Boletín de Luchas Obreras (17 de Abril de 2015)

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ÍNDICE:

  • TIBIA RESPUESTA A LA MANIFESTACIÓN DE UGT Y CC.OO. POR EL «FUTURO» DE ACOREX
  • COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA DE MADRID DE TELEFÓNICA-MOVISTAR
  • CSIF CONVOCA PAROS Y JORNADAS DE HUELGA EN CORREOS POR LOS “RECORTES Y EL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN”
  • LA JUSTICIA VUELVE A CONDENAR AL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE
  • EL REAL ZARAGOZA HA LLEGADO A ACUERDOS PARA LA SALIDA CON 72 EMPLEADOS FIJOS DISCONTINUOS
  • MONITORES DEL PLAN DE CHOQUE Y AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRAN ANTE EL PARLAMENTO ANDALUZ PARA INCIDIR EN SUS REIVINDICACIONES
  • EL COMITÉ DE EMPRESA DE ECN, ANTIGUA CABLENOR, TEME NUEVOS DESPIDOS.

EMPLEADOS DE BLANCO REALIZARÁN PAROS DE 24 HORAS EN CONTRA DE LOS 332 DESPIDOS Y EL CIERRE DE 12 TIENDAS

  • LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA CALIFICAN DE “HISTÓRICA” LA NULIDAD DEL ERE
  • PENAS DE PRISIÓN PARA DOS MINEROS POR VOLCAR EL CARBÓN DE DOS CAMIONES
  • LOS 15 TRABAJADORES ESTIMAN QUE LA DEUDA DE LA EMPRESA SE ELEVA A DOS MILLONES DE EUROS Y PIDEN EL CIERRE PARA PODER COBRAR
  • TRABAJO EXPEDIENTA A PETA ZETAS POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA
  • LA PLANTILLA DE TUA CONVOCA UNA HUELGA A PARTIR DEL 4 DE MAYO
  • LOS BOMBEROS DEL PARQUE QUÍMICO DE TARRAGONA ANUNCIAN UNA HUELGA INDEFINIDA
  • 2ª JORNADA HUELGA CGT EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
  • LOS SINDICATOS CONVOCAN PAROS Y HUELGA EN EL CANAL DE ISABEL II
  • HUELGA DE METRO EN VALENCIA DE 09:00 A 12:00 HORAS
  • PREACUERDO EN GAS GAS PARA APLICAR UN ERE TEMPORAL DE DOS MESES
  • LA JUSTICIA CONDENÓ A EITB EN 2014 A PAGAR 210.000 EUROS A EMPLEADOS CESADOS

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TIBIA RESPUESTA A LA MANIFESTACIÓN DE UGT Y CC.OO. POR EL «FUTURO» DE ACOREX

Los trabajadores piden «un acto de responsabilidad» para que las cooperativas salientes se incorporen de nuevo al grupo. Capilla y Carretero demandan a Monago su implicación «real»

La manifestación, en la que han participado sindicatos, los trabajadores y sus familias, partidos políticos y organizaciones agrarias.

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Tibia respuesta de la calle a la manifestación «por el futuro» de Acorex. Medio millar de personas participaron en la protesta convocada en Mérida por los sindicatos UGT y CC.OO. en defensa del primer grupo cooperativo extremeño, que en estos momentos negocia con urgencia el regreso de las tres sociedades salientes: Miajadas, Santa Amalia y Granja de Torrehermosa, que representan el 40% de las ventas.

La sociedad afronta un agujero de 19,5 millones de euros y dentro de su plan de viabilidad ha puesto sobre la mesa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla 81 despidos.

En la marcha, a la que asistieron miembros del PSOE, IU, la coalición Extremeños, Podemos y las organizaciones agrarias UPA UCE y Asaja, los asistentes demandaron la implicación «real» del presidente de la Junta, José Antonio Monago, «para volver al Acorex de siempre, al de las 42 cooperativas, al del empleo y al que será el futuro del campo de la región».

Frases como «Monago, escucha, Acorex está en la lucha» o «Las 42 es la solución» fueron algunas de las consignas de los manifestantes a su paso por las calles del centro de la capital.

«Estamos reivindicando nuestros puestos de trabajo, que están implicados en la viabilidad de Acorex», explicó el presidente del comité de empresa, Lucas Fernández. «El que Acorex sea de 42 cooperativas hace que la facturación sea mayor y el ERE que pesa sobre nosotros se retiraría o se minimizaría», afirmó.

Fernández reconoció que hay «dificultades» para que las tres cooperativas salientes regresen al grupo y que las negociaciones «serán complicadas», pero como representante de los trabajadores pidió «un acto de responsabilidad a todos los estamentos públicos, encabezados por el Gobierno de Extremadura, para que cedan unas y otras y al final se consiga».

Desde CC.OO., su responsable regional, Julián Carretero, consideró que con esta manifestación se demuestra «la dignidad de Acorex, que son sus trabajadores». Además, apuntó que Monago «tiene que demostrar que las acciones que ha llevado a cabo no son propaganda ni parafernalia de cara a las elecciones». «Si fue capaz de meter 10 millones de euros en Acorex para cambiar voluntades y cambiar directivos, tiene que hacer lo indecible para arreglar el desaguisado que ha montado en Acorex», dijo.

Por su parte, el líder de UGT, Francisco Capilla, apuntó que en la protesta «claramente se visualiza la unión del pueblo extremeño para defender el empleo y mantener el nivel de la agricultura». «Como no podemos forzar a Monago con dinero, como él hace las cosas, lo tenemos que hacer con presión en la calle.

Me parece lamentable que para que haya habido un cambio en la actitud de Monago hayamos tenido que convocar una huelga y una manifestación, no se debería haber llegado a esto», dijo Capilla, que aseguró estar convencido de que «todavía esto es salvable», si bien advirtió que «la tensión en la calle seguirá».

