Publicado en: 12 junio, 2015

Boletín de Luchas Obreras (12 de Junio de 2015)

Por LA PIRENAICA DIGITAL

Noticias de las luchas protagonizadas por los trabajadores y las trabajadoras en la defensa de sus legítimos intereses, contra los ataques de la burguesía.

ÍNDICE:

  • LA PLANTILLA DE ADOLFO DOMÍNGUEZ EXIGE UNA SALIDA MENOS TRAUMÁTICA QUE EL ERE
  • ADOLFO DOMÍNGUEZ SE NIEGA A REDUCIR LOS DESPIDOS Y LOS TRABAJADORES CONVOCAN OTRA JORNADA DE HUELGA
  • ¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO CON LOS TRABAJADORES DE CORREOS? (PARTE 1)
  • UPYD APLICA LA REFORMA LABORAL QUE RECHAZÓ EN EL CONGRESO Y DESPEDIRÁ A 40 DE SUS 53 TRABAJADORES
  • LOS SINDICATOS PIDEN A CAIXABANK QUE RETIRE LOS DESPIDOS FORZOSOS
  • UN NUEVO GOLPE DEL SUPREMO A CEBRIÁN ENCARECERÁ EL ERE DE ‘EL PAÍS’ EN 4 MILLONES DE EUROS
  • LOS CONTROLADORES SEGUIRÁN EN HUELGA 3 DÍAS MÁS Y RECURRIRÁN LOS SERVICIOS MÍNIMOS
  • UGT DESCONVOCA LA HUELGA ANUNCIADA EN PORTAVENTURA
  • APOYO MAYORITARIO A LA PRIMERA HUELGA EN BRIDGESTONE DESDE 2001
  • EL SINDICATO STEI PLANTEA DESCONVOCAR LA HUELGA EN EDUCACIÓN
  • BBVA PLANTEA UN AJUSTE DEL 44% DE LA PLANTILLA DE CX Y DEL 55% DE SU RED
  • LAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORES EN LUCHA CONVOCAN CONCENTRACIONES COINCIDIENDO CON LAS SESIONES DE INVESTIDURA
  • NO A LOS 29 DESPIDOS EN CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS CAF-SANTANA S.A. EN SU PLANTA DE LINARES, JAÉN
  • LA CGT DENUNCIA A LA INSPECCIÓN LABORAL ACOSO EN LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA
  • LA HUELGA DE MÉDICOS DE URGENCIAS SE ENCALLA POR NO HACER CARLOS HAYA SEIS CONTRATOS A JORNADA COMPLETA
  • MANIFIESTO DEL COMITÉ DE HUELGA INDEFINIDA DE TÉCNICOS DE MOVISTAR SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE LA PATRONAL Y CCOO-UGT
  • CASO EXPERT: PIDEN ENTRE 3 Y 4 AÑOS DE PRISIÓN A 4 TRABAJADORAS Y DOS SINDICALISTAS

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LA PLANTILLA DE ADOLFO DOMÍNGUEZ EXIGE UNA SALIDA MENOS TRAUMÁTICA QUE EL ERE

EFE

Los trabajadores realizaron un paro de quince minutos para rechazar las medidas que plantea la empresa textil

Protesta en San Cibrao das Viñas

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Más de medio centenar de trabajadores de Adolfo Domínguez han celebrado un paro de quince minutos delante de la fábrica del polígono industrial de San Cibrao das Viñas contra el ERE que afecta a 144 trabajadores y la deslocalización de la producción.

Antes de participar en una nueva reunión con los servicios jurídicos de la firma textil, la presidenta del comité de empresa, Celia Martínez, ha ratificado el rechazo de todas las centrales sindicales al ERE que plantea la empresa (CC.OO. CIG y UGT), y ha asegurado que intentarán minimizar los despidos y “conseguir lo mejor” para los trabajadores.

Durante sus declaraciones, ha rechazado que los sindicatos asuman los despidos y que el objetivo ahora por parte sindical sea la mejora de las condiciones de los mismos.

En esta línea, ha dicho que tratarán de “mejorar todo lo posible las condiciones del ERE inicial”, ha subrayado.

Desde CC.OO., sindicato mayoritario, afirman que intentarán “rebajar las condiciones” planteadas por la empresa, y que pasan por una batería de medidas, como prejubilaciones para mayores de 55 años y bajas voluntarias incentivadas tras esgrimir que es “una salida menos traumática para la gente”.

Así, los sindicatos se han quejado de que la medida propuesta de “bajada del 25 por ciento de salarios” para los directivos ha sido rechazada por los representantes de la compañía.

No obstante, ha subrayado que las negociaciones continúan abiertas hasta el día 13 de junio, por lo que todavía queda tiempo para intentar llegar a un acuerdo.

Afirma, además, que los datos económicos de la empresa no son tan malos “como para esto”.

En esta línea, la secretaria comarcal de CC.OO. en Ourense, Ana Barrios, ha pedido la retirada del ERE junto con la puesta en marcha de “un plan de viabilidad” para que no haya ningún despido.

Según esta sindicalista, está claro que el objetivo de esta empresa, “emblemática” para Ourense, es “deslocalizar” la producción, una empresa -ha recordado- que “fue siempre emblemática en nuestra provincia” y cuyo modisto “se vanagloriaba de que era orensano y que llevaba la ourensanía por todo el mundo y por el Estado”.

En caso de ir adelante el ERE, Barrios ha asegurado que supondría “una puñalada para la economía orensana” ya que es “una de las empresas más grandes de la provincia”.

Por el momento, los sindicatos han avanzado su pretensión de continuar con las movilizaciones para “parar estos despidos”.

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO CON LOS TRABAJADORES DE CORREOS? (PARTE 1)

Aroa Díaz Gutiérrez – El diario Fénix

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Los trabajadores de Correos han convocado varias huelgas en los últimos meses impulsando los rumores de privatización y de ERE’s encubiertos que comenzaron a circular y que fueron rápidamente acallados por las voces acreditadas del Gobierno. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en eso?, ¿por qué se empeñan los trabajadores en seguir en la calle?

