Boletín de Luchas Obreras (17 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • ACCIDENTES” LABORALES: MÁS DE 50 TRABAJADORES MUERTOS DE MEDIA AL MES EN LO QUE VA DE AÑO
  • LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN MENORES DE 25 AÑOS SE HAN MULTIPLICADO POR 6 DESDE 2008
  • LOS FORENSES DE BIZKAIA «SE REARMAN»
  • UN AÑO Y MEDIO DE HUELGA DE LOS EDUCADORES DEL CENTRO DE MENORES DE ZARAGOZA
  • LOS 39 CONSERJES DEL MUSEO DEL EJÉRCITO AFRONTAN EL SEGUNDO FIN DE SEMANA DE HUELGA
  • LA PLANTILLA DE ABENGOA MUESTRA UNANIMIDAD EN LA PRIMERA HUELGA DE SU HISTORIA
  • LA HUELGA EN LAS PLAYAS SE MANTIENE PESE A UN ÚLTIMO INTENTO DE ACUERDO
  • PRECARIEDAD LABORAL, FALTA DE PREVENCIÓN Y VENGANZAS, UN CÓCTEL LETAL PARA EL BOSQUE
  • VÍCTIMAS DEL AMIANTO EN MÁLAGA FALLECEN ESPERANDO LA SENTENCIA DE LOS JUZGADOS
  • EL ERE DE DOCENTES DE RELIGIÓN PUEDE COSTAR AL GOVERN 4,5 MILLONES

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ACCIDENTES” LABORALES: MÁS DE 50 TRABAJADORES MUERTOS DE MEDIA AL MES EN LO QUE VA DE AÑO

https://kaosenlared.net/accidentes-laborales-mas-de-50-trabajadores-muertos-de-media-al-mes-en-lo-que-va-de-ano/

LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN MENORES DE 25 AÑOS SE HAN MULTIPLICADO POR 6 DESDE 2008

Madrid (Europa Press)

En la franja de 25 a 45 años, el 40,3% de los parados de esta edad llevan más de 2 años buscando empleo, cifra que se eleva hasta el 56,1% en el caso de los mayores de 45 años

Antes de la crisis, los parados que llevaban más de 2 años en el desempleo representaban el 11,1%, alcanzando en 2015 el 43,7%, y descendiendo al 43,2% en el primer trimestre de 2016

El número de parados menores de 25 años que lleva más de 2 años buscando empleo se ha multiplicado por 6 en los últimos 8 años, al pasar de 24.900 en el primer trimestre de 2008 a un total de 138.600 en el mismo periodo de 2016, según un informe de Randstad.

El máximo de jóvenes parados de larga duración se produjo en 2014, cuando la cifra de menores de 25 años en paro desde hace más de 2 años se situó en 248.800 desempleados, el equivalente al 28,2% del total de parados menores de 25 años. En 2016, este porcentaje se ha reducido hasta rozar el 21%.

En la franja de 25 a 45 años, el 40,3% de los parados de esta edad llevan más de 2 años buscando empleo, cifra que se eleva hasta el 56,1% en el caso de los mayores de 45 años.

Pese a los buenos datos de empleo registrados en los últimos meses, Randstad señala en su informe que el número de parados de larga duración se ha multiplicado por 8 en los últimos 8 años, al pasar de 243.000 en 2008 hasta 2.071.000 en el primer trimestre de 2016. Tras 7 años consecutivos de incrementos, en el primer trimestre de 2016 este colectivo de profesionales experimentó su primer descenso interanual.

Antes de la crisis económica, los parados que llevaban más de 2 años en el desempleo representaban el 11,1%, alcanzando en 2015 el 43,7%, su cifra más alta. En el primer trimestre de 2016, por primera vez desde 2009, este porcentaje ha descendido al 43,2%.

