Boletín de Luchas Obreras (16 de Abril de 2018)

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ÍNDICE

  • TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEMANDARÁN A CARREFOUR POR VÍA PENAL
  • FUNCIONARIOS DE JUSTICIA MANTIENEN LOS ACTOS REIVINDICATIVOS, PIDEN LA DIMISIÓN DE RUEDA Y RECLAMAN «NEGOCIAR»
  • ULTIMÁTUM DE SOGEPSA A SUS EMPLEADOS: O FIRMAN EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO O HABRÁ DESPIDOS
  • LA PLANTILLA DE ‘EL PERIÓDICO’ RECHAZA EL ACUERDO CON ZETA: SE ESPERAN 177 DESPIDOS
  • ELA INSTA A MOVILIZARSE PARA QUE PRODUCTOS TUBULARES RETIRE SU PROPUESTA Y EL GOBIERNO VASCO «SE IMPLIQUE»
  • LOS TRABAJADORES DE LECHE CELTA HARÁN «HUELGA INDEFINIDA»
  • LOS SINDICATOS TILDAN DE «IMPRODUCTIVA» LA NUEVA REUNIÓN CON LINDORFF Y LA ACUSAN DE PREPARARSE YA PARA EL JUICIO
  • EL TSJA DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE LA PORTAVOZ DEL PSOE AFECTADA POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN ESTEPONA
  • CONVOCAN UNA HUELGA DE AUTOBUSES METROPOLITANOS PARA LA SEMANA DE FERIA EN SEVILLA
  • LA HUELGA DE INTERINOS PARARÁ LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE CASTELLÓN
  • LAS MONITORAS ESCOLARES IRÁN A LA HUELGA EN EL PERIODO DE MATRICULACIÓN
  • LAS DOS AUTOPISTAS EN QUIEBRA CON MÁS TRÁFICO SUFREN UNA HUELGA LA VÍSPERA DE SU RESCATE
  • HUELGA INDEFINIDA EN ACCIONA FACILITY SERVICES
  • EL JUZGADO DE EIBAR CONDENA A ALFA PRECISION CASTING POR VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA
  • TRES DESPIDOS RECRUDECEN EL CONFLICTO DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD SUBCONTRATADOS POR LA EMPRESA DELTA

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TRABAJADORES DE LIMPIEZA DEMANDARÁN A CARREFOUR POR VÍA PENAL

Carolina Mundi – okdiario

“Se vulneró nuestro derecho a huelga”

Huelga de los trabajadores de limpieza del centro de Carrefour en Leganés ->

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A Carrefour no sólo se le acumulan las huelgas, también las denuncias. Los trabajadores de limpieza del centro de Leganés (Madrid) -un servicio que corre a cargo de una empresa externa, Servimil- van a presentar una demanda a finales de este mes, en principio el próximo día 23 de abril, por la vía de lo penal por entender que la compañía ha vulnerado su derecho a huelga.

La demanda se suma a la denuncia interpuesta ante la Inspección de Trabajo. CC.OO. ha elevado el caso al organismo supervisor de las condiciones laborales: el viernes, 6 de abril, comunicó esta decisión tras concluir que “Carrefour decidió boicotear la huelga de estas trabajadoras, realizando los trabajos de limpieza con su propio personal“.

Fuentes sindicales consultadas por este periódico apuntan que se ha vulnerado su derecho a huelga porque, entre otras cosas, “no dejan pasar a las compañías al cuarto de limpieza, donde tienen objetos personales y documentación. Hemos visto cómo otros trabajadores de Carrefour están haciendo su trabajo, cuando aún no ha terminado su contrato. Y seguimos recabando información para demostrar que se ha violado este derecho”, indican.

El comité de huelga: “Nos sentimos vigilados”. La huelga continúa y los trabajadores del centro convocan movilizaciones a diario. “Van muy bien, aunque tenemos discusiones permanentes con el director del centro”, explican fuentes sindicales.

Por otro lado, el comité de huelga asegura que está siendo “excesivamente vigilado. Nosotros, como representantes de los trabajadores, tenemos la obligación y libertad de inspeccionar las instalaciones de Carrefour para conocer la situación. Por ello, también contemplamos la posibilidad de que se considere que se está vulnerando el derecho a la libertad sindical“.

Los diez empleados del centro madrileño aún no han recibido una comunicación oficial de su despido por parte de Carrefour y de Servimil. Sin embargo, varios trabajadores de la plantilla les han informado de que serán ellos mismos quienes tomen el relevo cuando su contrato termine el próximo 16 de abril a las 24:00 horas. La compañía, Servimil, ha quebrado y Carrefour ha decidido ‘internalizar’ el servicio, rompiendo el contrato que tenía hasta 2020, según fuentes sindicales.

“Se extenderá al resto de centros”

La plantilla de los centros de Leganés (Madrid), Vigo, Palencia, Burgos y Talavera de la Reina (Toledo) que desarrolla esta actividad profesional “se va a quedar en la calle”, explican fuentes sindicales. Y desde los sindicatos apuntan que hay miedo de que se extienda al resto de centros de España.

El pasado mes de marzo, se firmó un acuerdo entre los sindicatos y la compañía que minimiza el impacto del Plan Bompard 2022, pero que pasa por una serie de ajustes en la plantilla: “a los trabajadores de Carrefour ahora nos pueden partir los turnos, podemos rotar y, además, tenemos que ser polivalentes porque nos mueven de sección. Es decir, puedo abrir la panadería de 7:00 a 10:00 y después trabajar de 10:00 a 14:30 en donde ellos quieran, como por ejemplo limpiando”.

