Boletín de Luchas Obreras (10 de Abril de 2015)

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ÍNDICE:

  • LOS INSTALADORES DE TELEFÓNICA CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA
  • LOS SINDICATOS PROTESTAN POR «MÁS DE 200 DESPIDOS» EN CORREOS EN EXTREMADURA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA
  • DESPIDOS A TODA PRISA EN EL AYUNTAMIENTO ALMONTE
  • LOS TRABAJADORES DE ACOREX HACEN HUELGA EN PROTESTA POR LOS 81 DESPIDOS
  • HUELGA EN CORREOS EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES
  • PRISA SANCIONADA POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA
  • ARCELOR SE ENFRENTA A DOS DÍAS DE HUELGA EN VERIÑA POR UN DESPIDO
  • EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA «INJUSTIFICADO» UN ERE «EN VENGANZA POR UNA HUELGA»
  • ENTREVISTA AL, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CESPA, EMPRESA DE LIMPIEZA DE GETXO
  • EMPLEADOS DE COCA-COLA PROTESTAN EN EL SUPREMO
  • EMPLEADO DE EVEREST IRÁ EN BICI A SANTIAGO PARA CAPTAR FONDOS PARA PLANTILLA
  • IBERCAJA PLANTEA CERRAR UN MÁXIMO DE 70 OFICINAS
  • OSTA PROTESTA POR LOS CIERRES Y LOS DESPIDOS EN LOS ANTIGUOS SCHLECKER
  • TRABAJADORES DEL ESTADIO DENUNCIAN DESPIDOS TRAS UNA SENTENCIA JUDICIAL
  • LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA DE ARMAS, LLAMADA A LA CUARTA JORNADA DE PARO
  • LA PLANTILLA DE BANCO MADRID TRATA DE ORGANIZARSE PARA NEGOCIAR EL ERE
  • CONCENTRACIÓN 09 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE TARRAGONA POR LA READMISIÓN DE ARTURO FERNÁNDEZ Y LOS 299 DESPEDIDOS DE GRUPO NAVECES

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LOS INSTALADORES DE TELEFÓNICA CONVOCAN HUELGA INDEFINIDA

Por su parte, la operadora asegura que ha comunicado la prórroga de los actuales contratos.

El personal técnico de contratas, subcontratas y autónomos subcontratados por Telefónica-Movistar, colectivo que suma unas 15.000 personas, ha sido convocado a secundar una huelga indefinida.

«Es la primera vez que Telefónica va a tener que hacer frente a una huelga estatal», ha asegurado a Efe un representante del comité de huelga, quien ha negado que Telefónica les haya comunicado la prórroga de los contratos y ha advertido de que la protesta puede provocar que muchos abonados se queden sin servicio.

La convocatoria estatal se suma a la huelga comenzada en la comunidad de Madrid el 28 de marzo, según el sindicato convocante AST, que, en un comunicado detalla que CGT y co.bas convocarán huelga el 13 de abril y que UGT y CC.OO. también harán sus propias convocatorias para protestar por sus condiciones laborales.

Además, el personal de Atento, que trabaja en un 60% en los departamentos de telemarketing de Telefónica-Movistar está también llamado a realizar paros parciales el 8 de abril por CGT, STC, CSI-F y CIG.

Desde Telefónica, se asegura que la compañía ha comunicado a sus empresas colaboradoras la extensión por tres años de los contratos en vigor, valorados en unos 500 millones de euros anuales, sin hacer una nueva licitación -habitualmente la hace cada tres años-.

Con la prórroga, Telefónica muestra su compromiso con sus contratas, a las que considera «aliadas clave» para continuar con el despliegue de fibra óptica hasta los hogares, y evita que el sector «entre en una espiral de competencia en precio que acabaría por precarizar la actividad y pondría en jaque la estabilidad de una industria», según la misma fuente.

