Boletín de Luchas Obreras (12 de Julio de 2016)

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ÍNDICE:

  • LOS CUATRO MINEROS ENCERRADOS EN LEÓN INICIAN UNA HUELGA DE HAMBRE
  • CCOO Y UGT IMPUGNAN EN LOS TRIBUNALES EL ERE DE LA EMPRESA TEXTIL FUENTECAPALA
  • TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN HUELGA DENUNCIAN POR «POSIBLE PREVARICACIÓN» A DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA
  • LOS TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN MUSEO ES BALUARD IRÁN A LA HUELGA
  • UNO DE LOS INTOXICADOS EN HUELGA DE HAMBRE SERÁ RECIBIDO POR LA FÁBRICA DE ASTURIANA DE ZINC (AZSA)
  • LOS TRABAJADORES DE CANAL SUR EN GRANADA DENUNCIAN UN ERE ENCUBIERTO EN LA EMPRESA Y PIDEN EL CESE DE LOS RECORTES DE PERSONAL
  • EL JUZGADO DECLARA NULOS 6 DESPIDOS EN EL CONSISTORIO DE ARCOS POR DISCRIMINACIÓN
  • ARRANCA LA HUELGA POR LOS DESPIDOS EN HEWLETT PACKARD
  • LA MULTINACIONAL SUIZA ASEA BROWN BOVERI S.A. (ABB), CON 400 DESPIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ABRIRÁ UN ERE QUE AFECTARÁ A 120 PERSONAS MÁS EN ESPAÑA
  • CCOO DENUNCIA TRES DESPIDOS EN SPORT TAVERN
  • LOS PRIMEROS CIEN AFECTADOS POR DESPIDOS DE ESPAÑA-DUERO DEJAN LA ENTIDAD
  • El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN (TSJCyL) RATIFICA LA SENTENCIA QUE CONDENA A LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA POR LOS DESPIDOS EN IFESA
  • EL ERE DE LA MINA AGUABLANCA SE EJECUTA EN MONESTERIO CON 173 DESPEDIDOS
  • UN JUEZ INVESTIGA A LA CÚPULA DE INECO POR IRREGULARIDADES EN EL ERE
  • EL COMITÉ DE COLUMBIA ANUNCIA MOVILIZACIONES SI LA EMPRESA NO SE SIENTA A NEGOCIAR UN PLAN DE VIABILIDAD
  • ROCA NO LEVANTA CABEZA: LA DIRECCIÓN PLANTEA UN ERTE
  • LA CONFEDERACIÓ DE COMERÇ MANDA A SU PLANTILLA AL PARO POR VACACIONES
  • LOS TRABAJADORES DE FCC MANTIENEN LA AMENAZA DE HUELGA, PERO SIN FECHA

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LOS CUATRO MINEROS ENCERRADOS EN LEÓN INICIAN UNA HUELGA DE HAMBRE

Reclaman al Gobierno un adelanto de ayudas que permita acometer el plan de cierre de la mina de interior de la Hullera Vasco Leonesa

Álvaro Rodríguez, Elías Ortega, Dante Garduño y Sócrates Fernández, los cuatro mineros que permanecen encerrados desde hace 16 días en el Pozo Aurelio de Santa Lucía de Gordón (León) comunicaron esta tarde al comité de empresa de la Hullera Vasco Leonesa su decisión de iniciar una huelga de hambre como medida de presión para que el Gobierno central adelante las ayudas al cierra que permitan acometer el plan de desmantelamiento de la explotación de interior de la empresa y salvar, durante al menos tres años, un centenar de empleos.

La drástica medida no cuenta con el apoyo del comité, cuyos responsables intentaron disuadirles de iniciar una huelga que dieron comienzo esta tarde. Así, se les retiró los alimentos que tenían consigo y se dio orden al restaurante que les sirve las comidas de que no lo haga más.

El presidente del comité, Julio César Gómez, considera que se trata de una medida «demasiado fuerte porque tienen ya un agotamiento físico y psicológico que se les nota» y aunque el comité no la respalda como acción de presión sí les muestran todo su apoyo.

La plaza de la iglesia de Ciñera de Gordón acogerá a las siete de la tarde una concentración de apoyo a estos mineros y una asamblea reivindicativa. Ya han confirmado su presencia en la cita algunas formaciones políticas y trabadores y representantes sindicales del sector de toda la provincia y de la vecina Asturias.

El adelanto de ayudas que reclaman es imprescindible para cumplir un plan de desmantelamiento con una duración de 36 meses, prorrogable otros 18 por cuestiones medioambientales o de seguridad, que mantendría más de un centenar de empleos de los 250 que se van a perder con el cierre definitivo de la mina.

Dado que el Gobierno está en funciones, los trabajadores reclaman medidas excepcionales que permitan la llegada de esa partida.

 

 

La Junta ha mostrado su voluntad de adelantar el dinero si existe un compromiso por escrito de que se habilitarán esas partidas. Los trabajadores advierten, además, de los riesgos que presenta la mina, tanto de explosiones como de inundaciones

CCOO Y UGT IMPUGNAN EN LOS TRIBUNALES EL ERE DE LA EMPRESA TEXTIL FUENTECAPALA

Creen que es improcedente porque la producción se traslada

La facturación del sector textil se elevó un 7,71% en 2015 y creó 6.000 nuevos empleos en España

Los sindicatos CCOO y UGT Extremadura impugnarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa textil Fuentecapala, en Navalmoral de la Mata tras dar por fallido el intento de mediación entre las partes.

La sede de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, situada en Mérida, ha acogido este acto de mediación, a iniciativa de los sindicatos y el comité de empresa, donde el mediador ha sido Gonzalo González Tejedor.

El secretario regional de la Federación de Industria de CCOO, Saturnino Lagar, ha lamentado que la empresa haya puesto sobre la mesa la misma propuesta que planteaba desde el principio de la negociación, con lo que a su juicio «lo único que pretendía es que se levantara el acta sin acuerdo».

