Publicado en: 13 agosto, 2018

Boletín de Luchas Obreras (13 de Agosto de 2018)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Información sobre cuestiones de interés del mundo laboral y de las luchas de la clase trabajadora en la defensa de sus condiciones laborales, salariales…

ÍNDICE

  • LOS DESPIDOS DE LOS PROFESORES INTERINOS ESTARÁN VIGILADOS
  • CERRADA LA NEGOCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR CON 33 DESPIDOS A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO
  • PARADORES SE COMPROMETE CON LOS SINDICATOS A ACABAR CON LA CONGELACIÓN SALARIAL
  • ‘LA GACETA’, EN SERIOS PROBLEMAS DEBIDO A SU REDUCCIÓN DE PLANTILLA
  • IZQUIERDA UNIDA APOYARÁ LAS REIVINDICACIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ATENTO
  • LAS DIEZ MUJERES DESPEDIDAS DE LA RESIDENCIA DEL OBISPADO DE ALICANTE CONTINÚAN SU MOVILIZACIÓN
  • LA CONCESIONARIA DE LA ZONA AZUL DE VIGO TIENE UN MES PARA READMITIR A LOS DESPEDIDOS
  • CONVOCADA UNA HUELGA INDEFINIDA DE BOMBEROS FORESTALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA A PARTIR DE SEPTIEMBRE
  • LOS TRABAJADORES DE FINNAIR DE EL PRAT CONVOCAN HUELGAS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE
  • CONTINÚA LA HUELGA DE MEDICOS INTERINOS CON UN SEGUIMIENTO CERCANO AL 15%
  • DENIEGAN LA MODIFICACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES
  • DENUNCIAN QUE QUIEREN ELIMINAR AL “TESTIGO INCÓMODO” CON EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR DE LA DESALADORA DE PALMA
  • CC.OO. SE MUESTRA “INSATISFECHA” TRAS LA DECLARACIÓN COMO IMPROCEDENTES DE TRES DESPIDOS DE MAESSA EN ANDORRA
  • LA CONSELLERÍA DE FACENDA DE GALICIA NEGOCIARÁ A FINAL DE AÑO EL PLAN PARA HACER FUNCIONARIOS A PERSONAL LABORAL

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LOS DESPIDOS DE LOS PROFESORES INTERINOS ESTARÁN VIGILADOS

Sonia Fernández – blog.infoempleo.com

El despido de más de 54.000 profesores interinos en el mes de junio y la sentencia del Tribunal Supremo, que considera este tipo de despido ilegal, han alertado al Gobierno, que anuncia un mayor control de la Inspección de Trabajo en este tipo de contratos, con el fin de evitar el fraude y atajar la precariedad.

Los datos de afiliación a la Seguridad Social de junio han arrojado una cifra sorprendente y preocupante en el ámbito de la educación: ese mes se perdieron en España 54.231 empleos de profesores, la cifra más alta desde el inicio de la crisis, y que contrasta con el aumento de la contratación en casi todos los sectores económicos.

Este descenso del empleo es aplicable tanto al ámbito público como privado, y abarca a profesores de colegios, institutos y universidades (el caso de los profesores asociados), “lo que confirma los altos niveles de interinidad que sufren los profesionales de este ámbito”, como advierte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Tal y como denuncian los sindicatos, este descenso en el empleo se produce cada año coincidiendo con las vacaciones de verano en colegios e institutos, una medida con la que los colegios se ahorran los sueldos de julio y agosto, para volver a contratar a los mismos profesores de nuevo en septiembre.

Despido interinos verano

Esta dinámica fue declarada por el Tribunal Supremo como ilegal el 11 de junio, con una sentencia que determinó que los funcionarios docentes y los interinos que desarrollen sus funciones durante todo el curso lectivo tienen los mismos derechos retributivos, ya que lo contrario es un “tratamiento discriminatorio” que no está justificado por “razones objetivas” ni consideraciones presupuestarias. Es decir, que los interinos que trabajen durante todo el curso escolar deben percibir también los salarios de julio y agosto, aunque no presten servicios.

El fallo obliga a las comunidades autónomas a mantener a los trabajadores de educación interinos en alta en el Sistema de Seguridad Social y a abonar las cuotas que correspondan, declarando nulo su despido. Esta sentencia, sin embargo, ha sido ignorada por la mayoría de colegios y universidades.

Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado que reforzará la vigilancia a este tipo de despidos:

– La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado un criterio de actuación por el que advierte a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de la obligación de mantener el alta y la cotización de los docentes interinos no universitarios, durante los meses de julio y agosto, siempre que tengan derecho a las retribuciones en esos meses.

– Para asegurar el cumplimiento de la obligación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) llevará a cabo las acciones oportunas en su ámbito de actuación.

