Boletín de Luchas Obreras (12 de Abril de 2016)

ÍNDICE:

  • LOS CARTEROS DE MADRID 8 AÑOS ESPERANDO SU PLAZA
  • CAIXABANK CONVOCA A LOS SINDICATOS A NEGOCIAR UN PLAN DE PREJUBILACIONES
  • EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RECLAMA A LA EMPRESA DE PANELES PUBLICITARIOS QUE DESISTA DEL DESPIDO DE TRABAJADORES
  • LA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ PLANTEA UN ERE PARA LA CUARTA PARTE DE LA PLANTILLA
  • CONTRAPROPUESTA DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS AL ERE DE 1.120 DESPIDOS EN EL BANCO ESPAÑA DUERO
  • LOS TRABAJADORES DE UNICAJA TEMEN SER LOS SIGUIENTES TRAS EL ERE EN CAJA ESPAÑA-DUERO
  • TRABAJADORES DE GENERAL ELECTRIC EN BUÑUEL Y TUDELA, EN HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS
  • EL CABILDO LA GOMERA SE SOLIDARIZA CON TRABAJADORES DE TRAGSA
  • LOS RECORTES DE LOS PEQUEÑOS BANCOS
  • TRABAJADORES DE LAUKI REPARTEN 2.000 LITROS DE LECHE COMO SEÑAL DE PROTESTA
  • LA INSPECCIÓN DE TRABAJO PIDE AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA QUE HAGA FIJOS A LOS TRABAJADORES DE RELEVO
  • LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE SARGA CRITICA LOS DESPIDOS DE 23 TRABAJADORES
  • CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE CERVANTES CONVOCADA POR LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CORREDOR DEL HENARES
  • LA PLANTILLA DEL SOFT COMPUTING VE INVIABLE LA REAPERTURA DEL CENTRO
  • OBLIGAN A READMITIR A UN TRABAJADOR TRAS ACUSARLE DE ROBAR 2,5 TONELADAS DE COBRE
  • LOS SINDICATOS ENTREGARÁN A ALTADIS SU PLATAFORMA NEGOCIADORA
  • TRABAJADORES DE ETYDET PIDEN COBRAR OCHOCIENTOS MIL EUROS
  • SUSPENDIDA LA HUELGA DEL AUTOBÚS DE ZARAGOZA URBANO DURANTE 15 DÍAS

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LOS CARTEROS DE MADRID 8 AÑOS ESPERANDO SU PLAZA

CGT Correos Madrid

Concentración en Conde Peñalver, 13 de abril a las 17:30

Miércoles 13 de abril de 2016 a las 17h30min

Anuncio: https://youtu.be/rnUFEHwebp4

Carter@s, clasificador@s, moter@s, ventanilla, siatas; tenemos una cita el miércoles en Conde Peñalver. En esta plantilla tenemos un enorme problema de destrucción de puestos de trabajo que provoca desempleo y precariedad al colectivo FD, parcial y eventual, y explotación salvaje en l@s indefinid@s y funcionari@s.

Ha llegado el momento de que nos entendamos como la unidad que somos de cara a la empresa y entender que si solucionamos el problemón de l@s precari@s resolveremos en parte la falta de personal en nuestras oficinas.

No podemos permitir la sobrecarga de trabajo con reestructuraciones y contingencias, sabiendo además que tenemos compañer@s que aprobaron el último examen (2006-2008) y que están a expensas de conseguir su plaza fija a tiempo completo. Plaza no otorgada porque según la empresa no existen vacantes en Correos.

¿No sería la solución dar plaza a es@s compañer@s y eliminar las reestructuraciones que se han cargado el Servicio Postal Universal? ¡Hay trabajo para tod@s, no queremos ser mulas de carga, peleemos por un trabajo digno!.

¡QUEREMOS LAS PLAZAS DE L@S FD, BASTA DE REESTRUCTURACIONES Y DE EXPLOTACIÓN, QUEREMOS A L@S COMPAÑER@S EN NUESTRAS OFICINAS!

CAIXABANK CONVOCA A LOS SINDICATOS A NEGOCIAR UN PLAN DE PREJUBILACIONES

La medida podría afectar a un máximo de 500 trabajadores, según apuntan fuentes sindicales, y se prevé que sea de carácter voluntario

La dirección de CaixaBank ha convocado a los sindicatos presentes en la entidad a una reunión el martes día 13 de abril en el que se tratará un plan de prejubilaciones.

Fuentes sindicales explicaron que la medida se prevé que sea de carácter voluntario y que afecte a un máximo de 500 empleados.

Las mismas fuentes precisaron que en el programa de prejubilaciones que se tratará es similar al que se llevó a cabo el año pasado y que estaba previsto en el plan estratégico de la entidad. Fuentes de CaixaBank no han hecho comentarios.

La noticia fue dada a conocer este mediodía por el recién elegido secretario general de UGT Catalunya, Camil Ros.

En el discurso de clausura del XV Congreso señaló que la dirección de CaixaBank les había convocado para tratar un ERE (Expediente de Regulación de Empleo).

EL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA RECLAMA A LA EMPRESA DE PANELES PUBLICITARIOS QUE DESISTA DEL DESPIDO DE TRABAJADORES

Aprobada por unanimidad una moción de apoyo a los empleados de la empresa Cemusa a los que se quiere aplicar un expediente de regulación de empleo, el 80% de la plantilla. «Con moción o sin moción, el Gobierno municipal ha trabajado en este asunto.

