Boletín de Luchas Obreras (2 de Julio de 2015)

ÍNDICE:

  • ALGUNOS DE LOS MÁS GRAVES CASOS DE REPRESIÓN SINDICAL EN ESPAÑA
  • LOS TRABAJADORES DE ELCOGAS PROTESTAN ANTE INDUSTRIA CONTRA EL CIERRE DE LA EMPRESA
  • ALSTOM ACABARÁ CON EL ERTE DE SANTA PERPÈTUA EN OCTUBRE
  • EL 28 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARÁ EL JUICIO DE LOS ENCAUSADOS POR PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL DEL 14-N EN XIXON
  • VUELING Y EL SEPLA HACEN LAS PACES, TRAS REVOCAR DESPIDOS Y SANCIONES A PILOTOS
  • LOS CONTROLADORES AÉREOS CONVOCAN NUEVAS JORNADAS DE HUELGA EN JULIO
  • CC.OO. TEME PRIMEROS DESPIDOS EN ITEVELESA TRAS CONFLICTO QUE SE PROLONGARÁ
  • CCOO CIFRA EN UN 95% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LOS CENTROS DE ITEVELSA
  • TAU CERÁMICA DESPIDE AL 18% DE LA PLANTILLA Y ENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES
  • EL AJUSTE DE INDRA PODRÍA AFECTAR A 1.500 EMPLEADOS EN ESPAÑA
  • UGT ARREMETE CONTRA ELA Y LAB POR DESPRECIAR EL ACUERDO DE SUBIDA SALARIAL DEL 1% PACTADO EN MADRID
  • LOS TRABAJADORES DE EMTE SERVICE DE TARRAGONA COMIENZAN UNA SEMANA DE HUELGA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL
  • IZQUIERDA UNIDA ARROPARÁ A LOS TRABAJADORES DE AIRBUS JUZGADOS POR INCIDENTES EN LA HUELGA GENERAL DE 2010
  • MADRID APUESTA POR LA LIMPIEZA A FONDO DE UN DISTRITO CADA SEMANA

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ALGUNOS DE LOS MÁS GRAVES CASOS DE REPRESIÓN SINDICAL EN ESPAÑA

La Fiscalía solicita 140 años de cárcel para miembros de los piquetes de las huelgas generales (sólo contando los casos de CC.OO. y UGT).

Decenas de afiliados y cargos sindicales han sido acusados por el Ministerio Público de delitos contra los derechos de los trabajadores en los últimos meses (por hechos sucedidos en las 2 últimas huelgas generales y alguna huelga sectorial por convenios colectivos).

Los sindicatos denuncian una «persecución» política para crear un clima de miedo a la protesta y limitar el derecho de huelga.

Son penas individuales como mínimo de 3 años de prisión, pero han llegado a los 8 años, como en el caso de los miembros del comité de empresa de AIRBUS.

Cerca de 40 causas repartidas por España en las que la Fiscalía pide varios años de cárcel a trabajadores -la mayoría afiliados a sindicatos o incluso miembros de su estructura- por participar en piquetes. Entre todos suman más de 140 años de cárcel.

Los sindicatos ven detrás de estos casos una estrategia para desprestigiar la protesta sindical, amedrentar a los trabajadores y atentar contra derechos fundamentales como el derecho de huelga.

Fuentes sindicales concretan que hay 57 procedimientos abiertos contra ellos y más de 200 imputados. La Justicia comienza a pedir y sentenciar penas de prisión por participaciones en manifestaciones y huelgas. Una situación que no se daba desde el franquismo

Algunos casos son:

Carlos Cano (licenciado en Medicina) y Carmen Bajo (Animadora Socio-Cultural) han sido condenados a 3 años de prisión por participar en un piquete organizado por el 15 M de Granada, durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Granada, que entró en una cafetería donde se discutió con la dueña por su actitud desafiante, que impedía dar la información a los trabajadores, hubo gritos y se colocaron adhesivos, y según la dueña también se hizo una pintada.

El piquete salió sólo de la cafetería sin necesidad de acción policial, quedando abierta la empresa, pero los últimos en salir, Carmen y Carlos, fueron identificados por la policía que llegaba en ese momento. Fueron imputados por la fiscalía por un delito contra el derecho de los trabajadores en jornadas de Huelga.

Serafín Rodríguez y Carlos Rivas esperan un indulto que les evite la cárcel: una jueza de Vigo les condenó en 2011 a tres años de prisión por participar en una huelga del sector del transporte, una sentencia que ratificó la Audiencia Provincial de Pontevedra. La magistrada considera que los dos trabajadores (el primero afiliado al sindicato CIG, el segundo a UGT) incurrieron en un delito contra los derechos de los trabajadores por paralizar varios camiones y lanzar objetos a los mismos.

Los dos trabajadores -que no cuentan con antecedentes de ningún tipo- pidieron un indulto, que se les denegó, y solicitaron otro a finales de enero. La jueza ordenó entonces que se paralizara su ingreso en prisión hasta que el Gobierno resolviera este último indulto, pero la Fiscalía recurrió y solicita su encarcelamiento inmediato. Serafín y Carlos cuentan con el apoyo en forma de cartas escritas y firmas de compañeros y excompañeros de trabajo, incluso de los dos camioneros cuyos vehículos fueron dañados durante la huelga, que desistieron del proceso y respaldan su indulto.

