con unas plantillas conjuntas de 60.224 empleados, 1.116 trabajadores menos que a la conclusión de 2013, cuando sumaban 61.340 personas, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De hecho, es la menor cifra de toda la serie histórica realizada por las autoridades reguladoras (la CMT primero y la CNMC después), iniciada en el año 2005. Desde finales de 2007, antes del agravamiento de la crisis en España, el empleo se ha reducido en casi un 17%. En ese año, las plantillas sumaban 72.383 trabajadores. En este periodo, por ejemplo, grandes compañías como Telefónica y Vodafone han llevado a cabo sendos expedientes de regulación de empleo (ERE).

La reducción en el conjunto del sector ha venido acompañada del progresivo deterioro de los resultados de las operadoras, como consecuencia de la crisis, y del endurecimiento de la competencia generado por las guerras de tarifas. Así, desde 2007, los ingresos del sector han caído en torno a un 30%.

Por empresas, la mayor reducción de plantilla en 2014 tuvo lugar entre las compañías más pequeñas. De hecho, según el informe de la CNMC, el apartado de resto de empresas registró un descenso de 1.611 empleos. Entre las empresas grandes, el mayor descenso fue el registrado por Ono, con una reducción de 118 empleos durante 2014, año en el que la compañía fue adquirida por Vodafone.

Por el contrario, Telefónica amplió su plantilla en más de 200 personas durante 2014, primer año en el que elevó su fuerza laboral desde 2010. También Orange y Vodafone elevaron sus plantillas levemente: Orange, en 21 personas, hasta 4.009, y Vodafone, en 20 empleos, hasta 3.634 (sin incluir Ono).

La cuestión es que todavía hay distintas sombras que se ciernen sobre el empleo en el sector de las telecomunicaciones. Entre ellas figuran los posibles ajustes que puedan llevar a cabo Vodafone y Orange, una vez cerradas las adquisiciones de Ono y Jazztel, respectivamente.

En el caso de Vodafone España, su consejero delegado, Antonio Coimbra, señaló en diciembre pasado que en este tipo de fusiones, las redundancias pueden afectar a entre el 10% y el 30% de la plantilla, aunque en este caso indicó que la empresa espera que esté más cerca del 10%. En cualquier caso, hasta el momento, la empresa no ha cerrado ningún tipo de movimiento en este sentido, y todavía está analizando las posibles redundancias tras la integración con Ono. La nueva compañía tiene cerca de 6.000 trabajadores.

A su vez, Orange se comprometió a que la reducción de plantilla que pueda tener lugar tras la adquisición de Jazztel, todavía en proceso a la espera de la aprobación por parte de las autoridades de la competencia, no afecte a más de 400 personas. La nueva empresa contará con cerca de 8.500 empleados.

Otra incertidumbre pendiente de resolución es el expediente de regulación de empleo puesto en marcha por Ericsson. El grupo sueco anunció a finales de marzo su intención de reducir la plantilla en España en cerca de 250 empleados, en torno a un 8% del total, que ronda los 2.900 trabajadores.

Según señalan fuentes sindicales, esta evolución refleja la contradicción existente en la actualidad, puesto que por un lado se señala al sector de las telecomunicaciones como uno de los motores del crecimiento y del nuevo modelo económico y, sin embargo, sigue destruyendo empleo. En este sentido, los sindicatos han criticado el modelo regulatorio que se ha implantado en España, basado solo en los precios, lo que ha provocado el avance de grupos pequeños que emplean las redes de las grandes telecos y que apenas generan empleo.

Fuera del ámbito puro de las telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia también desagrega el empleo de algunas de las principales cadenas públicas de televisión. Así, el regulador destaca que RTVE cerró 2014 con 6.302 trabajadores, 23 personas menos que en 2013. A su vez, Televisió de Catalunya concluyó el cuarto trimestre de 2014 con 2.331 trabajadores, 301 empleados más que en el año anterior.

NUEVAS JORNADAS DE HUELGA EN LAS CONTRATAS DE INSTALACIÓN DE TELEFÓNICA

Madrid (Servimedia)

Los trabajadores de las contratas de instalación de telecomunicaciones de Telefónica están llamados a dos nuevas jornadas de huelga el miércoles 21 y el jueves 22, ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo entre las empresas y los sindicatos CCOO y UGT.

Así lo explicó a Servimedia el coordinador de Bienes de Equipo de la Federación de Industria de CCOO, Álvaro Garrido, quien considera muy difícil que se pueda cerrar un acuerdo antes de la próxima semana, pese a que los contactos con las contratas son continuos.

A este respecto, denunció que el principal obstáculo para el acuerdo son las diferencias existentes entre las propias empresas como consecuencia de la gran desregulación que rige en el sector.

Las movilizaciones, previstas también para el 29 y el 30 de abril, responden a las reclamaciones de CCOO y UGT para que se regulen las condiciones laborales de los trabajadores del sector, poner límites a la cadena de subcontratación, aminorar los efectos de la bajada de baremos por el contrato de Telefónica, ordenar la jornada laboral y revisar las horas de trabajo de los fines de semana y festivos, así como estudiar y racionalizar el modelo de penalizaciones a la plantilla.