Después de varios meses escuchando sus protestas e intentando hablar con algunos miembros de las plataformas durante las diversas manifestaciones, al fin he podido conocer de cerca cuál es la situación de los trabajadores de Correos en España. Y, sinceramente, sus protestas tienen gran legitimidad.

En estas movilizaciones, los trabajadores han denunciado una privatización encubierta  de la empresa postal, la cual, ha dejado de estar regida por el Estado para pasar a manos del Grupo SEPI, un órgano estatal que está cogiendo las riendas de, por ahora, 16 entidades públicas como Navantia, Tragsa, RTVE, Agencia EFE, o Ensa y la participación minoritaria en, por ejemplo, IAG (Iberia).

Además, señalan la pérdida de calidad  en el servicio público y los despidos de casi 18.000 empleados en los últimos años a través de diversas reestructuraciones de las llamadas ‘secciones’ y que suponen el territorio de reparto del que se encarga cada cartero. “Cada día es más terreno y la demanda, lejos de bajar como dicen, aumenta”, asegura uno de los trabajadores destinados en reparto.

Pero empecemos desde el principio. El 1 de abril de 2008 Correos convocó el examen para el “ingreso de personal laboral fijo” –tal y como se auto define en el encabezado del mismo- pero tenía una trampa. La prueba constaba de cien preguntas tipo test con un máximo de 90 puntos y una opción al final: “marque con una cruz las condiciones de trabajo que desea: fijo discontinuo o fijo a tiempo completo”. Una cruz que les ha perseguido hasta ahora.

Independientemente de la antigüedad en la empresa, los méritos o la calificación en el examen, aquellos aspirantes que aprobaron y marcaron la casilla de ‘fijo discontinuo’ obtuvieron plaza inmediata en la empresa a tiempo completo -plaza fija- mediante un concurso de traslados, el único que se ha convocado en los últimos 7 años. El resto fueron recolocados con la promesa de obtener su plaza fija a tiempo completo en un año.

“En ese momento no marqué nada porque podía dejarse en blanco, días más tarde a algunos compañeros, los de menor nota, les invalidaron el examen a pesar de haber aprobado, a otros les hicieron parciales y a mí me asignaron como fijo-discontinuo… no sabía lo que iba a suponer”, me cuenta una de las trabajadoras de la empresa pública.

Aunque parezca contradictorio, la situación de parciales y fijos discontinuos en Correos podría resumirse con este titular: “Sobrecarga de trabajo con falta de ingresos”. Y es que la situación económica para muchos trabajadores comienza a ser crítica.

“Habiendo tanto paro no entiendo cómo puede ser que una empresa pública fomente de esta manera el desempleo”. “No me resigno a vivir así otros siete años, esto es una estafa. No pararé de luchar por lo que es mío, me gané mi plaza el día en que aprobé ese examen y voy a luchar por ella todo lo que pueda y más”, asegura otro de los trabajadores.

Faltan trabajadores y hay gente entre la que elegirlos

Según me cuentan los trabajadores, día a día las oficinas notan la falta de personal  y el daño que están haciendo las reestructuraciones. “La zona que antes cubrían dos carteros ahora la cubre uno y las cartas pequeñas, fáciles de transportar, se han cambiado por los paquetes de los pedidos por Internet que abultan más en el carro haciendo que tengamos que hacer más viajes, son más pesados y no podemos dejar sin vigilancia”.

Unas condiciones que tienen repercusión en los usuarios quienes pueden apreciar cómo el periodo de envío de una carta ha pasado de un máximo de cuatro días en la Península a prácticamente una semana. Duplicándose los plazos si hablamos de pedidos internacionales como puedan ser los realizados a través de Amazon. “La gente tiene que empezar a reclamar si un pedido se demora. Hay que llenar las oficinas de reclamaciones”, piden los trabajadores.

Tal es la necesidad de personal que la propia empresa ha llegado a realizar, sólo en Madrid, más de 500 contrataciones en el mes de enero, aún contando con cerca de 200 empleados contratados en situación de fijo-discontinuo sin posibilidad de mantener dos trabajos pues, en el momento en el que sean llamados de Correos deberán abandonar cualquier empleo para volver.

“Habiendo tanto paro no entiendo cómo puede ser que una empresa pública fomente de esta manera el desempleo”. Una lucha que se está disputando en todos los rincones del país con marchas en Salamanca, huelgas boicoteadas en Majadahonda o manifestaciones en Madrid capital y que ven un rayo de esperanza con las victorias en los juzgados de Barcelona aunque aún queda mucho recorrido.

“Estamos siendo boicoteados por la empresa a todos los niveles, no nos dejan respirar y nuestras voces no resuenan en las grandes portadas. Nadie ha querido escucharnos excepto algunos políticos como Simancas, Errejón o Coscubiela. Lo único que pedimos es que se conozca nuestra situación y dejen de estafarnos, nos ganamos nuestra plaza y es lo único que queremos.”

UPYD APLICA LA REFORMA LABORAL QUE RECHAZÓ EN EL CONGRESO Y DESPEDIRÁ A 40 DE SUS 53 TRABAJADORES

Reajuste de sus gastos que afectará a todos los ámbitos del partido con el objetivo de “garantizar su supervivencia” hasta las próximas elecciones

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha comunicado a sus empleados un Expediente de Regulación de Empleo que prevé el despido de 40 de sus 53 trabajadores, la reducción del sueldo un 20 por ciento para los restantes y el cierre de todas sus sedes fuera de Madrid, según consta en el documento, al que ha tenido acceso Europa Press.

Tras los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo, UPyD anunció un reajuste de sus gastos que afectaría a todos los ámbitos del partido con el objetivo de “garantizar su supervivencia” hasta las próximas elecciones generales.

En el escrito remitido a sus trabajadores se les informa de que, “con fundamento en las causas económicas”, se rescindirá el contrato de 40 de sus 53 empleados, a los que se indemnizará con 20 días por año trabajado acogiéndose a la última reforma laboral.

Los 13 trabajadores restantes que continúen en el partido serán sometidos a una reducción salarial del 20 por ciento durante los próximos doce meses, prorrogable un año más, con un tope de 32.000 euros brutos anuales.