La empresa, según Lagar, no ha hecho ningún planteamiento diferente a los mínimos que marca la ley, que es una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.

Los sindicatos querían negociar pero el propio mediador oficial ha señalado que «la empresa no tiene voluntad ninguna de intentar llegar a un acuerdo».

El representante de Comisiones ha advertido de que según la legislación, a partir del lunes la empresa ya puede hacer efectivo el ERE y entregar la carta de despido a los 37 trabajadores que quedan en la fábrica morala que llegó a contar en su día con más de 200 empleados, en su mayoría mujeres.

Improcedentes porque la actividad sigue

Para el comité de empresa, según Lagar, esto no es un ERE sino despidos improcedentes porque «la empresa va a seguir su actividad, con sus 28 trabajadores de Madrid vendiendo y distribuyendo las prendas que ya le están haciendo en otras cooperativas y países».

En los mismos términos el sindicado UGT-FICA ha indicado, en una nota de prensa, que en este encuentro del viernes se ha podido constatar lo que ha sido «una constante» en todo el periodo de consultas: que «no ha existido por parte de la empresa voluntad de alcanzar un acuerdo que garantice la continuidad de la factoría morala».

UGT FICA asegura que ha tratado de agotar todas las posibilidades negociadoras y no escatimar esfuerzos para tratar de salvar los empleos, pero a tenor de la actitud de la empresa la «única alternativa» es la impugnación judicial del ERE ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Los letrados del Gabinete Jurídico de UGT se pondrán a trabajar en su redacción de inmediato.

El sindicato cree que lo que se oculta tras todo este proceso es una estrategia de la empresa para amortizar los puestos de trabajo «reduciendo los costes de indemnización por despido, haciendo una utilización torticera de la reforma laboral, para llevarse por delante todos los puestos de trabajo».

En un intento, añaden, de lo que «a todas luces» es una «deslocalización de la producción o externalizarla a través de otras empresas portuguesas en una dudosa estrategia de disminuir costes».

Para UGT FICA, la medida es desproporcionada e injusta, con el agravante de que una vez se consumen los despidos la empresa pretende la recalificación de los terrenos “para hacer caja».

Desde la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT reprochan que este tipo de comportamientos empresariales “son verdaderamente lamentables».

TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN HUELGA DENUNCIAN POR «POSIBLE PREVARICACIÓN» A DIPUTACIÓN DE GIPUZKOA

Europa Press

Trabajadores de carreteras anuncian acciones penales contra la Diputación.

Trabajadores de las UTE de mantenimiento de carreteras de Gipuzkoa, que llevan 120 días en huelga, han optado por las vías penales por «posible prevaricación» de la Diputación guipuzcoana por el «incumplimiento de lo estipulado en los pliegos en lo referente a las condiciones de trabajo» de las empresas adjudicatarias del citado servicio.

En rueda de prensa en Donostia, trabajadores de las UTE Goierrialdea 2014, Miramon 2014 y Urola Deba 2014, que dan servicio a cerca del 80% de las vías del territorio histórico, han denunciado que estar más de cuatro meses de huelga es «muy duro» y «solo es posible aguantar y levantarse cada día por la convicción de que se lucha por una causa justa», por «dignificar un servicio a todas luces precario». En este sentido, han anunciado que seguirán «hasta conseguirlo».

Tras defender un convenio que regule sus condiciones de trabajo, han recordado que llevan «más de seis años sin actualizarlas, además de tenerlas en peligro por las diferentes reformas laborales».

Además, han recordado que la Diputación es la responsable del servicio y de su adjudicación y en los últimos años «ha hecho que cada vez se pague menos por hacer lo mismo».

Por otro lado, han denunciado que en estos meses de huelga se han dado «diferentes fraudes», ya que se está «incumpliendo lo estipulado en los pliegos en lo referente a las condiciones de trabajo», un hecho ya denunciado «ante Diputación e Inspección de Trabajo». «La negativa de ambos a abordarlo nos aboca a instar las vías penales por posible prevaricación de la Diputación», han señalado.

Asimismo, han afirmado que hay «facturas que se generan en el servicio totalmente infladas de manera fraudulenta, y que acaban pagando los conductores o sus seguros».

También han criticado la «falta de transparencia» de la institución foral a la que han solicitado sin éxito que les aporte «los descuentos que se les ha realizado a las empresas por no hacer frente al servicio durante la huelga».

LOS TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN MUSEO ES BALUARD IRÁN A LA HUELGA

Palma de Mallorca (Europa Press)

Los 19 trabajadores de la Fundación Museo Es Baluard están llamados a secundar una huelga de 24 horas ante la negativa de la empresa a abonar en dos años la rebaja salarial del 5 por ciento establecida en 2013.

Según ha informado UGT en un comunicado, el sindicato ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Baleares (Tamib) que permitiera desconvocar la huelga que afectará a la recepción, la tienda, el personal técnico y de mantenimiento del museo Es Baluard.

Según UGT, al recorte de salarios que se aplicó a los trabajadores del museo con la excusa de que recibían subvenciones de sector público, se suma la circunstancia de que llevan con el sueldo congelado desde 2010.

La organización sindical también reclama a la dirección que presente una propuesta razonable para negociar el reconocimiento de las funciones superiores que desarrolla la mayor parte de la plantilla.

«No desconvocaremos la huelga si la empresa no reconoce que el personal técnico ha tenido que asumir tareas de una categoría superior a la que pone su contrato», concluye UGT.

UNO DE LOS INTOXICADOS EN HUELGA DE HAMBRE SERÁ RECIBIDO POR LA FÁBRICA DE ASTURIANA DE ZINC (AZSA)

Agencia EFE

David Román, uno de los tres intoxicados por mercurio en la fábrica de Asturiana de Zinc (AZSA) que se encuentran en huelga de hambre, el que más tiempo lleva con la protesta, será recibido el viernes por la compañía para abordar sus reivindicaciones en materia de atención médica.