Canarias, la región con más parados de larga duración

De acuerdo con este informe, las regiones con más personas en paro desde hace más de 2 años sobre el total de desempleados son:

– Canarias (49,2%)

– Comunidad Valenciana (48,7%)

– Navarra (47,8%)

Por encima de la media nacional (43,2%), también se sitúan:

– País Vasco (45,9%)

– Asturias (45,9%)

– Castilla-La Mancha (45,4%)

– Murcia (44,7%).

En el lado contrario, Baleares es la comunidad que registra un menor porcentaje de parados de larga duración sobre el total de desempleados, con un 23,4%. Le siguen Cantabria, Extremadura y Castilla y León, todas ellas por debajo del 40%.

En términos absolutos, Andalucía es la región que cuenta con un mayor número de desempleados de larga duración (más de 2 años en el desempleo), con 502.100. Le siguen Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, todas ellas entre los 240.000 y 285.000 desempleados.

Las comunidades con menos parados de larga duración son:

– Navarra (20.900)

– Cantabria (19.500)-

– La Rioja (9.400).

En su informe, Randstad diferencia entre los parados de larga duración que ya han trabajado y aquellos que están buscando su primer empleo.

El 7,4% de los desempleados que llevan más de 2 años en esta situación (153.900 personas) está esperando su primera oportunidad laboral. Durante el primer trimestre de 2016, este grupo ha experimentado su primer descenso desde 2008, reduciéndose en 40.000 desempleados.

LOS FORENSES DE BIZKAIA «SE REARMAN»

Isabel León – Bilbao – cadenaser.com

Suman su sexto mes de paros y anuncian en Radio Bilbao un recrudecimiento de sus protestas a partir de septiembre con encierros y manifestaciones diarias

Los forenses de Bizkaia, los primeros en todo el Estado en iniciar una huelga, suman ya este mes de agosto su sexto mes de paros y lo hacen anunciando acciones más radicales a partir de septiembre.

Y es que su principal demanda, la de ser equiparados con los médicos de cabecera de Osakidetza, sigue sin atenderse, de ahí su intención de recrudecer los paros.

Dos de estas forenses, Irene Landa y Ana Hidalgo, reconocen a Radio Bilbao que «eran novatos en esto de iniciar paros», pero que no van a parar hasta que se reconozca un derecho que les ha sido vetado y que, de seguir así, repercutirá en la regeneración del Instituto Vasco de Medicina Legal.

Dicen que «lejos de tirar la toalla», están trabajando ya en nuevas movilizaciones. No descartan los encierros «o las manifestaciones diarias por la Gran Vía de Bilbao».

Recuerdan que el Parlamento Vasco les ha dado la razón, «así como los grupos de la oposición», por eso quieren estar presentes en la próxima campaña electoral.

Su huelga deja solo en mayo y junio cifras en los juzgados muy significativas. De todos los juicios a los que están citados, no han acudido en el 85% de ellos (lo que ha supuesto en la mayoría de los casos aplazamientos). En cuanto a los pacientes citados en la clínica médico forense de Bilbao, solo se ha reconocido a un 15% de los citados.

UN AÑO Y MEDIO DE HUELGA DE LOS EDUCADORES DEL CENTRO DE MENORES DE ZARAGOZA

Los educadores llevan más de un año peleando por la mejora de las condiciones del centro. Una situación insostenible para los menores que se ven sometidos a numerosas intervenciones policiales.

La Policía Nacional ha detenido a un menor interno en el Centro de Observación y Acogida -COA- de Zaragoza. Otros tres internos detenidos quedaban absueltos por ser menores de 14 años. Por último, otro menor fue ingresado en un centro psiquiátrico. Todo ocurría durante la misma jornada.

Sin embargo, es la cuarta vez en menos de una semana que la Policía Nacional interviene mediante diferentes operativos en el centro de menores COA.

Sin duda, los sucesos ocurridos el lunes 8, son el desenlace de una serie de alertas que los educadores del propio centro venían denunciando desde hace tiempo.

