Publicado en: 19 octubre, 2015

Boletín de Luchas Obreras (19 de Octubre de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE:

  • SUSPENDIDA LA HUELGA DEL TRANSPORTE URBANO DE PONFERRADA (TUP) TRAS EL ABONO DE LAS NÓMINAS PENDIENTES
  • PAROS PARCIALES EN CERCANÍAS DE MADRID POR UNA NUEVA HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS
  • CASTELLÓN AUTOMOTIVE S. A. (CSA) PLANTEA DESPEDIR A LA MITAD DE SU PLANTILLA PARA EVITAR EL CIERRE
  • TRABAJADORES DEL HOTEL DEL CIOMIJAS CONVOCAN HUELGA Y PIDEN LA RETIRADA DEL ERE PRESENTADO
  • INECO RECORTA UNO DE CADA CUATRO EMPLEOS EN LA CRISIS
  • EL ALCALDE DE CARTAGENA, JOSÉ LÓPEZ (MC) APOYA LAS REIVINDICACIONES DE LOS PREJUBILADOS DE IZAR EN 2005
  • DENUNCIAN QUE CARGILL-MARTORELL COMUNICA DESPIDOS POR TELÉFONO
  • IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA LOS DESPIDOS EN LIMPIEZAS DEL SUR Y EN TORRAS PAPEL
  • EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA READMITIRÁ A LOS TRABAJADORES QUE FUERON DESPEDIDOS POR EL ANTERIOR GOBIERNO
  • KONECTA DEJA EN LA CALLE A UNA TREINTENA DE OPERARIOS QUE TIENE SUBCONTRATADOS
  • LA SECCIÓN SINDICAL DE TG7 CRITICA QUE LA COMISIÓN NO HA CONTADO “CON LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES”
  • LOS AUTOBUSES DE BARCELONA HACEN HUELGA PARCIAL

UN 90 % DE LOS TRABAJADORES SECUNDA LA HUELGA EN LA SANIDAD PÚBLICA DE VIGO

  • EL SUPREMO DECLARA AJUSTADO A DERECHO EL ERE DE TRAGSA
  • TRABAJADORES DE SCHOTT SOLAR PIDEN A LA EMPRESA QUE BAJE EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE
  • LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL CIFRA EN 2,14 MILLONES EL DÉFICIT PATRIMONIAL DE HULLERA VASCO-LEONESA
  • LA PLANTILLA DE ELCOGAS PROTESTARÁ ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

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SUSPENDIDA LA HUELGA DEL TRANSPORTE URBANO DE PONFERRADA (TUP) TRAS EL ABONO DE LAS NÓMINAS PENDIENTES

La concesionaria les ha pagado después de recibir desde la Secretaría del Ayuntamiento de Ponferrada el certificado de la Comisión de Hacienda en el que aprobó el pago de parte de la deuda municipal, por importe de 1,3 millones

Los trabajadores del Transporte Urbano de Ponferrada (TUP) han acordado suspender la huelga que estaba prevista, después de que la empresa concesionaria del servicio, Aupsa-Begar, ingresara las nóminas que se les debían, correspondientes a agosto y septiembre, según ha avanzado Antonio López, responsable comarcal de Transportes de CCOO. López ha hecho estas declaraciones al término de la reunión a tres bandas -la segunda- entre los trabajadores, la concesionaria y el Servicio de Relaciones Laborales (Serla) que ha tenido lugar.

La concesionaria ha procedido a pagar las nóminas adeudadas a los 31 trabajadores del servicio después de recibir de la Secretaría del Ayuntamiento de Ponferrada el certificado de la Comisión de Hacienda en el que aprobó el pago de parte de la deuda, por importe de 1,4 millones.

Suspendida pero no desconvocada

No obstante, el responsable del sindicato matiza que la huelga se suspende pero no se desconvoca, pues está última decisión queda supeditada a que efectivamente se apruebe en el pleno del 23 de octubre el pago de estos 1,4 millones comprometidos previamente en la Comisión de Hacienda.

La deuda del Ayuntamiento con el TUP corresponde al déficit de explotación de 2014, no reconocido durante el anterior mandato y su importe global es de 3,2 millones. De esta manera, el Consistorio, una vez desembolsados efectivamente los 1,4 millones previstos inicialmente, todavía adeudaría a la concesionaria 1,8 millones de euros.

PAROS PARCIALES EN CERCANÍAS DE MADRID POR UNA NUEVA HUELGA CONVOCADA POR LOS SINDICATOS

Comienzan los paros parciales en el puesto de mando de Chamartín que afectarán a toda la red de Cercanías de la Comunidad de Madrid. La huelga tendrá lugar en todos los turnos todos los martes del mes de octubre de 0 a 4 horas; de 7 a 11 horas y de 19 a 23 horas, según han informado los sindicatos CCOO y UGT.

La huelga es fruto de la “la intransigencia de la empresa”, aseguran ambos sindicatos en un comunicado en el que explican que desde el Puesto de Mando de Chamartín se controla la circulación de todos los trenes de Cercanías de Madrid.

Los paros se producen después de 15 meses en los que ADIF no ha conseguido resolver por completo los procesos de traslados del personal ya solicitados y concedidos. “Algo contra la norma y contra la estabilidad en el empleo de las personas afectadas”, asegura CCOO en su comunicado en el que advierte que la empresa se niega a negociar con la Representación de los Trabajadores los gráficos de servicio para organizar los turnos de trabajo correspondientes. “Todo ello causando graves perjuicios a los trabajadores afectados”.