Desde las organizaciones agrarias, el presidente de Asaja, Ángel García Blanco, pidió un ejercicio de responsabilidad política «tanto a los que han venido a apuntarse como a los que no lo han hecho por miedo» y que reconozcan que «han metido la pata y se han dedicado a injerir en el proceso».

El secretario general de UPA, Ignacio Huertas, indicó que el principal problema de Acorex no es la desunión de los cooperativistas, sino «el presidente de la Junta», a quien recriminó que «se llene la boca diciendo que Acorex es la principal cooperativa y acto seguido mire para otro lado cuando se cae».

COMUNICADO DEL COMITÉ DE HUELGA DE MADRID DE TELEFÓNICA-MOVISTAR

Madrid a 12 de abril de 2015

Ha llegado a conocimiento de este Comité que el 13 de Abril de 2015, se celebra un SIMA (negociación) en la cual estarán representados, por un lado la Patronal del Sector del Metal, por otro los sindicatos UGT y CC.OO. y por el otro, la representación de todas las contratas.

Cuando tengamos conocimiento de los acuerdos al que hayan llegado os lo comunicaremos, como es nuestra obligación.

Recordaros que ni el Comité de Huelga, ni el sindicato convocante en Madrid AST, ni los convocantes estatales AST, CGT Y COBAS, no están en la mesa de negociación, ni tampoco Telefónica-Movistar.

En el momento que el comité de huelga sea comunicado sobre las negociaciones del SIMA, sean ellas buenas o no, haremos un llamamiento en asamblea para que vosotros decidáis sobre los acuerdos a los que pudieran llegar.

Y que esto solo terminara cuando consigamos lo que queremos y no las limosnas que intentaran imponer. ….

AHORA TOCA ESTAR MAS UNIDOS QUE NUNCA….

CSIF CONVOCA PAROS Y JORNADAS DE HUELGA EN CORREOS POR LOS “RECORTES Y EL BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN”

CSIF convoca paros y jornadas de huelga en Correos por los “recortes y el bloqueo de la negociación”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado paros continuados y huelgas generales en el sector de Correos los próximos días 30 de abril y 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo, en protesta por “el inmovilismo y la falta de respuesta de la dirección de esta empresa”, que mantiene paralizada la negociación del IV Convenio General.

La central sindical explica que estas protestas vienen motivadas “por una legislatura de continuos recortes y por el bloqueo injustificado de un Convenio y un Acuerdo General por parte de la empresa y los políticos responsables de Correos que afecta a miles de trabajadores que han cargado sobre sus espaldas los mayores tijeretazos en empleo, salario y derechos de la historia postal”.

Cuatro meses después de la huelga y la manifestación del 27 de noviembre, a pesar de que se abrió la negociación con avances significativos, CSIF considera que no han sido suficientes: “creemos que la Dirección está actuando de forma irresponsable, con pasotismo empresarial, sin valorar la gravedad de la situación y dejando sin respuesta cuestiones tan importantes como las mejoras en el empleo y en el salario que la plantilla está exigiendo”.

En la actualidad, la Dirección de Correos “está recortando sobre lo ya recortado para colgarse las correspondientes medallas” con la supresión de miles de empleos estructurales hasta llegar al récord de los 11.000 en los tres últimos años a nivel nacional. A todo ello se suma, además, la nula contratación y las continuas sobrecargas de trabajo.

Por todo ello, “ante la inactividad” de políticos, SEPI y Dirección de Correos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios retoma las movilizaciones poniendo en común con el resto de organizaciones un calendario intensivo para los meses de abril y mayo “que, sin duda, pueden dificultar bastante la tramitación del voto por correo para las próximas elecciones”. Finalmente, CSIF llama a la unidad sindical “por un convenio y un acuerdo que garantice empleo, salario y derechos de los trabajadores de Correos”.

LA JUSTICIA VUELVE A CONDENAR AL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE

La batalla judicial entre el Ayuntamiento de Valverde y los despedidos prosigue en los juzgados, aunque ya se va vislumbrando su fin.

Los 17 extrabajadores que dejaron de prestar servicios en el Ayuntamiento de Valverde a partir de septiembre de 2011 fueron despedidos. Así lo ha establecido la Audiencia Provincial de Huelva y lo han ratificado posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo.

No obstante, los trabajadores despedidos solicitaban la nulidad de los despidos, si bien esta nulidad fue desestimada en primera instancia en todas las sentencias, declarándose el despido improcedente y no nulo. La diferencia entre uno y otro es que si el despido es nulo se considera que ha habido vulneración de derechos fundamentales, y la única consecuencia jurídica posible es la readmisión.

Sin embargo, si es improcedente, puede serlo por falta de forma o por cualquier otra razón, pero no por vulneración de derechos fundamentales, cabiendo entonces dos posibilidades jurídicas: readmisión o indemnización, a elección por la parte condenada.

De esas sentencias que declaran improcedentes los despidos, doce son ya firmes por el Tribunal Supremo, esto es, no cabe recurso de ningún tipo contra ellas y tienen que ejecutarse en los términos que se establecen. Uno de los despidos fue declarado objetivo, lo que supone una indemnización más pequeña respecto del resto de indemnizaciones.

Según la portavoz de la Plataforma de los Despedidos por el Ayuntamiento, Ana Domínguez Castilla, la suma total de las indemnizaciones ronda el millón de euros, incluso puede superarlo, a la espera de conocer la totalidad de las sentencias y las cifras de cada una de ellas. Dentro de este millón de euros hay que incluir, además de las indemnizaciones, el pago a abogados, procuradores y costas judiciales. También hay que añadir las costas de cada recurso, que rondan los 600 euros individuales.

En la sentencia que ha sido facilitada por la plataforma, se aprecia en el apartado “Hechos Probados” (número cuatro) que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, textualmente, “acordó abrir el trámite de inadmisión por falta de contradicción y falta de cita y fundamentación de la infracción legal. A tal fin se requirió a la parte recurrente para que en plazo de cinco días hiciera alegaciones, lo que no efectuó. El Ministerio Fiscal emitió el preceptivo informe en el sentido de estimar procedente la inadmisión del recurso”.

