Boletín de Luchas Obreras (11 de Febrero de 2016)
ÍNDICE:
- MANIFESTACIÓN 9F AIRBUS #HUELGANOESDELITO
- LOS «8 DE AIRBUS» DECLARAN QUE NO AGREDIERON NI A POLICÍAS NI A TRABAJADORES
- TRABAJADORES ALTADIS DICEN QUE LA EMPRESA «UTILIZA LOS MISMOS ARGUMENTOS» QUE EN LOS CIERRES ANTERIORES
- ALTADIS RECHAZA AMPLIAR LA NEGOCIACIÓN Y AMENAZA CON APLICAR LA REFORMA LABORAL
- LAS NEGOCIACIONES ENTRE URBASER Y PLANTILLA VAN «POR BUEN CAMINO»
- UN JUEZ OBLIGA A TRAGSA A READMITIR A UN TRABAJADOR AFECTADO POR EL ERE AL CONSIDERAR IMPROCEDENTE EL DESPIDO
- LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ERE EN ORANGE Y JAZZTEL INICIA LAS CONVERSACIONES
- IU RECORTARÁ EL 60% DE SU PLANTILLA Y BAJARÁ SUELDOS
- ARRANCA LA HUELGA INDEFINIDA DE LA PLANTILLA MUNICIPAL DE LOS PALACIOS
- POLIGAL INICIARÁ UNA HUELGA INDEFINIDA SI LA DIRECCIÓN NO CUMPLE LOS ACUERDOS
- HUELGA EN EL METRO DE BARCELONA
- SINDICATOS CREEN QUE EL ERTE DE LAMINACIONES ARREGUI PONE FIN AL CONFLICTO
- LA PRESIÓN DE SER SINDICALISTA EN MERCADONA
- EL GOVERN APOYA A LOS SINDICATOS EN EL CASO BIMBO
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MANIFESTACIÓN 9F AIRBUS #HUELGANOESDELITO
En una fría mañana, del 9 de febrero de 2016, más de 1.000 personas, en su mayoría delegad@s sindicales, se han manifestado en Defensa del Derecho de Huelga y en solidaridad con los 8 de Airbus, recorriendo las principales calles de la localidad madrileña de Getafe.
La jornada de lucha se iniciaba a las 08:30 a.m desde las puertas de la factoría de Airbus en Getafe, para luego dirigirse a la plaza del Ayuntamiento y terminar a las puertas de los Juzgados de Getafe sobre las 11:00h, donde daba comienzo el juicio contra los conocidos como “los ocho de Airbus” por su participación en los piquetes, en la fábrica aeronáutica, durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Acusados de atentado, delito de lesiones y contra el derecho de los trabajadores al incumplir el artículo 315.3 del Código Penal, cada uno de los encausados se enfrenta a una petición de la Fiscalía de ocho años y tres meses de prisión por lo ocurrido aquel día, 64 años en total, en el que se produjo una dura carga policial.
Durante todo el recorrido se han coreado consignas en defensa del Derecho de Huelga y los derechos fundamentales.
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Desde el Sindicato de Oficios Varios del Sur de Madrid hemos querido sumarnos a los compañeros de la Sección Sindical de CGT en Airbus en la defensa de los Derechos y Libertades más básicos. Y junto a compañerxs de diferentes secciones del Sur de Madrid hemos querido reivindicar esta jornada de lucha, como una jornada de solidaridad con todos los represaliados políticos y sindicales que en este momento están en prisión o han sido detenidos por luchar, a lo largo de estos últimos años.
LAS CUPS UNIDAS PARA APOYAR A LOS ‘8 DE AIRBUS’
Las Cups se dan cita en Getafe para visibilizar su apoyo a los ‘8 de Airbus’
A las 12 de la mañana Ahora Getafe, Leganemos, Ganar Móstoles, Ganar Alcorcón, Ganar Fuenlabrada, Ahora Ciempozuelos, Somos Pozuelo, Ganar Humanes y Cambiemos Parla se han reunido en la Plaza de la Constitución de Getafe con algunos de los sindicalistas de los ‘8 de Airbus’ bajo la pancarta “Huelga No es Delito” y para leer un manifiesto de apoyo.
GETAFE
A las 12 de la mañana ha tenido lugar la concentración de las Cups en el Ayuntamiento de Getafe en apoyo a los 8 de Airbus. En este acto, han acudido los portavoces de Ahora Getafe, Leganemos, Ganar Móstoles, Ganar Alcorcón, Ganar Fuenlabrada, Ahora Ciempozuelos, Somos Pozuelo, Cambiemos Parla y Ganemos Valdemoro, a los que se han sumado Cambiar Villalba y Sí se puede San Martin de la Vega. Junto a tres de los ocho sindicalistas de Airbus y la asistencia de CCOO con la figura de Isabel Martínez, la portavoz de Ahora Getafe, Vanessa Lillo ha leído el manifiesto y ha concluido manifestando “frente al ataque hacia la clase trabajadora, sólo podemos responder con unidad y solidaridad, no sólo ellos se juegan la cárcel, está en juego la libertad y los derechos de todas”.
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LOS «8 DE AIRBUS» DECLARAN QUE NO AGREDIERON NI A POLICÍAS NI A TRABAJADORES
Europa Press
Los ocho trabajadores de la factoría se han sentado por primera vez en el banquillo y se enfrentan a una pena de 8 años de prisión
Los «8 de Airbus» han negado, en la primera sesión del juicio en los Juzgados de Getafe, que agrediesen a policías o a trabajadores durante la jornada de huelga general del 29 de septiembre de 2010 a las puertas de la factoría en Getafe.
Uno de los acusados, José Alcázar, que se enfrenta como el resto a una pena de 8 años y tres meses de prisión, ha declarado, a preguntas del Ministerio Fiscal, que ese día le sorprendió la presencia de dotaciones antidisturbios en la entrada de la empresa porque se llamó a la actuación activa y pacífica de los trabajadores. Alcázar, que era entonces presidente del comité intercentros de Airbus, ha manifestado que no le consta que nadie quisiera entrar a la factoría y «el que quiso entrar entró». «Ejercemos el derecho de huelga, pero el que quiere entrar lo puede hacer», ha dicho.
