Boletín de Luchas Obreras (15 de Enero de 2016)

ÍNDICE:

  • FINAL DE LA HUELGA DE TRABAJADORES EN JUVER
  • CIENTOS DE PERSONAS SE CONCENTRAN EN APOYO A ‘LOS 8 DE AIRBUS’ A LAS PUERTAS DE LA FACTORÍA DE GETAFE
  • LA AUDIENCIA DEJA VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR EL ERE DE VODAFONE
  • ELCOGAS INICIA SU DESCONEXIÓN DE LA RED Y LA PLANTILLA PLANEA YA NUEVAS MOVILIZACIONES
  • EL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA TRW QUE GARANTIZABA EL EMPLEO EXPIRÓ EN 2015
  • TRW ANUNCIA DESPIDOS Y REBAJA DE CONDICIONES PARA QUE “LA PLANTA NO CIERRE Y SEA COMPETITIVA”
  • EL COMITÉ DE TELEMADRID DICE QUE SIGUEN LOS «MISMOS PROBLEMAS» DESDE EL ERE DE 2013
  • LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID SE MANIFIESTAN CONTRA LA NUEVA LEY
  • RECONOCEN COMO IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UN JOVEN TRAS CONTARLE A SU JEFA QUE TENÍA VIH
  • OHL Y VALORIZA AMENAZAN CON RESTRINGIR EL TRABAJO DE LOS BARRENDEROS SI EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NO MEJORA SU OFERTA ECONÓMICA
  • CCOO EXIGE AL GRUPO TRAGSA LA PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESPIDOS
  • TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) AMENAZAN CON UNA HUELGA ANTE LOS «DESPIDOS INMINENTES»
  • LIMASA DENUNCIA UNA «HUELGA ENCUBIERTA» POR PARTE DE MIEMBROS DE LA PLANTILLA
  • LA PLANTILLA DEL AUTOBÚS URBANO DE ALGECIRAS CONVOCA UNA HUELGA QUE ESPERA NO REALIZAR

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FINAL DE LA HUELGA DE TRABAJADORES EN JUVER

La compañía murciana Juver Alimentación ha llegado finalmente, tras 39 días de huelga, a un acuerdo con la plantilla, integrada por 350 trabajadores, con una vigencia de 4 años. Una huelga que, según fuentes locales, habría generado a la firma pérdidas de al menos 600.000 €.

El acuerdo incluye la posibilidad de trabajar hasta 14 sábados anuales, en caso de que sea necesario por razones productivas, si bien a partir del quinto sábado se consideran horas extraordinarias.

Además, la dirección ha retirado la propuesta de eliminar los beneficios sociales, como cesta y paga de Navidad; economato para que los empleados adquieran más baratos los productos del grupo; la paga extraordinaria para aquellos que cumplen los 25 años en plantilla; y el plus de mantenimiento para los que trabajan los sábados por la mañana.

En cuanto a los dos trabajadores despedidos, no serán readmitidos pero han llegado a un acuerdo particular con la dirección en relación a su indemnización.

CIENTOS DE PERSONAS SE CONCENTRAN EN APOYO A ‘LOS 8 DE AIRBUS’ A LAS PUERTAS DE LA FACTORÍA DE GETAFE

CC.OO. convocó esta concentración a falta de 29 días para que se juzgue a los ‘8 de Airbus’ con el fin de dar una nueva muestra de apoyo a los sindicalistas «injustamente imputados en un proceso dirigido a perseguir el sindicalismo y criminalizar el derecho de huelga».

Varios cientos de personas se han concentrado a las puertas la factoría de Airbus en Getafe en solidaridad con los 8 sindicalistas de la empresa imputados por los incidentes ocurridos durante la huelga general de septiembre de 2010, a los que la Fiscalía pide ocho años y tres meses de cárcel a cada uno de ellos.

CC.OO. convocó esta concentración a falta de 29 días para que se juzgue a los ‘8 de Airbus’ con el fin de dar una nueva muestra de apoyo a los sindicalistas «injustamente imputados en un proceso dirigido a perseguir el sindicalismo y criminalizar el derecho de huelga».

El presidente del Comité Intercentros de Airbus Madrid, Antonio Martín, ha asegurado que hasta el mismo día de la celebración del juicio, el próximo 9 de febrero, «no cesarán los actos de apoyo para conseguir la absolución de los ocho acusados del delito de ejercer la huelga·.

«Hemos mantenido durante dos años las movilizaciones y ahora vamos a pisar el acelerador», ha señalado Martín, quien anunció que denunciarán en el Parlamento Europeo «el juicio político contra los ocho sindicalistas».

Asimismo, está previsto que se celebre un acto público en la sede de CC.OO. de Madrid el próximo 19 de enero convocado por CCOO y UGT en el que intervendrán representantes de la cultura, juristas, fiscales y jueces, mientras que del mundo académico habrá profesores y catedráticos de derecho.

