Publicado en: 20 octubre, 2015

Boletín de Luchas Obreras (20 de Octubre de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • OSUNA READMITE A 8 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DESPEDIDOS EN EL 2013
  • EL GRUPO DE EMPRESAS FAHIME PRESENTA UN ERE DE EXTINCIÓN PARA LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA (92 TRABAJADORES) Y EL CIERRE DE TODAS SUS EMPRESAS
  • EL TRIBUNAL DE LA UE PERMITE UNA INDEMNIZACIÓN MAYOR A DESPIDOS IMPROCEDENTES DE BANKIA
  • EL SUPREMO AVALA EL DESPIDO DE 726 TRABAJADORES DE TRAGSA
  • IU DENUNCIA LOS DESPIDOS EN LIMPIEZAS DEL SUR Y EN TORRAS PAPEL
  • EL PLENO DEL CADUS APRUEBA SECUNDAR LA HUELGA CONVOCADA PARA EL 22 DE OCTUBRE CONTRA EL ‘3+2’ Y LA LOMCE
  • CSI CONVOCA UNA HUELGA EN RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (RTPA) COINCIDIENDO CON LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PRINCESA Y EL PUEBLO EJEMPLAR
  • LOS FACULTATIVOS QUE FUERON A LA HUELGA EN EL COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) AUGURAN MÁS PAROS
  • LOS ENFERMEROS AMENAZAN CON HUELGA SI NO LES PERMITEN PRESCRIBIR FÁRMACOS
  • UGT Y CCOO, DISPUESTOS A MOVILIZARSE E IR A LA HUELGA SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO EN EL CONVENIO DEL AUTOMÓVIL
  • LA JORNADA PARCIAL DE HUELGA EN AUTOBUSES DE BARCELONA SE DESARROLLA SIN INCIDENTES
  • EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (TSJA) TSJA DECLARA «AJUSTADO A DERECHO» EL ERE DE 2014 DE LA BASE DE MORÓN
  • UGT METIÓ INTRUSOS EN EL ERE QUE PAGÓ CON SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
  • VALEO RETIRA EL TRASLADO DE LA PLANTA DE MARTORELLES A ZARAGOZA
  • LOS RUMORES DE UNA ‘LISTA NEGRA’ ENTURBIAN LA NEGOCIACIÓN DEL ERE DE EVO BANCO
  • ELCOGAS COMUNICARÁ A LOS SINDICATOS LAS CONDICIONES DE LOS DESPIDOS POR EL ERE EXTINTIVO
  • LA FIRMA HORNO VIEJO SOLICITA CONCURSO Y SE ESPERAN 30 DESPIDOS
  • CCOO DENUNCIA DESPIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) E INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS ELECTORALES

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OSUNA READMITE A 8 DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DESPEDIDOS EN EL 2013

El resto de afectados se irán incorporando a medida que se resuelvan los procedimientos judiciales

El TSJEx determina que los despidos son improcedentes por “falta de objetividad”. Han renunciado al salario de tramitación, 75 días de vacaciones y la indemnización

El ayuntamiento va a readmitir a los trabajadores municipales que fueron despedidos por el anterior gobierno en el año 2013, que volverán a sus puestos como indefinidos. La decisión, comunicada ayer por el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) haya dado la razón a CCOO en dos sentencias “recién notificadas” que en su conjunto afectan a nueve trabajadoras.

En ellas, explica Juan Luis Lancho, representante del sindicato en el consistorio, “el juez dice claramente que no existía razón ni objetividad en los despidos”, por lo que los declara improcedentes y le da al ayuntamiento un plazo de cinco días para indemnizar o readmitir a las afectadas. En total serán ocho las que se incorporen a su puesto de trabajo, ya que una ha preferido recibir la indemnización por motivos de salud. “Es una vergüenza lo que se hizo con estos trabajadores. El ayuntamiento está en una situación difícil, pero el compromiso ético y electoral era el de readmitirlos y lo vamos a hacer”, afirmó ayer Osuna.

El Ayuntamiento de Mérida despidió sin previo aviso a 28 trabajadores del Parque Municipal de Obras y las delegaciones de Turismo, Servicios Sociales, Deportes y Urbanismo en abril de 2013. Los ceses, que tomaron por sorpresa a la oposición, los sindicatos y los propios afectados, se produjeron días después de que el consistorio decidiera retirar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había presentado para despedir a 83 empleados municipales, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los sindicatos en la negociación. El PP justificó entonces la medida en la necesidad de reducir el gasto en personal –la pasada legislatura bajó de 27 a 20 millones anuales, según defendió el exalcalde, Pedro Acedo– para cumplir con el objetivo de déficit y mejorar la situación de las arcas públicas.

De los 28 despedidos, 22 iniciaron un procedimiento judicial contra el ayuntamiento, de forma que a las dos sentencias conocidas ayer hay que sumar otras nueve pendientes de resolución por parte del TSJEx. En otro fallo emitido en febrero, el Alto Tribunal ya declaró improcedentes cinco de los despidos, pero la resolución no fue aceptada por el anterior Equipo de Gobierno y el caso se elevó al Tribunal Supremo. Conforme se vayan conociendo todas estas sentencias, el consistorio irá readmitiendo a los afectados, confirmó ayer Rodríguez Osuna.

IMPROCEDENTES

Según explica Lancho, la sentencia del TSJEx deja claro que se trata de despidos improcedentes, pues no queda demostrada la objetividad de las causas económicas a las que adujo el Ejecutivo local para justificar los ceses, máxime cuando después de producirse estos se contrató a nuevo personal para cubrir los servicios que desarrollaban los despedidos.

Así, el juez da la razón a CCOO y obliga al consistorio a readmitir a los afectados en un plazo de cinco días o abonar la indemnización correspondiente. El alcalde ya confirmó ayer que volverán a sus puestos como indefinidos, por lo que el sindicato felicita al consistorio “no solo por entender que se había producido una injusticia social, sino porque efectivamente es necesario el trabajo desarrollado por estas personas”.