Traducido en términos más comprensibles para todos, esto significa que para presentar un recurso de casación para la unificación de la doctrina (recurso extraordinario) es necesario adjuntar una serie de documentación, documentación toda ella que no ha sido proporcionada por el Ayuntamiento, motivo por el que se declara la inadmisión del recurso presentado por el Ayuntamiento. El Tribunal Supremo no ha entrado a debatir si lo alegado por las partes es cierto o no, sino que ha declarado directamente la inadmisión del recurso por falta de documentos necesarios.

Domínguez afirma que la no presentación de los documentos necesarios para plantear un recurso de casación conforme a derecho se debe a una actitud malintencionada del Ayuntamiento de Valverde, que pretende dilatar indebidamente el proceso en el tiempo, con el coste económico que para el pueblo esto conlleva (costas de presentación de recursos) y el coste personal para los despedidos, que ya han sido confirmados como tales por los juzgados, y no como el señor Gutiérrez afirmaba, quien decía que se trataba de finalizaciones de contratos.

EL REAL ZARAGOZA HA LLEGADO A ACUERDOS PARA LA SALIDA CON 72 EMPLEADOS FIJOS DISCONTINUOS

La SAD, a juicio por 9 trabajadores fijos despedidos

El club y 9 trabajadores despedidos el pasado 10 de febrero se verán las caras en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón por las demandas que estos empleados, todos fijos y de oficinas o de la Ciudad Deportiva, pusieron contra los despidos y tras no haber acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

El TSJA deberá decidir si esos despidos son nulos o no y, si dictamina que son nulos, el club deberá readmitir a los trabajadores. El TSJA ya declaró a finales de enero nulo el Expediente de Regulación de Empleo llevado a cabo por el club.

Ese 10 de febrero, el club comunicó el despido a 19 trabajadores fijos, mientras que con otros tres se les prejubiló para completar el total de 22 empleados fijos que estaban incluidos en el ERE declarado nulo. La SAD lo fundamentó en su derecho a despedir fuera del ERE al 10% de la plantilla.

Los 19 despedidos presentaron la correspondiente demanda individual, pero estas se han visto reducidas porque algunos o bien han continuado, recolocándose en el club, o se ha llegado a acuerdos con ellos y han retirado las demandas para que estas se queden en solo 9.

Los 22 empleados fijos debían reincorporarse el 10 de febrero después de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de declarar nulo el ERE, pero no llegaron a hacerlo y recibieron una indemnización, de 20 días por año trabajado, idéntica a la que recibieron en su día cuando fueron incluidos en el ese expediente y que entonces tenían que devolver al regresar a sus respectivos de puesto.

Fijos discontinuos

En cuanto a los 160 fijos discontinuos, que se encargaban de abrir La Romareda en los días de partido, la decisión del TSJA de declarar nulo el ERE les hizo regresar a sus puestos de trabajo, pero el Zaragoza y el comité de empresa han conseguido reducir el número de esos trabajadores.

Así, se ha logrado llegar a acuerdos con 72 empleados, que se han marchado con una indemnización de 35 días por año y con la posibilidad de tener el abono gratuito en este final de temporada y otras 4 campañas más. Así, ahora mismo quedan 88 fijos discontinuos, aunque esa cifra se podría ver incrementada con algunas contrataciones para aumentar el número.

MONITORES DEL PLAN DE CHOQUE Y AGENTES LOCALES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO SE CONCENTRAN ANTE EL PARLAMENTO ANDALUZ PARA INCIDIR EN SUS REIVINDICACIONES

Europa Press

Miembros del colectivo de monitores contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo cese laboral ha sido ya en muchos casos, asimismo, considerado como improcedente, lo que supone la readmisión por parte de la administración autonómica— y de los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) se concentran de 11,30 a 14,30 horas a las puertas del Parlamento andaluz.

El motivo de la protesta, según ha precisado la portavoz del colectivo de monitores, Eva Muñoz, es exponer una vez más de manera pública sus reivindicaciones ante los responsables del Gobierno andaluz, habida cuenta de que para esa jornada está previsto el acto de constitución de la Cámara autonómica.

Los monitores protestan por sus despidos y reivindican la readmisión en sus puestos de trabajo, tras los pronunciamientos de varias Inspecciones Provinciales de Trabajo que consideran que los contratos están celebrados «en fraude de ley» y, como consecuencia, la relación laboral debe ser considerada como indefinida.

Los despidos han sido denunciados al ser considerados por estos trabajadores como «ilegales», dada su disconformidad con la firma de una prórroga que la Junta otorgaba a estos empleados —que piden «igualdad de trato» con el colectivo de monitores administrativos— hasta el pasado 14 de noviembre, fecha inicialmente marcada para la culminación del procedimiento que permitía la entrada de los anteriores auxiliares.

Y es que estos monitores, una parte de los cuales ha presentado queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, entienden que se incurre en una modificación «sustancial» de su contrato de trabajo, que por otro lado ya fue denunciado judicialmente por fraude de ley, siendo así que «cualquier modificación de nuestro contrato podría tener consecuencias en nuestra demanda».

Además, subrayan que en los contratos de obras y servicios la fecha de finalización es de carácter orientativo, siendo la causa que pone fin el término de las tareas por las que estaban contratados. En este caso, «queda demostrada la continuidad del Plan de Choque, ya que los que aceptaron su firma continuaron trabajando, siendo despedidos tan solo los que no firmamos la prórroga legalmente innecesaria, dejando tareas inacabadas».

«Solicitamos que se nos trate bajo los principios de igualdad y sin discriminación y, en caso de demostrarse la irregularidad en nuestro despido, seamos readmitidos sin recurso alguno, optando por el allanamiento, igual que se ha hecho con los monitores de apoyo administrativo», finaliza Muñoz.