“Esta inestabilidad genera mucha ansiedad a la plantilla“, concluyen

FUNCIONARIOS DE JUSTICIA MANTIENEN LOS ACTOS REIVINDICATIVOS, PIDEN LA DIMISIÓN DE RUEDA Y RECLAMAN «NEGOCIAR»

A Coruña (Europa Press)

Sindicatos esperan que la Xunta los convoquen y destacan que el seguimiento del paro sigue «alto», pero la Xunta lo baja al 29,08%

Funcionarios de justicia mantienen los actos reivindicativos cuando ya se han superado los dos meses de huelga indefinida en la comunidad.

En A Coruña han vuelto a secundar una nueva jornada de protesta con una concentración ante los Nuevos Juzgados en la que han pedido, de nuevo, la dimisión del vicepresidente de la Xunta y responsable de Xustiza, Alfonso Rueda.

«Estamos hartos de tanta mentira», ha trasladado a Europa Press el portavoz del comité de huelga en A Coruña, Javier Fernández. Sobre los motivos de esta concentración, la ha vinculado «con el rechazo de la Xunta a aceptar la mediación del Consello Galego da Avogacía», tras la reunión mantenida.

A ello, ha sumado «lo más grave» después de que el Gobierno gallego hablase «de una subida de en torno a 300 euros al mes a cada trabajador» incluyendo su última oferta y lo acordado por el Ministerio de Hacienda para todos los empleados públicos.

Para el portavoz del comité de huelga en A Coruña, «no se puede mezclar» ambos conceptos. «La subida que plantea el Estado es para todos los funcionarios por la pérdida de poder adquisitivo, sin necesidad de ir a una huelga», ha apuntado recordando que está condicionado a la aprobación de los presupuestos generales.

«Y nosotros estamos en huelga por el complemento autonómico transitorio y la equiparación con otras comunidades autónomas», ha especificado, rechazando que puedan sumarse ambos conceptos.

Seguimiento

Mientras, en esta nueva jornada de huelga, la Xunta ha cifrado el seguimiento en un 29,08%, situando en 798 las personas que han secundado el paro. Por provincias, en A Coruña fue, según sus datos, del 26,48%; en Lugo, del 17,94%; en Ourense, del 35,52% y en Pontevedra, del 33,93%.

«En el cálculo, hay que tener en cuenta que 174 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada -vacaciones, asuntos particulares o días libres- y 775 participaron en los servicios mínimos».

«La Xunta debe mover ficha»

Fuentes de distintos sindicatos representados en el comité de huelga –SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.– han defendido que el seguimiento «sigue siendo muy alto, por encima del 70%», pese al impacto económico en los trabajadores de un paro que supera los dos meses de duración.

Tras la manifestación en Santiago, ven a los trabajadores «dispuestos a aguantar» e insisten en que es la Xunta la que «debe mover ficha» y formalizar una nueva convocatoria, que todavía no ha llegado, para intentar desatascar el conflicto. «Su obligación es negociar», concluyen.

Propuestas

Asimismo, los representantes de los trabajadores censuran que la Xunta hable de «una subida de 300 euros al mes». «Nosotros demandamos 180, seríamos tontos si nos diesen 300 y dijéramos que no», esgrimen, antes de censurar las «mentiras» de Rueda.

A la espera de una nueva convocatoria para intentar desatascar un conflicto que sigue enquistado, la Xunta mantiene sobre la mesa una propuesta que se traduciría en una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

El comité de huelga, que ve insuficiente este planteamiento, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades. El primer año se percibiría el 70 por ciento (126 euros) y el segundo año, el 30 por ciento (54 euros). Piden también una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de recuperación del trabajo perdido.

ULTIMÁTUM DE SOGEPSA A SUS EMPLEADOS: O FIRMAN EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO O HABRÁ DESPIDOS

Ramón Díaz – La Nueva España – Oviedo

La plantilla, molesta porque ya ha hecho un «gran sacrificio» al haberse sometido a otra regulación de empleo en 2017 y al tener los salarios congelados desde 2008

Sogepsa ha entrado en ebullición. Los trabajadores de la Sociedad de Gestión y Promoción de suelo consideran que ya han hecho un «gran sacrificio» para paliar la delicada situación financiera de la empresa, que acumula 150 millones de euros en deudas.

De ahí el profundo malestar de la plantilla ante el ultimátum de la empresa: si no firman en 48 horas un expediente de regulación de empleo (Expediente de Regulación de Empleo) temporal, que consideran lesivo para sus intereses, habrá despidos. Y el plazo concluye ya.

Sogepsa propone una reducción del 30 por ciento tanto en la jornada laboral como en los salarios de 19 de los 23 integrantes de la plantilla durante un año.

Los trabajadores están dispuestos a colaborar de nuevo -ya sufrieron otro Expediente de Regulación de Empleo similar al ahora propuesto hace un año-, pero quieren que los recortes se repartan entre toda la plantilla y que las reducciones de jornada y salario se queden en el 10 por ciento. La empresa ya ha dicho «no».

Representantes de la empresa y los trabajadores se han reunido en tres ocasiones. A la propuesta de Sogepsa contestó la plantilla con una contraoferta basada en cuatro puntos:

– Uno, dejar la duración del Expediente de Regulación de Empleo en 6 o 9 meses.

– Dos, reducir la jornada y los salarios en un 10 por ciento a toda la plantilla, en atención al «gran sacrificio» realizado ya el año pasado, y a los 10 años de congelación de salarios.

– Tres, aumento salarial este año igual al IPC de 2017 para compensar el anterior «sacrificio económico» y el que se aplicará este año.

– Cuatro, que el Expediente de Regulación de Empleo afecte a toda la plantilla, y si la empresa decide que algunos trabajadores tengan jornada completa, que sea de manera excepcional y justificada, y aplicando un sistema de rotación.

Los trabajadores resaltan que los costes salariales de Sogepsa bajaron casi a la mitad entre 2016, cuando superaban el millón, y 2017, cuando se quedaron en unos 570.000 euros. Esa disminución, cifrada en 486.848 euros, supone, según destacaron un 29 por ciento más de lo previsto por la empresa.