– La ITSS actuará igualmente si comprueba que ha habido fraude de ley en los colegios concertados.

Aunque las medidas atajan la discriminación de los docentes interinos en el ámbito educativo, desde CC.OO. recuerdan la alta tasa de temporalidad en todo el sector público, donde “hay más de un 20% de interinidad”, tal y como denuncia Paco García, secretario general de la federación de enseñanza del sindicato.

http://blog.infoempleo.com/a/despidos-interinos-vigilados

CERRADA LA NEGOCIACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR CON 33 DESPIDOS A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO

El comité de empresa del Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) y el Gobierno local que encabeza Áurea María Borrego (PSOE) han cerrado finalmente la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido sobre el personal laboral del Consistorio, con un acuerdo que implica 33 despidos a partir del próximo día 15 de este mes agosto.

Así lo ha manifestado uno de los portavoces del comité de empresa del Ayuntamiento de Huévar, José Manuel Martínez, y lo han confirmado fuentes del Gobierno local. Después de que el Gobierno local propusiese 35 despidos y 16 reducciones de jornada, afectando así el Expediente de Regulación de Empleo a 51 trabajadores de los aproximadamente 90 que conforman la plantilla estable del Ayuntamiento de Huévar, el acuerdo alcanzado implica exclusivamente 33 despidos a partir del 15 de agosto, según ha informado el comité de empresa y han confirmado fuentes municipales.

José Manuel Martínez, así, ha defendido que los representantes de la plantilla han logrado “reducir” el impacto del ERE, exponiendo además que diez trabajadores se han presentado ya como “voluntarios” para figurar en el despido colectivo. Los puestos de empleo serán extinguidos con efectos del 15 de agosto, si bien los trabajadores afectados habrían recibido sus indemnizaciones el pasado 30 de julio.

El impago a los trabajadores

En cualquier caso, la plantilla estable del Ayuntamiento de Huévar ha sufrido, desde hace años, un prolongado impago de sus nóminas que llegó a alcanzar hasta nueve nóminas adeudadas y que, actualmente, se reduciría a cuatro nóminas pendientes de pago.

Por esta misma razón, ya en el mes de enero los trabajadores protagonizaban una huelga de tres días en la que se demandaba la normalización de los pagos. Cabe aludir al respecto que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en 2015 la deuda global del Ayuntamiento sevillano de Huévar superaba los 26, 2 millones de euros, pesando especialmente los más de 12 millones de euros adeudados a la Seguridad Social y la Hacienda estatal.

Esta situación se remontaba a la época en la que el Ayuntamiento estaba gobernado por el socialista Rafael Moreno, quien actualmente dirige la Dirección General de Políticas Activas de Empleo de la Junta de Andalucía.

PARADORES SE COMPROMETE CON LOS SINDICATOS A ACABAR CON LA CONGELACIÓN SALARIAL

E.E. – El Español

La hotelera estatal allana el camino para el nuevo convenio colectivo con un preacuerdo con UGT y CC.OO..

La dirección de Paradores ha firmado con CC.OO. y UGT el preacuerdo de su nuevo convenio colectivo.

Mediante este pacto, la hotelera estatal se compromete a acabar con la congelación salarial de la plantilla vigente durante los últimos ocho años. El nuevo convenio, que abarcará el período 2018-2020, se firmará el próximo 17 de septiembre.

Los sindicatos recuerdan en un comunicado que el bloqueo de los salarios se vio agravado “por la pérdida de derechos adquiridos” tras el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en 2012 y que se saldó con 350 despidos. Y aseguran que, con este nuevo convenio, que sustituirá al de 2009 y afectará a unos 4.000 trabajadores, se recuperará una parte importante de esos derechos.

El preacuerdo, firmado entre los sindicatos mayoritarios y la empresa que preside Óscar López, recoge la aplicación del pacto suscrito en marzo entre Hacienda y CC.OO., UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Así, la plantilla percibirá un aumento fijo del 8% durante su vigencia, que podría alcanzar hasta un 9% en función de conceptos variables.

Mejora de condiciones laborales

Asimismo, se garantiza la recuperación de condiciones laborales que se perdieron tras el ERE, como la cobertura del 100% en caso de incapacidad temporal (IT) o el disfrute de algunos permisos retribuidos.

También contempla mejores condiciones para los trabajadores contratados a tiempo parcial como la consolidación de horas complementarias o el incremento de las mismas. Además, apuesta por el empleo fijo al garantizar este tipo de contratación a las personas que cubran las vacantes producidas por jubilación.

Por otra parte, recoge medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal mediante la ampliación de licencias retribuidas y excedencias, la obligación de informar de los turnos y descansos con tres meses de antelación, el establecimiento de un mínimo de nueve fines de semana de descanso al año o la consideración de tiempo efectivo de trabajo el empleado en los cursos de formación, tanto obligatorios como voluntarios.

