Boletín de Luchas Obreras (16 de Agosto de 2018)

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ÍNDICE

  • CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
  • APROBADO EL PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO PARA LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN EL EMPLEO
  • LA PLANTILLA DE DORNIER DE LA ZONA AZUL EN VIGO VUELVE AL TRABAJO Y EL DÍA 30 NEGOCIARÁ ANULAR LOS OCHO DESPIDOS
  • LA SENTENCIA POR LOS TRES DESPEDIDOS DE MAESSA NO SATISFACE A CCOO
  • UGT DENUNCIA A MERCAVALÈNCIA ANTE LA INSPECCIÓN POR AMENAZAS Y PRESIONES A LOS FALSOS AUTÓNOMOS
  • ARTEIXO SUBROGÓ A LOS ONCE OPERARIOS DE LA BASURA CON EL RECHAZO DE INTERVENCIÓN
  • LAS INSPECCIONES DETECTAN CASI 13 TRABAJADORES AL DÍA SIN CONTRATO O CON ÉSTE INCOMPLETO EN EL PRIMER SEMESTRE

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CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

– Convenio Colectivo de Investigación y Proyectos Medio Ambiente, SL. (VER PDF)

– Tablas salariales del personal docente en pago delegado para el año 2018 del VI Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. (VER PDF)

APROBADO EL PLAN DIRECTOR POR UN TRABAJO DIGNO PARA LUCHAR CONTRA LA PRECARIEDAD Y MEJORAR LA CALIDAD EN EL EMPLEO

Acuerdo del Consejo de Ministros

– El objetivo es recuperar derechos laborales perdidos por los trabajadores durante los años de la crisis económica

– El impacto económico estimado es de 30 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% del presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

– Se prevé la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, un aumento del 23% del total de la plantilla

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo.

“En definitiva lo que pretende este Plan, según ha destacado la ministra, es recuperar los derechos laborales perdidos por los trabajadores en los años de crisis económica”.

El impacto económico estimado es de 30 millones de euros durante su vigencia, lo que supone un incremento del 10% en los presupuestos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que estaban prácticamente congelados desde 2012.

La titular de Trabajo ha explicado que el Plan se dirige

“contra aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los trabajadores”.

Las medidas de refuerzo de los recursos humanos contemplan la incorporación de 833 nuevos inspectores y subinspectores, lo que supone un incremento estimado del 23% del total de la plantilla.

El Plan Director se enmarca en la consecución de los objetivos estratégicos definidos por la Organización Internacional del Trabajo:

– la promoción de los derechos fundamentales en el trabajo

– el empleo

– la protección social

– el diálogo social

Además, el Plan refuerza la garantía de sostenibilidad presente y futura de la Seguridad Social y de las prestaciones sociales.

La ministra ha explicado que el Plan se ha consultado con las comunidades autónomas, los agentes sociales, asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social, que han aportado observaciones y sugerencias.

Medidas contra el abuso y el fraude en los contratos

Una vez valorados los principales problemas detectados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Plan recoge 75 medidas operativas y organizativas, orientadas a luchar contra el abuso y el fraude en la utilización de los contratos temporales, contratos a tiempo parcial, los excesos de jornadas y horas extraordinarias no pagadas, e incumplimientos en materia salarial. Asimismo, promoverá la igualdad, la regularización de los falsos autónomos, entre otras figuras.

Sin embargo, para la ministra de Trabajo todas las medidas que incluye el Plan no solucionan la precariedad y la explotación laboral,

“es necesario, ha precisado, adoptar reformas normativas, que deben enmarcarse en el diálogo social y en el diálogo político en el Parlamento”.

Planes de choque

Hay dos Planes de choque previstos:

– uno contra el fraude en la contratación temporal

– otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones fraudulentas detectadas.

Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.

Seguimiento y evaluación del Plan

El Plan prevé la realización de un seguimiento semestral del cumplimiento de las medidas, en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Rector, y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se evaluarán los Planes de choque en enero de 2019, y del Plan Director en su conjunto, en julio de 2020.

