Boletín de Luchas Obreras (12 de Agosto de 2016)

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ÍNDICE:

  • TRABAJADORES DE YBARRA REFRENDAN EL ACUERDO Y PIDEN A JUNTA DE ANDALUCÍA Y AYUNTAMIENTO QUE AGILICEN AUTORIZACIONES
  • SERVICIOS AUXILIARES MARÍTIMOS (SAM ALGECIRAS) RETIRA EL ERE A CAMBIO DE DOS AÑOS DE PAZ SOCIAL
  • EL SOMA ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA EL GOBIERNO POR «ENGAÑAR» A LOS MINEROS
  • CCOO CONVOCA HUELGA EN ENCE POR ACOSO LABORAL A UN DELEGADO SINDICAL
  • PRIMER DÍA DE HUELGA DE LOS EDUCADORES DEL GUGGENHEIM
  • RAFAEL MONTERO MANTIENE UNA NÓMINA DE 4.000 EUROS EN LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELLÓ (CEC) PESE A SU DESTITUCIÓN
  • TODAS LAS EMPRESAS DE ABENGOA SUFRIRÁN UN ERTE
  • POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS EN CATSA MÁLAGA
  • DEFENSA REGULA EN PLENO AGOSTO LA JORNADA LABORAL DE LOS MILITARES
  • COMUNICADO DE APOYO Y SOLIDARIDAD PCPA-PCPE CON TRABAJADOR DE LA CAFETERÍA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
  • EL ATASCO EN LOS SEIS JUZGADOS QUE TRAMITAN DESPIDOS EN BALEARS DOBLA LA MEDIA NACIONAL
  • EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS NOTIFICA POR ESCRITO LOS DESPIDOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES

EL PSOE EN LOS BARRIOS ESPERA QUE “IMPERE LA CORDURA Y LA DECISIÓN DE RECURRIR LOS DESPIDOS A INSTANCIAS JUDICIALES EUROPEAS QUEDE SIN EFECTO”

NUEVA JORNADA DE HUELGA EN LOS PARKINGS DE SAN SEBASTIÁN

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TRABAJADORES DE YBARRA REFRENDAN EL ACUERDO Y PIDEN A JUNTA DE ANDALUCÍA Y AYUNTAMIENTO QUE AGILICEN AUTORIZACIONES

Sevilla (Europa Press)

Los trabajadores de Ybarra han refrendado el acuerdo alcanzado ente la empresa y los representantes sindicales y del comité de empresa, por el que la empresa agroalimentaria ha decidido asumir la indemnización complementaria durante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado tras el incendio de la fábrica en el mes de julio, tras lo que los trabajadores han pedido que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento agilicen las autorizaciones y los permisos pertinentes para volver a poner en marcha la fábrica.

Fuentes del sindicato UGT han indicado a Europa Press que se ha celebrado una asamblea de trabajadores de Ybarra, donde se les ha explicado el contenido del acuerdo con la empresa y los compromisos adoptados entre las partes.

Las fuentes valoran que «dentro de la incertidumbre, la situación está más optimista», después de que empresa y trabajadores hayan acordado que la empresa «se compromete a asumir el desplazamiento, manutención y alojamiento en el caso del personal reubicado en otras plantas», tras lo que han recordado el carácter voluntario de las medidas.

Asimismo, los trabajadores han refrendado las peticiones de sindicatos y comité de empresa, e incluso de la propia empresa, de que el Ayuntamiento y la Junta «agilicen lo máximo posible las autorizaciones». «La administración local ha sido muy accesible pero los permisos dependen de ellos, mientras que la Junta, ya que no va a aportar ninguna ayuda económica, debería agilizar las autorizaciones que le corresponden».

«Es tan importante esa ayuda administrativa como la económica«, han aseverado las fuentes.

Los trabajadores de la empresa andaluza Ybarra han desconvocado las movilizaciones después de que la empresa agroalimentaria haya decidido asumir la indemnización complementaria durante el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) planteado tras el incendio de la fábrica en el mes de julio.

Fuentes de Fitag UGT Sevilla han informado de la desconvocatoria de las concentraciones de los trabajadores de Ybarra, previstas ante la Junta de Andalucía y ante la Subdelegación del Gobierno central en Sevilla, para pedirles que establecieran ayudas que complementen al ERTE aprobado en Ybarra tras el incendio de la fábrica.