Trabajo precarizado

«Es un bulo. No nos han comunicado nada y, además, sería insuficiente porque llevamos 15 años en los que con cada licitación han bajado los precios y precarizado las condiciones de trabajo», ha afirmado el representante del comité de huelga.

Según el sindicato AST, Telefónica-Movistar y sus contratas (Abentel, Cotronic, Cobra, Comfica o Elecnor) apuestan desde hace años por una estrategia de substitución de la plantilla fija «por cadenas de subcontratación en la que cada nuevo eslabón sufre condiciones más precarias que el anterior».

Al final de la cadena se encuentra un número cada vez mayor de autónomos a los que las propias contratas y subcontratas alquilan herramientas y vehículos y quienes, contratados por 2 o 4 horas diarias, se ven obligados a trabajar hasta 12 horas cada día «todos los días de la semana para poder llegar a cobrar 800 euros netos».

El desencadenante del conflicto ha sido la nueva reducción por parte de Telefónica-Movistar del precio de los servicios que le prestan las contratas a la multinacional, añade el sindicato.

Desde la operadora se defiende que en 2014 promovió conjuntamente con sus empresas colaboradoras la incorporación de más de 5.000 nuevos técnicos, a los que facilitó tanto formación como la adquisición del equipamiento necesario.

Pese a las incertidumbres sobre qué obligaciones tendrá que asumir en los próximos meses respecto al mercado de fibra óptica, Telefónica ha decidido mantener su apuesta por las nuevas redes lo que garantiza «un importante volumen de actividad que permitirá mantener los empleos», según fuentes cercanas a la compañía.

Este año, la compañía prevé llevar fibra a 3,5 millones más de hogares y continuar conectando clientes a esta nueva red.

LOS SINDICATOS PROTESTAN POR «MÁS DE 200 DESPIDOS» EN LA EN CORREOS EN EXTREMADURA EN LO QUE VA DE LEGISLATURA

CC.OO., UGT y CSI-F han estado presentes en una concentración de trabajadores de Correos para protestar por «recortes» en esta entidad, entre ellos, los «más de 200 despidos» que según indican se han llevado a cabo en Extremadura en lo que va de legislatura.

A esta protesta se une, por parte de CC.OO., sindicato mayoritario de Correos, la propuesta al resto de organizaciones sindicales de la convocatoria de 11 jornadas de paros y huelgas generales en todo el Estado el próximo 30 de abril, y el 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo.

En nota de prensa, se subraya que el motivo es «el bloqueo» de más de año y medio del Convenio Colectivo «por parte de los responsables políticos de Hacienda, SEPI y Correos», y contra su propuesta de seguir recortando empleo a pesar de los 14.000 empleos menos en los últimos 5 años.

De esta manera y tras el paréntesis de cuatro meses sin que los responsables políticos de Hacienda, de SEPI y de Correos hayan sido capaces de hacer una «propuesta seria» para el desbloqueo del Convenio Colectivo de los 52.000 trabajadores de Correos, «y con la amenaza de imponer un nuevo recorte extra de puestos de trabajo» a pesar del «salvaje» ajuste de empleo de 14.000 puestos en los últimos cinco años, CC.OO. ha anunciado que retoma las movilizaciones aparcadas en noviembre por las cuatro organizaciones convocantes (CC.OO., UGT, CSI·F y SL).

Esta propuesta será trasladada por parte de CC.OO. al resto de organizaciones sindicales convocantes para mantener aquel criterio unitario.

Para CC.OO., ha quedado de manifiesto «la falta» de impulso y respaldo por parte de los responsables políticos y directivos «de turno» a la empresa pública Correos, ocasionando «un grave deterioro al servicio postal público» al que, según indica este sindicato, «están dejando sin trabajadores», y hacia unos ciudadanos a los que «están privando de recibirlo con calidad» y con la periodicidad de cinco días a la semana.