LA PLANTILLA DE DORNIER DE LA ZONA AZUL EN VIGO VUELVE AL TRABAJO Y EL DÍA 30 NEGOCIARÁ ANULAR LOS OCHO DESPIDOS

A. Méndez – Faro de Vigo

Suspende la huelga confiada en llegar a un acuerdo a final de mes

La plantilla de Dornier suspende la huelga en el cuarto día de convocatoria con la vista puesta en poder cerrar un acuerdo definitivo el próximo 30 de agosto.

Concesionaria de la Xestión do Estacionamento Regulado (XER) y trabajadores acercaron posturas durante la segunda jornada de mediación en la Inspección de Trabajo y ambas partes acordaron mantener abierto el «diálogo» en las próximas semanas.

Según trascendió del maratoniano encuentro de más de seis horas y figura en el comunicado oficial del Concello, la empresa reconoce que la causa aducida para los despidos es improcedente, movimiento al que los empleados han respondido aceptando su regreso al trabajo de forma provisional para intentar reencauzar la situación.

Los controladores de la zona azul volverán a vigilar las 2.100 plazas de pago del casco urbano a partir de las nueve de la mañana.

Así lo anunciaban los portavoces de UGT a media tarde, tras firmar el acta de la reunión y acudir con responsables de Dornier a la sede de la empresa para dar por levantado el encierro de los dos últimos días y comprobar que las instalaciones estaban en perfecto estado. «Hay opciones de llegar a un acuerdo y acabamos de demostrar que nuestra vía es el diálogo», valoraba Julio Collazo en nombre de la plantilla.

Los trabajadores mantienen como «innegociable» la readmisión de los ocho despedidos, seis de ellos con larga trayectoria de movilizaciones laborales.

Si Dornier asume esta exigencia el día 30, cuando han vuelto a ser citados por el jefe de la Inspección, José María Casas de Ron, se procedería a la desconvocatoria definitiva del paro y a partir de ese momento los trabajadores se muestran dispuestos a participar en una mesa de negociación en la que negociar posibles prejubilaciones u otras medidas para reducir los costes del servicio como plantea la concesionaria.

Lo que les han aclarado desde el Concello es que con independencia del preacuerdo de las últimas horas o de la solución definitiva que se pueda alcanzar dentro de dos semanas, el expediente municipal abierto por la Concejalía de Seguridad a Dornier por incumplimiento grave del contrato sigue adelante.

Los delegados de los trabajadores ya comparecieron ante el instructor y también lo harán responsables de Dornier.

El gobierno local considera que los despidos incumplen la cláusula de subrogación de los 40 empleados que fijaban los pliegos del concurso y decidirá en los próximos días si lo ocurrido permite la resolución directa de la concesión o solo es motivo para imponer una sanción a la adjudicataria.

El conflicto laboral se desató apenas mes y medio después de haber renovado el contrato por 23,4 millones de euros para un periodo de diez años.

La empresa argumentó la reducción del número de plazas de zona azul y la necesidad de rebajar los costes de funcionamiento del servicio.

LA SENTENCIA POR LOS TRES DESPEDIDOS DE MAESSA NO SATISFACE A CCOO

El Periódico de Aragón

El Tribunal de lo Social de Teruel declara los despidos como «improcedentes». El sindicato pedía la «nulidad» y la posterior readmisión de los trabajadores

Miembros del sindicato se concentraron en la central térmica de Andorra para protestar por la sentencia ->

http://zetaestaticos.com/aragon/img/noticias/1/302/1302707_1.jpg

CCOO mostró su insatisfacción tras la sentencia sobre el despido de los tres trabajadores de Maessa que se presentaron a las elecciones sindicales bajo las siglas de la organización.

El fallo considera los despidos como «improcedentes» pero para la organización sindical la única opción posible era la «nulidad» de los mismos y como consecuencia la readmisión en sus puestos de trabajo.

Según explicó el sindicato en un comunicado, Maessa es la empresa que realiza las labores de mantenimiento y reparación en la central térmica de Andorra (Teruel).

Los hechos sucedieron el pasado mes de abril cuando tres de sus trabajadores fueron despedidos tras presentarse a las elecciones sindicales en la candidatura de CCOO. La compañía alegó «disminución de los trabajos de su profesión y categoría para la obra o servicios para los que fueron contratados».

Sin embargo, para el sindicato existía otra razón, presentarse bajo las siglas de la organización. Tras los despidos la organización emitió un comunicado en el que denunciaba que la empresa decidió despedir de manera «inminente» a estos tres trabajadores, argumentando la falta de actividad, pero al poco tiempo se produjo «la contratación de nuevos trabajadores del mismo perfil profesional que los despedidos».