También ha explicado que hubo un tumulto y la Policía se introdujo dentro del perímetro de la empresa, por lo que intentó calmar la situación cuando escuchó siete disparos. «Lo de los disparos no lo había visto en la vida», ha añadido. «La Policía dio palos a diestro y siniestro, como en la Dictadura, y me pregunto por qué actuaron así. No se agredió a la Policía, es falso que agrediésemos a la Policía, así que es una calumnia decir que yo he agredido a la Policía y es fácil buscar al culpable en el máximo dirigente sindical», ha agregado.
Otro de los acusados, Tomás García, ha relatado que no se pusieron de acuerdo para impedir que se entrara a trabajar y que no vio que se pegara a policías. En el mismo sentido, Enrique Gil, ha destacado que «todo ocurrió muy rápido y la situación era muy confusa», pero no vio que volaran bengalas y que se lanzaran conos, ni tampoco a policías atrapados en el tumulto.
«Un palazo en la cabeza»
Además, ha dicho que no escupió a ningún trabajador ni limitó su acceso, dedicándose a pacificar la situación, y ha agregado que la lesión que sufrió en una mano no fue por propinar golpes. En otra de las declaraciones, Rodolfo Malo ha indicado que no se enfrentó a los policías, pero recibió un golpe muy fuerte durante la carga policial sin que oyera insultos contra los agentes.
Jerónimo Martín ha dicho que tampoco insultó a los policías ni coaccionó a ningún trabajador, ya que cuando se produjo el altercado se encontraba fuera, pero al acercarse recibió «un palazo en la cabeza» y sangró «como un gorrino», quedando «medio inconsciente», por lo que le trasladaron al botiquín. «Mi intención ese día era concentrarme, no impedir la entrada a los trabajadores y no recibí ninguna instrucción de lo que tenía que hacer», ha subrayado.
El relato de Raúl Fernández también ha incidido en que no agredió ni lanzó objetos a la Policía, mientras que Edgar Martín ha contado que le golpearon en la espalda con una porra y que no vio a policías que se quedaran encerrados ni increpó a la gente que quería entrar a la fábrica a trabajar.
La última declaración ha sido la de Armando Barco, quien ha explicado que no estuvo en el tumulto y que no vio si la Policía escoltaba a algún trabajador, aunque si escuchó las detonaciones pero no le parecieron que fueran disparos.
TRABAJADORES ALTADIS DICEN QUE LA EMPRESA «UTILIZA LOS MISMOS ARGUMENTOS» QUE EN LOS CIERRES ANTERIORES
Europa Press – Logroño
El delegado estatal de CC.OO. en Altadis, José Ramón Cano, ha acusado a la empresa de «utilizar los mismos argumentos, y los mismos datos que han usado en el cierre de Cádiz, Alicante, Palazuelo o para reestructurar la fábrica de Logroño en 2014 y 2015», para justificar el cierre definitivo de la planta riojana. José Ramón Cano se encuentra estos días en Madrid para participar en las diferentes reuniones que desde el Comité van a mantener con la empresa ha destacado que «cuando les llevamos a la contradicción, de que en los últimos tres años los datos de caída de venta han sido similares en España al resto de Europa, así como que por ejemplo en Polonia han sido el doble que en España, se deja en evidencia que no tiene sentido el informe de la consultora para sustentar la decisión de la empresa de cerrar en La Rioja».
«No puede eliminarse la fabricación de cigarrillos en España con los mismos motivos que han aprovechado en el cierre de fábrica tras fábrica», ha indicado Cano. En la reunión, ha señalado que «hemos estado rebatiendo el informe que nos presentaron en su momento».
Un documento «técnico» que trata de la «evolución del mercado de las ventas, y de la sobrecapacidad en el grupo y en las distintas fábricas». Ante ello, les hemos indicado que «se debe respetar el tiempo que está establecido a nivel de Comité Europeo de información y consultas; del informe del experto; y tener la contestación a las 48 preguntas que se plantearon en Londres, para tener toda la información previamente».
Cano ha lamentado que la multinacional «está utilizando los mismos datos de mercado que ha usado sucesivamente en el Expediente de Regulación de Empleo de 2009, que afectaba a 520 trabajadores del área de manufactura, y que conllevo el cierre de Alicante». Dos años después «con los mismos argumentos, cerraron Palazuelo», y en 2013 también «con los mismos datos, cerraron Cádiz».
Un año después, en 2014, con «esos mismos datos del Informe, se reestructura Logroño, con 85 trabajadores afectados, y en 2015 con 52 más». Ante ello, ha asegurado que «solo en el área de manufactura, se ha recortado el empleo en 757 trabajadores».
ALTADIS RECHAZA AMPLIAR LA NEGOCIACIÓN Y AMENAZA CON APLICAR LA REFORMA LABORAL
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Los sindicatos denuncian que la tabaquera sólo quiere hablar del cierre y que lo justifica con los datos que ha usado para despedir a 757 personas
Altadis no cede. La compañía tabaquera continúa enrocada en su posición y, en el inicio de la segunda ronda de conversaciones con los representantes de los trabajadores en Madrid, se mantuvo firme en su punto de partida: no es negociable la permanencia de la planta de Logroño y la cláusula de garantía del ERE del 2009 caducará el próximo 29 de febrero.
El 1 de marzo el cierre se negociará bajo los parámetros de la reforma laboral, la misma amenaza que trasladaron al comité de empresa el día en que anunciaron que la planta de Altadis tenía fecha de caducidad: el 30 de junio.
Mientras que los representantes de Altadis trataron de reconducir cualquier conversación hacia la negociación del cierre, los sindicatos pusieron sobre la mesa tres asuntos: uno coyuntural, el calendario de las conversaciones; y dos estructurales, la caída del mercado del tabaco y la sobrecapacidad de la planta logroñesa.
