Boletín de Luchas Obreras (18 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • LOS CONTRATOS DE UN DÍA REPUNTAN: DESDE EL INICIO DE LA CRISIS HAN CRECIDO EL 102%
  • LA PLANTILLA DE ENCE MANTIENE TRES DÍAS DE HUELGA POR LA ACTITUD «PROVOCADORA» DE LA EMPRESA
  • PROTESTAN CONTRA EL CARBÓN DE IMPORTACIÓN EN EL PUERTO DE AVILÉS
  • LOS MOSSOS DESTAPAN UNA PRESUNTA ESTRUCTURA OPACA EN EL SINDICATO USOC
  • GALICIA, TERRITORIO ÚNICO DE BOMBEROS PRIVADOS
  • LOS BOMBEROS DE ARAGÓN ALERTAN DE LA PRECARIEDAD DEL SERVICIO Y EXIGEN 200 EFECTIVOS MÁS
  • LA HUELGA EN LAS PLAYAS SE NOTA MÁS AUNQUE CONTINÚA CON BAJA INCIDENCIA
  • LA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ SUFRE UNA NUEVA CRISIS DE TESORERÍA TRAS SU ÚLTIMO ERE

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LOS CONTRATOS DE UN DÍA REPUNTAN: DESDE EL INICIO DE LA CRISIS HAN CRECIDO EL 102%

EFE

– Los contratos de un día han pasado de 17.700 en el primer trimestre de 2008 a 35.800 en el mismo período de 2016, según los datos recabados del INE.

– Según el Servicio Público de Empleo, de enero a mayo, la contratación por un período de 7 días o menos representa ya el 26,5% de la contratación temporal.

Los contratos de un día se disparan desde el inicio de la crisis al pasar de 17.700 en el primer trimestre de 2008 a 35.800 en el mismo período de 2016, lo que se traduce en una subida del 102%, según datos recabados del Instituto Nacional de Empleo (INE).

Además y según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de enero a mayo, la contratación por un período de 7 días o menos aumentó su peso dentro de la contratación temporal y representa ya el 26,5%, casi un punto y medio más que hace un año.

La duración media de los contratos temporales mengua

Las estadísticas del SEPE también ponen de manifiesto que la duración media de los contratos temporales mengua. Si en el dato acumulado de enero a mayo de 2015, la media de los contratos temporales era de 55,38 días, en el mismo período de este año la media baja a 51,93 días.

Habría que penalizar a las empresas que «de manera reiterada» acuden a los contratos de muy corta duración pero, además, exigir una justificación laboral, de forma que tengan un carácter excepcional.

Se debe establecer una regulación que rebaje el tiempo de encadenamiento de estos contratos (ahora está en 24 meses) e invertir en los servicios públicos de empleo para que se refuerce la inspección de trabajo.

Encadenamiento de contratos temporales

Según datos del INE, el encadenamiento de contratos temporales y de corta duración supera ya los 3 años, «lo que evidencia su uso fraudulento e injustificado».

Inestabilidad de los contratos indefinidos

Estos datos corroboran que la contratación temporal está sujeta a una alta precariedad con una rotación que aumenta en las salidas de la crisis, pero la inestabilidad en el empleo llega también a los indefinidos, que cada vez son menos estables.

En 2015 para que se creara un puesto de trabajo fijo hacía falta que se firmaran 1,45 contratos indefinidos, bastantes más que en 2008 cuando se requerían 1,18.

Este aumento de la rotación se debió a los cambios implantados por la reforma laboral de 2012 que abarató el despido, facilitó las rescisiones e incluyó un nuevo tipo de contrato, el de emprendedores que permite a las empresas con menos de 50 trabajadores firmar un contrato por un período de prueba de un año, durante el cual es posible despedir sin indemnización.

Desde la Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), la presidenta, Yojana Pavón, explica que lo que han observado, en los últimos meses, es que los contratos temporales y en jornada parcial han dado un repunte significativo, en concreto en hostelería y comercio. Según Pavón, lo que «preocupa» a ANAC es que estos datos de más contratación se «reconviertan» en unos meses, cuando baje la estacionalidad, en un aumento de la tasa de paro.