La plantilla ha mostrado su profunda decepción al saber que los responsables de Sogepsa no prevén aplicar otras medidas de ahorro, ni siquiera reducir el gasto en servicios externos. Interpretan que la empresa pretende cargar sobre los hombros de los trabajadores todos los recortes.

Sobre la propuesta de los trabajadores de que los recortes se apliquen a toda la plantilla, el director general de director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan José Fernández Pereiro, explicó durante las negociaciones que la incorporación de determinados empleados a jornada completa, como ya ocurrió durante del anterior Expediente de Regulación de Empleo resulta «necesaria» por «su cualificación y especialización». Y añadió que el recorte del 10 por ciento propuesto por la plantilla es «muy limitado» y no cumple las previsiones de la empresa.

El consejo de administración de Sogepsa utilizó idénticos argumentos a los de Fernández Pereiro para rechazar la contraoferta de la plantilla: mantuvo su propuesta de reducción del 30 por ciento de jornada y salarios, aunque mostró su disposición a acortar el periodo de aplicación.

Y sigue defendiendo la necesidad de que haya algunos trabajadores con dedicación plena.; esto es, no afectados por el Expediente de Regulación de Empleo.

Los empleados, por su lado, resaltaron su «voluntad negociadora», como demuestran sus dos contraofertas, y han destacado que lo que está sobre la mesa, más que «dinero», son «personas» y el «sustento de las familias» de los trabajadores.

De ahí que insistan en seguir negociando sobre el ahorro que persigue la empresa, unos 115.000 euros, con una única premisa: que los recortes se apliquen a todos los trabajadores por igual.

De 40 empleados, a 23

Sogepsa, que tenía 40 trabajadores en 2014, tiene en la actualidad 23 empleados, de ellos, uno en excedencia voluntaria, otro en excedencia forzosa y un tercero en proceso de incapacidad transitoria.

La empresa está acosada por las deudas y tiene un gran volumen de activos que no consigue vender; el 75 por ciento del total son suelos industriales. El Principado tiene el 45 por ciento de las acciones, los ayuntamientos el 13 por ciento y varias constructoras el 42 por ciento restante.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, afirmó meses atrás que la hoja de ruta de la sociedad pasaba por diseñar un plan de viabilidad y elaborar una norma que diera cobertura legal a la entidad, cuya naturaleza cuestionó por la Unión Europea. Las dos opciones que ha manejado la empresa son su conversión en una sociedad totalmente pública y su disolución.

LA PLANTILLA DE ‘EL PERIÓDICO’ RECHAZA EL ACUERDO CON ZETA: SE ESPERAN 177 DESPIDOS

Rubén Arranz – Vozpópuli

El 75% de los trabajadores del diario ha rechazado la propuesta de despido colectivo planteada por la empresa, que implicaba 125 salidas.

Eso abre la puerta a que la empresa aplique el Expediente de Regulación de Empleo que anunció el pasado enero, que afectaría a 177 empleados.

La crisis de El Periódico de Catalunya está lejos de solucionarse. Después de varias jornadas de negociación maratonianas, la plantilla del rotativo estaba llamada a votar una propuesta de despido colectivo que implicaba 125 salidas –repartidas entre bajas forzosas y voluntarias- y recortes salariales que se extendían hasta 2020.

Según ha podido saber Vozpópuli a través de fuentes sindicales, el plan ha sido rechazado por la gran mayoría de los trabajadores, lo que acerca la posibilidad de que la empresa rompa 170 contratos por la vía unilateral.

En concreto, de los 393 empleados que se han pronunciado al respecto, 298 lo han hecho en contra y 55 a favor, mientras que 40 se han abstenido. La propuesta implicaba 49 bajas en El Periódico de Catalunya, otras tantas en la empresa Zeta Servicios y Equipos S.A., 14 en Logística y Medios de Catalunya S.L.; y 12 en Zeta Gestión de Medios S.A.

También contemplaba el mantenimiento del recorte salarial que ambas partes pactaron el pasado julio -16% en El Periódico- y el levantamiento parcial del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que estaba vigente en el grupo.

Los trabajadores del Grupo Zeta han rechazado esta propuesta, lo que abre la puerta a que la empresa ejecute en un plazo máximo de 15 días el Expediente de Regulación de Empleo que anunció el pasado enero, que implicaría 177 despidos. Los afectados recibirían una indemnización mínima de 20 días por año trabajado, según precisan fuentes internas.

Último intento de diálogo

Ambas partes han decidido prorrogar durante unas horas la negociación –en contra de lo que habían afirmado en fechas anteriores- para intentar alcanzar un acuerdo in extremis, aunque las posturas todavía son lejanas. Si todo sigue igual, los despidos se ejecutarían antes de que finalice abril, lo que mermaría la plantilla de estas empresas alrededor del 40%.

El temor que existe desde Zeta es que el Expediente de Regulación de Empleo llegue a los tribunales, al igual que ha ocurrido con el que planteó el pasado diciembre en el periódico Sport, que concluyó con una veintena de salidas. En ese caso, aumentaría la incertidumbre alrededor de un grupo que desde hace unos años padece una complicada situación financiera.

La justicia declara ilegal la contratación de 6 trabajadores del SEPEI que ya fueron despedidos e indemnizados

Estos conductores del Servicio de Extinción de Incendios de la provincia perdieron su empleo con el Expediente de Regulación de Empleo del PP del 2012 y el PSOE los volvió a contratar en 2016 y 2017

ELA INSTA A MOVILIZARSE PARA QUE PRODUCTOS TUBULARES RETIRE SU PROPUESTA Y EL GOBIERNO VASCO «SE IMPLIQUE»

Bilbao (Europa Press)

Afirma que, «si se le quita la acería, detrás va la compañía entera»

El secretario general de ELA, Aldolfo Muñoz, ‘Txiki’, ha instado a los trabajadores de Productos Tubulares a movilizarse para que la empresa retire su propuesta, que incluye 157 despidos y el cierre de la acería, y para que el Gobierno Vasco «se implique».