Respecto al primero, Altadis insistió en que este periodo de negociación vence, en cualquier caso, el 29 de febrero, una posición «ilógica», entienden los sindicatos, que recuerdan que aún no tienen en sus manos toda la documentación (recibirán, presumiblemente, la información de carácter económico que la empresa matriz está elaborando en Hamburgo) y que trasladaron una serie de cuestiones al comité de empresa europeo sobre las que se pronunciará en su reunión del 29 de febrero. Sólo a partir de entonces entienden, «se podría afrontar con garantías esa negociación», explicó Pilar Calvo (UGT): «No es lógico; no tenemos toda la documentación para hacer el análisis correspondiente».
LAS FRASES
Luis Enrique Medina CCOO: «Les hemos dicho que estamos dispuestos a hacer los ajustes que sean necesarios. Dicen que no»
Pilar Calvo UGT: «Sus argumentos no son tan buenos. No justifican la necesidad del cierre de la planta de Logroño»
Calvo defendió que los representantes de los trabajadores consiguieron demostrar a la empresa, con sus propios datos, que sus argumentos para avalar el cierre carecen de fundamento. «Les hemos dado argumentos suficientes para que ellos vean que el mercado del tabaco de España no es el que más está cayendo en Europa y ese motivo no debe ser de peso para considerar que hay que cerrar la planta de Logroño[…] Sus argumentos no son tan fuertes. No justifican la necesidad del cierre por sí mismos», concluyó la representante de UGT.
En similares términos, Luis Enrique Medina (CCOO), presidente del comité de empresa de la planta de Logroño, explicaba a Diario LA RIOJA que Altadis «emplea los datos con los que ha justificado el despido de 757 trabajadores para intentar cerrar la planta de Logroño». «En el informe que nos entregaron auguran que hasta el 2019 España será el mercado con menor caída de consumo. Los demás multiplicarán la caída de España por cinco. Cuando se lo hemos dicho no les ha hecho gracia y han vuelto a los datos con los que cerraron Alicante, Coruña y Cádiz», decía Medina.
Tampoco la sobrecapacidad de la planta sirve, según los sindicatos, para justificar el cierre. «Todas las fábricas están al 50 por ciento de sobrecapacidad. No es que Logroño sea la peor de todas», argumenta Calvo, que recuerda que ese indicador «es mejor en la planta de La Rioja que en otras de las que ellos plantean».
Medina también abundó que durante el encuentro trasladaron a la empresa «hasta en cuatro ocasiones» su disponibilidad a «hacer los ajustes que sean necesarios para eliminar esa sobrecapacidad y para asegurar la continuidad de la fábrica». La respuesta, la esperada: «Dicen que no, que la decisión es inamovible».
Las negociaciones se van retomar y está previsto que Imperial Tobacco entregue la documentación económica llegada desde Hamburgo.
LAS NEGOCIACIONES ENTRE URBASER Y PLANTILLA VAN «POR BUEN CAMINO»
¿Habrá huelga de basura a partir del 16 de febrero? Por ahora parece que la respuesta a esta pregunta está más cerca del sí que del no. El comité de empresa de Urbaser, la concesionaria que presta el servicio, ya ha manifestado su intención de iniciar el parón tras la tregua concedida a principios de año, ya que las negociaciones, por el momento, no están logrando que se llegue a buen puerto.
El presidente del comité, Juan Carlos Conesa, que días atrás decía que las negociaciones iban «por buen camino», tras las últimas reuniones mantenidas con la empresa, asegura que no terminan de ponerse de acuerdo en los términos de la negociación.
La plantilla quiere recuperar los derechos laborales que tenían en 2011, antes de producirse el recorte de 4,5 millones en el Presupuesto que ejecutó el anterior gobierno del PP.
En un encuentro con el gobierno local, con la alcaldesa Mamen Sánchez y el teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, José Antonio Díaz, a la cabeza, los trabajadores manifiestan su preocupación por la intención de la empresa de no cubrir las bajas que se produzcan. En los próximos años hasta 38 trabajadores se jubilarán, unas ausencias que provocarían deficiencias en el servicio, aseguran.
El gobierno ha recogido esta y otras preocupaciones de los trabajadores y se la trasladarán a la empresa a la que también le harán llegar que la política municipal «es y sigue siendo que no se pueden dar pasos hacia atrás y que un servicio tan importante y esencial no puede sufrir ningún tipo de perjuicio», por eso insta a ambas partes que sigan negociando.
Así las cosas, el próximo 16 de febrero comenzará la huelga en la recogida de basura, en puertas del Festival de Jerez, aunque todavía quedan varios encuentros entre plantilla y empresa para intentar llegar a un acuerdo que, ahora mismo, está lejano.
UN JUEZ OBLIGA A TRAGSA A READMITIR A UN TRABAJADOR AFECTADO POR EL ERE AL CONSIDERAR IMPROCEDENTE EL DESPIDO
Madrid (Europa Press)
El juzgado de lo Social número dos de Salamanca ha obligado a Tragsa a readmitir a un trabajador afectado por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) al considerar que se trata de un despido improcedente, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.
Se trata de la primera sentencia contra la empresa pública integrada en SEPI que obliga a readmitir a uno de los 555 empleados afectados por el ERE en las condiciones laborales que tenía o a indemnizarle con la cantidad económica estipulada.
Dicho trabajador prestaba servicios como técnico de prevención de Riesgos Laborales y fue despedido en 2014 con la justificación de la reducción de encargos a Tragsa y la fusión de las gerencias de Salamanca y Avila.
Ahora, el juez ha declarado la improcedencia del despido al entender que la empresa pública no ha respetado la garantía de permanencia, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ni ha acreditado que todos los puestos de trabajo del mismo nivel han sido igualmente suprimidos.
CSIF ha señalado que se trata de una de las numerosas causas individuales emprendidas en tribunales de toda España contra el ERE de Tragsa, por lo que ha confiado en que en las próximas fechas haya nuevas sentencias individuales contra un expediente que considera «injustificado».