SERVICIOS AUXILIARES MARÍTIMOS (SAM ALGECIRAS) RETIRA EL ERE A CAMBIO DE DOS AÑOS DE PAZ SOCIAL

La empresa y los trabajadores harán un estudio sobre las necesidades de la compañía Si hay que despedir, será con incentivos

Giro de 180 grados en el conflicto laboral de SAM Algeciras. La empresa Servicios Auxiliares Marítimos (SAM Algeciras), el comité de empresa y los sindicatos CCOO y UGT firmaron un acuerdo extrajudicial que supone la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por el que la compañía logística del Grupo Alonso pretendía despedir a 27 trabajadores. Todas las partes quedan emplazadas a mantener dos años de paz social y a buscar fórmulas para dar viabilidad a la empresa, entre otras estipulaciones.

El acuerdo, firmado en la sede algecireña del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), tiene una vigencia de dos años, según anunció la Junta de Andalucía en un comunicado.

Durante ese tiempo ambas partes quedan comprometidas al mantenimiento de la paz social por las cuestiones acordadas en el mismo, así como el sometimiento a la mediación del Sercla en el resto de conflictos que pudieran plantearse por cuestiones no contempladas en el mismo.

La empresa se compromete a consultar con el comité cualquier cuestión que afecte a las relaciones laborales, lo que, según la Junta, «supone el establecimiento de un mecanismo de prevención de los conflictos y la mejora del clima social con el fortalecimiento de la participación del comité de empresa en los asuntos laborales».

Ambas partes harán una estrategia de consolidación de la imagen de Servicios Auxiliares Marítimos Algeciras transmitiendo el compromiso de paz social y normalización de las relaciones laborales para fortalecer la relación de confianza con clientes, proveedores, administraciones y, en general, con la totalidad del entorno social.

Como asuntos más concretos, destaca la puesta al día de los atrasos antes del 9 de septiembre de este año y el compromiso de abono de los salarios antes del día 10 de cada de mes.

También se ha pactado la plena aplicación del Convenio Provincial de Transporte de Mercancías por Carretera de Larga Distancia de la provincia de Cádiz.

En caso de que la actualización de tablas del citado convenio contemple el carácter retroactivo, las partes acordarán los plazos y cuantías para el fraccionamiento en el pago de los atrasos.

La empresa y la representación laboral crearán una comisión negociadora para el establecimiento de una flexibilidad funcional y horaria de la jornada semanal que permita dar una respuesta a las necesidades operativas de la empresa.

Esta comisión tendrá de plazo también hasta el 9 de septiembre de 2016 y durante ese periodo no se podrán reducir puestos de trabajo.

«En caso de que fuese necesaria la adopción con posterioridad de esta medida una reducción, se hará con los límites que marca la legislación vigente para los despidos objetivos», precisó la administración regional. «Para ello, se invitará a los trabajadores que pudieran estar interesados en abandonar la empresa a ponerlo en conocimiento de la dirección para su valoración.

A los trabajadores que se pudieran ver afectados se les ofrecen un incentivo y la posibilidad de inclusión en un plan de acompañamiento para la mejora de la empleabilidad, que incluirá ayudas para la formación que el trabajador elija», resaltó la Junta en el resumen de medidas del acuerdo.

Finalmente, la parte social se compromete la retirada de las acciones administrativas y judiciales iniciadas sobre las materias que son objeto del presente acuerdo y se desconvoca la huelga prevista.

La delegada territorial de Empleo en Cádiz, Gema Pérez, presente en el acto de firma, valoró positivamente el acuerdo por suponer la recuperación de un clima de normalidad en las relaciones laborales. «Lo que, sin duda, va a posibilitar la consolidación de este proyecto empresarial que la Junta de Andalucía ha venido apoyando desde el principio», comentó. La delegada felicitó al equipo de mediadores del Sercla que ha participado en la consecución del acuerdo.

La retirada del expediente de regulación laboral se produce apenas 48 horas antes de que concluyera el periodo de consultas establecido desde la presentación del expediente (11 de agosto) y pone fin a un clima de conflictividad marcado por numerosas huelgas desde septiembre del año pasado.

EL SOMA ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA EL GOBIERNO POR «ENGAÑAR» A LOS MINEROS

EFE

El sindicato tiene previsto iniciar acciones por la vía administrativa, pero tampoco descarta otras reclamaciones que pueden llegar incluso al ámbito europeo

El SOMA-FITAG-UGT ha anunciado este martes que va a emprender acciones legales a nivel nacional contra el Gobierno central por considerar que ha engañado a los mineros y las comarcas mineras al incumplir el acuerdo marco del carbón, según el secretario de Acción Sindical de esta organización, Rafael Carrión.

Dirigentes de este sindicato se han reunido con alcaldes del suroccidente de Asturias y con el secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Jesús Gutiérrez, para abordar la problemática que atraviesa la minería privada de la zona, y especial la Compañía Minera Astur Leonesa.