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Muñoz ha reclamado a la empresa «que concrete sus planes porque esa empresa» porque, «si se le quita la acería, detrás va la compañía entera». «La acería permite un margen muy grande para decidir qué termina produciendo, y el plan que presenta la empresa comprende 157 despidos, bajar los salarios un 25% y aumentar la jornada para los que se queden».

«La empresa, probablemente presionada por los accionistas, porque hay mundo financiero detrás, tiene una foto de futuro donde le preocupa mucho la rentabilidad, presentar cuentas de rentabilidad muy alta a los accionistas y, para eso, no duda en desprenderse de trabajadores y en erosionar las condiciones de trabajo una barbaridad», ha añadido.

No obstante, ha apuntado que «hace falta información», que exige a la empresa, y ha pedido al Gobierno Vasco que, «cuando las cosas bien mal dadas, no se ponga de perfil». «Los intereses de las empresas suele ser el común denominador de las propuestas del Gobierno», ha dicho.

En este sentido, ha recordado que esta empresa hace años recibió un crédito multimilllonario «y el año que lo recibió, prácticamente la cantidad completa la repartió en beneficios». «Y ahora se dice que tiene deuda, claro que tiene. Nosotros imputamos lo que ocurre en Productos Tubulares en una mala gestión empresarial», ha indicado.

Txiki Muñoz ha considerado que, «una vez que se presenta un plan de éstos», hay que exigir un plan industrial de futuro. «Y ahí es donde el Gobierno tiene que jugar un papel importante porque, si no hay un plan industrial de futuro y si la decisión de la empresa de acabar con la acería sale adelante, no se va solo la acería y la gente que está en la acería, sino que se termina yendo toda la planta», ha indicado.

Movilización

Por ello, ha afirmado que ELA y la plantilla va a hacer «todo lo posible y lo imposible para que esta empresa permanezca trabajando y produciendo». «Sin movilización no hay nada. Desde la movilización se consigue tensionar a la empresa para que la propuesta que tiene encima de la mesa la retire o la modifique, y a las instituciones para que se impliquen», ha dicho,

A su juicio, «las instituciones tienen un común denominador y es que, cuando se inauguran proyectos, aparecen colocando la primera piedra y, cuando esos mismos proyectos, pasados un cierto tiempo, por razones diversas, por decisiones empresariales se caen, las instituciones suelen mirar para otro lado».

«La presión de los trabajadores tienen un horizonte muy claro, que es modificar la posición de la empresa e implicar a las administraciones para que fuercen a la empresa a una realidad distinta a la que tenemos ahora», ha manifestado.

Txiki Muñoz ha considerado que muchas empresas actúan «de depredadores de las condiciones de trabajo» y, por eso, los de Productos Tubulares se movilizan.

LOS TRABAJADORES DE LECHE CELTA HARÁN «HUELGA INDEFINIDA»

EFE

Manifestación de Leche Celta ->

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Endurecerán las movilizaciones para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales

Los trabajadores de la factoría que Leche Celta tiene en la localidad lucense de Meira han tomado la decisión de endurecer las movilizaciones para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales con las de los empleados de otros centros de trabajo del grupo, de modo que iniciarán a partir del jueves, 12 de abril, una «huelga indefinida» en la planta.

Así se lo confirmó a Efe el responsable de la Federación de Alimentación y Transportes de la CIG, Christian López Carmona.

Desde su punto de vista, por parte de la empresa no se atisba «intención alguna» de buscar una solución a este conflicto laboral, como lo demuestra el hecho de que la patronal agotase «las setenta y dos horas» que le dieron los representantes de los trabajadores para responder a su «contraoferta» de convenio.

Ante esta postura por parte de la patronal, la plantilla -formada por 70 trabajadores- ha tomado la decisión de «meterle una marcha más» a las movilizaciones, de modo que en vez de realizar paros de media jornada durante dos semanas más, ha optado por comenzar una «huelga indefinida» que paralice por completo la fábrica.

«Parece que este conflicto laboral se va a tener que solventar por esta vía, porque la empresa no da la cara. De hecho, hay un nuevo director de recursos humanos que no se está ganando el sueldo, porque aún no ha contactado con los representantes de los trabajadores» para tratar de buscar un acuerdo.

Entretanto, sostiene López Carmona, se están «alimentando especulaciones» sobre una posible «venta o alquiler de la fábrica». Los trabajadores volverán a protagonizar una nueva manifestación por las calles del centro de Meira.

LOS SINDICATOS TILDAN DE «IMPRODUCTIVA» LA NUEVA REUNIÓN CON LINDORFF Y LA ACUSAN DE PREPARARSE YA PARA EL JUICIO

Valladolid (Europa Press)

Los sindicatos participantes en la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (Expediente de Regulación de Empleo) extintivo presentado por Grupo Lindorff para 449 trabajadores en toda España, han calificado de «improductiva» la nueva reunión mantenida en Madrid que enmarcan, a su juicio, en la estrategia iniciada por la mercantil de cara a un más que probable juicio.

Así lo ha denunciado públicamente, en declaraciones a Europa Press, el secretario del Comité de Empresa de Lindorff en Las Cistérniga (Valladolid), Jaime Esteban, al término de la quinta reunión negociadora a la que Lindorff ha acudido sin respuesta a los planteamientos formulados por los sindicatos, ni respecto de la voluntariedad de los despidos ni el importe de las indemnizaciones al alza correspondientes.

«Nos han emplazado a la nueva reunión que se celebra el lunes, 16 de abril, aunque nuestra percepción es que están cubriendo el expediente ante un futuro juicio para justificar así un supuesto afán negociador», critica el sindicalista de CGT.