En el caso de los ALPE, los agentes de empleo piden a la Junta que «cumpla y acate las sentencias de readmisión, pues no está cumpliendo ninguna y lo único que hacen es mentir y callarnos».

EL COMITÉ DE EMPRESA DE ECN, ANTIGUA CABLENOR, TEME NUEVOS DESPIDOS.

Los trabajadores han desvelado la intención de la empresa de seguir con los recortes en la plantilla y prescindir de cerca de 50 nuevos trabajadores si salen adelante las negociaciones con la empresa que está interesada en adquirir la planta vitoriana.

La actual plantilla denuncia que todavía sobran “entre 47 y 52 trabajadores de los 87 que aún siguen en nómina de ECN y después de que otros 54 abandonaran ya la empresa acogiéndose a un plan de bajas incentivadas”.

Por este motivo el Comité de Empresa ha decidido convocar una nueva movilización con una manifestación el sábado 18 de abril a las 19.00 horas en la Virgen Blanca.

Seis meses después de recibir la noticia del cierre de la planta de ECN en Vitoria se ha conocido la existencia del interés de la firma andaluza Cunext para su compra. De hecho hubo una reunión el pasado 27 de marzo en la sede del Gobierno Vasco en Bilbao con los responsables de Cunext para concretar posibles aspectos de la adquisición.

Para el Comité de Empresa se destaparon en esa cita las verdaderas intenciones de Cunext que no son otras que las de prescindir de una cantidad de trabajadores de “entre 47 y 52 para dejar en nómina de la nueva firma como muchos unos 35 o 40 empleados”.

Además se les transmitió el elevado coste laboral de cada trabajador, correspondiente al sueldo bruto más la Seguridad Social que tienen en la planta de Vitoria, a diferencia de los costes más moderados que le genera a Cunext sus empleados en la factoría de Córdoba.

En esa reunión en Bilbao se planteó también por parte de la posible empresa compradora pactar de antemano un ERTE (Expediente de Regulación Temporal) que se aplicaría para toda la plantilla hasta el 31 de diciembre del presente año.

Desde el Gobierno Vasco se trasladó a las representantes de ECN “entrar a negociar los recortes propuestos por Cunext” explican desde ECN y que “no hay otra salida”.

Sin embargo el comité denuncia que detrás de Cunext está General Cable porque le “interesa que se llegue a un acuerdo, sin importarle como salgamos parados los trabajadores y para evitar, en la medida de lo posible, un largo conflicto judicial”.

Precisamente para el 21 de abril está programada la vista del primer juicio en un proceso que puede adquirir el mismo tinte que el de Laminaciones Arregui.

EMPLEADOS DE BLANCO REALIZARÁN PAROS DE 24 HORAS EN CONTRA DE LOS 332 DESPIDOS Y EL CIERRE DE 12 TIENDAS

Empleados de la cadena textil Blanco, propiedad del grupo saudí Alhokair, realizarán paros de 24 horas en todos los establecimientos de la firma para exigir la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 332 empleados, el 26% de la plantilla, y el cierre de doce tiendas.

En concreto, tras finalizar sin acuerdo la mediación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), la convocatoria de huelga se concreta en paros de 24 horas los días 20, 22 y 24 de abril, precedidos por un paro de dos horas el domingo, 19 de abril, desde las 12.00 a las 14.00 horas, según han informado a Europa Press en fuentes sindicales.

«La pretensión de la huelga es la retirada del expediente y la negociación de otras medidas que pueden evitar y paliar los problemas estructurales y económicos por los que atraviesa la compañía, garantizando como la empresa se comprometió, en su momento, el mantenimiento del empleo», han afirmado los sindicatos, que han calificado de «desproporcionadas» las medidas planteadas por Blanco.

Blanco, que ha presentado el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por causas económicas y organizativas, continuará con los ‘números rojos’ este año, con unas pérdidas estimadas de nueve millones de euros, por encima de los aproximadamente siete millones de euros que se anotó en 2014, por lo que, además de despedir a 332 empleados, modificará las condiciones laborales, entre ellas el sistema de comisiones y el horario de personal de las oficinas.

Además, ha planteado la externalización de algunos departamentos, entre ellos la actividad logística.

En concreto, la compañía, que cuenta con una plantilla total de 1.250 trabajadores y con 121 establecimientos, contempla el fin de la actividad y cierre de una docena de tiendas ubicadas en Alicante, Barcelona, Bilbao, Elche, Ibiza, Madrid, Valencia, San Sebastián, Santander y Santiago de Compostela, con el objetivo de «maximizar eficiencias».

«Todo ello permitirá hacer frente a las necesidades y exigencias del mercado en el momento actual, que estaban afectando seriamente a la empresa y comprometiendo su viabilidad en el futuro», subrayó la compañía en un comunicado.

Adquirida en pleno concurso.

Blanco, que ya aplicó otra regulación de empleo que afectó a 711 trabajadores, presentó concurso de acreedores voluntario en junio de 2013 debido a la gravedad de sus problemas económicos y financieros.

A principios del año pasado, el grupo saudí Alhokair adquirió por más de 40 millones de euros la mayor parte de los activos de la cadena textil española Blanco y se comprometió a mantener y asumir los 1.200 puestos de trabajo.

En el auto, al que ha tuvo acceso Europa Press, se destacaba la importancia de la conservación de los empleos, ya que esos despidos generarían un importante volumen de créditos contra la masa derivados de las indemnizaciones laborales de dichos despidos.

LOS TRABAJADORES DE COCA-COLA CALIFICAN DE “HISTÓRICA” LA NULIDAD DEL ERE

Madrid

El conflicto laboral entre Iberian Partners, embotelladora de Coca-Cola, y sus trabajadores ha llegado a su fin, o eso parece. El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del ERE de la famosa marca de refrescos que en un principio afectaba a 1.191 familias y luego se suavizó levemente. Lo que se denominó como un “proceso de reestructuración” supuso finalmente la ejecución de 821 despidos y el cierre de cuatro plantas. Desde el principio, los trabajadores se lanzaron a la calle con el objetivo de defender sus puestos de trabajo. Más de un año y cientos de manifestaciones después, lo han conseguido.