Para la readmisión de estos primeros ocho trabajadores se ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos. Al respecto, Osuna avanzó que los afectados “han hecho un enorme esfuerzo”, ya que para incorporarse a sus puestos han renunciado a los salarios de tramitación; a la indemnización que cobraron en su día, que asciende a 12.000 euros que tendrán que devolver, y a los 75 días que les corresponderían de vacaciones.

Aun así, el ayuntamiento se verá obligado a devolver las cuotas por desempleo y la Seguridad Social desde el despido a día de hoy, un desembolso que alcanza los 500.000 euros para estos ocho casos. “Esta sentencia viene a decir que las cosas no se pueden hacer como se habían hecho hasta ahora”, dijo el alcalde, que lamentó que el consistorio haya gastado más de 200.000 euros en servicios de abogados durante la pasada legislatura.

Además de CCOO, también los sindicatos UGT y CSI-F mostraron su satisfacción por la readmisión de los trabajadores. El representante de CSI-F, Luis López, abogó además por que una vez readmitidos, se modifique la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear estas plazas junto a otras 60 que en estos momentos están ocupando trabajadores con contrato indefinido.

EL GRUPO DE EMPRESAS FAHIME PRESENTA UN ERE DE EXTINCIÓN PARA LA TOTALIDAD DE LA PLANTILLA (92 TRABAJADORES) Y EL CIERRE DE TODAS SUS EMPRESAS

El grupo empresarial FAHIME, situado en el Polígono de Tabaza (Carreño), ha presentado un ERE de extinción para toda su plantilla, que afecta a la totalidad de los 92 trabajadores y significará el cierre de todas las empresas del grupo: Mecafran, Caldefran, Serton Servicios e Industrial Marande.

Este ERE se encuentra, en estos momentos, en la fase de consultas entre la Dirección empresarial y el Comité de Empresa (UGT, CCOO y CSI), periodo que durará hasta el próximo 5 de noviembre.

En las reuniones mantenidas hasta el momento, la Dirección de la empresa se ha negado, constantemente, a plantear otro escenario que no sea el cierre empresarial y la extinción de la totalidad de los contratos, basándose en unas cuentas que, para la CSI, no están tan claras como pretende la empresa y que necesitan de un análisis a fondo.

En la Corriente Sindical d’Izquierda (CSI) consideramos que este ERE se está planteando después de una pésima gestión empresarial, con unas cuentas muy dudosas, un entramado de ERTEs y EREs que sólo tienen la intención de deshacerse de la plantilla de la manera menos costosa y la amenaza constante a los trabajadores de no poder cobrar las indemnizaciones correspondientes, en caso de no firmar un acuerdo que refrende el ERE de extinción.

Desde la CSI queremos denunciar públicamente estas maniobras empresariales y anunciamos que, sea cual sea el resultado de esta ronda de negociaciones, nuestro sindicato seguirá peleando por la continuidad de la empresa y no firmará el despido de ningún trabajador

EL TRIBUNAL DE LA UE PERMITE UNA INDEMNIZACIÓN MAYOR A DESPIDOS IMPROCEDENTES DE BANKIA

El Periódico – Barcelona

Reestructuración en el 2013

Dos afectados recurrieron a un juzgado de Terrassa contra el acuerdo de 30 días por año

El Tribunal de la UE permite una indemnización mayor a despidos improcedentes de Bankia

Los trabajadores que fueron despedidos en el marco de la reestructuración del grupo BFA y Bankia podrán cobrar una indemnización superior, si sus despidos se declaran improcedentes. Así lo establece una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que responde a una pregunta del Juzgado de lo Social número 2 de Terrassa sobre dos empleados que presentaron un recurso solicitando el despido improcedente y la indemnización legal máxima correspondiente, es decir, entre 33 y 45 días por año trabajado.

En febrero del 2013, Bankia llegó a un acuerdo con los sindicatos, que preveía la supresión de 4.500 puestos de trabajo, con una indemnización equivalente a 30 días de salario por año de servicio.

Según el Estatuto de los Trabajadores, si un despido es por causas objetivas, la indemnización que ha de pagarse es de 20 días por año de servicio; mientras que en caso de despido improcedente, es de 33 días por año (contratos después del 12 de febrero el 2012) o de 45 días (anteriores al 12 de febrero del 2012, como es el caso de los dos trabajadores que recurrieron).

Compromisos de BFA y el Gobierno

El alto tribunal recuerda que cuando el 28 de noviembre del 2012 la Comisión Europea adoptó una decisión sobre la reestructuración de Bankia, declaró que aunque las medidas adoptadas se consideraban una ayuda de Estado, estas debían ser compatibles con el mercado interior, habida cuenta de los compromisos adquiridos por España. Entre esos compromisos, BFA accedió a respetar la normativa vigente en salarios e indemnizaciones, y el Gobierno español se comprometió también a supervisar el proceso de reestructuración, tratando que “el pago por despido se aproximase al mínimo legal, pero con cierta flexibilidad”.

En su sentencia, el Tribunal Europeo considera que la decisión de la Comisión Europea sobre la reestructuración del grupo BFA no se opone a que se aplique la normativa española que, en caso de despido improcedente del trabajador, fija un importe de indemnización superior al mínimo legal.

EL SUPREMO AVALA EL DESPIDO DE 726 TRABAJADORES DE TRAGSA

El fallo corrige la decisión de la Audiencia Nacional que el año pasado anuló el ERE de la empresa pública. Junta y sindicatos no comparten el fallo del Supremo. La patronal andaluza del sector se une a la petición de la extremeña para acabar con las encomiendas

El Tribunal Supremo avala el despido de 726 trabajadores de la empresa pública Tragsa, despido motivado por razones económicas, productivas y organizativas.

El fallo corrige la decisión de la Audiencia Nacional que el año pasado anuló el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de esta empresa dedicada a trabajos de transformación agraria. De los 726 despidos, casi 60 afectaban a Extremadura en el ERE presentado el año pasado.