LA PLANTILLA DE ENCE MANTIENE TRES DÍAS DE HUELGA POR LA ACTITUD «PROVOCADORA» DE LA EMPRESA

Trabajadores de Ence-Navia, en una concentración contra la reducción de plantilla en la fábrica.

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La dirección ha comunicado la polémica sanción de 30 días a un delegado, que los comités de empresa trataban de frenar

Los comités de empresa de Ence mantienen la huelga para los días 9, 10 y 11 de agosto tras calificar la actitud de la compañía como «intransigente y provocadora».

A pesar de que, tanto los representantes de los trabajadores como la dirección habían acercado posturas, finalmente han decidido mantener los tres días de paro acordados.

En dicha reunión, se pidió la retirada del expediente incoado a un delegado sindical al que se le impuso una sanción por faltas de puntualidad, la cual consideran una acusación falsa.

Los sindicatos defienden que dicho retraso estaban motivados por el hecho de haber sido designado como delegado sindical y que, lejos de cumplir los principios de acuerdo alcanzados, Ence ha comunicado la sanción de 30 días de suspensión de empleo y sueldo al delegado sindical.

Durante las negociaciones, la empresa admitió errores durante el periodo de alegaciones al expediente contradictorio, además de alegar la existencia de una denuncia anónima externa como causa del inicio del seguimiento, algo que ahora desmiente ante los trabajadores.

Ambas partes coincidieron en elaborar un procedimiento sobre control horario, uso material y productividad ya que esto daría seguridad jurídica tanto la empresa como a los trabajadores.

Esto reconocería que el trabajador al que se le abre expediente no puede incumplir algo que no existe. No obstante, la empresa envío el expediente y la información reservada a todos los comités de empresa, además de comunicar los supuestos incumplimientos a todos los trabajadores.

Los representantes sindicales denuncian que la empresa se niegue a identificar al responsable de la que califican como «desmesurada e intencionada decisión» y aseguran que se trata de «una medida ejemplarizante en la cabeza de un delegado sindical».

Además, señalan que la empresa se había comprometido a dejar la sanción en falta leve o a estudiar incluso la posibilidad de la misma.

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Asturias muestra su rechazo ante la decisión tomada por la dirección de Ence y la consideran «una ataque frontal a los trabajadores». Por ello, señalan que la empresa ha roto unilateralmente el proceso negociador y, por tanto, la convocatoria de huelga se mantiene.

PROTESTAN CONTRA EL CARBÓN DE IMPORTACIÓN EN EL PUERTO DE AVILÉS

Los mineros cortaron el acceso al puerto de Avilés durante una hora

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Un grupo de trabajadores de la Compañía Minera Astur Leonesa protagonizó un acto de protesta contra la importación de carbón en los accesos al puerto de Avilés, donde atracó recientemente un barco con más de 60.000 toneladas de carbón americano.

Los trabajadores rechazan la excesiva entrada de mineral extranjero, que ha causado, según explicó a Efe el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Vega, un expediente de regulación de empleo que afecta a buena parte de la plantilla. El alcalde de Villablino, Mario Rivas, se sumó a la movilización.

Los mineros cortaron la rotonda de entrada al puerto a las once de la mañana. Apenas una hora después la policía despejó la zona para normalizar el tráfico.

Por otra parte la UGT volvió a solicitar la urgente convocatoria de la mesa de seguimiento del carbón, para exigir explicaciones al Gobierno sobre sus incumplimientos con el sector.

La central sindical exige el cumplimiento de los acuerdos como la producción y quema de carbón autóctono, las ayudas a la explotación y al cierre de minas y los planes para la reactivación de las cuencas.

LOS MOSSOS DESTAPAN UNA PRESUNTA ESTRUCTURA OPACA EN EL SINDICATO USOC

Rebeca Carranco – elpais.com

La policía apunta a un entramado de fraude en subvenciones, administración desleal y delito contra los trabajadores que dejó el sindicato en manos de una gestora

De una forma sostenida durante 30 o 40 años, USOC, el tercer sindicato de Cataluña con unos 15.000 afiliados, creó una presunta estructura opaca e irregular que acabó con la quiebra de la organización y la dimisión en bloque de la comisión ejecutiva, en 2013, y la constitución de una junta gestora.

