Boletín de Luchas Obreras (20 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • HUELGA EN “LA EMPRESA” CC.OO.
  • MERCADONA ADMITE QUE LOS DOS DESPIDOS POR COMER UN SNACK DE 15 CÉNTIMOS SON IMPROCEDENTES
  • LOS TRABAJADORES DE UNIPAPEL, AL ERTE
  • TRABAJADORES DE NOKIA Y ALCATEL SE MOVILIZAN CONTRA EL DESPIDO DEL 30% DE SU PLANTILLA
  • EL SUPREMO ANULA EL DESPIDO DE LA PLANTILLA DE SNIACE Y ABRE EL CAMINO DE LA REAPERTURA
  • DENUNCIAN UN NUEVO DESPIDO EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PESE A LAS SENTENCIAS DE READMISIÓN
  • CC.OO. RECHAZA EL ERE PRESENTADO POR NYLSTAR QUE CONTEMPLA 73 DESPIDOS
  • LOS TRABAJADORES DEL MUSEO BELLAS ARTES Y LOS FORENSES VIZCAÍNOS SIGUEN EN HUELGA
  • LOS TRABAJADORES EN LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS EN UNIPAPEL
  • SE PARALIZA LA DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS
  • HP ENTERPRISE DESPIDE EMPLEADOS Y LOS VUELVE A SUBCONTRATAR A TRAVÉS DE ETT: PASAN A COBRAR LA MITAD
  • EL COMITÉ DE TRABAJADORES DE FCC DESDICE A LA ALCALDESA DE PONFERRADA: “CUALQUIER EMPRESA PUEDE DESPEDIR SIN MEDIAR UN ERE”
  • EL COMITÉ SE QUERELLA PARA EVITAR QUE ASTUR LEONESA ASUMA TODA LA DEUDA DE COTO MINERO
  • DENUNCIAN AL EMPRESARIO JOSÉ ÁNGEL CREGO POR «DISCRIMINACIÓN SALARIAL»
  • DECENAS DE EMPLEADOS DE MIERES TUBOS PIDEN EN VITORIA QUE SE REABRA FACTORÍA
  • LA FUNDACIÓN METAL ESTUDIA SU CIERRE CON PÉRDIDAS DE MEDIO MILLÓN Y «UNA SITUACIÓN CRÍTICA»
  • LA ALCALDESA DE ISLA CRISTINA AFIRMA QUE SI SE DECLARA NULO EL ERE LA PLANTILLA MUNICIPAL “DEJARÁ DE COBRAR”

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  • HUELGA EN “LA EMPRESA” CC.OO.

Ana González – cadenaser.com/

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Unos 30 sindicalistas de “la empresa” CC.OO., entre los que estaban el excoordinador regional de IU Joaquín Dólera, se han manifestado a las puertas del sindicato en Murcia en protesta por el despido de 9 compañeros

Esta protesta se enmarca en la convocatoria de una huelga en “la empresa” CC.OO. por los despidos de parte de sus 42 empleados tras fracasar la mediación rechazada por la gestora del sindicato.

Dólera, abogado de los servicios jurídicos del sindicato, denuncia la paradoja que supone que esa gestora opte por el despido aplicando la reforma laboral que el propio sindicato critica cuando se aplica en cualquier empresa de la Región, con lo que los delegados sindicales cuando lleguen a esas empresas corren el riesgo de perder legitimidad ante los trabajadores por el ejemplo dado.

Los despidos obedecen a plan de viabilidad económica de la dirección nacional intenta así evitar un expediente de Extinción Colectiva de Contratos, para así no tener que negociar ni establecer criterios para designar a los trabajadores cuya relación laboral pretende extinguir.

«La dirección del Sindicato (será de la empresa) se ha negado a dar un plazo hasta el 31 de agosto para la negociación con los representantes de los trabajadores, habiendo rechazado la propuesta que en este sentido realizó el Mediador de la Oficina de Resolución de Conflictos Laborales y aceptó por unanimidad la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras».

A partir de las 11 de la mañana se unieron a la concentración afiliados del Sindicato y delegados en las empresas de la Región por CC.OO. que se solidarizaron con los despedidos.

MERCADONA ADMITE QUE LOS DOS DESPIDOS POR COMER UN SNACK DE 15 CÉNTIMOS SON IMPROCEDENTES

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La compañía da marcha atrás e indemnizará a ambas tras las protestas de sus extrabajadoras y después de hacerse viral la noticia publicada por lavozdelsur.es.

Mercadona reconoce la improcedencia en el despido de Mari Ángeles y Patricia, sus dos extrabajadoras que habían sido despedidas por comer, en horario laboral, dos mini saladitos que estaba a punto de tirarse a la basura.

Ni siquiera ha sido necesario llegar a juicio. Las protestas ante la puerta y la publicación por este medio de su caso, que se ha hecho viral en toda España, han hecho que la compañía que preside Juan Roig, a través de uno de sus abogados, se pusiera en contacto con el letrado de ambas, el conocido laboralista Antonio Ortega, para poner fin al conflicto.

Poco antes de las dos de la tarde se llegaba al favorable acuerdo para estas dos madres solteras que, aunque en primera instancia querían la readmisión, al menos pueden respirar más tranquilas con su correspondiente indemnización.

Así lo reconoce la propia Patricia Cecilia Román, que tras haber permanecido por depresión desde que conoció su despido, se animaba a concentrarse junto a Mari Ángeles. «Esto no me lo esperaba para nada.

Fue ponerme en la puerta y en menos de 24 horas conocerse esto», afirma emocionada a lavozdelsur.es, que señala que en su familia la noticia les ha llenado de alegría. «Mi madre vino conmigo al abogado y lo único que hacía era llorar y decirme que ya podía estar tranquila».