La semana pasada, el presidente de Tragsa, Miguel Jiménez, se entrevistó con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Jiménez expuso a Vara que Tragsa espera que siga contando la Junta con sus servicios, en un contexto en el que las empresas privadas del sector, las asociadas en este caso en AEEFOR, piden a la Junta que deje de adjudicarles trabajos de forma directa y que pasen a competir con las privadas en concurso, al considera que su estatus de “medio propio” de la Junta supone competencia desleal.

Jiménez también explicó a los medios las dificultades de Tragsa, con pérdida de negocio que achacó a la crisis económica y la consiguiente bajada de inversión por parte de las administraciones. También esperaban este fallo sobre el ERE para articular la futura viabilidad de la empresa pública.

CSIF quiere esperar a ver el contenido de la sentencia, pero reconoce su “disgusto y preocupación”, ha dicho a la SER Pedro Gómez, delegado autonómico de este sindicato en Tragsatec y presidente del comité de empresa. Desde CCOO, Julián Carretero, su secretario general, se solidariza con los trabajadores afectados tras esta decisión judicial.

IU DENUNCIA LOS DESPIDOS EN LIMPIEZAS DEL SUR Y EN TORRAS PAPEL

Desde el pasado mes de junio el paro registrado en Motril no ha dejado de incrementarse. De los 6.875 parados inscritos en la oficina de empleo en ese mes, se ha pasado a 7.285 motrileños que figuran en las listas del paro en el mes de septiembre. A este incremento están contribuyendo determinadas actuaciones empresariales inadmisibles, como las llevadas a cabo por Central Limpiezas del Sur y Torras Papel, que están despidiendo sus plantillas

Desde el pasado 8 de octubre, las trabajadoras de Central Limpiezas del Sur, S.l. se encuentran en huelga indefinida para reclamar el pago de sus salarios y denunciar las maniobras empresariales de la dirección para liquidar la empresa y constituir una nueva, con el fin de eludir sus responsabilidades societarias.

La plantilla de Limpiezas del Sur está integrada por 23 trabajadores y trabajadores que se encuentran en una difícil situación al no haber recibido sus salarios de los últimos meses y encontrarse la empresa en vías de desaparición, según han informado a Izquierda Unida los trabajadores de la empresa.

Esta circunstancia que las sitúa en un limbo legal pone en grave riesgo su empleo y, en muchos casos, la única fuente de ingresos para sus familias. Izquierda Unida apoya las medidas de presión de estos trabajadores y exige una solución favorable a ellos en este conflicto.

En este mismo sentido, desde Izquierda Unida ya se denunció el despido del trabajador de Torras Papel, Francisco Morata, al considerarlo una represalia por su actuación sindical y por su compromiso por la defensa de la actividad de la fábrica, del mantenimiento del empleo y de la mejora de las condiciones de trabajo, a lo largo de los últimos veinticinco años.

Por estos motivos, Izquierda Unida apoya las movilizaciones de los trabajadores de Torras en las que se exige la readmisión de Morata y la dimisión de Manuel Montilla, director de Recursos Humanos y responsable directo de los planes de externalización de la fábrica de papel.

A la vista de estas situaciones en la que se pone de manifiesto la falta de responsabilidad social de las empresas y, sobre todo, la codicia empresarial que sólo persigue la maximización de los beneficios empresariales por encima de los derechos de las personas y de los trabajadores, Izquierda Unida reclama que, desde el Ayuntamiento de Motril, se ponga en marcha una Estrategia local de empleo que, con la participación de Grupos políticos y agentes económicos y sociales, defina y coordine actuaciones adecuadas de políticas activas que contribuyan a la creación de empleos estables y con calidad en nuestra ciudad.

EL PLENO DEL CADUS APRUEBA SECUNDAR LA HUELGA CONVOCADA PARA EL 22 DE OCTUBRE CONTRA EL ‘3+2’ Y LA LOMCE

Europa Press – Sevilla

El Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha aprobado secundar la huelga del jueves 22 de octubre, convocatoria surgida en rechazo al decreto ‘3+2’ de flexibilización de los grados y a la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce): a ésta ya se han sumado colectivos como el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), el Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide (Ceupo) o la Unión Popular de Estudiantes (UPE).

Alba López, delegada del Cadus, ha explicado a Europa Press que el Pleno ha decidido apoyar la huelga, así como asistir a la manifestación que tendrá lugar el día 22 en horario de tarde, si bien, no habrá paro generalizado de las clases. Aunque, ha recordado en este sentido que los alumnos que decidan por su propia cuenta no acudir a clases no pueden ser perjudicados al existir una convocatoria oficial de huelga.

Además, ha precisado que las delegaciones de alumnos de las facultades de la Universidad de Sevilla podrán llevar a cabo la parada de las clases. Así se ha aprobado en el Pleno después de que durante los últimos días las asambleas de alumnos de centros de la Hispalense se hayan reunido para pronunciarse respecto a la procedencia de estas acciones. Por otro lado, el Cadus, que también se muestra interesado en aprovechar la movilización para exponer problemáticas propias como el estado de sus instalaciones, también ha llevado a este Pleno, precisamente, otro punto relacionado con la creación de un Gabinete de Infraestructuras de cara a la negociación con el gobierno de la institución, y en el transcurso de la reunión se ha presentado una propuesta de las bases de creación de este gabinete, que ahora tendrá que ser estudiada por cada delegación de alumnos para que presenten sus aportaciones y modificaciones.

Por parte del MAE, su portavoz, Violeta Sarmiento, ha explicado en una nota que la huelga surge de “la necesidad de defender la educación pública tras el constante proceso mercantilizador al que se ve sometida”. “Las diferentes reformas y recortes han hecho que nuestras universidades públicas registraran 77.000 alumnos menos en los últimos cursos por motivos económicos, que se reduzca el número de clases prácticas por falta de profesorado o que queden sin resolver las carencias infraestructurales en escuelas, institutos y facultades, entre otros”, apunta la portavoz.

CSI CONVOCA UNA HUELGA EN RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (RTPA) COINCIDIENDO CON LA ENTREGA DE LOS PREMIOS PRINCESA Y EL PUEBLO EJEMPLAR

Europa Press – Oviedo

La Corriente Sindical de Izquierda (CSI), ha convocado una huelga en Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) para los días 23 y 24 de octubre coincidiendo con la entrega de los Premios Princesa y Pueblo Ejemplar de Asturias.