El argumento de la dirección de la empresa fue para el sindicato un «pretexto para tratar de ocultar una gestión caciquil orientada mediante prácticas antisindicales».

Recordó entonces el sindicato que tras este despido se convocó una huelga que fue secundada por «casi la totalidad de la plantilla» y se produjeron concentraciones en la puerta de la central térmica todos los viernes para apoyar a los empleados despedidos. Finalmente, CCOO planteó ante los tribunales la nulidad de su despido.

Sentencia

Ahora, el Tribunal de lo Social de Teruel, reconoce que «existen indicios de represalia contra los trabajadores» y condena a la empresa declarando los despidos como «improcedentes». Esta puede readmitir a los trabajadores o despedirlos, pero con una indemnización.

Frente a esta sentencia, CCOO emitió un comunicado en el que lamentó el resultado después de «90 días de lucha, de reivindicación y de resistencia, con la esperanza puesta en los derechos de toda la plantilla de Maessa». La organización añadió que «estamos en España, y manda quien manda.

La sentencia reconoce como hechos probados que se han vulnerado los derechos de los trabajadores, sentencia que recoge que la fiscalía considera probada la vulneración de la libertad sindical, sentencia que no se atreve a condenar a Maessa».

Por último, el sindicato señaló que «las conclusiones de la fiscalía en la sentencia son demoledoras, la propia jueza reconoce que existen indicios de represalia contra los trabajadores, pero no hay condena», y anunciaron que van a seguir «enfrente para defender la dignidad de esa plantilla que ha sabido mantener el total apoyo a sus tres compañeros despedidos».

UGT DENUNCIA A MERCAVALÈNCIA ANTE LA INSPECCIÓN POR AMENAZAS Y PRESIONES A LOS FALSOS AUTÓNOMOS

Pablo Plaza – valenciaplaza.com

Todo indica que las tiranteces en Mercavalència no cesan después de que la Inspección de Trabajo aflorara 429 supuestos falsos autónomos en el servicio de matadero y despiece.

Ahora, el sindicato UGT ha presentado una denuncia ante la Inspección por amenazas, castigos y presiones hacia una empleada por parte de Mercavalència y la cooperativa de trabajo asociado Work Man APC, que actualmente cuenta con cerca de 250 cooperativistas trabajando en la empresa semipública.

La denuncia a la que ha tenido acceso Valencia Plaza se ha presentado y expone el caso ocurrido el pasado 9 de agosto, cuando una de las cooperativistas «fue llamada a las 5:10 de la mañana al despacho».

Allí -siempre según el escrito- dos encargados de Work Man le comunicaron que iba a ser despedida pero que «por intermediación de ellos» no se iba a hacer efectivo el despido. La razón recogida por la que supuestamente iba a ser expulsada es que esta habría insultado a otro trabajador

Este había intervenido en el último pleno del Ayuntamiento defendiendo la situación actual de los cooperativistas y cuestionando el acta de la Inspección al asegurar que no se trataban de falsos autónomos. Según ha tenido constancia este diario, la intervención generó una importante crispación en una parte de los empleados por haberse arrogado su voz.

Según el escrito remitido a la Inspección, la cooperativista en cuestión fue trasladada a la sala de lavado de cajas, «hecho conocido por Mercavalencia» porque uno de sus encargados había pasado por la sala «para comprobar que estaba» la empleada. Fuentes sindicales han trasladado que consideran esto un «castigo».

«Lo descrito -prosigue la denuncia- supone una grave vulneración de derecho, un acoso hacia los trabajadores por el mero hecho de querer que se les regularice».

Por ello, pide que «tengan en cuenta a todos los trabajadores que puedan tener riesgo de represalias, amenazas o despidos como el caso» que ocupa.

A la espera de la resolución de las alegaciones

Después del acta de la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social dio de alta de oficio a 375 supuestos falsos autónomos en Mercavalència.

La negativa de la firma a pagar las correspondientes cuotas a la Seguridad Social hizo que esta acabara dándolos de baja. Algo que ya no podría volver a ocurrir atendiendo a un nuevo decreto que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez.

