Boletín de Luchas Obreras (2 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • UNIPAPEL Y SINDICATOS CIERRAN EL PERIODO DE NEGOCIACIONES SIN ACUERDO
  • DESCONVOCADA LA HUELGA EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR
  • HUELGA DE LIMPIEZA EN MURCIA EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD
  • EL COMITÉ DE HUELGA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) RECHAZA LA ÚLTIMA PROPUESTA POR NO GARANTIZAR EL EMPLEO
  • LA HUELGA EN CARDIOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE GRANADA OBLIGA A SUSPENDER OCHO OPERACIONES
  • DESCONVOCADA LA HUELGA DE TAXIS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
  • SIN VIGILANCIA EN LAS PLAYAS POR LA HUELGA DE SOCORRISTAS
  • LOS SINDICATOS DEL METRO CONVOCAN HUELGA EN VALENCIA LA NOCHE DE SAN JUAN
  • ATENTO: CCOO LLAMA A LA HUELGA
  • CCOO PIDE A LA JUNTA UNA NUEVA AYUDA PARA TRABAJADORES DE CAMPOFRÍO
  • TRAGSATEC HA RECLAMADO 83 VETERINARIOS EVENTUALES PARA EXTREMADURA TRAS DESPEDIR A 35 DE LA PLANTILLA
  • LA CLÍNICA DEL VALLÈS PLANEA UN ERE POR DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT
  • LOS MINEROS ENCERRADOS SE PONEN EN HUELGA DE HAMBRE “HASTA QUE AGUANTEN”
  • EL COMITÉ DE EMPRESA DE FUENTECAPALA BARAJA IMPUGNAR ANTE LA JUSTICIA EL ERE POR LA NEGATIVA DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA A NEGOCIAR
  • ALCOHOLERAS REUNIDAS ACUERDA EL ERE EXTINTIVO DE 41 CONTRATOS
  • EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ TRASLADARÁ EL REGRESO DE LOS AFECTADOS POR EL ERE AL TSJA
  • ALTERNATIVAS PARA LAUKI
  • CARFLOR REDUCE EL ERTE TRAS CONOCER LA INTENCIÓN DE RESCATAR EL CONTRATO
  • SINDICATOS DE UNIPAPEL ESPERAN A QUE LA DIRECCIÓN CONCRETE SI DESPIDOS O ERTE
  • UGT RECURRIRÁ A ESTRASBURGO LA CONDENA A «LOS CINCO DE ARCELORMITTAL»
  • TREBALL PROPONE SANCIONES POR 5,7 MILLONES POR LA SUBCONTRATA EN TELEFÓNICA
  • UGT RECURRIRÁ A ESTRASBURGO LA CONDENA A «LOS CINCO DE ARCELORMITTAL»

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UNIPAPEL Y SINDICATOS CIERRAN EL PERIODO DE NEGOCIACIONES SIN ACUERDO

Logroño (EFE)

La dirección de Unipapel y los representantes de los trabajadores han cerrado el período de negociaciones sin acuerdo y ambas partes han quedado emplazadas a una reunión el próximo día 30 en la Inspección de Trabajo, en Madrid, para concretar el futuro de sus 329 trabajadores.

Así lo ha explicado a Efe el secretario de Acción Sindical de USO-Rioja y miembro de la mesa de negociación, Jesús Fernández, al término de la reunión entre las partes, celebrada en Burgos.

Entre las medidas a adoptar con la plantilla de esta empresa y que se concretarán ante la Inspección de Trabajo, según la intención transmitida por la dirección a los sindicatos, está que todos los trabajadores puedan acogerse a un expediente de regulación de empleo temporal y que, después, sea el administrador concursal el que decida, aunque ha dicho que es una cuestión sin confirmar.

Por tanto, el período de consultas ha concluido sin acuerdo, ya que los representantes de los trabajadores plantean que no haya despidos, que es una cuestión que no ha quedado cerrada en relación al planteamiento inicial de la dirección de Unipapel y, por lo tanto, ambas partes han quedado emplazadas ante la Inspección de Trabajo, ha recalcado.

Unipapel, que ha solicitado un concurso de acreedores, tiene plantas en Logroño, Aduna (Gipuzkoa) y Tres Cantos, ha recordado Fernández, quien ha incidido en que la reivindicación de los representantes de los trabajadores es que no haya despidos y la propuesta de la empresa es de prescindir de 109, de las que 79 salidas se concretarían en la planta de Tres Cantos, 17 en la de Aduna y 13 en la de Logroño.

Según sus datos, la empresa adeuda a los trabajadores una paga de marzo, las nóminas de abril y mayo. EFE.

DESCONVOCADA LA HUELGA EN EL ECOPARQUE GRAN CANARIA SUR

La huelga prevista para los próximos días 25, 27 y 28 de junio en el Ecoparque Gran Canaria Sur, en Juan Grande, ha sido desconvocada tras una reunión entre la empresa adjudicataria del servicio y los sindicatos en la que el Cabildo ejerció como mediador, según informa la Corporación en una nota de prensa.

Así, el jueves 16, el consejero de Medio Ambiente, Juan Manuel Brito, mantuvo una reunión con los trabajadores del complejo ambiental en la que decidieron suspender los dos primeros días de huelga.

Tras la reunión celebrada, los trabajadores han acordado desconvocar la huelga al completo. La empresa y los representantes sindicales retomarán las negociaciones el próximo 4 de julio y se darán un mes para llegar a un acuerdo definitivo.

En este sentido, Brito recordó que se trata de un conflicto de los trabajadores con la empresa, no con la Institución insular, pero que su área ha decidido comprometerse a mediar para garantizar el correcto desarrollo de un servicio fundamental para Gran Canaria y tratar de lograr así un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Asimismo, el Cabildo encargará un informe al departamento jurídico sobre la subcontratación de determinados servicios, ya que los sindicatos consideran que se está incumpliendo el pliego de condiciones.