Además, el 2 de febrero, el movimiento asociativo mostrará su solidaridad a los ‘8 de Airbus’ «y a los más de 300 sindicalistas procesados, también, por ejercer el derecho de huelga», en un acto que tendrá lugar en el Teatro García Lorca de Getafe.

Los ocho sindicalistas están acusados de un delito de coacciones a los trabajadores y lesiones a policías durante los enfrentamientos que tuvieron lugar a las puertas de la empresa Airbus en Getafe durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, por los que la Fiscalía pide un total de 66 años de prisión.

LA AUDIENCIA DEJA VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR EL ERE DE VODAFONE

EFECOM

La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el juicio por las demandas de los sindicatos CCOO y CGT contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de Vodafone y Ono, que afecta a 1.059 personas.

Según ha defendido CCOO ante el presidente de la sala, Ricardo Bodas, los despidos colectivos «no corresponden a causas objetivas sino que son situaciones preparadas por Vodafone con anterioridad al periodo de consultas» iniciado en septiembre de 2015.

«Vodafone España ha integrado los órganos del grupo y ha desarrollado una operación de captación del negocio, tomando decisiones en el ámbito ejecutivo, empresarial y laboral que han afectado a sus trabajadores y a los de Ono», ha argumentado el letrado del sindicato, Ángel Martín Aguado.

Asimismo, ha arremetido contra los argumentos por los que Vodafone consideraba el ERE «la única vía de supervivencia, al no contar por separado con infraestructura suficiente como para hacer frente a una oferta convergente» como la de sus competidores.

El representante de CCOO ha apelado a la doctrina del Tribunal Supremo para argumentar que los despidos son «una acción preventiva ante una hipotética fusión que, aunque posible, es planteada como un hecho futuro y contingente».

Otro de los sindicatos en presentar demanda contra el expediente de regulación, CGT, ha secundado los alegatos de CCOO y ha decidido unificar las demandas contra Ono y Vodafone en un solo proceso.

Los representantes de las empresas han defendido la ejecución del ERE, al existir por separado «causas productivas, organizativas y económicas» como las pérdidas de Vodafone, valoradas en 1.000 millones de euros, que han contribuido al empeoramiento de la compañía en los tres últimos años.

En cuanto a la mala fe negociadora y la vulneración del derecho a huelga en las que se fundamentaban las demandas de CCOO y CGT, las empresas han señalado lo paradójico de la situación, «dada la existencia de un acuerdo de ERE pactado con otros sindicatos de la trayectoria y la honorabilidad de STC y UGT».

«Se cedió a las peticiones de los representantes de los trabajadores: redujimos el número de afectados en casi un 20 %, introdujimos la extinción de contrato voluntario y se mejoró la indemnización hasta equipararla al despido improcedente», ha dicho el letrado.

También han declarado que tanto Vodafone como Ono mantienen su propio consejo de administración y han explicado que si bien existe una dirección unitaria al ser un grupo mercantil, «no implica que se esté ante grupo laboral totalmente integrado».

Las demandadas han marcado el próximo 1 de junio como fecha de la ejecución de la fusión -con la consiguiente integración de las plantillas- así como de los expedientes de regulación, ha señalado el director de integración de la compañía, Rafael Miranda.

El pasado mes de octubre, CCOO y CGT interpusieron sendas demandas contra un ERE, calificado de «inaceptable», en el que «existió mala fe negociadora al obedecer a una previa planificación empresarial».

Este «rechazo frontal» al ERE se producía después del acuerdo entre Vodafone y los sindicatos mayoritarios UGT y STC por el que se aceptaba la aplicación del expediente regulador.

El ERE afecta al 17 % de la plantilla de Vodafone Ono, lo que supone 1.059 personas, de las que 670 son bajas voluntarias y el resto forzosas.

ELCOGAS INICIA SU DESCONEXIÓN DE LA RED Y LA PLANTILLA PLANEA YA NUEVAS MOVILIZACIONES

Puertollano

La planta será declarada indisponible mientras continúa a la espera de que el Ministerio se pronuncie sobre el informe de viabilidad antes de la fecha límite del 31 de este mes

La dirección de Elcogas inició los trabajos de desconexión de la central termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) de Puertollano a Red Eléctrica de España (REE), que están siendo ejecutados por la empresa Meisa. Los responsables de la planta han tomado esta decisión habida cuenta de que las tareas previas a la desconexión total han de acometerse entre diez y quince días antes del cierre de las instalaciones, previsto, si nada cambia, para el 31 de este mes.