Rubén Ranz, sindicalista de UGT, le piden una condena a prisión junto a su compañero José Manuel Nogales por discutir con un camarero en un piquete informativo en la huelga general del 29 de marzo de 2012, sólo por querer dejar unos panfletos, el camarero no quería que entraran y hubo intercambio de gritos, en ese contexto fueron detenidos e imputados por un delito de atentado contra agente de la autoridad, otro de lesiones y otro contra el derecho de los trabajadores. Un total de 3 años y 7 meses de prisión para cada sindicalista.

Tamara Vidal y Ana Outerelo, dos jóvenes gallegas, profesoras de gimnasia, que trabajan para la subcontrata Servicio que se encargan de la gestión de piscinas municipales, eran condenadas a tres años y un día de cárcel por participar en un piquete durante una huelga para mejorar el convenio colectivo de su sector en el 2010. Su supuesto delito fue arrojar pintura en la piscina olímpica de Pontemuiños, hecho no probado, y forcejear con el gerente de la piscina para que el piquete entrara en las instalaciones. Además ya han pagado una multa de casi 1.200 euros por los desperfectos causados.

El juzgado de primera instancia las condenó a seis meses de cárcel y una multa, pero la Fiscalía Provincial de Pontevedra no contenta recurrió la sentencia pidiendo la pena máxima por coartar el derecho al trabajo de sus compañeros, recurso que la Audiencia Provincial estimó. Han agotado todos los recursos, sólo les queda la petición de indulto que ya está hecha. Ana está embaraza y podría dar a luz en prisión. La petición de indulto está apoyada por la Diputación Provincial y por la Empresa de las trabajadoras que al parecer no presentó denuncia y las tiene en buena estima como profesionales, recogieron más de 70.000 firmas y están a la espera de la decisión del gobierno.

También en septiembre de 2010, Koldo González, secretario general de CCOO de La Rioja y otros cuatro compañeros de organización, participaron en un piquete durante la huelga general de ese año. A día de hoy no hay sentencia firme, pero en febrero fueron juzgados tras una denuncia del propietario de la fábrica donde actuaron. La Fiscalía solicitó dos años de prisión para cada uno por un delito de coacciones, ya que algunos miembros del piquete presuntamente pararon las máquinas.

El mismo delito contra los derechos de los trabajadores le imputa la Fiscalía a Katiana Vicens, secretaria general de CCOO en Baleares, para quien el Ministerio Público solicita cuatro años y medio de cárcel. Supuestamente, Vicens rompió la luna de un autobús durante la huelga general del 29-M de 2012.

En la huelga de 2010 se registraron incidentes en la planta de Airbus de Getafe (Madrid) que desembocaron en cargas policiales, dejando varios heridos y algunos disparos al aire por parte de los agentes.

José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando y Jerónimo, ya conocidos como Los ocho de Airbus, y miembros del comité de empresa, acumulan una petición de la Fiscalía de 66 años de cárcel -ocho para cada uno- por su supuesta participación en los incidentes.

Los letrados Lillo y Baylos destacan el contexto en el que se están produciendo estas solicitudes de prisión. «Primero fueron las multas masivas a manifestantes, después la Ley de Seguridad Ciudadana y el intento de incriminar penalmente los escraches de la PAH.

Hay una clara estrategia de reforzamiento autoritario por parte del Gobierno después de la gran contestación social generada por las políticas de austeridad, y el siguientes paso es aprovechar el Código Penal para conseguir incriminar a los trabajadores, sobre todo a los dirigentes sindicales, por ejercer el derecho de huelga», expone Baylos.

Hay que remontarse al proceso 1001, cuando el franquismo juzgó a la dirección de Comisiones Obreras, para encontrar un momento en la historia de España en el que más sindicalistas se jugasen la entrada en prisión. Aquellas condenas del Tribunal de Orden Público en 1973 fueron muy duras, pero poco después el Tribunal Supremo de la dictadura las rebajó: seis años de cárcel para Marcelino Camacho; cinco para Nicolás Sartorius.

Hoy la Fiscalía pide ocho años contra los sindicalistas de Airbus que participaron en un piquete durante una huelga general.

En mayo del 2009, el dueño de una panificadora abandonó cerca de un hospital a un trabajador sin contrato y sin papeles que había perdido un brazo en una máquina de amasar; el patrón escondió el brazo en la basura para borrar pruebas, por lo que no se pudo reimplantar.

La sentencia acaba de llegar: un año y un día por contratación ilegal y otros 11 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores -más 130.242 euros de indemnización, que pagó el seguro-.

En total, menos de dos años, por lo que los dos dueños de la panificadora no entrarán en prisión. Al parecer, lanzar pintura en una piscina es un delito de una gravedad mayor que tirar a la basura el brazo de un trabajador.

LOS TRABAJADORES DE ELCOGAS PROTESTAN ANTE INDUSTRIA CONTRA EL CIERRE DE LA EMPRESA

Madrid (Europa Press)

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Los trabajadores de Elcogás se han manifestado en Madrid en protesta por la amenaza de cierre de su empresa el próximo 1 de agosto, según ha informado FITAG-UGT en un comunicado.