LOS TRABAJADORES DE NESTOR MARTIN TEMEN DESPIDOS Y RECORTES SALARIALES

La plantilla de Nestor Martin se concentra ante el Gobierno regional

http://www.eldiariomontanes.es/fotos/bahia-centro-pas/201504/17/plantilla-nestor-martin-concentra-30103681188348-mm.html

Los trabajadores de Nestor Martin se concentraron a las 11 de la mañana ante la sede del Gobierno de Cantabria para pedir, una vez más, una entrevista con el presidente regional, Ignacio Diego, ante el retraso en la entrega del plan de viabillidad que están elaborando los actuales gestores de la empresa. En principio, se ha convocado una reunión para el lunes, día 20, pero la plantilla teme que se pueda producir un nuevo retraso porque la propuesta puede conllevar despidos y recortes salariales.

“Hemos registrado varias peticiones de reunión con el presidente, pero no nos ha atendido. Nos parece que nos tiene que recibir porque él fue el que nos metió en Nestor Martin ante la desaparición de empleos en Teka”, afirmó a las puertas de la sede gubernamental el presidente del comité de empresa, Luis Gómez. “Nos tememos que quieren que pasen las elecciones”, añadió.

Los trabajadores recordaron que están viviendo un nuevo ERE (expediente de regulación de empleo) que finaliza el 30 de abril y que la plantilla está trabajando entre el 30 y el 35% de las 98 personas que la componen. “El problema es que muchos de nosotros estamos a punto de agotar el paro”, comenta un empleado. En su caso, por ser uno de los más jóvenes de los que pasaron de Teka, le queda poco más de un mes.

“Además hay que recordar que pusimos nuestro finiquito de Teka para que Nestor Martin funcionara. Vamos, que nos están pagando con nuestro dinero, además del que han puesto todos los cántabros a través de las aportaciones del Gobierno de Cantabria”, apuntó otro trabajador.

El comité recordó que están dispuestos a seguir movilizándose si Diego no les recibe y no se les entrega el día 20 el plan de viabilidad. De hecho, se encerrará en las instalaciones de la factoría si el lunes, 20 de abril, a las 16.00 horas, si los gestores no les entregan el plan de viabilidad como les han asegurado.

Ahora hace tres años que la fábrica Teka ejecutó años un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para 171 trabajadores, de los que 107 fueron recolocados en Nestor Martin, otros 13 comenzaron a trabajar en empresas proveedoras de servicios de Teka y 36 se acogieron a un plan de prejubilaciones.

En estos momentos, los trabajadores de la fábrica de estufas están inmersos en un ERE temporal que concluirá el próximo 30 de abril y debido al cual sólo está trabajando «entre un 30 y un 35% de la plantilla». Y, mientras tanto, los empleados también están pendientes de que los gestores les entreguen el plan de viabilidad.

Antes de que los empleados de Nestor Martin llevaran a cabo esta concentración, Diego se ha referido a la misma a preguntas de la prensa antes una reunión sectorial sobre Dependencia y Exclusión Social que ha mantenido como candidato del PP a la Presidencia de Cantabria.

El presidente regional ha reivindicado que, mientras la plantilla de la fábrica de estufas se concentra, desde el Gobierno se trabaja para «prepararles a ellos el futuro de la empresa, para seguir trabajando en el plan de viabilidad y seguir solucionando el problema de financiación que tienen a corto plazo».

Y ha insistido en el trabajo que está llevando a cabo el Ejecutivo para «resolverles el problema y para que todas las incertidumbres, que ahora tienen, queden resueltas y encaminadas».

LA JUEZ RECHAZA LOS DESPIDOS EN REDE GALEGA DE KIOSCOS HASTA QUE SE DECIDA SU FUTURO

A Coruña

La magistrada desestima la pretensión de la empresa de ejecutar el ERE al menos hasta que decida sobre el

Concentración de los empleados de Regaki ante el Parlamento gallego.

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La juez Nuria Fachal Noguer, titular en funciones de refuerzo del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña, acaba de desestimar la petición de Rede Galega de Kioscos (Regaki) de despedir a 69 de los 95 trabajadores que la firma tenía en plantilla cuando suspendió pagos, a finales de octubre, y dejó de pagar los salarios. Regaki pertenece a Galega de Economía Social (GES), el grupo de empresas que gestiona Cogami (Confederación Galega de Minusválidos) y sus responsables y el administrador concursal designado por el juzgado negociaron con la plantilla un Expediente de Regulación de Empleo para desprenderse de sus trabajadores. Los empleados acumulan cuatro nóminas y la extra de Navidad sin cobrar.

La negociación concluyó sin acuerdo el 19 de enero pasado, pero tres días antes el gerente y un alto cargo de la empresa presentaron una oferta para hacerse con la actividad de la firma, los enseres, tres vehículos y 23 de los 37 quioscos por casi 6.000 euros. La propuesta preveía por su parte dar trabajo a 35 personas.

A esta solicitud se unió el pasado mes de marzo la oferta de un empresario asturiano -con una firma de integración de discapacitados como las de Cogami-, que ofrece recolocar a 42 empleados en 18 quioscos a cambio de 3.250 euros por los enseres, sin los vehículos. La juez considera que de las propuestas presentadas, «se deduce que buena parte de los quioscos pueden continuar siendo explotados» y es factible «la continuidad de un buen número de puestos de trabajo». Por ello advierte a la empresa que podrá volver a solicitar la ejecución de los despidos una vez que la juez decida sobre la oferta u ofertas presentadas. La magistrada no tomará una decisión sobre la continuidad hasta escuchar los argumentos de los representantes de los trabajadores.