Está prevista una reunión y extenderemos el contacto a la representación legal de los trabajadores. No vamos a admitir ninguna extinción de contratos de trabajo que suponga la ruptura de los pactos contractuales actuales», matizó el alcalde

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo a los trabajadores de Cemusa, responsable de los paneles publicitarios de la ciudad, ante el expediente de regulación de empleo que la empresa quiere aplicar.

La portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, denunció que «los conflictos laborales en nuestra ciudad son diarios. Siete personas vinculadas a Salamanca siguen sin saber qué va a pasar con ellos.

En el momento que esta empresa incumpla con la dotación de recursos humanos, estará incumpliendo la relación con el Ayuntamiento. Se justifican los despidos de los objetivos como causa objetiva pero tenemos que decir que estas causas objetivas son mentira.

Está especialmente saneada. Cemusa no puede utilizar las causas objetivas para despedir a sus trabajadores. Entendemos que es nuestra obligación siempre defender los derechos laborales. Tienen que ser una prioridad. Exigimos que cuando una empresa no defienda los derechos laborales, se rompa con el acuerdo con esta empresa».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Alejandro González, lamenta que «tristemente se vuelve a traer al pleno al apoyo de unos trabajadores que pueden ser despedidos.

Esperamos que se pueda frenar una situación injusta. Pedimos que actúe, revise los datos de la licitación y que se rompa el acuerdo si se acordó que debían mantener los trabajadores. Vamos a hacer todo lo posible».

José Luis Mateos, portavoz del Grupo Socialista, añadió que «no parece razonable que el grupo francés propietario de Cemusa plantee un ERE que afecta al 80% de la plantilla. Es intolerable. No procederá este despido si no es por una mala gestión.

Es necesario que nos situemos en contra. Le ofrecen, además, la posibilidad de replantearles de contratarlos de nuevo con peores condiciones. Hay que tener la cara muy dura.

El Ayuntamiento debe articular todas las medidas necesarias. Hay que ser absolutamente exigentes con el cumplimiento del contrato o romperlo. Absoluto respaldo a las demandas de los trabajadores».

Fernando Rodríguez, portavoz del Grupo Popular, manifestó: «Compartimos y subscribimos los objetivos de la misma. Compartimos sin fisuras el respeto a los derechos de los trabajadores y nuestro posicionamiento de solidaridad. Sin embargo, entendemos que debían haberse eliminado dos puntos.

No se debe condenar a nadie sin oírle previamente y la intervención del Ayuntamiento debe centrarse en la relación contractual. El Ayuntamiento puede y debe combatir cualquier despido pero no dispone de facultades para ir más allá».

En ese momento intervino el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, para puntualizar que «con moción o sin moción, el Gobierno municipal ha trabajado en este asunto.

No vamos a admitir ninguna extinción de contratos de trabajo que suponga la ruptura de los pactos contractuales actuales». Finalmente se retiraron los dos puntos con los que el PP era más crítico y la moción salió adelante.

LA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS MIRÓ PLANTEA UN ERE PARA LA CUARTA PARTE DE LA PLANTILLA

Europa Press

La empresa no ha conseguido rentabilizar el 25% de los establecimientos que tiene.

La cadena de electrodomésticos Miró ha planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de aproximadamente 107 personas, la cuarta parte de una plantilla integrada por 430 trabajadores, una reestructuración que se abordará a través del «rediseño» de las funciones centrales y del cierre y reubicación de la plantilla en algunas tiendas menos rentables.

El número de tiendas y trabajadores afectados por esta reestructuración, que tendrá impacto en todo el territorio nacional y en la sede central, se conocerán al finalizar la negociación del ERE que la dirección de Miró y la plantilla iniciarán «en breve», ha explicado en un comunicado la cadena de electrodomésticos y productos tecnológicos.

El nuevo plan de negocio de la compañía contempla, además de este ERE, la introducción de nuevas medidas para obtener mayores ingresos, como el desarrollo de la tienda ‘online’, el aumento y mejora de la gama de productos y nuevos servicios.

Plan estratégico

El fondo suizo Springwater Capital adquirió Miró en noviembre de 2014, cuando la compañía se encontraba en concurso de acreedores, y ahora ha considerado necesario acometer esta reestructuración para cumplir con los objetivos del plan estratégico 2016-2018.

Así, se ha reposicionado la marca, establecido relaciones a largo plazo con los proveedores y reforzado la estructura financiera con una ampliación de capital de 2,2 millones de euros, pero ello no ha sido suficiente para conseguir los niveles de rentabilidad necesarios en un 25% de sus establecimientos, que tienen una fuerte presencia en Cataluña.

Tras adquirir Miró, los planes de Springwater Capital pasaban por invertir 23 millones de euros en la renovación de su imagen, la reubicación de algunos de sus establecimientos y la apertura de nuevos puntos de venta, hasta alcanzar las 100 tiendas a finales de 2016, con lo que también se preveía generar 300 nuevos empleos.

Miró cerró el ejercicio 2015 con un volumen de negocio de 100 millones de euros y con una red integrada por 65 puntos de venta físicos repartidos entre Cataluña –con más de 40–, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Soria y Barakaldo, además de su tienda ‘online’

BANCO SANTANDER AUMENTA EL NÚMERO DE DESPIDOS EN SU CENTRO CORPORATIVO DE BOADILLA, HASTA LOS 460 EMPLEADOS

Banco Santander ha propuesto a los sindicatos reducir en hasta 460 empleados la plantilla de su centro corporativo de Boadilla del Monte (Madrid), lo que equivale a un recorte máximo de personal del 5,4%, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras. La cifra que se barajaba hasta ahora ascendía a 300 despidos.