El sindicato se felicita de esta decisión y espera que la empresa actúe con «buena voluntad» y favorezca una solución a los 555 trabajadores afectados. CSIF ofreció a la empresa crear una bolsa de trabajo en la que se dé prioridad a los despedidos en futuras contrataciones ante el previsible incremento de actividad de la compañía.
El pasado mes de enero, Tragsa y su filial Tragsatec dieron por finalizada la aplicación del ERE, que afectaba inicialmente a 1.336 trabajadores, al haberse registrado una mejora en la actividad a finales de 2015.
En concreto, el ERE ha afectado a 555 personas, el 5% de la plantilla total, integrada por 10.800 trabajadores, lo cual representa una reducción del 58% sobre los 1.336 despidos autorizados por la sentencia del Tribunal Supremo.
Dicha sentencia acordó, por unanimidad de los 14 magistrados del pleno del Tribunal Supremo, que el expediente era ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.
Según explicó la compañía, la «drástica» caída de producción e ingresos del Grupo Tragsa en más de un 60% a partir de 2009, cuya consecuencia fue un resultado de explotación negativo acumulado de más de 70 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014, hizo necesaria en febrero 2013 la puesta en marcha de un Plan de Transformación Global que permitiese superar «la difícil situación económica y garantizar la sostenibilidad y el futuro del Grupo».
Una vez finalizado el procedimiento de despido colectivo en Tragsa y Tragsatec, conjuntamente con las medidas implantadas en el Plan de Transformación Global, el Grupo ha subrayado que afrontará su futuro en las mejores condiciones para el cumplimiento de su compromiso de garantía profesional y servicio público.
LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL ERE EN ORANGE Y JAZZTEL INICIA LAS CONVERSACIONES
Madrid (Europa Press)
La mesa en la que se negociará el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en Orange y Jazztel, que afecta inicialmente a 550 empleados en centros de Madrid, Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla, tiene de plazo para constituirse y empezar a trabajar hasta el viernes, 12 de febrero, una vez que el lunes 8 se haga efectiva la absorción a efectos laborales.
En esta mesa, en la que estarán sentados los representantes de CC.OO., UGT y de la organización de trabajadores UTJ, así como representantes de la parte empresarial, ésta última especificará previsiblemente las causas del despido colectivo y presentarán la documentación que las acredita.
Por el momento, fuentes de Orange consultadas por Europa Press han declinado hacer cualquier valoración sobre estas cuestiones o sobre la marcha del proceso. Hasta la fecha, la empresa alega causas organizativas, concretamente duplicidades e ineficiencias en ciertos puestos, para justificar el ERE.
El expediente, que en el folleto de OPA presentado por Orange a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de mayo cifraba en no más de 400 trabajadores, podría afectar finalmente a 550, lo que coincide prácticamente con la plantilla de Jazztel.
Fuentes sindicales señalan que, a la espera de lo que se negocie, el ERE planteado «está bastante repartido» entre las plantillas de ambas compañías. Concretamente, afectaría principalmente a toda la plantilla de Orange en Valladolid y Valencia, y al personal de Jazztel en Madrid y Barcelona.
LA DESCONFIANZA DE LOS SINDICATOS.
Los sindicatos encaran con cierto recelo las negociaciones. Según indican, el hecho de que la empresa haya aumentado en un segundo término el número de potenciales afectados ha generado desconfianza.
Además, la empresa avanzó en su día que prevé contratar a 300 personas en plataformas de atención al cliente, lo que vendría a compensar parte de los 550 despidos. Sin embargo, los sindicatos han replicado que estas plataformas ni siquiera están incluidas en el proyecto de fusión.
Más aún, desde los sindicatos se interpreta estas contrataciones como un refuerzo ante la previsión de mayor actividad, lo que no justificaría todos los despidos previstos y haría que la cifra resulte aún más «desproporcionada».
Además, argumentan que desde la presentación del folleto de la OPA se han producido bajas voluntarias, despidos, excedencias o traslados forzosos, pero pocas contrataciones, con lo que no debería sobrar ahora más personal que al principio del proceso de fusión.
En cualquier caso, los sindicatos también esperan que la empresa busque otras formas de llevar a cabo los ajustes necesarios y creen que opte, antes de despedir, por externalizar algunos servicios, como pueden ser los de soporte técnico, o incentivar prejubilaciones.
Lo que parece claro es el interés de la empresa por que el proceso no se demore mucho porque tiene la necesidad de que «este todo cerrado» cuando el nuevo CEO, Laurent Paillassot, aterrice en España en marzo. Así, la previsión es que la negociación dure como máximo 30 días.
LOS SINDICATOS YA SE ESTÁN MOVILIZANDO.
Antes de iniciar las conversaciones con la parte empresarial, los sindicatos ya han iniciado una campaña de actos y movilizaciones para el ERE bajo el lema ‘¡Aquí no sobra nadie!’.
En primer lugar, se ha puesto en marcha una campaña en las redes sociales para la recogida de firmas en Change.org, que hasta la fecha ha alcanzado los 5.000 apoyos.
Además, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha participado en un vídeo en el que respalda a las plantillas de Orange y Jazztel y asegura que la dirección de la compañía naranja «está actuando de mala fe al presentar un ERE equivalente a la práctica totalidad de unas de las empresas fusionadas».
Por otro lado, las centrales han celebrado asambleas informativas en los centros de trabajo de ambas compañías, en las que han explicado que se han presentado escritos de protesta en los comités mundial y europeo de Orange y en la dirección internacional del Grupo Orange.
IU RECORTARÁ EL 60% DE SU PLANTILLA Y BAJARÁ SUELDOS
IU se desangra económicamente, situación que agravan los dos escaños logrados el pasado 20D, que obliga a despidos, recortes y renegociación de la deuda.
El Consejo Político Federal de IU ha aprobado un plan de ajuste económico que implica un recorte del 60 por ciento de su plantilla laboral, la bajada del sueldo al resto de trabajadores y la renegociación de la elevada deuda bancaria que tiene contraída con los bancos, que ya no pudo afrontar en el mes de enero.