El pasado 2 de agosto, varios menores sufrieron situaciones de riesgo, sin llegar haber ningún herido. Desde el centro creyeron necesario llamar al 061, policía y bomberos.

El 28 de julio, hubo enfrentamientos entre diferentes menores, varios de ellos agredieron gravemente a otro compañero interno en el centro. Esto solo durante las últimas semanas.

Repetidas situaciones que se vienen agudizado desde mayo, fecha en la que la plantilla quedó mermada por los despidos de los educadores veteranos con mayor experiencia cualificada. Y a eso hay que sumar las bajas por stress y ansiedad, además de las renuncias por inconveniencias de horarios.

Por todo ello, los educadores del COA de Zaragoza llevan más de año y medio de huelga. A parte de la situación de extrema gravedad e inseguridad por la que tienen que pasar los menores internos, los trabajadores del centro denuncian que los nuevos contratos sean temporales, sin experiencia específica para este tipo de recursos y sin ningún tipo de formación por parte de la empresa.

Denuncian que las causas de la situación actual de los menores internados proviene del desmantelamiento del equipo educativo y de un proyecto en general para el centro. “El COA funciona sin proyecto educativo. La desprotección que esto está generando, no solo afecta a menores, sino también a educadores y a la totalidad de los profesionales que trabajan en el centro”.

Estos días, además, se cumple un año desde que la Consejera de Ciudadanía y de Derechos Sociales, María Victoria Broto, y Joaquín Santos, director del IASS -Instituto Aragonés de Servicios Sociales-, firmaran la adjudicación del COA a la empresa Intress.

Desde que llegó Intress y bajo la responsabilidad del IASS, se quejan los educadores, la desproteción de los menores en el centro COA ha ido in crescendo. Aumentando y normalizando las situaciones de violencia y las agresiones; criminalizando en cada caso la conducta del propio menor y redestinándolos a otros centros. Todo ello, además de empeorar las condiciones del propio centro.

Los educadores denuncian también que el centro debería disponer de una enfermera, un psicólogo, y otros profesionales necesarios. Así como un maestro para todos aquellos niños escolarizados del centro y que por distintos motivos no pueden acudir al colegio. Además de potenciar diferentes áreas con un aula de informática, un gimnasio, una sala de psicomotricidad…, etc.

Existe, además, un proceso abierto en el contencioso administrativo contra el concurso y adjudicación del COA por parte de Intress. Tres demandas judiciales por despidos improcedentes. Además de una reciente inspección de trabajo que levantó acta de infracción por cinco empleos irregulares, sin alta en la Seguridad Social, por parte de la empresa.

Por su parte, las reivindicaciones de los educadores son claras. Mantener las mismas condiciones de atención a los menores anteriores al concurso.

Volver al mismo número de personal por turno sin ninguna rebaja presupuestaria. Gastos mínimos y básicos por menor, no inferior a los gastos destinados en las empresas privadas de salud, vestimenta, material escolar,…

Y por supuesto, la reincorporación inmediata de los educadores despedidos y conservar las mismas condiciones laborales para todo el equipo educativo.

LOS 39 CONSERJES DEL MUSEO DEL EJÉRCITO AFRONTAN EL SEGUNDO FIN DE SEMANA DE HUELGA

EFE

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Además del pago de las tres nóminas pendientes, los trabajadores del Museo exigen a la empresa regularizarlo

Los 39 conserjes del Museo del Ejército de Toledo afrontan su segundo fin de semana de huelga indefinida que comenzaron el sábado, 6 de agosto, con motivo de las tres nóminas que les debe la empresa adjudicataria del servicio, Proman.

Así lo ha indicado el sindicato de CCOO en Castilla-La Mancha en una nota de prensa, en la que ha señalado que los trabajadores reclaman al Ministerio de Defensa que de continuar los reiterados impagos retire la concesión del servicio a esta empresa.