El testimonio de la juez desestima también la pretensión de los trabajadores de que se considerase a Rede Galega como una de las sociedades de un grupo de empresas -lo que implicaría que el grupo asumiese las responsabilidades económicas con los trabajadores y las jurídicas que se deriven del concurso-. Nuria Fachal Noguer entiende que la jurisprudencia sobre esta materia impide considerar a GES un grupo de empresas a efectos laborales y advierte de que no es un término análogo al de grupo de sociedades.

El texto advierte de que según el Tribunal Supremo, para que sea así considerada debe producirse «un funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas»; que los empleados «presten trabajo común, simultánea o sucesivamente en distintas firmas del grupo»; «la creación de empresas aparentes sin sustento real» o «la confusión de plantillas o de patrimonios». La magistrada entiende que no hay datos que permitan concluir la existencia de un grupo de empresas laboral.

LOS TRABAJADORES DE BLANCO INICIAN EL 3 DÍAS DE HUELGA CONTRA EL ERE

Europa Press – Santander

Los sindicatos han convocado el día 20 una concentración en Bilbao para los trabajadores de Cantabria, País Vasco y La Rioja

Los sindicatos de la cadena textil Blanco, que cuenta con dos establecimientos en Cantabria, han convocado tres días de huelga (20, 22 y 24 de abril) contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) propuesto por la empresa que implicaría inicialmente el despido de más de 300 trabajadores y el cierre de una docena de tiendas en toda España, incluida la ubicada en la calle Juan de Herrera de Santander con sus siete trabajadores.

Según ha informado UGT Cantabria en un comunicado, los sindicatos rechazan el ERE de extinción de empleos y de modificación de las condiciones de trabajo propuesto por el actual propietario de la cadena textil Blanco, el grupo saudí Alhokair Fashion, que la adquirió a principios del año pasado por algo más de 40 millones de euros con «el compromiso de mantener sus 121 tiendas y su plantilla de 2.150 trabajadores», ha precisado UGT.

En coincidencia con la primera jornada de huelga convocada el lunes 20 de abril, los sindicatos de Blanco han convocado a las 12 horas una concentración de protesta ante el establecimiento de la calle Ercilla de Bilbao, el primero que se abrió en España, a la que asistirán trabajadores de las tiendas de Cantabria, País Vasco y La Rioja.

En Cantabria el grupo textil Blanco cuenta con dos establecimientos, el mencionado de Santander y otro en el centro comercial de Valle Real con una plantilla de siete y seis trabajadores respectivamente.

TRENASA FIRMA DE FABRICACIÓN DE TRENES FILIAL DE CAF DESPEDIRÁ A LA MITAD DE SU PLANTILLA Y APLICARÁ UN ERTE AL RESTO

Castejón

Anuncia un ERE de extinción a 33 trabajadores de los 68 de la planta de Castejón

Los 35 que se queden en la factoría sufrirán una rebaja salarial

La firma de fabricación de trenes Trenasa, instalada en Castejón y filial de CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), anunció a la plantilla que el viernes 24 de abril presentará en el departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 33 trabajadores, y otro de suspensión para los 35 empleados restantes.

Asimismo comunicó al comité de empresa, integrado por 2 representantes de CCOO y 1 de UGT, 1 de ELA y 1 de SIT, que tiene previsto modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de los empleados que continúen en la planta a partir del próximo 1 de junio.

Según explicó David Álvarez, presidente del comité de empresa, “en este caso hablamos de una rebaja salarial que afectaría a la totalidad de los puestos de trabajo que existan a partir de la fecha que han anunciado” y añadió que, el ERE de extinción “afecta a la toda la plantilla, es decir, a los 43 empleados que pertenecen a la sección de taller y a los 25 de oficinas.

Lo que no se especifica en el documento que nos han entregado es en qué medida se aplicaría en una y otra sección. Esto aparecerá en la documentación que nos remitirán y, por tanto, habrá que esperar hasta entonces”.

Tras presentar el ERE de manera oficial en el departamento de Trabajo se abrirá un plazo de 30 días para que el comité se posicione y diga si lo acepta o no para que, a continuación, el Gobierno de Navarra realice la pertinente inspección.

RAZONES

Trenasa ha presentado esta documentación alegando razones de descenso en los pedidos, si bien desde el comité señalaron que “no hay trabajo porque la dirección de CAF ha decidido no mandarlo a Castejón porque carga de trabajo debíamos tener ya en la fábrica”. En este sentido, denunciaron que la firma “ha decidido externalizar algunos de sus pedidos para que se fabriquen en empresas y talleres que no forman parte del grupo y es algo que no se puede tolerar. No tiene ningún sentido y es algo que debemos luchar por corregir”.

También quisieron dejar claro que no se trata de que le quiten pedidos a otras plantas del grupo, ni de reclamar unas actividades que en la actualidad no pueden hacer. “Lo único que queremos es la carga de trabajo que se venía fabricando en Trenasa, que se debía estar fabricando ahora mismo y que, de alguna manera, la dirección de CAF ha decidido externalizar. No tiene ningún sentido que la saquen fuera para que dentro del grupo digan que no hay carga de trabajo”, manifestaron.