El sumario del caso Astrea señala que la anterior directiva del sindicato, encabezada por Antònia Gil, pudo haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones para formación durante seis años.

La policía sospecha que parte de ese dinero se utilizó para pagar sueldos y obtener beneficios a través de contratos de alquiler simulados.

El informe de los Mossos señala como “líder indiscutible” de la trama a Antònia Gil, una dirigente sindical implicada en los movimientos de trabajadores desde la década de 1990. “Llevaba el sindicato con extrema firmeza, llegando a realizar amenazas verbales, contra los que opinaran o actuaran en su contra”, señala el sumario del caso, en el que se investigan a 40 personas.

ASÍ QUEBRÓ LA TERCERA CENTRAL DE CATALUÑA

La anterior directiva podría haber cometido fraude en los 3,2 millones de euros que recibió en subvenciones.

La policía sospecha que ese dinero se utilizó para pagar sueldos y complementos salariales por 486.000 euros de forma irregular.

La entidad gestora que se hizo cargo del sindicato admitió que no se podría enderezar fácilmente una inercia de 30 o 40 años.

Bajo su mandato, la policía describe de manera pormenorizada varias irregularidades que fueron denunciadas por tres trabajadores. Primero, se realizó un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que afectó a 13 personas.

La dirección les pidió que acudiesen a sus puestos de trabajo y que se les abonaría la diferencia entre lo que les pagaba el Estado y lo que cobraban en activo. Aquellos que no accedieron, fueron amenazados con ser despedidos. Los mossos consideran que la cifra defraudada no llega a delito contra la Seguridad Social, pero sí contra los trabajadores.

Complementos salariales

Además, con el objetivo de conseguir votos para seguir dirigiendo el sindicato, los mossos apuntan que durante años el sindicato pagó complementos salariales de forma irregular. En concreto, la cifra asciende 486.000 euros.

Esos complementos los cobraban “multitud de personas con la finalidad de garantizar votos en futuras reuniones, consejos y comités”, según afirma la policía catalana en base a diversas intervenciones telefónicas y tras haber realizado un análisis de las cuentas. Esas prácticas son consideradas por los mossos como un delito de administración desleal.

Tal era el desmán económico dentro de la organización de representación de los trabajadores que la entidad gestora que se hizo cargo después, a manos de María Recuero, admitió que no sería fácil ponerle una solución. “Una inercia de 30 o 40 años aquí no se puede arreglar en dos meses”, sostenía un empleado en conversación con Recuero sobre los complementos irregulares.

Los Mossos también investigan a Recuero, que formó parte del equipo de Antònia Gil. Aseguran que es una de las personas que cobró de las subvenciones destinadas al Aula de Formación, “sin que haya rastro tangible de su actividad”.

La policía catalana sospecha que los cursos costaban menos de lo que suponía la subvención. Y con ese dinero pagaban al menos cinco sueldos del sindicato, según admite en varias reuniones la propia dirección de USOC. La mayor parte del dinero provenía del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), dependiente de la Generalitat, y del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Gil definió el Aula de Formación como “la gallina de los huevos de oro”.

Sanción por una ayuda

Recuero, ya como secretaria general, se negó a seguir adelante con esa manera ilegal de hacer. “Si nos presentamos habría que dedicar el dinero para lo que es y cómo no es, y nos tenemos que inventar todo y, claro, hay que escribirlo y me toca a mí, pues no quiero hacerlo”, explica en una de las conversaciones intervenidas por la policía. Ya en 2006, USOC fue sancionada por el uso indebido de una subvención, y tuvo que devolver 90.000 euros.