Planes de pensiones

La mesa negociadora del convenio se reunió a finales de julio para revisar el acuerdo pendiente de una última valoración por parte de la dirección de empresas sobre la masa salarial y la concreción del Plan de Rejuvenecimiento.

Tras la reunión, también se ha fijado poner en marcha el Plan de Pensiones a la vuelta del verano, hasta ahora bloqueado por los Presupuestos.

La nueva dirección de Paradores quiere acelerar las obras retrasadas en la red de hoteles. Actualmente hay dos establecimientos cerrados y se pretende finalizar la reforma para para poder incorporar a los trabajadores cuanto antes.

Otra de las prioridades es planificar la inversión necesaria en la red de cara a los Presupuestos de 2019, según ha avanzado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una entrevista con Europa Press.

‘LA GACETA’, EN SERIOS PROBLEMAS DEBIDO A SU REDUCCIÓN DE PLANTILLA

prnoticias.com

La Gaceta pasa por uno de los peores momentos de su historia. El periódico conservador se encuentra inmerso en un cierre escalonado de su edición digital y, tal y como informa Rambla Libre, “desde la segunda quincena de julio, Gaceta prácticamente no renueva sus contenidos y, desde el 1 de agosto, está prácticamente paralizada”.

Esta situación llega tras el masivo despido que vivió la redacción hace poco más de un mes, cuando la compañía decidió echar a casi toda la plantilla. En total, 17 de los 21 redactores fueron despedidos de sus puestos de trabajo.

Según informa el citado medio, la situación se ha agravado aún más en las últimas fechas debido a que “el contrato de Rosa Cuervas Mons, que ha figurado como la responsable de Gaceta, terminaba el 31 de julio y, según fuentes internas de Intereconomía, no se ha renovado. En principio, ahora misma no hay nadie con contrato para trabajar exclusivamente en Gaceta”.

Los motivos que esgrimió Julio Ariza en su momento para llevar a cabo el recorte de plantilla eran estrictamente económicos, asegurando que “no tenía dinero para pagar a la gente”. A su vez, el empresario aparecía, un año más, en una destacada posición dentro de la lista de morosos de Hacienda.

Según los datos ofrecidos por el ministerio, a finales de 2017, Ariza adeudaba un total de 13.223.574 euros. El montante que debe Intereconomía TV asciende a 5.417.359 euros, lo que supone un incremento de 217.480 euros con respecto al año anterior.

Por su parte, Intereconomía Corporación volvía a ser la más castigada y el montante adeudado se elevó hasta los 12.599.467,33 euros, lo que supone una subida de más del 50% del montante comparado con 2017, cuando la empresa debía 8.029.667 euros.

IZQUIERDA UNIDA APOYARÁ LAS REIVINDICACIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DE ATENTO

La Cerca

Así lo ha hecho saber la formación de izquierdas, tras una reunión mantenida con el comité sindical de dicha empresa.

La plantilla de Atento en Toledo, viene manteniendo una serie de acciones y movilizaciones reivindicativas en defensa de sus derechos, las cuales se extenderán en los próximos días.

Izquierda Unida se ha comprometido con las trabajadoras y trabajadores de Atento, empresa asentada en la ciudad de Toledo que gestiona la atención telefónica a clientes de Movistar, en apoyar y colaborar en la defensa de las condiciones laborales que estas trabajadoras y trabajadores vienen denunciado desde hace tiempo.

Unas condiciones que vienen perjudicando, no solo a su condición laboral, sino a la salud de estas, por estar sometidas a unas condiciones y exigencias por encima de lo acordado en el convenio firmado por ambas partes; empresa, trabajadoras y trabajadores.

Con esto, el Comité de Empresa de Atento, ha informado a los representantes políticos, sobre la degradación que han venido sufriendo las condiciones de trabajo que soportan el casi medio millar de trabajadoras y trabajadores, desde que en 2013 la empresa iniciara una profunda reestructuración en su organización corporativa, la cual degeneró en la puesta en práctica de una serie de EREs que provocaron multitud de despidos.

Como resultado de estos despidos, las trabajadoras y trabajadores vienen estando sometidas a una acumulación de trabajo y responsabilidades ajenas a sus puestos. Un hecho, que sumado a las exigencias que la dirección de la empresa aplica en el desarrollo y cumplimiento del trabajo no acordado en convenio, según explican representantes sindicales, provocan que se den entre otras situaciones, aquellas referidas a asistencias sanitarias en el propio centro de trabajo por diferentes causas, además de bajas médicas que no son cubiertas, agrandando el origen del problema.