Mari Ángeles, por su parte, también reconoce que no se esperaba «para nada» que el conflicto se resolviera de esta manera tan favorable. «Cuando me llamó nuestro abogado le dije que si tenía que ir a su despacho para que nos siguieran regateando y riendo de nosotros, que no lo íbamos a aceptar, y fíjate…».

La extrabajadora de Mercadona explica además, que la empresa les ofrece la «carta blanca», esto es, su expediente laboral limpio. «Es que no había derecho a que por 15 céntimos nos dijeran que habíamos robado».

Desde la CNT, sindicato que ha apoyado a ambas trabajadoras en sus protestas, se congratulan del final feliz de los acontecimientos. En este sentido, su secretario local, Francisco Cuevas, recuerda que

“todo pasa porque en este caso las trabajadoras han querido luchar y han tenido la valentía de ponerse en la puerta. Lamentablemente hay miles de trabajadores a los que despiden en situaciones similares y no tienen la valentía de hacerlo”.

LOS TRABAJADORES DE UNIPAPEL, AL ERTE

Tres Cantos

El 11 de julio comienza el ERTE en las plantas de UNIPAPEL. Los trabajadores creen que el administrador concursal llevará a cabo despidos definitivos

La dirección de UNIPAPEL envió un comunicado el 9 de julio a los miembros de la mesa negociadora, que se evitarán los despidos pero que no han impedido que se lleve a cabo un Expediente de Regulación de Empleo Temporal para toda la plantilla – 329 personas en toda España, 170 de la fábrica de Tres Cantos-. Este ERTE duraría un año como mínimo.

Juan Carlos Guillén, trabajador y miembro del Comité de Empresa de la planta de Tres Cantos ha estado en Hoy por Hoy Madrid Norte para contar la dureza de la situación. Ha recordado que 316 familias se van al paro y recuerda, que la empresa está en concurso voluntario de acreedores. Guillén cree, que será el administrador concursal el que efectúe despidos definitivos.

Los trabajadores llevan sin percibir sus salarios desde el mes de abril además de la paga de beneficios de marzo que también está pendiente.

Daniel Vegas, otro de los empleados que se va al ERTE denuncia que la empresa alega que no hay dinero para pagarles lo debido ni las indemnizaciones.

Cree que tanto Springwater como Adveo, dueñas de la división industrial de Unipapel, tienen importantes activos para afrontar los pagos.

Los gabinetes jurídicos sindicales van a estudiar presentar ante la Audiencia Nacional un recurso contra los planes de la empresa.

TRABAJADORES DE NOKIA Y ALCATEL SE MOVILIZAN CONTRA EL DESPIDO DEL 30% DE SU PLANTILLA

Tras la compra de Alcatel-Lucent, Nokia prescindirá de un tercio de su plantilla en España. Representantes de los trabajadores denuncian peores condiciones que en ERE anteriores

El martes 12 de julio, los aproximadamente 800 trabajadores de Alcatel-Lucent en España, en Las Tablas, están llamados a manifestarse en la puerta de su sede entre las 10 y las 10:30 de la mañana.

Ese día, se celebra la tercera reunión para negociar las condiciones del ERE que Nokia, la empresa finlandesa que hace ahora un año se hizo con el 80% de las acciones de la francesa Alcatel-Lucent, ha presentado.

Es la operación del momento. ¿15.600 millones por comprar Alcatel es mucho o es poco? Lo que sí es seguro es que con ese importe Nokia podría haberse hecho con un 65% de las empresas del Ibex 35

El objetivo es despedir al 30% de la plantilla de ambas empresas en España, que suman unos 1.000 empleados. En total, 320 despidos de aquí a final de 2018. En la primera fase, que se completará de aquí al 31 de diciembre de 2017, serán 119 personas las que saldrán de Alcatel y 72 de Nokia. La protesta de los trabajadores seguirá a la organizada el pasado 23 de junio, aprovechando la visita de Rajeev Suri, CEO global de Nokia, a sus oficinas españolas.

Los trabajadores de Nokia protestan por el ERE ante la visita de Rajeev Suri, CEO de la compañía ->

http://www.ecestaticos.com/image/clipping/939/22049fbf75471de005b20bc473a08013/los-trabajadores-de-nokia-protestan-por-el-ere-ante-la-visita-de-rajeev-suri-ceo-de-la-compania.jpg

Las negociaciones para acordar las condiciones del ERE ya están en marcha, y de momento las posturas de la empresa y las de los representantes de los trabajadores están enfrentadas.

Fuentes del comité que está negociando en nombre de los trabajadores aseguran que las condiciones planteadas por la empresa son mucho más duras que las asumidas en anteriores expedientes de regulación de empleo (el último de ellos, en 2013) antes de que la empresa finlandesa asumiese la dirección.

Fin de la «perspectiva social»

En concreto, se refieren a la adopción de un sistema de indemnizaciones que tenía en cuenta la edad de los trabajadores. Los más jóvenes recibían su compensación en un pago único, mientras que para los de más edad, y que por tanto tenían más dificultades para encontrar un nuevo empleo, la empresa establecía un sistema de compensación ‘en diferido’ o acompañamiento a la prejubilación.

Aquí hemos tenido siempre una perspectiva social. Quizá no pueda ser igual, pero habrá que hallar un escenario satisfactorio para todos

“Aquí hemos tenido siempre una perspectiva social para afrontar estos procesos. Quizá no pueda ser igual que antes, pero habrá que encontrar un escenario que sea satisfactorio para todos”, señalan desde el comité de empresa, que incide en que la situación económica en la compañía es buena y que por tanto no es excusa para dejar a los empleados de más edad «abandonados a su suerte».

Entre los trabajadores, señalan al bufete Cuatrecasas, que está asesorando a Nokia en este proceso, y a “órdenes desde Helsinki” como responsables de este cambio de actitud en las negociaciones por parte de la compañía. Fuentes de Nokia consultadas por este periódico no han querido hacer declaraciones mientras las negociaciones se estén desarrollando.