“Ante la intransigencia de la empresa”, CCOO y UGT han decidido convocar estos paros en el centro de control. De este modo se pretende presionar a ADIF para que cumpla con su obligación de encauzar sus propios compromisos y dar salida a la problemática acarreada a los trabajadores afectados.

CASTELLÓN AUTOMOTIVE S. A. (CSA) PLANTEA DESPEDIR A LA MITAD DE SU PLANTILLA PARA EVITAR EL CIERRE

Barcelona

El grupo concreta en 107 el número de trabajadores a despedir para no cerrar tres filiales

El grupo de fabricación de componentes para coches Castellón Automotive S. A. (CSA) concretó el número de personas que quiere despedir a cambio de no cerrar sus tres filiales en Cataluña: 107 de los 213 trabajadores de sus centros en Ripollet, según informó la dirección al comité de empresa.

La reunión acabó sin acuerdo, después de que el comité exigiera datos que justifiquen la reducción de personal. La empresa se ha comprometido a presentarlos.

Los empleados sospechan que la intención de la compañía es adelgazar las plantillas de CSA Windows Regulator, CSA Automotive y CSA Kluster para “venderlas al mejor postor”, según fuentes del comité de empresa. Entre los posibles compradores estaría la japonesa Hi-Lex, según estas fuentes.

El grupo aún no ha planteado de forma oficial un expediente de regulación de empleo (ERE) para este centenar de despidos pero advirtió a los trabajadores que estos deben realizarse antes de que acabe el año. La dirección ha ofrecido 25 días por año con un tope de 12 mensualidades, una propuesta que ha sido rechazada por el comité.

CSA anunció a mediados de septiembre que plantearía un ERE para despedir a todos los trabajadores de CSA Windows Regulator y CSA Automotive en Ripollet, donde produce elevalunas para ventanas y cables, respectivamente.

Dos semanas después, la dirección dio un paso atrás y renunció a cerrar la planta que alberga a ambas compañías a cambio de recortar personal. La reducción se aplicará también en CSA Kluster, otra pequeña empresa del grupo que emplea a una docena de personas.

Los centros de Ripollet trabajan en exclusiva para Ford con un contrato que caduca en 2017 y no han recibido más proyectos desde que lograran salir de un concurso de acreedores en 2009, según explicó hace un par de semanas el presidente del comité de empresa, Pedro Alcaraz.

Las plantillas se encuentran afectadas por continuos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) desde hace tres años ante la escasa carga de trabajo, por lo que muchos empleados han consumido buena parte del paro, según explicó. La firma cuenta con otras dos fábricas en Madrid y México.

TRABAJADORES DEL HOTEL DEL CIOMIJAS CONVOCAN HUELGA Y PIDEN LA RETIRADA DEL ERE PRESENTADO

Málaga (Europa Press)

Los trabajadores del Hotel Cala de Mijas, perteneciente al Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMijas), han anunciado la convocatoria de una huelga para los próximos 23 y 24 de octubre por la situación que están atravesando. Además, han reclamado la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado, cuya negociación se va a iniciar.

En rueda de prensa, el secretario de Política Institucional de la Federación de Servicios de CCOO, Gonzalo Fuentes, la secretaria general de Servicios de CCOO Málaga, Lola Villalba, y el delegado de CCOO en el hotel Cala de Mijas, José Antonio Plaza, han denunciado la situación por la que están atravesando los empleados y la “mala gestión” de la Junta de Andalucía en el asunto de los consorcios de formación para el empleo.

Así, han reivindicado que el hotel Cala de Mijas se incluya en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se paralice el ERE presentado por la concesionaria, incidiendo en que más de 3.000 profesionales se han formado en esta escuela desde 2005, integrándose casi la totalidad en el mercado laboral.

Villalba ha sostenido que la “mala gestión de la Junta y la deuda pendiente con la empresa GDT, propietaria del hotel, han provocado un ERE con graves consecuencias para la formación y el empleo”. Así, ha incidido en que hay alternativas al ERE para evitar el despido de los 25 empleados del establecimiento hotelero y que “facilitarían el mantenimiento de la oferta formativa”.

“Retirar el expediente extintivo y mantener la plantilla mediante un expediente de suspensión, así como el abono de las cantidades adeudadas por la Junta de Andalucía, posibilitaría la continuidad del recinto hotelero que es instrumento formativo de CIOMijas”, ha sostenido la sindicalista.

El delegado de CCOO en el hotel, que ha informado de que llevan “dos años sometidos a suspensiones temporales”, ha recordado que la plantilla está compuesta por 25 trabajadores indefinidos, dos discontinuos y cuatro eventuales.

Ha hecho hincapié también en que el 50 por ciento de las plazas de este hotel están reservadas hasta el 25 de octubre, añadiendo que el próximo 19 de diciembre finaliza el contrato entre la propiedad y la Junta de Andalucía.

Por su parte, Gonzalo Fuentes ha reclamado que se abran “cuanto antes los restaurantes, se pague a los trabajadores y se incluya al CIO en el SAE” y ha reclamado una mesa de negociación con las organizaciones sindicales para acordar la forma de mantenimiento de los centros formativos.

La Junta de Andalucía ya señaló que está estudiando cómo incluir al CIOMijas en el SAE, teniendo en cuenta que se trata de una concesión a una empresa privada, siendo por tanto su situación diferente a la del resto de consorcios de formación para el empleo.

INECO RECORTA UNO DE CADA CUATRO EMPLEOS EN LA CRISIS

Ineco, la ingeniería pública dependiente del Ministerio de Fomento, redujo su plantilla un 25,6% entre los años 2010 y 2014. El sector denuncia que esta diminución está muy alejada de la que han tenido que hacer frente las ingenierías privadas, cuyo recorte casi duplica el acometido por la firma pública sólo en los últimos cuatro años, de acuerdo con los datos de la patronal Fidex.