Olga Ávalos, Responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM, que ha estado presente en la reunión entre IU y las trabajadoras y trabajadores de Atento, ha manifestado: “La situación por la que pasan los trabajadores en la plantilla de Atento, de los cuales son mayoría las mujeres, no deja a Izquierda Unida indiferente en la implicación en los conflictos sociales que nuestra organización afronta en nuestra región; día sí, día también.

En este caso es un conflicto laboral que demuestra que la falacia de la recuperación económica y laboral se basa en una gran mentira que esconde una reestructuración laboral que aboca a los trabajadores a una precarización de sus condiciones laborales y de remuneración”.

A lo que continuaba: “Esto nos exige a Izquierda Unida a posicionarnos una vez más del lado de la mayoría social: los trabajadores. Y apoyar y contribuir en la medida de nuestras posibilidades, en las movilizaciones que las trabajadoras y trabajadores de Atento van a llevar a cabo en los próximos días”.

El Coordinador Provincial de IU Toledo, que ha acompañado a Ávalos en el encuentro ha expuesto como: “Las trabajadoras y trabajadores de Atento nos han explicado que vienen sufriendo a lo largo del año, la exigencia en el cumplimiento por parte de la empresa, de unos objetivos laborales no acordados, y por tanto, la de una condición laboral precaria e injusta”, “Con esto, además nos han dado a conocer como en la época estival esta condición precaria se ve aumentada, ya que Atento no promueve sustituciones de personal con nuevas contrataciones, provocando que las trabajadoras y trabajadores que no disfrutan de sus vacaciones, tengan que ver reducidos derechos y condiciones laborales para llevar a cabo el trabajo de aquellas trabajadoras y trabajadores que están de vacaciones”.

Concluyendo, tanto el Comité de Empresa como Izquierda Unida, se han emplazado a llevar a cabo nuevos contactos si la situación de conflicto laboral por la que pasa la empresa Atento, pudiera dar pie a nuevas formas de colaboración entre ambos.

LAS DIEZ MUJERES DESPEDIDAS DE LA RESIDENCIA DEL OBISPADO DE ALICANTE CONTINÚAN SU MOVILIZACIÓN

LCV. – lacronicavirtual

El acto de conciliación celebrado finalizó sin ningún acuerdo, por lo que continúa el conflicto ligado a la situación de las trabajadoras despedidas de la Residencia Virgen del Remedio, propiedad del Obispado de Orihuela-Alicante.

En un comunicado CC.OO. recuerda que “el uno de julio asume la gestión la empresa La Saleta Care, que, ignorando los muchos años de experiencia acumulados por la plantilla y sin la más mínima negociación o informó a las trabajadoras, en algunos casos que su continuidad dependía de la renuncia a las actuales condiciones de trabajo y, en otros, directamente, que no se contaba con sus servicios.

Una vez más, detrás de la externalización de la gestión de un servicio se esconde la precarización del empleo y la codicia empresarial que prioriza la acumulación de beneficios sobre el respeto a la legalidad laboral y a la calidad del servicio prestado”.

Las trabajadoras, además de iniciar el proceso judicial para defender sus derechos, se pusieron en contacto con el Obispado, propietario de la Residencia y responsable de la acción de la empresa subcontratada, para informar de la situación.

El Obispado mantuvo una reunión con las trabajadoras delegando toda decisión sobre la gestión, aunque ello supusiera el empobrecimiento del empleo, a la empresa la Saleta Care, renunciando a ejercer la potestad, y la responsabilidad, que la ley reconoce a la entidad propietaria del recurso.

Representantes de las federaciones de Servicios y Construcción y Servicios, junto a la propia Unión Intercomarcal de CC.OO. en l’Alacantí-les Marines han seguido manteniendo reuniones con las trabajadoras despedidas por la empresa La Saleta Care, que gestiona la residencia de personas mayores Virgen del Remedio propiedad del Obispado de Alicante, para asegurar que se garantizan sus derechos.

En ese proceso, ya presentadas las denuncias en el Juzgado de lo Social, la intención de las trabajadoras es llegar a un acuerdo con las empresas implicadas, lo que hasta el momento ha resultado imposible. Por eso, han acordado continuar las movilizaciones para visibilizar el conflicto y que esta actitud de imposición empresarial sea denunciada públicamente.

Así, han convocado dos concentraciones, la primera el viernes 10 de agosto, a las 11 h. en la puerta de la Residencia virgen del Remedio (c/ Isla de Corfú, 6) y otra el viernes 17 de agosto a la misma hora y en el mismo lugar. Uno de los objetivos de convocarlas ante el centro de trabajo es informar a las personas usuarias y sus familias del tipo de gestión impuesto por la nueva empresa.

En ambas movilizaciones, además de representantes sindicales, ha estado presentes las mujeres afectadas, cuya portavoz responderá las preguntas que se le planteen.