El recorrido ha arrancado a las 11:30 horas desde el estadio Santiago Bernabeu bajo el lema de ‘Elcogás no se cierra’. La marcha ha recorrido el Paseo de la Castellana para acabar en una concentración ante el Ministerio de Industria, Turismo y Energía.

Una vez allí, el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, y el secretario del sector energético de FITAG-UGT, Manuel Espinosa, junto con dos representantes de CC.OO. de Industria, se han reunido con el jefe de gabinete del secretario de Estado de Energía, al que han hecho entrega de una carta dirigida al mismo, Alberto Nadal.

En este documento, las organizaciones sindicales exigen que no se abandone el diálogo iniciado en septiembre de 2014 para que Elcogás mantenga su actividad industrial y no pierda ningún empleo de los que actualmente mantiene este complejo.

Así, entre las soluciones propuestas los sindicatos destacan la inclusión de la instalación de Elcogás en el Régimen Retributivo Específico previsto por la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico (LSE) y su normativa de desarrollo (Real Decreto 413/2014). En este sentido, consideran que esta solución dotaría de estabilidad a la compañía y tiene un perfecto encuadre en el marco regulatorio surgido tras la reforma del sector.

De forma paralela se está desarrollando una huelga de 24 horas en la central térmica, que comenzó a las 22:00 horas y finalizará al día siguiente a la misma hora.

ALSTOM ACABARÁ CON EL ERTE DE SANTA PERPÈTUA EN OCTUBRE

Barcelona

El presidente en España afirma que volverán a contratar este año si se adjudican algún nuevo proyecto internacional

Alstom España concluirá con las medidas de flexibilidad de la planta de Santa Perpètua de Mogoda que afectan a la totalidad de la plantilla en octubre cuando la empresa tenga en marcha todos los proyectos internacionales que le han sido concedidos.

Antonio Moreno, presidente del grupo en España ha explicado en rueda de prensa que en el tercer trimestre de este año puede acabar el expediente temporal de empleo (ERTE) que afecta a la totalidad de la plantilla durante 24 meses y con un máximo del 70% del tiempo de trabajo. «Es posible que a finales de este mismo año podamos volver a contratar», ha comentado.

Para ello, tan solo hace falta que la compañía de transporte ferroviario se adjudique alguno de los proyectos internacionales por los que ha licitado, entre los que se encuentran el Metro de Panamá y el de Lima, el tren de cercanías de Melipilla (Chile), el tranvía de Lieja y más trenes para el Metro de Londres.

Además la compañía se ha adjudicados otros proyectos internacionales en Santo Domingo, México, Catar, Argelia y Australia, cuya carga de trabajo para la planta de Santa Perpètua permitirá acabar con las medidas de flexibilidad laboral y reducción de costes.

EL 28 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRARÁ EL JUICIO DE LOS ENCAUSADOS POR PARTICIPAR EN LA HUELGA GENERAL DEL 14-N EN XIXON

(MES 1 DE LA ERA MORDAZA)

El próximo 28 de setiembre de 2015, serán juzgados 6 trabajadores por su participación en los piquetes informativos de la huelga general del 14-N, con una petición conjunta de más de 12 años de prisión.

Durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, la UIP (los antidisturbios) cargaba sin ninguna justificación sobre un piquete informativo e invadían la Casa Sindical de Xixón, de forma absolutamente ilegal, dejando a varias personas heridas, que tuvieron que ser atendidas por unidades móviles del SAMU.

Cuatro personas fueron detenidas y otras dos, imputadas. Su delito no fue otro que participar en una huelga general para los derechos más básicos: trabajo, alimentos, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales… En definitiva, lo mínimo necesario para llevar una vida digna.

Estas detenciones provocaron que miles de trabajadores y trabajadoras rodearan la comisaría de Xixón durante varias horas, hasta su puesta en libertad.

Como consecuencia de todo ello, ahora, seis personas se enfrentan a juicios con peticiones fiscales que, en conjunto, superan los 12 años de prisión.

Sin embargo, ni una sola de las denuncias interpuestas por las personas agredidas por la policía, fue siquiera admitida a trámite, a pesar de que los partes médicos destacaban la gravedad de las lesiones que, en algún caso, requirieron de intervención quirúrgica.

Pero no es el único caso.

Otros 5 trabajadores de Arcelor, están condenados a prisión (pendientes de recurso ante la Audiencia Provincial) por su participación en los piquetes informativos de la huelga general del 29-M de 2012.

En el conjunto del Estado español, son centenares los trabajadores y trabajadoras condenadas o encarceladas por participar en las diferentes convocatorias de huelga realizadas durante estos años.

Aquí, en Asturies, es necesario recordar que en la actualidad existen peticiones de cárcel importantes.

Además de las peticiones de prisión para los encausados en el 14-N, los 5 mineros de Zarréu se encuentran condenados a prisión por socorrer a varios compañeros accidentados y, solamente desde ¡Asturies en Pie!, se defiende la causa de numerosos personas que, por su participación en las movilizaciones laborales y sociales, acumulan peticiones fiscales que, en conjunto, pueden superar los 50 años de prisión.