“El bloqueo de la negociación por un nuevo convenio, iniciada hace tres años, el recorte salarial arrastrado desde 2010 y el incumplimiento grave de numerosos aspectos del convenio en aplicación, son los motivos de la huelga”, sostienen.

Para CSI la aplicación del convenio actual, en ultraactividad, no respeta las condiciones pactadas. “Hacemos una jornada laboral mayor a la pactada, las retribuciones están congeladas con un recorte del 10% aplicado desde 2010, complementos congelados o suspendidos, no se respetan los criterios previstos en convenio para la promoción laboral en la plantilla que son suplantados fraudulentamente por métodos de libre designación y tampoco se respeta lo previsto en convenio para la contratación de trabajadores que en muchos casos se contratan a través de otras empresas que los seleccionan arbitrariamente”. Señalan que para la programación especial por los Premios Príncipe y Pueblo Ejemplar, la dirección de RTPA planifica volver a pedir prestado personal técnico a la empresa Asturmedia.

“Esta vía, además de seleccionar a los trabajadores arbitrariamente y no respetar las listas de empleo temporal, supone prestamismo laboral, lo cual es causa del medio centenar de sentencias condenatorias contra RTPA por cesión ilegal de trabajadores, cuyas consecuencias hemos pagado y aún hoy seguimos pagando los trabajadores”, concluyen.

LOS FACULTATIVOS QUE FUERON A LA HUELGA EN EL COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) AUGURAN MÁS PAROS

El personal facultativo asistirá a una asamblea para adoptar una postura ante posibles negociaciones

Reestablecida la normalidad en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras la jornada de huelga del martes, ahora es tiempo de evaluación. Para ello, el personal facultativo del CHUO asistirá a una asamblea convocada para el mediodía de mañana.

“Analizaremos la repercusión del paro y trataremos de adoptar una postura y establecer unos argumentos claros ante las posibles negociaciones que pueda haber”, explicó el facultativo miembro del sindicato convocante Cesm-Omega, Alberto Escobar, “porque se supone que ahora es cuando la Gerencia se tiene que poner en contacto con nosotros”, añadió.

Por su parte, el Sergas todavía no se ha pronunciado sobre la postura que adoptará la Gerencia; sobre todo después de que diese por desconvocado el paro, al ser aceptadas cinco de las siete condiciones propuestas por los médicos. La delegación negociadora de los facultativos sometió después el preacuerdo a una asamblea de afiliados al sindicato, que rechazó el principio de acuerdo.

El representante del sindicato apuntó, sin embargo, que de no tener respuesta y no mediar en los puntos reinvindicativos, “puramente de calidad asistencial, se propondrán nuevas jornadas de huelga”. “De todas formas, desde el comité de huelga entendemos que éstos son días para la reflexión y entendemos que tendrán disposición de llamarnos y establecer acuerdos”, dijo el facultativo.

LOS ENFERMEROS AMENAZAN CON HUELGA SI NO LES PERMITEN PRESCRIBIR FÁRMACOS

EFE – Madrid

Enfermería alerta que la vacunación de la gripe está en serio peligro si no se aprueba el decreto de prescripción del colectivo.

El colectivo quiere que se apruebe un decreto que dé amparo jurídico a la prescripción de fármacos

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, aceptó reunirse con ellos

La Mesa de la Profesión Enfermera -formada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato Satse- amenaza con la convocatoria de una huelga “inminente” si el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no da una respuesta adecuada que garantice que dará luz verde a la “prescripción enfermera”.

En un comunicado, la Mesa señalaba ayer que ante el retraso de la aprobación del real decreto que regula la indicación por parte de los enfermeros de medicamentos que no precisen receta, lo que se conoce como “prescripción enfermera”, se iban a acordar distintas acciones. Entre ellas, aprobaron constituir un gabinete de crisis, compuesto por miembros de ambas instituciones, que establecerá las estrategias y acciones a realizar en los próximos días.

UGT Y CCOO, DISPUESTOS A MOVILIZARSE E IR A LA HUELGA SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO EN EL CONVENIO DEL AUTOMÓVIL

Europa Press – Gijón

El secretario general de MCA-UGT en Asturias, Eduardo Donaire, ha advertido que si no se llega a un acuerdo en los próximos días con la patronal del automóvil para la firma del convenio colectivo están dispuestos a iniciar una campaña de movilización y huelgas.

Así lo ha indicado tras la firma del convenio del metal en la sede de Femetal, que, según él, debería servir de referencia. Donaire ha incidido en que se planteó lo mismo en uno y otro convenio, pero la patronal del automóvil “se desdijo” en lo que se refiere a la cláusula de revisión salarial.

Donaire ha alertado, además, de que hay 4.000 trabajadores pendientes de que se llegue a un acuerdo con la patronal, a lo que ha convenido en que las partes firmantes deben ser “muy responsables”. Ha incidido, asimismo, en que en la inmensa mayoría de comunidades el sector automóvil está dentro del metal, no así en Asturias.

Junto a él, ha hablado el secretario general de Industria de CCOO en Asturias, Damián Manzano, quien ha emplazado al desbloqueo del convenio del automóvil, por lo que ha conminado a la patronal de este sector a que haga un ejercicio de reflexión.

Ha señalado, asimismo, que este convenio afecta a 4.000 trabajadores, tanto de la venta de vehículos como de la reparación, por lo que ha mostrado su deseo a que se llegue a un acuerdo de características similares al del convenio del metal. Y aunque ha reconocido que no se han vuelto a sentar con la patronal, ha remarcado que están dispuestos a hacerlo “en cualquier momento”, ha apostillado.

Manzano ha dicho lamentar “profundísimamente que no haya podido ser así y ha apuntado que los planteamientos de las organizaciones sindicales fueron “claros” desde el principio.

Asimismo, ha recalcado que debe recompensarse ahora el esfuerzo de los trabajadores, a lo que ha considerado como principal escollo para la firma del convenio la cláusula de revisión salarial que pueda garantizar el poder adquisitivo de los empleados. Algo que según él no parece que la patronal del automóvil esté dispuesta a garantizar eso.