HUELGA DE LIMPIEZA EN MURCIA EN CENTROS DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD

EFE

El paro afectará a 400 trabajadores de residencias, conservatorios, centros de día o la Escuela de Idiomas

El sindicato USO presentó un escrito en la dirección general de Trabajo anunciando una huelga indefinida desde el 8 de julio en la empresa Ferrovial Servicios, para sus centros de trabajo adscritos a la contrata de limpieza que la compañía mantiene con la Comunidad.

La huelga tendrá su inicio a las cero horas, afectando a más de 400 trabajadores que actualmente prestan servicios en las dependencias administrativas de la Comunidad, así como residencias, centros de día y psiquiátricos, conservatorios y escuelas oficiales de idiomas.

El motivo de la convocatoria es la recuperación de la jornada de trabajo conforme a las estipulaciones de los pliegos de condiciones de 2009, jornada que ha sido reducida a los trabajadores que han venido prestando sus servicios. En el año 2012 la Comunidad, alegando un déficit presupuestario, recortó el pliego de condiciones en 7 millones y medio de euros, lo que produjo la extinción de 186 puestos de trabajo y la reducción de un 16% por ciento de la jornada de trabajo para el resto de trabajadores.

El planteamiento de la Administración fue que de forma paulatina asumían el compromiso de que los trabajadores fueran recuperando la jornada, cuestión que sistemáticamente han ido cumpliendo, condenando con ello a los empleados de las contratas a unas condiciones precarias y empeorando las condiciones de los servicios que se prestan a los ciudadanos, según USO.

Ante las últimas gestiones que se han realizado con la administración, la citada situación «lejos de solucionarse con los nuevos proyectos de pliegos de condiciones pueden empeorar», alertan.

EL COMITÉ DE HUELGA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) RECHAZA LA ÚLTIMA PROPUESTA POR NO GARANTIZAR EL EMPLEO

El comité de huelga del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha rechazado la última propuesta elaborada por la dirección del Instituto al entender que sigue sin aportar garantías en el empleo ni en la viabilidad futura del centro y porque contiene reducciones salariales que empeoran las aceptadas en el acuerdo anterior, firmado en 2014.

A través de un comunicado, el comité ha anunciado que esperará a una valoración más detallada que se realizará próximamente en la sede del Tribunal Laboral Canario, y advierte que «la escasa definición acerca del modelo de ITC, que el Gobierno de Canarias pretende, permite entrever la precarización de las relaciones laborales en el ITC y contiene el riesgo de reducirlo a la mínima expresión, con el consiguiente perjuicio sobre la estructura de I+D+i Aplicada».

Esto supone, a juicio del secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, Pedro Moreno, «liquidar la principal herramienta de I+D+i Aplicada en Canarias, algo que ni el personal del ITC se merece, ni esta tierra tampoco».

Para Moreno, la propuesta presentada por la dirección del Instituto «no avanza ni un solo paso hacia la resolución de los dos problemas fundamentales que están sobre la mesa, que son la salvaguarda de las condiciones laborales y la viabilidad de la empresa».

Por el contrario, asegura que el documento «insiste en mantener condiciones salariales muy deficientes, abre la puerta a la precariedad laboral y ofrece un plan de viabilidad claramente insuficiente en sus términos, con un nivel de opacidad que hace imposible aclarar qué pretende hacer el Gobierno canario con el principal centro de investigación desarrollo e innovación aplicada de Canarias, salvo permitir que se convierta en una mínima expresión de lo que fue».

La FSC-CCOO recuerda la disposición del personal del ITC a aceptar cambios «razonables y proporcionados» en las actuales condiciones económicas, «cosa que han demostrado sobradamente aceptando revisiones salariales si con ello se garantizaba la viabilidad del centro».

Moreno lamenta que el Gobierno canario «no esté a la altura de esa predisposición, ni a la de las necesidades reales de la principal herramienta de I+D+i Aplicada en Canarias, y siga ocultando cuáles son sus verdaderas intenciones a medio y largo plazo para el Instituto, limitándose a pedir al personal que se baje el sueldo sin saber si el Instituto va a ser o no viable».

El portavoz sindical espera que esta actitud cambie en la próxima cita que el sindicato ha solicitado ante el Tribunal Laboral Canario, cita a la que el sindicato irá «con plena disposición a hablar de los salarios a condición de que se establezca un plan claro y preciso que garantice la dignidad de las condiciones laborales, la financiación del centro y su viabilidad futura».

LA HUELGA EN CARDIOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE GRANADA OBLIGA A SUSPENDER OCHO OPERACIONES

Los profesionales del servicio de Hemodinámica y de la Unidad de Cardiología Intervencionista de los hospitales de Granada secundaron por segundo día los paros convocados por el sindicato de enfermería Satse, que continuará con la protesta el lunes 27 de junio.

Como consecuencia del paro se tuvieron que suspender 8 intervenciones en el complejo hospitalario, según informó el sindicato en una nota. La segunda jornada de huelga paralizó la actividad del servicio durante las tres horas de paro convocadas. Según Satse, la totalidad de los profesionales de enfermería secundaron la protesta, manteniendo unos servicios mínimos de tres profesionales para cubrir las urgencias.

El motivo de la huelga es la falta de reconocimiento por parte del SAS de los derechos derivados de la aplicación del plan denominado «Código Infarto». Esta mejora en la atención a los usuarios no ha tenido la repercusión en el reconocimiento de las horas trabajadas de las guardias localizadas de los profesionales que lo atienden en este complejo hospitalario, mientras que en otros hospitales del SAS sí se le contabiliza y además se le retribuye, generando una grave discriminación.

Para intentar dar una solución al conflicto, varios representantes de los trabajadores y delegados del sindicato pidieron una reunión con el gerente, que delegó en el director económico-administrativo y en el director de Enfermería, que apuntaron a Satse las palabras del consejero de Salud, Aquilino Alonso, sobre el trabajo que se está realizando para homogeneizar protocolos y retribuciones de todos los centros que aplican el ‘Código infarto’.