15.000 despidos a nivel global

El ERE planteado por Nokia en España no es el único. Se trata de una decisión organizativa y no motivada por pérdidas económicas, que se encuadra, según los trabajadores y sus representantes, en el objetivo de ahorrar 900 millones de aquí a 2018. Además de reducir la plantilla en hasta 15.000 personas a nivel global, la idea es llevarse algunas de las divisiones a países donde la mano de obra es más barata.

«En la justificación del ERE que sufrimos en 2013 ya estaban los mismos motivos que nos han dado para este: la crisis global, la competencia de empresas de tecnología china…

Es otra vez lo mismo», señalan las fuentes del comité, que critican también la decisión de llevarse el negocio a otros lugares donde la mano de obra es más barata, «porque la calidad de la producción siempre ha sido uno de nuestras señas de identidad, y la calidad tiene un precio. Nuestros clientes no van a entender el cambio».

EL SUPREMO ANULA EL DESPIDO DE LA PLANTILLA DE SNIACE Y ABRE EL CAMINO DE LA REAPERTURA

Sniace se «reinventa» con la firma de un acuerdo laboral que permitirá abrir la fábrica en dos meses

El Alto Tribunal ha homologado en su totalidad el acuerdo laboral transaccional suscrito entre la empresa y los trabajadores

Con esta homologación por unanimidad de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, se pone fin al litigio de Sniace y queda anulada la sentencia de la Audiencia Nacional que validó el despido de la mayoría de la plantilla (497 trabajadores de un total de 533) hace ahora dos años.

En declaraciones, el presidente del comité de empresa, Antonio Portilla, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Supremo, porque «da una solución» a los diferentes colectivos que integran la plantilla de Sniace y es la «llave» de la reapertura de la fábrica torrelaveguense tras tres años cerrada.

«Sin esta sentencia no se podían hacer los contratos», ha recordado el sindicalista, quien ha resaltado el hecho de que la Sala haya acordado la homologación por unanimidad, sin un solo voto particular, lo que «viene a demostrar que la revisión de los despidos era posible y se podía conseguir».

El comité de empresa espera mantener una reunión con la dirección en los próximos días para perfilar los detalles de las nuevas contrataciones que permitirán poner en marcha a primeros de septiembre la fábrica de celulosa (Celltech), tras un proceso de puesta a punto que ya ha comenzado y que va a durar dos meses, y «diez meses más tarde» Viscocel.

Acuerdo laboral

El acuerdo supone la reversión de los despidos para 52 trabajadores a través de contratos relevo, y para el grueso de la plantilla, la garantía de una oferta vinculante de un puesto de trabajo indefinido, primero a tiempo parcial, y después a tiempo completo a medida que comiencen a funcionar las diferentes unidades productivas, previo cumplimiento de una serie de condiciones.

Esos contratos a tiempo parcial serán de 400 euros netos para los trabajadores de Sniace y Celltech y de 575 para los de Viscocel, por el mayor tiempo que tardará en estar operativa esta última fábrica.

Entre otras condiciones para optar a un puesto de trabajo «garantizado y preferente», los operarios tendrán que aceptar la procedencia de su despido derivado del ERE de 2013, acreditar que no emprenderán ningún litigio contra la empresa y que aceptan el cobro de la indemnización en los plazos acordados en el concurso de acreedores».

Los trabajadores que en 2013 estaban como personal relevista están excluidos de estas ofertas de trabajo preferente y garantizado y lo que se les ofrece es incorporarse a una bolsa de trabajo con derecho a ocupar cualquier vacante con preferencia frente a «terceros de iguales aptitudes y cualificación profesional».

Reducción salarial

El acuerdo también incluye una serie de modificaciones sustanciales que se plasmarán en el nuevo convenio colectivo, que tendrá una vigencia de seis años. Así, se contempla una reducción salarial del 20% para quienes formaban parte en 2013 del comité de dirección, de un 17,5% para los mandos intermedios y de un 15% para el resto de la plantilla.

Dentro de los seis años de vigencia, se establece para todos los trabajadores un subida salarial según el IPC incrementado en un 0,5% a partir del tercer año, así como el quinto y el sexto.

DENUNCIAN UN NUEVO DESPIDO EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PESE A LAS SENTENCIAS DE READMISIÓN

Europa Press – Huelva

El colectivo de trabajadores de la Universidad de Huelva enmarcado dentro del denominado Capítulo VI ha denunciado que el equipo de gobierno de la Universidad de Huelva ha «reanudado su política de despidos», prescindiendo «nuevamente de trabajadores del colectivo Capítulo VI».

Según este colectivo de trabajadores, el último caso se produjo el 28 de junio cuando la Dirección de Recursos Humanos comunicó a una empleada la rescisión de su vinculación laboral de manera irrevocable, alegando principalmente causas organizativas y económicas.

Todo ello tiene lugar «apenas un mes después de haberse hecho efectiva la reincorporación a su puesto de trabajo» y a pocos días de haberse conocido la sentencia en firme del Juzgado de lo Social de Huelva sobre la nulidad de su despido en 2013.

Según han destacado los miembros del colectivo, este despido se suma al de otros dos trabajadores a finales de abril, alegando también causas económicas.

En estos casos, los trabajadores llevaban «escasamente un mes reintegrados en sus puestos» y con sentencias judiciales firmes y favorables a su causa emitidas por los Juzgados de lo Social de Huelva, ya que en estos tres casos la Universidad decidió retirar el pasado mes de marzo los recursos al TSJA presentados hace un año porque, como ella misma reconoció, «los recursos planteados no tenían ningún sentido», ya que iban a decaer.

La situación por la que atraviesa el colectivo es consecuencia, como en reiteradas ocasiones ha manifestado la Asociación Onubense de Personal Universitario Contratado ‘Capítulo VI’, de la «actitud» del actual equipo de gobierno que «continúa tomando medidas discriminatorias y en contra de estos trabajadores», dando paso a una nueva etapa en este conflicto laboral que se inició a comienzos del mandato rectoral en 2013. Asimismo, con estos despidos demuestran «su clara predisposición a no acatar desde un principio las sentencia judiciales una vez que son firmes».