“No me lo creo. Ha sido algo histórico”, declaraba uno de los miembros de la denominada marea roja instantes después de que se conociera el dictamen que ratifica la decisión de la Audiencia Nacional, que el pasado junio ya invalidó el despido colectivo de la empresa. “Es el relato de un grupo de trabajadores luchando contra una multinacional que algún día contaré a mis nietos”, señalaba emocionado instantes después de conocer la resolución.

El campamento de “Coca-Cola en lucha”, como ellos se definen, se desplazó en una marcha silenciosa ante las puertas del Tribunal Supremo para conocer de primera mano la sentencia. Uno de los asistentes a la manifestación relata cómo durante los momentos previos a que se conociera la decisión no paraban de darse abrazos.

“Estábamos muy nerviosos porque, aunque supiéramos que teníamos razón, uno ya no sabe qué esperar con los tiempos que corren”, señala. “Por fin la Justicia le ha dicho a una multinacional que lo que hace no tiene sentido,” añade antes de criticar la reforma laboral del Gobierno. “Nuestra lucha ha servido para sentar un precedente que evidencia el arma jurídica que el Gobierno ha puesto en manos de las empresas para despedir a empleados”.

Aunque la sentencia se desarrollará durante los próximos días, el Supremo ya avanzó que la empresa ha vulnerado el derecho a huelga de su plantilla. Durante el paro convocado por los trabajadores de la planta de Casbega (Fuenlabrada) para protestar contra los despidos, “la compañía incurrió en una práctica de esquirolaje”, algo que para el Tribunal Supremo ahora, y para la Audiencia Nacional en junio de 2014, era motivo suficiente para anular el ERE.

Dos de los aspectos más importantes del fallo, y que la plantilla ha acogido con gran entusiasmo, son los aspectos complementarios de la misma. En ellos, la Sala de lo Social del Supremo reconoce la aplicación inmediata de la sentencia por parte de la empresa y ordena la readmisión de los trabajadores. De esta forma insta a Coca-Cola a abonar a sus empleados los salarios de tramitación dejados de percibir desde la aplicación del despido colectivo hasta la sentencia.

“La felicidad siempre es la respuesta”, sostiene la última campaña publicitaria de Coca-Cola, que lleva por nombre Familia. “Eso es precisamente lo que yo tengo: dos hijos y una hipoteca que pagar y por eso necesitaba seguir trabajando”, cuenta un trabajador. “La empresa jugó a desgastarnos. Si yo no llevo dinero a casa, mis chavales no comen”, argumenta. Este empleado encontró un puesto en Bimbo y ahora está a la espera de que pase la “resaca mediática” y se aclare todo para analizar si vuelve a su puesto de trabajo. “La justicia nos ha dado la razón, pero hasta que no volvamos a nuestro puesto no nos lo vamos a creer”.

PENAS DE PRISIÓN PARA DOS MINEROS POR VOLCAR EL CARBÓN DE DOS CAMIONES

El comité de la minera Astur Leonesa asegura que también deberán pagar 20.000 euros y denuncia la «persecución» y el procedimiento de identificación

El comité de empresa de compañía minera Astur Leonesa ha informado de la condena a dos trabajadores acusados por volcar la carga de dos camiones de carbón de importación en la localidad de Villablino, a tres años y medio y cuatro años de cárcel respectivamente, así como al pago de 20.000 euros de multa, por unos hechos en los que “ni siquiera fueron identificados”.

Según ha explicado el comité en un comunicado de prensa, las identificaciones se basaron en el visionado de un vídeo colgado en la plataforma Youtube “de meses anteriores, que nada tenía que ver con lo acontecido y sin investigación policial alguna”.

“Se está condenando por meras declaraciones de perjudicados o por el simple hecho de estar presente en el lugar, como ocurrió en el caso de Cerredo”, cuando cinco trabajadores fueron ya condenados a penas “totalmente desproporcionadas, como si de terroristas se tratasen, con el único delito de velar por la seguridad de los compañeros inmersos en un accidente en la mina”.

Una “persecución”

El comité ha criticado la “persecución” que están padeciendo los trabajadores de la minería, cuando “lo único” que están haciendo es “denunciar la situación” a la que les someten, “privando a las comarcas mineras y sus gentes de su medio de vida, al tiempo que claman por mantener los puestos de trabajo y los derechos como ciudadanos y trabajadores para defenderse de todas estas injusticias”.

Por eso, han denunciado el “trato abusivo” que están padeciendo los trabajadores del sector minero por la “justicia tan injusta de este país”, después de tres años de conflicto en el que los mineros han defendido el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales, mediante movilizaciones.

LOS 15 TRABAJADORES ESTIMAN QUE LA DEUDA DE LA EMPRESA SE ELEVA A DOS MILLONES DE EUROS Y PIDEN EL CIERRE PARA PODER COBRAR

Gijón

Los trabajadores de Rubiera Predisa iniciaron una huelga indefinida y un encierro en los locales de la factoría gijonesa para protestar por la grave crisis que vive la empresa, la falta de soluciones y el impago de seis meses de salario.

La compañía de prefabricados de hormigón, con sede en el barrio de Las Quintanas, en Ceares, llegó a tener más de cien trabajadores pero ahora pasa por una situación angustiosa, tras superar en junio del pasado año un concurso de acreedores. La plantilla, de solo 15 empleados, estima que las deudas de la empresa se elevan a dos millones de euros.

La producción de estructuras prefabricadas para el sector de la construcción, que ya era muy escasa, se interrumpió definitivamente hace dos semanas tras un corte del suministro de energía eléctrica ante los impagos de las facturas.

