Boletín de Luchas Obreras (20 de Septiembre de 2016)
ÍNDICE:
- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EXIGE INDEMNIZAR A LOS CONTRATOS TEMPORALES COMO A LOS FIJOS
- CONCENTRACIÓN CONTACT CENTER EN SOL
- LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE “LA EMPRESA” UGT PRESENTA UN ERE PARA LA MITAD DE SU PLANTILLA
- EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE PRISIÓN AL SECRETARIO GENERAL DE LA CGT Y OTRAS 26 PERSONAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)
- ¡NO AL DESPIDO DE 61 TRABAJADORES DE HIPERMERCADOS EROSKI EN CÓRDOBA!
- ELA RESPONDE AL DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA QUE LA HUELGA EN LAS RESIDENCIAS ES POR «DIGNIDAD»
- CIBERNOS PARALIZA EL DESPIDO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DEL BÚNKER DEL BANCO SANTANDER
- LA PLANTILLA DE EXTEL, «MUY PREOCUPADA» A ESPERA DE CONOCER EL ALCANCE DEL ERE
- EL FUTURO DE RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA (RTVV) SE ACERCA A LA AUDIENCIA NACIONAL
- ISOLUX CORSÁN TRABAJA EN UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO HASTA 2020
- EL POPULAR ANUNCIA A LOS SINDICATOS QUE APLICARÁ UN DESPIDO COLECTIVO
- SEGUIMIENTO DEL «100%» DE LA HUELGA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE SAN PABLO, CUYA SITUACIÓN IRÁ AL CONGRESO CON IU
- PODEMOS RESPALDA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
- FORMEGA, LA FUNDACIÓN GALLEGA DEL METAL, ENTRA EN LIQUIDACIÓN
- EL JUZGADO DEBE RESOLVER EL ERE EXTINTIVO DE LA EMPRESA CELSO CANARIO PARA DESPEDIR AL PERSONAL
- BLANCO PLANTEA UN NUEVO ERE POR SU SITUACIÓN “INSOSTENIBLE”
- UGT PIDE AL GOVERN SU ENTRADA EN EL ACCIONARIADO DE NYLSTAR PARA REFLOTARLA
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LA JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EXIGE INDEMNIZAR A LOS CONTRATOS TEMPORALES COMO A LOS FIJOS
S.E. – abc.es/
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado ilegal la legislación laboral española en este aspecto por considerarla discriminatoria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentado un precedente histórico en una sentencia publicada el pasado 14 de septiembre de 2016, por la cual alerta de que la legislación española en el tratamiento de las indemnizaciones por extinción del contrato de los trabajadores interinos es contrario al acuerdo marco europeo.
La justicia continental asegura que el tratamiento actual en este tipo de compensaciones es discriminatorio y debe equipararse a la normativa referida a los contratos fijos.
Los contratos de interinidad no tienen prevista ninguna indemnización para cuando finalice la relación en cuestión, mientras que los contratos temporales tienen asignada una compensación de 12 días, y los indefinidos de 20 días, siempre y cuando sea despido procedente, ya que el despido improcedente cuenta con un número de días distinto.
El TJUE hace referencia en su sentencia al caso de Ana de Diego, que fue contratada por primera vez en 2003 para trabajar en el Ministerio de Defensa y que perdió nueve años más tarde su empleo. De Diego acudió a los tribunales, que no le dieron la razón en primera instancia. Sin embargo, recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que paralizó el proceso debido a sus dudas respecto al caso.
El magistrado del TSJM acudió a la justicia europea, que ha resuelto las dudas mediante la resolución de las cuestiones prejudiciales en una sentencia que puede ser histórica para la legislación laboral nacional.
En concreto, el TJUE cree que la normativa actual es discriminatoria al no reconocer una indemnización equivalente en la extinción de los contratos de interinidad a la de los trabajadores fijos. Además, el tribunal europeo exige a la justicia española que sean conscientes de este hecho y otorguen una indemnización idéntica a los trabajadores interinos y fijos.
CC.OO. celebra la sentencia
CC.OO. ha emitido un comunicado en el que celebra la sentencia del TJUE. Consideran que «exige a los tribunales españoles que a la hora de resolver los procesos, reconozcan una indemnización a los trabajadores temporales equivalente a la establecida para el despido por causas objetivas, es decir, de 20 días por año de servicio».
Además, el sindicato desvela que esta decisión europea podría afectar a «casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras, y que tiene efectos indudables para corregir uno de los elementos más perniciosos de nuestro sistema de relaciones laborales, como es un índice de temporalidad desproporcionado, y una falta de protección efectiva de los trabajadores temporales frente a su cese».
CONCENTRACIÓN CONTACT CENTER EN SOL
Los trabajadores y trabajadoras de telemarketing harán paros por un Convenio Colectivo de Contact Center digno.