En concreto, Ineco pasó de contar con una plantilla de 3.182 trabajadores en 2010, cuando tocó su máximo de siempre, a los 2.366 con que cerró 2014, según figura en sus memorias anuales.

Entre medias ejecutó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó finalmente a 390 empleados, representativos de casi el 14% del total.

En los primeros años de la crisis económica, sin embargo, la firma que preside actualmente Jesús Silva incrementó el número de empleados hasta los 3.182, desde los 2.638 que tenía al término de 2007, lo que implica un incremento del 20,6%. De esta forma, entre 2007 y 2014, la rebaja en el número de empleados de Ineco fue de 272 personas, que representan un descenso del 10,6%. En el mismo periodo, las ingenierías de capital privado, muy castigadas por la caída de la inversión pública en España, han destruido el 40% del empleo.

Adelgazamiento insuficiente

Desde el sector privado denuncian que el adelgazamiento de Ineco es insuficiente y advierten de los riesgos que supone para la superviviencia de esta industria la creación de “gigantes” públicos como Ineco o Tragsa.

Para Fidex, Ineco debería tener un tamaño de entre 600 y 700 empleados. De esta forma, la empresa pública podría ser “atractiva” para una hipotética privatización, como demandó un grupo de organizaciones autonómicas de ingeniería.

Estas asociaciones denunciaron, al igual que Fidex y Tecniberia, la “competencia desleal” en que incurren Ineco y Tragsa por el, a su juicio, “uso desmedido” de las encomiendas de gestión por parte de la administración y por su presencia en concursos internacionales en los que luchan con ingenierías españolas.

Por ello, reclaman a la Administración que Ineco y Tragsa tengan el tamaño y actúen para lo que fueron constituidas: situaciones de emergencia, seguridad y urgencia. Eso sí, advierten en el sector de que la privatización de Ineco no pasa por seguir el guión de Auxini, la constructora pública que vendió el INI a Dragados con el compromiso de la administración de darle contratos durante varios años para que no redujera plantilla.

EL ALCALDE DE CARTAGENA, JOSÉ LÓPEZ (MC) APOYA LAS REIVINDICACIONES DE LOS PREJUBILADOS DE IZAR EN 2005

El alcalde de Cartagena, José López (MC), ha manifestado su apoyo a las reivindicaciones realizadas por los trabajadores de Izar, prejubilados en 2005, quienes se han concentrado ante la Delegación de Hacienda de la ciudad.

Los prejubilados de Izar, un total de 307 empleados en Cartagena que formaron parte del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2005, sufrieron la congelación de sus salarios, tras la emisión del Real Decreto que entró en vigor en 2011 que afectaba a las retribuciones de empleados de la administración estatal, no respetando el compromiso de garantizarles la subida del IPC en el cobro de su prejubilación.

López ha mostrado su adhesión a la lucha de estos trabajadores, canalizada a través de la demanda que la Federación de Industria de CC.OO., y la del Metal de la Unión General de Trabajadores (UGT), interpusieron contra Izar y su accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En primera instancia, la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo, este mismo año, han dado la razón a los trabajadores.

La concentración viene motivada por la decisión del Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de no ejecutar la sentencia judicial, instando a la Abogacía General del Estado a la emisión de un informe sobre la aplicación de la misma, dilatando el final del conflicto laboral.

Los responsables sindicales estudian seguir manifestándose ante la Delegación de Hacienda, así como ante otras instituciones, para continuar con sus reclamaciones.

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DENUNCIAN QUE CARGILL-MARTORELL COMUNICA DESPIDOS POR TELÉFONO

Martorell (EFE)

Ocho trabajadores del departamento comercial se han visto afectados por la reestructuración del área

El comité de empresa de la planta de Cargill en Martorell ha denunciado que la compañía haya utilizado la vía telefónica para comunicar a sus empleados quienes están despedidos o quienes van a ser recolocados, en el marco del proceso de recolocación del departamento comercial.

El presidente del comité, Pere Guillamón, ha explicado a Efe que la multinacional americana ha comenzado a llamar a varios trabajadores de este área para comunicarles que su situación iba a cambiar.

El comité denuncia la “falta de respeto y sensibilidad” hacia los afectados y recuerda que es obligatorio que sea informado “de manera directa” sobre cualquier reestructuración o cambio de sistema de trabajo como paso previo a su ejecución.

Un total de ocho personas recibieron una llamada: dos serán despedidos, uno ha comunicado que se marcha voluntariamente, uno ha entrado en otro proceso de selección, y cuatro más seguirán en la empresa, uno de ellos con un contrato temporal de seis meses.

Cargill se dedica a la comercialización, procesamiento y distribución de productos agrícolas y alimenticios, y la planta de Martorell pertenece a la unidad de negocio que fabrica y comercializa midones, derivados y glucosas para usos alimentarios, industriales y para la industria farmacéutica.

Guillamón ha aplaudido el gesto de la empresa para buscar una nueva ubicación a la mayor parte de los afectados, ya que ha recordado que en la reestructuración de otros departamentos, como el de informática, la recolocación de los trabajadores quedó en una mera buena intención.

El sindicalista, sin embargo, ha precisado que la planta continuará con las movilizaciones hasta que la compañía asegure que no habrá más despidos.

Guillamón ha sostenido que la empresa lleva más de un año inmersa en un proceso de deslocalización que se ha traducido en una sucesión de despidos en cuentagotas.