LA JORNADA PARCIAL DE HUELGA EN AUTOBUSES DE BARCELONA SE DESARROLLA SIN INCIDENTES

Barcelona (EFE)

La jornada parcial de cinco horas de huelga en el servicio de autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) convocada para hoy por sindicatos minoritarios se ha desarrollado sin incidencias destacables, según ha informado este organismo.

TMB estima que sólo un 13,2 % de la plantilla ha seguido la convocatoria de huelga, mientras que calcula que los paros han afectado a un 25 % de la oferta de transporte con autobús.

En concreto, asegura que el 75 % del servicio habitual ha circulado con normalidad durante las horas en que ha tenido lugar el paro, de 10.30 a 15.30 horas.

Los convocantes de la huelga, los sindicatos ACTUB, Bescanvi Sindical, CGT, CNT y la COS, denuncian que los presupuestos de autobuses de TMB del 2015 comparados con los del 2014 no muestran ninguna partida extraordinaria para el personal del convenio

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA (TSJA) TSJA DECLARA «AJUSTADO A DERECHO» EL ERE DE 2014 DE LA BASE DE MORÓN

Los 55 despidos del segundo expediente de regulación llevado a cabo por Vinnell-Brown & Root Spain elevaba a 240 el número de despidos acometidos desde 2010

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado «ajustado a derecho» el expediente de regulación de empleo (ERE) acometido en 2014 por Vinnell-Brown & Root Spain (VBR), como sociedad gestora de los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla) para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. El TSJA, así, desestima el recurso impulsado por los 55 trabajadores contra este despido colectivo.

Hablamos de la causa que residía en la sala de lo Social del Alto Tribunal andaluz, por la impugnación del tercer expediente de regulación de empleo acometido por la sociedad estadounidense que gestionaba hasta marzo de este año los servicios civiles de la base aérea de Morón, cuyo uso comparten España y Estados Unidos.

Los 55 trabajadores despedidos en septiembre de 2014 mediante este ERE recurrieron el procedimiento reclamando la nulidad de sus despidos, sobre todo a cuenta de la creciente actividad militar de esta base de uso conjunto.

El incremento de la actividad militar en la base es tal, que España y Estados Unidos han firmado una enmienda al convenio bilateral de cooperación que desde 1988 regula el uso de esta base, para que el contingente estadounidense radicado en Morón pase de los aproximadamente 850 infantes de marina y 17 aeronaves que acoge actualmente mediante prórrogas anuales, a un despliegue permanente de 2.200 militares, 500 civiles y 21 aeronaves.

Además, la enmienda aumenta hasta los 800 efectivos y 14 aeronaves el límite para despliegues temporales, de modo que la base sevillana podrá acoger hasta 3.000 militares estadounidenses en momentos puntuales.

La demanda de los afectados, así, se dirigía contra VBR, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa (Usafe), el Gobierno de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de España y Vectrus, actual adjudicataria del contrato de mantenimiento de la base aérea de Morón de la Frontera.

EE.UU. se declara inmune

Estados Unidos, de su lado, alegaba que la documentación no le fue notificada «conforme al derecho internacional», es decir «mediante cauces diplomáticos» y con un plazo de 60 días antes de la comparecencia.

Pero además, la Embajada de Estados Unidos en España exponía en un escrito recogido por Europa Press que merced al convenio firmado entre Estados Unidos y España en materia de Defensa, «el Gobierno de Estados Unidos, sus fuerzas armadas, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias no están sujetos a los procedimientos ante los tribunales españoles promovidos por los empleados de contratistas o de concesionarios que efectúan trabajos en España para las fuerzas de Estados Unidos». De hecho, EEUU no asistió al juicio celebrado el pasado 24 de septiembre para resolver la impugnación de este ERE.

Pues bien, a través de una sentencia emitida el 7 de octubre, la sala de lo Social del TSJA admite que en el convenio bilateral de defensa entre España y Estados Unidos «se hace valer expresamente por los Estados Unidos su inmunidad ante los tribunales españoles, respecto de su gobierno y fuerzas armadas, por los procesos promovidos por los empleados de las contratistas que efectúan sus trabajos en España para las Fuerzas de Estados Unidos», toda vez que los empleados despedidos en este caso «tienen su contrato de trabajo con la contratista VBR y está, a su vez, un contrato de servicios para actividades de mantenimiento y apoyos» con la Usafe.

Por tanto, y después de que Estados Unidos invocase además el convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados internacionales, «procede declarar la inmunidad de jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas respecto a la presente demanda, que está resolviendo sobre la extinción de unos contratos de trabajo entre una contratista y sus trabajadores y en ningún caso entre Estados Unidos y éstos», según el TSJA, que en consecuencia no entra a «valorar la existencia del fraude de ley» denunciado por los despedidos por presunta «cesión ilegal» de trabajadores.

UGT METIÓ INTRUSOS EN EL ERE QUE PAGÓ CON SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

El expediente de regulación de empleo (ERE) afectó a 159 empleados

EFE

La federación andaluza de UGT coló 11 intrusos en las pólizas de seguro que utilizó para costear el expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicó la organización en el año 2012, dejando en la calle a 159 empleados, y que el sindicato cargó en parte a subvenciones de la Junta de Andalucía.

Así queda reflejado en una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Sevilla en poder de EL MUNDO, que UGT-A se ha negado a facilitar, a pesar de que su secretaria general, Carmen Castilla, alardeó de ella en Canal Sur porque es el primer pleito que «hemos ganado» a la Junta, que reclama al sindicato la devolución de al menos 15,3 millones de euros en subvenciones justificadas de forma irregular.

Si bien es cierto que la sentencia estima parcialmente la demanda de UGT -la Junta reclamaba la devolución de 1 millón de euros, pero el sindicato sólo va a tener que reintegrar 198.725 euros-, también incluye un duro varapalo, ya que la juez aprecia indicios de delito en el desvío de la subvención de la Junta para el Plan Orienta al pago de la póliza con la que se abonaron las indemnizaciones del ERE.