El jueves, día 22 de septiembre, van a realizar paros de dos horas en todos los turnos en la defensa de un convenio digno. Los horarios son los siguientes:
En turno de noche el horario es de 0:00 a 2:00
En turno de mañana el horario es de 10:30 a 12:30
En turno de tarde el horario es de 16:30 a 18:30
Ver video: https://youtu.be/od73qPk8E5I
LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA DE “LA EMPRESA” UGT PRESENTA UN ERE PARA LA MITAD DE SU PLANTILLA
Europa Press
Los 110 afectados reclaman medidas «no traumáticas y dignas» como jubilaciones anticipadas, suspensiones temporales de empleo o bajas voluntarias y critican que el sindicato va a aplicar «las condiciones más duras de la reforma laboral del PP».
UGT Fica ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 110 trabajadores repartidos en once centros de trabajo en diez comunidades autónomas, algo más de la mitad de la plantilla, compuesta por 208 empleados.
Trabajadores afectados por el ERE han remitido un comunicado en el que reclaman que el despido colectivo se sustituya por otras medidas «no traumáticas, dignas y negociadas» con los representantes de los trabajadores, como jubilaciones anticipadas, suspensiones temporales de empleo o bajas voluntarias incentivadas.
Los empleados han rechazado en una asamblea conjunta con UGT Fica Madrid el despido colectivo presentado por la dirección del sindicato, ya que consideran que es una medida «desproporcionada», que carga «de forma traumática» en los trabajadores «la responsabilidad de la crisis económica por la que, al parecer, atraviesa la organización».
En opinión de estos trabajadores, las medidas que se han trasladado en el documento inicial conllevan «la aplicación de las condiciones más duras de la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP en el 2012».
Además, los empleados afectados denuncian que no han cobrado la nómina del mes de agosto (aunque sí han recibido la nómina por correo electrónico) y se encuentran en una situación de suspensión de sueldo, sin saber cuándo van a cobrar.
«Maquillar la reforma laboral»
La indemnización propuesta por la compañía asciende a 25 días por año trabajado hasta un máximo de 13 mensualidades, lo que, en opinión de los trabajadores afectados, supone «maquillar la reforma laboral». «Esto supone en la práctica y en el mejor de los casos un máximo de un año de sueldo tras muchos años de vida laboral en el sindicato», añaden.
Los trabajadores de UGT FICA cuestionan, además, la legitimidad moral del despido colectivo, que se comunicó en julio, «cuando muchos de los trabajadores afectados se encontraban de vacaciones». «Un sindicato que alza la bandera de la lucha contra la reforma laboral no puede aplicarla como ni siquiera haría la más antisindical de las empresas», señalan.
En opinión de estos trabajadores, un sindicato «que tanto ha denunciado y tanto se ha movilizado contra esta reforma laboral no puede imponerla a sus propios trabajadores sin que dañe irremediablemente, si no rectifica, su credibilidad».
Los empleados de UGT FICA piden al sindicato que «aplique dentro lo que reivindica fuera, es decir, condiciones dignas y no traumáticas para sus trabajadores».
Por último, han advertido de que en caso de que la empresa «siga empeñada en castigar a sus trabajadores con medidas que siempre ha condenado fuera», los trabajadores adoptarán las medidas de presión que consideren oportunas «para desbloquear la sinrazón de la empresa».
EL FISCAL PIDE 11 AÑOS DE PRISIÓN AL SECRETARIO GENERAL DE LA CGT Y OTRAS 26 PERSONAS DE LA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA (UAB)
Tomeu Ferrer
La acusación los imputa sin diferenciar delitos de desorden público, coacciones por las protestas y el encierro en el rectorado de la Universidad
La Fiscalía pide 11 años y 5 meses de prisión contra el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Ermengol Gassiot. También pide penas similares para 25 estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un trabajador del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la misma universidad, que era delegado de los Colectivos Asamblearios de Universidad (CAU -IAC).
La petición fiscal se relaciona con los hechos ocurridos en los años 2012 y 2013 cuando se produjeron movilizaciones estudiantiles en la UAB que culminaron con la ocupación del rectorado. En aquel momento Gassiot era delegado sindical, miembro del comité de empresa de la universidad y profesor de Arqueología. Posteriormente fue elegido secretario general de la CGT. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, entre los que eran estudiantes en 2013, está Eudald Calvo, actual alcalde de Argentona para la Candidatura d’Unitat Popular (CUP).
Acusación digna del TOP franquista
«La acusación que nos ha llegado es delirante y propia del antiguo Tribunal del Orden Público (TOP) franquista», declaró Gassiot al Diari del Treball. El sindicalista se extraña de que se pidan penas globales, sin desglosar, como si todos los que participaron en las protestas hubieran realizado conjuntamente y con el mismo grado de participación los hechos que el fiscal les imputa.
El profesor pone un ejemplo sobrecogedor: «Un fiscal nos acusa a los 27 de todo, pero cuando los Mossos revientan el ojo a un manifestante, no se puede condenar a nadie si no se puede demostrar quién ha disparado». Y termina con una frase contundente: «Me parece que es la primera vez desde el franquismo que hay denuncias penales que piden prisión a estudiantes y profesores, desde la dictadura no pasaba», asegura.