Esta empresa, inmersa en un expediente de regulación de empleo, «es un hito más en el acoso del Gobierno del PP hacia el carbón nacional» que, según Carrión, se aprecia en que no se está garantizando la entrada de mineral nacional en las térmicas o en la falta de los incentivos comprometidos para mejorar la tecnología de las centrales que lo utilicen.

El SOMA-FITAG-UGT ha reclamado el apoyo de los alcaldes del suroccidente asturiano para que exijan a estas centrales que compren el carbón nacional y que se prime éste frente al de importación porque, si no, será el fin de la minería y el declive de las comarcas que viven de su extracción.

Además de reclamar el cumplimiento del convenio marco del carbón, el sindicato ha exigido la convocatoria de la mesa de seguimiento del mismo ante unos incumplimientos que consideran reiterados y que les ha llevado a plantearse pedir en los tribunales responsabilidades personales «por esos engaños públicos».

«El Gobierno del PP no puede dar la callada por respuesta; es responsable de esta situación y exigimos la puesta en marcha inmediata de la quema de carbón autóctono y que se reúna comisión de seguimiento», ha señalado Carrión, para quien los incumplimientos del Gobierno deben tener trascendencia jurídica. En principio, el sindicato tiene previsto iniciar acciones por la vía administrativa, pero tampoco descarta otras a nivel nacional.

En cuanto a la propuesta lanzada por Podemos de poner un arancel sobre el carbón de importación para primar al nacional, Jesús Gutiérrez ha señalado que no es más que un brindis al sol y una iniciativa imposible de conseguir en un mercado libre como es el europeo.

Incluso en el caso de que se pudiera explorar esa vía en el seno de la Unión Europea, Gutiérrez ha señalado que la minería del carbón de Asturias no dispone del tiempo que exigiría proceder a su puesta en marcha.

El dirigente socialista también ha recordado que la formación morada llevaba en el programa electoral de las elecciones del 20 de diciembre una propuesta para eliminar prácticamente las térmicas de carbón que, a su vez, conllevaría el cierre de la minería.

«Pedir ahora un arancel en un mercado libre como el europeo suena muy romántico pero del romanticismo no pueden vivir los mineros ni las comarcas mineras», ha concluido, tras asegurar que el PP ha demostrado desde el primer día que no tenía voluntad de solucionar los problemas que vive el sector.

CCOO CONVOCA HUELGA EN ENCE POR ACOSO LABORAL A UN DELEGADO SINDICAL

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO convoca huelga en Ence los días 9, 10 y 11 de agosto.

http://www.fsc.ccoo.es/comunes/recursos/15585/2263271-__Version2.jpg

Después de varias reuniones en todos los centros de trabajo de Ence, en ninguno de ellos se llegó a un acuerdo para la desconvocatoria de la huelga, por lo que esta sigue siendo efectiva para los centros de trabajo de Oficinas Centrales Navia, Oficinas Centrales Pontevedra, Fábrica de Navia CEASA y los dos Centros De Huelva (HU40 y PBT)

Por todo ello se ha convocado a la totalidad de sus plantillas a una concentración en las puertas de cada uno de estos centros de trabajo a las 7:30 de la mañana del día 9 así como los días siguientes de huelga (10 y 11).

En ninguno de los centros se ha llegado a un acuerdo respecto a los servicios mínimos, que se han firmado en desacuerdo. Mientras persista el conflicto pedimos la no colaboración más allá de la jornada obligatoria.

PRIMER DÍA DE HUELGA DE LOS EDUCADORES DEL GUGGENHEIM

Los dieciocho educadores y orientadores de sala del Museo Guggenheim de Bilbo, pertenecientes a la empresa subcontratada Manpower Group, han llevado a cabo el primero de los 8 días de huelga convocados en demanda de la estabilidad y mejora de sus condiciones laborales.

Comparecencia de los huelguistas en el exterior del Guggenheim ->

http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/311/955/news_landscape/guggenheim.jpg?1470742431

En una rueda de prensa en el exterior del museo, paralela a una larga cola en el acceso al edificio, los educadores han explicado los motivos de su paro.

El origen del conflicto está en que el actual contrato de servicio de Manpower con el Guggenheim, iniciado en 2014, concluye el próximo 30 de setiembre y hay que convocar un nuevo concurso para licitarlo otra vez.

Los educadores quieren garantías de que sus puestos de trabajo van a ser subrogados al nuevo adjudicatario, es decir, que van a tener continuidad.

Además de la estabilidad, demandan una mejora de sus condiciones laborales, ya que consideran que realizan trabajos «con una alta cualificación profesional a precio de trabajador no cualificado».

Entre otras tareas, se encargan de las visitas comentadas para escolares y adultos, sesiones de formación de docentes, programas para familias y orientación en sala.