El Orienta es un programa dedicado a la orientación profesional y al acompañamiento a la inserción laboral. UGT lo puso en marcha a través de distintas unidades en las que contrató a cientos de personas. De los 159 trabajadores despedidos por UGT en 2012, 130 eran promotores de empleo del Orienta, cuyas indemnizaciones fueron abonadas con la póliza pagada con la subvención de la Junta.

El fallo explica que la póliza contratada por UGT-A y costeada con la subvención destinada al Plan Orienta contiene un anexo de personas que varían en los distintos ejercicios de este programa. En el expediente de 2009, «había dos personas incluidas en el anexo de la póliza, pese a no ser contratadas» del Orienta, mientras que en 2010 había 8 y 2011, una persona, recoge el fallo. En total, los once intrusos mencionados anteriormente.

Sobre los intrusos, UGT-A alegó que son personas que finalmente no fueron contratadas por el sindicato como orientadores. Sin embargo, a la juez no le ha resultado muy convincente esta explicación, ya que remite el expediente a la Fiscalía, al apreciar indicios de delito.

Para justificar la contratación de una póliza de seguros costeada con la subvención del plan Orienta, UGT sostuvo que «resulta inequívoco que es un gasto de personal», recoge la sentencia.

«Para mí, sin embargo, no sólo es patente que se trata de un gasto ajeno totalmente a la finalidad de la actividad subvencionada, sino que pudiera constituir delito», subraya la juez María Fernanda Mirman Castillo, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12. La juez de lo contencioso rechaza que la Junta haya abierto un «procedimiento inquisitorial o una causa general» contra el sindicato, como denunció UGT-A.

«Por el contrario, consta que este expediente de reintegro tiene origen en un expediente de información reservada del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se circunscribe a los expedientes» del Orienta de 2009, 2010 y 2011, «los cuales comparten la póliza de seguros en que se funda parte del reintegro», detalla el fallo.

Precisamente la Junta inició las investigaciones sobre las ayudas a UGT del Plan Orienta por las informaciones de EL MUNDO, que ahora se ven plenamente corroboradas por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 12 de Sevilla.

UGT planteó que, en un periodo «temporal extraordinariamente corto, diversas consejerías han procedido de manera concertada a la apertura de 34 expedientes de reintegro de subvenciones» al sindicato. «Ello sin obedecer a un plan de inspección sino por el mero pánico que se desató en la clase política gobernante por el histrionismo con que los medios de vienen tratando el asunto, siendo contrario a nuestro derecho este tipo de operaciones de hostigamiento», señaló UGT.

La Junta reclamó inicialmente al sindicato la devolución 1.061.063,13 euros del Plan Orienta del año 2009, subvencionado por la Junta a UGT con 5,7 millones de euros. La partida reclamada corresponde a los 198.725,40 euros de la póliza con Generali Seguros con la que se costeó el ERE y otros 862.337,73 euros en los que se incumplió la obligación de pedir tres ofertas a diferentes proveedores, como marca la Ley de Subvenciones.

La juez sólo admite la partida de la póliza de seguro. Por eso, UGT considera que «no cabe otra manera de entender esta sentencia que como un gran logro, dado que tras las numerosas críticas y mentiras vertidas sobre nuestra organización, la justicia nos ha dado la razón, sentando las bases de lo que puede ser la primera de una serie de sentencias favorables».

VALEO RETIRA EL TRASLADO DE LA PLANTA DE MARTORELLES A ZARAGOZA

Europa Press

La dirección de Valeo ha decidido retirar la medida que contemplaba el traslado de parte de los 257 trabajadores de la planta de Martorelles a Zaragoza, ha informado a Europa Press el delegado de CC.OO. y miembro del comité de empresa, Juan Giménez.

Lo ha hecho después de que trabajadores y compañía se hayan reunido en el Tribunal Laboral de Catalunya en Barcelona, una decisión que ha de servir “para pasar a definir nuevas etapas de trabajo”, ha subrayado la firma francesa a Europa Press.

En este sentido, Giménez ha explicado que la dirección les ha emplazado a una reunión, que será en breve, y ha indicado que esta resolución es “el valor a la lucha de 80 días” de los trabajadores.

El miembro del comité de empresa ha asegurado que “tras analizar el contenido de la denuncia” –en referencia a la demanda judicial presentada por CC.OO. para reclamar la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERO) presentada por Valeo–, la compañía ha echado marcha atrás en su postura inicial de cerrar la fábrica vallesana y llevar la actividad a la capital aragonesa.

La dirección ha justificado su medida en “el deseo de la compañía de dar con una solución que satisfaga las necesidades corporativas y que al mismo tiempo proteja los intereses de los empleados”, un espíritu, han destacado, que la empresa ha mostrado desde el inicio del proceso.

De todas formas, Giménez ha afirmado que la plantilla seguirá en huelga indefinida y continuará instalada a las puertas de la planta vallesana.

La plantilla de Valeo Martorelles decretó el parón el 28 de julio y a partir de ese día montaron un campamento ante la fábrica.

LOS RUMORES DE UNA ‘LISTA NEGRA’ ENTURBIAN LA NEGOCIACIÓN DEL ERE DE EVO BANCO

Evo Banco planea el cierre de entre 21 y 25 oficinas, un ajuste que conllevará la supresión de 170 trabajadores.

Las primeras cifras del expediente de regulación de empleo (ERE) de Evo Banco ya están sobre la mesa, un ajuste que podría afectar a casi un 30% de la plantilla de la entidad y que, si se cumplen los plazos previstos, estará finiquitado antes de que acabe noviembre.

En la primera reunión con los sindicatos, celebrada ayer, la dirección de la entidad controlada por el fondo estadounidense Apollo ha comunicado que la reestructuración afectará a una horquilla de entre 21 y 25 oficinas, lo que supondrá la supresión de entre 120 y 135 trabajadores. A su vez, Evo Banco pretende reducir el ratio por oficina a cinco empleados, por lo que se produciría un excedente de personas, según sus previsiones, de otros 35 o 40 empleos.