La polémica empezó en 2014, cuando la estadounidense anunció que el proceso de externalización de sus procesos informáticos se traduciría en una treintena de despidos en Martorell, donde cuenta con 240 empleados.

IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA LOS DESPIDOS EN LIMPIEZAS DEL SUR Y EN TORRAS PAPEL

Reclaman que, desde el Ayuntamiento de Motril, se ponga en marcha una Estrategia local de empleo que defina y coordine actuaciones adecuadas de políticas activas que contribuyan a la creación de empleos estables y con calidad en nuestra ciudad.

Según afirma IU en nota de prensa, desde el pasado mes de junio el paro registrado en Motril no ha dejado de incrementarse.

De los 6.875 parados inscritos en la oficina de empleo en ese mes, se ha pasado a 7.285 motrileños que figuran en las listas del paro en el mes de septiembre.

A este incremento están contribuyendo determinadas actuaciones empresariales “inadmisibles”, como las llevadas a cabo por Central Limpiezas del Sur y Torras Papel, que están despidiendo sus plantillas.

Desde el pasado 8 de octubre, las trabajadoras de Central Limpiezas del Sur, S.l. se encuentran en huelga indefinida para reclamar el pago de sus salarios “y denunciar las maniobras empresariales de la dirección para liquidar la empresa y constituir una nueva, con el fin de eludir sus responsabilidades societarias”, manifiesta la portavoz de IU.

La plantilla de Limpiezas del Sur está integrada por 23 trabajadores y trabajadores que se encuentran en una difícil situación al no haber recibido sus salarios de los últimos meses y encontrarse la empresa en vías de desaparición, según han informado a Izquierda Unida los trabajadores de la empresa.

Esta circunstancia que las sitúa en un limbo legal pone en grave riesgo su empleo y, en muchos casos, la única fuente de ingresos para sus familias.

Izquierda Unida apoya las medidas de presión de estos trabajadores y exige una solución favorable a ellos en este conflicto.

En este mismo sentido, desde Izquierda Unida ya se denunció el despido del trabajador de Torras Papel, Francisco Morata, “al considerarlo una represalia por su actuación sindical y por su compromiso por la defensa de la actividad de la fábrica, del mantenimiento del empleo y de la mejora de las condiciones de trabajo, a lo largo de los últimos veinticinco años”.

Por estos motivos, Izquierda Unida apoya las movilizaciones de los trabajadores de Torras en las que se exige la readmisión de Morata y la dimisión de Manuel Montilla, director de Recursos Humanos y responsable directo de los planes de externalización de la fábrica de papel.

A la vista de estas situaciones “en la que se pone de manifiesto la falta de responsabilidad social de las empresas y, sobre todo, la codicia empresarial que sólo persigue la maximización de los beneficios empresariales por encima de los derechos de las personas y de los trabajadores”, Izquierda Unida reclama que, desde el Ayuntamiento de Motril, se ponga en marcha una Estrategia local de empleo que, con la participación de Grupos políticos y agentes económicos y sociales, defina y coordine actuaciones adecuadas de políticas activas que contribuyan a la creación de empleos estables y con calidad en nuestra ciudad.

EL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA READMITIRÁ A LOS TRABAJADORES QUE FUERON DESPEDIDOS POR EL ANTERIOR GOBIERNO

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura obliga a indemnizar o readmitir a ocho trabajadores que forman parte del total de veintiocho que fueron despedidos en abril de 2013. Estos trabajadores volverán a sus puestos como indefinidos. En los próximos días se conocerán las sentencias de otros catorce despedidos

“Este Gobierno ha decidido readmitir a estos trabajadores” ha dicho el alcalde Antonio Rodríguez Osuna, que señala que son las ocho primeras sentencias de las que habrá siete readmisiones “pues una persona ha preferido recibir indemnización”,

“Nos encontramos en una difícil situación financiera pero nuestro compromiso electoral es el de readmitir a estos trabajadores. Fue el gobierno del PP el que los contrató y el que años después los despidió irregularmente; hoy es este gobierno el que tiene que hacerse cargo de una nefasta herencia del PP”.

“Es una vergüenza lo que se hizo con estos trabajadores” afirma el alcalde que añade que “el compromiso ético y electoral era el de readmitirlos”.

Como indica Osuna, los trabajadores han realizado también un “enorme esfuerzo pues renuncian a los salarios de tramitación, a la indemnización que cobraron, que tendrán que devolver, y a los setenta y cinco días que les corresponderían de vacaciones.

Además el Ayuntamiento tendrá que devolver por sentencia el dinero del desempleo y de la Seguridad Social que han cobrado desde el despido hasta el día de hoy y que alcanza los quinientos mil euros”.

“Esta sentencia viene a decir que las cosas no se pueden hacer como se habían hecho hasta ahora” ha recalcado el alcalde que ha indicado que “estos despidos los ha llevado una empresa privada que le ha cobrado al Ayuntamiento por sus servicios en cuatro años más de doscientos mil euros”.

Por su parte, la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, ha señalado que “la justificación es que esos puestos de trabajo no eran necesarios y que con estos despidos y el ERE fallido, que no se les permitió hacer, iban a solucionar el déficit municipal”.

“Ninguna de las dos cuestiones era verdad; no solventaron la cuestiones económicas pues el Ayuntamiento arrastra una deuda de 75 millones de euros y estos trabajadores eran necesarios porque, una vez que salieron, el PP contrató personal para cubrir esas funciones, por eso han perdido estos procedimientos”.