DESCONVOCADA LA HUELGA DE TAXIS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE

Europa Press – Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife alcanzó un acuerdo coles con los representantes de la Asociación Elite Taxi Tenerife, que deja en suspenso la movilización que había convocada.

El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, explica que las conversaciones mantenidas han dado origen a un documento con cinco puntos, suscrito por todas las partes. «Ahora haremos todo lo posible por sumar a este consenso al resto de colectivos del sector del taxi que operan en nuestro municipio», añade.

El primero de los puntos incluidos en el acuerdo establece la celebración de elecciones, en la que cada titular de licencia podrá votar por la asociación o entidad que desee, proceso al que podrán presentarse todas lo colectivos constituidos legalmente.

Además, también se acordó la elección de un representante por entidad y el establecimiento de un cupo mínimo del 5% de los votos emitidos para que cualquiera de ellas forme parte de la denominada Mesa del Taxi.

En aquellos casos en los que dicho órgano tenga que deliberar un acuerdo mediante votación, se tendrán en cuenta los votos de los representantes de manera ponderada.

Durante las próximas fechas, y ante la necesidad de seguir el correspondiente proceso administrativo, se trabajará en la redacción del reglamento de la Mesa del Taxi. Este documento será sometido a consulta y votación de los taxistas, previsiblemente durante el mes de julio.

A partir de ahí, podría ser aprobado formalmente en septiembre, junto a la modificación de las ordenanzas que procedan. Si esta planificación no sufre variaciones, podrá votarse la constitución de la nueva Mesa del Taxi a finales de octubre o ya iniciado noviembre.

Arteaga, por último, aclaró que todos estos acuerdos «se encauzarán a través del reglamento de organización y funcionamiento de la Mesa del Taxi, este documento, como no puede ser de otra manera, tendrá que ser redactado de forma conjunta y participada con el propio sector».

SIN VIGILANCIA EN LAS PLAYAS POR LA HUELGA DE SOCORRISTAS

Los voluntarios de Protección Civil han iniciado una huelga indefinida reclamando mejoras en sus condiciones tras la dimisión del jefe de este servicio, Martín Toledo. El concejal de Seguridad, Francisco Aznar, espera que todos estén en sus puestos.

Los socorristas voluntarios de Protección Civil han iniciado una huelga indefinida para reclamar una serie de mejoras en las condiciones en las que vienen desempeñando esta tarea, mejoras que pasarían por su contratación como personal laboral y de las dietas que reciben hasta ahora, unos 40 euros al día.

El inicio de la huelga ha ido acompañado de una concentración de protesta en el Parque de Seguridad de Cartagena, sede de la agrupación, que cuenta con unos 300 miembros.

De esta forma, según han confirmado fuentes de Protección Civil, se encuentran cerrados los 16 puestos de vigilancia de las playas de Cartagena, de los que 11 corresponden a playas reconocidas con el distintito de Bandera Azul (estas playas, en todo caso, cuentan con servicio de vigilancia de socorristas profesionales contratados por el Instituto Municipal de Servicios Litorales, IMSEL).

La reivindicación de los voluntarios de Protección Civil llega después de conocerse que el jefe de esta agrupación, Martín Toledo, habría dejado de forma voluntaria el ejercicio de sus atribuciones, una decisión que fue transmitida al equipo de Gobierno.

Martín Toledo, además de jefe de Protección Civil, era miembro del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Cartagena. El equipo de gobierno municipal achaca esta renuncia a las diferencias que existían entre Martín Toledo y el jefe de bomberos, Francisco Gómez Ávalos, por el desempeño de este cargo.

El propio Martín Toledo reconocía que era imposible compatibilizar ambas ocupaciones y que, después de cinco meses esperando que se regularizara su situación, decidía renunciar a la coordinación de Protección Civil, no sin lamentar «la falta de respaldo de sus superiores», según ha dicho a Radio Cartagena.

Por su parte, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Cartagena, Francisco Aznar, ha dicho en declaraciones a Radio Cartagena que espera que, tras la reunión mantenida con ellos, los voluntarios vuelvan a sus puestos de vigilancia. Aznar reconoce que hay un vacío en sus condiciones laborales por ser voluntarios.

El edil de Seguridad se ha comprometido a solucionar sus reivindicaciones lo antes posible, entre las que están agilizar el pago de sus dietas, y estar legalmente asegurados.

Francisco Aznar confía en que el servicio se restablezca cuanto antes dado que se ha comprometido a reunirse las veces que sean necesarias con este colectivo.

LOS SINDICATOS DEL METRO CONVOCAN HUELGA EN VALENCIA PARA LA NOCHE DE SAN JUAN

Al no haber llegado a ningún acuerdo en la negociación del convenio colectivo y ausencia de contrataciones

Los sindicatos con presencia en el sector ferroviario UGT, CCOO, Intersindical, SIF, CGT y SCF han convocado dos jornadas de huelga para el jueves y viernes, coincidiendo con la noche de San Juan, por falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo y falta de plantilla.

Según han informado los sindicatos, esta convocatoria de huelga llega tras haber acudido a un acuerdo de mediación en el Tribunal de Arbitraje Laboral con directivos de Ferrocarrils de la Generalitat, que concluyó sin acuerdo.

Los paros afectan al colectivo de agentes de estación de atención al cliente en todos los puestos de trabajo de la provincia de Valencia, y según los sindicatos afectan a unas 160 personas.

La huelga se hará efectiva entre las 10 y las 13 horas y las 22 y 24 horas del jueves 23 de junio; y entre las 0 y las 2 horas del viernes día 24, coincidiendo con la noche de San Juan.

Se ha acordado proponer como servicios esenciales “aquellos cuya interrupción no ponga en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población española, conforme a la doctrina emanada de la OIT y el espíritu de la Constitución”, según las mismas fuentes.