De momento, según han explicado, la empresa les han dicho que no puede atender sus demandas de mejoras salariales y laborales si no se modifican las condiciones económicas en las que el Museo bilbaíno licita el servicio.

Por su parte, el museo les ha trasladado un compromiso verbal de dar respuesta a finales de agosto o principios de setiembre a su demanda de introducir la cláusula de subrogación en futuras licitaciones del servicio.

No han recibido respuesta de las instituciones propietarias del museo. Escribieron al Gobierno de Lakua, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbo y el único que les ha contestado ha sido el alcalde, sugiriéndoles que se dirijan a la dirección del museo.

Por el momento no hay prevista ninguna nueva reunión negociadora, por lo que los educadores han instado a todas las partes a buscar una solución con urgencia.

Permanecen convocadas el resto de las jornadas de huelga, los días 11, 16, 18, 23, 26 y 30 de agosto y el 1 de setiembre. No obstante, han expresado también su disposición a desconvocar estas movilizaciones «siempre y cuando exista una garantía real de subrogación y de reconocimiento de la categoría profesional exigida».

RAFAEL MONTERO MANTIENE UNA NÓMINA DE 4.000 EUROS EN LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE CASTELLÓ (CEC) PESE A SU DESTITUCIÓN

La patronal pretende acelerar su despido con la indemnización mínima posible por su falta de recursos

Rafael Montero sigue con una nómina superior a los 4.000 euros netos mensuales pese a ser sustituido de la secretaría general y quedarse sin función alguna en la Confederación de Empresarios de Castelló. Montero se ha quedado solo en la patronal, tal como comprobó en la junta directiva y la asamblea, donde no le dejaron asistir, pero se niega a marcharse, de ahí que continúe de empleado.

Estuvo casi 30 años moviendo los hilos de la patronal provincial junto al presidente José Roca. Sus detractores le reprochan que la utilizó la CEC como si fuera una empresa propia. La mayoría de la asamblea lo despojó de su cargo por su implicación en un presunto fraude de 1,8 millones en ayudas públicas a cursos de formación, pero aplazó su despido ante la negativa de Montero a renunciar.

Desde la CEC subrayan que quiere forzar un despido improcedente para cobrar la indemnización máxima (unos 200.000 euros). La patronal pretende echarlo pagando la mínima indemnización que sea posible por el daño que cree que ha generado la causa judicial y para no agravar el estado de sus cuentas. Aspira a formalizar el despido lo más rápido posible ante sus elevadas retribuciones.

La asociación empresarial es consciente de que es complicado esgrimir la causa judicial para eludir la indemnización sin existir una sentencia en firme, pero no quieren mantener a Montero durante el tiempo que tarde en notificarse el fallo, que podría producirse dentro de dos años. Como alternativa baraja un despido objetivo aduciendo la situación de pérdidas de la CEC.

En este caso, explican desde la entidad, los 20 días por dos años trabajados –cerca de 100.000 euros– que le corresponderían al ex secretario general serían sufragados en un 40 % por el Fogasa, mientras el 60 % restante se quedaría en el aire si la CEC entra en un concurso de acreedores, que será el escenario más probable cuando finalice el preconcurso por su abultada deuda –1,5 millones-.

Las negociaciones con Montero no serán fáciles y todo hace indicar que el exdirectivo recurrirá a todas las vías legales que estén a su alcance para ser despedido de forma improcedente y cobrar así la indemnización máxima.

La CEC ya no puede ver en pintura a su ex secretario general, ya no sólo por una investigación judicial que puede arruinar a la organización, sino por la herencia económica heredada y la falta de transparencia en su gestión.

Desde la gestora, no obstante, subrayan que con el despido de Montero no hay de momento tomada una decisión. El antiguo controlador de la CEC continúa de mero empleado pero ocupando al parecer el viejo despacho de secretario general.

La patronal, mientras tanto, no tendrá que abonar una segunda nómina al nuevo secretario general, Germán Belbis, ya que seguirá en nómina de la sectorial azulejera (Ascer), de donde procede. Su puesto es accidental hasta que se confirme la salida de Montero.

ERE temporal

Lo más apremiante para la patronal, según la gestora, pasa por resolver los impagos con ocho trabajadores que han presentado demanda ante la Inspección de Trabajo. La patronal plantea un expediente de regulación de empleo temporal, por el que los empleados trabajarían por turnos.

Asimismo, se afanará en liberar sus cargas económica en los próximos cuatro meses –plazo del preconcurso –para evitar la suspensión de pagos. Fuentes internas de la CEC ven difícil disminuir la deuda de 1,5 millones en este periodo.