Mercavalència ha decidido presentar numerosas alegaciones al acta de Inspección para conseguir que se declare nula.

Hasta que estas se resuelvan, proceso que puede durar varios meses, incluso medio año, la situación continúa igual mientras que la tensión dentro Work Man y de Mercavalència continúa aumentando.

ARTEIXO SUBROGÓ A LOS ONCE OPERARIOS DE LA BASURA CON EL RECHAZO DE INTERVENCIÓN

Iván Aguiar – La Opinión A Coruña

La funcionaria advirtió de que la incorporación de este personal al servicio de residuos se realiza «sin fundamento legal ninguno», lo que puede acarrear «consecuencias»

La interventora municipal de Arteixo rechazó la decisión del Gobierno local de subrogar a once trabajadores de la concesionaria de la recogida de la basura del Consorcio As Mariñas, Cespa, para incorporarlos al nuevo servicio municipal que el Ejecutivo puso en marcha el pasado 1 de agosto.

La funcionaria encargada de velar por el cumplimiento de la legalidad concluyó que fue una decisión «sin fundamento legal ninguno», ya que considera que el Concello «nunca ha tenido, ni tiene en la actualidad, vínculo contractual ninguno con Cespa», con lo que no puede realizarse ningún tipo de subrogación.

El Ejecutivo municipal niega esta argumentación y asegura que «no es ajeno, ni puede serlo, a la relación contractual por formar parte de la Administración» que adjudicó el contrato de la basura «como órgano de contratación titular de derechos y obligaciones».

«La subrogación tal y como se plantea, sin fundamento legal ninguno, puede tener consecuencias para los trabajadores y consecuencias económicas y jurídicas para esta Administración, ya que colisiona con los principios de mérito y capacidad por los procedimientos establecidos», asegura la interventora en un informe que elaboró para analizar la incorporación de estos once operarios.

La funcionaria decidió emitir un reparo suspensivo, que el alcalde, Carlos Calvelo, anuló para poder proceder a la incorporación de los once empleados al servicio de basura municipal, que empezó a funcionar el 1 de agosto.

La interventora argumentó en su informe que se incumplen todos los «elementos jurisprudencialmente aceptados» para efectuar una subrogación, ya que el centro de la empresa o el tipo de actividad no coinciden, no se produjo ninguna transmisión de bienes materiales (el Concello adquirió todo el material necesario para la puesta en marcha del servicio de basura), el Ayuntamiento no se hace cargo de la mayoría de los empleados y tampoco hay una «transmisión de clientela» (solo se da servicio a Arteixo y no al resto de ayuntamientos del Consorcio).

Intervención consideró que «no es legalmente posible» la subrogación de los cinco trabajadores con cláusula de retorno (pasaron del Concello al Consorcio As Mariñas en 2001 y ahora hacen el recorrido inverso) porque no existe ningún «decreto o resolución administrativa» que lo recoja.

Solo hay «una manifestación unilateral» del alcalde en aquel momento, Manuel Pose, según defendió la interventora municipal.

La opinión de esta funcionaria no coincidió con la del jefe del área de Servizos Xerais, que argumentó que «en rigor no supondría una subrogación, sino la aplicación de los efectos de un acto administrativo dictado y notificado en el año 2001 que garantizaba su reingreso como empleados públicos». Estos cinco empleados han pasado a ser personal laboral indefinido desde el 1 de agosto, cuando arrancó el servicio de basura municipal.

Sobre los otros seis operarios que subrogó el Concello, tanto la interventora como el jefe del área de Servizos Xerais comparten en que no es legal incorporarlos al personal municipal.

La funcionaria asegura que la subrogación de esta parte de los trabajadores se realiza «fuera de los instrumentos legales debidamente aprobados por el pleno para la ordenación del personal».

El jefe de Servizos Xerais concluyó que no existe «precepto normativo que permita integrar a dichos trabajadores dentro de las categorías de empleados públicos como consecuencia de la aplicación de la figura de la sucesión empresarial por el necesario respeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público». Estos seis operarios son desde el 1 de agosto personal laboral indefinido no fijo del Concello.