Mossos reprocha que esa manera “opaca” de gestionar las cuentas del sindicato, sin permitir un acceso a los afiliados a las mismas, era “dificultar posibles investigaciones que descubriera como, efectivamente, derivaban importes económicos allá donde en cada momento hiciera falta”, sin que les importase “especialmente” si el destino de las subvenciones era la formación de los afiliados.

“Lo más alarmante de toda esta caótica situación es que gran parte de los afiliados a dicho sindicato deben ser auténticos desconocedores de toda la trama orquestada por los investigados”, señala la policía catalana, lo que provoca “indefensión”.

Y concluye: “La habilidad de los autores ha logrado que esta quiebra económica del tercer sindicato más grande de Catalunya haya sido ocultada públicamente, permitiendo a su vez que la comisión de los posibles delitos ya mencionados tenga continuidad a lo largo de muchos años”. La juez ha declarado la causa compleja y ha levantado el secreto de sumario.

USOC es el tercer sindicato de Cataluña por número de afiliados, aunque es el primero en algunos sectores, como la enseñanza concertada.

GALICIA, TERRITORIO ÚNICO DE BOMBEROS PRIVADOS

Es la única comunidad autónoma que ha privatizado el servicio de extinción a través de parques comarcales que cuentan con tres efectivos por guardia

El modelo nació con la Xunta de Fraga en colaboración con las diputaciones en manos del PP, que ahora amaga con revertir la privatización

Cientos de bomberos de Galicia salen a la calle para pedir la gestión pública ->

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500 bomberos llevan años clamando para que se les rescate. La paradoja se da en Galicia, la única comunidad que mantiene privatizado el servicio de extinción y de emergencias a través de consorcios provinciales que financian a la mitad la Xunta y cada una de las cuatro diputaciones.

Tres empresas se reparten 23 parques comarcales distribuidos por todo el territorio que, como el resto del dispositivo que según la Xunta está integrado por 7.000 efectivos, también se han visto desbordados por la oleada de incendios que sacude la comunidad.

Aunque el grueso de la extinción en los montes de Galicia compete a los agentes forestales y a los medios aéreos y terrestres, esta red de instalaciones comarcales presta labores de apoyo con sus exiguas plantillas además de ocuparse de las emergencias de su territorio: cada parque cuenta con unos 20 efectivos que se distribuyen las guardias de tres en tres.

La cuadrilla de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), por ejemplo, no ha parado en los últimos días. Sus efectivos han realizado jornadas ininterrumpidas de 24 horas para aplacar las llamas en el monte Xiabre en uno de los grandes incendios del verano iniciado en Caldas de Reis y que se descontroló. Y ha servido de apoyo en otros fuegos que se han repetido en la comarca.

Sus 17 bomberos están contratados por la empresa Matinsa, una filial de Fomento de Construcciones y Contratas, el gigante que controla Esther Koplovitz y en el que Carlos Slim entró este año como accionista. En el último contrato en 2013, Matinsa se hizo con la gestión de cuatro de los servicios en la provincia de Pontevedra por un período de ocho años prorrogable y un importe total de 21 millones de euros.

El controvertido sistema de gestión privada, sin parangón en ningún otro lugar de España (salvo una experiencia en Villares de la Reina en Salamanca), nació con el Gobierno de Manuel Fraga en los primeros años 2000.

Entonces, una empresa carrocera, Veycar, que vendía vehículos a la Xunta pasó a prestar el servicio completo tras ganar concursos públicos y empezó a contratar personal. Ahí empezaron a consolidarse los primeros bomberos privados que hay en España. La fórmula se ha perpetuado pese las protestas continuas del personal de las emergencias.

La Plataforma Intersindical de Bomberos de Galicia, donde están representadas todas las centrales, suspendió la huelga indefinida que mantienen los parques privatizados para no perjudicar la lucha contra el fuego.

Junto a Veycar, Seganosa y Celta Prix fueron las otras subcontratas que recibieron parques. Esta última firma, dedicada también a la gestión de residuos urbanos, presentó suspensión de pagos en 2012 -cuando gestionaba tres estaciones- acuciada por los impagos de las administraciones.