Durante el encuentro tan sólo se ha empezado a analizar el criterio de despido en el departamento de gestores presenciales, que Lindorff atribuye a productividad y que los sindicatos rechazan al entender que no es de carácter objetivo, «ya que no es lo mismo gestionar una cartera de recobros en Orcasitas que en Majadahonda, por poner un ejemplo».

Esteban se queja además de que la empresa pretende justificar el resto de despidos en otros departamentos utilizando otros criterios, de ahí la insistencia de la parte sindical de que el Expediente de Regulación de Empleo se pretende aplicar «a la carta», sin fundamentación objetiva alguna.

Después de que culminara sin acuerdo el acto de mediación entre las partes en el Servicio de Interconfederal de Mediación y Arbitraje de Madrid (SIMA), las organizaciones sindicales mantienen la convocatoria de nuevos paros de dos horas por turno el día 17 de abril, de 12.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, y de una huelga general de 24 horas el 19 de abril que afectará a todos los centros del grupo en toda España.

Las nuevas reuniones de la mesa negociadora se celebran el lunes, 16 de abril, y el miércoles, 18 de abril, con lo que el periodo de consultas hábil de treinta días que culmina, parece que no propiciará un acuerdo entre las partes.

El total de trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo extintivo corresponde a Lindorff España S.A.U., Aktua Soluciones Financiera, S.L.U. y Aktua Soluciones Inmobiliarias, S.L.U.

La mercantil, dedicada a la gestión del cobro de deudas para entidades financieras y que aplica a la mayoría de sus empleados el II Convenio Colectivo para las empresas de Contact Center (antes Telemárketing), pretende llevar a cabo sus despidos en Granada (31), Jerez de la Frontera (14), Zaragoza (6), Valladolid (147), Barcelona (49), Santa Cruz de Tenerife (3), Madrid (148), Murcia (25), Alicante (15), Valencia (7) y Palma de Mallorca (4).

EL TSJA DECLARA IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE LA PORTAVOZ DEL PSOE AFECTADA POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO EN ESTEPONA

Charo Márquez – diariosur.es

Los jueces consideran que no se computó en la antigüedad de la trabajadora el tiempo que estuvo en empresas municipales

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de Málaga ha declarado improcedente el despido de la actual portavoz del PSOE de Estepona, Manuela Benítez, que fue despedida de su puesto como trabajadora social durante el Expediente de Regulación de Empleo (Expediente de Regulación de Empleo) que aplicó el Ayuntamiento en 2012.

Benítez interpuso demanda ante el Juzgado de lo Social nº 7 argumentando que, atendiendo a los criterios de selección de personal, tenía más derechos que otros compañeros, pero la sala desestimó su demanda al considerar que el despido se ajustó a los criterios acordados en el Expediente de Regulación de Empleo.

Contra esta decisión interpuso un recurso de súplica ante el TSJA. También lo hizo el Ayuntamiento reclamando que el despido fuese declarado improcedente y no nulo.

Ahora el TSJA ha estimado ambos recursos de súplica. El del Ayuntamiento, considerando que el despido es improcedente y no nulo. Y el de la trabajadora. El Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 176 trabajadores utilizó como principal criterio de selección la menor antigüedad. El Ayuntamiento sostenía que Benítez comenzó a trabajar en 1.999, pero había desempeñado funciones en empresas municipales desde 1995.

La Sala no acepta que el despido se produjera por cuestiones políticas y que fuera nulo

El magistrado, en su auto, al que ha tenido acceso SUR, expone que «la claridad y literalidad del criterio de selección no deja margen de duda alguna: se deberá computar a la trabajadora el tiempo de prestación de servicios, no sólo desde que comenzó a trabajar para el Ayuntamiento en el año 1.999, sino desde que lo hizo en 1.995 para la Sociedad Local Mercantil Estepona XXI y Servicios Municipales Estepona S.L.».

No acepta la Sala, tal y como pretendía Benítez, que su despido fuese considerado nulo por cuestiones políticas. La recurrente era en 2011 secretaria de política municipal del PSOE y concurrió a las elecciones municipales de 2011 y de 2015.

El juez entiende que la actividad política de la demandante «no se constituye en un indicio sólido y suficiente como para justificar la existencia de un panorama de sospechas vehementes de que su selección lo fue por tales razones políticas».

El TSJA condena al Ayuntamiento a que readmita Benítez en idénticas condiciones que antes de producirse el despido, con abono de los salarios de tramitación

Desde el PSOE de Estepona han lamentado que «ante la actitud inmisericorde del PP, tenga que ser la Justicia la que, por novena vez, diga que el Ayuntamiento ha actuado de manera ilícita conculcando el actual ordenamiento jurídico».

Y advierten que la «sinrazón» del PP va a suponer un desembolso «mayúsculo» de las arcas municipales para hacer frente a sentencias similares que se producirán. Recuerdan que al igual que en el caso de la portavoz socialista, hay otros muchos trabajadores que recurrieron su despido basándose en que no se había tenido en cuenta la antigüedad en las empresas municipales. Y estiman que el abono de los salarios de tramitación en estos casos alcanzaría los 150.000 euros por trabajador, además de los gastos de dotar de nuevo las plazas presupuestariamente.

Recursos

El Ayuntamiento anunció que presentará recursos contra estas sentencias, como en los casos anteriores. Y recordó que el Tribunal Supremo, en sentencia firme, declaró ajustada a derecho la decisión de despido colectivo «por concurrir las causas económicas y organizativas», confirmando de esta forma la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Añadieron que se han alcanzado 43 acuerdos de conciliación con algunos de los trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo.