Además, ha asegurado que, de forma «absolutamente rechazable por inmoral», los responsables de Hacienda, de SEPI y de Correos, han provocado un «recorte salvaje» de empleo de 11.000 puestos menos en lo que se lleva de legislatura (3.000 más desde 2010), de los que 8.000 son fijos, sin cobertura en la contratación, con más trabajo y kilómetros y multivalencia funcional.

También, CC.OO. ha criticado que se han negado a cualquier contrapartida salarial y «han incumplido» los acuerdos de empleo alcanzados con las organizaciones sindicales en el actual Convenio, indicando que «todo ello está provocando un aumento de la presión, del estrés y de las bajas y un claro perjuicio a la prestación del servicio a la ciudadanía».

De esta manera, ha avisado de que si la empresa y los responsables de Hacienda y SEPI «continúan por la senda del recorte y de asfixia al operador postal público», la movilización continuará en octubre y noviembre «por irresponsabilidad de los políticos y de los directivos», añadiendo que la «única vía de solución al conflicto» pasa por un incremento salarial, la paralización del ajuste de plantilla y la regulación de la ultraactividad, en el marco de una nueva regulación laboral.

DESPIDOS A TODA PRISA EN EL AYUNTAMIENTO ALMONTE

La sección sindical de Almonte de la FSP UGT Huelva denuncia la persecución sindical y política de los expedientes disciplinarios que el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez (PP) gestiona de forma desproporcionada y fuera del derecho administrativo contra alguno de sus trabajadores.

Lo último es la pretensión de despedir a un trabajador municipal con la acumulación de expedientes disciplinarios.

La llegada del PP a la alcaldía de Almonte se basa en judicializar y perseguir a los empleados municipales, este es el caso de Jorge Estéfano Leyva abriéndole cuatro expedientes disciplinarios bajo argumentos de poco peso con el fin de acumular diversas faltas que desembocasen en el despido del trabajador.

Este trabajador tiene categoría de encargado de servicios y desde la llegada en 2011 del PP al ayuntamiento fue desplazado a tareas de conserje en el polideportivo.

No conformes con el cambio de tareas y categoría, no han cesado en el intento permanente de ir abriendo expedientes al trabajador con el fin de echarlo. De hecho, en 2013 ya cumplió una sanción de tres meses de empleo y sueldo que será revisado en vía judicial en este mes de abril.

Los dos últimos expedientes disciplinarios contra Jorge Estéfano están siendo instruidos por el teniente de alcalde José Joaquín de la Torre, ya condenado como presidente de la entidad pública Doñana TV por despido nulo a una trabajadora y calificado por el juez como despido ideológico.

Debido a esto, una de las alegaciones de Jorge fue la dudosa imparcialidad de este instructor a la luz de los hechos ya vividos.

Otro caso en el tema de expedientes disciplinarios ha sido, la que hizo que un empleado público de la Guardería Rural estuviera suspendido de empleo y sueldo por quince días, todo ello sin fundamento para tal pena. El trabajador interpuso un contencioso administrativo ante el juzgado, que pierde el alcalde a favor del trabajador, y donde el juez estima que no había hechos para proponer sanción alguna al empleado público.

La libertad de expresión no parece ser el fuerte del PP de Almonte, y cualquier trabajador cuya ideología sea distinta a la de este partido pues está condenado a un expediente disciplinario, que sin duda, y está demostrado, que al final los juzgados dan siempre la razón a los trabajadores,

LOS TRABAJADORES DE ACOREX HACEN HUELGA EN PROTESTA POR LOS 81 DESPIDOS

El cien por cien de los trabajadores de la Agrupación de Cooperativas de Regadío de Extremadura (ACOREX), según los sindicatos, ha secundado la jornada de huelga general que había convocado en contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla 81 despidos.

Con motivo de este paro varias decenas de trabajadores se han concentrado a las puertas de la sede de la empresa en Mérida.

Únicamente ha habido unos servicios mínimos para atender la ganadería, según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Lucas Fernández.