LA CONCESIONARIA DE LA ZONA AZUL DE VIGO TIENE UN MES PARA READMITIR A LOS DESPEDIDOS

Luis Carlos Llera – La Voz de Galicia

Los trabajadores se encierran en la empresa reclamando una resolución más rápida

El Ayuntamiento de Vigo da un plazo de un mes a la empresa Dornier para que readmita a los ocho trabajadores de la zona azul despedidos. El Concello notificó a la concesionaria el inicio del expediente por falta grave por los despidos «injustos e improcedentes».

El expediente tiene el plazo de resolución de un mes. La empresa puede presentar sus alegaciones y se le tiene que dar trámite de audiencia antes de tomar una decisión al respecto.

El Concello tiene previsto recibir a una representación de los trabajadores y se va a reunir con la empresa que ha enviado desde Madrid a una de sus directivas y expertas en recursos humanos para poder negociar con el objetivo de reducir costes laborales.

El procedimiento sancionador abierto contra Dornier se basa en el incumplimiento grave del contrato de concesión de la Xestión do Estacionamiento Regulado. El alcalde no ha descartado un eventual rescate de la concesión y advirtió: «No voy a tolerar despidos injustos e improcedentes en contratas del Ayuntamiento».

A los trabajadores de la empresa concesionaria les contario notablemente que el conflicto se pueda alargar un mes. Por eso se encerraron en la sede de la compañía en la rúa Pracer para presionar y exigir la readmisión inmediata de todos los que fueron despedidos a principios de agosto. Los trabajadores exigen una rauda resolución del problema. «Nos podemos estar un mes en huelga», señala uno de los empleados que es padre de familia y tiene dos hijos a su cargo.

La reunión en la Inspección de Trabajo celebrada no sirvió para conseguir un acuerdo y los trabajadores están en huelga. La autoridad laboral aceptaba la propuesta del Ayuntamiento y de los sindicatos de que la empresa readmitiese primero a los despedidos para luego empezar a negociar. Pero la compañía no quiere negociar con estas premisas.

La empresa arguye que los beneficios esperados para los próximos años se van a reducir respecto al contrato anterior porque alega que hay menos plazas de zona azul.40EmpleadosLa empresa ha mandado cartas de despido a ocho y no quiere readmitirles.

CONVOCADA UNA HUELGA INDEFINIDA DE BOMBEROS FORESTALES DE LA GENERALITAT VALENCIANA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

UGT y CC.OO. llaman a la protesta por el incumplimiento de la subida salarial por el Ministerio de Hacienda

CC.OO. y UGT han convocado al colectivo de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana a sumarse a dos concentraciones y una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre para protestar por el «incumplimiento» de la subida salarial por parte del Ministerio de Hacienda, que «en lugar de cumplir» con el acuerdo de un nuevo marco retributivo que debía hacerse efectivo en julio, «pone trabas negando la autorización a Tragsa para que pague lo acordado», según han denunciado en un comunicado.

En concreto, los sindicatos han llamado al colectivo a sumarse a dos concentraciones frente a la delegación de la empresa en València los días 23 de agosto y 6 de septiembre, así como una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre.

Las organizaciones han recordado que la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en enero de 2017 llevó aparejada la transformación del servicio de brigadas de emergencias, que se dedicaba a la extinción de incendios forestales, en el servicio de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

Los trabajadores «asumían nuevas funciones como prevención, extinción y recuperación de incendios forestales, inundaciones, nevadas, catástrofes con hidrocarburos o rescates de personas», han explicado.

Ante esta situación, la Generalitat instó a la empresa pública Tragsa a negociar con la representación de los trabajadores un nuevo marco retributivo acorde con las nuevas funciones recogidas en el Reglamento del Servicio de Bomberos Forestales, aprobado por Les Corts.

«Transcurrido más de un año de negociaciones y superados todos los trámites legales, requeridos tanto a la representación legal como a la Avsre, el 16 de febrero de 2018 se llega a un acuerdo entre empresa y sindicatos, con la aprobación de la Generalitat. Según el pacto, en el mes de julio se haría efectiva la modificación salarial correspondiente a las nuevas funciones», han señalado los sindicatos.

CC.OO. y UGT denuncian que el Ministerio de Hacienda actual, «en lugar de cumplir lo pactado con la clase obrera, pone trabas negando la autorización a Tragsa para que pague lo acordado». Por tanto, «tras dos años de negociaciones y agotadas todas las vías de dialogo», las organizaciones sindicales han convocado al colectivo de bomberos forestales de la Generalitat a iniciar movilizaciones.