ATENTO: CCOO LLAMA A LA HUELGA

El 9 de junio se celebró la mediación en la Fundación SIMA, y como no podía ser de otra manera, el resultado fue «sin avenencia». En este acto la empresa vino a decir lo que es de sobra conocido por todos: «nuestros clientes nos contratan para vender, y si no se vende peligran 8.000 puestos de trabajo».

Pero CCOO quiere también dar su opinión, no solo en el SIMA sino a todos los trabajadores y trabajadoras de Atento, y es que los 8.000 puestos de trabajo peligran por varios motivos:

– La incapacidad de los gestores de la compañía, para formar, ayudar, valorar, motivar, incentivar, y mil motivos más para que este trabajo se convierta en empleo de calidad, donde desde la positividad se consiga rentabilizar Atento.

– La desorganización existente en el departamento de RR.HH. de Atento, que al cambiar de Director/a continuamente deja a la deriva a la plantilla, ya que no hay nadie que se preocupe por sus condiciones laborales. La Dirección otorga todo el poder a los gerentes de negocio, que entienden poco de personas (el verdadero motor del negocio) y a los que solo les preocupa cobrar sus bonus, aunque esto signifique el fin de Atento.

– Precarizar el trabajo a base de licitar en las nuevas campañas con ofertas temerarias. Todo vale para inflar la facturación, aunque esta mala ética profesional lleve a no rentabilizar estas campañas y como consecuencia, la cuenta de resultados no sea positiva.

– Aceptar todos los recortes en los ingresos de los servicios de Telefónica. El mayor cliente de Atento cada día aprieta un poco más la tuerca, y no tiene límites, porque Atento acepta sumisamente todas las exigencias, y le da igual las cargas excesivas de trabajo a la que se ve sometida la plantilla para conseguir los objetivos.

CCOO considera que gracias al buen trabajo de los teleoperadores y teleoperadoras, los directores, gerentes y jefes pueden mantener sus sueldos desorbitados, sus seguros médicos privados y el sin fin de prebendas que disfrutan.

Pero el sindicato quiere recordar que quien consigue los ingresos para mantener la economía de la empresa son las personas que teleoperan.

Por todo esto, CCOO solicita a la plantilla de Atento, que por la defensa de sus derechos laborales, secunde las huelgas convocadas los días:

Sábado, 25 de junio (huelga 24 horas en todos los servicios)

Domingo, 26 de junio (huelga 24 horas en todos los servicios)

Sábado, 2 de julio (huelga 24 horas en todos los servicios)

Domingo, 3 de julio (huelga 24 horas en todos los servicios)

Lunes, 4 de julio (huelga 24 horas en todos los servicios)

CCOO PIDE A LA JUNTA UNA NUEVA AYUDA PARA TRABAJADORES DE CAMPOFRÍO

Agencia EFE

CC.OO. de Burgos exigirá a la Junta de Castilla y León que los trabajadores de Campofrío sean beneficiarios de la nueva ayuda de 625 euros mensuales para personas en situación de Expediente de Regulación de Empleo de Suspensión de contrato de trabajo.

En un comunicado hecho público, el sindicato asegura que los representantes sindicales de la multinacional cárnica burgalesa lo han solicitado ya a las autoridades laborales del Gobierno regional en varias ocasiones y éstas se lo han denegado.

En una nota, el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en Campofrío de Burgos, Ramón Marijuan, asegura no entender la razón de esa negativa cuando los trabajadores de Campofrío «cumplen con todos los requisitos que exige esta ayuda de seis meses de duración».

Se trata de una línea de ayudas, basada en la Orden de 26 de abril de 2016 de la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, destinada a trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo de Suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo.

CCOO solicita que esta orden se haga extensible a toda la plantilla afectados por el ERE de Suspensión de Campofrío provocado por el grave incendio que sufrieron las instalaciones el pasado mes de noviembre de 2014, que dejó la planta totalmente inutilizable.

Tras este suceso se acordó una línea de ayuda para 774 trabajadores contratados en dicho centro del trabajo, para subsanar la pérdida de poder adquisitivo.

Dicho acuerdo recoge, según el sindicato, la posibilidad de que si se agota la prestación contributiva por desempleo o alguna ayuda pública de naturaleza similar, de cuantía igual o superior a los 426 euros brutos mensuales el trabajador afectado podrá acogerse a ella.

Sin embargo, los responsables de CCOO aseguran que la Junta, que en un primer momento dijo que sí, luego ha dado marcha atrás y deniega estas ayudas.

Una delegación de la Sección Sindical de CCOO en Campofrío acudirá a la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en Burgos a registrar una petición en esta línea dirigida a su director, Andrés Padilla García, «con el objetivo de que se haga justicia».

TRAGSATEC HA RECLAMADO 83 VETERINARIOS EVENTUALES PARA EXTREMADURA TRAS DESPEDIR A 35 DE LA PLANTILLA

El ERE se presentó en 2014 y se materializo el pasado Enero

La empresa lanza una nueva oferta de empleo con 61 puestos. Nueve de los que salieron en enero fueron recontratados por siete meses

Se necesitan el menos 61 veterinarios en la región para llevar a cabo tareas de la campaña de saneamiento ganadero, especialmente en cuanto al diagnóstico de la tuberculosis.

La duración del contrato es de seis meses y el salario, entre 23.500 y 25.500. Son las condiciones de la nueva tanda de contrataciones que ofrece en Extremadura la empresa Tragsatec para desarrollar los encargos de la Junta de Extremadura y después de que el pasado mes de enero ejecutara un expediente de regulación de empleo que afectó a 58 trabajadores de su plantilla, entre ellos 35 veterinarios.

Desde entonces la empresa ha lanzado dos ofertas de empleo a través de un portal de internet para contratar a 83 veterinarios en la región, la primera solo unos días después de que se materializara el despido colectivo. La segunda ya se ha publicado.