Según ha explicado David Román a Efe, en la reunión, en la que, según asegura, estarán presentes abogados de ambas partes, pedirá recursos económicos para hacer frente a un tratamiento especializado en una clínica para las dolencias a raíz de la exposición al mercurio que sufrió hace tres años y medio.

David Román hará dos semanas en huelga de hambre en su domicilio de Avilés y se muestra «muy cansado» pero con la expectativa de poder «avanzar» en una de las dos reivindicaciones, la de ser recibido por AZSA.

Su otra exigencia es ser recibido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social para valorar y conocer su situación laboral en función de la enfermedad que padece.

Junto a este trabajador de la empresa auxiliar Ingeniería Montajes del Norte (IMSA), también están en huelga de hambre en sus casas David Peláez y Carlos Acebedo, con similares reivindicaciones.

Exigen que se les reconozca la dolencia provocada a raíz de la intoxicación por mercurio como enfermedad profesional y que se les atienda debidamente por parte de especialistas.

Los tres forman parte de un colectivo de 48 empleados de la empresa auxiliar IMSA que sufrió una exposición al mercurio mientras llevaban a cabo unos trabajos en las instalaciones de la fábrica de zinc de San Juan de Nieva.

En este conflicto, AZSA asegura que muestra la máxima disposición para apoyar a los afectados y recalca que ha venido cumpliendo con los acuerdos alcanzados con los trabajadores.

LOS TRABAJADORES DE CANAL SUR EN GRANADA DENUNCIAN UN ERE ENCUBIERTO EN LA EMPRESA Y PIDEN EL CESE DE LOS RECORTES DE PERSONAL

La plantilla del centro territorial de la RTVA en Granada denuncia la sospechosa política de la empresa y piden el cese de los recortes de personal.

Aunque fue concebido inicialmente como un centro de producción de programas junto con Sevilla y Málaga, Granada ha ido perdiendo fuerza en la estrategia productiva de la cadena, según denuncian en un comunicado. Ello ha llevado, aseguran, a una reducción paulatina de medios y personal, que en algunos departamentos alcanza hasta el 30 por ciento.

En la concentración convocada por el comité de empresa, los trabajadores han reclamado el cese de la política restrictiva generalizada de empleo en la empresa pública, que desde 2010 ya ha representado la pérdida de 300 puestos de trabajo, lo que en la práctica es un ERE encubierto.

Asimismo recuerdan que la Ley de Creación define a la RTVA como un servicio público esencial, “con el fin de atender las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población andaluza, garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad.”

Los trabajadores de Granada han pedido al Comité Intercentros que convoque concentraciones en toda la cadena para que se dote a la empresa pública de los medios humanos y técnicos indispensables para cumplir el servicio público encomendado.

EL JUZGADO DECLARA NULOS 6 DESPIDOS EN EL CONSISTORIO DE ARCOS POR DISCRIMINACIÓN

La sentencia ordena la readmisión de estos trabajadores, que fueron destituidos por su vinculación con el Partido Popular cuando la corporación local estaba en manos del PSOE

Los Juzgados de lo Social número 2 y 3 de Jerez han declarado nulos los despidos de seis trabajadores del Ayuntamiento de Arcos al considerar «suficientemente acreditado» que en estas destituciones existen «indicios de vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos políticos».

Por ello, la juez ordena la readmisión de estas seis personas en sus respectivos puestos de trabajo así como el abono de los salarios que dejaron de percibir desde que los ceses se hicieron efectivos.

Este procedimiento surge a partir de una querella que formuló el Partido Socialista de Arcos en agosto de 2014. En ella denunciaba que la corporación local arcense, entonces gobernada por el Partido Popular en coalición con Aipro (partido independiente), había «enchufado» en el Ayuntamiento a varios trabajadores afines al PP, emitiendo incluso un panfleto en el que se «atacaba» concretamente a estos seis empleados, entre los que se encuentran una candidata por el Partido Popular durante las elecciones municipales de mayo de 2011, su esposo y su hermana.

El cartel electoral que acusaba al gobierno de PP y Aipro de enchufismo también se difundió «en la página web del PSOE y en su Facebook».

Tal y como recogen las sentencias -las seis que ha generado el presente procedimiento-, el PSOE consiguió la alcaldía tras los comicios locales de mayo de 2015 (desde entonces gobierna). El 15 de septiembre de ese mismo año, tres meses después de que se conformara el gobierno socialista en Arcos, se hacen efectivos los despidos de los seis implicados en este caso, todos ellos «vinculados al Partido Popular».

La juez estima pues «suficientemente acreditada la existencia de indicios de vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos político del artículo 14 de la Constitución».

Las resoluciones judiciales ahondan también en el vínculo laboral que mantenían estos empleados con el Consistorio arcense. Y es que sus despidos se ejecutaron bajo la fórmula de «fin de contrato temporal»; sin embargo, las magistradas han coincidido en determinar que en estos casos se ha producido una concatenación abusiva de contratos eventuales y que la supuesta relación laboral «temporal» era, por tanto, «fraudulenta». Este razonamiento conduce al tribunal a considerar a estos trabajadores como «indefinidos».

Las destituciones de los seis afectados no pueden ampararse -según las juezas- bajo el pretexto de «finalización de contrato». Son despidos «nulos» por cuanto el demandado no ha acreditado «motivos razonablemente ajenos a todo propósito discriminatorio y atentatorio contra un derecho constitucional» que justifique estos ceses.

Por esta razón, el juzgado ordena, no sólo la readmisión de los damnificados, sino que además obliga al Ayuntamiento a pagar los salarios devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia.

Desde el bufete Alfonso Jiménez Abogados, encargado de representar a los empleados del Ayuntamiento de Arcos implicados en esta causa, aclaran que, si bien las seis sentencias no han adquirido firmeza y están recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juzgado ha admitido la ejecución provisional de cuatro de ellas (dos aún están en plazo de cumplimiento).