Con el cobro de los retrasos de cuotas pendientes de las sectoriales obtendría 60.000 euros., según las mismas fuentes, que añaden que no se incorporarán otras empresas hasta que no se aclaren los problemas judiciales.

TODAS LAS EMPRESAS DE ABENGOA SUFRIRÁN UN ERTE

Se van a iniciar paros parciales en empresas del grupo Abengoa desde las 10:30 horas, cuando los trabajadores de Abengoa se concentrarán a su vez a las puertas de su centro de trabajo.

MCA-UGT Sevilla ha informado del proceso de negociación del Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en las distintas empresas del grupo Abengoa. Han informado que todas las empresas del grupo Abengoa sufrirán un ERTE que afectará a un importante número de trabajadores de la plantilla.

En este momento se negocian expedientes de regulación de empleo en Abeinsa EPC, Abeinsa BD y Abengoa Research.

Por un lado, Abeinsa EPC cuenta con una plantilla de más de 390 trabajadores y en la propuesta que la empresa ha puesto sobre la mesas, plantea un ajuste de la misma durante 15 meses que afectará a 184 trabajadores.

Abeinsa BD, por su parte, cuenta con una plantilla formada por casi 250 trabajadores de los que se verían afectados 100 trabajadores.

Abengoa Research, cuenta en su plantilla con 100 trabajadores y de ellos 48 se verán afectados durante 15 meses por el expediente propuesto por la empresa.

Ante esta situación, MCA-UGT Sevilla ha manifestado su rechazo a la empresa al aplicar un ERTE a pocos días de la refinanciación que llevará a cabo el grupo Abengoa.

En este sentido las palabras de Agustín Massón miembro de la Comisión Ejecutiva de MCA-UGT Sevilla y presente en las distintas mesas de negociación, “el expediente que pretende aplicar Abengoa en las distintas empresas del grupo, no tienen ningún sentido en una empresa que en próximos días será refinanciada, esto parece más bien un intento de restructuración de la plantilla de forma encubierta, UGT ha manifestado su posición de desacuerdo en todo momento ante una expediente que de ninguna manera se justifica”.

Este jueves 11 y el viernes 12, están convocados unos paros parciales desde las 10:30 de la mañana, a esa misma hora, los trabajadores de Abengoa se concentrarán a las puertas de su centro de trabajo en Palmas Altas como medida de protesta contra el ERTE.

POR LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS EN CATSA MÁLAGA

Somos Sindicalistas CATsa Malaga España

Somos un grupo de trabajadores despedidos de la empresa CATsa en Málaga, cuyo principal cliente es Movistar. Somos teleoperadores, esas personas a las que llamas cuando tienes algún problema o duda y como tú necesitamos un trabajo digno para subsistir.

Durante los últimos años estamos asistiendo a una degradación de nuestras condiciones de trabajo, mientras que Movistar va alcanzando beneficios millonarios año tras año. Por lo tanto decidimos organizarnos para defender nuestros derechos y formamos una sección sindical el 10 de febrero del 2016 y el 18 del mismo mes la empresa CATsa nos despide.

Entendemos que es una clara violación a de uno de los derechos fundamentales que vienen recogido en la constitución, el de la libertad sindical y una clara vulneración de la solemne declaración de derechos humanos. Por eso te pedimos que te unas a nosotros con tu firma, necesitamos tu ayuda para conseguir la nulidad de nuestros despidos y volver a nuestro puesto de trabajo con unas condiciones dignas.

PETICIÓN ->

https://www.change.org/p/randall-flor%C3%ADn-s%C3%A1nchez-readmisi%C3%B3n-despedidos-catsa-m%C3%A1laga

DEFENSA REGULA EN PLENO AGOSTO LA JORNADA LABORAL DE LOS MILITARES

Trabajarán 37,5 horas semanales, pero solo si lo permiten «las necesidades del servicio»

Manifestación convocada por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ->

http://ep01.epimg.net/politica/imagenes/2016/08/10/actualidad/1470854514_242602_1470854949_noticia_normal_recorte1.jpg

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa la orden del Ministerio de Defensa por la que se regula la jornada laboral y el horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La orden, publicada en el BOE y aprobada “en pleno agosto por un ministro de Defensa en funciones”, según subrayó la asociación mayoritaria en los ejércitos, supone en su opinión “un hachazo a los derechos de los militares”.

La orden fija su jornada de trabajo en 37,5 horas semanales, que podrán llegar a 40 en casos de especial dedicación, pero agrega que “las necesidades del servicio prevalecerán sobre la fecha y duración de los descansos”.

La AUME se queja de que el militar “queda al albur del jefe de turno”, ya que no se precisan cuáles son las necesidades del servicio que pueden justificar la suspensión de sus vacaciones o descansos y solo se dice que la misma deberá ser “oportuna, proporcional y excepcional” y comunicarse por escrito al afectado. Tampoco se regulan ni retribuyen las horas extraordinarias o las guardias.