La plantilla en el centro corporativo de Boadilla asciende en la actualidad a 8.500 trabajadores. La dirección del banco ha presentado esta cifra a los sindicatos en la reunión mantenida por las partes.

Este ajuste de empleo se suma al planteado ya por el banco de hasta 1.200 empleados en España, lo que también supone una reducción de hasta el 5% de total de los trabajadores de su división Santander España.

El Santander ha decidido cerrar unas 450 oficinas en el país ante la atonía de la demanda de crédito y la transformación digital.

La entidad presidida por Ana Botín simplificó recientemente de 15 a 10 las divisiones corporativas de la entidad y redujo de 25 a 21 los directores generales.

A partir de ahora, el banco persigue ganar eficiencia y aportar valor añadido, lo que implicará la reordenación de funciones para evitar solapamientos y duplicidades.

Este ajuste de empleo se enmarca además en un contexto en el que la compensación de la alta dirección del banco se redujo un 23% en 2015. Además, el banco se ha marcado el objetivo de que el coste de la alta dirección se reduzca un 30% este año respecto a diciembre 2014, lo que supondría un ahorro de 30 millones de euros.

Reunión informativa

La dirección del Santander garantizaba a los sindicatos en la reunión informativa celebrada que el centro corporativo de Boadilla seguirá desarrollando funciones clave de gestión, de supervisión y de control de las unidades del grupo.

Tras la reunión mantenida, los sindicatos han mostrado su rechazado a este «ERE en Boadilla» y han adelantado su oposición a lo propuesto por el banco.

Desde UGT se ha considerado «indignante» que el informe anual de 2015 de la comisión de retribuciones del banco recoja que 1.246 directivos cobraron 699 millones de euros en el año, mientras que 22.970 empleados fueron retribuidos con 971 millones.

CONTRAPROPUESTA DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS AL ERE DE 1.120 DESPIDOS EN EL BANCO ESPAÑA DUERO

https://youtu.be/WSnj8RkRWiU

Los sindicatos mayoritarios en Banco España Duero ya han elaborado una contrapropuesta al ERE de 1.120 despidos.

Se la presentarán ya a la dirección, aunque la negociación oficial no comenzará hasta dentro de diez días.

CCOO, CSICA y UGT consideran exagerada la cifra de 1.120 despidos, 890 de ellos en Castilla y León; 540 en servicios centrales y 350 en la red de oficinas. Y más cuando el Grupo Unicaja, al que ahora pertenece España

Duero ha dado beneficios. Afirman que el recorte exigido por la Comisión Europea es sólo de 300 trabajadores.

LOS TRABAJADORES DE UNICAJA TEMEN SER LOS SIGUIENTES TRAS EL ERE EN CAJA ESPAÑA-DUERO

La sección sindical de CCOO en Unicaja califica de “amenaza futura” el ERE de Caja España-Duero.

“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”. Los sindicatos de Unicaja se aplican el refrán después de que el grupo andaluz haya iniciado negociaciones para llevar a cabo un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) en Caja España-Duero que afectará a casi un tercio de la plantilla.

La sección sindical de CCOO en Unicaja critica en una circular que el ERE no sólo es “desproporcionado” sino que supone “una amenaza futura” para los propios trabajadores de Unicaja. “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Ya para colmo no es vecino, sino integrante de la misma familia y come en la misma mesa”, señala la formación.

El sindicato muestra además su preocupación, “como representantes de los trabajadores de Unicaja”, de la “deriva” que lleva Caja España-Duero que “parece no solucionarse con el cambio de propiedad a Unicaja Banco y a pesar de las cuantiosas ayudas públicas que ha recibido”. “Tememos que esta incapacidad de la dirección por rentabilizar la operación de compra de Ceiss (denominación oficial de la entidad castellana), afecte al balance consolidado de Unicaja y, consecuentemente, a los trabajadores que queden en aquella entidad y a los de Unicaja Banco”.

La sección sindical de CCOO en Unicaja muestra su “solidaridad” con los “compañeros” de Caja España-Duero. “Son ya muchos años los que llevan soportando la incertidumbre continua por culpa de la incapacidad de sus sucesivas direcciones, la actual de Unicaja, de sacar a la entidad del marasmo en el que sigue viviendo”.

La dirección de la entidad abrió negociaciones con los sindicatos para acometer el segundo ERE de Caja España-Duero en los últimos tres años.

El ajuste, que no ha pillado por sorpresa a los trabajadores, podría llevarse por delante 1.120 puestos de trabajo, casi un tercio de la plantilla de la antigua caja castellana, ahora integrada en Unicaja.

Esta nueva ronda de despidos podría suponer un ahorro de costes salariales de entre 55 y 60 millones de euros para el grupo.

TRABAJADORES DE GENERAL ELECTRIC EN BUÑUEL Y TUDELA, EN HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS

Pamplona

Los trabajadores de General Electric en Buñuel y Tudela, antiguas Alstom, están llamados a secundar una jornada de huelga para rechazar el cierre de la planta de Buñuel y los despidos anunciados por la compañía.

La movilización coincide con una jornada de huelga a nivel de todo el grupo General Electric en Europa, ha informado el sindicato ELA en un comunicado, en el que ha recordado que el grupo ha anunciado el cierre de la planta de Buñuel, con 103 trabajadores, además de despidos en el colectivo de mantenimiento de Parques de Tudela, que son 23 de plantilla, aunque «todavía no se ha cuantificado el número de afectados en este último centro».