LOS TRABAJADORES DE FINNAIR DE EL PRAT CONVOCAN HUELGAS EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE

La Vanguardia

Treball mediará en el conflicto para evitar paros el 18, 19, 25 y 26 de agosto y el 1 y 2 de septiembre

El sindicato USO, que estuvo detrás de las huelgas en Ryanair junto a Sitcpla, ha convocado una huelga de tripulantes de cabina en la base de la aerolínea finlandesa Finnair en El Prat para los días 18, 19, 25 y 26 de agosto, y 1 y 2 de septiembre. Los dos grandes reclamos son una mejora en las condiciones laborales y en la categoría salarial.

Representantes de la compañía y los trabajadores se reunirán en Treball, que intentará mediar en el conflicto. Están llamados a la huelga los 50 trabajadores de la plantilla, muchos de ellos temporales, explica USO. Llevan “sufriendo durante cinco años y medio la precariedad a la que nos somete la compañía al tenernos contratados a través de una empresa temporal, que ni siquiera nos reconoce la categoría de tripulante de cabina”, se explica en un comunicado.

Condiciones laborales

Los trabajadores están contratados a través de Atlas, dependiente de Adecco Outsourcing, quien les aplica un convenio de empresa que no reconoce las particularidades del sector aéreo, apuntan fuentes sindicales.

“No solo es un problema de sueldo, sino de cumplimiento de la normativa de seguridad”, dice Yasmina Maté, delegada de USO Catalunya en Finnair-Barcelona. “Como auxiliares administrativos, no se nos reconocen los riesgos de la profesión ni los protocolos de prevención acordes al puesto que realmente desempeñamos. Hay un supuesto especialmente sangrante en el caso de las mujeres: nada más que se conoce un embarazo, en aviación te dan la baja inmediata”, denuncia.

En cuanto a los salarios, se afirma que se está “por debajo incluso de las peores compañías de bajo coste”, con medias de 1.200 euros para tripulante de cabina y 1.500 para sobrecargos.

Finnair realiza vuelos directos a Finlandia y Estados Unidos desde El Prat.

CONTINÚA LA HUELGA DE MEDICOS INTERINOS CON UN SEGUIMIENTO CERCANO AL 15%

noticiascyl.com

15 profesionales han ejercido su derecho a paro en la jornada en lo que respecta a Zamora

La incidencia de la huelga convocada por el Sindicato Médico de Castilla y León (SIMECAL) durante el turno de mañana del 9 de agosto, ha sido de 9,42 %, siendo en total 102 profesionales los que han ejercido su derecho a este paro durante en la comunidad.

En lo que respecta a Zamora, han sido 15 los profesionales que se han mantenido en huelga, representando una incidencia de 14,42%.

Para el cálculo de este seguimiento se tiene en cuenta exclusivamente los facultativos que podrían ejercer su derecho a la huelga; no se incluyen, por tanto, los profesionales encargados de los servicios mínimos y tampoco los que se encuentran de vacaciones o permiso.

El número de profesionales que han realizado huelga, distribuido por áreas de salud, es el siguiente:

Ávila: 14

Burgos: 8

León: 17

El Bierzo: 3

Palencia: 10

Salamanca: 22

Segovia: 6

Soria: 3

Valladolid Este: 3

Valladolid Oeste: 1

Zamora: 5

La Junta de Castilla y León garantiza la asistencia sanitaria en todos los centros de salud, tanto en el caso de urgencias como en los pacientes crónicos a los que no se les pueda demorar la asistencia.

Para ello, en la jornada, los servicios mínimos establecidos durante la mañana han sido de 576 profesionales; otros 1.083 médicos de Familia han acudido con normalidad a su puesto de trabajo. En resumen, 1.659 facultativos han trabajado con normalidad y 102 han ejercido su derecho a la huelga.

DENIEGAN LA MODIFICACIÓN DE SERVICIOS MÍNIMOS EN LA HUELGA DE AGENTES FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES

Santiago de Compostela (Europa Press)

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha denegado la modificación de servicios mínimos en la huelga de agentes forestales y medioambientales.

El cambio, como medida cautelar, fue solicitado por los sindicatos convocantes de la huelga, CIG y UGT, que criticaron los servicios mínimos del 100% para los agentes forestales por “abusivos” y del 20% para los medioambientales por “razones de seguridad”.

La sala de lo contencioso-administrativo ha emitido un auto con el que apunta que contra esta decisión cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la notificación.

Precisamente, los agentes forestales y medioambientales han vuelto a criticar los mínimos impuestos y han advertido a la Administración de que, ante lo que consideran un “menosprecio”, seguirán “la lucha”, con el paro indefinido de los agentes forestales y evaluando ya si iniciar el de los medioambientales, que fue suspendido.