Los días de huelga la entrada al Museo está siendo gratuita, lo que está teniendo un perjuicio económico para las arcas del Estado de más de 12.000 euros por día, ha manifestado CCOO, que ha remarcado que con lo que no se recauda en dos jornadas de huelga se podría pagar la nómina de un mes de los 39 conserjes.

Además del pago de las tres nóminas pendientes, los trabajadores del Museo exigen a la empresa regularizar el abono de los salarios, tal y como se comprometió Proman a hacer en el mes de abril ante la Inspección de Trabajo.

Los trabajadores volverán a concentrarse, como ya hicieron la semana anterior, el sábado y el domingo ante las puertas del Museo durante dos horas, desde las 12 hasta las 14 horas.

Y continuarán con la huelga en los fines de semana sucesivos mientras siga sin solucionarse el problema, ha apuntado el responsable de Acción Sindical de Construcción y Servicios de CCOO en la región, Carlos García Montoya, quien ha recordado que los salarios de estas personas «apenas llegan a los 700 euros, incluyendo la prorrata de las pagas».

LA PLANTILLA DE ABENGOA MUESTRA UNANIMIDAD EN LA PRIMERA HUELGA DE SU HISTORIA

El Correo / Sevilla

El 95% de los trabajadores de Abeinsa BD, Abengoa Research y Abeinsa EPC secundan los paros parciales.

Critican que el acuerdo no se refleje en los ERTE

El anuncio del acuerdo entre Abengoa y sus acreedores no disuadió a los trabajadores de la compañía de respaldar la convocatoria de paros parciales que se produjo. Una jornada histórica, al ser la primera huelga que vive la ingeniería sevillana después de 75 años de actividad.

A las 10.30 de la mañana, cerca del 95 por ciento de los empleados de las filiales Abeinsa EPC, Abeinsa BD y Abengoa Research se levantaron de sus puestos de trabajo y salieron del edificio de la ingeniería en Palmas Altas para secundar los paros.

Es decir, más de 700 empleados fueron unánimes a la hora de mostrar su rechazo a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) planteados en ocho filiales y al impago de la paga extra de julio, que en principio sólo se abonará al 60 por ciento de la plantilla.

Aunque el acuerdo es positivo, dado que si lo respalda el 75 por ciento de los acreedores supondrá la salvación definitiva del concurso de acreedores, desde UGT lamentan que, por el momento, los elementos del plan de refinanciación «no se han plasmado en la mesa de negociación con los sindicatos».

Estaba previsto que los paros durasen dos días pero la plantilla suspendió las protestas en señal de su «buena voluntad» en las negociaciones. Sin embargo, decidieron mantener la última, ya que «las posturas sobre el ERTE están muy alejadas» y no dicen nada sobre el cobro de la paga extra de julio.

El único paso que ha dado la ingeniería con respecto a los expedientes ha sido el reducir en un mes la suspensión de empleo. Es decir, de 15 a 14 meses. «Pero eso no es una negociación», apuntan desde UGT.

Los expedientes planteados por Abengoa atañerá a medio millar de trabajadores de Abeinsa BD (donde afectará a 100 de 300 empleados), Abeinsa EPC (48 de 100), Abengoa Research (184 de 390) y Nicsa (41 de 47). Además, está por ver qué incidencia tiene en las filiales Abengoa Solar, Abengoa Solar España, Abengoa Solar NT y Abencor, cuyas mesas de negociación están por constituir.

Por su parte, fuentes de CCOO consideran que el acuerdo de refinanciación de Abengoa «es una noticia muy importante», aunque recuerda que «ahora queda la adhesión de los acreedores al acuerdo», que al menos deberá ser del 75 por ciento.

Según CCOO, el reto de Abengoa es el de «retomar la capacidad de acción ante todos los contratos que están sobreviniendo» y evitar perderlos ante la falta de liquidez para hacer frente a los avales correspondientes. En este sentido, esperan que el rescate financiero permita adelantan algún crédito y «trazar con normalidad el funcionamiento de la empresa».