KONECTA DEJA EN LA CALLE A UNA TREINTENA DE OPERARIOS QUE TIENE SUBCONTRATADOS

La compañía, que emplea en su centro de Avilés a unas 180 personas, justifica los despidos por una merma de la carga de trabajo

La compañía Konecta, especializada en la externalización de servicios de telecomunicaciones y marketing, deja en la calle a una treintena de trabajadores que tiene subcontratados en su centro de Avilés, comunicaron fuentes sindicales.

La empresa, que emplea en su sede de Camino de Heros a unas 180 personas, trasladó el anuncio de los despidos a la plantilla y los justifica en una merma de la carga de trabajo, argumento del que desconfían los sindicatos. Y es que según la misma versión, Inspección de Trabajo se personó en los últimos meses en la sede avilesina de Konecta, una vez que desde los sindicatos alertaron a la Administración de prácticas supuestamente irregulares en la política de personal de la compañía.

“Los despedidos son unos 33 trabajadores de una ETT (empresa de trabajo temporal). El viernes, a última hora y en vísperas de un puente festivo, les avisaron de que no hay carga suficiente de trabajo, por lo que les cancelan a todos el contrato”, explicó un portavoz sindical. Konecta emplea en Avilés a 150 personas de forma directa y a una treintena más a través de ETT, los que ahora se ven en la calle.

El anuncio cogió por sorpresa a los trabajadores del centro avilesino de Konecta. “Llevábamos una temporada bastante tranquilos”, señaló un trabajador.

La compañía abrió sus instalaciones en Avilés en septiembre de 2006. Su llegada fue presentada en medios políticos como un revulsivo económico, pero no tardaron en trascender noticias de despidos (la compañía, por ejemplo, despidió en 2010 a 43 personas).

“Tenemos entendido que Konecta está haciendo entrevistas, sigue contratando personal. Desde Comisiones Obreras interpusimos el pasado verano una queja en Inspección de Trabajo por la forma de proceder de la empresa en materia de personal, y ahora nos encontramos con esto”, explicaron fuentes sindicales.

Los trabajadores llevan años alertando de que Konecta sólo garantiza trabajo en Avilés para la filial que se beneficia de incentivos públicos.

LA SECCIÓN SINDICAL DE TG7 CRITICA QUE LA COMISIÓN NO HA CONTADO “CON LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES”

La sección sindical de TG7 critica que la comisión no ha contado “con la opinión de los trabajadores” Isidro Prieto, antes de denunciar la presencia de “trabajadores fantasma” en TG7

Exigen así mismo “la nulidad de todas las decisiones adoptadas sin el consenso necesario” y la “inmediata” readmisión de los trabajadores despedidos

La sección sindical de los trabajadores de TG7, encabezada por su delegado por CCOO, Isidro Prieto, ha manifestado su “valoración negativa” a las acciones llevadas a cabo por la Comisión de Seguimiento y Control reunida.

En dicha reunión se dieron a conocer al resto de grupos políticos la nueva cúpula de la dirección del ente público municipal, liderada por Jorge Martínez. Un profesional de la casa del que se destaca su carácter de consenso y su talante dialogante.

Así mismo se nombró a Daniel Rodríguez como nuevo responsable de informativos y a Roberto Alcántara como responsable de audiovisuales. También se comunicó la parrilla de la televisión, así como la convocatoria de una próxima reunión de la comisión, en la que se dará cuenta de la situación de la televisión, antes del cambio en la gestión de la misma.

El concejal de IU, Paco Puentedura, reconocía el acuerdo que este nuevo nombramiento suscitaba, al tiempo que criticaba que esta selección no hubiera sido por concurso público. En este sentido, y a través de un comunicado oficial, “los legítimos representantes de los trabajadores”, valoran “negativamente” los extremos antes señalados.ledesma-tg7

En concreto, su “principal queja” es que las decisiones se hayan tomado “sin contar con la opinión de los trabajadores y ni tan siquiera intentar contactar con el delegado de personal”.

Cabe recordar que este representante, Isidro Prieto, es uno de los cinco trabajadores afectados por despidos cuya nulidad está pendiente de resolver en vía judicial. Además, su despido se produjo durante la celebración de elecciones sindicales, hecho que según la propia sección sindical, invalidaría el cese.

Las críticas continúan en tanto “hemos tenido que enterarnos de todo esto a través de los medios de comunicación”, un hecho que “nada tiene que ver” con -y citan textualmente- “la lealtad y el entendimiento” que Ledesma les habría solicitado en un encuentro mantenido con ellos.

LOS DESPIDOS, “CUESTIÓN POLÍTICA”

Francisco Ledesma comunicaba la coincidencia de los grupos, “incluso el portavoz del grupo municipal de IU”, en que en el caso de los despidos “estamos a expensas de una decisión judicial”, aclarando que “acatarán el resultado judicial, como no puede ser de otra manera”. A respuesta de estas manifestaciones, los trabajadores firmantes del comunicado recuerdan al edil que el acatamiento de las decisiones judiciales “es sencillamente una obligación”.

Por el contrario denuncian que los despidos acaecidos en la televisión pública “fueron una decisión política” y que por lo tanto, “debe ser la política y no la justicia quien repare este enorme desaguisado”. Un “desaguisado” en el que no dudan en señalar al ex responsable de TG7, Juan Antonio Fuentes, como “una de las figuras más nefastas que ha dado la política en toda la historia de la ciudad de Granada”.

Es por ello que solicitan “la nulidad de todas las decisiones adoptadas sin el consenso necesario” así como “la inmediata e incondicional readmisión de los trabajadores despedidos como consecuencia de una vergonzosa represalia”

LOS AUTOBUSES DE BARCELONA HACEN HUELGA PARCIAL

Barcelona (Europa Press)

El servicio de TMB se verá afectado entre las 10.30 y las 15.30 horas

El servicio de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) podrá quedar afectado por la convocatoria de una huelga parcial entre las 10.30 y las 15.30 horas.