Actividad Política Reducida Al Congreso

UPyD argumenta que los criterios seguidos para adoptar esta decisión han sido los de “experiencia profesional, versatilidad a la hora de afrontar diversas tareas y confianza” de los actuales integrantes del grupo parlamentario de la formación en el Congreso.

Esta medida afecta a todos los ámbitos del partido, que se queda con sólo un trabajador para el ámbito de contabilidad, tesorería y administración de personal, elimina íntegramente el equipo de eventos y producción de vídeos, reduce el grupo de informáticos y el de comunicación y reduce también el grupo de asesores en el Congreso de los Diputados.

Además, UPyD ha decidido cerrar todas sus sedes fuera de Madrid y no apoyar “ningún aspecto de la actividad política” fuera del Congreso de los Diputados, conscientes de que la pérdida de ingresos público motivada por los malos resultados electorales es “irrecuperable a corto plazo” y dada también la caída en las cuotas de los afiliados.

LOS SINDICATOS PIDEN A CAIXABANK QUE RETIRE LOS DESPIDOS FORZOSOS

EFE

El ERE afecta principalmente a Andalucía

Los sindicatos piden a CaixaBank que retire los despidos forzosos

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a exigir a la dirección de CaixaBank que retire el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado para unas 750 personas en toda España y que afecta principalmente a la comunidad de Andalucía.

Representantes de una y otra parte han mantenido una nueva reunión para negociar este ajuste, aunque ha concluido sin avances. El banco no ha realizado ninguna nueva propuesta, mientras que los sindicatos han reiterado sus premisas para poder llegar a un acuerdo: que no haya despidos forzosos y que no se apliquen rebajas salariales.

CCOO, el sindicato mayoritario en CaixaBank, ha remarcado en un comunicado que todas las medidas que ponga en marcha el grupo para acometer esta reestructuración laboral han de ser “totalmente voluntarias” y que las condiciones de salida deben ser superiores a las del ERE de 2013.

El sindicato ha pedido asimismo a la entidad financiera que habilite un plan de prejubilaciones para los próximos tres años y que desista en su intención de eliminar la ayuda por hijos.

“Se trata de una rebaja salarial a futuro que no obedece a ninguna causa organizativa ni productiva y que no procede en la actual situación de CaixaBank”, ha señalado CCOO, que ha recordado que el banco registra elevadas ganancias (cerró el ejercicio 2014 con un beneficio neto de 620 millones de euros). “CCOO no entramos ni entraremos en ningún acuerdo que comporte la eliminación de la ayuda por hijos”, ha insistido el sindicato.

UGT, por su parte, ha lamentado que la dirección de CaixaBank no haya dado ningún paso en la reunión negociadora y ha exigido de nuevo la retirada de los despidos forzosos.

Al igual de CCOO, UGT también ha pedido que se estudie la posibilidad de poner en marcha un plan de prejubilaciones y ha advertido que no firmará ninguna rebaja salarial.

“Al contrario, creemos necesario mejorar las condiciones de los niveles inferiores”, sostiene UGT, que ve “urgente” diseñar un plan de contrataciones, ya que la continua prolongación de la jornada laboral, asegura, “demuestra la grave falta de personal” que tiene la entidad.

UN NUEVO GOLPE DEL SUPREMO A CEBRIÁN ENCARECERÁ EL ERE DE ‘EL PAÍS’ EN 4 MILLONES DE EUROS

El Alto Tribunal ha abierto la puerta a que las varias decenas de despedidos que mantienen causas abiertas contra Prisa por el ERE de 2013 reciban la indemnización máxima.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón anteriormente a varios de estos trabajadores.

El Tribunal Supremo ha propinado un nuevo golpe a Juan Luis Cebrián. Esta instancia judicial ha quitado la razón a la Audiencia Nacional y ha rechazado que las causas individuales que mantienen abiertas varias decenas de trabajadores de El País por su despido en 2012 representen un conflicto colectivo. Esto abre la puerta a que reciban una indemnización bastante mayor de la que Prisa les ofrece, lo que supondrá un desembolso para la compañía que puede ascender a cuatro millones de euros.

La decisión del Alto Tribunal supone un duro mazazo para esta empresa, puesto que le dejará sin su principal argumento para contrarrestar las demandas individuales que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversos afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2012. Principalmente, porque el Supremo ha negado que estos pleitos formen parte de una acción colectiva de los trabajadores, puesto que se han interpuesto por separado y, por lo tanto, la justicia debe dictar sentencia sobre ellas de forma individual, han explicado a Vozpópuli fuentes del Comité de Empresa del periódico.

Un largo y complicado conflicto entre Cebrián y sus periodistas

El origen de este conflicto laboral se encuentra en noviembre de 2012, cuando el Grupo Prisa rompió las negociaciones con los representantes de los trabajadores de El País y despidió a 129 periodistas a través de un ERE. Rechazó así la propuesta del Comité de establecer un plan de bajas voluntarias y un programa de recorte de salarios con el que ambas partes pretendían reducir la partida de gasto en personal de un diario cuyas cuentas presentaban números rojos.

La decisión del Supremo deja a Prisa sin su argumento principal para recurrir las demandas de los trabajadores de ‘El País’

Los sindicatos presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional para rechazar esta medida unilateral, aunque la retiraron unas semanas después tras alcanzar un acuerdo con la empresa que establecía que los menores de 58 años serían despedidos con una indemnización de 38 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades. Para los que tenían más años, esa cantidad disminuía progresivamente hasta los 20 días por año.

Lo que no tuvieron en cuenta los responsables de Prisa a la hora de rubricar ese pacto es que, tiempo atrás, después de una huelga, firmaron con los trabajadores un pacto con rango de convenio que establecía unas indemnizaciones de 45 días por año. De ahí que una buena parte de los despedidos rechazara las condiciones del que Prisa y los sindicatos rubricaron tras el ERE y reclamara ante el Tribunal Superior de Justicia el cobro de la máxima compensación.

Prisa no aceptó las varias sentencias favorables a los despedidos que emitió este tribunal y las recurrió ante el Supremo. El problema al que se enfrenta es que no podrá alegar ante esta instancia jurídica que todas estas demandas forman parte de un conflicto colectivo, pues ese argumento ha quedado invalidado.