Según ha explicado el sindicato, de 5.45 a 8.00 horas los trabajadores se concentrarán en las puertas de la planta de General Electric en Buñuel. A las 10.30 horas comenzará una manifestación por las calles del municipio navarro, que partirá de la plaza San José de Calasanz y finalizará en el Ayuntamiento con la lectura de un comunicado.

Por la tarde, la plantilla se concentrará frente al Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, en la plaza Tomás Caballero de Pamplona, a las 17 horas.

Durante la concentración está prevista una reunión con el vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi.

ELA ha detallado que «está previsto que la empresa presente el ERE de extinción en la segunda quincena de mayo», por ello ha considerado que «es necesario incrementar el nivel de las movilizaciones sí realmente queremos parar el cierre y evitar los despidos en Buñuel y Tudela».

EL CABILDO LA GOMERA SE SOLIDARIZA CON TRABAJADORES DE TRAGSA

San Sebastián de La Gomera (EFE)

El pleno del Cabildo de La Gomera ha aprobado por unanimidad la moción de Si se puede (Ssp) para solidarizarse con las «justas» reivindicaciones de los trabajadores de Tragsa.

El consejero de Ssp, Rubén Martínez, destacó que la moción se llevaba al pleno a instancias de los trabajadores.

Aludió al expediente de regulación de empleo presentado por la empresa en 2013, que afectó a 1.336 trabajadores en todo el Estado, de los que 81 fueron de Canarias y 3 de La Gomera.

Martínez dejó claro que en estos últimos años la situación de la empresa ha cambiado al aumentar el número de contrataciones eventuales e incrementar la subcontratación e incluso se han tenido que realizar horas extraordinarias.

«Todo ello parece confirmar que en TRAGSA Canarias no sobran trabajadores y que la empresa puede ser rentable», dijo.

Así, el pleno ha aprobado dirigirse al Gobierno de España a fin de solicitar la readmisión inmediata de los trabajadores cesados, entre ellos a los tres despidos realizados en La Gomera.

También ha acordado instar al Gobierno de España para que la dirección del grupo TRAGSA abra una mesa de diálogo con la representación legal de los trabajadores.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, aseguró que «el gran problema de Tragsa está latente» y destacó que Tragsa cuenta con 40 trabajadores en La Gomera que dependen de ello para sobrevivir.

Recordó que el Gobierno de Canarias prevé adjudicar la campaña de prevención y extinción de incendios de este año a Gesplan.

«Ya he intervenido con el Gobierno para que al menos hasta el 1 de enero que va a tomar el Cabildo insular la gestión del Parque Nacional le siga adjudicando la campaña a Tragsa, del mismo modo que el Cabildo tiene el compromiso de adjudicarle la campaña de prevención y extinción de incendios», agregó.

Curbelo afirmó que «Tragsa en los últimos años con adjudicaciones del propio Cabildo de La Gomera vinculadas al complejo ambiental o a la restitución de taludes ha estado contratando y subcontratando servicios en el exterior»

«Tragsa está tomando decisiones en contra del interés de los trabajadores de La Gomera y en contra del interés general de los ciudadanos de la isla», concluyó.

LOS RECORTES DE LOS PEQUEÑOS BANCOS

No solo los grandes bancos han anunciado recortes para afrontar el nuevo desafío al que se enfrenta el sector, uno de los más castigados con el estallido de la crisis financiera. Unicaja y Liberbank han sido dos de las entidades de menor tamaño que también se han sumado a las reestructuraciones.

Grupo Unicaja, en su filial Banco de Caja España de Inversiones Salamanca y Soria (CEISS), anunció hace escasos días un ERE que afectaría a un máximo de 1.120 de sus empleados.

Esta reducción chocó con lo esperado por los sindicatos, que auguraban un recorte de 400 empleos. Igualmente, es un recorte mucho mayor de lo solicitado por Bruselas, desde donde le exigían eliminar 250 empleos.

El comunicado que remitió el banco recogía que el ajuste se debía, además de a las exigencias de Bruselas, también al «contexto económico en que se encuentra el sector financiero, que hace necesarias medidas adicionales de eficiencia».

Además, señaló que reducirá costes con la integración informática y operativa de Caja España y Caja Duero, las dos antiguas entidades que conforman Banco Ceiss.

Con esta medida, Unicaja busca terminar con el plan de reestructuración que se comprometió a cumplir con la Comisión Europea, en el que también se incluía centrar su negocio en su territorio de origen (Castilla y León, Madrid y Cáceres) y vender sus participaciones empresariales.

Poco después, el banco anunciaba que trataría de reducir el número de despidos con nuevas medidas de flexibilidad, como recolocar a los empleados en otras empresas del Grupo, modificar las condiciones del trabajo para ahorrar costes o con prejubilaciones.

Si finalmente se confirma ese recorte se sumaría a los 1.230 empleos que Unicaja recortó cuando tomó el control de Banco Ceiss en 2013.

El caso de Liberbank

Liberbank (resultado de la fusión de Cajastur, Banco CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura) ha sido otro de los bancos que ya en 2013 presentó un expediente de regulación de empleo (ERE), aunque en su caso se ha topado en repetidas ocasiones con la justicia.

Dicho ERE, vigente entre junio y diciembre de 2013, fue finalmente anulado en 2015 debido a que se estableció que se había vulnerado la libertad sindical al ser alcanzado el ERE solo con UGT y CCOO y sin contar con CSI y el Sindicato de Trabajadores de Crédito (STC-CIC).

Tras la anulación, el banco tuvo que reconvertir 1.332 suspensiones temporales de contrato en 775 reducciones de jornada al 50% y 1.000 afectados por la merma de la jornada del 30% en solo 770.