En el conjunto de Asturies, estamos hablando de decenas y decenas de personas encausadas, que podrían acumular una petición fiscal de más de 300 años de prisión, que ponen en juego no solamente los derechos básicos que se defienden, sino el propio derecho a la protesta, el derecho a la huelga y el derecho a participar en piquetes informativos.

Por todo ello, desde Asturies en Pie, anunciamos el inicio de una campaña por la absolución de los encausados en el 14-N, que culminará con dos movilizaciones:

– El 24 de septiembre: manifestación en Xixón por la absolución de todas las personas encausadas en el 14-N

28 de septiembre: concentración de apoyo en los Juzgados de Xixón, coincidiendo con la celebración del juicio.

VUELING Y EL SEPLA HACEN LAS PACES, TRAS REVOCAR DESPIDOS Y SANCIONES A PILOTOS

Normalización de relaciones

La delegación del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) en Vueling y la dirección de la aerolínea han alcanzado un acuerdo mediante el cual normalizan las relaciones entre ambas partes y establecen los puntos de acuerdo sobre diversas materias pendientes entre la compañía y sus pilotos, comenzando por revocar el despido y las sanciones aplicadas a tres tripulantes técnicos y acordarán normas de tratamiento de «la información confidencial que la compañía facilite a la Sección Sindical; según anuncian en un comunicado conjunto.

«Lamentando el conflicto generado en relación con la información facilitada a Sepla por la compañía, y en aras de restablecer el normal funcionamiento de la relación entre las partes que favorezca la solución negociada de los problemas del colectivo y la empresa», la dirección de Vueling y los representantes sindicales de los pilotos han firmado un acuerdo en los siguientes términos:

Se ha acordado la revocación de los despidos y la sanción aplicados a tres trabajadores, así como la negociación de un reglamento de tratamiento de la información confidencial que la compañía facilite a la Sección Sindical.

Se ha acordado el texto de subsanación del convenio colectivo.

Se ha adquirido el compromiso de constituir la comisión de interpretación del convenio para tratar los temas pendientes.

Se ha adquirido el compromiso de negociar y acordar en el plazo de 15 días las condiciones que deben regular la apertura de bases de la compañía en el extranjero.

Hace poco más de dos semanas, Vueling despidió a dos miembros de la sección sindical y había sancionado al jefe de la delegación suspendiéndole empleo y sueldo durante dos meses, «en una medida sin precedentes en la aviación española», según consideró el sindicato en ese momento.

LOS CONTROLADORES AÉREOS CONVOCAN NUEVAS JORNADAS DE HUELGA EN JULIO

Los paros tendrán lugar los fines de semana del 11 al 12 y del 25 al 26 de julio ante «la falta de voluntad» de Enaire para llegar a un acuerdo sobre las sanciones por el cierre del espacio aéreo en 2010.

Los controladores aéreos harán cuatro nuevas jornadas de paros parciales los próximos fines de semana del 11 al 12 y del 25 al 26 de julio ante «la falta de voluntad» de Enaire para llegar a un acuerdo sobre el archivo de las sanciones impuestas a 61 compañeros de Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010.

Asimismo, los controladores reclaman a la empresa gestora de navegación aérea en España la readmisión de un controlador despedido en Santiago de Compostela por los mismos acontecimiento de hace casi cinco años.

Los paros tendrán lugar entre las 10.00 y las 13.00 horas de los días 11 y 25 de julio y entre las 17.00 y las 20.00 horas del 12 y 26 de julio, ha informado la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), convocante de estas nuevas movilizaciones, tras cuatro jornadas de huelga en junio.

Los controladores aéreos realizaron paros parciales los días 8, 10, 12 y 14 de junio que prácticamente no tuvieron impacto alguno en la actividad aérea en España, según detalla Efe.

Los controladores aéreos realizaron paros parciales los días 8, 10, 12 y 14 de junio que prácticamente no tuvieron impacto alguno en la actividad aérea

El Ministerio de Fomento declaró unos servicios mínimos del 70%, pero USCA explica que, la forma en que se distribuyeron, supuso que los asignados a los trabajadores que prestaban servicio efectivo de control aéreo fueran, en realidad, del 99%.

Al considerar vulnerado el derecho fundamental de los controladores a la huelga, USCA impugnó ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la resolución del presidente de Enaire y secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, en la que se imponían esos servicios mínimos.

Según USCA y pese a las afirmaciones realizadas por la titular de Fomento, Ana Pastor, en las jornadas previas a los paros de junio «resultó evidente la ausencia de verdadera voluntad de diálogo por parte del ente público. Este hecho hizo imposible un acuerdo que permitiera desconvocarlos».

El sindicato ha reiterado su disposición a seguir negociando durante los próximos días para poder llegar a una solución que permita dejar sin efecto los paros ahora convocados.

A tal fin, USCA solicitará la participación directa de Fomento en el proceso de diálogo que se pretende abrir con la convocatoria de los paros, «dado que ningún representante político con capacidad para suscribir acuerdos participó en las reuniones mantenidas con la representación sindical en la anterior convocatoria».