De este modo, los miembros de la asociación consideran que «es evidente» que se ha procedido a modificar la redacción en perjuicio del colectivo, siendo totalmente «injustificada y discriminatoria la redacción actual», por lo que se ha solicitado que se incluya al personal indefinido no fijo en las mismas condiciones que el resto de trabajadores de la Universidad de Huelva en el Plan de Acción Social, así como a los actuales trabajadores del Capítulo VI.

Según han recordado desde la asociación los despidos del colectivo ‘Capítulo VI’ fueron declarados nulos por los distintos juzgados de lo Social de Huelva, en cuyas sentencias, además, establecen que su relación laboral con la universidad es indefinida no fija.

CC.OO. RECHAZA EL ERE PRESENTADO POR NYLSTAR QUE CONTEMPLA 73 DESPIDOS

Blanes (Girona) (EFE)

El sindicato CC.OO. ha rechazado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la dirección de la empresa Nylstar, con sede en Blanes y dedicada a la fabricación de hilos, que contempla 73 despidos.

Según este sindicato, el ERE se ha justificado por parte de la patronal en «motivos económicos, de producción y organización», pero exige a la dirección que lo retire «y se siente a negociar medidas no traumáticas para la plantilla, así como un plan de inversión financiera «que dote de liquidez a la compañía».

Nylstar cuenta actualmente con 219 trabajadores y CC.OO. denuncia que los que se reincorporaban al trabajo después de cuatro meses afectados por un ERE temporal se han visto obligados a cogerse vacaciones por decisión «unilateral» de la empresa.

Este sindicato asegura también que algunos empleados no han cobrado la nómina correspondiente al pasado junio y critica los cambios de horarios en las secciones de hilatura, almacén de recuperación, conservación permanente y empaquetado después de haber pasado por otros anteriormente.

LOS TRABAJADORES DEL MUSEO BELLAS ARTES Y LOS FORENSES VIZCAÍNOS SIGUEN EN HUELGA

Cadena Ser

Desde hace cuatro meses Bizkaia es punto neurálgico de conflictos laborales, ya que los forenses vizcaínos reclaman mejores condiciones laborales como la equiparación salarial con los médicos de Osakidetza. A esta huelga indefinida, que comenzó con paros parciales, se le ha unido la huelga indefinida de los trabajadores del Museo Bellas Artes de Bilbao.

José Luis Cárdenas, médico forense generalista, ha explicado en Hoy por Hoy Bilbao que debido a esta huelga “hay juicios que se han suspendido sin fecha” y esto está ocasionando la paralización de alguna orden judicial.

También los trabajadores subcontratados por la empresa Manpower Group del Museo han hablado de su situación.

Juanjo Capetillo, delegado de ELA en el Museo de Bellas Artes, remarca que “la empresa sigue manteniendo su postura y las instituciones continúan tirando balones fuera”.

LOS TRABAJADORES EN LUCHA CONTRA LOS DESPIDOS EN UNIPAPEL

El 6 de Junio la dirección de Unipapel anunció un ERTE a los 320 trabajadores que integran el total de la plantilla que se hizo efectivo.

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Trabajadores y sindicatos denuncian que la rentabilísima empresa papelera Unipapel está siendo descapitalizada por el fondo de inversión Springwater Capital, que está llevando a cabo un ERTE de 12 meses en espera de un nuevo comprador, el cual puede llevar al cierre a sus tres plantas en Logroño, Aduna (Guipúzcoa) y Tres Cantos (Madrid).

Los trabajadores están llevando a cabo un plan de lucha organizado desde el pasado mes de mayo contra la ofensiva patronal.

La plantilla venía mostrando su malestar ante los ataques de la dirección desde hace dos años, momento en que el antiguo propietario, ADVEO, vendió la empresa al fondo de inversión Springwater Capital por 16 millones de euros. Este contrato fue calificado por los empleados de irregular, fraudulento y “pelotazo financiero” por parte del fondo buitre.

Los trabajadores de la planta de Logroño, reunidos en asamblea plenipotenciaria, acordaron hacer frente al ERTE con una huelga indefinida a partir del 16 de mayo.

Además, estos trabajadores han presentado denuncias individuales ante la inspección de trabajo, por el impago del salario de marzo-abril; así como por las insalubres y peligrosas condiciones de trabajo impuestas desde la dirección, como la falta de iluminación o incluso de papel higiénico.

La plantilla organizada también acordó impedir la salida y entrada de camiones de la planta con mercancía de la fábrica para poner freno a la descapitalización de la fábrica.

El presidente del Comité de Empresa, Víctor Aldonza, y otros delegados como María Lázaro, de UGT, afirmaron en una rueda de prensa el pasado mes de abril que el fondo de capital riesgo Springwater Capital estaba “dejando morir la empresa” con una descapitalización industrial y financiera.

Afirman también que en el caso de la planta de Logroño, ésta es muy rentable y se trata de una de las fábricas mejor equipadas y más modernas, dentro de su campo en Europa. Además exigen a la dirección de la empresa un “plan de viabilidad creíble”, debido a las sospechosas e irreales propuestas de viabilidad que la empresa ofrecía a los trabajadores. `

La nueva dirección de las plantas impuesta por el fondo buitre se dedicó a descapitalizar la empresa desde el momento de la compra, siguiendo, muy probablemente, un modus operandi muy frecuente en estos años de crisis: desvío de fondos e incumplimiento de pagos y pedidos con los clientes, impago de salarios a la plantilla, expolio de las instalaciones, maquinaria y mercancías de la fábrica, concurso de acreedores y aplicación de ERE a la plantilla.