Así pues, el Consistorio arcense ha sido requerido en varias ocasiones para que haga efectiva las resoluciones judiciales. Según el bufete Alfonso Jiménez Abogados, el pasado 13 de junio se solicitó incluso el nombre del funcionario que está impidiendo el cumplimiento de las sentencias a fin de imponer sanciones pecuniarias y hacerlo responsable personalmente del desacato.

Ante la ejecución provisional del fallo, el Ayuntamiento de Arcos ha interpuesto varios escritos y dos recursos de reposición. Todos han sido desestimados,

ARRANCA LA HUELGA POR LOS DESPIDOS EN HEWLETT PACKARD

http://arainfo.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/06/HP-Stop-Despidos-Foto-CGT-HP.jpg

La huelga, convocada en Aragón y en el Estado español, arranca el viernes 1 de julio como protesta por los despidos en HP. Las secciones sindicales de CGT en Zaragoza, han organizado una concentración en las puertas de la Oficina Principal de Caixa en la capital aragonesa, ese mismo a las 12.00 horas

El sindicato CGT ha convocado huelga en Aragón y en el Estado español en las tres empresas del grupo, Outsourcing, Procesos y Aplicaciones, que dan servicios a clientes como Caixa, Renfe, Banco Sabadell o Bankia. Para CGT Zaragoza, “Caixa”, socio comercial de HP, “es corresponsable de la política de despidos que sigue la multinacional americana, basada en despidos periódicos cada tres meses, precarización y subcontratación”.

Y no sólo eso, “la externalización de servicios informáticos y telefónicos por parte de Caixa a través de HP centra su forma de trabajar en exprimir las capacidades de los trabajadores de HP, mediante la amenaza permanente de ser despedidos, en lugar de apostar por planes formativos ambiciosos, recolocaciones o reubicaciones, que tendrían un efecto positivo en la calidad de servicio percibida por los y las clientes de Caixa”.

La empresa lleva acumulados 1.200 despidos de trabajadores y trabajadoras en cuatro años, y según CGT, “entre ellos 200 que fueron parte de un ERE en Zaragoza en 2014 y 84 despidos en el último cuatrimestre de 2016. Esto ha supuesto progresivamente la sustitución de un 44% de la plantilla indefinida en estos últimos años por personal subcontratado y ETT en precarias condiciones laborales”.

Cabe destacar, que tal política de despidos no está relacionada “en absoluto” con los resultados económicos que la empresa presenta en el Estado español. “De hecho, en los 30 años que HP lleva implantada, jamás se ha dado un resultado negativo, y dentro de Europa, HPE dio la mejor cifra de resultados el pasado cuatrimestre.

No en vano, cada vez que se realizan despidos, es habitual que se realicen nuevas contrataciones precarias por ETT o subcontratas en plazos cortos de tiempo, lo que acredita la viabilidad del negocio”, destacan desde CGT.

Una de las acciones que desde la sección sindical de CGT se va a poner en marcha, dentro de la movilización, consiste en “informar de primera mano a los clientes de Caixa de las políticas que sigue su banco, priorizando sus márgenes y beneficios por encima de la calidad de servicio a sus clientes, a pesar de las múltiples comisiones y gastos que aplica por ellos”.

No hay que olvidar, que ya han transcurrido cuatro años desde que comenzaron las movilizaciones, acciones sindicales y huelgas ante el inmovilismo de la empresa. Desde CGT apuestan, “por un acuerdo con la empresa que acabe con los despidos forzosos, apostando por un modelo de reubicaciones, recolocaciones y formación y salidas voluntarias”.

“También creemos que el reciente anuncio de la fusión entre CSC y HP a nivel mundial puede tener importantes afectaciones en el empleo y la propia empresa no quiere asumir ningún compromiso de empleo, ya que todavía no saben si afectará al empleo”, añaden desde el sindicato. Y advierten, “esperamos que HP cambie su actitud negociadora respecto a la política de despidos de los últimos años. Mientras tanto, CGT seguirá combatiendo los despidos”.

IU respalda las movilizaciones

Por su parte, Izquierda Unida Aragón apoya la huelga convocada por CGT en HP y participará en la concentración este próximo 1 de julio en defensa del empleo. Además, “respalda las reivindicaciones para que HP asuma los compromisos en materia de empleo de cara a la fusión con CSC y paralice la política de despidos indiscriminados”.

Una delegación de IU Aragón encabezada por su Coordinador General, Adolfo Barrena, el responsable de Organización, Álvaro Sanz, y la responsable de Políticas Sociales, Paloma Lafuente, será la encargada de acudir a la movilización a las 12.00 horas.

En opinión de IU Aragón, “la actividad de HP es clave para la economía, el empleo y el sector de la innovación y la tecnología en Aragón”. Por ello, considera necesaria la implicación del Gobierno de Aragón, “porque no es de recibo que el Ejecutivo PSOE-CHA mire para otro lado, mientras se destruye empleo en este sector”, denuncia Barrena para reiterar que Izquierda Unida continuará apoyando a estas trabajadoras y trabajadores en la calle y en las instituciones.

La concentración tendrá lugar el viernes 1 de julio en la Oficina Principal de Caixa, esquina calle Don Jaime, en la antigua oficina de Barclays a las 12.00 horas.

LA MULTINACIONAL SUIZA ASEA BROWN BOVERI S.A. (ABB), CON 400 DESPIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, ABRIRÁ UN ERE QUE AFECTARÁ A 120 PERSONAS MÁS EN ESPAÑA

La multinacional suiza Asea Brown Boveri S.A. (ABB), una ingeniera eléctrica y de automatización, comunicó a principios de junio a los sindicatos la intención de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectaría a unas 120 personas en toda España.

La dirección de la compañía en España ha confirmado la intención de reestructurar su plantilla en todo el país, en el que será un “proceso de transformación” que conlleva el desplazamiento de ciertos de servicios que se ofrecen en Sant Quirze, a Polonia.