En el año 2013 un grupo de estudiantes y algunos profesores ocuparon el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ermengol Gassiot lo hizo como delegado y miembro del comité de empresa. La acción se convirtió posteriormente en una ocupación protagonizada por todos los colectivos en lucha de la UAB.
Durante el conflicto se hizo patente la oposición política de los estudiantes, PAS y profesores en el interior del equipo de gobierno de la institución universitaria. Durante dicha ocupación, algunos profesores y personal de administración y servicios (PAS) mostraron su solidaridad con su presencia en el edificio, llevando a cabo sus clases en el rectorado.
La Vicerrectora se persona
La acusación a partir de la cual la fiscalía pide 11 años y 5 meses de prisión a Gassiot y al resto de personas que participaron en las movilizaciones es ciertamente genérica. En el caso del secretario general de la CGT, se le piden dichos años de prisión por un delito continuado de desorden público y otro de coacciones, entre otros. Además, se incluye una petición de 5 años de alejamiento de la UAB para el conjunto de los 27 acusados y 385.000 euros para compensar lo que se considera que fueron los daños ocasionados al rectorado.
A parte de la acusación del fiscal, hay otras peticiones de penas con diversas personaciones como acusación particular. Una de ellas es Sílvia Carrasco, vicerrectora de estudiantes de la UAB y militante de Iniciativa per Catalunya (ICV) por Sabadell.
También han denunciado a diversas becarias de la vicerrectora, según Gassiot. Además aparece personada como tal la UAB, aunque en su momento, la institución lo negara. Todas las acusaciones, según fuentes de la CGT, tienen como característica común que las lleva el letrado Cristòfol Martell.
¡NO AL DESPIDO DE 61 TRABAJADORES DE HIPERMERCADOS EROSKI EN CÓRDOBA!
A partir del 1 de noviembre, después de más de 20 años trabajando en Hipermercados Eroski, más de 60 trabajadores cordobeses, en su mayoría mujeres, pasarán a engrosar la lista de parados ante la falta de alternativas que plantea la empresa vasca.
En apoyo a sus demandas, el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos la defensa de los puestos de trabajo y una salida para las familias.
Reportaje realizado por el Gabinete de Comunicación de Ganemos Córdoba ->
https://www.youtube.com/watch?v=BpMTCKUN7uM&feature=youtu.be
ELA RESPONDE AL DIPUTADO GENERAL DE BIZKAIA QUE LA HUELGA EN LAS RESIDENCIAS ES POR «DIGNIDAD»
Bilbao (EFE)
El sindicato ELA ha destacado que los 18 días de paro desarrollados hasta ahora y la próxima huelga de 14 días convocada en las residencias de mayores de Bizkaia son para «lograr que se garantice la dignidad de todas las personas, tanto usuarias como trabajadoras».
ELA ha respondido así, por medio de un comunicado, al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que ha advertido al sindicato, ante los paros convocados en las residencias, de que la «dignidad» de las personas mayores «está por encima de cualquier derecho a la huelga».
En una nota, la central ha denunciado que las trabajadoras y los usuarios de las residencias «llevan muchos años sufriendo y padeciendo recortes presupuestarios, que acarrean malas condiciones de trabajo y deficiencias en el servicio».
ELA ha afirmado que el «responsable principal de esta situación es la Diputación Foral de Bizkaia, ya que el sociosanitario es un servicio público privatizado pero financiado en un 70 % por aquella, que sin embargo no hace nada para solucionarlo».
Ha señalado que precisamente un informe de la propia Diputación «desmiente de manera categórica lo manifestado en reiteradas ocasiones por la Diputada de Bienestar Social: que la huelga de residencias no estaba teniendo consecuencias en el servicio que se estaba dando a los usuarios».
El sindicato ha añadido que la diputada de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, «sigue dando cobertura a las patronales y a sus beneficios empresariales a costa del servicio que se da a los usuarios y a las condiciones de trabajo».
ELA ha indicado que quiere conocer la posición del diputado general de Bizkaia en torno a la «grave discriminación salarial (de hasta un 60 %) y de condiciones laborales (106 horas más de jornada anual) que sufren las trabajadoras de las residencias subcontratadas, y los millonarios beneficios que obtienen las empresas en Bizkaia».
Ante la exigencia de la Diputación de aumentar los servicios mínimos durante la huelga, ELA ha señalado que este conflicto «no se soluciona imponiendo más servicios mínimos y vulnerando el derecho de huelga de las trabajadoras», sino sentándose en una mesa las partes implicadas y llegando a un acuerdo que «garantice unas condiciones de trabajo dignas y un servicio de calidad a los usuarios».