Sus trabajadores habían denunciado reiteradamente que la empresa les restringía incluso ciertos desplazamientos para no gastar gasolina. Las guardias las hacían los bomberos de dos en dos.

El último pliego de condiciones del concurso público amplió los requisitos a tres y situó a Matinsa al frente de los parques que gestionaba Celta Prix. Los trabajadores aseguran que en las salidas a los accidentes lo tienen muy complicado para sacar a los ocupantes de los vehículos. Sin contar con que el parque queda vacío cada vez que hay una emergencia.

Aparte de las condiciones económicas –los bomberos privados cobran unos 1.300 euros al mes– pagas extraordinarias incluidas frente a los funcionarios que perciben casi el doble, su carrera se estira hasta los 67 años: no se pueden jubilar a los 60 como lo hacen los del sector público.

El modelo ha enseñado sus costuras en distintas crisis que ha sufrido la comunidad, porque sus sistemas de comunicaciones no son compatibles con los que usan los bomberos municipales del sistema público con los que coinciden en algunos fuegos.

Los colores de los cascos, que en el cuerpo sirven para distinguir las categorías profesionales y también a los mandos en medio del humo, tampoco coinciden porque los parques utilizan su propia gama.

En el accidente de tren de Angrois, los bomberos de Santiago denunciaron la descoordinación absoluta con sus compañeros de los parques privatizados.

El pasado mayo, en un gran fuego de la conservera Fandicosta en Moaña, a las afueras de Vigo se repitieron los problemas.

Los bomberos de Vigo acusaron al Gobierno gallego de impedirles desplazarse a un incendio gigantesco de una nave industrial que tenía desbordados a cuatro bomberos de un parque privado tratando de evitar que ardiesen dos tanques de 10.000 litros de amoníaco. Finalmente fueron los bomberos de Vigo los que evitaron la catástrofe.

La privatización tiene además problemas jurídicos que los sindicatos han puesto sobre la mesa. Un bombero contratado por una empresa privada no tiene la condición de agente de autoridad y es discutible que pueda obligar a alguien a desalojar su vivienda o cortar carreteras, por ejemplo. En la mayoría de sus actuaciones el conflicto se resuelve porque están acompañados de policías o guardias civiles.

A las protestas de los sindicatos y del personal de las Emergencias en Galicia se han unido en los últimos meses las diputaciones de A Coruña, Lugo, y Pontevedra, ahora gobernadas por coaliciones de izquierdas.

Pese a que el PSOE contribuyó a extender el modelo privado –los últimos parques de Lugo se adjudicaron a Veycar bajo la presidencia del socialista José Ramón Gómez Besteiro–, ahora los tres organismos provinciales son partidarios de revertir la privatización.

Por primera vez en 15 años, el Partido Popular ha aceptado abrir el debate sobre su propio modelo. La Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo ha pedido a las diputaciones que aporten informes jurídicos y económicos sobre las consecuencias de rescatar la gestión.

Entretanto, la Diputación de Ourense, gobernada por el popular José Manuel Baltar sigue con sus planes para renovar las adjudicaciones de tres estaciones (Valdeorras, Xinzo y Verín) a través de un concurso que contempla una cuarta en O Carballiño.

Mientras, las plataformas de bomberos del resto de España miran de reojo, temerosos de que el Partido Popular pretenda extender el modelo privatizado al resto del país.

En la mayoría de comunidades las leyes de emergencias lo prohíben expresamente con cláusulas que garantizan que el sistema de gestión ha de ser público.

LOS BOMBEROS DE ARAGÓN ALERTAN DE LA PRECARIEDAD DEL SERVICIO Y EXIGEN 200 EFECTIVOS MÁS

Marta Salguero

Reclaman que el Gobierno de Aragón asuma las competencias del servicio de extinción de incendios y cree un cuerpo único

En algunas zonas, como Los Monegros, dicen, no se está cumpliendo la Ley de Bomberos aprobada en 2013, que estipula en 35 minutos el tiempo de llegada al lugar de los hechos

Critican el sistema de agrupaciones de voluntarios, al considerar que estas personas no tienen la preparación técnica y física necesaria para ayudar en estas labores

“No somos conscientes del riesgo que supone tener unos servicios de bomberos deficitarios en Aragón; si tienes un accidente o un incendio en Zaragoza te van a atender bien, pero no ocurre lo mismo, si lo tienes en la zona de Ayerbe, en el Valle de Hecho o en la Litera el fin de semana”.