“Estamos en un proceso de consultas de un ERE que ABB ha hecho y que en España afecta a 120 trabajadores, repartidos entre Madrid y Cataluña en su gran mayoría. Es un ERE que se ha emitido por causas organizativas y productivas, en el cual no estamos de acuerdo”, señalan fuentes de UGT.

Sería el quinto ERE de ABB en España en solo tres años

“Nosotros interpretamos que, al margen de lo que está diciendo la empresa, el ERE obedece a un motivo de deslocalización, ya que no es el primer ERE en los últimos años, sino que este es el quinto”, explican las mismas fuentes.

Y es que ABB, en los últimos tres años, ha realizado hasta cuatro ERE, despidiendo a un total de 400 personas, con lo que, sin contar el nuevo ERE, la plantilla en España ha quedado reducida a 2.100 personas.

¿Cómo y cuándo vender una empresa?

El periodo de consulta termina el próximo 8 de julio, y el objetivo de los sindicatos pasa por que “la empresa recapacite y dé marcha atrás” o, al menos, “que no haya bajas traumáticas”.

Los trabajadores explican, además, que la empresa se puede permitir seguir contando con los trabajadores: “No estamos hablando de un caso de una empresa con pérdidas, sino todo lo contrario.

Es verdad que no tiene los beneficios de años anteriores, pero aun así ya hay un repunte este 2016 frente a 2015. La situación, por tanto, se ha salvado, ya que la empresa nunca ha llegado a tener pérdidas. Y lo que queremos es que recapaciten”.

CCOO DENUNCIA TRES DESPIDOS EN SPORT TAVERN

LA RIOJA

La Federación de Servicios de CCOO denunció que el establecimiento Sport Tavern, del barrio de Siete Infantes, ha procedido a «despedir a tres trabajadores dos días antes de realizar la votación para obtener delegado de personal» en el citado negocio, situado en avenida Club Deportivo.

El sindicato anunció que los hechos han sido denunciados ante la autoridad laboral.

LOS PRIMEROS CIEN AFECTADOS POR DESPIDOS DE ESPAÑA-DUERO DEJAN LA ENTIDAD

La consejera delegada señala que son todas salidas voluntarias y que las fechas están siendo elegidas por los propios trabajadores

La consejera delegada del banco EspañaDuero, María Luisa Lombardero, ha confirmado que los primeros 100 empleados afectados por la reestructuración del banco dejan el miércoles día 29, la entidad y ha destacado su deseo de implicarse personalmente en que el proceso, que contempla la salida de 850 trabajadores hasta diciembre de 2018, será lo menos traumático posible para estas personas.

Tras la presentación en Valladolid del informe ‘La empresa de Castilla y León 2016’, Lombardero ha asegurado que la regulación de empleo será «paulatina, lenta, adaptada a las necesidades individuales de cada empleado y voluntaria». “Mi empeño es que las sustituciones sean tranquilas, solapando a los empleados, y que dentro de lo posible, ya sé que es muy duro, cuidemos lo más posible a nuestros trabajadores, ya que se lo merecen y han pasado momentos duros”.

Con respecto a las cien personas que dejarán la entidad, Lombardero ha señalado que son todas salidas voluntarias y que las fechas están siendo elegidas por los propios afectados. “Vamos a intentar atender a todos los casos para que las salidas se adapten a sus circunstancias familiares y profesionales.

Queremos un proceso razonable, ya que bastante traumático ha sido ya como para tener que forzarlo en sus formas”.

Extremadura Cáceres Plasencia Navalmoral Prov. de Cáceres Badajoz Mérida Vegas Altas Almendralejo Prov. de Badajoz Última Hora

El TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEÓN (TSJCyL) RATIFICA LA SENTENCIA QUE CONDENA A LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA POR LOS DESPIDOS EN IFESA

Los trabadores de Ifesa que fueron despedidos protestan en un pleno de la Diputación

Confirma el fallo previo del Juzgado de lo Social y obliga a La Salina a pagar 265.000 euros a los tres empleados en concepto de salarios atrasados e indemnizaciones

Los tres trabajadores de la disuelta Institución Ferial de Salamanca (Ifesa) que fueron despedidos el 31 de julio de 2015 por una decisión del grupo de gobierno de la Diputación han conquistado una nueva victoria en los juzgados.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado una sentencia, que ratifica plenamente el fallo judicial emitido por el Juzgado de lo Social número uno de Salamanca el 28 de diciembre de 2015.

Entonces, el juez que abordó el caso ordenó a la Diputación a pagar, conjuntamente con Ifesa, los salarios no abonados hasta el despido de estos tres trabajadores (unos 52.000 euros), los salarios de tramitación (42.000 euros más) y la indemnización completa (170.000 euros), al tratarse de despidos improcedentes. En total, el pago supondrá para las arcas públicas el desembolso de 265.000 euros.

Inmaculada Hernández, Fernando Rodríguez y Fernando Pena fueron despedidos de Ifesa, después de haber estado trabajando en la entidad ferial entre 20 y 17 años dependiendo de cada caso. Su despido generó una tormenta política dentro de La Salina, desencadenando fuertes acusaciones de la oposición socialista contra el presidente de la Diputación, Javier Iglesias. Los tres empleados despedidos acudieron incluso a las sesiones de los plenos provinciales para hacer visible su protesta.

«Estoy muy satisfecha y supone un descanso para mí», explicó Inmaculada Hernández, quien destacó que el fallo del TSJCyL ratifica de «manera contundente y clara» en todos sus términos la sentencia previa del Juzgado de lo Social, que finalmente fue recurrida por la Diputación. Inmaculada Hernández rememoró las penurias que han tenido que soportar durante todo este periodo ella y sus dos compañeros, «ya que nos deben nóminas desde febrero de 2015 y hasta nuestro despido estuvimos trabajando sin cobrar un solo euro».

Aunque las dos sentencias dan la razón a los trabajadores, la Diputación podría demorar aún más los pagos, recurriendo ante las instancias del Tribunal Supremo.