La Asociación Unificada de Militares Españoles recurrirá la orden ante los tribunales

Para la AUME, esta orden perpetúa entre los miembros de las Fuerzas Armadas una situación “de servidumbre impropia de un Estado democrático y de derecho”. La asociación es especialmente crítica con el hecho de que la orden, que entrará en vigor el 30 de agosto, se haya publicado en plenas vacaciones de los militares, que se encontrarán cuando vuelvan al cuartel con que se ha modificado su jornada y horario sin tiempo para adaptarse.

Por el contrario, el Ministerio de Defensa alega que la orden es aplicación de la Ley de Derechos y Deberes de los militares y que su jornada de trabajo será, “con carácter general” la misma que la del resto del personal al servicio de la Administración, “sin perjuicio de las necesidades derivadas de la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas […] que exige una disponibilidad permanente”.

Defensa asegura que cuando los militares hagan guardias o servicios de 24 horas ininterrumpidas o más tendrán derecho a un día laborable de descanso y que podrán acogerse a fórmulas de jornada reducida y flexibilidad horaria, siempre que sea compatible con el puesto que se desempeñen.

Ver -> Orden DEF/1363/2016, de 28-7, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7689

COMUNICADO DE APOYO Y SOLIDARIDAD PCPA-PCPE CON TRABAJADOR DE LA CAFETERÍA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

El PCPA-PCPE de Sanlúcar de Barrameda manifiesta su total apoyo y solidaridad con el trabajador de la cafetería del apeadero de la Estación de Autobuses de esta ciudad, Sergio Ernesto Fernández Jaime.

Este trabajador fue contratado verbalmente para trabajar en la cafetería de la Estación – Apeadero municipal de autobuses como guarda y camarero por la persona que aparecía entonces como adjudicataria de la explotación en cuestión, que le asignó, además, vivienda en el mismo local de la cafetería.

El adjudicatario del servicio abandonó irresponsablemente en el año 2012, de manera repentina y definitivamente, la explotación del servicio, quedándose Sergio de hecho solo al frente de la guardia y mantenimiento de la cafetería y, por extensión, del apeadero, haciéndose cargo de la apertura y cierre diarios del local de la cafetería, permaneciendo diariamente en el lugar, de lunes a domingo, de 8’30 h a 22’40 horas, encargándose de la guarda y limpieza del inmueble, del aseo de los servicios sanitarios del apeadero, de la atención al usuario del transporte interurbano, brindándole información horaria y acogida de espera dentro de la cafetería, así como acogida y atención puntual a los conductores de los autobuses, al cuidado incluso de los autobuses que quedaban parados en la dársena durante la noche.

Pues bien, es ahora que el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha iniciado un procedimiento de adjudicación de la explotación de la cafetería en cuestión, recuperando la posesión del inmueble donde se ubica, indicando que el servicio público que ha prestado Sergio lo ha realizado en calidad de ocupa, careciendo de cualquier clase de autorización municipal o licencia administrativa, y obligándole a desalojar su casa y abandonar el trabajo que está realizando sin ningún tipo de compensación.

Es más, el Ayuntamiento le ha comunicado a Sergio que no ha existido nunca una concesión administrativa relativa a la explotación por terceros de la cafetería del Apeadero municipal de autobuses y desconoce a la persona que lo contrató.

No entendemos que durante años se preste públicamente un servicio en una propiedad municipal sin que el Ayuntamiento tenga conocimiento del mismo y denunciamos la absoluta dejadez y abandono en que se encuentran los servicios municipales, exigiendo en este caso que se abra una investigación para dilucidar y exigir las responsabilidades correspondientes.

Igualmente consideramos que Sergio debe ser asumido como trabajador en la nueva adjudicación que se realice de la cafetería del apeadero y ayudado con una vivienda social.

EL ATASCO EN LOS SEIS JUZGADOS QUE TRAMITAN DESPIDOS EN BALEARS DOBLA LA MEDIA NACIONAL

Los seis juzgados de lo Social de Balears, cuatro en Mallorca, uno en Maó y uno en Eivissa, registran en 2016 atascos muy significativos en el tiempo medio de respuesta y pendencia de los asuntos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los tribunales unipersonales de lo Social tramitan, principalmente, pleitos por despidos, reclamaciones de cantidades, conflictos colectivos y accidentes de trabajo.

Los cuatro juzgados de Palma agrupan el 90 por ciento de los litigios, por ello, el informe de la Comisión Permanente del Poder Judicial se centra en el análisis de lo que está ocurriendo en esas jurisdicciones. Subraya que la entrada media de asuntos hasta marzo de este año «ha sido muy elevada».