CIBERNOS PARALIZA EL DESPIDO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES DEL BÚNKER DEL BANCO SANTANDER
Indra comunica a la plantilla su compromiso de mantener todos los puestos de trabajo en una asamblea celebrada en Medio Cudeyo
El centenar de empleados que trabajan en los Centros de Proceso de Datos (CPD) que el Banco Santander tiene en Madrid y Cantabria respiran un poco más aliviados después de que Indra les haya comunicado oficialmente que subrogará a toda la plantilla y que, por tanto, Cibernos Outsourcing paraliza el expediente de despido colectivo.
La noticia fue trasladada a los propios empleados en una asamblea celebrada en el ‘búnker’ que el banco tiene en la localidad cántabra de Medio Cudeyo. Allí, representantes de ambas empresas se han comprometido a mantener todos los puestos de trabajo, según ha señalado a eldiario.es el presidente del comité de empresa, José Luis Cobo.
La alarma saltó cuando CCOO hizo público un comunicado en el que advertía que Cibernos había iniciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a los 83 trabajadores de Cantabria y 28 de Madrid. El motivo es que esta subcontrata dejará de gestionar el CPD, que pasará en las próximas semanas a manos de Indra.
A la reunión acudieron prácticamente la totalidad de los trabajadores de Cantabria, dos representantes de cada empresa pero ningún miembro de Produban (sociedad cuya propiedad es del cien por cien de la entidad bancaria y que se encarga de la gestión de los servicios informáticos), como habían solicitado los afectados.
Según explica Cobo, «los planes han cambiado bastante», ya que Cibernos había iniciado el ERE e incluso Indra había ofertado sus puestos de trabajo con un 50% menos de sus actuales salarios.
«Finalmente nos han informado de que se ponen en marcha todos los trámites para que el 1 de noviembre se lleve a cabo la sucesión de empresas y se subrogue el 100% de la plantilla», apunta. Estaba previsto que la nueva contrata se hiciera cargo de los centros el 1 de octubre pero el plazo se ha retrasado y Cibernos ha obtenido una prórroga de un mes.
De momento, el comité ha suspendido las actividades reivindicativas que tenía previsto llevar a cabo a partir del 22 de septiembre, como paros y huelgas, a la espera de la evolución del proceso.
Mejorar las condiciones
Una vez que existe por escrito un compromiso de que los despidos quedan totalmente paralizados, la intención del comité de empresa es reunirse con Indra para analizar la situación y, especialmente, las condiciones laborales de los trabajadores.
En este sentido, Cobo no lanza las campanas al vuelo debido a que la información que les llega es que las condiciones en centros de similares características que gestiona Indra son bastante precarias.
“Todo esto se podía haber hecho mucho mejor pero bueno, si finalmente se respetan los puestos de trabajo y se mejoran algunas cuestiones de la plantilla, no seremos nosotros los que vayamos a dinamitar esto”, concluye el portavoz de los trabajadores.
LA PLANTILLA DE EXTEL, «MUY PREOCUPADA» A ESPERA DE CONOCER EL ALCANCE DEL ERE
CCOO afirma que hay «inquietud» entre los trabajadores, que hasta el día 20 no tendrán más detalles
Concentración de delegados sindicales del sector de Contact Center celebrada en la plaza de la Marina. G. Torres
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La plantilla de la empresa Extel Contact Center CRM, con 650 trabajadores en Málaga, aguarda con «inquietud y mucha preocupación» a que se conozcan el día 20 de septiembre los detalles del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado a nivel nacional por esta empresa y su alcance en cada uno de los centros a los que afecta. La integrante de la sección sindical de Contact Center de CCOO, Trinidad Molina, afirmó que la plantilla está viviendo esta espera con «nerviosismo y estrés» aunque hasta entonces «se intenta mantener la normalidad en el trabajo diario».
La empresa de atención telefónica del Grupo Adecco ha comunicado su intención de presentar un ERE «por causas organizativas y de producción» para sus centros de La Coruña, Málaga, Zaragoza, Alcobendas (Madrid) y Hospitalet de Llobregat (Barcelona). La empresa, que también tiene plataformas en Latinoamérica y Portugal, emplea a unas 6.000 personas y tiene como principal cliente a Telefónica Movistar. La plantilla se caracteriza por tener una media de edad joven y por estar integrada en un 70% por mujeres.
De momento, Extel no ha comentado el número de empleados a los que afectará el despido colectivo ni en qué medida se aplicará en cada uno de los centros. Los representantes de los trabajadores están citados el 20 de septiembre en Madrid para la constitución de la mesa negociadora del citado expediente. CCOO no descarta convocar movilizaciones a partir de esta fecha una vez que se conozcan sus detalles.
Molina participó en una concentración de delegados sindicales del sector de Contact Center que se celebró en la plaza de la Marina de la capital malagueña de 12.00 a 14.00 horas. El motivo era denunciar la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio colectivo nacional del sector, aunque en la concentración –a la que acudieron también algunos trabajadores de Extel del turno de tarde– se mostró además el rechazo al ERE presentado por esta empresa.