«La empresa no es viable porque los empresarios no quieren que lo sea y hace tiempo que veíamos venir lo que está pasando», explicaron el secretario de acción sindical de la Federación de Construcción y Servicios de CC OO, Ernesto Fernández, y el delegado de personal, José Antonio Carballo. Ambos celebraron una rueda de prensa en las instalaciones de la factoría minutos después de que los trabajadores iniciaran un encierro de carácter indefinido que durará «hasta que haya una solución satisfactoria a nuestro problema».

Ante las difíciles perspectivas de futuro, los trabajadores, que ahora temen perder también las prestaciones que les corresponden y una deuda salarial que se eleva ya a seis meses, piden apoyo para acabar con esta pesadilla.

Los 15 empleados que iniciaron la huelga y el encierro indefinidos piden que el administrador concursal o el juzgado de lo Mercantil «procedan a la liquidación de la empresa para garantizar que vamos a cobrar, porque esta gente sigue especulando con nosotros».

En el año 2008, Rubiera Predisa iba a trasladar sus instalaciones a una parcela del polígono industrial de Serín, en las proximidades de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, aunque las expropiaciones para los accesos a la ZALIA impidieron el traslado. La empresa reaccionó con prontitud y adquirió otra parcela en el polígono de Los Campones, pero llegó la crisis y todo quedó paralizado.

Recalificación

Por el medio, el Ayuntamiento de Gijón recalificó los terrenos para permitir la construcción de hasta 1.200 pisos en una zona muy apetecible. Rubiera Predisa vendió ese solar a la empresa Naviosa por cien millones de euros, pero solo cobró 73. La crisis del ladrillo se llevó por delante a la inmobiliaria y también los proyectos industriales para Rubiera.

La compañía gijonesa entró entonces en proceso concursal y salió de él en junio de 2014 tras una importante quita y un año de carencia para el pago de las deudas, por lo que la compañía aún no ha empezado a pagar a sus acreedores.

«El pago de las expropiaciones de la ZALIA y la deuda por los terrenos llevan a la empresa a mantenerse abierta artificialmente», según denunciaron los trabajadores.

Tras mucha espera, ver que las cosas iban cada vez peor y que el empresario podría vender la maquinaria, los trabajadores decidieron actuar. Creen, además, que el Fondo de Garantía salarial (Fogasa), que solo paga 120 días de salario, no va a cubrir la importante deuda que la empresa mantiene con ellos.

«Aquí lo que pasa es que hubo una mala gestión desde el principio, la empresa realizó despidos y entró un nuevo accionista que se comprometió a dar viabilidad, pero no sirvió para nada», explicó José Antonio Carballo.

Aseguró también que «la compañía está especulando con nosotros y lo que quiere es alargar la situación y mantenerse, para cobrar las expropiaciones. Además, si cierra debería abandonar la fábrica porque el terreno ya está vendido».

TRABAJO EXPEDIENTA A PETA ZETAS POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA

La empresa sustituye a seis huelguistas con personal de ETT y trabajadores de otras áreas

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador a Zeta Espacial, el fabricante de Peta Zetas, por vulnerar el derecho de huelga de una parte de su plantilla al contratar empleados de empresas de trabajo temporal (ETT) para sustituirlos, según ha informado UGT.

Trabajo también acusa a la compañía, con sede en Rubí, de obstruir la labor inspectora pues no le facilitó la documentación requerida y «aportó datos falsos», según recoge en su informe.

La mitad de la plantilla de la fábrica, compuesta por una treintena de personas, sigue desde el pasado 23 de febrero una huelga de dos horas diarias —entre las 9 y las 11 de la mañana—.

El motivo es una sanción grave de suspensión de salario y sueldo que la dirección impuso a 14 trabajadores que se negaron a realizar una formación «en las condiciones que la empresa facilitaba», recoge el informe. Según el sindicato, esta consistía en la lectura de un documento y la respuesta a un cuestionario.

Trabajo ha constatado que la empresa sustituyó de forma ilegal a seis de los huelguistas con personal de ETT y desplazando de su puesto habitual a empleados que no seguían el paro. Los trabajadores afectados exigen que la compañía se siente a negociar, entre otras cosas, la aplicación del convenio del sector de fabricantes de chocolates y caramelos, un litigio que mantienen en los tribunales.

LA PLANTILLA DE TUA CONVOCA UNA HUELGA A PARTIR DEL 4 DE MAYO

El comité de empresa de TUA (Transportes Unidos de Asturias) ha decidido, tras una asamblea de trabajadores, convocar una huelga de carácter indefinido a partir del 4 de mayo. La plantilla recurre a esta medida en protesta por «la política laboral de la empresa, con más de un treinta por ciento de contratos precarios» y contra «el desmantelamiento de las oficinas centrales».

El presidente del comité de empresa, Manuel Villaverde, señala que el número de contratos temporales y en prácticas dentro de la empresa se ha incrementado e indica que los cambios en las oficinas están acarreando errores y retrasos en la entrega de documentación e incluso en las nóminas.

La convocatoria de paro, según Villaverde, es para todas las categorías laborales y durante el todo el día.

Los representantes de los trabajadores tienen pendiente una reunión con la dirección de la empresa el viernes, 17 de abril. El encuentro había sido programado con antelación a la asamblea celebrada, según manifestaron tanto el presidente del comité de empresa como los portavoces de ésta.

Desde TUA expresaron su «sorpresa» por la convocatoria de paro y los portavoces de la empresa indicaron que en los dos últimos meses ésta ha recibido dos amenazas de huelga sin que sus directivos sean conscientes de que «haya temas pendientes que justifiquen la adopción de medidas de la gravedad de una huelga». Las mismas fuentes aseguraron que TUA «cumple escrupulosamente la legalidad en materia de contratación y organización del trabajo».

El último paro convocado en TUA fue desconvocado.