LA HUELGA EN LAS PLAYAS SE MANTIENE PESE A UN ÚLTIMO INTENTO DE ACUERDO

En estos días se ocuparán de la limpieza solo siete empleados con una máquina

Un último encuentro entre la plantilla y la empresa no logró desconvocar la huelga de limpieza y mantenimiento de las playas de Algeciras, que estaba prevista durante varios días.

Los trabajadores y la concesionaria, Urbaser, finalizaron la jornada más cerca de lo que estaban, pero no fue suficiente.

La secuencia de acontecimientos arrancó con una carta enviada por el alcalde, José Ignacio Landaluce, al presidente de Urbaser en la que solicitaba a la empresa que «extremara las medidas de diálogo al objeto de alcanzar un acuerdo» que pusiera fin al conflicto laboral.

En este escrito el regidor sugirió a la compañía proponer a los empleados una subida salarial de un 2% y estudiar y negociar con ellos algunos de los complementos y mejoras laborales que demandan.

En la misiva Landaluce recordó que la huelga coincidirá con la romería marítima de la Virgen de la Palma. «Este alcalde desea conseguir que una vez más la ciudad de Algeciras destaque por la brillantez de los eventos que organiza y muy especialmente en lo relacionado con la festividad de nuestra patrona», expresó.

La dirección de la empresa contactó con los trabajadores y se citaron en la sede del Sercla. En el nuevo encuentro Urbaser planteó la sugerida subida salarial de un 2% y ofreció un mes más de contrato al año -cinco en lugar de los cuatro actuales- a los 19 empleados fijos discontinuos (los fijos son 10), según explicó el concejal de Playas, Segundo Ávila.

Ávila consideró que la negativa de ayer del comité perjudica a los 19 discontinuos y también entendió que era un buen ofrecimiento al remarcar que un 2% es el doble del 1% de incremento retributivo que han experimentado el resto de trabajadores dependientes del Ayuntamiento.

Estos hechos también fueron recalcados por el alcalde en su carta a Urbaser y ayer en un comunicado. Landaluce sostuvo que las planteadas por Urbaser fueron «importantes mejoras salariales y laborales» y lamentó que la plantilla las rechazara.

De la propuesta del 2% remarcó que «representa justo el doble de lo que se subieron los sueldos de los más de 1.500 funcionarios municipales y empleados de diversas empresas concesionarias».

El primer edil añadió que la oferta para los discontinuos entrañaba «un 25% más de contratación e ingresos» y el Ayuntamiento calcula que con ese mes extra este personal podrían cotizar seis, lo que unido al subsidio de desempleo resolvería el año.

Alexis de la Paz, presidente del comité de empresa, rechazó que las reivindicaciones de los trabajadores se puedan plantear así.

Enfatizó que no están pidiendo subidas de sueldo, sino una revisión global del convenio colectivo que saque a la plantilla de la precariedad en la que se encuentra a través de medidas como pluses, más días de descanso o promociones.

De la Paz añadió que de cualquier forma no cabe comparar subidas, puesto que si la plantilla de playas disfrutara de unas condiciones como las de los funcionarios municipales renunciaría al 2%, al 1% y a cualquier tanto por ciento.

«De lo que estamos hablando es de una revisión de convenio», declaró De la Paz.

El concejal de Playas, a su vez, no se mostró de acuerdo con este planteamiento de la plantilla. Ávila señaló que hay que ponderar las condiciones de los trabajadores de las playas de Algeciras con las que tienen los empleados de ese mismo sector y que la conclusión que se puede sacar es que los contratos en el municipio están entre los mejores de Andalucía.

El encuentro de ayer en el Sercla, no obstante, supuso un «acercamiento», en palabras del presidente del comité de empresa. Pero Alexis de la Paz lamentó que nadie del Ayuntamiento acudiera a la reunión y afirmó que es imposible cerrar ningún acuerdo sin el beneplácito y el compromiso de la institución que adjudica el servicio, para empezar porque fue el propio gobierno local el que se comprometió con la plantilla a impulsar mejoras.