Pese a la situación de gran inestabilidad e incertidumbre en relación a qué puede pasar a partir del próximo mes de junio con Trenasa, el comité de empresa mostró relativa tranquilidad. “La planta lleva funcionando en Castejón nueve años y desde que se inició la actividad industrial hemos sufrido muchas situaciones en las que se ha hablado de la posibilidad del cierre de la planta. Sinceramente creemos que la empresa no se abrió en su día porque sí. Como filial de CAF somos de alguna manera un pulmón económico para el grupo porque hacemos trenes en menos tiempo, con mayor calidad y a menor coste por mucho que ahora quieran venir a decirnos que somos menos rentables. No se lo creen ni ellos; somos una planta de la que el grupo CAF se va a cuidar mucho de seguir manteniendo abierta”.

MISMA ESTRATEGIA

Desde el comité tienen claro que las extinciones, suspensiones y rebaja de salarios que les está planteando la dirección responde a una estrategia muy parecida a la aplicada en 2012 cuando Trenasa despidió a la mitad de sus trabajadores de su planta (58 de los 120 que configuraban entonces la plantilla), seis meses después de haber presentado un expediente de suspensión. “Han visto que es mucho más fácil manejarse con una plantilla de eventuales, a los que tienen mucho más presionados y más condicionados por el tema de la renovación de los contratos, que mantener una plantilla indefinida.

Desde el punto de vista empresarial es mucho más cómodo. La medida adoptada hace tres años solo iba encaminada a destruir empleo indefinido y, sin conocer los datos actuales, podemos decir que nos encontramos en una situación muy similar y parece que quieren aplicar la misma estrategia”. Una estrategia que, según reconocieron, pasa por “no enviar trabajo a Castejón desde la planta de Beasain para argumentar que no hay pedidos y así poder aplicar la reforma de la ley laboral y destruir todavía más si cabe puestos de trabajo indefinidos”.

El comité, junto a la plantilla, perfilará las movilizaciones que llevarán a cabo en señal de protesta. Entre ellas, destaca la petición de apoyo a los comités de las otras empresas de CAF. “Queremos que las plantas de Beasain, Zaragoza, Irún, Madrid y Santa Ana (Jaén) muestren su rechazo a la externalización de pedidos”, concluyó Álvarez que no quiso adelantar ninguna de las acciones de protesta que están planificando. “Las hemos pensado, pero no queremos desvelarlas, porque es una situación en la que necesitaremos el compromiso de los integrantes del comité, de la plantilla, de amigos y familiares y de vecinos de Castejón. Estamos hablando de que quieren seguir destruyendo empleo en una empresa en la que sí hay trabajo”.

Plantilla. En la actualidad la plantilla de Trenasa está integrada por 68 trabajadores, 43 de ellos pertenecen a la sección de taller y 25 a oficinas. Además, hay 13 empleados eventuales que concluyen su actividad a fin de mes.

Instalaciones. La planta de Castejón tiene una superficie de 60.000 m2 y cuenta con acceso ferroviario, naves de pruebas, de soldadura y de montaje.

La cifra.- 4 Millones de euros es la cantidad de dinero público en subvenciones que ha recibido Trenasa desde que abriera sus puertas en Castejón en el año 2006. “No se ha tenido ningún tipo de control ni vigilancia para saber dónde se han gastado realmente”, denunció el comité de empresa.

EL COMITÉ DE CELSA SE ENCIERRA PARA PROTESTAR CONTRA EL NUEVO ERE

Agencias

El comité ha considerado que con este nuevo ERE la dirección de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) «pasa por encima de la sentencia del Supremo» que daba a la razón a los trabajadores.

El comité de empresa de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) secunda un encierro que concluirá con una manifestación en protesta por el nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que contempla 84 despidos en las plantas alavesas de Vitoria-Gasteiz y Urbina.

En opinión del comité, el nuevo expediente es «un intento de la empresa de devolver a la posición de salida este conflicto laboral», que comenzó en 2012 con la presentación de un ERE de extinción, que suponía el despido de los 352 trabajadores.

Desde entonces se han sucedido multitud de movilizaciones, huelgas y demandas judiciales de los trabajadores despedidos hasta que en 2014 los tribunales declararon nulas las extinciones de los empleos y determinaron su readmisión.

El comité ha considerado en una nota que con este nuevo ERE la dirección de Celsa «pasa por encima de la sentencia del Supremo» que daba a la razón a los trabajadores.

El órgano sindical ha apostado por la movilización para «forzar a la empresa a una negociación» porque ésa es la única manera de llegar a «un final acordado y garante de proyecto industrial y empleo».

CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE ALBOX A PAGAR 51.000 EUROS A UN TRABAJADOR QUE DESPIDIÓ SIN ABONARLE LA INDEMNIZACIÓN

El juzgado considera que el Consistorio no ha demostrado su «liquidez» en ese momento y el PSOE se muestra «satisfecho» con la sentencia condenatoria

El Ayuntamiento de Albox tendrá que pagar 51.789 euros a un trabajador al que despidió sin abonarle la indemnización a la que tenía derecho, según recoge una sentencia del juzgado de lo Social 4 de Almería.

En la sentencia se detalla que el Ayuntamiento que preside el también dirigente de MECA-UGT Rogelio Mena, admitía en la carta de despido que no le hacían efectiva la indemnización de 20 días por año trabajado «por no disponer de liquidez ni crédito en ese momento».