«Es vergonzoso, lo más insultante y vejatorio que ha podido hacer la empresa desde que se produjeran los despidos en enero», confiesan a este diario desde la plataforma de afectados por los despidos, donde consideran que esta nueva oferta de empleo, que casi duplica los puestos que se eliminaron seis meses antes es «la gota que colma el vaso»

SEIS MESES

Los afectados recuerdan además que la Asamblea de Extremadura aprobó tras los despidos dos propuestas de impulso pidiendo a la Junta que instara a la empresa a restablecer la situación.

Cuando se aprobaron estas medidas, Tragsatec estaba en pleno proceso de selección de personal para las primeras contrataciones eventuales (21 veterinarios entre las dos provincias) y entre ellos se habían presentado 12 de los profesionales despedidos, que inicialmente fueron rechazados. Finalmente se contrató a nueve de ellos, –por siete meses– con trabajo hasta el 31 de agosto.

Los despedidos piden de nuevo a la Administración regional que intervenga. Desde la Junta de Extremadura indican que «se está haciendo un importante esfuerzo económico en materia de sanidad animal», aunque «no podemos entrar en decisiones internas que competen a la propia empresa».

«Pedimos a la empresa que realice una serie de trabajos y con calidad y ellos conocen nuestro interés que todos los trabajos sean realizados por personal con experiencia en nuestro territorio», añaden.

Los contratos que ahora se ofrecen son también por seis meses e igualmente para las campañas de saneamiento ganadero. En concreto requieren 39 veterinarios para la provincia de Cáceres y 23 para la de Badajoz.

LA CLÍNICA DEL VALLÈS PLANEA UN ERE POR DECISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA GENERALITAT

Salud asegura que el proceso para absorber los trabajadores de los hospitales privados que se han quedado sin concierto público »va a buen ritmo», pero otros sólo ven anuncios

El Grupo Quirón presentará un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 65 trabajadores de la Clínica del Vallès, el primer hospital expulsado del sistema público catalán, si antes del 15 de julio no se alcanza un acuerdo con el departamento de Salud de la Generalitat para recolocar este personal en otros centros sanitarios públicos.

El departamento de Salud de la Generalitat, encabezado por Toni Comín, decidió en enero pasado no prorrogar los conciertos que la Clínica del Vallès y el Hospital General de Cataluña, ambos del Grupo Quirón, mantienen con la sanidad pública, gracias a los cuales ingresan 22 millones de euros anuales.

Toni Comín anunció un «plan social» para recolocar los trabajadores de estos dos hospitales privados que se queden sin trabajo cuando cesen sus convenios con la sanidad pública. En el caso de la Clínica del Vallès, de Sabadell, el departamento de Salud dejará de derivarles pacientes el próximo 15 de agosto y, al Hospital General de Cataluña, el 31 de diciembre.

El plazo acaba el 15 de julio

En declaraciones a Economía Digital, un portavoz del Grupo Quirón advierte que, si antes del 15 de julio no se consigue un acuerdo con el departamento de Salud de la Generalitat para recolocar 65 empleados de la Clínica del Vallès en un escenario acordado con los sindicatos y jurídicamente estable estarán obligados a presentar un ERE, que ya están preparando y requiere ser presentado un mes antes de la finalización del contrato.

Desde el Grupo Quirón se insiste en que «no hay ningún acuerdo», aunque no descartan que se pueda cerrar en los próximos dos días. Fuentes de este grupo empresarial lamentan que el departamento de Salud tan solo lance «anuncios»: primero, el consejero Comín se comprometió a subrogar los trabajadores que perdieran su empleo a causa del cese de los conciertos públicos y, hace tan solo unos días, se les dijo verbalmente que la Clínica del Vallès dejará de recibir derivaciones quirúrgicas el próximo 8 de julio, cinco semanas antes de lo previsto.

Las fuentes consultadas señalan que el director del CatSalut del Vallès Occidental, Joan Parellada, les comunicó verbalmente que las derivaciones quirúrgicas finalizarán el 8 de julio, aunque podrían seguir recibiendo pacientes que no requirieran hospitalización.

El departamento de Salud asegura que mantiene «la hoja de ruta» prevista

No obstante, un portavoz del departamento de Salud aseguró a Economía Digital que «la hoja de ruta sigue como estaba prevista»: se seguirá derivando actividad a la Clínica del Vallès hasta el 15 de agosto, cuando finaliza el convenio, y se está ultimando la absorción de parte de sus trabajadores hacía Parc Taulí de Sabadell y el Consorcio Sanitario de Terrassa. Estos dos centros asumirán la actividad pública que ahora se está realizando en la Clínica del Vallès.

Desde el departamento de Salud se insiste en que «el proceso» para absorber los trabajadores de la Clínica del Vallès va «a buen ritmo».

Todavía no está claro cómo se realizará la subrogación del personal

Delegadas de CC.OO. y UGT apuntan que se ha convocado una asamblea en la Clínica del Vallès para informar de cómo están las negociaciones. En estos momentos, el escollo radica en el número de trabajadores que se asumirán y en la fórmula jurídica para la subrogación de empleados de la privada que ahora pasarán a un centro público.

Toni Comín se somete a una sesión de control parlamentario, durante la cual tiene previsto detallar como quedarán las plantillas de la sanidad pública. Los trabajadores de la Clínica del Vallès esperan reunirse en las próximas horas con el consejero.

LOS MINEROS ENCERRADOS SE PONEN EN HUELGA DE HAMBRE “HASTA QUE AGUANTEN”

“Hemos intentado evitarlo pero no se atienen a razones”, lamenta el comité

Los cuatro mineros encerrados en el Pozo Aurelio de la Hullera Vasco Leonesa han iniciado una huelga de hambre ante la falta de soluciones del Gobierno a su conflicto. Después de dieciséis días de encierro a 200 metros de profundidad, los mineros han dado el paso con el que pretenden llegar “hasta el final y con todas las consecuencias”.