El representante de los trabajadores indicó que ha solicitado dos veces por escrito una reunión con el alcalde y que no ha tenido contestación.

Segundo Ávila defendió que el Ayuntamiento no debe entrometerse en un conflicto que se ha suscitado entre una empresa y sus empleados.

La Junta de Andalucía ha establecido un 25% de servicios mínimos en personal y medios durante los cuatro días de huelga.

La plantilla calcula que esto significa que han de trabajar 7 empleados en total cada jornada -distribuidos en un turno de mañana (para Getares, El Rinconcillo y El Chinarral) y otro de tarde (para Getares y El Rinconcillo)- con el uso de una de las tres máquinas disponibles.

El alcalde lanzó un mensaje de tranquilidad a los usuarios de las playas reseñando que «se pondrán todas las medidas para que las fiestas patronales se desarrollen con normalidad a pesar de la huelga y para que las playas continúen en perfecto estado».

De cualquier modo, pidió disculpas anticipadas a los bañistas por si no se pudiese evitar algún inconveniente derivado de la protesta.

Por otra parte, el comité de empresa de la empresa municipal de limpieza, Algesa, manifestó ayer su respaldo a las demandas de los trabajadores de las playas.

«Mostramos nuestro apoyo a las legítimas reivindicaciones y esperamos que se mantenga abierto el diálogo para que se solucione el conflicto generado lo antes posible, por el bien de los propios trabajadores y de la ciudadanía», expuso.

PRECARIEDAD LABORAL, FALTA DE PREVENCIÓN Y VENGANZAS, UN CÓCTEL LETAL PARA EL BOSQUE

La Marea

Los bomberos denuncian la falta de medios y las precarias condiciones laborales.

Desde las administraciones se habla de mafia organizada, “pero no hay apenas detenidos, ni hechos que demuestren que así sea”, apuntan desde Ecologistas.

La situación en los montes de Galicia mejora, pero anoche el fuego ya había arrasado más de 6.600 hectáreas. La Guardia Civil detuvo a la presunta autora de 15 incendios cuando intentaba provocar otros siete en el municipio coruñés de Cerceda.

La mujer, de 56 años, fue sorprendida cuando intentaba prender los nuevos focos cerca de un conjunto de viviendas. Los incendios de Galicia, unidos a los desatados el 3 de agosto en la isla de La Palma, que han calcinado 5.000 hectáreas, han empañado el balance de un año en el que se habían reducido considerablemente este tipo de siniestros, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA).

“Es una situación similar a la de otros años”, explica Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción. “Galicia, y también la zona noroeste de Castilla y León, es una de las zonas con más incendios dentro del Estado español, y tiene una problemática muy específica”.

Y es que, mientras los bomberos luchan contra el fuego, muchos ciudadanos buscan culpables. “Desde las administraciones se está responsabilizando a incendiarios, y se habla de mafia organizada. Pero no hay apenas detenidos, ni hechos que demuestren que así sea”, apunta Oberhuber.

La portavoz de la organización ecologista sostiene que existe una “gran conflictividad” en el monte gallego: “venganzas, rencillas y problemas entre vecinos por los pastos… Además, no se están tomando las medidas necesarias para controlar la quema incontrolada de rastrojos.

Hacen falta campañas de sensibilización con los ganaderos y los agricultores. No se trata de poner cuatro carteles en el ayuntamiento de turno, sino de analizar por qué existe esa conflictividad y dar una formación para todos aquellos que utilizan el campo, especialmente agricultores y ganaderos”

Pese a que son muchos los que, especialmente en las redes sociales, recuerdan la modificación por parte del Gobierno del PP de la Ley de Montes de la ex ministra Cristina Narbona que prohibía recalificar terrenos quemados durante 30 años, Oberhuber se muestra escéptica frente a la posibilidad de que ésa sea la causa de los incendios intencionados. “Es cierto: aquella modificación de la ley por parte del PP dio a las comunidades autónomas la capacidad de decidir qué hacer con esos terrenos.