El plan de viabilidad económica propuesto por la dirección de IU ha recibido el aval del 91 por ciento de los presentes en el Consejo Político, con 74 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, y se ha tomado como consecuencia del descenso de ingresos que provocaron los malos resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, en las que IU-Unidad Popular sólo logró dos diputados.
La primera medida que recoge este programa es una drástica reducción de su personal laboral, pasando de los 22 trabajadores con los que la organización cuenta actualmente a quedarse con nueve asalariados. Para las salidas de empleados se contempla recurrir a jubilaciones anticipadas, salidas pactadas y, en último término, despidos.
Por su parte, los trabajadores que se quedarán a sueldo de IU sufrirán un recorte salarial progresivo. También verán mermado su salario los siete liberados que trabajan en la organización, con una reducción de entre el 15 y el 20 por ciento.
La responsable de Finanzas, Lola Sánchez, ha explicado que el objetivo durante las próximas semanas será conseguir un nuevo plan de pagos bancarios, ya que la organización siempre va a priorizar el pago del IRPF, la Seguridad Social y las nóminas de sus trabajadores.
ARRANCA LA HUELGA INDEFINIDA DE LA PLANTILLA MUNICIPAL DE LOS PALACIOS
Los Palacios y Villafranca (Sevilla) – Europa Press)
Se hace efectiva la convocatoria de huelga promovida por la junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para reclamar al Gobierno municipal que lidera Juan Manuel Valle (IP-IU) el pago de los salarios pendientes, concretamente ocho nóminas más la devolución de la paga extraordinaria de Navidad retenida en 2012 por el Estado.
Se hace efectiva la convocatoria de huelga promovida por la junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), para reclamar al Gobierno municipal que lidera Juan Manuel Valle (IP-IU) el pago de los salarios pendientes, concretamente ocho nóminas más la devolución de la paga extraordinaria de Navidad retenida en 2012 por el Estado.
La convocatoria de huelga entra en vigor después de que concluyese «sin avenencia» la reunión celebrada en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) entre la plantilla del Ayuntamiento de Los Palacios y el equipo de gobierno, quienes tampoco alcanzaron un acuerdo para los servicios mínimos del personal laboral, dictados finalmente por la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Recordemos que hasta el momento, el alcalde ha propuesto abonar durante 2016 dos de las nueve nóminas pendientes, más las 14 nóminas que corresponden al ejercicio completo y los intereses devengados por las nóminas atrasadas, pero la junta de personal y el comité de empresa del Ayuntamiento palaciego alegan que el primer edil debe «definir claramente su propuesta con un informe de la Intervención municipal que avale y garantice legalmente el pago de las nóminas atrasadas y los intereses, ya que aún no ha aclarado cómo va a hacerlo».
POLIGAL INICIARÁ UNA HUELGA INDEFINIDA SI LA DIRECCIÓN NO CUMPLE LOS ACUERDOS
Ferrol
Trabajadores de Poligal frente a la fábrica, durante el Expediente de Regulación de Empleo de 2012
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El comité de empresa de Poligal ha informado a la dirección de la compañía que iniciará una huelga indefinida si no se desbloquean las negociaciones para volver a las condiciones anteriores al acuerdo del ERE del año 2012.
Los representantes de los trabajadores denuncian los constantes incumplimientos por parte de la empresa del documento convenido en dicha fecha.
De hecho, el Juzgado número 2 de Ferrol ya obligó a Poligal a realizar las inversiones en infraestructuras comprometidas, que en su momento constituyeron el argumento para la aplicación de ese ERE extintivo que afectó a 34 personas.
Además, la empresa tampoco ha cumplido otro de los puntos recogidos en el acuerdo respecto a la congelación de los sueldos. La dirección de Poligal pactó con los sindicatos que los incrementos previstos en el Convenio Colectivo para los años 2012, 2013 y 2014 que no se aplicaran por la contención salarial acordada se recuperarían en dos periodos, el mes de enero de los años 2015 y 2016. Algo que por el momento no ha ocurrido.
La gerencia de la compañía –propiedad del Grupo Peralada– les ha trasladado que si aplican esa compensación salarial, las cuentas de la factoría volverían a resentirse, debido a los malos resultados que auguran para el 2016 y el 2017.
A este respecto, los sindicatos insisten en significar que el 99,5% de las ventas se realizan a empresas del mismo grupo y que casi el 60% del aprovisionamiento (adquisición de materias primas y consumibles) procede de estas mismas empresas. La fábrica se encuentra, por lo tanto, en una situación de negocio cerrado en la que no pueden trabajar con precios de mercado.
El miércoles día 10 ambas partes mantendrán una reunión para intentar alcanzar un acuerdo que, según los sindicatos, pasa por “cambiar sustancialmente las condiciones actuales de trabajo”. Como curiosidad, el encuentro tendrá lugar en el centro de negocios Arena76 y no en la sede de la empresa.
El Comité de Empresa arguye que con esta actitud la dirección de la firma química está promoviendo la “recentralización de todos los activos de la empresa” en su planta de Arcos de Valdevez, en Portugal.
«Todas las inversiones en las mejoras de las líneas productivas se están haciendo allí. En Narón todavía tenemos máquinas de los años noventa y seguirán ahí hasta que duren”, explican desde el Comité de Empresa. Entienden que así, “a través del abandono”, dejarán “morir de inanición” a la planta naronesa.
Durante este año, además, Poligal abrirá una nueva planta de producción en la ciudad polaca de Skarbimierz, a 60 kilómetros de Wroclaw, cerca de la frontera con Alemania, en la que invertirá 30 millones de euros.
De hecho, ya figura en los calendarios corporativos de la empresa para este 2016. “Gracias a las máquinas de última generación y a las condiciones laborales de Polonia, producirán más barato, más cantidad y en menos tiempo”, indican los representantes sindicales.
HUELGA EN EL METRO DE BARCELONA
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El 2 de febrero la plantilla del Metro de Barcelona fue a la huelga en el marco de la negociación de su convenio colectivo. Exigen medidas contra la precariedad y contra la congelación salarial.