La Conselleria de Empresa y Empleo de la Generalitat ha marcado unos servicios mínimos del 20%, y el grado de afectación dependerá del seguimiento que tenga la convocatoria, ha destacado TMB en un comunicado.

Ha detallado que el servicio será el habitual hasta las 10.30 horas, y luego los conductores que sigan la huelga y no tengan asignados servicios mínimos retirarán los vehículos una vez lleguen a la terminal, y recuperarán la normalidad a las 15.30.

La huelga ha sido convocada por la sección sindical de CGT en Autobuses de TMB, la CNT, la Asociación de Conductores de Transporte Urbano de Barcelona (Actub), la Coordinadora Obrera Sindical (COS) y Bescanvi Sindical en contra de la privatización del transporte público y por la negociación del convenio colectivo.

Los trabajadores están convocados a una asamblea a las 12.00 horas para abordar la negociación del convenio colectivo, sobre la que TMB ha asegurado que ha hecho propuestas de mantenimiento o mejora del poder adquisitivo de los sueldos y de la continuidad de los sistemas de descanso y jubilación parcial.

UN 90 % DE LOS TRABAJADORES SECUNDA LA HUELGA EN LA SANIDAD PÚBLICA DE VIGO

La huelga finaliza con una manifestación en el Hospital Álvaro Cunqueiro, apoyada por millares de personas

Las numerosas deficiencias detectadas en el Álvaro Cunqueiro logran sacar de nuevo a la calle a millares de personas, en apoyo del personal sanitario que ha cifrado en un 90 % el seguimiento de la huelga.

Tanto trabajadores como ciudadanos claman contra el Gobierno de la Xunta por la gestión que realiza el presidente, Alberto Núñez Feijóo, en sanidad.

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Miles de personas apoyaron a los trabajadores del Hospital Álvaro Cunqueiro que el martes 13 de octubre realizaron una huelga con un 90 % de seguimiento. Sus reivindicaciones son la dimisión de la actual dirección del nuevo hospital vigués, por la mala gestión del mismo. Señalan como responsables políticos al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que hasta la fecha se ha limitado a cesar a la Conselleira del ramo, Rocío Mosquera, para poner en su lugar a un Conselleiro de Sanidade que proviene de la sanidad privada.

Ello, unido a la privatización de la gestión del hospital, la sustitución de celadores por los llamados “tigas”, un aparcamiento con precios abusivos, el recorte en el número de camas, la supresión de varias especialidades, las colas para pedir cita, la presencia ocasional de pelos o gusanos en las comidas -que a veces llegan destempladas- y un largo etc. de problemas detectados en los pocos meses que lleva en funcionamiento, llevaron en su día a 200.000 personas a manifestarse en la ciudad de Vigo, exigiendo una sanidad 100 % pública.

Debido a que tras esa histórica manifestación siguen los problemas mencionados, se convocó esta huelga que ha contado con un masivo apoyo ciudadano, y con el de los compañeros celadores de varias ciudades de Galicia, desplazados hasta Vigo para apoyar la huelga y la manifestación.

Los sindicatos anuncian nuevas medidas si la actual dirección no es cesada, y están a la espera de ser recibidos por el Conselleiro de Sanidade. Un primer encuentro tendrá lugar el jueves día 15, si bien no es para solucionar el conflicto, sino para presentar al flamante nuevo Conselleiro, Jesús Vázquez, en sociedad.

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La jornada de huelga, el martes 13, transcurrió sin incidencias reseñables, más allá de los pacientes que acudieron sin saber que había huelga, y descargaron su ira en el mostrador principal de consultas.

Todo parece indicar que la Gerencia del Hospital Álvaro Cunqueiro se negó a asumir el éxito de la huelga, no informando debidamente a los medios, cambiando las citas o adoptando medidas, más allá de fijar los servicios mínimos por imperativo legal.

Por la mañana hubo una concentración en la entrada de consultas, con marcha por el exterior e interior del gigantesco edificio, y una visita a las oficinas de la Gerencia, privada, que se negó a recibir a los trabajadores a pesar de que la diputada del BNG Carme Adán estaba con ellos.

https://www.youtube.com/watch?v=QjttDhcoA20&feature=player_embedded

Por la tarde, la manifestación en la que participaron miles de personas partió del hospital recorriendo la carretera que conduce a él hasta una de sus numerosas rotondas, desde la que regresó al propio Álvaro Cunqueiro, finalizando con el comunicado de los trabajadores y dándose por concluida tras clamar en las puertas de Urgencias “Manos Arriba. Esto es un atraco”.

A lo largo del recorrido se pudo escuchar “No, no a la privatización”, “Feijóo, bandido, non vengas más por Vigo”, “Hay que derribar el telón de acero” [en referencia a las vallas del parking], “Rubial dimisión” [director del nuevo hospital], “Dimisión de toda la dirección”… Además de los líderes sindicales participaron en la manifestación la diputada de AGE, Eva Solla, y la concejal de la Marea de Vigo, Marga López y varios alcaldes y concejales de municipios afectados.

EL SUPREMO DECLARA AJUSTADO A DERECHO EL ERE DE TRAGSA

Europa Press – Madrid

De los 1.639 trabajadores afectados, alrededor de 150 son de Galicia

El Tribunal Supremo ha declarado ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Tragsa-Tragsatec, el mayor ajuste de plantilla en una empresa pública española, al afectar a 1.639 trabajadores, según informaron a Europa Press en fuentes judiciales. Del total, unos 150, entre Tragsa y Tragsatec, son de Galicia, según ha señalado Claudio Landeira, del sindicato Comisiones Obreras.