CC.OO. TEME PRIMEROS DESPIDOS EN ITEVELESA TRAS CONFLICTO QUE SE PROLONGARÁ

Valladolid (EFE)

CC.OO. teme que la empresa Itevelesa presente una lista con los primeros despidos después de un conflicto en la negociación del convenio colectivo que empezó en mayo pasado y que se prolongará a julio y agosto.

Según ha informado este sindicato, está convocada una nueva reunión en Salamanca entre el comité intercentros y la dirección de Itevelesa en la que probablemente la empresa presente la primera lista de despedidos.

El portavoz del comité intercentros, Raúl Lucas, ha indicado: «Es muy posible que en este encuentro la empresa nos presente la primera lista de despedidos, con lo que el conflicto se agravará aún más de lo que ya está».

El 95 por ciento de los empleados de Itevelesa, la principal concesionaria de las inspecciones técnicas de vehículos en Castilla y León, ha secundado la huelga convocada por el comité intercentros para presionar en las negociaciones del convenio colectivo.

Ante la falta de acuerdo en las negociaciones, el comité intercentros, según ha anunciado en un comunicado, aumentará la intensidad de las movilizaciones dando cumplimiento a lo acordado en la asamblea de trabajadores del pasado día 22.

Después de las movilizaciones en mayo y junio, el comité intercentros ha acordado una tercera fase de movilizaciones durante los meses de julio y agosto.

Para los trabajadores de las estaciones fijas de apertura discontinua y de las unidades móviles agrícolas y de ciclomotores, se mantienen dos días de huelga completos por semana.

Las movilizaciones en los centros de inspección restantes serán paros parciales de unas tres horas, de lunes a sábado, cuyo personal retrasará su entrada en los turnos correspondientes.

También habrá paros los sábados, que comenzarán a las 11,00 horas hasta la finalización de la jornada.

CCOO CIFRA EN UN 95% EL SEGUIMIENTO DE LA HUELGA EN LOS CENTROS DE ITEVELSA

Europa Press

Los trabajadores de las ITV se han concentrado una vez más delante de las subdelegaciones del Gobierno de la Comunidad

CCOO ha cifrado en un 95% el seguimiento de la huelga convocada en los centros de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que administra la empresa Itevelesa en Castilla y León.

Asimismo, los trabajadores de las ITV se han concentrado una vez más delante de las subdelegaciones del Gobierno de la Comunidad.

En un comunicado remitido a Europa Press, CCOO ha informado de que la empresa ha convocado al Comité Intercentros a una reunión en Salamanca donde espera que se presenten los primeros despidos.

Se trata de la jornada número 17 y con ella se da por terminada esta segunda fase de movilizaciones. Las acciones reivindicativas de estas personas seguirán adelante durante los próximos meses de julio y agosto.

Por otro lado, la cita dará comienzo a las 11.00 horas en la ITV de Carbajosa de la Sagrada, sita en el polígono industrial de los Montalvos.

Asimismo, a partir de julio se aumentará la intensidad de las movilizaciones con objeto de seguir dando cumplimiento a lo acordado en la asamblea de trabajadores y trabajadoras celebrada el pasado 22 de junio en Valladolid.

TAU CERÁMICA DESPIDE AL 18% DE LA PLANTILLA Y ENTRA EN CONCURSO DE ACREEDORES

Valencia

La azulejera sigue en busca de un inversor que asuma su elevada deuda tras la frustrada venta a Tensile, el fondo que compró Keraben

TAU Cerámica ha despedido a más del 18% de sus empleados. La medida es fruto de un ERE aplicado por la mercantil que se ha saldado con la marcha de 34 personas, lo que reduce la plantilla a 150 trabajadores entre personal de fábrica, comerciales y administrativos.

El ajuste se produce justo cuando la sociedad ha entrado formalmente en concurso de acreedores, circunstancia a la que se vio abocada tras frustrarse la venta de la empresa castellonense al fondo americano Tensile Capital Management, que es propietario de la azulejera Keraben desde el mes de enero.

La multinacional congela los salarios hasta 2018 y paga a los despedidos 26 días por año trabajado

Así lo trasladan fuentes sindicales. Los planes de la empresa pasaban por acometer 72 despidos mediante el ERE, pero fruto de la negociación con el comité de empresa la cifra se ha reducido a más de la mitad.

No obstante, la reducción de los despidos trae consigo otras medidas en perjuicio de los empleados, tales como la congelación de los salarios hasta enero de 2018 o la flexibilización en el abono de las pagas extra de los trabajadores en un total de doce mensualidades.

El acuerdo con los empleados contempla el pago de 26 días por año trabajado con un máximo de 14 de antigüedad, unas cifras consideradas positivas dado que habrían sido menos favorables de haberse producido los despidos en el marco del concurso de acreedores. «Ha habido muchas salidas voluntarias y se ha recurrido a convenios especiales con trabajadores de más de 55 años de edad», cuentan.

Pese a que el resultado del ERE se considera un mal menor en función de las circunstancias, los sindicatos lamentan el drástico declive que ha vivido la compañía, que llegó a contar con 1.200 trabajadores.