Sin embargo, no se ha dado ningún caso en el que se haya dado permiso para construir. No hay precedentes, así que no parece muy lógico que esa sea la causa real”.

Nueve años sin convenio

Por su parte, los bomberos denuncian falta de medios y precariedad laboral. “Trabajamos en condiciones penosas, arriesgando la vida”, denuncia uno de ellos en conversación con La Marea. Forma parte de la empresa pública SEAGA, perteneciente a la Xunta. “Estamos sin convenio desde hace nueve años”, apunta.

“Desde que denunciamos nuestras condiciones laborales se ha reducido la plantilla de 2.000 a 500 personas. Muchos han ido a parar a las empresas privadas como TRACSA (semipública), que se dedican a luchar contra el fuego en Galicia.

Cada vez se tienda a privatizar más el servicio. Por ejemplo, sólo uno o dos de los helicópteros que operan en los incendios es de la Xunta. El resto está en manos privadas”.

El trabajador recuerda que “aunque se diga que hay cinco incendios, la realidad es que hay muchos más. Hay que tener en cuenta que sólo se contabiliza como tal si tiene más de dos hectáreas. Una medida que, recordemos, equivale a dos campos de fútbol”.

Entre las causas, el bombero señala que “el fuego puede tener miles de orígenes, porque hay mucha gente interesada. Desde un loco al que le da por incendiar un bosque hasta personas con intereses económicos, pasando por cazadores que quieren limpiar la zona o pastores que quieren la tierra para pastar.

Por no olvidar que hay empresas que ganan dinero con la lucha contra incendios”. Pero más allá de lo que considera un problema “inevitable”, recuerda que “en vez de dedicar el dinero a la extinción, habría que invertir en prevención, lo que sería mucho más sencillo y más barato”.

La Marea se ha puesto en contacto con la Xunta de Galicia para conocer de primera mano su evaluación de la situación. No obstante, explican que los responsables del departamento de prensa “están de vacaciones”, por lo que invitan a volver a intentar contactar con la Xunta.

VÍCTIMAS DEL AMIANTO EN MÁLAGA FALLECEN ESPERANDO LA SENTENCIA DE LOS JUZGADOS

Jesús Sánchez Orellana – cadenaser

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Francisco Padilla, extrabajador de los talleres de Los Prados, ha muerto tras sufrir cáncer de pulmón. Estaba a punto de conocer la resolución del juez. Otros cinco casos esperan sentencia

Nuevo trabajador del taller malagueño ferroviario de Los Prados que fallece, víctima del amianto, sin conocer la sentencia judicial.

El asunto había llegado a juicio y estaba a punto de que se conociera la sentencia. Francisco Padilla reparó durante años el sistema eléctrico de vagones construidos con este material.

Este inicio de agosto ha fallecido. Era el primero que había llevado a Renfe a los Tribunales.

Carpinteros, electricistas y operarios que realizaron labores de mantenimiento en la compañía ferroviaria o en otras empresas en las que el amianto estaba presente buscaban justicia por las consecuencias que ha dejado este material.

A Padilla se le había extirpado un pulmón por culpa del cáncer y estaba a punto de perder otro también infectado.

La Plataforma Amianto Cero en Málaga recuerda que, al menos, otros cinco casos en los juzgados; hasta tres trabajadores de los talleres han muerto esperando sentencia judicial.

Con anterioridad hasta quince personas habían fallecido, todos compañeros de Francisco Padilla, sin que sus casos se llegaran a denunciar.

EL ERE DE DOCENTES DE RELIGIÓN PUEDE COSTAR AL GOVERN 4,5 MILLONES

Una reciente manifestación de los profesores frente a la sede de la Conselleria ->

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El despido de los profesores de Religión puede suponer un importante agujero a la Conselleria de Educación.