Fernández, que ha apuntado que el ERE es “muy agresivo”, ha destacado la importante repercusión que la empresa tiene a nivel agroalimentario y lo que supone socialmente.

Por ello, ha abogado por “presionar” para que la Junta de Extremadura se implique y “unificar criterios que lleven a la empresa a una viabilidad que ha demostrado durante más de 30 años”.

Por su parte la secretaria general de FITAG UGT Extremadura, María José Ladera, ha dicho que las negociaciones están en “stand by”, pendientes de la asamblea de socios y de una posible reunión de la dirección con el Gobierno regional.

Está prevista una reunión de los sindicatos con la vicepresidenta de la Junta, Cristina Teniente.

Ladera, que ha expresado “la oposición frontal” de su sindicato a los 81 despidos planteados, ha considerado fundamental para encontrar una solución la reintegración en ACOREX de las grandes cooperativas de San Isidro de Miajadas, Granja de Torrehermosa y Santa Amalia.

Asimismo, el sábado, 11 de abril, habrá una manifestación a la que pretenden arrastrar también a los agricultores y no solo a los trabajadores de la empresa, para hacer una acción multitudinaria con el fin de que el Gobierno de Extremadura escuche su voz, según Ladera.

Por su parte, el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CC.OO., Francisco Rodríguez, ha informado de que los sindicatos van a mantener reuniones con las organizaciones agrarias COAG, APAG y UPA.

También mantendrán encuentros con distintos partidos políticos, con representación parlamentaria o que puedan tenerla, todo ello para que “siga abierto ACOREX”, ha apuntado.

Para Rodríguez, “si desaparece ACOREX, desaparece gran parte del mundo rural con pequeñas cooperativas”.

Ha declarado que “si no hay un apoyo a los agricultores y socios cooperativistas y no hay una asamblea en la que se pronuncien y tiren de ACOREX, lo conseguido en 30 años desaparecerá de un plumazo”.

A su juicio, la Administración autonómica “tiene mucho que decir” ya que ha subrayado que “ACOREX se salvará si Monago quiere”.

El sindicalista de CC.OO. ha afirmado que ACOREX era rentable en el 2012, pero “en el 2013 y 2014 hubo injerencias” tras la aportación de la Junta de 10 millones de euros y “empezaron a cambiar presidentes, consejos rectores, directores generales”.

“Treinta años lleva funcionando ACOREX y en dos años se la van a cargar”, ha subrayado.

Respecto a la reunión con los grupos parlamentarios convocada por el presidente regional, José Antonio Monago, para esta tarde, Rodríguez ha lamentado que ahora que se avecinan las elecciones se empiecen a preocupar por ACOREX, y ha deseado que no se quede en un “acto de buena fe”.

En su opinión, hay que llevar a la empresa a como estaba en 2012, con sus 42 cooperativas.

HUELGA EN CORREOS EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS Y LOCALES

Los sindicatos convocarán huelga y paros en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales y coincidiendo con el voto por correo.

El sindicato UGT, mayoritario en el sector, ha convocado una huelga general en Correos para el próximo 4 de abril mientras que CC.OO., CSIF y Sindicato Libre han convocarán 11 jornadas de paros y huelgas en mayo en todo el Estado coincidiendo con la campaña de elecciones autonómicas y locales y tras el bloqueo del IV Convenio General Colectivo.

Los 52.000 trabajadores del operador postal público están convocados a once jornadas de paros y huelgas entre los días 30 de abril y 24 de mayo, en vísperas por tanto de las elecciones autonómicas y municipales, en las que la compañía se encarga de gestionar el voto por correo.

En concreto, el calendario de paros o huelgas que CC.OO. y CSIF prevé convocar incluye los días 30 de abril, y 4, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de mayo y continuará las movilizaciones en los próximos meses de octubre y noviembre si «los máximos dirigentes de Correos continúan por la senda del recorte y la asfixia al operador postal». UGT, por su parte, ha anunciado la convocatoria de una jornada de paro para el próximo 4 de abril.