EL ERE DE LA MINA AGUABLANCA SE EJECUTA EN MONESTERIO CON 173 DESPEDIDOS

El Gobierno de Rajoy sigue sin emitir la Declaración de Impacto Ambiental para que empiece la explotación subterránea. Fernández Vara pedirá que se agilice el proceso

El jueves es el último día de trabajo para los 173 empleados de la mina de níquel porque entra el vigor el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplazado por Río Narcea

“Políticamente el gobierno de Rajoy ha sido parco, ha abandonado los intereses de Extremadura y de una zona desfavorecida con escasas alternativas económicas”, critica Julián Carretero, de CCOO

Protesta de los mineros de Aguablanca

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Han sido unos meses intensos, llenos de movilizaciones y marchas en defensa del empleo de las familias del sur de Badajoz. La historia de Aguablanca es la crónica de un despido masivo anunciado, hasta 400 familias a la calle de manera directa e indirecta. Y de ellas muchas conservan escasos cuatro meses de prestación por desempleo porque anteriormente se han enfrentado a otras regulaciones de empleo.

Ahora queda un día para que se ejecuten los despidos. La multinacional Rio Narcea aceptó en marzo aplazar el expediente hasta esta fecha a la espera de que otra empresa se hiciera cargo de la gestión de la mina de níquel.

Existe un escollo sin resolver, y es el hecho de que el Gobierno de Rajoy no ha emitido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable para la explotación subterránea de la mina de níquel, un requisito ‘sine qua non’ para que otra empresa cogiera las riendas. Fernández Vara ha dicho que pedirá que se agilice el proceso.

Aunque el Gobierno en funciones sorprendiera a todos los presentes y emitiera un informe favorable, poco cambiarían las cosas. Los despidos se producirían.

Habría hasta cinco empresas interesadas en quedarse con la explotación aunque sigue sin existir un acuerdo de compra venta. Sin DIA previa no puede haber comprador y además tampoco se conoce el contenido de la declaración de impacto, o si finalmente las empresas que han dicho estar interesadas lo estarán cuando conozcan las condiciones.

«No se han agotado las posibilidades»

Es un momento “doloroso, simbólico” porque finalmente se cumplen los ERE, aunque eso no significa que se hayan agotado todas las posibilidades según afirmaba el consejero de Industria José Luis Navarro. Insistió en que los trabajos continúan, y que aunque el despido se ha hecho efectivo siguen buscando que alguna empresa se haga cargo.

El sentimiento en Monesterio es de derrotismo. Y motivos no les faltan porque se trata de una zona sin una alternativa para recolocar a toda la masa de trabajadores y trabajadoras.

Comenta Antonio Garrote, alcalde de esta localidad de 4.500 habitantes, que los ánimos están por los “suelos”. Finalmente se cumplieron sus peores presagios tras llevar a cabo infinidad de concentraciones, marchas y negociaciones en las que se han implicado las localidades de toda la comarca, tanto de Huelva como de Badajoz.

“Esto no podía continuar hasta que no estuviera la DIA, a modo de símil es como si quieres hacer una obra sin licencia”, lamenta el regidor, que explica que más de medio centenar de las familias que se quedan sin trabajo son de esta localidad.

UN JUEZ INVESTIGA A LA CÚPULA DE INECO POR IRREGULARIDADES EN EL ERE

EFE – Madrid

Un juez ha admitido a trámite una querella contra el presidente de Ineco, Jesús Silva, su predecesor en el cargo y actual presidente de Renfe, Pablo Vázquez, y otros 43 directivos y miembros del antiguo comité de empresa, por un posible delito de vulneración de los derechos de los trabajadores.

La querella, admitida a trámite el pasado 13 de mayo por el juzgado de instrucción n 3 de Madrid, acusa a la dirección y a los sindicatos de ocultar deliberadamente a los trabajadores la existencia de una bolsa de empleo establecida tras el expediente de regulación de empleo (ERE) abierto en enero de 2013, que supuso el despido de más de 380 personas.

Entre los querellados que serán llamados a declarar figuran también la actual vicepresidenta de Renfe y exvicepresidenta de Ineco, Berta Barrero, y el director de Recursos Humanos de la empresa de ingeniería, Jorge San José.

Entre las condiciones de dicho ERE figuraba la obligación por parte de Ineco de ofrecer a los trabajadores despedidos, que debían tener derecho preferente de recolocación, cualquier vacante que se produjera.

Y, según la querella a la que ha tenido acceso Efe, durante los tres años de vigencia del ERE, entre enero de 2013 y enero de 2016, Ineco contrató a más de 500 personas -aunque en esta cifra se incluyen las contrataciones hasta mayo de este año-, de las cuales únicamente 24 eran afectados por los despidos.

Por eso, los siete exempleados de Ineco que firman la querella acusan tanto a la dirección como al comité de empresa que firmó el acuerdo de ocultar deliberadamente la existencia y las condiciones de la bolsa de empleo, y de dedicar por el contrario recursos a la contratación de empresas de trabajo temporal y de selección de personal -Personal 7, Catenon, y Comunidad Laboral Ibérica-.

Entre las tres habrían firmado contratos con Ineco por un importe cercano a los ocho millones de euros (7.750.000) entre los años 2014 y 2016.

Simultáneamente, Ineco efectuaba búsquedas de empleo a través de páginas como Infojobs o Linkedin, donde de manera anónima, sin desvelar qué empresa buscaba trabajadores, publicó entre enero de 2014 y enero de 2016 cerca de 500 ofertas de trabajo, una labor por la que la empresa de ingeniería ha desembolsado cerca de 70.000 euros anuales.

Asimismo, los demandantes mencionan otros gastos en los que habría incurrido Ineco mientras estaba vigente el ERE, como la contratación de cursos de inglés por valor de 600.000 euros, contratos con la compañía de viajes de El Corte Inglés por cinco millones, o un contrato con KPMG por un millón de euros.