Una vez finalicen estas tareas, «cuestión de pocos días», la central termoeléctrica será declarada ‘indisponible’ a la red, lo que supone que ya no podrá conectarse al operador en caso de necesidad. El siguiente paso será declarar cerrada la planta, para lo cual es necesario que un técnico de la Subdelegación del Gobierno lo certifique tras comprobar que se han acometido todas las tareas.

Elcogas ha tomado esta decisión tras la presentación del informe de viabilidad del pasado 22 de diciembre ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde donde no ha recibido aún respuesta alguna.

Aunque el departamento dirigido por el ministro en funciones José Manuel Soria tiene hasta el último día del mes para pronunciarse al respecto, la empresa ha comenzado a prepararse ante un posible ‘no’ a su propuesta, que supondría el cierre de las instalaciones.

Cabe recordar que los responsables de la central termoeléctrica GICC de Puertollano comunicaron oficialmente al comité de empresa que se va a abrir el periodo de consultas de un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo para los 143 trabajadores que componen la plantilla y que se retiraría si el Gobierno central da luz verde al plan de viabilidad.

La aprobación del citado informe, coordinado por la consultora Pricewaterhouse Coopers, supondría incluir a Elcogas en un régimen retributivo específico basado en un proceso de hibridación de combustibles fósiles (carbón y coque de petróleo) con biomasa (orujillo de aceituna), con un 30 por ciento de este último y que permitiría que la central siguiera con vida.

ASAMBLEA

Desde el comité de empresa de Elcogas calificaron de «jarro de agua fría» la decisión de la empresa de iniciar las tareas de desconexión de la planta, si bien reconocieron que era algo que se ya se esperaban, al igual que la presentación del ERE extintivo.

En declaraciones a este diario, tanto el presidente como el secretario del comité, José Antonio Alcaide (Fitag-UGT) y Jesús Crespo (CCOO-Industria), respectivamente, explicaron que se ha convocado una asamblea de trabajadores, que tendrá lugar a las 13 horas en las propias dependencias de la central.

De esta reunión saldrá adelante un nuevo calendario de movilizaciones para exigir al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que se pronuncie «cuanto antes» sobre el informe de viabilidad. Asimismo, desde las federaciones sindicales de Fitag-UGT y CCOO-Industria siguen a la espera de las reuniones anunciadas durante la pasada campaña electoral por parte de la popular Alicia Sánchez Camacho con responsables de los ministerios de Industria y de Empleo.

En cuanto al ERE, el comité de empresa apuntó que no negociará despidos hasta que venza el plazo para incluir a Elcogas en un régimen retributivo específico.

EL CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA TRW QUE GARANTIZABA EL EMPLEO EXPIRÓ EN 2015

Pamplona

El acuerdo incluía la expresa renuncia de la dirección de no llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) entre 2013 y 2015

El Convenio Colectivo firmado por la empresa TRW y sus trabajadores expiró en 2015, tras garantizar el empleo durante los años 2013, 2014 y 2015 con la expresa renuncia de la dirección de no llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) durante ese tiempo.

Antes de la firma del Convenio, en 2013, la empresa había llegado a plantear la necesidad de reducir un 30 por ciento los costes laborales y pactar un excedente de 65 personas para evitar 400 despidos.

El excedente de plantilla se palió entonces con salidas voluntarias, bajas temporales y traslados de mano de obra indirecta a mano de obra directa, pero sin despidos.

El preacuerdo contempló tres años de congelación salarial, con una paga de 500 euros el segundo año y otra de 600 euros el tercer año, no consolidables.

TRW ANUNCIA DESPIDOS Y REBAJA DE CONDICIONES PARA QUE “LA PLANTA NO CIERRE Y SEA COMPETITIVA”

Pamplona

El ERE contemplará como mínimo 62 extinciones

La compañía plantea congelar salarios, doble escala y ocho días más de jornada

La dirección de TRW anunció al comité la presentación de un expediente de regulación de empleo de extinción de contratos y la rebaja de condiciones laborales en el convenio colectivo para “evitar el cierre y mantener la competitividad de la planta de Landaben”, que emplea a 620 trabajadores. Medidas rechazadas por la parte social.

La empresa no concretó su propuesta, y va a plantear 62 despidos, ya que la normativa establece que un ERE debe contemplar un número de afectados que suponga por lo menos el 10% de la plantilla.

Los trabajadores tendrán que esperar al martes 19, día en que la dirección entregará la documentación del expediente con el número de puestos perjudicados al comité y dará inicio al periodo de consultas que se extenderá durante un mes. Al mismo tiempo la dirección y el comité, compuesto por siete delegados de CCOO, cuatro de UGT, tres de LAB, dos de ELA y uno de CGT, deben acordar la renovación del convenio, cuya vigencia expiró el 31 de diciembre. La dirección propuso congelación salarial, doble escala para las nuevas incorporaciones, incrementar la jornada en ocho días, crear una bolsa de flexibilidad de 80 horas, y facilitar la subcontratación y la entrada de ETT.