Los miembros del comité de empresa recibieron el aviso de los cuatro operarios para que bajaran a escuchar una decisión que ya tenían adoptada. “Hemos discutido con ellos porque vemos que es una medida salvaje con el desgaste que tienen después de 16 días de encierro -asegura Julio Gómez, presidente del comité de empresa- pero no hay forma de hacerles entrar en razón”.

El comité se muestra muy preocupado ante las consecuencias que esta vuelta de tuerca en su movilización pueda acarrear a los mineros encerrados. Los cuatro jóvenes, Elías, Dani, Sócrates y Álvaro se encuentran bien de salud, según ha comprobado el médico en su visita.

Sin embargo, los sindicatos muestran su preocupación por su estado psicológico. “No son ellos después de 16 días de encierro, están ‘tocados’ y tememos que pase algo gordo”.

Los mineros iniciaron su encierro el lunes, 13 de junio. Exigen al Gobierno que desbloquee las ayudas al Plan de Cierre de la Hullera Vasco Leonesa antes del 31 de julio, fecha en la que expira su expediente de regulación de empleo.

El proceso para desmantelar la empresa, en proceso de liquidación, serviría para emplear a unos 150 trabajadores durante 3 ó 4 años.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE FUENTECAPALA BARAJA IMPUGNAR ANTE LA JUSTICIA EL ERE POR LA NEGATIVA DE LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA A NEGOCIAR

El comité de empresa de Fuentecapala, de Navalmoral de la Mata (Cáceres), ya baraja impugnar judicialmente el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa para sus 37 trabajadores, lo que supone el cierre de la planta, ante la negativa a negociar por parte de la dirección.

Según ha explicado a Efe el secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Saturnino Legal, en la reunión celebrada, la segunda de las tres a las que obliga la ley, la postura de la dirección no se ha modificado pese a que se les ha propuesto algún tipo de complemento a la indemnización por el despido.

Lagar ha indicado que la postura de la dirección «sigue siendo la misma, la del cierre total de la planta», ya que lo único que quieren es que pase el tiempo y se cumplan los 30 días de preaviso de cierre y las tres reuniones obligatorias.

Ha añadido que ante su propuesta, los representantes de la empresa han indicado que debían hablarlo con la dirección, lo que pone de manifiesto que ni siquiera los interlocutores «son válidos ni tienen potestad para negociar otra cosa que no sea lo que lo que marca la reforma laboral», los veinte días por año con un máximo de una anualidad.

Lagar, que ha señalado además que en estos momentos la empresa está cerrada e incluso con el suministro eléctrico cortada, ha indicado que la próxima reunión será el lunes 4 a las cinco de la tarde, aunque las expectativas son las mismas porque «lo único que están haciendo es marear la perdiz para que llegue el último día y se levante el acta sin acuerdo».

Ha explicado que el plazo para alcanzar un acuerdo finaliza el 10 de julio, pero que el día 4, si se concluye sin acuerdo, se podría ya firmar el acta y a partir de ahí iniciar el proceso de impugnación

Concentración

Por su parte, el nuevo secretario general de UGT FICA, Miguel Talavera, que ha participado en la concentración de trabajadoras frente a la factoría morala de Funtecapala, ha puesto en cuestión que por parte de la empresa exista una voluntad real de negociación de buena fe para alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento de los empleos.

Insiste en que el objetivo de la empresa es en último término el cierre con el abaratamiento de los despidos que propicia la actual normativa en materia laboral.

También señala que en la reunión celebrada los representantes de la empresa se han limitado a hacer entrega de documentación, que será analizada por los sindicatos antes de la próxima reunión.

La Federación de Industria, Construcción y Agro optará en último término por impugnar el ERE si se denota falta de voluntad real por parte de la empresa o inconsistencia respecto a los argumentos esgrimidos para sustentar la extinción de los contratos.

ALCOHOLERAS REUNIDAS ACUERDA EL ERE EXTINTIVO DE 41 CONTRATOS

Argamasilla de Alba (Ciudad Real)

La asamblea de trabajadores de la fábrica de Alcoholeras Reunidas en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) ha ratificado el preacuerdo alcanzado por sus representantes y los de los propietarios de la empresa sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción los contratos de toda la plantilla, 41 personas.

El acuerdo establece unas indemnizaciones por despido de 30 días por año, con un máximo de 23 mensualidades. Los trabajadores que este año cumplan 55 años o más se beneficiarán también de un plan de pensiones, ha informado CCOO en nota de prensa.

Las partes acordaron también planificar un «cierre retardado» de la fábrica de Alcoholeras Reunidas, que se prolongará durante un año. Los trabajadores prejubilados, alrededor de ocho, serán los que en los próximos meses se ocupen de las tareas de desmantelamiento de la planta, e irán saliendo de la empresa a medida que alcancen la edad de jubilación.

El resto se marchará en cuanto se formalice el ERE, del que el periodo de consultas finaliza el jueves día 30. Ese día está prevista la firma del Expediente.

El responsable del sector Agroalimentario de CCOO en Ciudad Real, Demetrio Muñoz, ha valorado el acuerdo sobre el ERE, que ha calificado de «digno, sobre todo a la vista de lo que pretendía la empresa».

No obstante, ha lamentado «el mazazo que supone el cierre de Alcoholeras Reunidas para los trabajadores directamente afectados, pero también para las empresas proveedoras o prestadoras de servicios y para sus plantillas; y para todo Argamasilla de Alba, para toda la actividad económica y el empleo de la localidad», donde Alcoholeras lleva implantada cuarenta años y es la mayor empresa por número de trabajadores.

«Hemos alcanzado un preacuerdo sobe el ERE extintivo con los abogados de la empresa –a los propietarios no les hemos visto el pelo–, hicimos una asamblea para informar a los trabajadores, que pidieron un tiempo para asimilarlo y decidir. Han decidido mayoritariamente aceptarlo, lo que significa que valoran los términos en los que van a poner fin a su relación laboral con Alcoholeras, donde la mayoría de ellos lleva décadas trabajando», ha argumentado.

EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ TRASLADARÁ EL REGRESO DE LOS AFECTADOS POR EL ERE AL TSJA

Los afectados dan margen y creen posible la reincorporación

El Consistorio avalará el regreso con informes económicos, jurídicos y de organización

El Pleno municipal dejará en manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la posibilidad de que los 107 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) promovido en 2012 que han expresado su voluntad de reincorporarse a la plantilla puedan hacerlo.

En principio, el objetivo era que la sesión plenaria del jueves 30 de junio aprobara los acuerdos transaccionales entre el Ayuntamiento y los afectados, con idea de remitir el expediente completo al TSJA y que el alto tribunal andaluz los tuviera en cuenta a la hora de responder a los recursos interpuestos por los 74 trabajadores que defienden la nulidad de sus despidos.

Esos acuerdos se hacen también extensibles a los 33 empleados que no recurrieron la improcedencia ante el TSJA. Sin embargo, el Ayuntamiento -en la etapa de Gobierno del PP- recurrió aquellas sentencias al considerar que los despidos fueran declarados procedentes y es precisamente esa decisión la que motiva que los casos sigan igualmente abiertos a la espera por tanto de una sentencia firme.

Tanto en un caso como en otro, el Gobierno someterá a la aprobación del Pleno los acuerdos transaccionales para posteriormente remitir todo el expediente al TSJA y que este órgano sea en última instancia quien decida.

Se había planteado la posibilidad de aprobar este asunto en el Pleno ordinario que se celebra al coincidir con la fecha del 30 de junio, que fue el tope que se fijó el Consistorio para concluir el proceso de reincorporación de los trabajadores afectados por el ERE.

Sin embargo, la propia alcaldesa, Mamen Sánchez, admitió que ni siquiera este hecho será posible, dado que no se ha completado todavía la elaboración de todos los informes pertinentes. Se confía no obstante en que esos documentos se encuentren en poder del Gobierno en el plazo de tiempo más breve posible, para de este modo convocar una sesión extraordinaria de Pleon que sería la encargada de aprobar el expediente completo.

La propia regidora mantuvo un encuentro con representantes de los trabajadores afectados para informarles personalmente del nuevo retraso que sufre el procedimiento y garantizarles que el asunto irá a Pleno en cuanto el Gobierno disponga de la documentación necesaria.

Los afectados se muestran en cualquier caso esperanzados en que este paso pueda darse lo antes posible, en la confianza además en que el TSJA no va a poder impedimento a la hora de avalar su reincorporación a la plantilla municipal. No en vano, el Ayuntamiento aportará para ello informes jurídicos, económicos y de carácter organizativo de la propia Administración local.

Renuncia al salario de cuatro años

Los acuerdos transaccionales implican cesiones por ambas partes. Los trabajadores que han expresado su voluntad de reincorporarse a la plantilla municipal renuncian a los salarios de tramitación, esto es, al importe de las nóminas que han dejado de percibir desde que fueron despedidos, una cantidad bastante notable si se tiene en cuenta que en septiembre se cumplirán ya cuatro años de la ejecución del ERE. No se contempla la devolución de las indemnizaciones percibidas entonces por el despido. El Consistorio asume por su parte la devolución de los subsidios de desempleo y el pago de seguros sociales.

ALTERNATIVAS PARA LAUKI

Los representantes sindicales muestran el documento de venta elaborado por Lactalis antes de la visita de la Fundación Anclaje a la planta de Lauki en Valladolid

Lactalis flexibiliza las condiciones de venta, según los sindicatos, y podría aceptar la venta a un competidor local

Los enormes silos, la maquinaria, el suelo, todo el paquete completo que conforma Lauki está en venta. Y según los sindicatos UGT y CCOO, presentes en la Fundación Anclaje, hay algunas alternativas que serían del agrado de la multinacional Lactalis de cara a aceptar una posible venta. Entre ellas, por ejemplo, empresas cerveceras o vitivinícolas que podrían aprovechad bastantes de las instalaciones que ahora están en venta.

Pero no solo eso. Según los sindicatos, en el documento de venta enviado por Lactalis, donde se especifica el inventario completo de la planta vallisoletana, figura el veto a una venta a un competidor directo. Sin embargo, en un párrafo final, la multinacional añade que tendrá la potestad de decidir si vende a una empresa competidora que, por su volumen, no suponga una confrontación directa con sus intereses más allá de un cierto mercado local o regional.

Los representantes sindicales y los técnicos de la Fundación Anclaje -que integran la Junta, los sindicatos y la confederación de empresarios- visitaron la planta de Lauki para cotejar el documento de venta de Lactalis con la realidad.

Lauki tiene de plazo hasta el 1 de octubre para encontrar un comprador que quiera hacerse cargo de la planta y subrogar a los 85 trabajadores que ahora mismo conforman su plantilla antes de que se haga efectivo el expediente de regulación de empleo planteado por la empresa. Un 85% de la plantilla aceptaría recolocarse en otras fábricas de Lactalis en España en caso de confirmarse el cierre de la factoría.

CARFLOR REDUCE EL ERTE TRAS CONOCER LA INTENCIÓN DE RESCATAR EL CONTRATO

Esa es la sorprendente reacción de la empresa del servicio de atención a domicilio, que los sindicatos interpretan como una demostración más de que el expediente de regulación planteado inicialmente para toda la plantilla no tenía sentido.

De hecho, al comienzo de la última reunión negociadora, la dirección de Carflor mantenía su intención de reducir la plantilla en un 15% para su medio centenar de auxiliares y del 50 por ciento para las dos supervisoras, pero el simple anuncio del Ayuntamiento de que el contrato se rescataría antes de concluir en febrero ha llevado a la empresa a reducir su propuesta a las dos coordinadoras.