Durante todo ese tiempo, a los trabajadores les fue hurtado el conocimiento de la bolsa de trabajo, ya que la comisión de seguimiento del ERE, que debía reunirse al menos una vez al mes, no se reunió desde el 8 de julio de 2013 hasta el 22 de enero de 2015, un total de 18 meses.

Una vez admitida a trámite la querella, el pasado 13 de mayo, la Fiscalía solicitó el día 26 de ese mes que se declarara la causa «compleja», dado que la instrucción se podría dilatar excepcionalmente, por las especiales características de los hechos.

Con ello, la investigación podría prolongarse durante 18 meses con posibilidad de ampliarse a 36, frente a los seis establecidos para una fase de instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

EL COMITÉ DE COLUMBIA ANUNCIA MOVILIZACIONES SI LA EMPRESA NO SE SIENTA A NEGOCIAR UN PLAN DE VIABILIDAD

Los sindicatos rechazan los dos últimos despidos de Columbia de Reinosa y advierten que su viabilidad “no puede basarse en EREs y despidos”

El comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión, centro especial de empleo para la inclusión de personas con discapacidad de la Fundación ONCE, ha advertido en un comunicado que se está planteando la convocatoria de movilizaciones en la fábrica de Reinosa “si la dirección no se sienta a negociar de una vez por todas un plan de viabilidad de futuro”.

En su comunicado, el comité de empresa de la planta productiva de Columbia en la capital campurriana, rechaza los dos últimos despidos decretados recientemente por la empresa, tras precisar que en los últimos años la plantilla se ha reducido de 87 a 59 trabajadores y ya se han aplicado dos expedientes de regulación de empleo “con una significativa reducción de la jornada laboral (entre un 20 y un 50%) y de un 17% de los salarios”.

Los sindicatos recuerdan que la dirección de Columbia aplicó un primer expediente de regulación de empleo en 2014 y al año siguiente “volvió a implantar otro sin causa alguna que lo justificase con más reducciones de jornada y suspensiones de empleo, que ya ha sido rechazado por los tribunales de justicia”.

“No se entiende bajo ningún concepto la situación actual de la empresa ni que se tenga que despedir a dos trabajadores, y más, después de todas las medidas implantadas hasta la fecha y el abaratamiento de costes laborales y salariales que han implicado, a lo que se suma que Columbia es un centro especial de empleo que recibe subvenciones y bonificaciones en la Seguridad Social”.

“El plan de viabilidad de la fábrica no puede basarse exclusivamente en regulaciones de empleo, en despidos y en el sometimiento de los trabajadores a unas duras condiciones laborales y salariales, sin plantearse en ningún momento otras alternativas de futuro”, subrayan los sindicatos de Columbia, que manifiestan su preocupación por “la sostenibilidad” de la planta reinosana por una “mala gestión”.

En este sentido, el comité de empresa de Columbia Cintas de Impresión critica que “en los últimos meses se está apreciando una notable disminución de la carga de trabajo en las áreas de producción y logística porque la empresa ha reorientado la línea de negocio, apostando por otras que requieren de menor personal, e incluso ha cerrado determinadas tiendas que estaban lejos de no ser rentables”.

Los sindicatos de la fábrica de Columbia Cintas de Impresión en Reinosa insisten en que la empresa “tiene que negociar forzosamente un nuevo plan de futuro porque, de lo contrario, nos veremos obligados a iniciar movilizaciones hasta cuando sea necesario”.

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ROCA NO LEVANTA CABEZA: LA DIRECCIÓN PLANTEA UN ERTE

A partir de septiembre, los 125 empleados de la fábrica de bañeras tendrán que irse a sus casas durante varios meses si no lo remedia la negociación.

Trabajadores de Roca en una movilización en 2013 ->

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Nuevo golpe a la industria de Alcalá de Henares. La fábrica de Roca volverá a sufrir un expediente temporal por el mismo problema que ya afectó a los trabajadores varias veces. Hay exceso de ‘stock’ y, ante la falta de capacidad para dar salida a lo ya fabricado, Roca echa el cierre durante varios meses.

Es un conflicto recurrente. Los trabajadores temen que, del mismo modo que comenzó así el proceso de cierre de la fábrica de porcelanas dejando en la calle a 250 compañeros, este sea el principio del fin para la fábrica de bañeras.

A partir de septiembre, los 125 empleados de la fábrica de bañeras tendrán que irse a sus casas durante varios meses si no lo remedia la negociación. Se lo ha comunicado la dirección, justo cuando trabajadores y compañía acababan de firmar el nuevo convenio colectivo. Según Juan José Lucas, delegado de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa, es evidente la acumulación de stock al que Roca no logra dar salida.

Sospechan, sin embargo, que puede haber otros motivos: «Dicen que hay un ‘stock’ elevado y que el mercado ruso no está teniendo la demanda que estimaban. Paran la producción a la espera de que se reactive.

Siempre hablan de intentar mejoras en las ventas a través de otras empresas del grupo, pero no se producen. Esperamos adivinar los motivos reales cuando nos presenten la documentación».

Los trabajadores defienden que, independientemente de los motivos, «hay alternativas a un cierre que repercutirá nuevamente en los ingresos de las familias que todavía no han recuperado el derecho a todo el paro desde el último expediente» ya que, según la ley, para ello deben haber pasado seis años.

Aunque las circunstancias no son exactas, los trabajadores tienen muy presente lo ocurrido con la fábrica de porcelanas que Roca cerró en 2013 dejando en la calle a 250 compañeros. Lucas asegura que aquel conflicto «comenzó igual que este, hablando de las dificultades para colocar todo el producto».

Por cierto, este ERE temporal afectará únicamente a la fábrica de Alcalá de Henares y no a la de Gavá. El miércoles es el día en el que está prevista la primera reunión entre trabajadores y dirección. Todo apunta a que el cierre temporal está decidido y se ejecutaría, por tanto, entre septiembre y diciembre.