LOS BOMBEROS DEL PARQUE QUÍMICO DE TARRAGONA ANUNCIAN UNA HUELGA INDEFINIDA

EFE

Los bomberos propios del Parque Químico de Seguridad de Tarragona han convocado una huelga indefinida a partir del viernes 24 de abril a causa del bloqueo del convenio colectivo, informa Comisiones Obreras, que apoya la protesta.

Los cerca de 40 bomberos de la plantilla están contratados por la empresa Falck SCI y están capacitados para actuar ante cualquier tipo de emergencia (prevención, salvamento, rescate, seguridad marítima, etc.) que se pueda producir en las industrias químicas.

Estos bomberos están distribuidos en tres parques, uno en el polígono petroquímico norte, otro en el polígono sur y un tercero en el puerto de Tarragona.

Este sindicato llama a secundar la huelga porque la negociación del convenio colectivo está encallada y no avanza.

CCOO acusa a la empresa de primar la productividad en trabajos de mantenimiento de equipos contra incendios, por encima de los aspectos de seguridad.

La rama de Industria de CCOO critica que es un error que en el convenio prevalezcan los términos productivos, cuando se trata de un colectivo dedicado a la seguridad.

2ª JORNADA HUELGA CGT EN LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Tras el éxito de la primera jornada, el 90% de los/as trabajadores/as secundaron los paros, se desarrolla la segunda jornada de huelga de las tres previstas, en principio.

A las 12,15h se atenderá a los medios de comunicación en las concentraciones que se realizan coincidiendo con los paros en los centros de Sevilla (Avda. Kansas Citi y Málaga, PTA c/ Marie Curie 6

CGT ha convocado huelga en el servicio de Teleasistencia de la ASSDA para toda Andalucía los próximos 13, 14 y 15 de abril ante la desidia de la Agencia Publica para dar respuestas satisfactorias a las demandas de los/as trabajadores/as.

Desde nuestro Sindicato lamentamos los perjuicio que podamos causar con los paros a los más de 180000 usuarios andaluces de la Teleasistencia, pero la situación se torna irreversible ante el abandono por parte de la Junta de Andalucía de este servicio público tan apreciado por los/as andaluces, servicio que se viene deteriorando a marchas forzadas al eliminarse multitud de puestos de trabajo, precarizar las condiciones sociolaborales de la plantilla y el uso de contratos en fraude de ley, circunstancia especialmente grave al tratarse de contratos realizados por la Administración autonómica.

Mientras se aumenta el número de usuarios adscritos al servicio de Teleasistencia, en el 2014 se ha incrementado en 8000, el servicio que se presta incurre en el empeoramiento de la calidad ofrecida, de los tiempos de respuesta, etc. ante la disminución de plantilla y del gran número de contratos a tiempo parcial existentes, todo ello sin contar con la desmotivación generada en los trabajadores/as por los sucesivos recortes y el empeoramiento de sus condiciones laborales y económicas.

Coincidiendo con los paros, se realizaran concentraciones a las puertas de los centros de Sevilla y Málaga, en los que se atenderá a los medios de comunicación para trasladar a la opinión pública, tanto las reivindicaciones de los/as profesionales como el paulatino desmantelamiento del servicio que está llevando a cabo la Junta de Andalucía.

LOS SINDICATOS CONVOCAN PAROS Y HUELGA EN EL CANAL DE ISABEL II

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han convocado paros parciales en el servicio de Atención al Cliente del Canal de Isabel II los días 20, 22, 27 y 29 de abril y una huelga el 5 de mayo, en protesta por la adjudicación del contrato a una empresa que pretende prestar el servicio desde Perú.

El Canal de Isabel II Gestión ha paralizado por el momento la adjudicación a GSS Venture de este contrato, valorado en más de 15 millones de euros y del que dependen más de 250 puestos de trabajo, y celebra un intento de mediación con los sindicatos en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, según un comunicado sindical.

La adjudicación ha sido paralizada tras «una reclamación de la empresa de Contact Center Atento Teleservicios España, que considerando grave y manifiestamente ilegal la adjudicación realizada a GSS Venture, S.L. el 25 de marzo de 2015, ha iniciado los trámites para interponer» una reclamación ante el Tribunal Administrativo de la Contratación Pública, explica la CGT.

Según el sindicato, en la licitación adjudicada «se había permitido sorprendentemente la deslocalización de algunos de los servicios» de los que consta el contrato, en concreto la atención de ‘Averías’ y ‘Seguros y Riesgos’, que se prestarían a partir del próximo 27 de mayo desde Perú.

En el acto de mediación que se celebra, los sindicatos exigirán a la empresa que, en la adjudicación definitiva, «se garantice que el servicio se prestará desde Madrid» y que, en el caso de que haya una nueva empresa adjudicataria, se subroguen los trabajadores aplicando el Art. 44 del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Los sindicatos mantendrán «todas las movilizaciones previstas y exigen públicamente a todos los candidatos a las próximas elecciones autonómicas que se comprometan con la estabilidad del empleo y garanticen que el servicio se mantenga íntegramente en la Comunidad de Madrid», concluye la nota.

«Desde hace años este servicio viene siendo adjudicado a la empresa GSS Venture, S.L., -una sociedad privada participada en un 25% por la Comunidad de Madrid-, que además tiene adjudicada la atención presencial telefónica de la Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid», explica la CGT.

«Hasta ahora los pliegos anteriores especificaban que el servicio tenía que prestarse en la Comunidad de Madrid, pero esta cláusula ha sido eliminada en el último concurso», ha dicho el secretario del sector de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso.

La supresión de este requisito «permitirá a GSS, que ha vuelto a ganar el concurso, deslocalizar el servicio a otro país», ya que tiene «una plataforma en Lima».

La CGT, sindicato mayoritario en el centro de trabajo de Madrid, critica que «la Comunidad de Madrid destruye empleo en el Estado español de un servicio público para pagar salarios de miseria a miles de kilómetros y que una compañía privada se llene los bolsillos».