La movilización tiene sus connotaciones sindicales pero también políticas, pues el Ayuntamiento está gobernado por la mayoría electoral obtenida por Ada Colau y es el primer conflicto al que se enfrenta. Para conocer sus opiniones hemos hablado con Oscar, Sergio y Oscar, trabajadores del Metro y miembros del colectivo de precarios “Metrers Precaris”. La entrevista la realizó Miquel Salas.
1.- ¿Cuáles son las razones de la convocatoria de la huelga?
La huelga se convoca en el marco de la negociación del convenio que ha expirado. Nuestras demandas pretenden, en primer lugar, acabar con la precariedad que se extiende rápida e inexorablemente entre la plantilla. El siguiente punto de conflicto es el de la congelación salarial que dura ya demasiados años. Una congelación que nos hace perder poder adquisitivo mientras vemos aumentar la masa salarial destinada a la cúpula directiva de TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona) en un 14,27%. Por último, los trabajadores de metro estamos en contra de unas medidas organizativas que la empresa pretende imponer de manera unilateral. Estas medidas, que bajo la excusa de una pretendida “racionalización” esconden la intención de destruir unas condiciones laborales que hasta ahora hemos conseguido defender con mucho esfuerzo y lucha.
La plantilla decidimos en asamblea, con la unidad de todos los sindicatos, la convocatoria de un paro para el día 2 de febrero, que tuvo un seguimiento masivo entre la plantilla, y dos días más de huelga coincidentes con el MWC (Mobile World Congress), el 22 y 24 de febrero, como la única manera de revertir la situación de bloqueo a la que la directiva nos ha llevado. Es notoria la nula voluntad de la empresa de negociar, y esperamos que esas convocatorias les obliguen a sentarse a dialogar con nuestros representantes con una actitud constructiva.
2.- Podéis explicar cómo se practica la eventualidad en la empresa?
La problemática de los trabajadores precarios en el Metro de Barcelona es muy diversa, pero podemos afirmar que los principales problemas son los contratos parciales y la temporalidad. No es difícil encontrar contratos de 37%, 40%, 55% de la jornada anual. Una buena parte de contratos actuales se firman al 75%. Es un auténtico despropósito que en una empresa participada por instituciones como el Ayuntamiento o la Generalitat, los contratos precarios hayan aumentado un 50% en los últimos dos años. Y más aún cuando la falta de personal en la red de metro es obvia: múltiples estaciones sin personal para atender al pasaje, estaciones que se quedan abiertas por la noche porque no hay nadie que pueda cerrarlas, retirada de trenes por la imposibilidad de encontrar personal para conducirlos, deterioro continuo de trenes y estaciones por falta de mantenimiento, etc.
Y la peor parte se la llevan aquellos compañeros que se encuentran en la llamada “bolsa de verano”. Son compañeros a los que se contrata para cubrir los meses en los que la plantilla fija se turna para hacer sus vacaciones. Estos trabajadores son contratados durante un periodo 3 meses al año, y esa situación se alarga durante 6, 7 u 8 años. En el siguiente paso se les hace un contrato de relevista (sustitución de un prejubilado) al 75% durante 4 años, después de los cuales vuelven a la bolsa de verano a la espera de un segundo contrato de relevista en las mismas condiciones que el anterior. Sólo después de este proceso de concatenación de diversos contratos conseguirán una plaza fija al 75%.
Así vemos que, para conseguir un puesto fijo en el Metro de Barcelona pueden pasar más de 10 años. Es una situación aberrante para cualquier familia. No son pocos los que después de haber invertido una parte importante de su vida laboral en esta empresa tienen que desistir porque su situación familiar les impide sostener este larguísimo proceso. Y es importante observar que dicho proceso implica claramente destrucción de empleo: por cada dos trabajadores con jubilación completa entra un trabajador con un contrato al 75%. Los números hablan por sí mismos.
Además, tenemos un colectivo especialmente desprotegido, que es el de los compañeros y compañeras de la bolsa de verano que entraron en 2015. La empresa ya ha dicho por activa y por pasiva que estos compañeros, que en su periodo de contratación han trabajado como cualquier otro y vivido las mismas vicisitudes que el resto de la plantilla, no entran dentro de los planes de futuro de TMB.
3.- Pero la eventualidad está muy generalizada en casi todos los sectores, ¿qué proponéis para reducirla?
En términos generales, proponemos que la inversión en TMB se dedique a aquellos ámbitos productivos y que tienen que ver directamente con la atención al usuario. Ello conlleva necesariamente ampliar cuantitativa y cualitativamente la contratación de trabajadores.
Como plan de mínimos, exigimos que se reduzcan los plazos de permanencia en la bolsa de verano, que se elimine el segundo contrato de relevista y que al término de dicho contrato todos los compañeros (incluidos los de 2015) puedan acceder a un contrato al 100% que tenga exactamente las mismas condiciones que ha venido teniendo hasta ahora la plantilla fija.
4.- La gente eventual se ha ido organizando, ¿podéis explicarlo?
La eventualidad afecta negativamente al grado de información e implicación en el proceso de negociación del convenio colectivo. Actualmente muchos de los eventuales tenemos la difícil tarea de buscar un segundo empleo que nos permita sobrevivir durante el resto del año mientras no trabajamos en metro. En ese contexto nace el colectivo asambleario “Metrers Precaris”. Pretendemos ser una fuente fiable y accesible de información para eventuales y precarios y establecer los canales de diálogo apropiados con las diferentes secciones sindicales que propicien la unidad, solidaridad e implicación de todos los trabajadores y trabajadoras en conseguir un plan de contratación justo.
5.- El Ayuntamiento gobernado por BcnEnComú es uno de los que encabezan el cambio municipal ¿cómo ha respondido en la negociación y en la huelga?
Hasta el momento, el Ayuntamiento se ha situado incomprensiblemente en un punto equidistante entre la empresa y los trabajadores en lucha. Debido al miedo a que el conflicto sea instrumentalizado por la oposición, se ha generado una situación de desconfianza hacia los trabajadores. Incluso desde el entorno del equipo de gobierno se ha adoptado un discurso cercano al que la directiva está empleando: se niega o matiza la precariedad y se afirma que la empresa muestra buena voluntad a la hora de negociar. Y nada más lejos de la realidad.