Los sindicatos manifiestan así su rechazo al «bloqueo» del nuevo convenio colectivo, cuya negociación, a cargo de Correos, SEPI y Hacienda, está bloqueada, aseguran. Reclaman un incremento salarial, la paralización del ajuste de plantilla del operador postal y la regulación de la ultraactividad.

También protesta por la intención de Correos de «seguir recortando empleo» en la sociedad postal tras, según sus datos, «eliminar 14.000 puestos de trabajo en los últimos cinco años».

Sin respuesta

El sindicato CSIF señala que «se mantienen vivas las causas que motivaron la huelga y la gran manifestación del pasado 27 de noviembre, motivo por el cual hacen un llamamiento a la unidad sindical para ir juntos en la convocatoria de unos paros que, añaden, pueden dificultar mucho la tramitación del voto por correo para las próximas elecciones locales y autonómicas».

«Han pasado cuatro meses de la huelga general y la multitudinaria manifestación en Madrid (…) motivada por una legislatura de continuos recortes y ante el bloqueo injustificado de un Convenio y Acuerdo General que la empresa y los políticos responsables de Correos aún deben a miles de trabajadores que han estado cargando a sus espaldas los mayores recortes en empleo, salario y derechos de la historia postal», señalan en un comunicado.

La repercusión de esta movilización sirvió para que la propia Dirección de Correos, con el beneplácito de SEPI, desbloqueara una negociación que estaba parada desde hacía meses (…). Sin embargo, cuatro meses después no hemos recibido ninguna respuesta», relatan. Creemos que la Dirección está actuando de forma irresponsable, con pasotismo empresarial, acusa el sindicato.

PRISA SANCIONADA POR VULNERAR EL DERECHO DE HUELGA

El Supremo considera probado que vulneró el derecho de huelga y la libertad sindical de los trabajadores de Pressprint. Vocento imita su mala praxis en su planta de Bilbao.

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El Supremo ha concluido que la editora de los diarios El País, AS y Cinco Días entre otras publicaciones, ha vulnerado el derecho de huelga y la libertad sindical de los trabajadores de la rotativa Pressprint, perteneciente al mismo grupo.

Los hechos se remontan a 2012, cuando sus trabajadores convocaron diez jornadas de huelga entre el 13 y el 27 de diciembre como medida de protesta y de presión contra el despido colectivo de más de 180 empleados.

Entonces, la empresa desvió su producción a otras imprentas del sector; en Cataluña, hicieron la impresión Imprintsa e Indugraf. En Madrid, Bepsa, Printolid, Impresa Norte e Imprintsa.

El Supremo entiende que Prisa vulneró el derecho a la huelga al sustituir externamente la actividad de los trabajadores, especialmente si se tienen en cuenta los vínculos societarios que existen entre la rotativa y el resto de empresas editoras del grupo.

Por lo cual deberá indemnizar con 100.000 euros al sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) en concepto de daños y perjuicios.

Señala en el fallo que “Ninguna duda cabe de que el hecho de la normal aparición durante los días de huelga de los diarios editados por las demandadas priva de repercusión apreciable a la huelga, arrebatándole su finalidad de medio de presión y de exteriorización de los efectos de la huelga al presentar una apariencia de normalidad contraria al derecho de huelga”.

Sin embargo, no fija indemnización para los huelguistas que raclamaban el abono de la cantidad detraída por la empresa de sus retribuciones (40.132 euros) y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social no realizadas durante esos días de huelga.

El pasado 28 de marzo los trabajadores de la rotativa Bilbao Editorial Producciones (BEPSA, del grupo Vocento) realizaron un paro como muestra de rechazo a las medidas adoptadas por sus directivos, que cuestiona la viabilidad de la empresa.