Lo cierto es que, según sigue relatando la misma, «en el presente caso, no acreditado la demandada en modo alguno, como le habría correspondido de conformidad con las reglas sobre la carga de la prueba, la iliquidez a la fecha del despido justificante de la excepción de cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 53.1 ET de modo que la no puesta a disposición del trabajador simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, de la indemnización correspondiente, implica incumplimiento del mandato legal».

No sólo se produce esa ilegalidad, si no que a pesar de ser Mena sindicalista, la sentencia asegura que «tampoco se ha acreditado a instancias de la parte demandada la entrega de copia a la representación legal de los trabajadores».

Lo que el trabajador no logra demostrar de modo efectivo es que su despido se produce de modo discriminatorio. Se da como hecho probado que el Ayuntamiento puso en marcha un Expediente de Regulación de Empleo en junio de 2013 que suponía entre 6 y 8 despidos, pero finalmente fue retirado. A cambio, se le propuso a este trabajador bajar su jornada y su salario de tiempo completo a parcial, cosa que no aceptó, y en septiembre fue despedido en las condiciones mencionadas.

Según el juez, el trabajador no ha logrado demostrar que en su caso se haya actuado de un modo discriminatorio, en represalia por no aceptar las nuevas condiciones laborales que le imponían. Pese a todo, el despido es considerado improcedente y por tanto procede la indemnización o la readmisión.

LOS TRABAJADORES DE GREYCO SOLICITAN INGRESAR EN LAS LISTAS DEL PARO

La plantilla de la fábrica de San Felices de Buelna espera a la decisión final de la Inspección de Trabajo para desbloquear su situación laboral después de tres meses de huelga.

Los representantes de la plantilla de Greyco en el Parlamento de Cantabria.

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Pocos trabajadores celebrarán tanto su ingreso en las listas del paro como los empleados de Greyco. Después de casi tres meses de huelga ininterrumpida y sin cobrar sus nóminas desde el pasado mes de noviembre, la plantilla de la factoría de San Felices de Buelna está a la espera de la decisión final de la Inspección de Trabajo, que debe dar el visto bueno al Expediente de Regulación de Empleo de Suspensión que han presentado de la mano de la administración concursal que se ha hecho cargo de la empresa.

Tenían una cita en los tribunales con Frenos Iruña, la propietaria de la fundición. Sin embargo, tal y como estaba previsto, la compañía navarra ha retirado ese ERTE que les mantenía atados de pies y manos. Los ‘dueños’ no ejercen ya la dirección de la fábrica y están más preocupados de encontrar un inversor que les permita salir del Valle de Buelna con los bolsillos lo más llenos posible.

De momento, siguen los contactos con distintos grupos. Entre ellos, Urdaneta Capital, un fondo de capital riesgo, con sede en Londres, que se dedica a comprar pequeñas y medianas empresas europeas en dificultades económicas con el ánimo de reflotarlas y, posteriormente, en cinco o seis años, revenderlas. Hay más interesados y siguen las visitas a la planta de San Felices, donde los trabajadores hacen guardia para evitar los reiterados robos que vienen sufriendo en las últimas semanas.

Un ERTE con poco futuro

De todas formas, las posibilidades de Frenos Iruña de haber sacado adelante su ERTE estaban bajo cuestión. Según informó eldiario.es Cantabria, la Dirección General de Trabajo tiene sobre la mesa un informe demoledor sobre las prácticas llevadas a cabo por la propietaria de Greyco en la fundición situada en San Felices. El documento relativo al Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitado por la compañía de Pamplona para los 59 trabajadores cántabros detecta «sólidos indicios» de fraude de ley y concluye que «no ha mediado buena fe» por parte de la dirección de la empresa.

Este informe del inspector de Trabajo, al que tuvo acceso este periódico, subraya la «conexión y confusión» no señalada entre ambas empresas que apuntan a un «fraude de ley» en las causas económicas y productivas esgrimidas para aplicar este nuevo ERTE a la plantilla, que sufre una congelación salarial desde el año 2010. Greyco es una sociedad con un único socio, Frenos Iruña, por lo que sus cuentas deben ser aportadas para justificar las pérdidas, según el informe.

En el documento elaborado por la Inspección de Trabajo se reflejan algunos de los hechos denunciados reiteradamente por los empleados de Greyco, como la salida de maquinaria de fabricación que no ha sido repuesta o la «cuestionable» política comercial que se realiza directamente desde Navarra por una persona designada por Frenos Iruña, y que demuestra que los precios de facturación «son diferentes dependiendo del cliente».

EL CAMPAMENTO DE TRABAJADORES DE COCA-COLA EN FUENLABRADA SEGUIRÁ TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO HASTA QUE LOS TRABAJADORES SEAN READMITIDOS

Madrid (Europa Press)

El campamento de trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners en Fuenlabrada seguirá instalado ante las puertas de la empresa hasta que la compañía acate la sentencia del Tribunal Supremo donde se declaraba el despido nulo.

El portavoz de CC.OO. en la fábrica de la compañía en Fuenlabrada, Juan Carlos Asenjo, ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que «el campamento va a continuar» hasta que los trabajadores sean readmitidos en la empresa y «recuperen sus puestos de trabajo».