El equipo que dirige el Ayuntamiento está siendo víctima de una pinza entre PSC y CiU por un lado, y la directiva de TMB que mayoritariamente está controlada por esos mismos partidos políticos. Ese es el verdadero motivo del bloqueo en las negociaciones. La directiva está enrocada en sus posiciones por el simple hecho de que la huelga en el transporte público dañaría seriamente la imagen de la alcaldía. Los trabajadores somos conscientes de esa guerra política que se está llevando a cabo, pero entendemos también que hay una base material para nuestras reivindicaciones. Las movilizaciones continuarán pese a todos estos elementos ajenos al conflicto laboral, pero el movimiento de los comunes, con el ayuntamiento a la cabeza, debería considerar a todos los trabajadores en lucha como aliados en el combate por el cambio.
6.- Como ciudadanos y como trabajadores del Metro ¿cómo os planteáis la relación entre vuestras reivindicaciones y un Ayuntamiento votado por la mayoría de la gente trabajadora?
Somos muchos los que tenemos grandes esperanzas depositadas en este cambio tras las elecciones municipales. Realmente esperamos que con este Ayuntamiento las cosas comiencen a hacerse de otra manera, y deseamos encontrarnos al otro lado con un interlocutor dialogante y que quiera establecer canales de comunicación fluidos.
Nuestras reivindicaciones se engloban en una problemática aún mayor, que es el modelo de transporte que queremos para nuestras ciudades. La precarización de nuestras condiciones laborales sólo responde a la visión del transporte público como el de una empresa que debe maximizar beneficios. Los servicios públicos deben encararse de otra forma. La precarización implica sin lugar a dudas un deterioro del servicio que se da a la ciudadanía. La evidente falta de personal tiene implicaciones a distintos niveles: desde un mantenimiento deficiente de los trenes y de las estaciones, hasta que los usuarios se encuentren con menor presencia de personal para atender sus necesidades. Nosotros entendemos que “racionalizar” pasa por reducir una cúpula directiva hiperdimensionada y que se ha convertido en un cementerio de elefantes para políticos.
Igualmente se hace necesario terminar con la opacidad imperante en TMB, donde hasta el momento ha sido imposible saber cuánto cobran nuestros directivos. Tampoco podemos permitir que en una empresa que participada por el Ayuntamiento existan unas condiciones laborales que impidan el desarrollo de una vida digna. El servicio al ciudadano, en el caso que nos atañe, se traduce en un transporte asequible y social, de calidad y netamente público. Y ahí es donde convergen nuestras reivindicaciones y las necesidades de la ciudadanía en el ámbito del transporte.
Es necesario que las personas en torno a Barcelona en Comú se sitúen del lado de la gente que lucha. Su posicionamiento en este conflicto puede marcar las futuras relaciones del Ayuntamiento con los movimientos sociales y los colectivos de trabajadores movilizados. Y si se trata de poner las instituciones al servicio de la ciudadanía, es el momento de demostrarlo.
SINDICATOS CREEN QUE EL ERTE DE LAMINACIONES ARREGUI PONE FIN AL CONFLICTO
EFE
Los sindicatos ELA, LAB y ESK consideran que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la empresa Laminaciones Arregui, que tiene plantas en Vitoria y Urbina (Álava), acaba con las «represalias» a los sindicatos que dieron lugar a cuatro años de «duro conflicto laboral».
Estos tres sindicatos han difundido un comunicado en el que creen que la actitud de la dirección Celsa Atlántic (antigua Laminaciones Arregui) «está cambiando», se ha renovado la gerencia y cuenta con un nuevo gabinete jurídico, con lo que se pondrá fin al largo conflicto.
Estas centrales aseguran que el ERTE se basa en criterios de homogeneidad y evita la discriminación.
Además señalan que si tras los dos años de vigencia del ERTE la empresa tiene que ajustar la plantilla de manera estructural, habría diferentes cláusulas que garantizarían parte de las cuantías equivalentes a la pérdida de derechos de prestación de desempleo derivadas de éste expediente de regulación.
ELA, LAB y ESK piden al Gobierno Vasco que se sume a este acuerdo y se implique para asegurar el futuro de esta empresa.
En octubre de 2015 los 79 trabajadores despedidos de Celsa Atlantic se reincorporaron al trabajo, después de la última resolución judicial que les dio la razón y obligó a la empresa que les readmitiera.
El conflicto se inició en 2012 cuando la empresa presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción para los 352 empleados de sus dos plantas de Vitoria y Urbina, que fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, fallo que luego ratificó el Tribunal Supremo.
En julio de 2014 Celsa Atlantic presentó un nuevo ERE de suspensión y extinción que afectaba a 79 trabajadores, contra el que recurrieron ELA y el Comité Intercentros, y que el TSJPV también declaró nulo.
ELA, LAB y ESK han considerado que los trabajadores de esta empresa «son y serán un ejemplo de lucha por la dignidad de la clase trabajadora» y han ganado sentencias «pioneras».
También han felicitado a los ciudadanos y a las familias de los afectados por el apoyo que les han dado durante todo este tiempo.
LA PRESIÓN DE SER SINDICALISTA EN MERCADONA
Alba Mañanes – ileon.com
Candidaturas sindicales que no prosperan por presión de la empresa, imposibilidad de coger bajas laborales o amenazas veladas y no tan veladas. Un trabajador de Mercadona denuncia el funcionamiento de la planta logística que la cadena de supermercados tiene en Villadangos del Páramo en la que trabajan más de 500 personas.
El centro logístico de Mercadona, ubicado en Villadangos del Páramo, impide la oposición sindical. Las últimas elecciones sindicales celebradas en el centro leonés sólo tuvieron una única lista, ninguna posibilidad de elección para los más de 500 trabajadores de la planta que tuvieron que votar como única alternativa a la lista de UGT, no votar o votar en blanco o nulo. Ahí terminó su posibilidad de elección.