“Debemos tomar medidas urgentes para asegurar que la planta continúe siendo competitiva en un sector tan desafiante como es el de la automoción y evitar así su cierre”, detalló TRW. El director de la planta, el inglés Paul Parnham, justificó estas medidas porque “las ventas siguen cayendo debido a los cambios en la tecnología de dirección, es decir, los engranajes hidráulicos -producto que supone el 70% de la actividad de la planta- están siendo reemplazados por sistemas de dirección eléctricos, debido a sus beneficios ambientales y funcionales -que aglutina el 30% de la producción de TRW en Landaben-”.

Además, “varios contratos que finalizan próximamente no van a ser renovados, y persiste la presión sobre los precios de mercado, por lo que, en las condiciones actuales, la planta no es capaz de ganar nuevos clientes”.

En su cartera, TRW ha contado con VW, Seat, Skoda, Renault, Fiat, Ferrari, Ford, Scania o DAF. El 27% de la plantilla directa de taller trabaja para las direcciones de camión y el resto, para el automóvil.

El máximo responsable de la planta, que lleva un año en este cargo, reconoció el esfuerzo de la plantilla para reducir costes en los últimos tres años, después de firmar en 2013 un convenio con congelación salarial y la supresión de 65 puestos de trabajo. Sin embargo, Maciej Gwozdz, vicepresidente de operaciones europeas de ZF TRW, indicó que “a pesar de los cambios tras ese pacto para ahorrar, la planta de Pamplona continúa sufriendo pérdidas”.

El comité rechazó los recortes propuestos por la compañía y realizó asambleas en los tres turnos. La plantilla secundó paros de dos horas para asistir, de 12.00 a 14.00; de 14.00 a 16.00; y de 22.00 a 24.00 horas, según informaron fuentes sindicales. El presidente del comité, Josi Álvarez (CCOO), señaló que los sindicatos se reunirán para analizar las medidas a adoptar y “seguir dando pasos” contra el ERE.

EL COMITÉ DE TELEMADRID DICE QUE SIGUEN LOS «MISMOS PROBLEMAS» DESDE EL ERE DE 2013

Madrid (EFE)

Tres años después del ERE que supuso el despido de 861 trabajadores de Telemadrid, el presidente del comité de empresa de la radiotelevisión autonómica, Luis Lombardo, ha lamentado que «siguen los mismos problemas» y cree que la reciente reforma «empeorará la situación».

«Por desgracia, tres años después seguimos despedidos y los responsables de esta gestión económica siguen allí cobrando auténticas millonadas», ha comentado.

El representante de los trabajadores ha hecho estas declaraciones tras participar en una manifestación entre la Plaza de Jacinto Benavente y la Puerta del Sol, a la que han asistido los líderes madrileños de UGT y de CCOO, Carmelo Ruiz de la Hermosa y Jaime Cedrún, además de miembros del PSOE-M, Podemos e IU.

La protesta ha estado protagonizada por extrabajadores del medio, que han portado pancartas con lemas como «En nuestra Telemadrid caben todos» o «Por el futuro de una radiotelevisión pública madrileña».

En total, han participado en la marcha alrededor de 400 personas, según el presidente del comité de empresa, que considera que la recién aprobada reforma de Telemadrid no mejorará nada, sino que «perjudicará y empeorará la situación».

Entre otros aspectos, ha criticado la transformación del ente público en una sociedad anónima lo que «permitirá a un Gobierno en minoría privatizarla, cerrarla o venderla», como ha aventurado.

Además, ha rechazado el proyecto de ley (que salió adelante a finales de diciembre con los votos a favor del PP y Ciudadanos) porque, en su opinión, no apuesta por la producción propia ni por una financiación que haga la empresa «viable y sostenible en tiempo».

También ha lamentado que no haya mecanismos «para proteger la información» y hacer que ésta sea «más plural, veraz e independiente».

Sobre la defensa de la inclusión de los trabajadores afectados por el ERE en el caso de que sea necesaria la contratación de personal laboral, ha comentado que es un punto que ya estaba recogido en el convenio.

El expediente de regulación de empleo aprobado en 2013 por el Gobierno regional de Ignacio González fue declarado improcedente en marzo de ese mismo año por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que consideró que una reducción en el presupuesto de la radio y televisión públicas madrileñas «no justifica de por sí el despido colectivo».

La sentencia, recurrida ante el Tribunal Supremo, ha sido ratificada por el alto tribunal, que en junio de 2014 confirmaba que el ERE no es «ajustado a derecho», e instaba a Telemadrid a readmitir a los 861 trabajadores despedidos o aumentar su indemnización.