DENUNCIAN QUE QUIEREN ELIMINAR AL “TESTIGO INCÓMODO” CON EL DESPIDO DE UN TRABAJADOR DE LA DESALADORA DE PALMA

cronicabalear.es

La desaladora de Palma es una instalación para la producción de agua potable, a través de la ósmosis inversa. La instalación está calificada dentro de la “Directiva Marco del Agua Europea”, y como recursos de emergencia para las Illes Balears e igualmente considerada en el “Pla Hidrológic de las Illes Balears”.

Fue construida en 1999, con fondos europeos (con el objetivo de desarrollar el Acuerdo Marco) por la empresa Degremont, SA, que ha ido realizando algunas mutaciones mercantiles hasta que desde abril de 2016 se integra en la multinacional Suez Treatment Solutions, SA, pero que siempre se ha adjudicado los contratos de explotación y mantenimiento en los diversos concursos realizados.

La instalación depende de la Direcció General de Recursos Hidrics, dependiente de la Conselleria de Medí Ambient, esta a su vez del Govern Balear y en última instancia del Parlament de las Illes Balears. El contrato de explotación y mantenimiento es “controlado” por la Agencia Balear del Agua (ABAQUA), la cual en el 2010 realiza una serie de transformaciones, dejando las instalaciones a su cargo más vulnerables a los intereses ajenos privados.

Suez Treatment Solutions, SA forma parte de AGBAR, y esta a su vez de SUEZ, conocida multinacional que, expulsada de la gestión del agua de Paris (Francia) por sus prácticas extractivas a la ciudadanía y su pésimo servicio, se intenta hacer con todos los recursos hídricos del planeta, eufemísticamente denominado por ellos como “posicionarse en el sector del agua mundial”, y participando activamente en el lobby que está presionando por sustituir el calificativo de derecho humano para el agua, por el de producto del que obtener el máximo beneficio.

En España Degremont, SA ha estado imputada en la causa sobre la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular. Recientemente confirmada en una conocida sentencia que ha propiciado una moción de censura resuelta con el cambio de gobierno.

El personal laboral de la instalación es subrogable, y dicha empresa explotadora, entre otros incumplimientos, en connivencia con la administración ha incumplido el número mínimo de trabajadores establecido en el contrato (y es de suponer, por consiguiente, la partida económica). En el 2011-2012 el Defensor del Pueblo hubo de instar para que el Anexo 3 del contrato fuese publicado, confirmando así este extremo.

La lista de posibles incumplimientos (en espera de una investigación instada por las autoridades interesadas) y sus consecuencias es inacabable, pudiendo elegir la temática: incumplimientos en seguridad, en legislación laboral, en adjudicación de contratos, en gestión de contratos de obra, incumplimientos contractuales, etc.

En este contexto el pasado 19 de julio la dirección de la desaladora procede a entregar la carta de despido a nuestro compañero José Manuel Calvo, que hasta el pasado año había ejercido la función de delegado sindical de los trabajadores.

Un despido que los servicios jurídicos de nuestro sindicato ya han recurrido y que, para intentar justificarlo, la empresa ha tenido que utilizar 11 folios, se trata de la mayor historia de un despido jamás contada. En realidad, lo que pretenden es eliminar al testigo incómodo, ya que el trabajador, fruto de su labor sindical, durante estos últimos años ha podido constatar numerosas deficiencias sobre el funcionamiento de la instalación.

Desde SOM Sindicalistes Balears nos preguntamos: “los enormes recursos que está dedicando el Govern Balear son para que una instalación de estas características esté siempre a punto y disponible para dar el mejor servicio de agua potable a la ciudadanía o son para que una gran multinacional genere cuantiosos beneficios a costa de un derecho humano como es el agua”.

CC.OO. SE MUESTRA “INSATISFECHA” TRAS LA DECLARACIÓN COMO IMPROCEDENTES DE TRES DESPIDOS DE MAESSA EN ANDORRA

Aragón Digital

CC.OO. ha mostrado su “insatisfacción” después de que el Tribunal de lo Social de Teruel haya declarado como “improcedentes” los tres despidos de Maessa en la Central Térmica de Andorra. El sindicato considera que el resultado debería haber sido la “nulidad” de los mismos, “con la única opción de readmisión en sus puestos de trabajo”.

CC.OO. ha mostrado su “insatisfacción” tras la sentencia del Tribunal de lo Social de Teruel en la que declaraba como “improcedentes” los tres despidos de Maessa en la Central Térmica de Andorra. El sindicato considera que el resultado debería haber sido la “nulidad” de los mismos, “con la única opción de readmisión en sus puestos de trabajo”.

El Tribunal de lo Social de Teruel, a pesar de reconocer que “existen indicios de represalia contra los trabajadores” y condenar a la empresa, ha declarado estos despidos como “improcedentes” por lo que pueden ser readmitidos en sus puestos de trabajo o despedidos e indemnizados.