El ERE deja a la mercantil con 150 trabajadores, cifra muy lejana de los 1.200 que alcanzó antes de la crisis

Según añaden las mismas fuentes, la mercantil ha optado finalmente por refugiarse en el concurso de acreedores para poder seguir operando, puesto que pesa sobre ella una elevada deuda. De este modo, la sociedad se centra ahora en hacer frente a los costes de su actividad diaria, de la que asegura que sigue «con normalidad». «Pese a los despidos no ha bajado el ritmo.

La carga de trabajo se mantiene y la empresa funciona sin contratiempos. El problema era la deuda, que estaba asfixiando a la compañía», aseguran. Como informó este diario, el pasivo financiero de TAU cerámica roza los 50 millones de euros.

La estrategia para sacar adelante la empresa sigue siendo la misma: venderla a un inversor dispuesto a sanearla.

El principal reclamo de la firma es su marca, reconocida a nivel internacional; así como la reforzada viabilidad de su producción, que se mantiene tras reducir de forma significativa los costes laborales. No obstante, el primer gran intento de traspasar la propiedad de TAU Cerámica quedó en agua de borrajas.

EL AJUSTE DE INDRA PODRÍA AFECTAR A 1.500 EMPLEADOS EN ESPAÑA

Madrid (Reuters)

Indra realizará un ajuste que podría afectar a 1.500 empleados en España, de los 21.746 del país. Serían despedidos.

La multinacional de tecnologías de la información Indra está ultimando un ajuste en España que podría afectar a unos 1.500 personas, es decir cerca del 7 por ciento de su plantilla doméstica, según una fuente sindical.

«No hubo todavía ningún anuncio oficial, pero esa es la cifra que nos ha llegado a través de distintos canales», dijo la fuente sindical.

Un portavoz de Indra no quiso hacer comentarios al respecto. La compañía ya anunció en su junta de accionistas que prepara un expediente de regulación de empleo en España.

«Vamos a presentar las cifras en la comisión negociadora que se constituirá con los sindicatos», dijo el portavoz.

El reajuste afectaría al 7% de su plantilla en España

A finales de marzo, Indra tenía 39.155 empleados en el mundo, de los cuales 21.746 correspondían a España.

En la misma junta, el presidente del grupo Indra, Fernando Abril-Martorell, ya adelantó que Indra está recortando 1.000 empleos en los próximos meses en Latinoamérica.

El ejecutivo dijo en esa ocasión que el grupo tendría que ser más selectivo a la hora de elegir proyectos tras perder el año pasado 92 millones de euros sobre unas ventas planas de 2.900 millones.

«Al gobierno no le gustarán recortes de empleo en un año electoral», dijo un analista.

UGT ARREMETE CONTRA ELA Y LAB POR DESPRECIAR EL ACUERDO DE SUBIDA SALARIAL DEL 1% PACTADO EN MADRID

Bilbao

Aseguran que el acuerdo va en contra de la reforma laboral

Advierten de que hay casi 400.000 trabajadores que carecen de convenios actualizados

UGT ha arremetido contra ELA y LAB por despreciar el acuerdo que este sindicato y CCOO ha suscrito con la CEOE para fijar los incrementos salariales por encima del 1%.

Especialmente contra ELA, que ni siquiera acudirá a la reunión sobre negociación colectiva que las centrales vascas mantendrán con la patronal vasca Confebask.

El secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, se ha mostrado muy crítico con los sindicatos nacionalistas, que desde el primer momento han rechazado trasladar a Eukadi el acuerdo estatal y ha recordado que en estos momentos hay 400.000 trabajadores que no tienen los convenios en vigencia, bien porque están decaídos o porque están sin renovar.

Arza ha señalado que, pese a las críticas de sindicatos como ELA, que apuestan por convenios de empresa y no por los sectoriales, las subidas salariales que se están pactando en Euskadi están por debajo del 0,87%, por lo que el acuerdo con incrementos mínimos del 1% sería perfectamente trasladable a Euskadi y muy beneficioso para los trabajadores vascos. «Por eso no entendemos por qué tal alegremente se dice que no se acudirá a una reunión», ha indicado Arza.

El responsable de UGT Euskadi ha puesto sobre la mesa que cada vez hay más trabajadores sin convenio y con contratos precarios. De hecho, ha señalado que en el mes de mayo sólo 6 de cada 100 contratos fueron indefinidos. Y de los 322.000 contratos que se realizaron hasta el mes de mayo en lo que va de año, sólo 25.000 fueron indefinidos. «Es decir, menos de 8 de cada 100″, ha afirmado.

Arza ha hecho hincapié en que 9 de cada 10 de los contratos que se firman son de Obra o Servicio, y el 80% de ellos dura menos de 3 meses. “Hay que atajar ese encadenamiento injustificado de contratos temporales para un puesto de trabajo de carácter fijo», ha indicado.

En este sentido, ha reiterado que los sindicatos deben trabajar para que se ponga en valor de nuevo el convenio colectivo, porque cada vez hay más trabajadores que se quedan sin convenio y empiezan a depender convenio de ámbito estatal, » con muchas peores condiciones», por la negativa de ELA a firmar convenios sectoriales. «Nos vanagloriábamos de muestra situación laboral en Euskadi y por el egoísmo de algunos estamos perdiendo lo que era nuestra seña de identidad», ha señalado.