Con estas ofensivas minuciosamente calculadas las patronales buscan descapitalizar de forma planificada y calculada fábricas rentables, para justificar los ERTE. Éstos posteriormente suelen terminar en el cierre definitivo de las plantas, o en la contratación de la misma plantilla con peores condiciones laborales (lo que tradicionalmente se denominaba “lock out” patronal).

En otras plantas de Unipapel como la de Aduna y Tres Cantos los trabajadores están siguiendo planes de lucha similares a los de sus compañeros de Logroño frente a los ataques patronales y la represión estatal, como la sufrida por los trabajadores de la planta de Aduna a manos de la Ertzaina.

Sindicatos como CNT y CC.OO., no integrantes del comité de empresa, y otros agentes sociales han ofrecido su apoyo a los trabajadores en huelga indefinida.

Estas muestras de apoyo y solidaridad con los trabajadores en lucha de Unipapel, son un paso esencial a la hora de lograr la coordinación y unificación de las luchas. Ésta es la única vía que nos permitirá detener los ataques de la patronal y su gobierno contra la clase trabajadora y el pueblo.

SE PARALIZA LA DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS

EFE – Las Palmas de Gran Canaria

El consejo de administración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha acordado, por unanimidad, paralizar el expediente de disolución de la empresa, para seguir trabajando en su reestructuración, según ha anunciado el consejero regional de Industria, Pedro Ortega.

La dirección del ITC ha tomado esta decisión tres días después de que la plantilla de esta sociedad pública votase, por mayoría, aceptar la última propuesta del Gobierno de Canarias para adoptar una serie de medidas que despejasen su futuro económico.

De hecho, el consejo de administración del ITC ya había reconocido que, de persistir su situación actual, la empresa no era viable y, por ello, había propuesto al Gobierno de Canarias liquidarla si no se lograba un acuerdo con la plantilla.

Tras la sesión que ha celebrado el consejo de administración del ITC, el consejero de Industria del Gobierno canario ha informado de que el acuerdo que se ha suscrito implicará que la plantilla de la empresa pública de I+D+I+ vaya recuperando, progresivamente, la reducción salarial del 14 % que le afecta en la actualidad, de forma que el 1 de enero de 2018 esta ya no se aplique.

Pedro Ortega ha recalcado que lo que se pretende con el ITC es que la sociedad sepa realmente qué hace, además de que esta empresa pública sea el referente de la I+D+i de Canarias, junto con los 30 organismos que se dedican a esta materia en las islas.

El consejero ha subrayado que este acuerdo no prevé la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo en el ITC, una medida que se tratará de evitar a través de las recolocaciones de personal que se hagan necesarias, tanto dentro de la misma empresa como en otros departamentos del Ejecutivo regional.

«Este plan intenta garantizar los puestos de trabajadores de las 150 familias que dependen del ITC», ha asegurado Ortega.

El consejero ha recordado que los números aportados por el consejo de administración del ITC al Gobierno canario indicaban «que la empresa era inviable e iba a la disolución».

Ortega no ha querido entrar a valorar las causas de esa inviabilidad económica del ITC, si bien ha apuntado que entre ellas figuran «líneas de investigación deficitarias», como el uso, al 10 % de su capacidad, de un supercomputador que costaba al año 70.000 euros y que se llegó a ofrecer a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, institución que lo rechazó por obsoleto.

El consejero ha manifestado que prefiere ser optimista y mirar hacia la nueva etapa de la empresa, en la que se pretenden «convertir en verdaderas empresas a sus diez departamentos de investigación», de forma que el ITC sea «un verdadero elemento de innovación».

Con un presupuesto anual de 10 millones de euros, de los que ocho corresponden a costes de personal, el consejero ha recordado que el déficit del ITC es de 2,5 millones de euros.

De igual forma, ha estimado que la nueva etapa que se pretende establecer en el ITC requerirá de un mayor apoyo económico por parte del Gobierno canario.

HP ENTERPRISE DESPIDE EMPLEADOS Y LOS VUELVE A SUBCONTRATAR A TRAVÉS DE ETT: PASAN A COBRAR LA MITAD

El colmo de los colmos. Así se expresan los trabajadores de Hewlett Packard Enterprise, que ante el incesante goteo de despidos, ven cómo, con la ley en la mano, poco pueden hacer. Lo peor: el hecho de que las mismas personas que son despedidas, reconociendo la empresa la improcedencia de la baja, son de nuevo contratadas por una ETT.

La treta, por supuesto, conlleva un importante beneficio para HP, toda vez que cuando despiden a un trabajador, éste cobra aproximadamente 20.000 euros al año; mientras que cuando la misma personas es contratada a través de la ETT, “ven reducido su salario a la mitad o a tres cuartas partes”.

En los últimos cuatro años ha habido 1.200 despidos en total. Sin embargo, aunque ha disminuido el total de la plantilla de HP en España, no han disminuido el total de empleados –contratados, claro, a través de ETT´s-. Es importante señalar, además, que entre las empresas de HP Enterprise (HP Procesos, HP Outsourcing, etc.), dan servicio a bancos como Bankia, Sabadell, Bankia, Bankinter o Caixabank; y empresas como Renfe, Seur o Seat.

Cada trimestre 25 despidos nuevos

La treta de HP Enterprise para saltarse el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pasa por despedir de manera trimestral y sin alcanzar, en ningún caso, el 10% de la plantilla que les obligaría a acogerse al ERE. Con ello, se evitan cualquier tipo de negociación con la parte de la plantilla que causa baja, y se ahorran también la noticia del ERE, siempre dañina para la imagen de una empresa.

Otra cosa que trae de cabeza a los trabajadores de la compañía es que HP Enterprise ha vuelto a la senda del beneficio, y sin embargo, no frenan la oleada de despidos. “A pesar de estar en beneficios, la mejor prueba de que el negocio funciona es que siguen subcontratando gente.

Mientras hacen un despido, ya al día siguiente contratan a otra persona a través de una ETT para cubrir el mismo puesto”, señalan fuentes conocedoras de la situación.