Una decisión que ata a Prisa de pies y manos

Desde el Comité de Empresa han asegurado que esta decisión del Alto Tribunal “ata de pies y manos a Prisa” y le condena a perder los múltiples litigios que mantiene con los despedidos en 2012. Calculan que esto supondrá un coste para la empresa de 4 millones de euros que, unido a lo que hasta ahora ha invertido en indemnizaciones, sumará una cantidad que será “bastante mayor” que la que hubiera tenido que desembolsar si hubiera firmado el pacto que le propusieron los sindicatos antes del ERE.

La gestión que Juan Luis Cebrián ha realizado en El País desde que tomara el timón de Prisa no ha servido para hacer remontar el vuelo a un periódico que padece una grave crisis desde hace más de una década. Sólo en 2014, tuvo un 11,1% menos de difusión, ingresó un 6,7% menos y logró una facturación por publicidad un 5,2% menor que el año anterior. Los trabajadores observan estos resultados con preocupación no descartan que se produzcan nuevos despidos a corto plazo si no se frena esta caída en picado.

LOS CONTROLADORES SEGUIRÁN EN HUELGA 3 DÍAS MÁS Y RECURRIRÁN LOS SERVICIOS MÍNIMOS

Consideran que son abusivos

Las cuatro jornadas de huelga pueden llegar a afectar a unos 5.300 vuelos. La huelga se prolongará tres días más: quieren que ENAIRE, matriz de Aena, revoque la sanción a 61 controlares aéreos

Los controladores aéreos mantienen las jornadas de huelga convocadas tras no haber conseguido ningún avance en las negociaciones con ENAIRE, matriz de Aena y gestora de navegación aérea en España. Por eso harán nuevos paros en turnos de mañana y tarde durante el miércoles, viernes y domingo. La protesta ha sido convocada por la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que agrupa más del 90% del colectivo, y es la primera convocada en 26 años.

El motivo es sólo uno. Los profesionales aéreos claman contra la decisión de ENAIRE sobre sancionar a 61 controladores aéreos de Barcelona con un mes de suspensión de empleo y sueldo por el cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010, a pesar de que el Juzgado de Instrucción nº 7 de Gavà, encargado de la causa en la Ciudad Condal, decretó el archivo definitivo al descartar que “existieran indicios de delito” y determinó que no hubo “abandono” de funciones por parte de los controladores. De hecho, ya son 21 los juzgados de toda España que han sobreseído las causas abiertas, quedando sólo pendientes las de Madrid y Palma.

Además de las sanciones, los controladores exigen a ENAIRE que revoque el despido de su compañero Marco Antonio Enríquez, controlador de Santiago de Compostela, sobre el que por cierto el juez gallego José Antonio Vázquez Taín ya se pronunció afirmando que el cierre del espacio aéreo fue “una decisión política” en la que “ni los controladores habían pactado abandonar masivamente los puestos de trabajo, ni tenían un plan para cerrar el espacio”.

A pesar de ello, la entidad ha decidido expedientar por la vía administrativa a los 61 profesionales, una decisión que indigna a los controladores: “La empresa debe acatar lo que ha dictaminado la Justicia, igual que hacemos todos los ciudadanos”, insisten miembros de USCA. “Nos parece increíble que los jueces cierren las causas y la empresa aun así pone sanciones”, se quejan.

Además, el sindicato tacha de “incongruente” la resolución de la matriz de Aena, que propone el cumplimiento de sanciones a lo largo de 2016, 2017 y 2018. “Si finalmente van a sancionar, no pueden hacerlo de manera oportunista”, explican. “En estos momentos hay mucha falta de personal y por eso quieren que la suspensión de los profesionales se vaya cumpliendo en estos años”, explica una portavoz del sindicato.

Varios controladores afirman que prácticamente en todos los centros de España actualmente ENAIRE busca voluntarios para hacer horas extra ante la falta de recursos humanos, e incluso para el centro de Barcelona ha anunciado ya una petición fija de voluntarios durante todo el mes de julio ante la previsible acumulación de trabajo que habrá en los meses de verano.

Recurrirán los servicios mínimos por “abusivos”

Las negociaciones seguirán abiertas durante toda la semana, según confirma ENAIRE. Sin embargo, no parece que puedan llegar a buen puerto porque la postura de la matriz de Aena es inamovible: las sanciones se llevarán a cabo. USCA, por su parte, asegura que si no hay “avances efectivos” en las conversaciones, se reunirán en una nueva asamblea al finalizar los paros del domingo para decidir si se convocan más o, incluso, barajar una huelga general. Fuentes del sindicato de los controladores explican que, con toda seguridad, recurrirán los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento, establecidos en el 70%, “por ser abusivos”.

Durante las sesiones negociadoras entre la empresa y el Comité de Huelga no hubo acuerdo acerca de estos mínimos, que según los representantes de los controladores “no respetan los derechos constitucionales”. Y es que, según una portavoz sindical, los profesionales que desarrollan su actividad en sala, centros de control y torres –que se ocupan realmente del funcionamiento del espacio aéreo– han cubierto el 100% de los servicios impuestos.

Aseguran que son los trabajadores de las oficinas los que “realmente están ejerciendo su derecho a la huelga” y la media de todos ellos sí se queda en un 70% de servicios obligatorios. Por eso no se registran prácticamente retrasos, insisten.

UGT DESCONVOCA LA HUELGA ANUNCIADA EN PORTAVENTURA

Barcelona (ACN)

La dirección del parque temático había denunciado la convocatoria por considerarla ilegal

La última movilización de trabajadores de PortAventura se remonta a febrero de 2013 para rechazar la externalización de los servicios de limpieza

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El Tribunal Laboral de Catalunya ha comunicado a la dirección de PortAventura que el comité de huelga ha desconvocado el paro que había prevista para los días 13, 20 y 27 de junio.

Según un comunicado que han hecho público los responsables del parque temático, UGT había organizado esta convocatoria de huelga con el objetivo de renegociar el nuevo convenio colectivo firmado el 22 de mayo, y que recibió el apoyo del sindicato mayoritario, CC.OO.