Para la presidenta del comité Isabel Céspedes, el hecho de que el contrato vaya a concluir no afecta a la carga de trabajo actual, luego se demuestra que toda la plantilla es necesaria a tiempo completo y que la empresa solo trataba de usar a los trabajadores para obtener mejores rendimientos económicos

Ahora la empresa dispone de quince días para presentar oficialmente su ERTE, momento al que esperarán los trabajadores para tomar una decisión.

SINDICATOS DE UNIPAPEL ESPERAN A QUE LA DIRECCIÓN CONCRETE SI DESPIDOS O ERTE

Logroño (EFE)

Los representantes de los trabajadores en Unipapel se mantienen a la espera de que la dirección se pronuncie sobre la posibilidad de que haya despidos en la plantilla de 329 empleados o, por el contrario, les derive a todos un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Así lo ha explicado a Efe el secretario general de la Federación de Industrias de USO-Rioja, Jaime Calvo, al término de la reunión celebrada entre las partes ante la Inspección de Trabajo en Madrid, donde, ha dicho, su titular ha tomado nota de la situación y redactará su informe, en lo que ha sido «un mero trámite».

Calvo ha recordado que la dirección de Unipapel tiene un plazo de quince días desde que presentó el ERTE, que expira el próximo 8 de julio, para concretar si habrá despidos o todos los trabajadores se acogen a este expediente, hasta que el administrador concursal resuelva sobre el futuro de la plantilla, ya que esta empresa ha solicitado un concurso de acreedores.

El dirigente sindical ha precisado que en esta reunión ante la Inspección de Trabajo, una vez cerrado sin acuerdo el período de consultas, «teníamos la esperanza de que los representantes de la empresa nos dijeran si había despidos o no», algo que no ha sucedido, por lo que «esperamos que lo antes posible se nos concrete la decisión».

Unipapel tiene plantas en Logroño, Tres Cantos y Aduna (Guipuzcoa), ha recordado Calvo, quien ha incidido en que la reivindicación de los representantes de los trabajadores es que no haya despidos.

La propuesta inicial de la empresa era la de prescindir de 109 trabajadores, de las que 79 salidas se concretarían en la planta de Tres Cantos; 17 en la de Aduna y 13 en la de Logroño. EFE.

UGT RECURRIRÁ A ESTRASBURGO LA CONDENA A «LOS CINCO DE ARCELORMITTAL»

Los sindicalistas participaron en un piquete durante la huelga general del 29 de marzo de 2012

Manifestación de apoyo a «los cinco de ArcelorMittal» ->

http://www.abc.es/media/economia/2016/07/01/huelga-arcelor-mital-kwMB–620×349@abc.JPG

UGT va a recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo la sentencia que condena a cinco trabajadores de ArcelorMittal de Asturias por participar en un piquete violento durante la huelga general del 29 de marzo de 2012, la primera convocada contra el PP tras aprobar la reforma laboral. Así lo ha anunciado el secretario General de UGT, José María Álvarez, que ha participado en Asturias en un acto de apoyo en defensa de los cinco de trabajadores.

En nuestro país hay actualmente unos 300 sindicalistas encausados, 89 de ellos de UGT. La mencionada sentencia condena a los sindicalistas José Luis Alonso, Neftalí Casares, Alberto Bernardo, José Ángel Álvarez y Jerónimo Blanco a penas de tres años y seis meses de prisión para cada uno, y a estos dos últimos a la pena de un año y nueve meses de prisión por un delito de lesiones.

Durante aquella huelga general, los cinco participaron en los piquetes organizados en la factoría que la empresa tiene en Veriña, Gijón. El juez asegura que al tener conocimiento de que un trabajador se encontraba realizando sus funciones en su despacho, diez personas acudieron para intentar disuadirle.

Según la sentencia, estas diez personas, «de común acuerdo y con la intención de obligarle a que dicho empleado abandonara su puesto de trabajo y secundara la huelga irrumpieron en el despacho en actitud violenta, comenzando a increparle por haberse incorporado al trabajo, hostigándole reiteradamente para que se marchara de la oficina».

Según la sentencia, uno de los acusados se abalanzó para agredir al trabajador, algo que impidieron los presentes. Sin embargo, el juez considera a dos de los cinco condenados responsables de un delito de lesiones porque profirieron amenazas y lanzaron petardos al marcharse, un hecho que obligó al trabajador a salir de su despacho «en estado de aturdimiento, sufriendo pérdida momentánea durante unos minutos de audición y un cuadro de gran ansiedad». La sentencia señala que el trabajador ha sufrido desde entonces «un trastorno depresivo reactivo grave» que ha requerido de tratamiento médico.

El incidente duró entre cuatro y cinco minutos y el trabajador afectado solo reconoció a cinco de las diez personas que, asegura, subieron a su despacho. Los acusados negaron los hechos y la defensa aportó varios testigos que dieron otra versión de lo ocurrido, pero el juez considera sus manifestaciones «en abierta contradicción con la realidad de los hechos declarados probados».

A estos sindicalistas se les pedía 21 años de prisión, una condena calificada por el propio comité de empresa europeo de ArcelorMittal como «injusta, desproporcionada e inconstitucional», pero la Audiencia Provincial la rebajó a 18 meses de multa, con una cuota diaria de 10 euros, y para dos de ellos la condena se mantiene en 1 año y 9 meses de prisión y 70.000 euros de indemnización. Aunque recurrieron ante el Tribunal Constitucional, éste lo desestimado. Por eso, UGT va a recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo.

Por otro lado, UGT va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal de Gijón que ha condenado por falso testimonio los cuatro testigos de la defensa que verificaron a favor de los cinco de Arcelor a 6 meses de prisión y 500 euros de multa. Además, «resulta extraño que el juez solo haya dado verosimilitud a la versión del denunciante y no haya dejado declarar a otros 10 testigos aportados por la defensa», afirma el sindicato.

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