La última huelga de HP Enterprise en España fue el viernes 1 de julio. Sin embargo, cuál fue la sorpresa de los trabajadores, que el lunes, 4 de julio, la compañía despedía a un trabajador en Oviedo, otro en Madrid, y tres en Barcelona.

Sin duda alguna, es el inicio de la nueva oleada, toda vez que en enero se produjeron despidos, también en abril, y ahora, en el mes de julio, se espera un nuevo goteo. El que toca por trimestre.

EL COMITÉ DE TRABAJADORES DE FCC DESDICE A LA ALCALDESA DE PONFERRADA: “CUALQUIER EMPRESA PUEDE DESPEDIR SIN MEDIAR UN ERE”

Aunque la parte social entiende que el Ayuntamiento de Ponferrada cumpla la sentencia del TSJ, precisa que “cualquier empresa puede despedir a trabajadores sin mediar un ERE”

El mensaje de tranquilidad lanzado por la alcaldesa de Ponferrada, la popular Gloria Fernández Merayo, a los trabajadores de la concesionaria de los servicios de limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de partes y jardines ha calado a medias en la plantilla.

Aunque el Comité de Empresa entiende la postura del Gobierno municipal de esperar a conocer la forma de ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anula el contrato, lo cierto es que las palabras de la regidora no han conseguido despejar la “incertidumbre” entre los trabajadores. “Cualquier empresa puede despedir a trabajadores sin mediar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo)”, precisó el presidente del órgano de representación laboral, Marco Varela.

“El Ayuntamiento está obligado a cumplir la sentencia. Y nosotros tendremos que asumir esa espera”, admite Varela después de que la alcaldesa calculase que el documento que determinará la manera de ejecutar el pronunciamiento judicial no llegará hasta septiembre al Consistorio. Hasta entonces proseguirá una “incertidumbre” que sólo se traducirá en convocatoria de movilizaciones “si fuera necesario”, matiza el presidente del Comité poniéndose en la hipótesis de que un nuevo pliego de condiciones o adjudicación “no garantizase un mínimo de empleo”.

¿Las posibles movilizaciones podrían derivar en una nueva convocatoria de huelga en el servicio? “Dependería de la gravedad de la situación”, responde Varela, quien en cualquier caso todavía ve lejano ese escenario.

EL COMITÉ SE QUERELLA PARA EVITAR QUE ASTUR LEONESA ASUMA TODA LA DEUDA DE COTO MINERO

Los trabajadores acusan a la Seguridad Social de incumplir lo pactado en la compra de la mina de Cerredo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo ha abierto diligencias previas para investigar por un presunto delito de prevaricación administrativa a la Inspectora de Trabajo, la Jefa de la Unidad de Impugnaciones, al Subdirector de Recaudación Ejecutiva y al Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias a raíz de una querella presentada por los miembros del comité de empresa de la Compañía Minera Astur Leonesa.

Lo que ha llevado a los trabajadores a realizar la demanda es la imposición por parte de la Seguridad Social de que la empresa minera asuma el total de la deuda que Coto Minero Cantábrico (CMC) fue almacenando en las diferentes explotaciones en las que trabajaba, entre otras, la mina de Cerredo, que fue adquirida por Astur Leonesa a finales de 2014 después de que CMC se declarase en concurso de acreedores en 2013.

Esa deuda ascendería a más de 2,8 millones de euros y correspondería a la acumulación de impagos con el organismo realizado por CMC en su totalidad y no solo a lo correspondiente con la unidad productiva de Cerredo, que está fijado en torno al millón de euros.

En la querella, los trabajadores denuncian que en la liquidación efectuada por la Seguridad Social «no se tienen en cuenta ni lo que se adquiere, que no es la totalidad de la empresa, ni los trabajadores que integran la unidad productiva, ni siquiera las cantidades ya pagadas, a pesar de estar acreditadas», y añaden que en las negociaciones previas a la compra de la explotación de Cerredo por parte de Astur Leonesa «la dirección provincial de la Tesorería General había señalado que la cantidad adeudada no superaría los 1,4 millones de euros», esto es, la mitad.

Los trabajadores confiesan que se vieron obligados a actuar al ver que esta deuda impide que la empresa cobre las ayudas estatales al carbón que tenía concedidas, por importe superior a 1,5 millones de euros. «Al no obtener el certificado de estar al corriente de pago con la Seguridad Social no se permite el cobro de ayudas que son fundamentales para el sostenimiento de la empresa», lamentan.

Un escollo que se suma a la delicada situación de la empresa, que se encuentra ante la convocatoria de un nuevo expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para la totalidad de la plantilla y hasta final de año, ante la previsión de no poder vender carbón a las térmicas durante los próximos meses. Se va a celebrar la última reunión entre empresa y comité en la que quedarán fijadas las características del ERTE.

DENUNCIAN AL EMPRESARIO JOSÉ ÁNGEL CREGO POR «DISCRIMINACIÓN SALARIAL»

Empleados de ALN ponen su situación en conocimiento de Trabajo

Apagado el fuego de la sede de La Coruña, la llama se le enciende ahora a José Ángel Crego en León. Los trabajadores de ALN que están inmersos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) denunciaron ante la Inspección de Trabajo de la capital leonesa la presunta «discriminación salarial» sufrida, después de que «ya se hayan abonado los salarios» del mes de junio «al resto del personal», pero «no a los afectados» a pesar de que no hayan recibido aún «la comunicación expresa de la extinción».

La situación hace que los 31 trabajadores de la sede leonesa, más otros 10 en Barcelona, tengan pendiente «la nómina de junio», así como «20 días de febrero», según apuntaron en un comunicado. Mientras tanto, el resto de la plantilla de León que se ha salvado por ahora de las consecuencias del concurso de acreedores, en la que se cuentan 30 teleoperadores y 13 cargos de la estructura directiva, está al tanto de sus salarios, según insisten los afectados, que insisten en el «trato discriminatorio por parte de los directivos», tanto a nivel «personal» como a «efectos prácticos».