Sin embargo, y al margen de este polémico ERE, Liberbank alcanzó un nuevo acuerdo en diciembre de 2013 con los sindicatos representantes del 80% de la plantilla, que sigue actualmente en vigor y fue validado por el Tribunal Supremo en enero de este año.

Además, el pasado octubre el banco anunció un nuevo ajuste de plantilla a través de bajas incentivadas dirigidas a aquellos empleados nacidos entre 1956, 1957 y 1958. El plan afectará en total a 612 trabajadores que pueden acogerse a esas bajas progresivamente desde el pasado 2015 y hasta 2017.

El objetivo de estas medidas es, en palabras del secretario nacional de Banca y Ahorro de CSIF y representante del sindicato en el Banco CCM, José Manzanero, rejuvenecer la plantilla y el «cumplimiento de determinadas expectativas de este colectivo, por otro».

TRABAJADORES DE LAUKI REPARTEN 2.000 LITROS DE LECHE COMO SEÑAL DE PROTESTA

Valladolid (EFECOM)

Trabajadores de la fábrica de Lauki en Valladolid han repartido en la Plaza Mayor de esta capital 2.000 litros de leche en señal de protesta contra el anuncio del cierre de la planta por parte de la empresa francesa Lactalis.

Cientos de personas han formado filas antes del inicio del reparto de leche con sus carros de la compra vacíos, a la espera de que los trabajadores afectados les surtieran de un litro de leche entera por persona, sufragada por los propios trabajadores.

«Con este acto simbólico queremos hacernos ver y que la gente de Valladolid sea consciente de nuestro problema», ha explicado a Efe José Manuel González, miembro del comité de empresa de Lauki.

A gritos de «Lauki no se cierra» y con pancartas en las que se podía leer «Lactalis, sobráis, arruináis lo que compráis», decenas de trabajadores y sus familias han mostrado su rechazo al cierre de la fábrica.

«Si aumentáramos un poco la producción seríamos líderes del grupo Lactalis en producción de leche», ha explicado González, quien también ha reconocido a Efe que si la planta cerrara se perdería «gran parte de la producción de leche en la zona centro de España».

Los empleados trabajan conjuntamente con los sindicatos, Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de la ciudad para evitar el cierre, anunciado para abril de 2017, y van a presentar un informe a Lactalis en su sede de Francia.

Este informe estará elaborado por la Fundación Anclaje, una institución que ejerce de nexo de unión entre los sindicatos y la Junta de Castilla y León, «que es la que realmente tiene el poder para sentarse con los miembros de la empresa».

«Estamos ante una situación extrema en la que las multinacionales no tienen piedad de nada ni por nadie», ha lamentado González, quien también ha asegurado que lo único que Lactalis quiere es «comprar la marca y llevarla a otro sitio».

González también se ha referido a la serie de anuncios de cierres de empresas y fábricas en Valladolid, como el caso de Dulciora o Banco Ceiss «a causa de la reforma laboral, donde las empresas hacen lo que les da gana y no se las puede tocar», ha insistido.

En el reparto de leche también ha estado presente el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien se ha mostrado muy comprometido y activo desde el anuncio de cierre de la fábrica y que ha querido trasladar «todo el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores de Lauki», además de asegurar que seguirán trabajando para encontrar la solución lo más pronto posible.

Las movilizaciones de los trabajadores de Lauki continuará el 16 de abril con una manifestación por el centro de la ciudad de Valladolid y el 17 de abril, antes de la final de la Copa del Rey de rugby, con una concentración a las puertas del estadio José Zorrilla.

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO PIDE AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAIRA QUE HAGA FIJOS A LOS TRABAJADORES DE RELEVO

Advierte de que se ha producido una infracción en el Estatuto de los trabajadores

La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a raíz de las denuncias de varios trabajadores de relevo del Ayuntamiento ha requerido de forma oficial a la administración local para que «lleve a cabo la conversión en indefinido, de los contratos desde su inicio»

En dicho informe, se aprecia “infracción a lo dispuesto en el artículo 12, apartados 6 y 7 del Estatuto de los Trabajadores” y se tipifica la infracción como grave.

Desde IU-AA explican que ya llevaron una propuesta de apoyo a estos trabajadores de relevo durante el pasado mes de octubre, para que se les reconociera el estatus de indefinido no fijo y que fue apoyada por la mayoría absoluta del pleno municipal. En esa resolución y en consenso con los trabajadores perjudicados –explican desde IU-AA-  argumentaron todos los puntos expuestos en este informe de inspección de trabajo.

María Fernández, portavoz de IU-AA, le ha vuelto a exigir al gobierno de Gutiérrez Limones y al concejal delegado de Recursos Humanos del ayuntamiento alcalareño, Salvador Escudero, “que cumplan la ley; que cumplan con el Estatuto de los Trabajadores, con el informe que redactó el propio Secretario del Ayuntamiento, la moción aprobada en pleno y ahora, este informe de Inspección de Trabajo y deje ya de una vez de maltratar laboralmente a los trabajadores públicos de este Ayuntamiento”.

LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE SARGA CRITICA LOS DESPIDOS DE 23 TRABAJADORES

Efe – Zaragoza

El sindicato no considera «válidos» los motivos económicos esgrimidos por la dirección de la empresa.

Los trabajadores de Sarga se movilizan por los recortes y el aula de medioambiente Imagen de archivo de una concentración de los trabajadores de Sarga.