LA CONFEDERACIÓ DE COMERÇ MANDA A SU PLANTILLA AL PARO POR VACACIONES

La patronal, en preconcurso de acreedores, presenta un ERE temporal para ahorrarse los sueldos de verano, aunque la plantilla lucha para que no se aplique

La tesorería de la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC) está en rojos y la organización debe ya cinco meses de sueldo a sus trabajadores. Por todo ello, la dirección de la patronal de los comerciantes catalanes, encabezada por Maria Rosa Eritja, quiere mandar a casa a la plantilla hasta final del verano.

¿Vacaciones? No, al paro. Así planteó Eritja a las once personas que quedan trabajando en la CCC, tras el despido de media plantilla, los meses de verano. Fue el pasado 1 de julio, cuando reunió a los trabajadores y les dio una carta, en la que se les informaba de que se iba a presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para los meses de verano.

La intención es aprovechar estos meses de poca actividad para mandar a casa a sus empleados, que igualmente se iban a ir de vacaciones, y de esta manera no acumular más deuda con ellos. En septiembre ya se verá, aunque para entonces la Confederació ya deberá haber presentado el concurso de acreedores –actualmente está en preconcurso– y puede tener los días contados.

Los trabajadores se resisten

La presidenta de la CCC, que acudió acompañada por su abogado, se llevó la sorpresa de que la plantilla se atrincheró contra el ERTE. La causa, que no quieren gastar meses de paro, ante la posibilidad de que, a medio plazo, terminen perdiendo definitivamente su trabajo, por la crisis de la patronal, y necesiten la prestación.

La resistencia de los trabajadores ha evitado que el ERTE se haya ejecutado por ahora, pero la cúpula sigue con su intención de aplicarlo. No obstante, existen dudas de que el expediente se pueda tirar para adelante, a causa de los despidos de los últimos meses.

Entre mayo y junio, la Confederació despidió a la mitad de su plantilla, recortes que inició el ex secretario general, Miquel Àngel Fraile. La organización ha prescindido de sus delegados territoriales, a los que además de cuatro nóminas, debe ahora el despido, y a algunos empleados de las oficinas de Barcelona.

Por ley, no se pueden presentar dos ERE, de cualquier tipo, en menos de tres meses.  La CCC no ha presentado ningún otro expediente, pero ha despedido a más de la mitad de su plantilla. Aunque lo ha hecho mediante despidos individuales, cuando una empresa de menos de 100 trabajadores despide a más de diez, está obligada a presentar ERE, por lo que la Confederació se puede encontrar ante un nuevo dolor de cabeza.

Día clave

Con toda probabilidad, esta problemática se tratará en la junta que tendrá lugar el lunes 11 de julio, en la que se prevé que la cúpula de la CCC tome decisiones importantes para su futuro. Para empezar, si presenta el concurso y cómo afronta los próximos meses.

Necesita financiación urgentemente y, a pesar de que está en conversaciones con la banca, ésta no parece estar por la labor.

Las cuentas de la patronal repelen a los bancos. Tras seis años consecutivos en pérdidas, acumula un patrimonio negativo de 2,6 millones de euros, y sus reservas y activos no alcanzan para devolver ni la mitad de sus deudas. Sólo a los centros de formación deben 1,6 millones. Los centros saben que tendrán muy difícil cobrar aunque sea una parte y el lunes inician movilizaciones de protesta.

Medidas contra Fraile

En la junta, Eritja deberá presentar también las conclusiones de las últimas investigaciones internas sobre la situación de la entidad. Como avanzó Economía Digital y reconoció posteriormente la presidenta de la CCC, la nueva cúpula descubrió que Fraile había presentado cuentas que no se ajustaban a la realidad durante al menos dos años: 2013 y 2014.

Tras este hallazgo, que Eritja calificó de «sorpresa» para toda la cúpula de la Confederació, ésta inició una auditoría interna para descubrir toda la verdad sobre la gestión de la patronal durante los últimos 31 años. Como adelantó este medio, ha habido sueldos y dietas astronómicas, sueldos paralelos, enchufismo y abuso de los centros de formación.

Se espera que la presidenta de la organización presente un informe de todo lo encontrado hasta el momento y que, si es concluyente, se tomen medidas legales contra Miquel Àngel Fraile. Según aseguró Eritja hace diez días, por ahora no se ha tomado ninguna, más allá del despido, pero la cúpula de la CCC está más que dispuesta a hacerlo para cargar toda la responsabilidad en el ex secretario general.

LOS TRABAJADORES DE FCC MANTIENEN LA AMENAZA DE HUELGA, PERO SIN FECHA

Los trabajadores se concentraron en la Plaza de España para pedir el apoyo de la ciudad en sus reivindicaciones: http://www.hoy.es/noticias/201606/30/media/100236947.jpg

Con las negociaciones rotas y la petición de huelga cursada a la Delegación del Gobierno, el conflicto de FCC entra ahora en la especulación sobre las fechas. Desde el Comité de Empresa creen que, como mínimo, la huelga no empezará hasta mediados de julio. Hasta entonces, a nadie se le escapa que las conversaciones en la que según explican ya ha entrado directamente el Ayuntamiento, puede resolverse por una vía paralela a la mesa de negociación.

En esta concentración tuvieron el respaldo de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Su presidente, Pablo Simón, argumenta este apoyo porque entiende que las consecuencias de este conflicto afectan también a las barriadas. «Hay una vertiente laboral en la que nosotros no nos metemos, pero no queremos una ciudad llena de basuras con el calor y con el Festival de Teatro».

Pablo Simón recuerda que las barriadas llevan sufriendo el recorte de servicio que aprobó el anterior gobierno con la nueva contrata.

«Si le quitas tres millones de euros es normal que ya no se barra todos los días y solo se riegue las calles esporádicamente, no a diario como antes. La ciudad está más sucia que antes», sentencia. El conflicto sigue abierto.

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