La decisión de desconvocar la huelga llega después de que la dirección de PortAventura presentara una demanda de conflicto colectivo por considerar ilegal el paro.

APOYO MAYORITARIO A LA PRIMERA HUELGA EN BRIDGESTONE DESDE 2001

El paro fue secundado en los tres turnos con concentraciones a la puerta de la planta. Está prevista la celebración de un acto de conciliación en Madrid

Concentración de trabajadores frente a la entrada a la planta en el segundo turno

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Los trabajadores de la planta de Bridgestone en Burgos han secundado masivamente la huelga que arrancó en los tres turnos de la factoría. Es la primera vez desde 2001 en la que la plantilla realiza una huelga. «Para nosotros ha sido un éxito rotundo, apenas han entrado tres personas en el primer turno, y hasta 300 se han concentrado en las protestas de primera hora de la mañana» resumió al respecto el presidente del Comité de huelga de Bridgestone, Juan Carlos López. Los paros se han producido en los tres turnos que, antes del inicio (6.20, 2.20 y 9.20), contaron con una fuerte presencia de trabajadores en las puertas de la factoría.

Es la primera de las 11 jornadas de huelga planteada por los sindicatos CCOO, UGT y SITB – USO como protesta a la decisión de la empresa de introducir cinco días más de trabajo (flexibilidad) reduciendo sus descansos y con un pago del 20% de un día laboral normal. «Los compañeros han visto que es un exceso la jornada de flexibilidad impuesta por la empresa y, a nuestro juicio, fuera de convenio», señala López.

El convenio, que se estuvo negociando durante dos años y se aprobó a finales de 2013 cuando estaba a punto de llegar al descuelgue salarial, recoge la posibilidad de establecer días de flexibilidad (añadir días laborables a costa de festivos o jornadas libres) en caso de ajuste de calendario o por producción sobrevenida ante la realización de inventario o picos de producción.

«No se ha producido ni la primera ni la segunda, han llegado imponiendo cinco días más de trabajo por turno y nada más», señala. Por su parte la empresa justifica este aumento de trabajo por necesidades de producción sobrevenidas desde Europa.

Sindicatos y empresa tienen una cita en un acto de conciliación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) en Madrid. La primera en el Serla no sirvió para frenar la huelga.

Desde el comité de huelga afirman que esta situación ha venido sobrevenida por «un cúmulo de circunstancias que ha desbordado el vaso y de ahí el alto apoyo de la jornada de huelga». Aseguran que «no se protesta por el aumento de carga de trabajo, es por cuánta producción se pierde de cómo están las máquinas que son viejas y se desajustan, porque nos falta gente trabajando y parece que quieren recuperar todo eso con más trabajo a los empleados», resume López.

Los paros se van a producir mientras haya marcados días de flexibilidad, hasta diciembre. La próxima jornada de huelga, en caso de que no haya acuerdo, será el próximo 19 de junio.

EL SINDICATO STEI PLANTEA DESCONVOCAR LA HUELGA EN EDUCACIÓN

Menorcadiario

El sindicato STEI ha anunciado que plantea desconvocar la huelga indefinida en educación porque ven de manera “muy positiva” los compromisos que los posibles responsables del nuevo Govern han dado a conocer estos días, tales como la derogación del Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL) y la Ley de Símbolos, entre otros.

En un comunicado, han explicado que esto supone “un cambio radical en la política educativa respecto a la que se ha mantenido hasta ahora” por lo que, según han asegurado, ya trabajan “en la línea de la desconvocatoria de la huelga indefinida”.

Sin embargo, otro de los sindicatos educativos, l’UOB se ha pronunciado en contra: “No hay que olvidar que muchas veces las promesas electorales se quedan en eso”, explican en un comunicado. “Habrá que ver cómo se materializan los cambios en inversiones, aumento de presupuesto, la supresión de los recortes o cómo se resuelve la oposición a la LOMCE”, agregan.

De esta manera, aseguran que “en estos momentos se vislumbra un nuevo escenario de diálogo y de trabajo para el consenso en el que el STEI involucrará como siempre ha hecho”.

En este sentido, han señalado que la Mesa Sectorial de Educación debe recuperar sus funciones y convertirse nuevamente el órgano de toma de decisiones.

Además, han remarcado que con el anterior Govern presentaron “muchas propuestas” que “fueron rechazadas de entrada debido a la política de enfrentamiento de José Ramón Bauzá con la comunidad educativa”.

Así, han recordado que la huelga está convocada desde septiembre de 2013 y que, “por parte del Govern del PP, no ha habido la más mínima voluntad de hacer ningún paso en la resolución del conflicto”.

BBVA PLANTEA UN AJUSTE DEL 44% DE LA PLANTILLA DE CX Y DEL 55% DE SU RED

Afecta a 2.000 empleados y a 400 oficinas de Catalunyacaixa

El banco ha presentado su propuesta a los sindicatos

En la entidad trabajan en la actualidad 4.386 empleados

BBVA ha finalizado su análisis sobre las duplicidades de CatalunyaCaixa (CX) con el banco en Cataluña, y el resultado ha sido más drástico del inicialmente anunciado. Pretende cerrar 400 oficinas de CX,  que supone el 55% de su red, y reducir su  plantilla en un 44%, con el despido de 2.000 empleados.

BBVA planteó un drástico ajuste de plantilla en CatalunyaCaixa, entidad adquirida el pasado año en subasta pública, aunque no ha sido hasta finales de abril cuando el banco consiguió las autorizaciones de Bruselas para incorporar esta firma en el grupo. El banco que preside Francisco González anunció a los sindicatos su idea de despedir en los próximos tres años unas 2.000 personas, lo que supone el 44% de la plantilla actual de la entidad catalana, y el cierre de 400 oficinas en Cataluña, de las 728 sucursales que ahora tiene en su comunidad autónoma.

BBVA ha puesto sobre la mesa esta cifra durante la primera reunión con los sindicatos de CatalunyaCaixa para hablar sobre la reestructuración en la entidad catalana, un proceso de diálogo previo al período oficial de consultas del ERE. El ajuste puesto ahora sobre la mesa es muy superior al propuesto por Bruselas, que fue de 1.600 empleados y alrededor de 285 sucursales. A finales de abril, de hecho, el anterior consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, anunció ante los medios de comunicación un ajuste de unas 1.700 personas y el cierre de 285 oficinas.