Además, resaltaron que el Ayuntamiento ha obtenido tres nuevas sentencias favorables, que se suman a las 26 sentencias favorables en juzgados de primera instancia o en el TSJA. «Las sentencias que no han sido favorables en primera instancia están recurridas ante el TSJA y sobre ellas no se ha dictado aún sentencia. Por tanto, éstas pueden ser aún favorables al Ayuntamiento», aclararon.

CONVOCAN UNA HUELGA DE AUTOBUSES METROPOLITANOS PARA LA SEMANA DE FERIA EN SEVILLA

Diario de Sevilla

Afectará a once municipios del Aljarafe.

Los sindicatos han convocado una huelga en los autobuses metropolitanos de durante la semana de feria de Sevilla, que va a comenzar y que dejará sin servicio de transporte regular a vecinos de once municipios del Aljarafe.

Los trabajadores decidieron por unanimidad convocar la huelga, que sigue adelante tras no alcanzarse un acuerdo en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA).

En un comunicado, CC.OO. considera que «la empresa es la única responsable de la convocatoria de la huelga» por «la falta de interés para abordar soluciones y sentarse a negociar propuestas».

Los trabajadores alegan pérdida continuada de poder adquisitivo, el uso de medios audiovisuales como «elemento coercitivo en la operatividad», la «imposición de modalidades de turnos lesivas» para la conciliación de la vida laboral y familiar con, jornadas de hasta nueve horas seguidas con solo trece minutos de descanso, entre otras medidas.

Todo ello ha abocado a la plantilla a convocar paros de día completo durante toda la semana próxima, por primera vez desde 1983 según CC.OO..

Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria, Gelves, San Juan de Aznalfarache, Almensilla, Palomares, Mairena del Aljarafe, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos son las localidades que verán afectado el servicio público que Tranvías de Sevilla tiene concesionado por la Junta de Andalucía.

LA HUELGA DE INTERINOS PARARÁ LA ESCUELA DE ARTE Y DISEÑO DE CASTELLÓN

Carmen Hernández – El Mundo

Concentración ante la Escuela de Arte y Diseño de Castellón ->

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El cuerpo docente de esta escuela está formado por un 80% de este profesorado

La decisión de la Coordinadora de Profesorado interino y el sindicato STEPV de convocar una huelga de los docentes interinos para las próximas jornadas del 24, 25 y 26 de abril en los centros de Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad Valenciana puede paralizar a determinados centros escolares y formativos donde el número de interinos que conforman el cuerpo docente está integrado por un alto porcentaje de interinos.

Según fuentes del STEPV «está claro que en las consecuencias de la huelga van a ser distintas según el porcentaje de docentes interinos que haya en cada centro, pero está claro que por ejemplo en Alicante, donde hay muchos más interinos que en Valencia o Castellón (donde el porcentaje llega solo al 15%), se va a notar mucho más».

En la provincia de Castellón, mientras en los niveles de Primaria y Secundaria dependerá del centro en particular, las tres jornadas de huelga convocada repercutirán más en los centros de enseñanzas artísticas. En este sentido, desde el STEPV, «la Escuela de Arte y Diseño, cuya plantilla docente está formada por un 80% de interinos, los paros pueden tener más seguimientos».

De esta manera, si todos los interinos de dicha Escuela hicieran valer su derecho a la huelga se pondría en peligro el funcionamiento de la misma durante las tres jornadas en las que se ha convocado.

Recordar que, en la Comunidad Valenciana, según los datos facilitados por el sindicato STEPV correspondientes a las adjudicaciones del pasado mes de julio, «el número de profesores interinos es de 11.849 profesores, de los que 1.751 realizan su labor docente en los centros de la provincia de Castellón.

La razón que ha motivado la convocatoria de los paros para finales del mes de abril se centra, según un comunicado del STEPV, en el anuncio de las oposiciones masivas. «Las 13.000 plazas que se convocarán entre 2018 y 2021 no se ha negociado previamente, y está generando desde entonces mucha inquietud e intranquilidad en el colectivo de interinos, porque este sistema no garantiza que quien no supere el proceso de concurso oposición pueda continuar trabajando», indican fuentes del STEPV, quienes piden que se negocie un pacto de estabilidad para el profesorado interino. «Es necesario hacer realidad esta garantía de continuidad en el trabajo y, a pesar de que Conselleria aceptó negociarlo, su propuesta no garantiza la continuidad del trabajo para los interinos tras las oposiciones masivas», inciden desde el STEPV, que también convoca una huelga para todo el profesorado el 17 de mayo.

LAS MONITORAS ESCOLARES IRÁN A LA HUELGA EN EL PERIODO DE MATRICULACIÓN

Cristina Fernández – Málaga Hoy

El colectivo, compuesto por 64 personas en Málaga, lleva años reclamando a la Junta que acabe con su precarización laboral

Por desgracia para el colectivo de monitoras escolares subcontratadas por la Junta de Andalucía para realizar labores administrativas su extrema precariedad laboral no es nueva.

Llevan años con contratos discontinuos de ocho, doce o veinte horas semanales que se empeoran si tienen que compartir dos o tres centros en distintos municipios sin que cobren un euro más por el desplazamiento.

Sin esperanzas de mejora, el colectivo apoyado por el sindicato CC.OO. inicia una batería de movilizaciones con una concentración en la sede de la Delegación de Educación.

Si no hay respuesta por parte de la Consejería de Educación, las monitoras irán a la huelga en junio, durante el periodo de matriculación de los centros educativos.

El secretario general de Enseñanza de CC.OO. Málaga, Félix Martín, denunció la situación que sufre el colectivo y afirmó que la Junta de Andalucía no puede mantener esta situación de precariedad «por responsabilidad política» y porque los centros públicos deben disponer de los recursos para poder ofrecer un servicio de calidad y atención al alumnado y a sus familias.

En Málaga son 64 las monitoras que sufren esta situación. «En los centros escolares existen necesidades y cargas de trabajo suficientes para que su jornada de trabajo sea normalizada a jornada y años completos», estimó el líder sindical.