En total, el ajuste podría afectar a unos 170 trabajadores, lo que supone casi un 30% de los 600 empleados que el banco tiene actualmente en plantilla, después de que hace apenas tres meses el banco completase un ajuste que afectó finalmente a 42 personas. Todas las oficinas de la entidad podrán verse afectadas por el cierre.

El recorte de empleos no es el único sacrificio que Evo exige a su plantilla, sino que también ha planteado la modificación de horarios para subdirectores, con un primer horario propuesto que quedaría de la siguiente manera: 8.30h a 14.00h y 16.00h a 18.00h. En este caso no se trata de un horario flexible como el que tienen directores y directoras, sino partir directamente la jornada.

Sin embargo, CCOO denuncia que en esta primera reunión la dirección de Evo Banco no aportó ningún tipo de documentación para que la Representación Legal de los Trabajadores pueda empezar a trabajar en aportar medidas que minimicen el impacto del expediente. “No podemos realizar todavía ningún tipo de valoración al respecto, simplemente indicar que los datos dados de palabra no tienen, una vez más y como viene siendo habitual, ningún tipo de consistencia ni credibilidad”, señala el sindicato.

“No disponemos de ningún tipo de listado de oficinas afectadas, como tampoco se nos ha facilitado, la famosa ‘lista negra’ que algunos directores de división dicen que ya han confeccionado”, denuncia la formación sindical, que considera que “este tipo de comentarios lo único que demuestra es la manera marrullera y chapucera de trabajar que se practica desde la dirección de la empresa”.

Tras la primera toma de contacto, ambas partes volverán a sentarse el próximo 20 de octubre. Según el calendario previsto, el período de consultas comenzará en la semana del 26 de octubre, a partir de ese momento se dispondrán de 30 días para la negociación.

ELCOGAS COMUNICARÁ A LOS SINDICATOS LAS CONDICIONES DE LOS DESPIDOS POR EL ERE EXTINTIVO

Puertollano

Los trabajadores pidieron a la empresa que solicite ante el Ministerio de Industria una moratoria para el expediente de cierre y ésta responde que «los tiempos siguen corriendo»

Elcogas y los sindicatos mantuvieron ayer la tercera reunión dentro del periodo de consultas del expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo presentado por la compañía para los 143 trabajadores que componen la plantilla de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano.

Una reunión que superó las dos horas y media de duración y que sirvió para poner de manifiesto, una vez más, las grandes diferencias que hay entre empresa y representantes de los trabajadores: por un lado, los sindicatos insisten en oponerse a hablar de despidos y pide a Elcogas que solicite una moratoria del expediente de cierre, y por otro, la dirección de la compañía manifiesta que «el ERE tiene un plazo legal que sigue corriendo y que no se puede alterar».

En este sentido, fuentes de Elcogas consultadas por La Tribuna explicaron que en la próxima reunión convocada para abordar la regulación de empleo, un día antes de la protesta que los trabajadores realizarán ante la sede del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en Madrid, se presentará una propuesta económica y de condiciones para los afectados por los despidos «porque los tiempos del expediente de regulación de empleo siguen corriendo».

Por su parte, la parte social mantienen su negativa a la hora de abordar los despidos y ayer pusieron sobre la mesa la propuesta a los representantes de Elcogas de que soliciten al departamento de José Manuel Soria una moratoria del expediente de cierre, que se hará efectivo, si nada cambia, el próximo día 31.

Los secretarios generales de Fitag-UGT y CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, Agustín Pérez y Ángel León, respectivamente, explicaron a este diario que su propuesta sigue siendo presentar un plan de viabilidad y paralizar el expediente de cierre, si bien los representantes de Elcogas en la reunión de ayer les dijeron que no estaban autorizados a tomar esta decisión y que lo consultarían, tras lo cual les informarían de ello.

No obstante, desde Elcogas comentaron a esta redacción que «los tiempos del ERE siguen corriendo, con independencia de que se produzca o no una desconexión de la red, que es algo que tendrá que estudiar el consejo de administración» y añadieron que la propietaria de la central termoeléctrica «sigue queriendo negociar, como lo demuestra el hecho de que hoy (por ayer) estaba en la reunión la empresa contratada para gestionar y ayudar a la recolocación de los trabajadores afectados por despidos, que iba a explicar su plan pero los sindicatos no la dejaron intervenir».

Estas mismas fuentes explicaron que Elcogas ha contratado a Lukkup como «un plan de ayuda para la recolocación y búsqueda de empleo de los trabajadores afectados por el ERE», si bien ayer no pude presentarse al negarse los sindicatos a hablar de despidos».

LA FIRMA HORNO VIEJO SOLICITA CONCURSO Y SE ESPERAN 30 DESPIDOS

Tudela

La empresa Panadería Aliaga de Cintruénigo, propietaria de los establecimientos Horno Viejo de Tudela (cinco en total) y de un obrador, anunció ayer a sus trabajadores que ha solicitado concurso de acreedores voluntario y que tiene la intención de despedir a todos sus trabajadores, alrededor de 30, con la idea de acabar liquidando la empresa. Ahora queda pendiente de que lo acepte el juez.

Así lo confirmó ayer Javier Velasco, responsable de alimentación de UGT en la Ribera (sindicato que cuenta con el delegado en la compañía), quien aseguró que se lo comunicó el abogado de la empresa y que trasladó la situación a los empleados en una asamblea. “Con el jefe ni hemos podido hablar”, apuntó. Este periódico también llamó ayer a la empresa sin obtener respuesta.

Pero hasta confirmar este extremo los trabajadores han pasado dos días de total incertidumbre. En la madrugada del domingo al lunes, los empleados del obrador, ubicado en Cintruénigo, se encontraron que no había ninguna actividad. “A uno sí le avisaron de que no se podía trabajar porque no había materia prima”, explicó Velasco.

Algo similar les ocurrió a las trabajadoras de las 5 panaderías de Tudela en las calles Pablo Sarasate -la única que ayer por la tarde seguía abierta-; Díaz Bravo; Fernández Portolés; Paseo de Pamplona y Herrerías. El lunes se encontraron con que no llegaba pan ni bollería, aunque pudieron funcionar con los hornos de las tiendas para hacer pan congelado.