Bruselas, además, permitía al banco realizar este ajuste incluyendo empleados y plantilla de BBVA y CatalunyaCaixa. Ahora, sin embargo, la entidad ha optado por presentar a los sindicatos una propuesta para realizar esta reestructuración solo con la red y el personal de la excaja de ahorros nacionalizada, y a la que se le inyectó más de 12.000 millones de euros de dinero público.

Los sindicatos de CX consideran una “exageración” la cifra comunicada ahora por el grupo financiero.

En un principio, el ajuste se repartiría entre 1.350 empleados de oficinas y otros 650 de servicios centrales de CatalunyaCaixa, dado que muchas de las funciones de la central se solapan con los servicios centrales de BBVA.

La intención del banco es pactar con los sindicatos para que no se lleven a cabo despidos traumáticos. Prefieren, como siempre ha hecho BBVA negociar salidas pactadas bajo la figura de prejubilaciones o de bajas voluntarias. Así fue como se acordó con Unnim, otra pequeña caja nacionalizada catalana que fue adquirida por BBVA hace dos años.

El banco, de hecho, aseguró que quiere la máxima voluntariedad, por lo que presentará algunas medidas para lograrlo además de las prejubilaciones y bajas incentivadas, como excedencias o traslados a sociedades del grupo. El pasado 24 de abril BBVA completó la adquisición de Catalunya Banc por unos 1.165 millones de euros e incorporó así a una entidad con 4.386 empleados y 728 oficinas en Cataluña, según datos de 2014.

CatalunyaCaixa es fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, por lo que su plantilla viene de dos reestructuraciones previas: la planteada con la fusión de estas tres cajas y la hecha en octubre de 2013 para reducir la plantilla en un máximo de 2.153 personas.

Por ello, los sindicatos de la entidad esperan que para este ajuste de personal se cuente también con la plantilla de BBVA en Cataluña, ya que en CatalunyaCaixa el personal mayor de 54 años suma 600 personas, mientras que BBVA cuenta en Cataluña con más de 1.000 personas de esa franja de edad.

BBVA tiene la intención de operar en Cataluña con la marca CX la suya y la de CatalunyaCaixa. También se pretende llegar a un acuerdo sobre la homologación de condiciones entre CX y BBVA, pero estará supeditado a la forma en que se haga la reestructuración, explican fuentes sindicales.

LAS ASAMBLEAS DE TRABAJADORES EN LUCHA CONVOCAN CONCENTRACIONES COINCIDIENDO CON LAS SESIONES DE INVESTIDURA

Europa Press

Sostienen que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y, por tanto, “deben asumir la lucha contra las políticas económicas que empobrecen y saquean a las grandes mayorías”

Las Asambleas de Trabajadores en Lucha han convocado concentraciones coincidiendo con las sesiones de investidura en varios ayuntamientos asturianos el sábado 13 de junio.

Estas investiduras “se producen en un gravísimo contexto social y económico marcado por los cierres de empresas, los despidos, los ERES, las privatizaciones y los recortes sociales que han llevado a Asturias a cifras récord de paro y de crecimiento de la marginación para amplios sectores de la población asturiana”, señalan los organizadores.

Sostienen que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y, por tanto, “deben asumir la lucha contra las políticas económicas que empobrecen y saquean a las grandes mayorías”.

“Ante la gravedad de la situación, los ayuntamientos no pueden ni deben ser neutrales. Tienen que posicionarse claramente a favor de quienes pelean por los puestos de trabajo, la justicia social y el futuro de Asturias y en contra de quienes pretenden, aprovechando una legislación genocida como la reforma laboral, el cierre de empresas, los despidos colectivos, la precarización del empleo y los recortes generalizados”, añaden.

Creen que los ayuntamientos “deben posicionarse claramente a favor de los trabajadores en lucha de Santa Bárbara Sistemas, el Matadero Central, El Hotel de la Reconquista, la Lavandería de Cabueñes, Cajastur/Liberbank, Coca Cola, el ERA, APTA, Unísono, las contratas de Telefónica, las Contratas de HC, los Telares y tantas y tantas empresas asturianas deben contar con el apoyo municipal en su defensa de empleos y salarios dignos”.

Igualmente, señalan que los Ayuntamientos “deben obligar a las contratas que efectúan trabajos para ellos a respetar los derechos laborales y los convenios colectivos de sus trabajadores y deben revisar sus relaciones con las grandes compañías suministradoras de servicios para obligar a estas compañías a respetar los derechos de los trabajadores de sus contratas”.

NO A LOS 29 DESPIDOS EN CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS CAF-SANTANA S.A. EN SU PLANTA DE LINARES, JAÉN

change.org

29 familias de Linares y la comarca serán despedidas si no conseguimos impedirlo.

La filial de la empresa vasca Construcciones Ferroviarias CAF-Santana S.A. planea llevar a cabo un ERE en la planta que tiene en el Parque Empresarial de Linarejos, dejando a 29 familias en la calle.

El descenso de la producción y la falta de carga de trabajo son las causas que la empresa ha alegado para tomar la decisión de reducir su plantilla. 29 de los 54 trabajadores que actualmente ejercen como mecánicos, electricistas y técnicos, se verán afectados por estas decisión.

No podemos permitir el cierre de toda un área de producción. Es inadmisible que una empresa del nivel de prestigio y económico de CAF S.A. actúe así con sus trabajadores. Queremos soluciones y un reparto equitativo ¡ya! Ayúdanos y firma por el bien y futuro de Linares y su industria >>

https://www.change.org/p/no-a-los-29-despidos-de-caf-s-a-en-su-planta-de-linares-ja%C3%A9n/

LA CGT DENUNCIA A LA INSPECCIÓN LABORAL ACOSO EN LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA

El sindicato CGT ha presentado una denuncia a la Inspección de Trabajo por ‘presuntas infracciones a la Ley de prevención de riesgos laborales “cometidas en el departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona. La denuncia se produce después de meses de intentar sin éxito que el gobierno de la Diputación pusiera fin a las prácticas de acoso laboral que, según el sindicato, se producían en este departamento.