UGT ha celebrado en Bilbao un encuentro de delegados relacionados con la negociación colectiva al que ha asistido Toni Ferrer, responsable de Acción Sindical de sindicato a nivel estatal.

Ferrer ha señalado que «si el acuerdo es bueno para el Estado también es bueno para Euskadi» y ha puesto en valor el hecho de que suponga en muchos aspectos una contraposición a la reforma laboral.

«Es un acuerdo que apuesta por un sistema de Relaciones Laborales basado en el diálogo» y «no por decretos leyes como pretende la reforma laboral». «Es decir, que en esto como en otros muchos aspectos va en contra de lo que quiere la reforma laboral», ha indicado Ferrer.

Además, ha destacado que el tema de los salarios «en un escenario de deflación», se consigue que los incrementos salariales se coloquen por encima del IPC.

También ha destacado el hecho de que el acuerdo firmado por UGT y CC.OO. con la CEOE introduce el factor de la «flexibilidad pactada y acompañada de seguridad para los trabajadores».

«Por lo tanto, el acuerdo fortalece la negociación colectiva», ha señalado el responsable de Acción Sindical

LOS TRABAJADORES DE EMTE SERVICE DE TARRAGONA COMIENZAN UNA SEMANA DE HUELGA CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL

Tarragona (ACN)

Denuncian que la empresa les quiere aplicar recortes salariales y sociales «muy graves»

Ha comenzado la huelga de una semana convocada por los trabajadores de la empresa EMTE Service de Tarragona.

Un paro que han acordado ante la aplicación de un expediente laboral (Expediente de Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo) que, aseguraron, cambiaría sus condiciones salariales y sociales.

Unos recortes que han calificado de «muy graves» y que afectan, explicaron, a más de 70 familias. «La empresa no nos ha dejado alternativa», dijo a la ACN Manuel Vidal, delegado de la CGT en la empresa.

Para hacer visible la queja también han organizado una concentración frente al Ayuntamiento de Tarragona para el jueves, 2 de julio, a las seis y media de la tarde.

«Nos han atacado a través de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo» sentenció Vidal, por lo que, expuso, han convocado la huelga.

Así, las nuevas condiciones supondrían 200 euros de reducción del salario de los trabajadores, además de recortes en medidas sociales o la anulación de una tabla de horas extras. «Quieren trabajadores de un solo uso», espetó el delegado sindical.

Es «inaceptable», manifestó, que una empresa que ha aumentado exponencialmente su cifra de negocio y que prevé un aumento del beneficio para el 2015 de tres millones de euros «pueda tratar así a 70 familias». A pesar de ello, se ha mostrado dispuesto a desconvocar la huelga si se retira el expediente laboral.

De hecho, esperaban representación de la empresa en el piquete que se ha montado en la sede de EMTE Service en Tarragona, en el polígono industrial de Constantí, pero «no se han presentado», lamentó Vidal. En este sentido, también ha denunciado que la empresa ha coaccionado a trabajadores para que no secundaran la huelga.

EMTE Service presta servicios de mantenimiento eléctrico en la Universitat Rovira i Virgili (URV), en el Puerto de Tarragona, en el Consorcio de Aguas de Tarragona, en la nueva prisión de El Catllar o al mismo Ayuntamiento de la ciudad -en este último caso a través de una UTE-.

En referencia al consistorio, Manuel Vidal pidió su implicación. «Entendemos que un ayuntamiento de izquierdas como el de Tarragona no debe permitir tener privatizado un sector donde los trabajadores estén en precario», ha declarado, y ha propuesto una «remunicipalización, para que los trabajadores no se queden sin trabajo pero tampoco indefensos», concluyó.

Precisamente, el jueves los trabajadores se concentrarán ante el Ayuntamiento de Tarragona, a las seis y media de la tarde, para hacer visible su situación. Según Vidal, tienen el apoyo de ICV, Podemos, las CUP y compañeros de otras empresas del territorio.

IZQUIERDA UNIDA ARROPARÁ A LOS TRABAJADORES DE AIRBUS JUZGADOS POR INCIDENTES EN LA HUELGA GENERAL DE 2010

Izquierda Unida arropará a los ocho trabajadores de Airbus a los que ese día se comenzará a juzgar por los incidentes ocurridos a las puertas de la factoría de Getafe durante la huelga general de 2010.

En rueda de prensa, el coordinador federal de la coalición, Cayo Lara, expresó su solidaridad con los ocho trabajadores, para cada uno de los cuales la Fiscalía pide ocho años y tres meses de prisión.

Se les acusa de protagonizar un piquete informativo con el que se obstruyó el derecho a trabajar de sus compañeros, y Lara comentó que ojalá desde las instituciones se defendiera con el mismo ahínco el derecho a trabajar de los más de cinco millones de personas que siguen sin poder hacerlo.

Considera que esa petición de cárcel es “un ataque” al derecho a la huelga y a informar de los motivos por los que se ejerce ese derecho.

Negó “credibilidad” a los argumentos de la Fiscalía y denunció que el sistema no quiere trabajadores dignos que defiendan sus derechos ante los intentos de “expoliarlos”, sino “corderos” atemorizados.