Así de rotundo se manifiesta Ricardo Rivero, bombero de Huesca y miembro de la Asociación de Bomberos Profesionales de Aragón.

Esta organización fue constituida en 2013 ante el hartazgo de muchos profesionales de este oficio, al considerar que no se está prestando un servicio adecuado a los ciudadanos. Calculan que, al menos, hace falta cerca de 200 efectivos más para atender a todas las zonas de la Comunidad por igual y exigen que sea el Gobierno de Aragón quien asuma las competencias.

Actualmente, en Teruel, presta este servicio la Diputación Provincial; en Huesca lo hacen las comarcas, excepto en la capital donde lo asume el Consistorio, mientras que  en Zaragoza, este servicio es de competencia municipal y provincial.

Principalmente, desde la asociación, ponen el foco en la provincia de Huesca y Teruel, donde los servicios de bomberos son “muy escasos” con un número “bajo de efectivos”, que no cumple con la ley 1/2013 de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de Aragón, que entró en vigor en 2014.

Esta normativa fija en 35 minutos el ratio máximo para llegar al lugar del siniestro, un tiempo que se alarga en muchas zonas de Aragón.

Explosión en Frula (Huesca)

Así ocurrió el pasado 31 de julio en la localidad monegrina de Frula (Huesca). Una explosión de gas propano provocó heridas graves a una mujer de 35 años en el interior de una casa. Como la Comarca de Los Monegros no dispone de un Parque de Bomberos Profesionales, la alerta se derivó al Parque de Bomberos de Huesca, cuyos efectivos se encontraban en ese momento sofocando un incendio en Angüés.

No obstante, lograron movilizar a otros tres, que se trasladaron hasta el lugar de los hechos, aunque 45 minutos después de la explosión. Cuando llegaron ya era tarde, porque  los propios vecinos, poniendo “en riesgo sus vidas”, habían sofocado este “grave” incendio con extintores y una manguera de riego, “evitando una tragedia aun mayor”, relata.

Este suceso pone de manifiesto para la asociación la necesidad real de unos Servicios Mínimos de Prevención y Extinción de Incendios en Aragón que cubran todo el territorio, “las 24 horas del día y los 365 días al año, para garantizar la seguridad a cualquier ciudadano de la Comunidad independientemente de donde viva”.

Pero la realidad que viven estos profesionales no parece ser así. Al igual que en la Comarca de Los Monegros, donde no hay un Servicio de Bomberos Profesionales, otras regiones de la Comunidad están más desprotegidas, especialmente en la provincia de Huesca donde estas competencias dependen de las comarcas.

Entre ellas, destacan La Ribagorza, con nueve bomberos repartidos en tres parques comarcales diferentes –Villanueva, Graus y Benabarre- para atender un ámbito territorial extenso.

Esta situación, además, se ve agravada desde que el Parque de Benabarre atiende las intervenciones de La Litera, debido al cierre de su parque de 18:00 a 08:00 horas y los fines de semana.

Y lo mismo ocurre en la zona de Ayerbe, Binéfar, Ansó, y el Valle de Hecho, en la provincia de Huesca. El Matarraña o El Maestrazgo en la provincia de Teruel o la zona de Belchite, en Zaragoza, no cumplen tampoco con los servicios mínimos según la asociación.

Las Comarcas de La Litera, el Cinca Medio, el Bajo Cinca y la Ribagorza firmaron un convenio para la coordinación de las actuaciones del servicio de bomberos, un acuerdo que, desde el sindicato profesional de bomberos de Aragón, califican de “cortina de humo”, porque “las carencias son las mismas”.