Varios técnicos de la Diputación de Barcelona venían denunciando desde hacía meses que recibían presiones y coacciones de sus superiores para que tramitaran proyectos de cooperación al desarrollo financiados por la corporación provincial donde se advertían irregularidades.

En vez de estudiar sus denuncias, los responsables políticos de los ámbitos de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Diputación amenazaron y presionar estos técnicos, algunos de los cuales pidieron la baja laboral afectados por depresión o angustia.

Estos hechos llevaron el delegado de prevención de riesgos laborales de la Diputación, Jaume Garganté, a entregar, el pasado 2 de octubre, un escrito en el Registro General solicitando la realización de una evaluación de riesgos psicosociales en la dirección de Relaciones internacionales.

El informe ‘Riesgos Laborales a la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona’, elaborado por la Agencia de Salud Pública, dio la razón a las denuncias de los técnicos.

Sin embargo, el gobierno de la Diputación ha ido retrasando la solución del caso y ha ido traspasando-lo de un área a otra. La última decisión del presidente de la corporación, Salvador Esteve, fue trasladar el expediente a la gerencia de la entidad.

El decreto que adopta esta decisión se firmó el 15 de mayo. Salvador Esteve dejará la presidencia de la Diputación en los próximos días, al igual que lo han hecho recientemente los dos responsables del área de Relaciones Internacionales, Jordi Castells, y de la Oficina de Cooperación al Desarrollo, Jonathan Jorba.

Todos Ambos han vuelto a los cargos que ocupaban en la administración del gobierno de la Generalitat, previamente a sus nombramientos en la Diputación de Barcelona. Está convocada una junta de portavoces, reclamada por los diputados del PSC e ICV-EUiA, para analizar esta crisis.

LA HUELGA DE MÉDICOS DE URGENCIAS SE ENCALLA POR NO HACER CARLOS HAYA SEIS CONTRATOS A JORNADA COMPLETA

Málaga

El sindicato CSIF critica la cerrazón del SAS en la negociación y la dirección del hospital responde que quiere solucionar el conflicto

La huelga indefinida que llevan a cabo los médicos de urgencias del Hospital Carlos Haya desde hace dos semanas se mantiene al no fructificar las negociaciones entre Csif-Málaga, central sindical convocante del paro, y los responsables del centro hospitalario.

El conflicto está encallado al no haber accedido la dirección de Carlos Haya a hacer seis contratos a jornada completa durante el verano a los seis médicos de urgencias que ahora se hallan contratados al 33 por ciento de jornada. La reunión entre Csif y los directivos del hospital se saldó sin un acuerdo.

«No entiendo la postura de los dirigentes de Carlos Haya. Nos hemos reunido y no ha servido para nada. Se mantienen en su cerrazón y no hacen propuestas. Así es imposible que nos entendamos», declaró el presidente de Sanidad de Csif-Málaga, Antonio Osorio. «Me parece absurdo que mareen la perdiz de este modo. No sé si su actitud es negligente o irresponsable», dijo el sindicalista, que dejó claro el argumento de Csif. «Estamos dispuestos a desconvocar la huelga si la dirección acepta contratar al cien por cien de jornada,  durante cuatro meses, a los seis facultativos de urgencias que están con contratos al 33 por ciento y si se publica el cuadrante anual de trabajo», precisó Osorio.

El resto de reivindicaciones, como que se cubran los 16 huecos que hay en la plantilla, se negociarían ya sin la presión de una huelga. «Creemos que no es tanto lo que pedimos. Me parece que la Administración nos está tomando el pelo y así no avanzamos», recalcó el presidente de Sanidad de Csif-Málaga.

A la reunión acudieron por parte del hospital la directora económica-administrativa, Carmen Gracia, y el responsable de Personal, Ramón Porras. «Ambos han dicho que le trasladarán nuestra propuesta al gerente de Carlos Haya, José Luis Doña», explicó Antonio Osorio.

Csif-Málaga hizo público un comunicado en el que aseguró que «todos los encuentros mantenidos hasta ahora con responsables del centro hospitalario han resultado absolutamente improductivos», por lo que significó que «la Administración comete una irresponsabilidad al mantener esta postura contraria al diálogo y por negarse a escuchar las reivindicaciones de sus trabajadores».

El sindicato reiteró que «las peticiones de los profesionales médicos de urgencias son lógicas y necesarias para prestar una asistencia sanitaria digna a los usuarios». Csif exigió la destitución del responsable de Personal del hospital «por una pésima gestión y la deficiente planificación de los recursos».

El paro indefinido ha rebasado ya las dos semanas sin que haya un acuerdo

El sindicato indicó que se volverá a concentrar junto a los médicos a las puertas del hospital y que probablemente, si antes no se ha alcanzado un acuerdo, habrá una concentración delante de la Delegación Provincial de Salud. CSIF recordó que entre los motivos que han llevado a los médicos de urgencias de Carlos Haya a la huelga están el déficit de personal y las contrataciones a jornada reducida.

MANIFIESTO DEL COMITÉ DE HUELGA INDEFINIDA DE TÉCNICOS DE MOVISTAR SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL ACUERDO ALCANZADO ENTRE LA PATRONAL Y CCOO-UGT

Posteriormente a la convocatoria de huelga indefinida que, a petición de los trabajadores, realizó AST el 28 de marzo en Madrid y el 7 de abril en todo el estado, y CGT y co.bas el 14 de ese mismo mes, CCOO y UGT convocaron paros parciales que llevaron a una negociación en la que se llegó a un acuerdo el 5 de mayo.

A pesar de que en ningún momento CCOO y UGT tuvieron conversaciones con los huelguistas, el acuerdo recoge de forma muy limitada parte de nuestras reivindicaciones. Sin embargo, consideramos que este acuerdo es insuficiente y no soluciona la problemática.