MADRID APUESTA POR LA LIMPIEZA A FONDO DE UN DISTRITO CADA SEMANA

El Gobierno municipal negocia con las concesionarias para tener 2.500 barrenderos más en las calles

Madrid está sucia, y para remediarlo el Ayuntamiento quiere cambiar el sistema de trabajo de las empresas que deben mantenerlo limpio. El método del PP consistía en exigir un nivel mínimo de limpieza e imponer multas si no se alcanzaba.

La alcaldesa, Manuela Carmena, ofrecerá a las empresas modificar ese sistema de control, pero les pedirá a cambio que cancelen el recorte temporal de empleo que mantiene fuera de las calles a 2.500 empleados, un tercio de su plantilla. Además, Carmena quiere que las empresas hagan limpieza a fondo de un distrito cada sábado, para luego concienciar a los ciudadanos a que ayuden a conservarlo así.

Que Madrid está sucio es algo en lo que coinciden todos los partidos en el Ayuntamiento. Incluido el Partido Popular, liderado por Esperanza Aguirre, que gobernó la ciudad en los últimos 24 años.

Pero ¿cómo remediar ese problema si la limpieza está en manos de empresas mediante contratos blindados por una década? “Los contratos no funcionan bien pero están en marcha”, admitió la portavoz municipal, Rita Maestre: “Todos los cambios habrá que hacerlos con diálogo entre las partes y respeto a la ley”.

En primavera de 2013, la anterior alcaldesa, Ana Botella (PP), acumuló 39 servicios públicos en un solo contrato integral, que cubriera desde la limpieza de las calles al cuidado de los parques. Lo licitó por 2.317 millones de euros (un 10% menos del coste hasta entonces) y 10 años. La competencia entre empresas rebajó aún más el precio, hasta 1.944 millones, lo que supuso un ahorro total del 23,7% para las arcas locales.

Además de ese recorte en el coste del servicio, el nuevo contrato incluyó un cambio de modelo: el Ayuntamiento ya no exige una plantilla mínima de trabajadores para mantener limpia la ciudad, sino que controla el resultado a través de 68 indicadores (que no haya pintadas en las paredes, que las papeleras no rebosen, que las calles se baldeen cada noche).

Si los inspectores municipales detectan que las empresas no alcanzan el nivel de calidad adecuado, les descuentan una parte del pago mensual comprometido. Así, en 2014 las penalizaciones promediaron un 5,2% del pago acordado. La rebaja máxima prevista en el contrato es del 20%. Ese descuento supuso un millón menos al mes para las concesionarias.

Este cambio de sistema en los contratos tuvo otra consecuencia: como el Ayuntamiento ya no exige una plantilla mínima, tres de las empresas (OHL, Sacyr, FCC) aprobaron un expediente de regulación de empleo (ERE) nada más entrar en vigor los contratos, en agosto de 2013. Pretendían echar al 15% de la plantilla (1.134 trabajadores), pero una huelga de 13 días logró frenar los despidos.

Se pactó a cambio un ERTE, que según CC.OO. mantiene fuera de servicio a 2.536 empleados sobre una plantilla total de 7.523 personas. En concreto, 1.903 trabajadores en el servicio de limpieza viaria y otros 633 en jardinería (de los que 290 se ocupan del arbolado). Con ese recorte de empleo, las empresas se ahorran en sueldos 15 millones al año, según el sindicato. Pero claro, con un tercio menos de trabajadores en las calles, el servicio se deteriora.

La única forma de evitarlo que tiene el Ayuntamiento es sancionar a las empresas por no alcanzar el nivel mínimo de calidad, restando hasta un 20% del dinero que debe pagarles cada mes por el servicio. Pero las penalizaciones impuestas hasta ahora por el Ayuntamiento apenas superan el 5%, y suponen en todo caso una cantidad inferior al ahorro que obtienen las empresas con el ERTE.

En resumen: les sale a cuenta no tener suficientes empleados para hacer bien su trabajo, y pagar la sanción correspondiente.

El nuevo gobierno municipal de Manuela Carmena quiere acabar con el ERTE y con las multas.

Inicia una ronda de conversaciones con las empresas y los sindicatos con el objetivo de devolver a las calles a todos los empleados afectados por el expediente temporal de regulación de empleo. A cambio, el Ayuntamiento está dispuesto a modificar el sistema de control por incumplimiento de los indicadores de calidad, porque está convencido de que se ha demostrado ineficaz. De hecho, está dispuesto incluso a sacar a la calle a los responsables de las empresas para mostrarles que el sistema no funciona bien y hay que cambiarlo.

El área de Medio Ambiente, que dirige Inés Sabanés, planea otras medidas de control alternativo, como completar la instalación de localizadores GPS en todos los camiones del servicio de limpieza para controlar en todo momento dónde están. Y quiere implicar además a los ciudadanos para que mantengan limpia Madrid, mediante campañas de concienciación, pero no sólo.

El Ayuntamiento quiere pedir un esfuerzo excepcional a las empresas: una campaña especial de limpieza a la semana, dedicando un contingente extraordinario cada sábado a un distrito diferente para dejarlo limpio como la patena. Con 21 distritos, tocaría dos o tres veces al año a cada uno. De forma que luego se pueda mostrar a los ciudadanos el resultado y pedir su implicación para mantenerlo.

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