Además, esta situación de precariedad en el empleo y salarios se agrava por el hecho de que 26 de estas trabajadoras comparten dos y a veces tres centros docentes que, en ocasiones, están situados en localidades distintas y por cuyo desplazamiento no perciben nada.

CC.OO. anunció el inicio de las movilizaciones si no se pone fin a esta situación. «Queremos que la Junta acabe ya con la precariedad laboral en el empleo público, ya que este colectivo de monitoras es el único que está en esta situación», dijo Félix Marín y precisó que «no descartamos iniciar una huelga en el periodo de matriculación».

En Andalucía sufren esta misma situación un total de 427 personas, un 90% de ellas mujeres. En julio y agosto se les corta el contrato y no cobran vacaciones.

Un total de 80 profesionales para 120 centros

La responsable del sector de personal laboral del sindicato de Enseñanza de CC.OO. Málaga, Gloria Pérez, apuntó que en los 1.037 centros escolares en Andalucía trabajan 632 monitores, por lo que existen 405 puestos de trabajo que deberían ser cubiertos.

En Málaga, en 120 centros trabajan 80 monitores «con una carga de trabajo que es brutal». Por tanto, faltarían cuarenta puestos para que no hubiese agravio comparativo entre los distintos centros y que todos los colegios pudieran disponer de un monitor para los asuntos administrativos a tiempo completo. Al menos con la carga horaria suficiente para cubrir las necesidades.

Virginia Vázquez, responsable de comunicación del sector de laborales del sindicato de Enseñanza de CC.OO. Málaga apuntó que la situación de precariedad se inició en el año 2005 con la externalización de estos servicios, mucho antes del inicio de la crisis. «No se comprende que el PSOE y la presidenta de la Junta de Andalucía tengan un colectivo mayoritariamente femenino tan precarizado y trabajando en estas circunstancias», dijo Vázquez.

También han estado luchando durante años para el reconocimiento de su experiencia laboral. Esa falta de reconocimiento pone en desventaja a este colectivo ante procesos como el acceso a un puesto de carácter fijo.

LAS DOS AUTOPISTAS EN QUIEBRA CON MÁS TRÁFICO SUFREN UNA HUELGA LA VÍSPERA DE SU RESCATE

Pablo García – El Independiente

Los sindicatos de las radiales R-3 y R-5, las que más tráfico soportan, denuncian jornadas excesivas y salarios desactualizados antes de que estas carreteras de peaje pasen a manos del Estado

Los sindicatos exigen actualizar salarios y acabar con las jornadas “excesivas”

Protesta de trabajadores en la R-3 y R-5 la pasada Semana Santa ->

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Las radiales R-3 y R-5, dos de las nueve autopistas de peaje que entraron en concurso de acreedores durante la crisis y que van a pasar a manos del Estado en 2019 -no sin pagar por ello un rescate público de como mínimo 2.000 millones-, viven estos días jornadas de huelgas y protestas.

Y lo hacen la víspera de que ambas radiales, que son las que más tráfico soportan, reviertan su gestión al Ministerio de Fomento en el proceso de liquidación ordenado que ha programado el ministerio que dirige Íñigo de la Serna.

La R-3 (Madrid-Arganda, 31 kilómetros) y la R-5 (Madrid-Navalcarnero, la misma longitud que la R-3) iban a convertirse en propiedad del Estado a comienzos de mayo, según varias fuentes conocedoras de los entresijos. Concretamente el Gobierno tenía en mente el día 10 del mes que viene recuperar la gestión, en manos de la UTE Accesos de Madrid (Sacyr, Abertis y Globalvía).

Pero las protestas sindicales han trastocado la situación: ya en Semana Santa se vivió una huelga que pasó bastante desapercibida pero las centrales planean nuevas acciones, como nuevas huelgas y concentraciones.

Y el calendario podría quedar afectado ya que al parecer la administración concursal rechaza las medidas de los sindicatos, abocando a las dos radiales a una situación paradigmática: que los 120 trabajadores de ambas carreteras de pago se movilicen justo cuando la gestión de estas concesionarias se transfiera al Estado, esto es, a Seitssa, la empresa pública creada en 2005 cuyo director general es José María Piñero.

La Intensidad Media Diaria (IMD) de la R-3 y la R-5 está siendo desigual: 10.959 vehículos al día en el caso de la primera en 2017 (los últimos meses del año son aún provisionales), lo que supone un descenso del -0,2% respecto a 2016; son cifras muy similares a las de 2012, el año en que las nueve concesionarias entraron en bancarrota, y todavía muy lejos de los de 2007 (el mejor año), cuando 17.000 vehículos al día circulaban entre Madrid y Arganda.

La R-5 entre Madrid y Navalcarnero está experimentando por el contrario una espectacular crecida: 10.639 automóviles diarios, un aumento del 32% y bastante más cerca de las cifras de 2007, cuya IMD arrojaba algo menos de 12.000 vehículos al día por aquel entonces.

El conflicto con la plantilla viene de hace dos semanas aproximadamente, cuando las partes rompieron con la negociación: los sindicatos piden una actualización salarial, ya que la idea de Fomento es meter las nueve autopistas de peaje quebradas en dos lotes (Lote Central y Lote Este) y relicitarlas de nuevo al mejor postor. “La subrogación sin modificar los salarios no nos vale porque pasaremos brevemente a pertenecer al Estado para subrogarnos de nuevo a una concesionaria privada que nos puede degradar o no mejorar las condiciones”.

Los sindicatos CC.OO. y UGT destacan tres reivindicaciones: la actualización de los salarios, la rotura de cuadrantes (horarios de trabajo) y, consecuencia de lo anterior, la “excesiva carga de trabajo”, denuncia Luis Ángel García, de CC.OO.. “En la pasada huelga de Semana Santa hemos denunciado ante la inspección de trabajo graves irregularidades. Hace dos años se produjo una huelga similar en la R-4, los sindicatos denunciaron a la administración concursal por lo mismo y la inspección resolvió a favor de la plantilla”, explica este delegado.