Como consecuencia del paro, la rotativa no pudo imprimir ese día los diarios El Comercio, Diario Montañés, Diario de la Rioja, ABC y Mundo Deportivo; por lo cual la dirección de BEPSA, desvió esa producción a otras rotativas. Un caso de vulneración del derecho a la huelga similar al caso fallado contra Prisa.

ARCELOR SE ENFRENTA A DOS DÍAS DE HUELGA EN VERIÑA POR UN DESPIDO

Los sindicatos decidirán las fechas de los paros tras la negativa a la readmisión

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El pleno del comité de empresa de Arcelor-Mittal en la factoría de Veriña decidirá probablemente convocar dos días de huelga en toda la factoría por el despido de una mando del sínter, después de que el acto de conciliación en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC), previo al recurso judicial contra el despido, acabara sin la avenencia de la empresa a la readmisión de la trabajadora.

El despido ya dio lugar a tres días de paro en el sínter y en el parque de minerales de la factoría gijonesa el mes pasado. Los dos días de huelga en toda la factoría de Veriña, en la que trabajan más de 2.800 personas, no es la última medida de presión que plantean los sindicatos.

En el caso de se mantenga el conflicto, la huelga se extenderá con más jornadas de paro en todas las instalaciones de Arcelor-Mittal en Asturias, tanto las de Veriña y el parque de carbones de Aboño en Gijón, como las de Avilés.

Un grupo de trabajadores y representantes sindicales se manifestaron a las puertas de la UMAC, donde se celebró el acto de conciliación, en apoyo de la trabajadora despedida, afiliada de CC.OO., sindicato que emitió un comunicado en el que recalca que el despido ha sido «injusto y arbitrario» y lo vincula a una cuestión de discriminación por haber solicitado la trabajadora en dos ocasiones sendas reducciones de jornada por maternidad.

«Desgraciadamente no es la primera vez que se dan casos de discriminación en nuestra empresa hacia compañeras que se han acogido a beneficios que la ley contempla en caso de maternidad, algunas llegando incluso a perder su puesto y categoría al trasladarlas a otros talleres, con grave perjuicio económico. La empresa en esta ocasión ha ido un paso más allá», señala el comunicado. Arcelor ha venido negando que ese sea el motivo del despido, si bien fue imposible conocer la versión de la empresa tras el acto de conciliación en la UMAC.

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA «INJUSTIFICADO» UN ERE «EN VENGANZA POR UNA HUELGA»

El Tribunal Supremo ha considerado «injustificado» el ERE de suspensión que afectó durante 16 días en 2012 a 83 trabajadores de la antigua FUASA (empresa del Grupo Aernnova actualmente integrada en Aernnova Aeroestructuras Álava), «en venganza por haber realizado una huelga», según el comité de empresa.

Para este órgano de representación de la plantilla, la sentencia es un «claro ejemplo» del «uso incorrecto y abusivo» de los expedientes por parte de Aernnova.

En un comunicado, los representantes sindicales han explicado que los trabajadores realizaron una huelga de cerca de tres meses de duración en el 2011 para mantener sus condiciones laborales, un «objetivo que lograron».

El ERE de suspensión fue denunciado por el comité de empresa, que solicitó que se declarase «injustificado», una petición que fue «desestimada» en primera instancia en el juzgado de Vitoria. El comité interpuso un recurso ante la resolución, estimado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que «declara injustificada la medida adoptada por la empresa relativa a las suspensiones de contratos entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2012».

Contra esta decisión, la empresa interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que lo inadmitió y declaró firme la sentencia emitida en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El comité de empresa de Aernnova Aeroestructuras Álava, que agrupa las antiguas Moasa, Fuasa y Hegal, ha denunciado «el uso incorrecto, injustificado y abusivo» por parte de Aernnova de la figura de los expedientes y considera que «esta sentencia un claro ejemplo».