La representante de CCOO recordó que el convenio estatal –que en el caso de Málaga afecta a más de 3.000 trabajadores– lleva negociándose desde inicios del pasado año sin que en este tiempo se hayan producido avances. Por ello, se han convocado a nivel nacional en el sector dos horas de paro en cada turno para los días 22 y 29 de septiembre. Además, para el 6 de octubre hay también convocada una huelga de 24 horas.
EL FUTURO DE RADIO TELEVISIÓN VALENCIANA (RTVV) SE ACERCA A LA AUDIENCIA NACIONAL
El TC admite la retirada del recurso presentado por el PSOE contra la ley que cerró la tele
El Tribunal Constitucional ha admitido la retirada del recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra la ley del anterior Consell del PP que suponía el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV), de acuerdo con fuentes del sindicato CGT. Esta central interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Expediente de Regulación de Empleo ejecutado en la empresa pública. Tras la decisión de los socialistas de retirar el recurso de inconstitucionalidad contra el cierre de la televisión valenciana, el pleno del TC debe decidir si dicta sentencia respecto a la ley impugnada o deriva el proceso a la Audiencia Nacional.
Aunque el sindicato no maneja todavía un horizonte temporal para que se resuelva su recurso, recuerda que los cerca de 1.600 extrabajadores de RTVV despedidos de la empresa lograrían resarcir sus derechos económicos en el caso de que CGT lograra que el ERE fuera declarado nulo. El sindicato calcula que una resolución favorable a los intereses de los trabajadores supondría un coste de entre 150 y doscientos millones de euros a las arcas de la Generalitat.
ISOLUX CORSÁN TRABAJA EN UN NUEVO PLAN ESTRATÉGICO HASTA 2020
EFE
La nueva Isolux Corsán, presidida por Nemesio Fernández-Cuesta, se ha puesto a trabajar ya en la elaboración de un plan estratégico con horizonte 2020, que tendrá el foco puesto en la generación de caja, el aumento de la cartera y la reducción de los costes de estructura.
Tras alcanzar a finales de julio un acuerdo con sus acreedores para reestructurar 2.000 millones de euros de deuda, la compañía afronta una nueva etapa que, por el momento, ya ha supuesto la remodelación de su estructura organizativa, la reducción del número de directivos, la simplificación de su organigrama, así como el refuerzo de la gestión de las unidades de negocio regionales.
Gracias a la nueva hoja de ruta que está diseñando la compañía para los próximos cuatro años, Isolux espera mejorar el control de los riesgos de los proyectos, así como los márgenes, según han señalado fuentes cercanas al grupo.
ERE para 535 trabajadores
La compañía ha comunicado a los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ERE) para 535 trabajadores, un tercio de la plantilla del grupo en España.
Asimismo, está negociando un plan de pago con sus proveedores de forma ordenada y en línea con el plan de viabilidad recientemente aprobado.
Isolux tiene con sus proveedores una deuda comercial de más de 60 días por importe de 332 millones de euros, mientras que la deuda vencida en más de 180 días asciende a unos 200 millones.
El grupo, que acumula unas pérdidas de 202 millones de euros entre 2012 y 2015, está además pendiente de presentar los resultados correspondientes al primer semestre del año y que podrían comunicarse en breve.
EL POPULAR ANUNCIA A LOS SINDICATOS QUE APLICARÁ UN DESPIDO COLECTIVO
Dará más datos en una nueva reunión
El Banco Popular ha anunciado a los sindicatos el inicio de un ERE, un plan de despidos colectivo sin concretar por el momento número de trabajadores afectados ni número de oficinas. Se va a celebrar una reunión de los sindicatos y posteriormente una nueva reunión de negociación con el Banco a la espera de algún dato sobre los criterios de aplicación del Expediente de regulación de empleo.
Rosa Conde, portavoz de CIG Banca en el Pastor, señala que el Popular ha explicado que la aplicación del despido colectivo afectará a toda la red de oficinas y trabajadores del conjunto estatal.
El banco completó en junio una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros.
SEGUIMIENTO DEL «100%» DE LA HUELGA DE BOMBEROS DEL AEROPUERTO DE SAN PABLO, CUYA SITUACIÓN IRÁ AL CONGRESO CON IU
Europa Press/IU – Sevilla (Europa Press)
El comité de empresa del aeropuerto de San Pablo ha cifrado en un «cien por cien» el seguimiento de la jornada
El comité de empresa del aeropuerto de San Pablo ha cifrado en un «cien por cien» el seguimiento de la jornada de huelga convocada por el servicio de bomberos y ha anunciado que continuarán las movilizaciones, en las que además se prevé incorporar a otras áreas de las instalaciones aeroportuarias, ante el «incumplimiento sostenido» del convenio colectivo y la «mala gestión de los recursos humanos».
Según ha explicado la secretaria del comité de empresa y miembro de la sección sindical de CCOO en San Pablo, Yaiza García, se ha cumplido el servicio mínimo del cien por cien y «sin incidencias», pero con empleados que no eran del grupo de trabajadores que estaba previsto que trabajara el viernes, por lo que el seguimiento ha sido «completo».