Estos tres trabajadores fueron despedidos tras presentarse a las elecciones sindicales en la candidatura de CC.OO., alegando “disminución de los trabajos de su profesión y categoría para la obra o servicios para los que fueron contratados”. Para CC.OO. la verdadera razón era “presentarse bajo las siglas de la organización sindical por lo que planteó ante los tribunales la nulidad de su despido”.

Así, la Unión Comarcal de CC.OO. Bajo Aragón Histórico, Andorra y Cuencas Mineras ha emitido un comunicado en el que afirma que “la sentencia no se atreve a condenar a Maessa”. “Florentino nos envió a su mano derecha, Eduardo Fernandez de Blas, vicepresidente del Real Madrid e implicado en los papeles de Panamá, a ofrecer dinero a los trabajadores despedidos, que prefirieron pelear por su puesto de trabajo, confiando en la justicia” han añadido.

“La propia juez reconoce que existen indicios de represalia contra los trabajadores, pero no hay condena. Somos muy conscientes de que no hemos ganado esta batalla, porque para nosotros la única victoria posible era la readmisión, pero esto no ha terminado”, han señalado.

LA CONSELLERÍA DE FACENDA DE GALICIA NEGOCIARÁ A FINAL DE AÑO EL PLAN PARA HACER FUNCIONARIOS A PERSONAL LABORAL

Paula Pérez – La Opinión A Coruña – Santiago

La Xunta abre la puerta a suprimir la penalización económica en las bajas médicas

En 2012, en plena crisis, las administraciones tuvieron que meter tijera a los gastos de su plantilla y el Gobierno incluso aprobó un decreto que abrió la puerta al despido del personal laboral fijo. En Galicia, la Xunta también aplicó recortes a sus empleados públicos, pero, como contrapartida, el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo, prometió convertir en funcionarios a 6.000 laborales, de manera que quedaban así blindados ante posibles despidos. Pero esa “funcionarización” quedó en el aire. Y ahora, seis años después, la Consellería de Facenda traslada a los sindicatos su compromiso de negociar las bases de ese proceso en el tercer trimestre de este año.

Es una de las pocas concesiones a los sindicatos en las negociaciones para mejorar el empleo público y desarrollar la carrera profesional. Pese a la insistencia de las centrales en abordar por separado estos temas, la Xunta vincula el sistema de ascensos de los funcionarios de carrera a la propuesta para trasladar a Galicia el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos el pasado marzo y que fija las bases para las subidas salariales y las ofertas públicas de empleo de los próximos años.

La carrera profesional es la que suscita más discrepancias entre Xunta y responsables sindicales porque se deja fuera al personal laboral. Este colectivo solo podrá ascender y mejorar sus retribuciones “si se acoge al proceso de funcionarización y lo supera”.

Sin embargo, los sindicatos echaron en cara a la Xunta que no se había avanzado nada en este plan de funcionarización. En el último borrador remitido por la Consellería de Facenda, el departamento de Valeriano Martínez se compromete a “tratar con las partes las propuestas sobre funcionarización a presentar por la administración en el último trimestre de 2018”.

Desde el CSIF el secretario de Organización y Negociación Autonómica, José Sánchez Brunete, denuncia que se “coacciona” al personal laboral a convertirse en funcionario porque es la única opción que tienen para acceder a la carrera profesional. “Esto conviene a la Administración autonómica porque se ahorrarían un 7% en las nóminas que pagan al no tener que pagar las cotizaciones sociales por desempleo”, señala. Los funcionarios no pueden ser despedidos, salvo por falta muy grave, pero el personal laboral sí, y por eso estos últimos deben cotizar a la Seguridad Social para estar cubiertos en caso de que terminen en el paro.

La otra concesión de la Xunta a los sindicatos es que se abre la puerta a que los empleados públicos vuelvan a cobrar el cien por cien de su salario cuando estén de baja antes de enero de 2019. En un principio prometían utilizar la ley de acompañamiento de los Presupuestos del próximo año para reformar la Lei de Emprego Público y suprimir así la penalización económica que se aplica ahora en los procesos de incapacidad temporal. Esto implicaría que hasta 2019 no entraría en vigor.

Los sindicatos recriminaron a la Xunta que espere a enero cuando el Gobierno ya paga el 100% de su sueldo durante las bajas de sus empleados públicos. Facenda promete llevar la reforma al Parlamento en el último trimestre de este año, sin vincularla a los Presupuestos de 2019, de manera que la supresión de las penalizaciones podría entrar en vigor tan pronto sea aprobada en la Cámara gallega.

Desde CC.OO. reclaman también a la Xunta que se estudie una fórmula para que los empleados públicos gallegos recuperen su poder adquisitivo y que se reduzca la jornada laboral a 35 horas semanales, como habilita el acuerdo estatal.

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