La Candidatura Independiente de Sarga considera que los despidos de 23 trabajadores en la empresa pública supone un «mazazo» para la sociedad porque implica la pérdida de servicios relacionados directamente con el desarrollo rural o la puesta en valor de los montes aragoneses de la comunidad.

En una nota de prensa, el sindicato no considera «válidos» los motivos económicos esgrimidos por la dirección de la empresa, porque mientras se despide a trabajadores de base para ahorrar se mantiene «una cúpula directiva sobredimensionada» a pesar de la «nula competencia de muchos de ellos, incapaces de exigir a sus clientes el cobro de los servicios prestados», lo que, según la candidatura, lleva a «arrastrar» un déficit de 400.000 euros.

Citan el caso de uno de los directivos que «fue relegado de su cargo para pasar a uno de nueva creación totalmente innecesario», con el fin, denuncian, «de mantenerle los privilegios a cambio de un mínimo ahorro de 6.000 euros» ya que «pasó a cobrar 43.000 en lugar de los casi 50.000 euros que cobraba en su anterior puesto».

La Candidatura Independiente recuerda que mientras existen en la estructura más de 50 directivos de los 3 niveles, los trabajadores de base, ya afectados en su día por un ERE, «siguen en situaciones precarias» y pone como ejemplo a los empleados de los Espacios Naturales Protegidos que «siguen sin contrato», lo que ha supuesto que los parques se hayan visto «abandonados de cara al pasado puente de Semana Santa».

Ante esta situación, el sindicato ya advierte que va a ser «difícil» sentarse a negociar con la empresa un nuevo convenio colectivo dado el «retroceso» que supone el despido de los trabajadores de base y porque «da idea de las intenciones de destruir la empresa que tiene el Gobierno del señor Lambán».

Asimismo, también acusan al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, de «recortes encubiertos en partidas fundamentales para el turismo, el medio ambiente y rural de nuestra comunidad con el propósito de recortar cúpula directiva» y que, aseguran, «lo único que está consiguiendo es reducir la plantilla mientras mantiene los privilegios, de los que a día de hoy, siguen intocables, todo con el beneplácito de la nueva directiva de la empresa».

CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA DE CERVANTES CONVOCADA POR LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL CORREDOR DEL HENARES

¨La razón es evitar que continúe la política de recortes y privatizaciones de Servicios Públicos con su consiguiente cadena de reducción de prestaciones y empleos, aumento de beneficios privados y corrupción¨, según denuncia MATS (Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad) en su página web.

La concentración será también un rechazo al despido (no renovación) del contrato de 2 trabajadores del Hospital por denunciar a la Consejería de Sanidad por prevaricación y malversación de dinero público.

¨Nuestro Hospital lleva años sufriendo este proceso: reducción de unas 150 camas, de más de 100 puestos de trabajo, privatización de servicios (historias clínicas, almacenes, gestión de la esterilización y mantenimiento), multitud de obras innecesarias hechas, en su mayoría, sin concurso por Rinser-Tecomedic…¨, aseguran.

La denuncia contra la Consejería de Sanidad por prevaricación y malversación de fondos puesta por 18 trabajadores se produjo ¨tras múltiples escritos a la Gerencia del Hospital sobre irregularidades en la actuación de la empresa adjudicataria Ferroser-Ferrovial, sin que ésta solucionase los problemas¨.

Una denuncia basada, según MATS, ¨en el despilfarro que supone contratar los servicios de una empresa para un supuesto plan de eficiencia energética y privatización del mantenimiento por valor de 43,9 millones de euros, en vez de hacerlo con personal propio, con el que no existe ningún problema, con mucho menos dinero. Y en la grave anomalía consistente en que Ferroser se adjudicase partes de trabajo hechos por personal del centro¨.

Según este colectivo, ¨la reacción de la Consejería no ha sido investigar los hechos sino no renovar el contrato de 2 eventuales, que había entre los 18 denunciantes¨.

Y añaden en el mismo comunicado que ¨si las privatizaciones no han llegado más lejos en Sanidad ha sido gracias a la movilización de profesionales y usuarios¨.

LA PLANTILLA DEL SOFT COMPUTING VE INVIABLE LA REAPERTURA DEL CENTRO

Mieres del Camino,

Los empleados acudirán al juez si se decide su reincorporación ya que argumentan que la empresa está en fase de liquidación

Los trabajadores del extinto centro europeo de Soft Computing acudirán de nuevo a los tribunales si el patronato que gestiona la entidad decide reintegrarlos en su puesto de trabajo. Una situación que, como destacó Sergio Damas, que representa a la plantilla, «sería totalmente irregular, ya que la empresa está en liquidación, no hay lugar al que reincorporarse y tampoco hay trabajo que hacer».

De momento no hay una decisión tomada o, al menos, no se ha comunicado oficialmente a los trabajadores. Aún así, las declaraciones que hizo el consejero de Empleo, Francisco Blanco en el Pleno de la Junta General del Principado, ya iban encaminadas a que ése podría ser el camino que tome el patronato.

La otra opción, como destacó Damas, es «dar cuenta de la imposibilidad de reincorporar a los trabajadores» y aceptar el pago de la indemnización máxima por despido improcedente según el estatuto de los trabajadores, que es de 45 días por año trabajado.

Francisco Blanco afirmó que el patronato no podía aceptar esta última opción porque al no tener el dinero suficiente para abonar las indemnizaciones, los patronos podrían incurrir en responsabilidades personales. Si bien el representante de la plantilla aseguró que «sería una irregularidad optar por esa vía».