El presidente del comité de empresa ha señalado que la mayoría de los empleados que perdieron sus puestos de trabajo fueron indemnizados, pero alrededor de 55 cuyos despidos fueron declarados nulos por estar de baja o formar parte de los sindicatos están cobrando su sueldo íntegro.

Por otro lado, ha anunciado su intención de retomar de forma regular las protestas, que habían sido interrumpidas tras las elecciones locales y regionales del mes de mayo, a la espera de conocer el contenido de la reforma.

LOS TRABAJADORES DE TELEMADRID SE MANIFIESTAN CONTRA LA NUEVA LEY

VIDEO-> http://www.youtube.com/v/LHISGZ3w_Mw

Tres años después del despido de 861 personas critican que los causantes de la ruina de la empresa sigan al frente de la misma

Afirman que la nueva ley aprobada por PP y Ciudadanos despoja a los madrileños de un medio que les pertenecía y que ahora queda en manos del gobierno

«Tres años después, los despedidos con un ERE injusto siguen en la calle, y en Telemadrid continúan los directivos que provocaron la ruina de esta empresa pública». Con estas palabras resumía la situación actual Luis Lombardo, presidente del comité de empresa, al término de la manifestación que reunió en la Puerta del Sol a centenares de personas, al cumplirse tres años de la jornada en que 861 trabajadores del entonces Ente Público recibían la carta de despido.

Los congregados, que recorrieron entre cánticos de denuncia la distancia que separa la Plaza de Benavente y Sol, estuvieron acompañados de una nutrida representación de partidos de izquierda, así como de miembros de Coca-Cola, Airbus y otras empresas en crisis, y colectivos ciudadanos.

Ya en la convocatoria todos los sindicatos presentes en la empresa firmaban un manifiesto en el que se mostraba el rechazo frontal a «la nueva Ley de Radiotelevisión Madrid por no asegurar su viabilidad, sostenibilidad, independencia, y en definitiva, su futuro. La Ley tampoco incluye la necesaria restitución del daño causado a la plantilla despedida injustamente.

Una ley aprobada en la Asamblea de Madrid con el voto favorable tan sólo del Partido Popular y Ciudadanos. Lamentamos que se haya perdido la oportunidad histórica de lograr, desde el consenso del conjunto de las formaciones políticas, devolver a sus legítimos propietarios, las madrileñas y madrileños, una radio y televisión pública que no sólo es posible sino que además es necesaria».

La sensación, explicitada a infoLibre por numerosos manifestantes, es de una tremenda frustración tras la aprobación de una normativa «que supone de hecho el final de un servicio a los ciudadanos, que durante décadas se habían visto reflejados en los programas e informativos de Telemadrid y Onda Madrid, y que se han alejado ante la manipulación informativa y unos espacios de espaldas a la realidad madrileña».

La mayoría era consciente de que la situación no deja espacio para la esperanza, ya que la actual dirección «ni siquiera da trabajo a las docenas de readmitidos por sentencias judiciales firmes»; para algunos, al margen de las consideraciones laborales, «lo más grave es que se ha robado a los ciudadanos un medio de comunicación que era suyo y, que al transformarse en Sociedad Anónima, queda en manos del gobierno madrileño que la podrá vender o cerrar con total impunidad».

RECONOCEN COMO IMPROCEDENTE EL DESPIDO DE UN JOVEN TRAS CONTARLE A SU JEFA QUE TENÍA VIH

Buena noticia la que ha dado a conocer Imagina MÁS: Daniel Jiménez, el joven con VIH que fue despedido a través de un mensaje de móvil tras revelar a su jefa su estatus serológico, ha visto reconocido la improcedencia de su despido.

“El lunes 11 de enero del 2016 ha tenido lugar el juicio. Dani ha estado meses con tratamiento psicológico, ha pasado días sin poder dormir, ha intentado recomponerse de todo lo que le ha pasado. No es fácil recibir un diagnóstico por VIH y menos aún cuando uno sufre una discriminación como esta. Pero Dani ha recibido una gran noticia: el bar Mokäi ha reconocido, en el acto de conciliación ante el juzgado, la improcedencia de su despido al haberle discriminado por tener VIH”, podemos leer en la web de Imagina MÁS, la ONG que le ha prestado a Daniel apoyo y asesoramiento en todo el proceso.

Recordamos cómo fue la historia: Daniel Jiménez, de 25 años, gay y con VIH, entró a trabajar como barman en un local de Chueca, el Mokäi, situado en la Plaza Pedro Zerolo. Pocos días después, confiado, reveló a su jefa su condición. En ese momento la reacción fue positiva, pero par de horas después su jefa le comunicaba el despido mediante un mensaje recibido en su teléfono móvil. “Siento mucho lo que te ocurre pero no me parece justo que no me lo hayas comunicado antes de contratarte.