«Estaremos a la expectativa», ha apuntado Asenjo, que afirma que aún no han recibido ninguna comunicación ni de la marca ni de la embotelladora. En este sentido, ha afirmado que van a esperar unos días a ver cuáles son las medidas tomadas por la compañía, porque «continuar con el conflicto no beneficia a nadie».

El portavoz sindical ha hecho hincapié en que la embotelladora les tiene que readmitir porque mandarles a otras plantas de la compañía es «irregular», y tampoco aceptan una compensación económica porque «las salidas económicas no son salida».

Asenjo ha asegurado que «si la empresa quiere, puede empezar a cumplir las resoluciones judiciales» y readmitir a los trabajadores, ya que calcula que antes de que la fábrica comience a producir hace falta «probablemente un mes» de trabajo para ponerla a punto. «Hay muchas tareas que hacer, como vaciar los más de 800 trailers llenos de producto caducado», ha explicado.

Además, en el caso de que se incumpla la sentencia, el portavoz sindical ha anunciado que retomarán las movilizaciones y los procesos judiciales, presentando demandas individuales cada trabajador, lo que supondría «otro año o año y medio de conflicto».

Sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la nulidad del despido colectivo de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) por vulneración del derecho de huelga, lo que hace «innecesario» analizar el resto de las cuestiones planteadas.

En concreto, la sala de lo Social entiende que durante la huelga convocada en contra del despido por el cierre del centro de Fuenlabrada (Madrid), la empresa sustituyó la producción dejada de realizar por la de otras embotelladoras del grupo, perjudicando así el adecuado desarrollo del periodo de consultas.

De esta forma, el Alto Tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró ya nulo en junio del pasado año el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Fuenlabrada, Alicante, Asturias y Palma de Mallorca).

La sentencia del despido colectivo de Coca-Cola Iberian Partners es «directamente ejecutiva» y va acompañada de la condena al embotellador del pago de los salarios de tramitación.

La compañía asegura que acatará la sentencia

Por su parte, la compañía ha asegurado que acatará y cumplirá con la legalidad «como ha hecho siempre». «Iberian Partners respeta el fallo del Tribunal Supremo que, a pesar del criterio recogido en el informe del Ministerio Fiscal, declara nulo el proceso de reestructuración derivado del plan de consolidación», ha subrayado.

La compañía ha insistido en que todos los empleados afectados que solicitaron la readmisión han seguido dados de alta en la Seguridad Social y están recibiendo sus salarios, al tiempo que ha reiterado que, a pesar de las dificultades a las que se ha enfrentado, su proyecto empresarial es un «proyecto de futuro» que da empleo directo a más de 4.300 personas.

EL ERE DE EUSKO IRRATIA VUELVE AL PARLAMENTO

Bilbao

Los sindicatos de las radios de EITB explicaron cómo ven la situación en una comisión de control de la Cámara vasca

Concentración de trabajadores de Eusko Irratia ante la sede de Eitb en Bilbao.

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Los sindicatos que representan a los trabajadores de las radios de EITB, CC.OO., ESK, LAB y ELA, dieron su opinión en la comisión de control del ente en el Parlamento Vasco sobre el ERE de treinta trabajadores con contrato indefinido no fijo y la Convocatoria Pública de 49 plazas que en estos momentos están ocupadas por profesionales que están bajo esta misma contratación. Todos, salvo LAB, rechazaron la convocatoria de empleo y todos se manifestaron en contra del expediente de regulación de empleo.

CC.OO., ESK y ELA recordaron a los parlamentarios presentes en la comisión que el mandato del Parlamento a EITB pasa por la retirada del ERE y lamentaron que no se cumpla. En sus exposiciones, todos miraron al pasado cuando se creó en las radios públicas vascas el contrato mercantil. LAB, por su parte, se manifestó a favor de la Convocatoria de Empleo realizada por EITB y apoyó el nivel de euskera exigido, punto rechazado por el resto de los sindicatos. Según ELA, “no existen motivos objetivos ni organizativos que justifiquen un ERE”.

Comisión intensa

Los representantes de este sindicato añadieron que la supresión de puestos de trabajo, sobre un 10% de la plantilla actual, supondrá tener que hacer uso en las emisoras de productos radiofónicos enlatados y sobrecargas de trabajo para el resto de la plantilla.

LAB sí se manifestó en contra del ERE: “Esta situación complica mucho las negociaciones. En abril de 2014 se dijo que iba a haber un análisis de la plantilla estructural necesario, no se habló de ERE”, comentaron en una de las comisiones más largas e intensas, de hecho, la jornada se prolongó durante más de cinco horas.

Por otra parte, está prevista una reunión entre EITB y los sindicatos para seguir negociando el plan de mejora al ERE por parte de la empresa. Estos encuentros que iban a finalizar se alargarán hasta la próxima con una reunión el miércoles 22 de abril.

TRABAJADORES DE LA ASESORÍA JURÍDICA DE UGT, EN HUELGA POR UN ERE

La Fundación Sociolaboral Andalucía, dependiente del sindicato, quiere despedir a 27 personas, de las que cuatro son de Málaga

Los trabajadores de la Fundación Sociolaboral Andalucía, que depende de UGT y se dedica a prestar servicios de asesoría jurídica tanto a trabajadores como al propio sindicato, están en huelga indefinida por un ERE con el que la organización pretende despedir a 27 de sus 76 trabajadores (es decir, el 35% de su plantilla).