HUELGA DE METRO EN VALENCIA DE 09:00 A 12:00 HORAS

Metrovalencia ofrecerá unos servicios mínimos del 55 por ciento durante el paro por huelga convocado por los sindicatos para el jueves 16 de abril.

Los paros anunciados se llevarán a efecto en la franja horaria comprendida entre las 9 y las 12 horas. Las huelgas se repetirán, con distintos horarios, el 30 de abril y el 18, 19, 20, 21 y 22 de mayo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana ha dictaminado, como servicios esenciales mínimos, que se produzcan el 55 por ciento de las circulaciones ordinarias regulares de los trenes y tranvías durante las franjas horarias en que discurrirán los paros.

En cuanto al personal perteneciente a los servicios de “Mantenimiento”, “Instalaciones fijas” y “Talleres” se establecen, asimismo, unos servicios mínimos del 30 por ciento y la garantía de que exista un mínimo de dos personas en las Brigadas de Atención Permanente.

Por su parte, los servicios de “Atención al Cliente”, “Centrales telefónicas” y “Registro General” contarán con la presencia de una persona en cada uno de los centros a fin de poder ofrecer información a los usuarios y atender la presentación de cualquier documento por parte de los ciudadanos

PREACUERDO EN GAS GAS PARA APLICAR UN ERE TEMPORAL DE DOS MESES

Los trabajadores del fabricante de motos ratifican un pacto por el que dejarán de trabajar un máximo de 60 días cada uno

Los trabajadores del fabricante de motos Gas Gas de Salt (Gironès) han ratificado en asamblea un preacuerdo para aplicar un Expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) de dos meses que afectará al total de la plantilla. Empresa y comité han llegado a este pacto para evitar despedir a 26 personas y reducir el salario del resto.

Según el preacuerdo los 93 empleados de la Gas Gas de Salt dejarán de trabajar un máximo de 60 días cada uno. El portavoz del comité, Pere Brangolí ha explicado que “lo hemos sometido a una asamblea de ratificación con todos los trabajadores. Ha salido que aceptamos este preacuerdo a la espera de ver si, en el plazo que termine el preconcurso que tenemos previo, está un poco más definido el futuro de la empresa”.

Brangolí ha añadido: “Hemos puesto una serie de condiciones que la empresa ha aceptado, en principio, quedarían vacaciones, pagas extras y algunos trabajadores concretos que no tienen prestación, excluidos de esta suspensión”.

El ERE podría empezar a aplicarse ya y, mientras dure, los afectados cobrarán el paro. La producción de motos Gas Gas está parada desde finales de diciembre y la empresa debe varias nóminas a los trabajadores. A finales de 2014 la empresa negoció para refinanciar la deuda, que asciende a 20 millones de euros, pero la firma gerundense no encontró una solución adecuada para solventar sus problemas económicos, básicamente con los bancos.

El pasado 16 de enero presentaron preconcurso de acreedores para intentar encontrar una salida a la situación. La dirección de la empresa tiene de plazo hasta el 16 de mayo para cerrar un acuerdo y refinanciar su deuda.

La reestructuración de la deuda le deberá permitir además recibir una inversión de 9 millones de euros de un grupo internacional para el desarrollo de nuevos modelos de Trial y Enduro y también para una posible expansión en el sudeste asiático y América del Sur.

Gas Gas Motos, que cuenta con una plantilla de casi un centenar de trabajadores directos y medio millar de indirectos y su sede central está ubicada en el Polígono Torremirona de Salt, es número uno mundial en motos de Trial, y tercero en Enduro. En su catálogo cuenta con una treintena de modelos de motos, también de raids. Del total de su producción de casi 9.000 motocicletas anuales, el 90% las exporta a más de cincuenta países de todo el mundo, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Francia o Alemania.

LA JUSTICIA CONDENÓ A EITB EN 2014 A PAGAR 210.000 EUROS A EMPLEADOS CESADOS

EFE

El ente público vasco de radiotelevisión EiTB tuvo que indemnizar el año pasado con 210.767 euros a trabajadores que habían sido despedidos y a los que los tribunales dieron la razón en seis litigios diferentes.

Así se desprende de una respuesta de la directora de EiTB, Maite Iturbe, al parlamentario socialista Mikel Unzalu sobre los costes relacionados con la Oferta Pública de Empleo de 49 plazas y el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la extinción de 30 puestos.

Iturbe informa de que aún no se conoce la identidad de los trabajadores afectados por el ERE ni tampoco el importe de las indemnizaciones a abonar porque ambas cuestiones están relacionadas y dependen del periodo de consultas iniciado con los sindicatos.

Por ello explica que «resulta imposible estimar nuevos o futuros costes judiciales» porque la empresa «desconoce» cuántos trabajadores de los que vayan a ser despedidos reclamarán en los tribunales. Precisa además que este proceso de regulación de empleo aún no ha generado gastos judiciales.

La directora general del ente sí señala no obstante que el año pasado el coste por indemnizaciones relacionadas con despidos o con la «cesión ilegal» de trabajadores ascendió a 210.767 euros, una cantidad «correspondiente a seis litigios para el conjunto de EiTB y todas sus sociedades públicas dependientes», que emplean a más de mil personas.

Esa cifra obedece, según reconoce en el escrito, a la «necesaria reducción» de la contratación temporal y de la subcontratación que el grupo «se ha visto obligado» a llevar a cabo por el «importante ajuste de presupuesto en los últimos años» y también por la creación de nuevas bolsas de trabajo para cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A pesar de todo, Iturbe afirma que el abono de estas indemnizaciones «se ha visto compensado con el ahorro generado por la reducción de dicha contratación temporal y de la subcontratación».

En la respuesta parlamentaria también se da cuenta de los gastos que EiTB tuvo que afrontar en 2014 para defenderse en los procedimientos judiciales iniciados por los trabajadores despedidos y que ascendieron a 29.617 euros.

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