Tengo un negocio de restauración y, al menos, me podías haber contado esto. No puedo arriesgar. Mañana hablaré con la gestoría y le comunicaré tu baja. Me parece un golpe bajo por tu parte”, rezaba el mensaje. “Conmigo no has actuado de buena fe”, añadía después.

Tras comunicarle el joven que pondría una denuncia por discriminación, el tono de los mensajes subió. “Me parece indignante que seas capaz de decir que te he discriminado cuando ni siquiera has tenido la delicadeza de informarnos de que estabas enfermo antes de hacerte el contrato”, le dijo.

Trascendida la noticia, la encargada del local negó haber despedido a Daniel por tener el VIH, aunque en declaraciones a eldiario.es aseguró que “la empresa tiene todo el derecho de contratar a gente sana”. “Llevaba un día y medio de trabajo y se encontraba mal, sudando mucho. Le dije que se fuera a casa y que se necesitaba a alguien en plenas facultades porque en el verano es temporada alta, no alguien delicado”, se justificó.

Tras el despido de Daniel, recordamos, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) insistió en un comunicado que “las personas con VIH tienen una productividad similar a la población general y su infección no les descalifica para el desempeño de ningún puesto de trabajo”, aclarando además que “las normativas estatal y la comunitaria no justifican la exclusión de las personas con VIH ni en los trabajos que conllevan la manipulación de alimentos, ni en ningún puesto de trabajo”.

Ahora Daniel Jiménez ha visto reconocida la improcedencia del despido por parte de la misma empresa que lo discriminó. Una buena noticia, sin duda.

OHL Y VALORIZA AMENAZAN CON RESTRINGIR EL TRABAJO DE LOS BARRENDEROS SI EL AYUNTAMIENTO DE MADRID NO MEJORA SU OFERTA ECONÓMICA

Las empresas OHL y Valoriza (Sacyr), que prometieron a finales del año pasado la suspensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ERTE, tras un acuerdo con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, han vuelto a recurrir a la limitación de la jornada de los barrenderos para presionar al Ayuntamiento.

Las dos empresas ejecutaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo justo los días de Navidad, una medida que irritó tanto a los trabajadores como al gobierno municipal, que lo consideró una puñalada de las empresas.

OHL-Ascán y Valoriza gestionan los lotes 2, 3 y 4 de los seis que componen la ciudad de Madrid. OHL había retirado los expedientes pero justo después de las elecciones del 20D decidió que entre un grupo de trabajadores (más de 200 barrenderos, según los afectados) dejaran de trabajar en plena cúspide navideña de generación de residuos durante dos días.

Las empresas han anunciado que no aplicarán nuevos expedientes hasta abril, pero, a partir de ahí, podrían volver a restringir la salida de barrenderos a la calle si no ven mejoradas las condiciones económicas.

FCC se desmarca

El año pasado un acuerdo entre la alcaldesa y las empresas contratistas puso fin a los Expedientes de Regulación de Empleo, ERTE, que duraban 45 días al año. Durante ese tiempo, los trabajadores cobraban el paro con el 70% del salario, a costa de las arcas del Estado.

FCC ha cumplido su palabra y no ha reactivado los ERE ni tampoco prevé activarlo en los próximos meses, pero la presión con OHL y Valoriza se encuentra en su punto álgido, según explican fuentes próximas al gobierno de Manuela Carmena. Las empresas se quejan de que el Ayuntamiento no haya incorporado la cantidad de barrenderos-becarios suficientes.

Dificultades presupuestarias

La figura del barrendero en prácticas fue ideada por Carmena como una concesión para las empresas a cambio de que eliminaran los ERTE. Se trata de jóvenes desempleados que reciben un pago de unos 400 euros al mes por barrer las calles mientras reciben formación. El coste de esta operación es asumida por las arcas municipales.

El Ayuntamiento se había comprometido a contratar a 90 trabajadores pero las dificultades presupuestarias han hecho que hasta ahora sólo se han incorporado 60, según explican desde el equipo de la alcaldía de Madrid.

Las dos empresas en tensión no han querido manifestar su posición respecto al conflicto abierto con Ahora Madrid. Las bases de la candidatura y los sindicatos le recriminan a Carmena que no haya municipalizado los servicios de limpieza, tal como prometió la candidatura durante la campaña electoral.

El Ayuntamiento ha asegurado que no tolerará que ninguna empresa vuelva a aplicar Expedientes de Regulación de Empleo de ningún tipo. Es una línea roja irrenunciable.