En Málaga, esta fundación cuenta con diez empleados, de los que cuatro estarían afectados por dicho expediente de regulación de empleo, según confirma su delegado de personal, Iván Martín.

“Aducen motivos organizativos y productivos, pero la causa que está detrás es una voluntad de reducir costes, ya que seguimos teniendo una carga de trabajo muy importante”

Los empleados afectados llaman la atención sobre el hecho de que UGT haya aprovechado la misma reforma laboral que critica para reducir drásticamente la plantilla de su asesoría jurídica. “Aducen motivos organizativos y productivos, pero la causa que está detrás de este ERE es una voluntad de reducir costes, ya que seguimos teniendo una carga de trabajo muy importante”, afirma Martín. La Fundación Sociolaboral Andalucía atiende cada mes en Málaga un mínimo de 170 consultas y unos 80 juicios.

En el último día de negociación del ERE y las posturas siguen alejadas. “UGT sólo se ha mostrado dispuesta a bajar de 27 a 22 despidos. Nosotros exigimos que reduzcan la cifra hasta 14”, apunta el delegado de personal.

IBERCAJA PACTA UN ERE DE 350 DESPIDOS Y 60 CIERRES DE OFICINAS

La cuantía de las indemnizaciones se eleva para paliar el impacto fiscal. CCOO, Csica y ACI firman el acuerdo, del que se desmarcan UGT, Asipa y CGT

El expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Ibercaja, el tercero que aplica en tres años, se cerró con acuerdo. La entidad lo ha pactado con los sindicatos CCOO, Csica y ACI (cuadros), que representan la mayoría en el comité. Las otras tres fuerzas representativas (UGT, Asipa y CGT) se desmarcaron del consenso por considerar insuficientes las condiciones y compromisos recogidos.

El ajuste laboral afectará finalmente a un máximo de 350 trabajadores, en lugar de los 375 propuestos por la entidad al inicio de la negociación. Al igual que ha ocurrido en las regulaciones de empleo aplicados en el 2013 y el 2014, la mayor parte de las extinciones de contratos (244) serán prejubilaciones (bajas por edad) dirigidas al personal que tiene más de 58 años.

El acuerdo fija otros 75 bajas incentivadas para los empleados que se vean afectados por traslados derivados del cierre de oficinas, es decir, 15 menos en relación a la propuesta inicial de Ibercaja. A este respecto, se establece la clausura de 65 sucursales (antes 80), un proceso que viene derivado del solapamiento de las redes de Ibercaja y CAI. También se reservan 40 despidos incentivados para los trabajadores menores de 58 años.

Una de las principales novedades es el incremento de las indemnizaciones por despido para paliar el impacto de la última reforma fiscal que eleva la tributación de los finiquitos de más de 180.000 euros. Se incluyen asimismo nuevos supuestos de protección ante traslados, que no podrán afectar a familias numerosas o monoparentales.

Miguel Ángel Villalba, representante de CCOO, ensalzó el acuerdo porque «mejora cualquiera de los alcanzados actualmente en el sector», así como los firmados en los dos ERE anteriores de Ibercaja. «No hemos quedado totalmente satisfechos, pero hemos logrado que haya un mayor control en la gestión de la movilidad geográfica», agregó.

En el lado contrario, Asipa no se ha sumado al pacto porque «no hemos visto reflejadas nuestras propuestas», señaló Gonzalo Postigo. Este sindicato reclamaba mayores compromisos y garantías laborales, como limitar en el tiempo los traslados, que estos fueran entre oficinas próximas o la conversión de los contratos relevos en indefinidos.

EMPLEADOS EVENTUALES DEL SERVICIO DE SALUD DENUNCIAN «DESPIDOS ENCUBIERTOS»

El colectivo critica que el Principado «ha dejado de hacer contratos» a personal con hasta diez años de antigüedad

La Asociación de Eventuales del área VII del Sespa denunció el «elevado número de despidos encubiertos» que se han producido a lo largo de este mandato. Según los responsables del colectivo, «se trata de muchos empleados que venían trabajando de forma continuada para la sanidad pública asturiana, muchos de ellos con más de cinco o diez años de antigüedad». También critican el reparto del trabajo: «Mientras se despide a muchos profesionales, otros superan las doscientas horas de jornada mensual», afirman.

La Asociación de Eventuales en la comarca ha decidido denunciar públicamente su situación porque, según destacan, «los responsables políticos niegan, con fines electoralistas, la realidad de la Sanidad Pública asturiana».

Una realidad que define al Sespa como «la empresa con mayor temporalidad de Asturias, con personal que trabaja en la empresa incluso con veinte años de antigüedad con contratos temporales». Sí reconocen que la plantilla orgánica del Sespa se ha incrementado en cincuenta profesionales, pero matizan que «son muchos más los no renovados».

Las políticas de contratación de personal eventual «han sido modificadas de forma unilateral». Decisiones, afirman, que «han llevado a los trabajadores a una precariedad laboral sin precedentes».

El Sespa, a su juicio, ha mostrado «un absoluto desprecio por las mujeres con hijos al cargo». «Se han derogado los acuerdos previos firmados en anteriores mandatos que permitían la conciliación de la vida familiar y laboral, y se han negado tajantemente a cualquier negociación con los colectivos afectados», añaden.