Los servicios mínimos establecidos son abusivos, critican las centrales. “Uno puede encontrarse a más gente trabajando en una autopista con peaje telemático un día de huelga que uno laborable, por las exigencias de los servicios mínimos”, reprocha este sindicalista.

Con la futura relicitación, que implicará una concesión de alrededor de 25 años y que al Gobierno le gustaría ejecutar a comienzos de 2019, el ministerio espera obtener 1.000 millones de euros como máximo. Que de poco servirán: aunque el rescate de las autopistas se desconoce, el Tribunal de Cuentas cifra la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en 3.700 millones de euros y los fondos buitre -los acreedores que han comprado masivamente deuda en los últimos años- exigen 4.500 millones.

700 empleados en total

Las nueve carreteras en quiebra son, además de las radiales mencionadas, la R-4 entre Madrid y Ocaña, la R-2 Madrid-Guadalajara, la AP-36 Ocaña-La Roda, el peaje Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante (Ciralsa) y el Eje-Aeropuerto (al entrar en la T-4 de Barajas); también está la AP-41 Madrid-Toledo, pero su relicitación ni está ni se la espera.

El lote relicitado más apetitoso para las concesionarias será el central, porque contará con los peajes de mayor capacidad. En las nueve concesionarias la plantilla total es de unos 700 empleados.

HUELGA INDEFINIDA EN ACCIONA FACILITY SERVICES

Carlos Lipúzcoa – diariodenavarra.es

Los 42 trabajadores del área de logística inician los paros en protesta por la subrogación de la plantilla a la empresa Vicarli

La dirección de Acciona Facility Services anunció al comité de empresa que los 42 trabajadores del área de logística van a ser subrogados a Vicarli, el nuevo contratista del servicio a Acciona Windpower, lo que les supondrá un recorte en el salario base de entre 200 y 300 euros, según informó un portavoz de la parte social.

Esta decisión cayó como un jarro de agua fría en la plantilla, que celebró una asamblea en la que más del 90% de los asistentes votó a favor de iniciar una huelga indefinida.

Aunque el paro ya estaba convocado como medida de presión para negociar un alza de los salarios, congelados desde 2008, el anuncio de la subrogación ha sido el detonante para que la plantilla opte por echarse a la calle de forma inmediata.

La empresa ha ofrecido un complemento personal para cubrir la diferencia en las condiciones laborales, pero ese complemento absorbería las futuras subidas salariales.

EL JUZGADO DE EIBAR CONDENA A ALFA PRECISION CASTING POR VULNERAR EL DERECHO A LA HUELGA

GARA

El juzgado de Eibar ha condenado a Alfa Precision Casting (APC) por vulnerar el derecho a la huelga, según ha informado el comité de empresa de APC, que ha solicitado a la dirección de la empresa y del Grupo Alfa que «cumpla lo que dice la sentencia».

Comparecencia de la plantilla de Alfa cuando se cumplían 100 días de huelga ->

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En un comunicado, el comité ha recordado que los trabajadores del Grupo Alfa cumplen 134 días de huelga indefinida, lo que supone «más de cuatro meses luchando por los puestos de trabajo y por el mantenimiento la actividad en Eibar».

En esa línea, ha explicado que, tras constatar que la empresa vulneraba el derecho a la huelga de los trabajadores, que los puestos de trabajo de los huelguistas «eran sustituidos por esquiroles» y que los empleados en huelga «recibían amenazas», entre otros motivos, el Comité registró una demanda el 30 de enero en el Juzgado de Eibar. El 2 de marzo se llevó a cabo el juicio.

La sentencia condena a la dirección de Alfa Precision Casting por no respetar el derecho de los trabajadores. Entre las «vulneraciones» que ha cometido la empresa se indica que «los trabajadores que estaban trabajando han ocupado puestos de trabajo de los huelguistas con el objetivo de reducir el impacto de la huelga, haber trabajado en días que según calendario laboral eran días de vacaciones, haber vulnerado la libertad sindical y haber impedido la labor del comité de huelga».

El comité ha pedido al alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos, «una rectificación pública, reconociendo la vulneración cometida por la empresa con la colaboración de los esquiroles». También ha denunciado que «la actitud del Departamento de Industria dirigido por Arantxa Tapia y el PNV está siendo vergonzosa en todo este proceso.

La dejadez y la falta de responsabilidad que han sentido los trabajadores del Grupo Alfa no tiene nombre. Si este es el futuro y compromiso que el Gobierno Vasco tiene para los empleados, podemos asegurar que ese futuro es negro».

Ha recordado que dentro del procedimiento de ERE en el que se encuentra Alfa Precisión Casting «está la destrucción de 131 empleos».

El periodo de consultas finalizó el día 20 de marzo y el planteamiento que hacia la administración concursal «no satisfacía las demandas de los trabajadores, además de que la información que daban sobre el posible inversor solo generaba más dudas».

TRES DESPIDOS RECRUDECEN EL CONFLICTO DE LOS VIGILANTES DE SEGURIDAD SUBCONTRATADOS POR LA EMPRESA DELTA

Diario Vasco

Mientras la situación de los trabajadores y educadores de Ibaiondo se encuentra en vías de negociación, la de los vigilantes de seguridad subcontratados por la empresa Delta se ha recrudecido tras tres despidos disciplinarios y «la amenaza de despido de otros cinco empleados», lamentan 15 de los 16 vigilantes del centro que ya han interpuesto dos denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y tres reclamaciones de nulidad de despido.

Los vigilantes anuncian además que interpondrán denuncia contra el centro de menores y la empresa Delta ante el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales Osalan.

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