Pero la situación se agravó ayer. Y es que, según señalaron integrantes de la plantilla, en algunas tiendas no funcionaban los aparatos ni tampoco había suministro eléctrico en algunas zonas. “Han hablado con técnicos de Iberdrola y les han dicho que podía ser algún cortocircuito o, incluso, un sabotaje. Algunas estaban asustadas porque dicen que no encontraron las tiendas como las habían dejado”, señaló Javier Velasco.

Esto hizo que las tiendas no pudieran servir al público, pero los trabajadores siguieron en su puesto porque no tenían ninguna comunicación de la empresa.

Varias nóminas sin pagar

Velasco señaló que trasladaron al abogado de la empresa la necesidad de solucionar la situación de la plantilla para que no tengan que ir a su puesto si no pueden trabajar. “Estamos a la espera de qué nos dicen. Una opción es un permiso retribuido, aunque sabemos que no lo van a cobrar”, indicó.

Añadió que temían que esta situación se pudiera dar, sobre todo porque en los últimos años ha habido impago de nóminas que se han llevado a los tribunales. “Hay casos diferentes, pero a la mayoría de la plantilla se le deben 3 extras de 2014, 2 de 2015 y nóminas desde agosto, aunque a alguno no le pagan desde mayo o junio. Esto se veía venir y no vemos una salida”, afirmó Velasco.

Además de a sus propias tiendas, Panadería Aliaga servía a restaurantes, a domicilio en Cintruénigo y a otros establecimientos de la Ribera.

ELA también celebró una reunión con sus afiliados en la empresa y del mismo modo que UGT va a solicitar un permiso retribuido para que los trabajadores no tengan que acudir a las tiendas.

CCOO DENUNCIA DESPIDOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA (ULL) E INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS ELECTORALES

El Rector debe rectificar

El comienzo del curso se está caracterizando por una concatenación de decisiones del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado que ponen en entredicho determinados compromisos hechos públicos por el Rector durante su campaña electoral

De estas decisiones la más grave desde el punto de vista de CCOO ha sido iniciar diversos despidos entre el profesorado asociado a tiempo parcial, a lo que han seguido la negativa a solucionar de manera efectiva e inmediata el grave problema ocasionado por los Trabajos de Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster (TFG/TFM) y el retraso en la convocatoria de dos plazas de Contratado Doctor para dar continuidad a Ayudantes Doctor que terminan sus contratos en enero.

Pero el mayor problema en el despido de profesores asociados no es que el Vicerrectorado intente matizar el término y diga que es una rescisión de contrato, aunque todos entendemos perfectamente que se trata de un despido y la misma jurisprudencia lo está señalando así de forma reiterada (véase, por ejemplo, el reciente fallo del TSJ nº 4 de Bilbao de fecha 16/09/2015).

Tampoco viene justificado porque han “cambiado las necesidades docentes del Departamento”, como alegan. Lo importante es que con estas prácticas la ULL se incorpora al resto de universidades empleando el mecanismo del despido como forma de ahorro, algo que hemos evitado hasta ahora y sobre lo que existía un amplio y claro acuerdo entre los sindicatos y el equipo de gobierno anterior. Motivo, por otra parte, que explica el que los distintos sectores (PDI, PAS y alumnado) hayamos admitido y soportado recortes y ajustes de todo tipo.

Ya no podremos decir que la Universidad de La Laguna es la única que no ha realizado despidos en estos años de recorte. Y, una vez abierta esa puerta, se genera la incertidumbre de la amenaza potencial de continuar con esta política de despidos. ¿Quién y cuándo se decide que un profesor o un PAS es o no necesario y, por lo tanto, se le despide?

El segundo problema que ha quedado sin solución y que fue demorado desde julio a septiembre a petición del Vicerrectorado de Profesorado, argumentando que era necesario estudiar el tema en profundidad para poder modificar el sistema, son los TFG/TFM.

Sin embargo, una vez transcurrido el plazo acordado, no hubo avances al no haber presentado el Vicerrectorado el documento borrador para discutir un nuevo modelo de carga docente en los TFG/TFM. Y, tampoco, parece tener a fecha de hoy una alternativa distinta a la actual, por lo que se sigue manteniendo el mismo sistema que no considera dicha docencia dentro de la carga docente para el cálculo de necesidades de profesorado en los Departamentos con el lógico recargo de tareas sin expectativas de solución a corto plazo.

Tampoco es menos importante el retraso injustificado en la convocatoria de plazas de Contratado Doctor para dar continuidad a dos Ayudantes Doctor que terminan sus contratos en enero, a pesar de que cuentan desde hace tiempo con las peticiones de sus respectivos Departamentos y del Comité de Empresa del PDI laboral.

Este retraso implica que estos dos profesores tendrán que pasar al paro durante un tiempo hasta que puedan tomar posesión de sus nuevas plazas, con el consiguiente perjuicio en su carrera académica e investigadora porque parte de los sistemas de evaluación de méritos y acreditaciones exigen continuidad (como los Complementos Retributivos Autonómicos), lo que les supondrá pérdida de dinero y una desventaja en el futuro a la hora de competir con otros colegas.

Este retraso injustificado ya tuvo precedentes en las convocatorias con errores de otras dos plazas antes del verano de 2014. Esta situación provocó que dos profesoras, al haber finalizado sus contratos y no poder acceder al nuevo contrato, estuvieran siete meses en el paro.

Estos incumplimientos, falta de solución a problemas y errores en las convocatorias son inaceptables. Independientemente del número de personas que puedan estar afectadas por uno u otro tema.

El problema no es el volumen de perjudicados, sino el incumplimiento de compromisos y la falta de voluntad para solucionar los problemas. Y consideramos que es un indicador negativo de las intenciones políticas de un equipo de gobierno, especialmente al comienzo de su mandato.

Desde CCOO esperamos que el nuevo Rector sepa rectificar a tiempo, por lo que en los próximos días le pediremos una reunión para repasar esta situación y sus consecuencias.

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