Además, asegura que las únicas reuniones que se han tenido con Aena han sido por los «trámites de la huelga, pero no para la resolución del conflicto». «Seguiremos porque la empresa no da marcha atrás», recalca.
Los trabajadores convocados han protagonizado además una asamblea a mediodía en la terminal de llegadas de San Pablo, donde han contado con el apoyo de miembros de IU, Podemos y del PSOE.
En este marco, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, el diputado de IU en el Congreso por Sevilla, Miguel Ángel Bustamante, y los ediles hispalenses, Daniel González Rojas y Eva Oliva, han mostrado su apoyo a los trabajadores, anunciando incluso la presentación de una pregunta ante la Mesa del Congreso en la que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a pronunciarse sobre el conflicto laboral existente entre Aena y los trabajadores del servicio contraincendios del aeropuerto.
Bustamante presenta esta pregunta denunciando «la intransigencia de la empresa y el incumplimiento del convenio y de los acuerdos locales, además de arbitrariedades y abusos de autoridad» denunciados por CCOO.
Además, plantea que el Gobierno valore esta situación y explique los problemas de seguridad que están resultando de la «mala gestión» de Aena y la «negativa» de la empresa a llegar a acuerdos, tras fracasar la negociación en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), provocando que se mantenga la convocatoria de huelga para todos los viernes de forma indefinida.
Maíllo lamenta que una empresa con «beneficios millonarios» esté haciendo una política de «restricción e incluso de humillación al colectivo de bomberos», señalando que los incumplimientos denunciados por estos se deben a «la voracidad y la cerrazón de Aena, que sólo atiende a los beneficios y no a la calidad del servicio público ni a los intereses de Sevilla y Andalucía».
Destaca que no se trata de una protesta por una subida salarial, si no que los trabajadores «proponen mejorar el funcionamiento y repartir el trabajo sin aumentar los costes de un servicio fundamental para el funcionamiento y la calidad del aeropuerto, clave para la movilidad y el turismo». Así, llama a que los sectores económicos de Sevilla se posicionen porque «no es un problema de los bomberos del aeropuerto, sino de todo el sector», dado el papel estratégico del aeropuerto.
Por último, recuerda que está situación de «precariedad y vulneración» de derechos se extiende al conjunto del sector del turismo, tanto a la hostelería como a la limpieza, «mientras la patronal aumenta y aumenta sus beneficios».
PODEMOS RESPALDA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE GRAN CANARIA
Agencias – Las Palmas de Gran Canaria
La formación morada apoya «sin fisuras» a los trabajadores, «que están reclamando el cumplimiento de su convenio colectivo»
CCOO decide no apoyar la huelga y pide una salida «sensata» que no pase «ni por el despido de una trabajadora ni por el cierre de la Fundación»
La Orquesta Filarmónica replica que lo «ilegal» es anunciar un cierre patronal ante el anuncio de un paro
Morales dice que la huelga de la Orquesta Filarmónica es «ilegal» porque «se pretende despedir a una trabajadora»
La dirección regional de Podemos ha expresado su apoyo a la huelga de la plantilla de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) y se ha desmarcado de la posición que mantiene al equipo de gobierno del Cabildo, del que forma parte en coalición con Nueva Canarias y el PSOE.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de NC, ya ha advertido públicamente de que está dispuesto a proceder al cierre patronal de la orquesta si la huelga se lleve a cabo, porque considera que se fundamenta en un motivo «ilegal», como, a su juicio, es exigir el despido de una de sus intérpretes.
Sin embargo, la dirección regional de Podemos, que ya ha mantenido varias diferencias con sus consejeros en el Cabildo grancanario, sostiene que «este conflicto se enmarca en la visión elitista de la cultura que permanece en las instituciones Canarias» y califica la respuesta de Antonio Morales de «impropia de un representante de un gobierno que se dice de progreso».
Podemos expresa su apoyo «sin fisuras» a la huelga, porque considera que no solo es un derecho de los trabajadores, sino que se ha llegado a ella «tras un largo periodo de infructuosas negociaciones» para exigir «el cumplimiento del convenio colectivo».
Este partido hace además un llamamiento a los ciudadanos para que expresen su apoyo a la orquesta y sus trabajadores, «una valiosa herramienta cultural e incluso de promoción de la isla que debería ser de todos y regirse por criterios democráticos y de interés público».
CCOO pide «una salida sensata»
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias ha pedido una salida «sensata» a la huelga en la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, salida que, a juicio de este sindicato, no puede pasar «ni por el despido de una trabajadora, como exige el comité de huelga, ni por el cierre de la Fundación, como propone el Cabildo de Gran Canaria».
El sindicato se reitera en su desacuerdo con uno de los puntos del preaviso, aquel que se refiere a la anomalía en la contratación de un músico, por entender que la aceptación de esta reivindicación supondría el despido de una trabajadora de la orquesta, «lo que no puede ser asumido por un sindicato».