En este sentido, ha censurado que en 2015 Aernnova Aeroestructuras Álava «está viviendo un nuevo ERE suspensivo» que, a su entender, «a todas luces también injustificado y evitable».

Complicidad de las instituciones

Asimismo, ha criticado «la complicidad de las instituciones en estas situaciones». En este sentido, ha destacado que, a finales del año pasado, «el mismo día que se celebraba en los juzgados de Vitoria el juicio contra el ERE que hemos parecido en el 2014, el lehendakari visitaba las nuevas ampliaciones de la planta de Aernnova en México, donde se hace una parte del trabajo que se llevan de Berantevilla».

«Vistos los precedentes y teniendo en cuenta la frecuencia del uso de los ERE que por parte de esta empresa se hace, se antoja necesario un cambio de criterio por parte de las administraciones que, pese a su responsabilidad teórica, admiten siempre y sin criterio los expedientes que tanto esta como otras empresas tienen por vicio utilizar», ha denunciado.

ENTREVISTA A FERNANDO, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE HUELGA DE CESPA, EMPRESA DE LIMPIEZA DE GETXO

Unidad y Lucha

UyL: ¿Podrías comentarnos el conflicto? ¿Por qué se da y cuáles son las razones para la huelga?

F: Bueno, el conflicto viene a la hora de negociar un convenio que tenemos desde 2012 sin negociar. Resulta que en noviembre de 2014 adjudican finalmente la contrata a la empresa Cespa, que ahora se llama ut servicios urbanos de limpieza.

Empezamos a negociar un convenio que teníamos atrasado desde 2012 cuando comenzamos a hablar del primer tema que nos interesa, que es el de las vacantes, en el que se quiere producir por un exceso de plantilla según la empresa de 9 personas, sin contabilizar 6 personas que llevan sin cubrirse desde 2012, a base de jubilaciones, esperando a la adjudicación nos encontramos que son 15 personas menos las que pretende la empresa quitarse para dar un nuevo servicio, en el cual se incrementa el número de servicios nuevos, como la recogida puerta a puerta, la recogida de poda, la recogida de aceites, la limpieza de fuentes ornamentales, la limpieza de verdín…

Bueno, una serie de servicios mayores de los que tenemos. Y lo pretenden hacer con menos personal y ese es el punto en el que nos hemos plantado desde el primer día, no queremos que desaparezcan puestos de trabajo, hay que mantener todos los puestos de trabajo y más cuando quieren incrementar el número de servicios. Ahí empieza el conflicto.

UyL: ¿Qué tipo de movilizaciones habéis planteado?

F: Antes de la huelga ya habíamos tenido una serie de movilizaciones explicando a los vecinos lo que pretendía hacer la empresa y las consecuencias que iba a traer, bien por la calle, bien en plenos, avisando a asociaciones de vecinos como la de Romo, que tienen contactos con otras asociaciones de vecinos del municipio. Empezamos un poco así, ya una vez que ha empezado el conflicto las movilizaciones han sido mayores y acudiendo a medios de comunicación.

UyL: ¿Y la empresa y el ayuntamiento están cumpliendo con los servicios mínimos?

F: A nuestro parecer no, de hecho, el otro día encontramos una empresa externa que nos estaba boicoteando los servicios mínimos , que ya nos parecían excesivos y resulta que nos llamaban y comunicaban los comerciantes y vecinos que estaban viendo otros vehículos a deshoras recogiendo basura. Nosotros no nos lo podíamos creer.

Hasta que una noche se encuentran los mismos operarios con esa empresa haciendo unos servicios que, con la excusa de que estaban recolocando unos contenedores para su recogida, mandados por el ayuntamiento y por un encargado de Cespa, el cual en nuestro organigrama no aparece, se da el aviso a los municipales, se hace un informe y al final, la misma empresa es la que afirma que es verdad; cuando está totalmente prohibido que en una huelga se pueda coger gente externa. Esa sorpresa ha sido para nosotros un varapalo una desconfianza total

UyL: ¿Y el ayuntamiento ha puesto facilidades para negociar? ¿Os ha llamado?