Así, el pleno de la sala cuarta ha acordado «por unanimidad», aunque con votos particulares concurrentes estimar el recurso de casación de las empresas, después de que la Audiencia Nacional decidiera en abril del año pasado anularlo.

La sala, tras analizar la regulación del despido colectivo en una sociedad anónima de titularidad pública, concluye que «no concurren» en el presente supuesto los requisitos para apreciar que haya existido grupo irregular de empresas y que no tiene en el caso responsabilidad solidaria la filial Tragsatec.

El Supremo ha señalado que ante la inspección de trabajo y en el acuerdo finalmente no ratificado, la representación laboral estimó suficiente la documentación aportada, por lo que no es necesario aportar justificación adicional de la causa organizativa cuando se reduce el número de afectados.

Además, considera que son suficientes los criterios de selección, no cuestionados durante la negociación, si están referidos a un cuadro geográfico y funcional de amortización de puestos de trabajo y en ellos se respetaron además los criterios constitucionales de mérito y capacidad y, que no es discriminatorio que el despido afecte solo a personal fijo y no a los contratados temporales.

Para justificar el ajuste de la plantilla, Tragsa había alegado en el mes de octubre cuando presentó el ERE una drástica caída de los ingresos que le llevarán a incurrir en unas pérdidas de 17 millones de euros al final de este ejercicio, y argumentó que el coste de personal, principal partida de gasto, no se ha reducido acorde a la fuerte caída productiva y al descenso de la cifra de negocio.

En el momento de iniciarse el procedimiento de despido colectivo la plantilla de Tragsa estaba formada por 6.773 trabajadores, de los cuales 4.430 eran indefinidos y 2.343 temporales.

El Grupo Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tiene presencia e implantación en toda la geografía nacional, dispone de medios humanos cualificados, maquinaria pesada, auxiliar, elementos de transporte, vehículos de obra, y tecnología propia para realizar todo tipo de trabajos en materia de desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza, según los datos aportados por los sindicatos.

A las puertas del Tribunal Supremo se acercaron aproximadamente medio centenar de trabajadores del grupo Tragsa (Tragsa-Tragsatec), que reclamaban la nulidad del ERE, así como la readmisión de los trabajadores despedidos.

Los representantes sindicales se habían mostrado optimistas ante la decisión del Alto Tribunal, ya que la compañía había regresado a números positivos y confiaban en que ratificara la sentencia de la Audiencia Nacional, por lo que la decisión del Supremo ha supuesto un varapalo a sus expectativas.

Postura de Tragsa

De tal forma, Tragsa, que forma parte del holding de empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se ha mostrado abierta a negociar con los sindicatos, después de que el Tribunal Supremo declarara ajustado a derecho el ERE.

En concreto, la empresa ha indicado en un comunicado que analizará «a fondo» la resolución del Alto Tribunal, que ha declarado procedente el ajuste de plantilla al entender que concurren las causas económicas, productivas y organizativas que la ley establece.

Tragsa ha señalado que «siempre» ha estado abierta a la negociación, con la firme voluntad de alcanzar acuerdos beneficiosos que reviertan la situación negativa, permitiendo la sostenibilidad de la empresa y de sus puestos de trabajo, como ya demostró en el período de consultas, y con la presentación de un nuevo plan de viabilidad que no contemplaba ningún despido forzoso.

«Lesivo» para CC.OO.

La sentencia del Supremo es, sin embargo, «lesiva» para los trabajadores de la empresa pública, según ha advertido CC.OO. en un comunicado.

En concreto, el sindicato estima que la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró nulo el expediente de la empresa pública estaba «perfectamente justificada» ante la existencia de «flagrantes irregularidades» en el procedimiento, por lo que ha producido «extrañeza» la decisión conocida.

Por otra parte, la Federación confía en el sentido común de Tragsa para, con independencia del fallo de la sentencia, dejar sin efecto la aplicación de las medidas contempladas en el expediente, habida cuenta de la acreditada necesidad del mantenimiento del volumen de empleo.

En todo caso, el sindicato se reserva el derecho a tomar las acciones legales que se crean oportunas ante lo que considera ha sido un nuevo ataque a la clase trabajadora.

CC.OO. subraya que, tras la resolución de la Audiencia Nacional, los trabajadores que eran objeto de despido en el ERE han seguido desarrollando su prestación laboral a pleno rendimiento, lo que confirma la «necesidad de cubrir» estos puestos de trabajo, por lo que consideran que el ajuste era un «intento de flexibilizar plantilla utilizando al límite las herramientas que proporcionó la reforma laboral».

«Preocupación» de CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mostrado su «preocupación» por el fallo. En concreto, el sindicato apela al sentido común de la empresa pública, ya que la facturación del grupo se ha elevado un 70% respecto al 2012 y se trabaja a los niveles previos a la crisis.

CSIF recuerda que el ajuste de plantilla fue diseñado para la situación del 2012, pero que en la actualidad la situación del grupo «es muy distinta», ya que se está superando la crisis económica.

El sindicato, que reclama que no se produzca ningún despido forzoso, ha señalado que esperará a conocer el contenido de la sentencia, si bien, de manera inmediata intensificará las negociaciones para que Tragsa reconsidere el ERE.

UGT apela al sentido común

FeS-UGT ha apelado al sentido común de Tragsatec, filial de Tragsa, para alcanzar un acuerdo tras el fallo del Tribunal Supremo, que ha declarado ajustado a derecho el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), presentado por Tragsa y Tragsatec y que afecta a 1.639 trabajadores.