CCOO EXIGE AL GRUPO TRAGSA LA PARALIZACIÓN DE TODOS LOS DESPIDOS

Europa Press

Trabajadores de Tragsa cortan el tráfico en Valladolid como protesta por el ERE. EFE

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CCOO ha exigido la paralización de los despidos de la empresa pública Tragsa, que ha iniciado ya la ejecución del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 1.336 empleados, y volver a negociar el plan de viabilidad de la empresa. «Queremos que se paralicen los despidos y se negocie el plan de viabilidad para que no se aplique la reforma laboral.

Defendemos el empleo y el volver a negociar», ha remarcado el secretario de acción sindical de CCOO, Ramón Górriz, en rueda de prensa. Górriz ha denunciado que Tragsa retiró el plan de viabilidad en el que se estaba trabajando desde verano para los años 2015-2019, que contemplaba «despidos cero», después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo.

Destrucción de empleo

«Rechazamos la sentencia del Alto Tribunal que ve ajustado a derecho el expediente y que va en contra de la Audiencia Nacional. Es una situación fundamental por el contexto del país, ya que hay que sentar las bases para salir del paro con otras políticas de empleo. Rechazamos la destrucción de empleo y por eso queremos negociar el plan de viabilidad», ha explicado.

El secretario de acción sindical de CCOO ha criticado que «no» hay negociación con la dirección de la empresa. «Con nocturnidad y alevosía, una bonita forma de felicitar las Navidades, la compañía despidió a 610 trabajadores vía burofax y al margen de la representación sindical.

Estamos enfadados, porque se va a despedir a 1.336 trabajadores, mientras que la empresa ha contratado a más de 1.200, saltándose la ley», ha señalado. Górriz ha reiterado que con estas acciones se está «precarizando el empleo» en la empresa al sustituir a trabajadores cualificados y con contratos estables por trabajadores con «contratos precarios», además, de incumplir la Ley de los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, el secretario de acción sindical de CCOO ha recordado que la situación económica de Tragsa ha cambiado respecto a 2013 y 2014, en la que se justificaba el ERE, ya que este año cerrará con beneficios. «Es una situación diferente a la que había, ya que se ha mejorado las pérdidas y se ha ganado en volumen de negocio», ha indicado. 500 directivos con sueldos de 100.000 euros CCOO han criticado que el órgano de gestión de Tragsa está «sobredimensionado», ya que cuenta con 500 directivos con salarios superiores a los 100.000 euros y que han recibido un bonus de 8 millones de euros por los dos últimos años.

Además, desvelan que está previsto el bonus para 2015, que rondará los 4 millones, aunque desconocen si lo van a pagar. Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios, José María Martínez, ha calificado de «irresponsable» la gestión que está realizando la dirección de Tragsa en los últimos años, ya que cifra en más de 10 millones de euros el coste del despido de los 1.336 trabajadores afectados por el ERE.

«Esta factura va a subir por los despidos improcedentes e irá en detrimento de las arcas del Estado. Es un despropósito empresarial que se traslada a la factura del gasto público, con mucho coste social», ha indicado.

TRABAJADORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS (ITC) AMENAZAN CON UNA HUELGA ANTE LOS «DESPIDOS INMINENTES»

Las Palmas de Gran Canaria – Europa Press

Trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha amenazado con un huelga ante los «despidos inminentes» porque, apuntan, el futuro del ITC «sigue sin aclararse».

Así lo han adoptado en la asamblea general del personal del ITC, celebrada después de que el nuevo gobierno de CC-PSOE con Fernando Clavijo como presidente regional y Pedro Ortega como consejero de Industria y presidente del Consejo de Administración del ITC, muestren «una línea continuadora en el acoso y derribo contra el Instituto», según informó CCOO en nota de prensa.

Esto, indican, es «algo completamente incomprensible» en una empresa de «23 años de experiencia, que ha demostrado solvencia y capacidad para atraer hacia Canarias decenas de millones de euros procedentes de Europa y que juega un papel importante» en la colaboración al desarrollo de varios países de África.

En este sentido, subrayan que para los gobernantes «la I? no son más que siglas que visten sus discursos». Añaden que el actual equipo de gobierno «ha expresado su confianza en la I? y sus intenciones de sacar al ITC de la UVI, y ponerlo a correr», sin embargo critican que el presupuesto para 2016 «no corrobora esas intenciones, ya que ni siquiera cubre completamente el coste de los salarios».

Además, añaden que la Dirección del ITC ha presentado a la representación de los trabajadores un documento donde la «única solución» a la situación de déficit contempla que «sea el personal quien nuevamente asuma el déficit que generan los gastos de funcionamiento de la empresa, soportando una nueva reducción salarial», recorte que entre los años 2014 y 2015 asciende a un 19 por ciento de sus retribuciones.

Así, aseguran que si «no» aceptan esta nueva reducción salarial, «la Dirección ha amenazado con despidos inminentes», por lo que critican de la «inexistencia» de margen para negociar, ya que el plazo «límite» fijado para aceptar su propuesta (el 31 de diciembre) es la razón que llevó a la parte social a registrar, con carácter de urgencia el 29 de diciembre pasado, preaviso de huelga.