Damas se mostró «sorprendido» de que el consejero de Empleo responsabilizase a los trabajadores de la situación en la que están, señalando que fueron ellos los que pidieron la nulidad de los despidos. «La demanda recalcaba tanto la improcedencia de los despidos como la nulidad y fue el tribunal quien apreció que había más hechos probados para la nulidad que para la improcedencia», explicó el investigador.

La petición de nulidad, en los casos de que la empresa se encuentre en un estado tan avanzado de la liquidación -como es el caso del centro europeo de Soft Computing-, está recogida en el estatuto de los trabajadores, como apuntó Damas, cambiándose por la máxima indemnización por despido ante la imposibilidad de reincorporación del empleado.

Las palabras del consejero tachando de «error» la postura judicial de los trabajadores «es ridículo, es como si alguien comete un delito, otro lo denuncia y el culpable es este último, nosotros fuimos los engañados, además de cometerse varias irregularidades».

OBLIGAN A READMITIR A UN TRABAJADOR TRAS ACUSARLE DE ROBAR 2,5 TONELADAS DE COBRE

Alicante

Una juez decreta improcedente el despido del operario de una empresa auxiliar de telefonía exculpado de integrar una red para la sustracción de cableado

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Un juzgado de Alicante ha ordenado readmitir a un trabajador de una empresa auxiliar de telefonía, después de que fuese acusado del supuesto robo de cerca de dos toneladas y media de cableado, extremo que no ha quedado acreditado, como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

El despido fulminante de este operario no es único, pues se encontraba entre la veintena de acusados de formar parte de un entramado integrado por empleados de dos firmas, Teleco y Telefónica, a las que habrían sustraído 16 toneladas de cobre en total.

La Guardia Civil llegó a detener a once de ellos y a imputar a otros cinco, pero el instructor del caso dio carpetazo al asunto a finales del año pasado por no quedar acreditado que los investigados se dedicasen a estos menesteres como actividad delictiva.

El supuesto robo masivo llevó a la empresa auxiliar a despedir al empleado, al que atribuía la comisión de una falta muy grave por un presunto botín de 4.137 euros.

Después del varapalo judicial por la vía penal, comienzan a llegar los fallos a favor de los trabajadores imputados por la ‘Operación Siglo XXI’ por la vía de lo Social, como ocurre en este caso, que ha defendido la letrada Pilar Albandea Gómez.

La juez del Juzgado de lo Social 3 de Alicante estima la demanda del empleado y determina en su resolución que el despido resultó «improcedente» y obliga a la mercantil a devolver su puesto al empleado abonándole los salarios desde el cese o a indemnizarle con casi 23.800 euros.

La juzgadora se basa en dos aspectos clave, como son la «falta de identificación de hechos concretos y fechas» en la carta del despido y en la «falta de identificación de materiales vendidos, procedencia y origen de los mismos».

La mercantil Teleco justificó su decisión en el juicio amparándose en las diligencias instruidas en el Juzgado de Instrucción 1 de Denia (que luego las archivó) por el presunto robo del cable y en el supuesto reconocimiento de los hechos por parte del denunciante en sede policial. Sobre este último extremo, la juez señala que «no se desprende de ninguna de las pruebas practicadas».

Además, sostenía la empresa que entonces ya existían directrices para deshacerse del cableado sobrante en contenedores habilitados para ello. Llegados a este punto, la juez recuerda en la resolución la declaración de uno de los testigos que aseguró que fue «a partir de enero de 2015» cuando se instalaron dichos contenedores en las dependencias de la firma.

En esas mismas fechas es cuando la sociedad «se dirige a sus colaboradores» para avisar de que se perseguirá la venta del material, justo después de la advertencia hecha por Telefónica, como recoge la sentencia.

La operación policial se remonta a finales del año 2014, cuando los agentes detectaron en una chatarrería de Benissa abundantes ventas de cable de telefonía, realizadas con asiduidad, por lo que procedieron a la intervención cautelar de 200 kilos de material.

Los investigadores continuaron indagando, hasta que averiguaron que el cobre procedía de los depósitos de una empresa, por lo que lanzaron un operativo para apresar a los sospechosos en marzo del año pasado.

Sin embargo, el juez instructor del asunto determinó en septiembre de 2015 que «no se ha acreditado en modo alguno que la totalidad del cable vendido fuese propiedad de Telefónica o de los propios titulares de las instalaciones que se sustituían».

Además, proseguía el juez asegurando que «todo hace indicar» que lo que ocurría en realidad era que se trataba de «una práctica de recogida del excedente y su traslado por los operarios a desguaces era habitual, conocida y consentida por la empresa». No se explica de otro modo que acudiesen a las chatarrerías uniformados con la vestimenta de la empresa.

Sobre esta falta de un reglamento también se pronuncia la juez sustituta de lo Social 3 de la capital alicantina, pues apunta que «no constando acreditada la existencia de protocolo para la retirada de cables de desecho» o «sobrantes» en el año 2014, «no aprecio en el presente supuesto una conducta grave».

LOS SINDICATOS ENTREGARÁN A ALTADIS SU PLATAFORMA NEGOCIADORA

La Rioja

La representación sindical de Altadis se reunirá el próximo martes con la dirección de la empresa, a la que llevará la plataforma de negociación -consensuada entre todas las secciones sindicales- de cara al proceso negociador sobre el cierre de la fábrica de tabacos del polígono del Sequero, en Agoncillo.

Según informó Efeagro citando fuentes sindicales, aunque aún no se han fijado todos los puntos de esta plataforma «su argumento se basaría en la defensa del mayor número de recolocaciones internas de la planta, mayor tiempo posible de apertura, mayor número de prejubilaciones o las mejores condiciones en las bajas incentivadas, entre otros aspectos».