Pero esto no ocurrió por qué ningún trabajador más quisiera presentarse para ser representante sindical, sino porque la empresa frustró los planes de otra lista alternativa, algunos de cuyos miembros se dieron de baja misteriosamente justo cuando cumplía el plazo para que la candidatura fuera oficial.
Amenazas veladas, o no tan veladas, como el «despido inmediato» fueron los argumentos de la parte empresarial para ‘convencer’ a los integrantes de esa lista frustrada. De los once trabajadores que la integraban, cinco se dieron de baja después de ser llamados, uno a uno, por los responsables del centro. Una reunión a puerta cerrada en la que tuvieron que elegir si querían continuar teniendo empleo o no.
A estos empleados les dijeron que lo que habían hecho «estaba muy mal». «Dijeron que se podía presentar quien quisiera, pero que presentarse así estaba muy mal, todo muy mal, que primero hay que hablar con los jefes para preguntar si te puedes presentar», ha explicado un trabajador.
Pero las complicaciones para ser sindicalista en Mercadona no acaban ahí. Fuentes consultadas por ileon.com han confirmado que los problemas para presentarse a las elecciones sindicales en el centro logístico leonés comenzaron en los propios sindicatos, ya que desde UGT impidieron presentar una segunda lista, la oficial, de este mismo sindicato, se quedó así sin competencia.
No obstante, el otro sindicato mayoritario, CCOO sí permitió que otra lista concurriera a las elecciones, aunque, después, fue la propia empresa quien impidió que la candidatura prosperase.
No sólo las personas que figuraban en la candidatura sindical han tenido represalias. También personas que únicamente fuero avales, es decir, que firmaron un documento en el que se mostraban de acuerdo con que pudiera presentarse la lista.
En una de las entrevistas anuales que están realizando los responsables del centro, una de las personas que suscribieron ese documento ha sido amonestada. Su superiora le ha dicho que le «baja la nota» únicamente por apoyar la candidatura, aunque no formara parte de ella.
La empresa con menos bajas
Y ¿qué motivos hay para ser sindicalista en Mercadona? Según un trabajador consultado por este periódico infinidad de ellos. El motivo de querer presentar una segunda opción se debe a que, en estos momentos, en el centro logístico de Villadangos no hay ningún tipo de control sindical a la empresa, que hace y deshace a su antojo.
Quejas de los trabajadores que caen en saco roto y que no obtienen ningún tipo de respuesta más que redirigir a los empleados a sus jefes, con quien precisamente tienen los problemas. Una de las cuestiones más sangrantes, ha precisado este trabajador, es el tema de las bajas laborales. «No les gusta, les parece fatal que vayas a tu médico» por eso desde la planta invitan a los empleados a acudir únicamente al médico de la mutua al que le cuesta dar bajas a los trabajadores.
Tal es así, que uno de los empleados de la planta de Villadangos sufrió una torcedura en una pierna cuando estaba realizando su trabajo. Como le dolía mucho el golpe decidió acudir al médico de la mutua, pero le dijo que «no era nada».
Como consecuencia de que no podía moverse mucho le adaptaron su puesto laboral para que estuviera sentado, una práctica muy habitual cuando los trabajadores tienen algún tipo de problemática de salud, ha precisado este mismo trabajador. Tras más de una semana con dolores y la pierna «de todos los colores», el médico de la empresa fue sustituido por otro facultativo durante unos días y el trabajador fue diagnosticado de «principio de rotura de peroné».
«No les parece nada bien que vayas a tu médico de cabecera, tienes que ir al médico de la empresa que para él vas a estar siempre bien. Además te va a adaptar», ha añadido este empleado. Esta adaptación supone cambiar momentáneamente de puesto de trabajo mientras se tiene algún problema de movilidad.
Otro de los casos es el de una trabajadora, con un ataque de lumbociática, que estaba trabajando en frío. «Presumen de ser la empresa con menos bajas de España, pero es que no te dejan coger bajar».
«Táctica del miedo»
Otra de las denuncias de este mismo empleado es la que él llama «táctica del miedo» en la que los jefes recuerdan «constantemente» a sus empleados lo bien que se está en Mercadona. «Te recuerdan que dónde vas a estar mejor que aquí».
Los trabajadores de Mercadona también tienen que soportar las denominadas ‘semanas de carga’ en las que tienen que recuperar el tiempo que destinan a diario en su ‘hora del bocadillo’. Una de las razones por las que los trabajadores ven incrementadas de forma muy significativa su horario laboral.
Este mismo trabajador ha dicho que justo cuando empezó a trabajar, las primeras palabras de sus superiores fueron «aquí no nos gustan los alborotadores». Entonces desconocía el significado, pero ahora ya no.
EL GOVERN APOYA A LOS SINDICATOS EN EL CASO BIMBO
El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha manifestado tras reunirse con los representantes de Bimbo en CCOO y UGT que apoya su estrategia de negociación en este caso, después de que la empresa presentara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a la planta de Palma con el que sus trabajadores serían despedidos.
Durante la reunión, el conseller ha expuesto a los representantes sindicales que se desplazó en Barcelona para mantener una reunión con la dirección de Bimbo Iberia al más alto nivel.
Negueruela ha manifestado que la reunión mantenida con la empresa fue para conocer la posición de la compañía respecto a la planta de Palma, y para analizar si se pueden observar diferentes mecanismos, siempre con la intención de tratar de mantener los puestos de trabajo.
De hecho, el conseller, que ha comparecido junto con los secretarios generales de CCOO y UGT y un representante del comité de empresa, ha indicado que el Govern da su apoyo a los trabajadores de Bimbo en Mallorca, y que “se pone a disposición de los trabajadores” y apoya a la estrategia de negociación que fijen los sindicatos.
En la reunión, han participado la directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, Isabel Castro, los delegados de personal de Bimbo en Mallorca y los secretarios generales de CCOO y UGT en Baleares, José Luis García y Alejandro Texias.
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