Entre otras críticas, aseguran que «se avisa del trabajo con menos de veinticuatro horas de antelación y se sanciona a quienes, por motivos familiares, no pueden firmar los contratos temporales».

En lo referente a los turnos, «el Principado no garantiza los descansos obligatorios de los profesionales titulares, que realizan jornadas de 31 horas continuadas». «Sufren un desgaste que puede afectar a su trabajo y en su salud», zanjan.

EL SUPREMO RECHAZA LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO POR 12 DESPIDOS

Europa Press

El Tribunal Supremo ha rechazado ya 12 de los 16 recursos de casación que el Ayuntamiento de Valverde del Camino ha interpuesto ante el Alto Tribunal -los otros cuatro están en proceso- sobre las sentencias favorables a los trabajadores municipales despedidos hace cuatro años, al considerar que el recurrente «no ha formulado las alegaciones en el trámite oportuno», según reza en la última sentencia, emitida en marzo.

Por ello, la Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento valverdeño, conformada por estos 16 trabajadores municipales que fueron despedidos en 2011 y que aún no han cobrado las indemnizaciones, lamenta «la falta de escrúpulos» de la alcaldesa, Dolores López (PP), que «lo único que hace es prolongar la agonía de las familias despedidas, a las que les debe desde hace casi cuatro años cerca de un millón de euros».

Todo ello después de que el Supremo rechazara en marzo este décimo segundo recurso de casación de los 16 interpuestos y lo hace, según señala la plataforma en una nota, «sin ni siquiera admitirlos a trámite, ya que la alcaldesa ha presentado estos recursos sin aportar ni un sólo documento que rebata las sentencias condenatorias ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía». El Ayuntamiento está condenado a pagar casi un millón de euros.

LA PLANTILLA DE VESTAS VUELVE A LA CALLE Y PIDE EL APOYO DE VIVEIRO

La negociación continúa con la empresa para evitar los 54 despidos

«Sen acercamientos destacados» en la reunión mantenida entre el comité y la empresa de Vestas la plantilla vuelve a la calle insistiendo en su demanda, evitar que 54 trabajadores de la plantilla sean despedidos.

El comité hizo un llamamiento a los vecinos de Viveiro para que apoyen la manifestación prevista para esta tarde, y que saldrá a las 19 horas de las inmediaciones de la Opel, en A Misericordia, recorrerá la variante y culminará en la plaza Mayor.

«É importante o chamamento porque dependemos moitas familias da fábrica de Vestas, e tamén é importante o impacto que teñen os salarios sobre o comercio e a hostelería, non só de Viveiro, senón doutros concellos, porque tamén hai traballadores doutras zonas», explicó el presidente del comité de empresa, Julio L. Cribeiro.

177 horas de flexibilidad horaria

Sobre la mesa sigue la propuesta de la empresa de reducir a 32 los operarios de los que quiere prescindir, pero a cambio de 177 horas anuales de flexibilidad sin coste «a toda costa, a devolver no plazo dun ano, sen tope de como temos pactado», señaló el portavoz sindical. «Nós insistimos en que podía valer a flexibilidade do Eslauto que é menos agresiva, pero non a costa de despidos. Non queremos despidos excepto que sexan baixas voluntarias e as prexubilacións», añadía Cribeiro.

Está previsto que la mesa negociadora vuelva a reunirse, a las 10 de la mañana, «na que din que nos van dar cifras concretas», un encuentro que irá seguido a las 13.30 horas de una asamblea en la fábrica a la que están citados los 150 trabajadores pendientes de los dos eres, el de extinción y el temporal durante seis meses.

PODEMOS RESPALDA A LOS TRABAJADORES DE TELEASISTENCIA EN HUELGA

Europa Press – Sevilla

La secretaria de Podemos en Sevilla y parlamentaria andaluza Begoña Gutiérrez ha mantenido una reunión con los trabajadores en huelga de la Teleasistencia.

Estos trabajadores, según Podemos, denuncian el «abandono» al que la Junta de Andalucía está relegando a este servicio público, con la eliminación continuada de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones laborales.

«El uso de contratos en fraude de ley es, además, especialmente grave tratándose de una administración pública que debería ser ejemplar en el respeto a los derechos de los trabajadores», afirmó Gutiérrez. Esta reunión se suma a los encuentros mantenidos en semanas anteriores con diversos colectivos de trabajadores del sector público andaluz, cuya situación calificó como «un despropósito de años de malas políticas».

En Puente Genil (Córdoba) Begoña Gutiérrez fue elegida Secretaria de Acción Institucional dentro de la ejecutiva de Podemos Andalucía. «Mi objetivo va a ser conocer de primera mano las necesidades y reivindicaciones de los trabajadores públicos, así como plantear iniciativas que aseguren el papel de los Servicios Públicos como garantes del cumplimiento de las leyes y de los derechos de la ciudadanía».

Gutiérrez, que toma posesión como diputada en el Parlamento de Andalucía, ha declarado que «Podemos no va a permitir que esta sea una nueva legislatura perdida para la ciudadanía. Por ello no hemos entrado en el juego de la silla al que los partidos tradicionales están tan habituados. Nuestro trabajo, nuestras propuestas van a estar centradas en los andaluces y las andaluzas».

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