Voluntarios para la extinción de incendios

Para cubrir las vacantes del personal de Servicios de Bomberos, las tres provincias cuentan con 53 Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil, que ayudan en las labores de extinción de incendios. Desde la organización, critican este sistema, al considerar que se pone en juego la seguridad de las personas.

Señalan que en La Ribagorza se ha abierto una nueva bolsa de trabajo para cubrir estas vacantes, sin exigir la cualificación física y la preparación necesaria para estos casos. “Y esto ocurre en todo Aragón”, precisa.

“Tienen buena voluntad, pero no solo están evitando un servicio de calidad al ciudadano que atienden, sino que están poniendo en riesgo su integridad, al no tener las condiciones técnicas y físicas necesarias”, indica Rivero. Explica también que esta precariedad provoca situaciones de mucho estrés para el bombero profesional, ya que no cuenta con el apoyo necesario para atender un accidente o un suceso. “Si solo va un bombero a un accidente en el que hay tres personas, tiene que decidir a cuál sacar antes, poniendo la vida de uno por delante de la del otro”, sostiene.

Desde la organización destacan, además, que estas personas son voluntarios, es decir, no tienen la obligación de atender una llamada de emergencia o de acudir al lugar de los hechos, como ocurrió en la explosión de Frula, cuando tuvieron que alertar a los bomberos del Ayuntamiento de Huesca al no recibir contestación.

Este sistema de voluntarios hace creer a los ciudadanos que están bien atendidos, porque van equipados como “un bombero profesional cuando no lo son.”

Ante esta situación, desde la Asociación de Bomberos Profesionales tienen clara la solución  que pasa por que el Gobierno de Aragón asuma las competencias e impulse la creación de un cuerpo único sin voluntarios.

Reclaman 90 plazas de bomberos profesionales en cada una de las provincias de Huesca y Teruel, lo que supondría, según sus cálculos, una inversión de 6 millones de euros en total -3 millones para cada una-.

Y critican que, dos años después de la entrada en vigor, todavía el Gobierno de Aragón no haya catalogado los parques -principal, secundario, apoyo-, para dotarlos de un personal mínimos.

LA HUELGA EN LAS PLAYAS SE NOTA MÁS AUNQUE CONTINÚA CON BAJA INCIDENCIA

La huelga en el servicio de limpieza y mantenimiento de las playas se notó más en el litoral de Algeciras que el sábado.

Durante la segunda jornada de interrupción de la actividad laboral se pudo apreciar una mayor cantidad de basuras en El Rinconcillo y en Getares que la víspera, aunque el impacto general de la protesta siguió siendo bajo.

Un paseo por El Rinconcillo y por Getares sobre la hora de almorzar y a primera hora de la tarde mostraba papeleras más llenas que el sábado y que cualquier otro domingo en esa misma franja horaria. Pero también era posible encontrarlas sin rebosar y cerradas y el aspecto del arenal y del área de bañistas no era malo.

La huelga ha coincidido con unos días ásperos de fuerte viento de Levante y con un importante oleaje. Durante el fin de semana la afluencia a las playas no ha sido masiva.

La Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos de un 25% de personal y medios. El presidente del comité de empresa, Alexis de la Paz, indicó que los siete empleados en total para todo el día que pueden trabajar solo alcanzan a ocuparse de la zona intermareal y la de los usuarios.

El sindicato UGT envió un comunicado firmado por De la Paz en el que reiteró los motivos por los que se ha convocado la huelga -que seguirá adelante- para conocimiento de la ciudadanía.

El representante de los trabajadores recalcó que están reclamando «un convenio digno». «La negativa de la empresa (concesionaria, Urbaser) a negociar aun realizando dos intermediaciones y la dejadez del Ayuntamiento para dar una solución provocan esta situación», apuntó.

De la Paz expuso: «El fondo del asunto radica en el propio pliego de condiciones que adjudican a la empresa Urbaser, por un precio muy inferior.

El pliego sale a concurso por 1.217.140,37 euros y en uno de sus compromisos a cumplir por la empresa está el gasto de personal, 668.039,10 euros. La empresa se hace cargo del concurso por 995.842 euros, una diferencia de 221.298,37 euros».