Por este motivo, FSC-CCOO ha decidido no apoyar la huelga. No obstante, el sindicato considera legítima esta huelga, que ha sido apoyada por la mayoría de trabajadores, y recuerda al Cabildo que el derecho de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores «que no puede ser combatido con un cierre patronal».
FSC-CCOO considera que la salida a este conflicto debe buscarse en la negociación entre las partes, negociación que debe basarse en la «buena fe» y que ha de orientarse a dar una salida «razonable» a los motivos del conflicto.
Al tratarse la OFGC de una entidad sufragada con dinero público, la solución del conflicto «ha de obedecer, además, al interés general de los contribuyentes», añade el sindicato.
En el contexto de su posición minoritaria en el comité de empresa de la OFGC, la FSC-CCOO se ofrece a participar, «en el modesto papel que los trabajadores le han concedido, en cuantos diálogos y negociaciones contribuyan a llevar a buen fin este conflicto y que se orienten a salvaguardar los derechos de todos los trabajadores y los intereses de la ciudadanía de Gran Canaria».
FORMEGA, LA FUNDACIÓN GALLEGA DEL METAL, ENTRA EN LIQUIDACIÓN
La fundación no dejará deudas y sus alumnos han sido recolocados en academias privadas0 M. S. D.
Se acabó el dinero para cursos de formación y se acabó Formega. La Fundación Gallega del Metal desaparecerá. Esta entidad privada sin ánimo de lucro, constituida en el 2003 para formar trabajadores de las distintas ramas de actividad de la industria del metal, ya no tiene más recorrido e irá a liquidación de forma inminente.
Así lo han confirmado distintas fuentes de esta emblemática institución formativa, de la que durante años han salido experimentados soldadores, caldereros y especialistas en tareas de difícil cualificación.
La fundación, que ya se encontraba en situación preconcursal, se diluirá prácticamente sin deudas, ya que los pocos inmuebles que tiene de su propiedad (cuenta con seis sedes en Galicia, aunque casi todas en régimen de alquiler) servirán para saldarla.
Todos los alumnos que se encontraban hasta este momento desempeñando los distintos cursos formativos han sido recolocados por la Xunta en academias privadas gallegas, con lo que tampoco el alumnado matriculado se verá afectado.
Los despedidos
Más complicada es la evolución del expediente de regulación de empleo de extinción presentado para los 18 empleados (la totalidad de la plantilla). El ERE está argumentado por causas económicas, lo que supone que los trabajadores solo podrán acogerse a la indemnización de 20 días por año trabajado. La cuesta abajo de Formega comenzó hace cuatro años con la salida de la fundación de los sindicatos CC.OO. y UGT, que aportaban el 60 % de los recursos disponibles.
Aun así, los seis centros gallegos siguieron funcionando con los cursos que se adjudicaban a través de la Xunta y del Gobierno. Pero el golpe definitivo llegó este año con la supresión, por parte de Emprego, del 80 % de los paquetes formativos destinados a la fundación, que ahora se ve abocada al cierre de forma irremediable.
EL JUZGADO DEBE RESOLVER EL ERE EXTINTIVO DE LA EMPRESA DE CELSO CANARIO PARA DESPEDIR AL PERSONAL
La administradora concursal señala que solo tiene problemas de comunicación con los asesorados por el sindicato CIG – La documentación está en el Mercantil de Pontevedra
Concentración de los trabajadores y asesores de CIG ante la empresa
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La administradora concursal de la empresa Celso Canario e Hijos SL, que está actualmente en fase de liquidación, ha señalado que ya tramitó un Expediente de Regulación de Empleo, ERE, extintivo ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Pontevedra para el despido de la plantilla. El caso está ahora pendiente de la resolución del juez para poder completar la tramitación y desvincular a los trabajadores de la patronal.
Fuentes próximas a la administradora concursal indicaron que este asunto ya fue informado al abogado de uno de los trabajadores y que también intentó varias veces ponerse en contacto con directivos del sindicato CIG para explicarles en qué fase está la tramitación, pero que la remitieron a varias personas distintas. Achaca la inquietud de los representados por esta central sindical a la posible falta de comunicación con los directivos de la misma.
La administradora participó en el anterior proceso concursal en el que hubo acuerdo de todas las partes, incluidos los trabajadores, pero que la empresa no pudo cumplir. Por este motivo volvió a ser llamada en el mes de julio y, tras analizar la situación se optó por el proceso de liquidación de la empresa. El problema es que el nuevo proceso se produjo en la proximidad del receso judicial por las vacaciones estivales y fue retomado en los primeros días de septiembre.
Ahora la administradora concursal está a la espera de la resolución del titular del Juzgado de lo Mercantil en relación con el ERE extintivo que le ha propuesto para los trabajadores de la empresa meañesa dedicada a la fabricación de prefabricados de hormigón.
Concentración
La concentración de los trabajadores representados por CIG con asesores de esta central sindical sorprendió a la administradora concursal, aunque entiende que se trata de una época de mucho movimiento político.