El ERE de docentes que está impulsando el Govern del Pacte puede tener un coste hasta tres veces superior al calculado inicialmente y alcanzar los 4,5 millones de euros.

Si tal y como se prevé, el conflicto acaba en los juzgados, el coste final de las indemnizaciones puede acabar muy lejos de los 1,5 millones previstos por la Conselleria, según los cálculos de la Federación de Enseñanza de USO-Illes Balears (Feuso).

La Conselleria planea despedir a unos 40 trabajadores y reducir la jornada a otros 15, lo que en principio tendría un coste aproximado de 1,5 millones de euros.

Sin embargo, el sindicato Feuso, único presente en el comité negociador, considera que este coste se multiplicará sustancialmente en el caso de que el conflicto acabe en los tribunales y el juez falle a favor de los trabajadores.

No sería la primera vez que esto sucede. Cabe recordar que, después de varias sentencias favorables, el anterior Govern del PP tuvo que afrontar un cambio de criterio judicial en los procesos abiertos por los despidos vinculados a la reducción de empresas públicas.

En este caso, según Feuso, los profesores de Religión son empleados indefinidos, «por lo que su despido sería improcedente».

«Empezaron este ERE con el objetivo de ahorrarse dinero pero se pueden encontrar con que les sale mucho más caro», apunta el secretario general de la Feuso, Ismael Alonso, que subraya la nula voluntad negociadora de la Conselleria.

«No avanzamos nada porque lo único que nos piden es que señalemos a quién hay que despedir o que aceptemos que casi todos los profesores tengan reducción de jornada, es decir, repartir la miseria», añade.

La próxima reunión será el siguiente capítulo de un conflicto que le ha estallado en las manos al Govern y que, salvo giro radical de 180 grados, seguirá latente en el arranque del curso, previsto para el próximo día 12 de septiembre.

Todo comenzó cuando el Govern decidió reducir las horas lectivas de Religión de 1,5 a 1 dentro del margen de maniobra que le concede la nueva ley educativa Lomce.

Poco después, según denuncia Feuso, la Conselleria comandada por Martí March puso en marcha «el primer ERE de profesores» para intentar despedir a 40 docentes y reducir la jornada a otros 15. Es decir, que los recortes de la Conselleria afectarían a uno de cada tres docentes de Religión en Baleares, ya que actualmente ejercen como tales 189 docentes.

Feuso planteó entonces diversas opciones para frenar el ERE o, al menos, minimizar sus efectos. Por un lado, planteó la opción de abrir un plan incentivado de bajas voluntarias, como suele ser habitual en los procesos de ERE. Sin embargo, la Conselleria se ha negado a promocionar las marchas voluntarias y solamente ofrece los mismos 20 días por año trabajado que plantea para el resto de despidos.

De este modo, el Govern del Pacte se aprovecha de la reforma laboral del PP que tanto ha criticado y critica.

Otra de las propuestas del sindicato, que la Conselleria también ha rechazado, es evitar la concentración de grupos de Religión, para así mantener a más profesores en plantilla.

Asimismo, el Govern tampoco acepta que los docentes de Religión puedan impartir otras asignaturas, como contempla la orden del 11 de octubre de 1982, firmada por el entonces ministro de Educación, Federico Mayor Zaragoza, y que aún está vigente.

Feuso también ha planteado la posibilidad de abrir extraordinariamente la bolsa de interinos y contar todos los puntos que han acumulado los profesores de Religión.

«Hasta que no entran en ese bolsín no se los computan, algo que también tenemos denunciado y hemos ganado en varios casos, pero en condiciones normales muchos de estos profesores podrían obtener sin problemas plaza para impartir otras asignaturas», explicó Alonso. Desde CCOO también plantearon una vía similar.

Aunque abogan por la eliminación de la asignatura, mientras tanto plantean que Religión entre dentro de la oferta para los interinos y que, por lo tanto, los actuales docentes de esta materia entren en esta bolsa y puedan optar a impartir ésta y otras asignaturas.

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