«Con estas circunstancias -continuó- la empresa alega que no puede abordar ninguna de las peticiones de los trabajadores ni ahora ni en cuatro años que dura la gestión del servicio». «La empresa y Ayuntamiento son conocedores de la situación por la que estos trabajadores están pasando, de precariedad, de penosidad, etcétera.

Y ahora se ven en medio de una gestión realizada por el Ayuntamiento y empresa muy nefasta, pues el Ayuntamiento debería tener recogido en el pliego de condiciones que los trabajadores estaban en la negociación de un convenio», agregó.

El representante de los trabajadores insistió en que solicitaron al alcalde, José Ignacio Landaluce, una reunión para tratar el tema pero hizo «caso omiso» y dejó «a 30 familias a los pies de los caballos».

«El alcalde hace causa común con la empresa y ofrece unas cantidades ridículas para solucionar el problema confundiendo la negociación colectiva con una revisión de tablas salariales, además con un desconocimiento patente de los números que los trabajadores hemos realizado», finalizó De la Paz.

LA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ SUFRE UNA NUEVA CRISIS DE TESORERÍA TRAS SU ÚLTIMO ERE

Los trabajadores despedidos todavía esperan sus finiquitos y el director financiero renuncia tras confrontaciones con el dueño

La cadena de electrodomésticos Miró afronta una complicada situación financiera tras su último Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Apenas 3 de los 119 empleados despedidos han cobrado sus indemnizaciones, según ha explicado a este diario un grupo de trabajadores afectados.

La cadena sigue atravesando una complicada situación en sus almacenes que se encuentran sin mercancía.

En medio de las complicaciones económicas, el director financiero de la compañía, Toni Escribano, ha presentado su renuncia irrevocable ante la cúpula.

El hasta ahora responsable de las finanzas ha tenido abiertas fuertes confrontaciones con el propietario de la compañía, Martín Gruschka, dueño del fondo de capital de riesgo Springwater a quien ha señalado de ser responsable de la descapitalización de la empresa.

El directivo ha comunicado a la plantilla que intentó «contribuir a la buena marcha del negocio y a su crecimiento a pesar de las condiciones de trabajo adversas impuestas por el propietario de la compañía». Las condiciones fijadas desde Springwater –asegura– le han impedido desarrollar su trabajo «con normalidad».

Los actuales directivos de la empresa consideran que las acusaciones del ex director financiero no describen de forma objetiva la situación económica de Miró. La empresa ha asegurado que no comparte los criterios de un directivo que ya no forma parte de la plantilla.

Tensiones económicas

Los trabajadores de Miró se enfrentan a un ambiente de permanente tensión. Buena parte de la plantilla no asiste a sus lugares de trabajo «porque no hay nada que hacer», según explican.

Las tiendas sufren desabastecimiento de productos y las estanterías y escaparates lucen vacíos o semivacíos.  Los proveedores se niegan a abastecer con normalidad a las tiendas porque temen que la sociedad vuelva a ir a su tercera liquidación.

Worten da la espalda

Miró intentó cerrar un acuerdo de distribución con la cadena de electrodomésticos Worten, que tiene un plan de expansión por España que incluye la apertura de 10 nuevos establecimientos este año. Pero, a última hora, la empresa portuguesa, que quiere abrir nuevas tiendas en España, ha declinado cerrar cualquier acuerdo comercial con la cadena catalana.

Los directivos portugueses rechazaron el pacto tras haber analizado la situación financiera de la cadena catalana. Miró fue comprada por el fondo de inversión Springwater por apenas tres millones de euros durante su proceso de liquidación.

Tras la adquisición, el fondo de capital riesgo puso al frente de la compañía Ignacio González Pisón, su administrador concursal. Ahora, la compañía está dirigida por el italiano Matteo Buzzi.

Miró había anunciado una importante expansión para 2015 y 2016, pero lejos de los planes de crecimiento, ha tenido que pactar el cierre de la mayoría de tiendas fuera de Cataluña y el despido de 119 empleados, una cuarta parte de la plantilla.

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