La falta de pago a los 31 trabajadores se da a la espera de que el juez decrete su despido, toda vez que se aprobase el proceso del ERE sin acuerdo de la parte social. El resultado se concreta en una indemnización de 20 días por año trabajado, que se materializará cuando el magistrado de lo mercantil decrete el cierre, según confirmaron los afectados, que insisten en que mientras tanto ni cobran sus nóminas, ni pueden apuntarse al paro para recibir el subsidio de desempleo.

El bloqueo se produce por «la auténtica pasividad demostrada por la empresa en la tramitación del expediente, que impidió una efectiva negociación», insisten los empleados, quien reseñan la postura «intransigente y carente por tanto de buena fe».

Los 31 despidos pendientes, que se sumarán a los 10 que ya hubo en junio, tienen lugar a pesar de que «en las mismas instalaciones y locales se está llevando a cabo formación» a otras 11 personas «para desarrollar la misma actividad que desarrollan las personas que se pretende despedir». Los trabajadores subrayan que se sienten «engañados», después de que dejaran Telemark «en virtud de importantes promesas» que al final son «un perjuicio económico».

DECENAS DE EMPLEADOS DE MIERES TUBOS PIDEN EN VITORIA QUE SE REABRA FACTORÍA

Agencia EFE

Más de un centenar de personas entre trabajadores de «Mieres Tubos», familiares, sindicalistas y políticos asturianos se han manifestado por el centro de Vitoria, donde reside el propietario de la sociedad, Luis Uribarren, para exigir una solución definitiva a los problemas de esta empresa metalúrgica.

Los 70 trabajadores de esta planta demandan al empresario vasco que deje de poner trabas y favorezca el acuerdo con los inversores que se han manifestado dispuestos a hacerse cargo de la factoría.

Asimismo, reclaman que se cumpla el plan de viabilidad y el plan industrial acordado con la empresa en 2015 para garantizar el empleo y el mantenimiento de las condiciones laborales de empleados.

La empresa, fundada en 1942, está especializada en la producción de tubos de conducción y distintos elementos de equipamiento y sistemas de seguridad vial.

Sin embargo, la planta asturiana lleva paralizada más de dos años por falta de suministros de materia prima y sus empleados, sometidos a un expediente de regulación de empleo.

Esta protesta en la capital vasca se produce después de que la Junta General del Principado aprobase hace dos semanas una declaración institucional de apoyo a los trabajadores, que han protagonizado diversas movilizaciones en las últimas semanas con el apoyo de sindicatos y partidos como PSOE e IU.

De hecho, hasta Vitoria se ha desplazado el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana y diputado regional, Jesús Gutiérrez, que ha incidido en que Mieres Tubos «es viable porque cuenta con carga de trabajo, instalaciones modernas y empresarios interesados en invertir».

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, de IU, y el diputado autonómico de la coalición, Ovidio Zapico, también han participado en esta protesta en la capital vasca, para reclamar al empresario que apueste por la reapertura de la factoría.

LA FUNDACIÓN METAL ESTUDIA SU CIERRE CON PÉRDIDAS DE MEDIO MILLÓN Y «UNA SITUACIÓN CRÍTICA»

La comisión ejecutiva extraordinaria estudia medidas para compensar la grave problemática planteada por la anulación y retraso de subvenciones

Una «situación crítica» que precisa de una urgente «inyección económica» para poder afrontar los elevados gastos de funcionamiento y compensar el notable descenso de actividad e ingresos de los últimos cuatro años. Esta es la tesitura a la que se enfrenta la Fundación Metal Asturias y que analizará en reunión extraordinaria el comité ejecutivo de la entidad y, posteriormente, su patronato.

El segundo punto del orden del día de la reunión lo deja claro: «Análisis y estudio de la situación económica-financiera de la Fundación. Toma de decisiones». Unas decisiones que podrían pasar por el cierre de la entidad, especializada en formación dirigida al sector industrial, y que acumula unas pérdidas que rozan el medio millón de euros.

La cita quedó fijada en el anterior encuentro de los patronos, celebrado hace apenas 21 días, en el que hubo dos cambios de caras: el de la presidencia, asumida por la nueva directora general de Industria, Sandra Velarde, en sustitución de Luis Ángel Colunga, y el del representante del Ayuntamiento de Gijón, donde la renuncia voluntaria a su cargo por parte de la concejala socialista Marina Pineda a principios de ese mismo mes, obligaba a nombrar a Pelayo Barcia como sustituto.

Ambos fueron testigos, junto al resto de representantes sindicales, del Principado, del Ayuntamiento de Avilés y de Femetal, del repaso que la directora gerente, Pilar Suárez, realizaba a la sustancial reducción de actividad e ingresos experimentada desde 2012, así como a las negativas perspectivas que dibujaba para el presente ejercicio.

Suárez incidirá de nuevo sobre ello. En su exposición tiene previsto volver a plantear la necesidad de recibir una importante inyección económica por parte del Principado, además de adoptar otras medidas para reducir los costes de servicios y de personal. Porque la culpa de esta delicada situación la tiene clara la gerente de la Fundación Metal: la anulación o los retrasos en la publicación de convocatorias de subvenciones, como la del Plan intersectorial concedido a Femetal, o los Programas de acompañamiento al empleo y el Plan de Formación Continua del Servicio Público de Empleo Estatal, que ni siquiera se han convocado. No poder contar con estas ayudas está generando esas pérdidas a la Fundación Metal de casi medio millón de euros que ponen en peligro tanto el cobro de salarios a las más de treinta personas que trabajan allí, como el pago a proveedores y bancos.

Las alternativas

Solo hubo un pequeño balón de oxígeno en los últimos tiempos, el que consiguieron con la realización, como nueva actividad, de servicios de consultoría y asistencia técnica, que consiguieron sumar ciertos ingresos y reforzar el papel al servicio de las empresas.