En la reunión mantenida el pasado 4 de junio entre Telefónica, las contratas y el comité de la huelga indefinida de técnicos de Movistar, los representantes de la patronal manifestaron que cualquier acuerdo que se alcanzara con el comité de huelga debería “tomarse de manera definitiva en las instancias legitimadas para ello”, es decir, que debería ser firmado por CCOO y UGT ya que la legalidad vigente les concede legitimidad para llegar a acuerdos en el Sector del Metal. Eso no es cierto, ya que un acuerdo del comité de huelga con la patronal parte del conflicto adquiere rango de eficacia de convenio colectivo.

No es nuestro objetivo negar la legitimidad de los sindicatos oficialistas para negociar con la patronal pero exigimos que no se boicotee con falsos argumentos de legitimidad la mesa en la que estamos el comité de huelga como interlocutores válidos para alcanzar mejoras a los acuerdos alcanzados con CCOO y UGT.

Si el problema es de “medallas” o “celos sindicales”, o esto es simplemente una excusa para no ceder ante el comité de huelga, la solución que ofrecemos es bien sencilla: firmen las mejoras ante quienes consideren conveniente, pero fírmenlas.

Nuestra reivindicación principal es el establecimiento de un nuevo contrato mercantil entre Telefónica y las empresas contratistas que fije un precio del trabajo que mejore nuestras condiciones laborales. Aunque CCOO y UGT han firmado un aumento del 10%, éste es sobre una caída previa del 25%, por lo que es imposible que garantice salarios dignos, jornadas de no más de 40h semanales y que podamos descansar dos días a la semana.

En cuanto a la necesidad de regular la subcontratación, el acuerdo firmado por los sindicatos oficialistas no aporta nada que pueda evitar la progresiva sustitución de plantillas de contratas por personal de subcontratas y falsos autónomos con condiciones laborales cada vez más precarias.

El acuerdo no incluye mecanismos que eliminen los incentivos de las empresas a subcontratar para presionar los salarios a la baja. Es necesario fijar el aumento de las plantillas fijas de contratas o Telefónica con el personal que actualmente está subcontratado para avanzar hacia un modelo en el que solo sea personal autónomo quien decida serlo y no quien no tenga más remedio si quiere trabajar.

La mejora de las condiciones de los trabajadores del sector exige de la apertura de una mesa de negociación estatal donde las asambleas de trabajadores/as en huelga estén representadas por personas elegidas por éstas.

Es en dicha mesa donde deben negociarse las reivindicaciones planteadas por la huelga, fijando como punto de partida para dicha negociación el acuerdo suscrito por CCOO y UGT y las empresas de Contratas y teniendo en cuenta que dicho acuerdo no soluciona la problemática existente.

CASO EXPERT: PIDEN ENTRE 3 Y 4 AÑOS DE PRISIÓN A 4 TRABAJADORAS Y DOS SINDICALISTAS

La lentitud de la justicia y los procesos que sigue hace que se den historias kafkianas. Una de ellas es la que afecta a los denominados encausados del ‘Caso Expert’. Este nombre a muchas personas les puede decir poco, pero el Penedès es diferente. El 9 de julio, cuatro personas que en 2004 trabajaban en la empresa Expert Polymere (de L’Arboç) y dos asesores sindicales de la CGT deberán declarar como encausados. Los seis se enfrentan a peticiones fiscales que van de entre los 3 años y 2 meses de prisión y 4 años y medio de prisión, además de multas económicas.

El 20 de julio de 2004 había negociaciones en torno a un ERE en Expert Polymer del Arboç. El expediente era de extinción de puestos de trabajo. Para apoyar a los trabajadores, dos asesores de CGT habían trasladado hasta la empresa. Al finalizar la reunión se informó a los trabajadores que estaban en el interior del recinto, según explican los mismos encausados ​​en una carta publicada en la web xarxapenedès. Durante la reunión se comunicó que cerca de la fábrica había una dotación de la Guardia Civil (en aquel tiempo los Mossos no estaban desplegados). Que hubiera fuerza pública era una constante desde el inicio del ERE, aunque nunca se había producido ningún incidente.

Al finalizar la asamblea los asesores nos fuimos a buscar su vehículo. Y en ese momento es cuando se produjo la carga de la Guardia Civil, sin que hubiera ninguna provocación, dice la carta de los acusados ​​y lo ratifica el informe realizado por los miembros de protección privada que custodiaban la nave y que, a pesar de haberse se pidió por la defensa de los trabajadores, no ha sido aceptado como prueba, según explica un dirigente de CGT consultado por el Diario del Trabajo.

«De la brutal e injustificada intervención policial resultó en lesiones a tres de los trabajadores que se encontraban allí presentes, los cuales tuvieron que ser evacuados en ambulancia y ser atendidos en el CAP de El Vendrell», afirma la carta abierta de los trabajadores. Y no queda ahí la cosa. Al pasar los dos asesores sindicales frente al recinto y ver el alboroto se acercaron para poner paz. Pero al intentar intermediar, cuatro guardias civiles se abalanzaron sobre uno de ellos y también lo agredieron y posteriormente lo detuvieron.

Los heridos presentaron denuncia en los Juzgados de El Vendrell. Como testigos había el resto de trabajadores. Posteriormente, la Guardia Civil presentó otra denuncia contra los trabajadores y contra los testigos. De esta última acción judicial se deriva el proceso penal que se verá el 9 de julio. Un procedimiento que afecta a los dos asesores y los cuatro trabajadores. Destacan los denunciados, que nunca la empresa presentó ninguna denuncia, aunque los hechos se produjeron dentro de sus instalaciones.

11 años después de los hechos los acusados ​​se encuentran con una situación inverosímil. Sólo hay que pensar que hay personas que en el momento de los hechos tenían 26 años, como Vanessa, que ahora tiene 37 y dos hijos. Sandra, tiene ahora también 37 años y dos hijos de 8 y 6 años. Yolanda, de 37 años, es madre de dos hijos, de 7 y 12 años. Juan, de 37 años, es padre de una niña de 7 años. Pedro, de 66 años, está jubilado y es padre de dos hijos de 21 y 27 años. Y Juan Antonio, de 67 años, también está jubilado, y tiene 2 hijos y 4 nietos.

CGT ha tomado el caso como sede y ha abierto una cuenta corriente para sufragar los gastos del proceso judicial y de la campaña en general.

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