El informe que elaboró la técnico de Personal del Concello concluyó que era «inviable» realizar cualquier proceso de selección de contratación con las «mínimas» garantías porque apenas quedaba tiempo para poner en marcha el servicio y que sí se cumplían las condiciones para realizar la subrogación, aunque debía quedar «absolutamente acreditado» que estos trabajadores estaban adscritos «únicamente y exclusivamente» a las rutas de Arteixo.

El Gobierno local defendió que tiene la «obligación» de asumir la subrogación de «aquellos trabajadores» que prestaban el servicio del Consorcio en Arteixo (once en total) y en caso de no hacerlo, «la obligación de asumir las correspondientes indemnizaciones por los despidos de los afectados».

También indicó que «los informes técnicos emitidos» concluyeron que en este caso «se dan los condicionantes legales establecidos para que opere la sucesión empresarial».

LAS INSPECCIONES DETECTAN CASI 13 TRABAJADORES AL DÍA SIN CONTRATO O CON ÉSTE INCOMPLETO EN EL PRIMER SEMESTRE

D. M. – eldiario.es – Santa Cruz de Tenerife

Durante los meses de enero a junio de 2018, en Canarias afloran 2.289 empleos, se transforman 4.333 contratos en indefinidos y se aumenta el tiempo laboral de 672 personas, según el balance de la Consejería de Empleo

Las irregularidades en el mercado laboral de Canarias no cesan, pese a que la labor de la Inspección de Trabajo (dependiente del Estado), en coordinación con el Gobierno autonómico, cada vez intimida más a los empresarios de las islas y, por cierto, no ha dejado de ganar potencia y de asistir a la mejora en la colaboración entre las administraciones públicas, al menos desde el año 2016, entonces con el PSOE en esa área de gestión en la Comunidad Autónoma de Canarias.

La tarea de los inspectores dependientes del Ministerio en el archipiélago se ha intensificado en todo ese tiempo y además el acelerador de los controles no pretende aminorarse por ahora, mucho menos cuando los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas siguen siendo en algunos casos hasta alarmantes.

Es lo que se desprende, al menos en gran parte, del balance de la Inspección de Trabajo en el periodo enero-junio de 2018 (primer semestre del año), cuando, según los datos oficiales servidos estos días por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, afloraron 2.289 empleos (personas que trabajaban sin soporte contractual ajustado a derecho), se transformaron 4.333 contratos en indefinidos y se elevó el tiempo de trabajo que reflejaban los contratos de 672 individuos.

El registro de personas sin contrato supuso el hallazgo de casi 13 trabajadores ilegales por día (12,7) en la primera mitad del año, un promedio que, sin duda, sigue siendo bastante alto.

Cristina Valido y los responsables de las inspecciones de Trabajo y de Seguridad Social en Canarias mantuvieron hace poco una reunión con el objeto de planificar las actuaciones que se desarrollarán el año próximo para controlar el fraude en la contratación y la prevención de riesgos laborales, entre otras cuestiones.

La cita se produjo después de que los resultados de la actuación inspectora a lo largo del primer semestre pasado hayan permitido mejorar la situación de 7.294 personas que no tenían contrato o este era fraudulento, o bien el modelo adoptado no correspondía a la realidad laboral.

La consejera canaria de Empleo ha dejado claro que «nuestra intención para el año 2019 es seguir vigilando ese tipo de fraudes, sobre todo en la economía sumergida, ya que suponen un agravio a los derechos laborales de muchas personas.

Estas, al no estar dadas de alta en la Seguridad Social o no cotizar por el tiempo real que trabajan, no podrán disfrutar de las pensiones que deben corresponderles cuando se jubilen o incluso de las ayudas por desempleo si en algún momento dejan de trabajar.

En líneas generales, la actuación de la Inspección de Trabajo durante el primer semestre de 2018 ha permitido la realización de 6.500 visitas a centros de trabajo, intervenciones que han finalizado en 14.454 órdenes de servicio.

Por materias abordadas, 2.462 han sido órdenes de seguridad y salud, 2.833 de relaciones laborales, 515 de empleo, 20 de extranjeros, 6.846 de economía sumergida e irregular y 689 de otras actuaciones.

De los 2.289 empleos aflorados, 1.187 no tenían alta en la Seguridad Social, 493 fueron altas de oficio; hubo 45 extranjeros trabajando sin permiso y 564 consistieron en incrementos del tiempo de trabajo superiores al 50%.

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