En concreto, el sindicato ha denunciado en un comunicado que la inseguridad jurídica y laboral que genera la sentencia se enmarca en la «política de ajustes y reducción drástica del empleo público» que está llevando a cabo el Gobierno.

FeS-UGT reconoce la «rotundidad» de los argumentos de inicio ofrecidos por el Supremo a la espera de conocer la redacción definitiva de la sentencia. «Siempre hemos manifestado que no había forma humana de comprender ninguno de estos despidos en Tragsatec, ya que no ha contribuido en forma alguna a solucionar ninguno de los problemas de la empresa, en la cual, por cierto, a día de hoy se siguen realizando contrataciones», han recalcado.

El sindicato espera que la empresa presente una «propuesta real con voluntad de acuerdo» para encontrar una solución, ya que recuerda que las condiciones económicas han cambiado desde que se planteó el ERE en 2012.

TRABAJADORES DE SCHOTT SOLAR PIDEN A LA EMPRESA QUE BAJE EL NÚMERO DE AFECTADOS POR EL ERE

Sevilla (Europa Press)

Los trabajadores de la empresa Schott Solar, con sede en Aznalcóllar (Sevilla) han pedido a la empresa que baje el número de afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo presentado para un máximo de 53 trabajadores, que suponen el 60 por ciento de la plantilla, según han indicado a Europa Press fuentes del comité de empresa.

Fuentes del comité han indicado a Europa Press que se ha celebrado la primera reunión de período de consultas del ERE, donde la empresa ha aludido a la memoria explicativa, ha explicado sus argumentos y justificando la medida anunciada y ha aludido a motivos productivos y realizativos para presentar dicho expediente.

Las fuentes, quienes no tienen pensado llevar a cabo movilizaciones, han destacado que “las conversaciones están abiertas y el clima de las reuniones está siendo bueno”, de forma que en dicho encuentro “estamos rebatiendo sus argumentos y estamos negociando las condiciones que se aplicarían al ERE”.

De esta forma, los trabajadores pretenden “intentar sacar las mejores condiciones y reducir al máximo el número de trabajadores afectados”, además de pedir que “aumente el plan de recolocación”.

Fuentes de la empresa confirmaban hace varios días a Europa Press que la compañía ha anunciado un despido colectivo para parte de su personal, hasta un máximo de 53 personas, ya que “la situación para la compañía es muy complicada en este momento”.

Fuentes de la empresa han explicado que la empresa ha presentado el 6 de octubre toda la documentación legal correspondiente al despido colectivo, incluyendo los criterios generales de afectación, así como un plan de recolocación para los trabajadores afectados.

De esta forma, se inicia así el periodo de consultas que finaliza el próximo 5 de noviembre.

LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL CIFRA EN 2,14 MILLONES EL DÉFICIT PATRIMONIAL DE HULLERA VASCO-LEONESA

Europa Press – Madrid

Hullera Vasco-Leonesa, que el pasado mes de mayo fue declarada en concurso voluntario de acreedores, cuenta con un déficit patrimonial de 2,14 millones de euros, según el informe sobre la compañía elaborado por la administración concursal.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el administrador concursal, la UTE ABC Profesionales y Lener Administraciones Concursales, cifra el pasivo de la compañía en más de 126 millones de euros, mientras que su masa activa asciende a 122,45 millones de euros.

Así, teniendo en cuenta que la tesorería actual de la minera asciende a 1,4 millones de euros, existe un déficit de 2,14 millones de euros para atender los créditos contra la masa.

El informe señala que, en esta situación de iliquidez dentro del concurso, la administración concursal “dará prioridad a los gastos necesarios para el mantenimiento de la seguridad en las instalaciones y poblaciones afectadas por las explotaciones”.

El pasado mes de septiembre, la administración concursal de Hullera Vasco-Leonesa presentó ante el juzgado de primera instancia de León una solicitud de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter suspensivo para 347 trabajadores.

La suspensión colectiva de empleo se fundaba en causas objetivas económicas y de producción. La medida suspensiva, de quedar aprobada, se aplicará tras el vencimiento del ERE temporal actualmente en aplicación, es decir, el próximo 9 de noviembre, y se prolongará hasta el 30 de abril de 2016.

LA PLANTILLA DE ELCOGAS PROTESTARÁ ANTE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Europa Press

Pedro Sánchez y Emiliano García-Page se reunirán con miembros del comité de empresa de la central termoeléctrica GICC antes de un encuentro con afiliados del PSOE

Los trabajadores de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano, explotada por Elcogas, queman los últimos cartuchos que les quedan para evitar tanto el cierre de la planta, previsto para el día 31 de este mes, como el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para sus 143 trabajadores, que se haría efectivo desde el 29. Para ello, el comité de empresa ha convocado una manifestación ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Según explicó a este diario el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide (Fitag-UGT), a este acto de protesta están convocados tanto los trabajadores como familiares y simpatizantes, de ahí que los sindicatos hayan comenzado a organizarse para fletar varios autobuses, siendo la hora de salida a las 7.00 horas desde la parada del edificio Tauro para volver sobre las 14.00 horas. Al igual que en ocasiones anteriores, se espera un seguimiento «masivo».

«Estamos a poco más de dos semanas para que se materialice el cierre de Elcogas y vamos a quemar todos los cartuchos que nos quedan», apuntó Alcaide y añadió que «aún hay alternativas al cierre y a los despidos y está en el Ministerio (de Industria, Energía y Turismo) evitar esta situación».

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