Se muestra dispuesta a explicar a los representantes de los operarios afectados el estado de la tramitación de este proceso para la extinción de los contratos laborales con el fin de que los trabajadores puedan ir al paro y cobrar del Fondo de Garantía Salarial, Fogasa.
BLANCO PLANTEA UN NUEVO ERE POR SU SITUACIÓN “INSOSTENIBLE”
Blanco está tramando un nuevo ERE. De llevarse a cabo, se trataría del tercer ajuste de personal al que se acoge la marca textil, que hasta la fecha ha prescindido de 900 empleados.
La cadena textil Blanco comunicó a los representantes de los trabajadores que presentará un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que aún no ha cuantificado, lo que implica la apertura de un período de consultas a partir del 3 de octubre que se prolongará durante 30 días naturales.
Se trataría del tercer expediente de regulación de empleo planteado por la cadena de moda en los últimos años, que juntos y hasta la fecha han supuesto el despido de unos 900 empleados. La compañía especializada en moda ya aplicó en 2015 un ajuste de personal que afectó a un máximo de 189 trabajadores, que se sumaron a los 711 que se vieron a afectados por el concurso voluntario de acreedores que la firma presentó en 2013.
Para iniciar este nuevo ERE, la compañía envió una comunicación formal a todos los centros de trabajo que no cuentan con representación sindical para que la designen. Según el comunicado, este proceso de reestructuración “es necesario para asegurar la competitividad y la rentabilidad de la empresa y asegurar su futuro a largo plazo”.
También indica que a pesar de las continuas inversiones, la empresa continúa teniendo dificultades para reactivar el negocio y elevar su rentabilidad, cuya caída ha llevado a la empresa a una situación que califica de “insostenible” (…) Tras un estudio exhaustivo por parte del nuevo equipo directivo del actual modelo de negocio, y tras mantener conversaciones con el nuevo propietario, se ha visto necesario adoptar diversas medidas”, sigue diciendo el comunicado.
Entre estas “soluciones” figura un cambio organizativo que afectará a toda la compañía para intentar reactivar el negocio lo más rápidamente posible. Esta medida implicará cambios significativos en la organización y la reducción de costes en todas las áreas, lo cual requerirá la aplicación de criterios estrictos para toda la organización. “Este proceso es necesario para reducir el tamaño de la compañía y mejorar su rentabilidad”, asegura.
Por ello, el objetivo de la compañía es alcanzar un acuerdo con el mayor consenso sindical posible. Blanco afirma afrontar este proceso “desde el máximo respeto a todos los afectados y con el deseo de alcanzar una solución consensuada que ofrezca a los trabajadores las medidas menos traumáticas posibles”.
El pasado 15 de junio, el anterior propietario de Blanco, el grupo saudí Alhokair, aceptó la oferta de un fondo de inversión que adquirió la cadena textil española por un importe de 83,1 millones de euros en cinco plazos anuales. El grupo saudí se desprendía así de la firma española casi dos años y medio después de adquirirla, a principios de 2014, por más de 40 millones de euros.
UGT PIDE AL GOVERN SU ENTRADA EN EL ACCIONARIADO DE NYLSTAR PARA REFLOTARLA
Agencia EFE
La UGT de Cataluña ha pedido a la Generalitat que entre en el accionariado de la empresa Nylstar, situada en Blanes (Girona) y dedicada a la fabricación de hilos, a fin de que controle el futuro plan industrial de la compañía que debe permitir reflotarla.
Esta es una de las conclusiones de la reunión que mantuvieron distintas personalidades del Departamento de Trabajo de la Generalitat y del Ayuntamiento de Blanes, en la que la UGT exigió a las instituciones una implicación coordinada para reactivar y salvar la fábrica textil, lo que permitiría mantener los más de 200 puestos de trabajo que ofrece la instalación.
El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que plantea la compañía y que afectaría a 155 trabajadores, lo que dejaría la fábrica en 61 efectivos, limita al próximo 31 de octubre el tiempo en el que la empresa debería aportar el capital necesario para desarrollar un proyecto industrial sólido.
Entre otros, la UGT cuestionó en la reunión la voluntad del actual accionista, Alfons Cirera, de querer reactivar el proyecto, por lo que exigió a la Generalitat que, en caso de que Nylstar entre en concurso y se presenten proyectos empresariales sólidos, ésta opte por comprar la fábrica textil y entrar en su accionariado a fin de tener un control directo de la actividad.
Por este motivo, la UGT aconsejó a ambas instituciones que trabajen de forma conjunta en la búsqueda de inversores en el empresariado del sector textil para encontrar un nuevo propietario que restablezca la actividad productiva de Nylstar.
Además, el sindicato ha planteado una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, entre las que figuran: una ayuda para los empleados que tienen el contrato suspendido a fin de evitar casos de vulnerabilidad, programas de formación para la adaptación a los nuevos puestos de trabajo o acuerdos con el Ayuntamiento de Blanes que garanticen la recolocación de los trabajadores que finalmente puedan perder su puesto de trabajo.
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