En el año 2013 fue del 158 %, en 2014 del 163 %, en 2015 del 148 %, y en el primer trimestre de 2016, «se ha moderado hasta el 103 %, siempre respecto al indicador de entrada de asuntos establecidos en 2003», subraya el CGPJ. Asimismo, añade que la dedicación media de los órganos judiciales ha superado el indicador establecido en todos los periodos analizados, es decir, ha sido del 120 % en 2013, 122 % en 2014, 137 % en 2015 y 168 % en 2016.

También, la tendencia media de asuntos en los juzgados de Palma «es elevadísima en todos los periodos analizados», destaca el Poder Judicial, ya que en 2013 ascendió a 2.221 asuntos en trámite, en 2014 a 1.839, en 2015 a 1.903 asuntos como media.

Hasta marzo, la media ascendía 1.774 asuntos, frente a la media nacional de 735. Con respecto al tiempo medio de respuesta, el informe subraya que también «es muy elevado»: en 2013 fue de 22 meses, en 2014 de 18 meses, en 2015 de 18 meses, y en el primer trimestre de este año fue de 14, 5 meses, frente a la media nacional de 7,9 meses.

EL AYUNTAMIENTO DE AVILÉS NOTIFICA POR ESCRITO LOS DESPIDOS DE LAS ESCUELAS INFANTILES

Las comunicaciones fueron entregadas en los domicilios de las tres afectadas

Educación reitera que garantiza la pareja educativa en todas las aulas de estos centros

El Principado insiste, por el contrario, en que se mantendrá el empleo en los centros de 0 a 3 años y que la resolución definitiva se remitirá a finales de este mes

Hace ya un par de semanas que el concejal de Personal, Raúl Marquínez, había comunicado a los sindicatos que el Ayuntamiento procedería a despedir a tres educadoras de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, pero las afectadas aún mantenían una mínima esperanza de que estos despidos, finalmente, no se llegarían a ejecutar. Sin embargo, recibieron las cartas comunicándoles el fin de su contrato.

Un funcionario municipal fue el encargado de llevar personalmente estas notificaciones a los domicilios de las afectadas, que solo saben que su relación laboral con el Ayuntamiento finalizará el 31 de agosto, pero aún no les han comunicado nada sobre el cobro del finiquito, al revés de lo que sucedió el año pasado, cuando recibieron el dinero, pero no las cartas de despido.

El Ayuntamiento se ha adelantado ligeramente a los plazos, ya que para que los contratos concluyesen el 31 de agosto bastaba con dar a las trabajadoras un preaviso de quince días, pero ha preferido no esperar hasta el día 16, sino hacer la comunicación unos días antes, sin apurar las fechas.

Los despidos se ejecutan a pesar de que el plazo de los ayuntamientos para presentar alegaciones aún no ha concluido y que estas, por lo tanto, no han sido respondidas.

En el caso del Ayuntamiento de Avilés, el servicio de Educación solicitaba no solo que no se despidiera a ninguna de las educadoras de la plantilla actual, sino que incluso se reforzara para garantizar la pareja educativa en todas las aulas y se permitiera la apertura de un segundo aula de bebés de 0 a 1 en El Quirinal, donde hay un importante número de preinscritos que aún no han cumplido los tres meses de edad necesarios para incorporarse a las aulas o que aún no han nacido, pero que acudirán en unos meses.

Mensaje de la consejería

El Principado emitió un comunicado en el que aseguraba que no se produciría «ningún recorte en el empleo», es decir, que el próximo curso se mantendría la plantilla actual, que es de 529 trabajadoras a nivel regional, de las que 23 pertenecen a los centros de Avilés.

Educación recordaba que la notificación enviada a los ayuntamientos a finales de julio no era otra cosa sino una «estimación provisional de plantilla a partir de los datos que se tenían de matrícula hasta ese momento», y explicaba que en la última semana de este mes de agosto remitirá la resolución definitiva, «que mantendrá el mismo número de educadores que hay en la actualidad», insiste.

A pesar de que los centros son municipales y son los ayuntamientos los que se encargan de realizar los contratos, estos dependen económicamente de una subvención que otorga el Principado, que es la institución que determina el número de educadores que sufragará.

La promesa de que el personal no se recortaría ya había sido pronunciada por el consejero Genaro Alonso hace unos días, pero las educadoras requerían un compromiso por escrito, que aún no ha llegado más allá del comunicado de prensa emitido.

En la nota, Educación asegura que se regirá por dos principios: «el mantenimiento del empleo y la pareja educativa, que haya dos técnicos por aula». Así las cosas, Avilés lograría mantener a todas sus educadoras, aunque estas estén pasando todo el mes de agosto en vilo y tres de ellas estén, a día de hoy, oficialmente despedidas.