De momento, cada sección sindical está presentando su propia plataforma para después unificarlas en una sola, que será la que se lleve al proceso negociador, explicaron.

De este modo, se inicia un proceso con la empresa en el contexto de la cláusula de garantías, en base a las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado en el 2009, después de que la Comisión Sindical de Altadis aceptara negociar en estas condiciones el pasado 10 de marzo.

«Se iniciará un periodo de negociación puro y duro en el que es previsible que cambie el ritmo del proceso», añadieron desde la representación sindical. En la última reunión del 17 de marzo con los sindicatos, Altadis fijó el 30 de abril como fecha límite para llegar a un acuerdo en el marco de la cláusula de garantías.

«La empresa permanece aún a la espera de que la representación laboral presente su plataforma de negociación, tal y como se había comprometido el pasado 10 de marzo», afirmaron desde la tabaquera a Efeagro.

Altadis anunció un plan de reestructuración que incluía el cierre de la planta riojana el 30 de junio próximo, aunque luego retrasó el cese de actividad hasta el 31 de diciembre del 2016, siempre y cuando la producción sea, como mínimo, un 70% de lo consignado en los planes de producción

TRABAJADORES DE ETYDET PIDEN COBRAR OCHOCIENTOS MIL EUROS

Nueva concentración a las puertas de la fábrica, que carece de actividad

Trabajadores de la empresa Etydet, en la concentración a las puertas de la fábrica del polígono la Aquisgrana.

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Los trabajadores de la fábrica Etiquetas y Derivados Textiles (Etydet) promovieron una última concentración de protesta a las puertas de la factoría, ubicada en el polígono industrial la Aquisgrana. El motivo de la protesta era el impago de seis mensualidades en una fábrica inmersa en un expediente de regulación de empleo.

El interior de las instalaciones no acoge actividad productiva alguna, puesto que falta materia prima y, por tanto, no hay trabajo que hacer, según afirmaron algunos de los asistentes a la concentración.

Además la plantilla no ha aceptado una propuesta de la patronal para perdonar una deuda cifrada en alrededor de ochocientos mil euros, pendiente desde cuando una cadena empresarial se hizo cargo del edificio.

El grupo de trabajadores, integrado por veintitrés familias, ingresará en la lista del desempleo en La Carolina, ya que la dirección de la firma les ha facilitado los pertinentes documentos para tal fin, mientras que algunos están de baja por enfermedad.

Los problemas económicos de Etydet empezaron un año después de que la cooperativa de trabajadores fuese vendida a un grupo empresarial, en 2013. Al año siguiente, la patronal dejó sin abonar el salario correspondiente de las dos pagas extras reglamentarias.

A raíz de ello comenzó un tira y afloja constante entre la dirección y los asalariados. También se les deben las nóminas de los meses de noviembre y diciembre de 2015, más todo lo que va de 2016.

La situación resulta casi insostenible para algunas de estas familias, que atraviesan por situaciones caóticas ya que, en ocasiones, no pueden abonar la luz ni el agua y no les queda más remedio que pedir ayudas a sus allegados y amigos para vivir.

La última concentración contó con la presencia de dirigentes de Izquierda Unida, encabezados por el concejal local, Víctor Manuel Medina, quien efectuó un llamamiento a la ciudadanía para que apoye a las personas afectadas por el conflicto y se solidarice con ellas.

Por su parte, la alcaldesa, la socialista Yolanda Reche, se reunirá con directivos de Etydet para conocer sus intenciones futuras y buscar una salida a la acuciante situación de la plantilla. La factoría, dedicada a elaborar todo tipo de etiquetas, se estableció en La Carolina en 1994.

El Ayuntamiento tiene como principal objetivo hallar alguna fórmula que permita salvar la actividad y los puestos de trabajo.

SUSPENDIDA LA HUELGA DEL AUTOBÚS DE ZARAGOZA URBANO DURANTE 15 DÍAS

Europa Press

El comité de huelga de Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZSA) y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la interlocución externa de Juan García Blasco, han firmado un acuerdo para suspender los paros parciales durante 15 días.

En concreto, tras varias horas de reunión, el comité de huelga ha decidido levantar los paros por 15 días, contados a partir del lunes 11 de abril y, en consecuencia, la prestación completa de su actividad laboral por parte de los trabajadores, que llevan ya en huelga más de 120 días.

Por su parte, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar cómo se aplicarán los ahorros derivados de los paros de la forma más inmediata posible, previa propuesta de los servicios técnicos y debate con los grupos municipales que permita compensar los efectos que la huelga ha tenido sobre los usuarios del transporte urbano.

Además, en el ejercicio de las competencias exclusivas del Gobierno de Zaragoza sobre el transporte urbano de viajeros se facilitará la consulta con el comité en las materias que puedan afectar a esas competencias.

En virtud de lo anterior, el comité de empresa continuará la negociación colectiva con la dirección de la compañía para que, bajo los principios de buena fe negocial, y con la voluntad de llegar a un acuerdo, se pueda alcanzar un convenio colectivo en el tiempo de suspensión de la huelga. «Queremos agradecer como Gobierno los esfuerzos realizados por el comité de empresa y por el interlocutor municipal, también a la ciudad, que ha sabido mantener la serenidad y la calma en este conflicto largo y complejo.

Conminamos a la empresa a que tenga en cuenta este gesto y que se facilite la firma del convenio ya que creemos que estos 15 días van a ser un momento decisivo para resolver de forma definitiva el conflicto», ha señalado la vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto.

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