Eso sí, con esta nueva vertiente no se garantiza la viabilidad de la entidad, como reconoció Pilar Suárez a la nueva presidenta del patronato en esa reunión de junio. ¿Por qué? Porque los ingresos comerciales son insuficientes, apuntó, para compensar la rebaja de los fondos públicos que llegan a la Fundación.

Y en esto, varios de los asistentes a aquella reunión, Pilar Suárez fue tajante y reiterativa en su intervención: se necesitan fondos públicos para que la Fundación tenga viabilidad económica. Esa opción sería la que garantizaría su supervivencia ya que, en caso contrario, habría que proceder a lo que ella mismo denominó un «cierre ordenado». Pero dicho cierre, de llevarse a cabo, supondría «un grave problema» para el Principado, según advirtió la gerente. El acto de aquella reunión lo explicita: «el espacio difícilmente podrás ser ocupado por otra entidad, por lo costoso que es crear una infraestructura como la que tiene esta entidad y también por su no rentabilidad». Actualmente, el 78% de los recursos de la entidad son de carácter público.

UN ERTE en marcha

A la cita se llega ya asumiendo importantes medidas que afectan directamente a la plantilla, desde la reducción del coste de las horas de los docentes hasta la puesta en marcha hasta final de año de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal, pasando por el despido de siete personas de la plantilla. Una medida esta última que aún no se ha ejecutado porque depende directamente del otro punto del orden día del encuentro referido a la tramitación del crédito hipotecario que la entidad tiene sobre el inmueble que ocupa en el PEPA, el parque empresarial avilesino.

Así y todo los problemas económicos se mantienen y por eso en el encuentro se planteará la necesidad de seguir apretando el cinturón recortando en lo máximo posible los servicios externos y aplicando cuestiones como la anulación de la paga extra de verano. Son medidas que, aun así, no permitirían todavía poner a salvo a la Fundación.

Es más, la gerente calcula que con todo ello y con posibles negociaciones para rebajas la cuantía de los préstamos, se llegaría al mes de septiembre con la necesidad de recibir una aportación de entre 500.000 y 600.000 euros para afrontar sus problemas de tesorería. Todo ello está sobre la mesa y los patronos tendrán que decidir.

LA ALCALDESA DE ISLA CRISTINA AFIRMA QUE SI SE DECLARA NULO EL ERE LA PLANTILLA MUNICIPAL “DEJARÁ DE COBRAR”

Antonia Grao ha sido contundente al señalar que «Si quien está sentado en la silla con la toga negra dice que el ERE es nulo, ellos (por los trabajadores despedidos) van a ser los responsables de que a partir de ese momento no cobre ningún trabajador municipal. Ninguno»

“Si quien está sentado en la silla con la toga negra dice que el ERE es nulo, ellos (por los trabajadores despedidos) van a ser los responsables de que a partir de ese momento no cobre ningún trabajador municipal. Ninguno”.

Así de contundente se ha mostrado la alcaldesa de Isla Cristina, la independiente Antonia Grao, a la hora de intentar responsabilizar sobre las posibles consecuencias del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ella mismo consumó el pasado mes de marzo y que dejó en la calle a 80 empleados municipales, tanto a los propios despedidos como al sindicato que los representa.

Estas manifestaciones de la primera edil costera, realizadas en una entrevista en Radio Isla Cristina, llegan después de que hace dos semanas quedara visto para sentencia dicho expediente regulador tras el juicio celebrado en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla como consecuencia de la demanda colectiva interpuesta por Unión Sindical Obrera (USO). Un sindicato al que la alcaldesa también señala directamente en su entrevista al incidir en que “como sea nulo el ERE, no cobra nadie, y el sindicato USO va a ser el responsable de eso”.

Grao también subrayó que “por ahora los 300 (trabajadores municipales) están cobrando todos los meses”, así como que “los 80 que se han quedado fuera están cobrando su paro y su indemnización mensual”, además de contar con su “compromiso personal” de que “si las circunstancias cambian tiraremos de la bolsa de trabajo en la que han sido incluidos”.

JUICIO POR EL ERE

Por su parte el portavoz de la Plataforma de Afectados por el ERE de Isla Cristina, Isaac Rodríguez, mostró a HuelvaCosta.com tras la vista oral en el TSJA la “enorme satisfacción” de todos los afectados ya que “todo se ha desarrollado con normalidad”, el tribunal “ha admitido como pruebas la cuantiosa documentación que se le ha aportado”, y por ello “creemos que ha quedado sobradamente demostrada la injusticia que se ha cometido con nosotros”.

Igualmente se mostró confiado en poder lograr el principal objetivo de los afectados: la total nulidad del ERE y la reincorporación en sus puestos de todos los trabajadores despedidos el pasado mes de marzo. No obstante, señaló que hay que ser “cautelosos pese a la euforia contenida que sentimos” y hay que “esperar al pronunciamiento final del tribunal”. Un hecho que esperan se produzca el próximo mes de septiembre “dada la cuantiosa información, documentación y pruebas que se la ha aportado”.

La demanda colectiva que presentó el sindicato USO es la que posibilitó la celebración de esta vista oral en el TSJA, y con la misma los afectados tratan de defender los derechos laborales de los 80 despedidos.

En función del resultado del juicio, a lo largo del próximo mes de octubre están previstas las vistas individuales en el Juzgado de lo Social de Huelva, en respuesta a las demandas interpuestas por los trabajadores despedidos a título personal.

En concreto, a nivel individual han presentado más de 60 demandas, donde además de las circunstancias personales de cada uno como la antigüedad, señalan que se ha dado “una persecución política” puesto que “se ha despedido a afiliados del PSOE y PA”, mientras que los de los partidos del equipo de Gobierno “no se han visto afectados”. Por ello, incidió en que esperan que por la vía judicial se consiga declarar nulo el ERE.

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