Si las promesas de la consejería se cumplen, sucederá lo mismo que ya ocurrió el año pasado, es decir, que las educadoras tendrán que devolver el finiquito y renovarán sus contratos a día 1 de septiembre, para poder comenzar con normalidad el curso escolar.

Desde el grupo municipal de Ciudadanos, su concejala, Carmen Pérez Soberón, ha solicitado una reunión tanto con el edil responsable de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, como con la de Educación, Yolanda Alonso, y denuncia «falta de consideración» hacia las educadoras. También pide una apuesta por el servicio, que llama a hacer «de manera contundente y en todos los frentes».

En la misma línea se manifestó el concejal de Somos, Primitivo Abella, que critica la «celeridad» con la que se han ejecutado los despidos y plantea que la falta de financiación regional pueda suplirse con presupuesto municipal.

EL PSOE EN LOS BARRIOS ESPERA QUE “IMPERE LA CORDURA Y LA DECISIÓN DE RECURRIR LOS DESPIDOS A INSTANCIAS JUDICIALES EUROPEAS QUEDE SIN EFECTO”

Los Barrios

Dicha decisión –la de recurrir ante los tribunales europeos el asunto de los despidos de trabajadores cuyas plazas fueron amortizadas hace ahora cuatro años y medio– fue aprobada, a propuesta del PA, en la sesión plenaria del 11 de julio, pese al pronunciamiento en contra de todos los grupos de la oposición.

Lo que fue posible gracias a la ausencia del portavoz del grupo popular, David Gil, y al voto de calidad del alcalde, que, aprovechando tal circunstancia, introdujo la moción por la vía de urgencia, para sacarla adelante, sin los informes preceptivos de la Secretaría General, ni de la Intervención ni de la Asesoría Jurídica de la institución municipal.

“Aunque estamos plenamente convencidos de que dicho recurso ante las altas instancias judiciales europeas no va a prosperar porque ni siquiera va a ser admitido a trámite, su presentación implica un desembolso extra elevadísimo para las arcas municipales.

Un gasto que se va sumar al coste ya de por sí escandaloso que está suponiendo la gestión del señor Romero en el tema de estos despidos y que, por responsabilidad, tenemos la obligación de evitar, los que podemos hacerlo, para ir pensando en solucionar el problema en lugar de agravarlo, con más cordura de la que han exhibido hasta ahora el actual alcalde y su equipo de gobierno”, explica el portavoz del grupo socialista en la Corporación municipal barreña, Salvador Puerto.

El grupo socialista recuerda que la propuesta que llevó a pleno y terminó quedando encima de la mesa, sin ser sometida a votación, a petición de Jorge Romero, deberá ser incluida, tratada y votada en la próxima sesión plenaria, a tenor de lo previsto en el artículo 92.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Además, el PSOE exige que, mientras dicha propuesta no sea sometida a la consideración del pleno y votada, se cancelen los procedimientos o contrataciones que se hayan efectuado o se estén efectuando actualmente con el objetivo de interponer las referidas acciones legales ante instancias supranacionales en el ámbito de la Unión Europea. “Porque, de lo contrario, se estaría burlando, con una triquiñuela legal inadmisible, la finalidad de la moción cuya votación fue suspendida y, lo que es más grave, la voluntad de la mayoría de los representantes de la ciudadanía que constituyen la Corporación municipal”, advierte el portavoz socialista.

“Desde el PSOE, no obstante, esperamos que nuestra iniciativa para revocar el acuerdo plenario por el que se aprobó trasladar el asunto de los despidos de febrero de 2012 a los tribunales europeos, y que recientemente impugnamos, además, junto a Los Barrios Sí SE Puede y PIBA, reciba el visto bueno de la mayoría del pleno de la Corporación en una próxima sesión, a fin de evitar este nuevo y último despropósito del señor Romero”, afirma Puerto.

NUEVA JORNADA DE HUELGA EN LOS PARKINGS DE SAN SEBASTIÁN

Europa Press – San Sebastián

Los trabajadores de los parkings subterráneos de San Sebastián de Okendo, plaza Cataluña, La Concha y Atocha, gestionados por Empark, realizarán una nueva jornada de huelga el domingo en denuncia de sus condiciones laborales.

Según informa LAB, la empresa Empark gestiona estos aparcamientos desde 2008 y, desde entonces, las condiciones de trabajo en los mismos «han empeorado».

Por ello, la plantilla ha iniciado paros todos los domingos de agosto para reivindicar una mejora de su situación. Tras la primera jornada de huelga del pasado día 4, volverán a parar el domingo día 11.

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