Finalmente, CCOO pide retirar los términos de la negociación fijados unilateralmente por la Dirección de la empresa referidos a los plazos de negociación, así como su «amenaza» sobre la estabilidad de los puestos de trabajo para no ir a la huelga.

LIMASA DENUNCIA UNA «HUELGA ENCUBIERTA» POR PARTE DE MIEMBROS DE LA PLANTILLA

El concejal anuncia que el dinero añadido al presupuesto irá a contratar a eventuales y domingueros

El concejal de Medio Ambiente y responsable de Limasa, Raúl Jiménez, afirmó que la dirección de la empresa le ha trasladado que «estamos sufriendo por parte de algunos trabajadores cercanos al sindicato una huelga encubierta».

«Me hablan de que hay determinados servicios que no se están haciendo bien», añadió, explicando que «los camiones llegan llenos a Los Ruices cuando tienen que ir vacíos y se está sancionando por ello». Estas sanciones son leves, aunque una acumulación de éstas puede derivar en una de carácter grave o muy grave.

El concejal consideró que se trata de «una estrategia equivocada» porque «si los sindicatos quieren conseguir sus objetivos no deberían hacer daño a los ciudadanos, que son su mejor aliado».

Por ello, instó a lograr un acuerdo cuanto antes con el comité de la empresa de limpieza y «no esperar a que un juez o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie». «Debemos sentarnos, ser coherentes y que cada parte ponga sus posibilidades para solucionar esta situación», concluyó.

Por su parte, trabajadores de Limasa advirtieron que la posible convocatoria de huelga de basura «no va a tardar mucho» debido «a la actitud de la empresa» y reiteraron que la misma «está forzando a la gente con sanciones que son injustificables».

Sobre los 2,2 millones que el Ayuntamiento pretende añadir al presupuesto de Limasa para este año, tal como anunció este periódico, el concejal Raúl Jiménez indicó que ese dinero estaría dirigido a hacer frente al pago de la contratación de eventuales y domingueros para suplir el sábado de descanso de los fijos y también serviría para aumentar los contratos de eventuales durante las vacaciones del personal fijo.

LA PLANTILLA DEL AUTOBÚS URBANO DE ALGECIRAS CONVOCA UNA HUELGA QUE ESPERA NO REALIZAR

Lo hace para reclamar el pago de la nómina pendiente. Confía en que la pueda cobrar antes.

Los trabajadores del servicio de autobús urbano de Algeciras han convocado huelga entre el día 22 y 24 para reclamar el pago de la nómina de diciembre. El comité de empresa espera no obstante que el paro no se tenga que llevar a cabo, porque hayan percibido ese salario antes gracias a una transferencia del Ayuntamiento, de acuerdo a como se ha comprometido con los empleados el gobierno municipal.

El calendario de movilizaciones que ya tiene autorizada la plantilla también incluye concentraciones y una marcha. En concreto el plan recoge una concentración el día 19 por la mañana a las puertas de la empresa, CTM-Grupo Ruiz; otra el 20 en la avenida Virgen del Carmen, a la altura de las paradas de autobuses de la Marina; y una tercera el 21 de nuevo en el centro de trabajo.

El día 22, el fijado para el inicio de la huelga, coincidiría por la mañana con una marcha que partiría de la Plaza Alta y finalizaría en el Ayuntamiento.

Estas acciones tienen como objetivo reivindicar el pago de la nómina de diciembre. Una vez que este salario se cobre, los trabajadores desconvocarían las protestas.

El equipo de gobierno se ha comprometido con la plantilla a realizar una transferencia para que pueda percibir la nómina pendiente, al igual que ya hizo una para que pudiese recibir la extra de Navidad. No obstante primero prefiere que se pueda hacer efectiva la intervención de la gestión del servicio, lo que está previsto una vez que en pleno se desestimen las alegaciones que ha presentado la compañía al secuestro administrativo que se ha impulsado.

Los trabajadores confían en que el Ayuntamiento se pueda hacer con la intervención de la empresa y realice la transferencia de tal forma que en breve puedan empezar a cobrar la nómina que se debe.

Los empleados esperan que todo salga bien. No obstante el comité de empresa entiende que, de lo contrario, si por la razón que fuera avanzan los días y no han cobrado el salario de diciembre, tienen que realizar unas movilizaciones como las descritas porque se ha de llamar la atención sobre la situación que están pasando.

El Ayuntamiento aprobó en diciembre el secuestro de la concesión del transporte urbano y en el pleno extraordinario fijado para el viernes prevé desestimar las alegaciones de CTM-Grupo Ruiz para que la intervención se pueda hacer efectiva.

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