F: El ayuntamiento el otro día con la excusa de unos servicios mínimos nos cita en el gobierno vasco con la intención de que sea el que intermedie, entre empresa y el comité de huelga. Asumiendo y llegando a un acuerdo en una mesa ante tres organismos, como son el gobierno vasco, el ayuntamiento y la empresa, unos pocos trabajadores del comité de empresa coaccionados por tres partes, tres contra uno. Nosotros no queremos eso para nada del mundo, uno contra uno nos podemos defender, tres contra uno es imposible porque te coaccionan desde tres bandas, por eso hemos renunciado a que haya ningún intermediario ni nada. El conflicto es entre empresa y trabajadores. Cuando el ayuntamiento dice que es nuestro conflicto, que ellos son externos, y ahora de repente quiere mediar… no, la mediación será empresa y trabajadores, el ayuntamiento es parte, por supuesto, porque el conflicto está en su municipio, pero no tiene por qué mediar en una negociación entre trabajadores y empresa.

UyL: ¿Y vais a continuar con las movilizaciones?

F: Sí, sí, por supuesto, habrá que plantear más, si esto no encuentra solución habrá que seguir actuando lo mejor posible

UyL: ¿Y ha habido unidad de los trabajadores de cara a la huelga?

F: Sí, desde el primer día ha habido unidad, desde el primer día que se hizo una asamblea para ver sí íbamos o no íbamos a la huelga donde salió una mayoría prácticamente absoluta. No huelguistas apenas tenemos, no sé si hay 9 personas, pero de 160 personas 9 no me parece un porcentaje importante. Se han vuelto a hacer otras asambleas según ha ido transcurriendo la huelga ¿seguimos o no seguimos? y siempre ha habido mayoría a favor de la huelga, hay fuerza y queremos una solución, pero una solución beneficiosa para nosotros y más después de tres semanas de huelga, no podemos tirar esto abajo, seguimos peleando, seguiremos hasta el final.

UyL: ¿Creéis que esta es una medida que ha tomado una empresa privada, que está dando unos servicios como la limpieza de la vía público que deberían ser públicos, lo hace para obtener más beneficios?

F: Bueno, ya sabemos que todos los ayuntamientos tienden a externalizar sus servicios, con contratas. Yo recuerdo que esto lo tenía el ayuntamiento y lo sacaron a subasta y a contratas externas y lleva así funcionando más de treinta años. El ayuntamiento lo que tiende es a privatizar todos los servicios por contratas, contratar empresas externas y así no tiene funcionarios, no tiene ningún problema y es responsabilidad de la empresa que tiene contratada.

UyL: Y se quita así de problemas obteniendo beneficios…

F: Exactamente, sí, tendrán sus trapicheos, como se ve en la tele, de hecho hace poco salió una noticia de que algunas de estas empresas de servicios han tenido una multa porque entre ellas se repartían los destinos de las contratas. Hay un pastón por ahí.

UyL: Claro, que todo esto va en detrimento de los trabajadores y habitantes de Getxo.

F: Claro, al final alguien lo tiene que pagar, y con mi dinero es muy fácil jugar si fuera suyo seguro que lo mirarían más, pero con el dinero público puedes hacer lo que quieras.

UyL: Muchas Gracias.

F: A vosotros.

EMPLEADOS DE COCA-COLA PROTESTAN EN EL SUPREMO

EuropaPress – Madrid

Año y medio de conflicto

Las disputas empezaron tras el ERE que afectó a 1.190 trabajadores y que conllevó el cierre de cuatro plantas

Un centenar de trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada se han manifestado este mediodía entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo para reclamar al Supremo que confirme las sentencias de la Audiencia, que declararon nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) interpuesto en las plantas de Fuenlabrada y Asturias.

Los empleados, que no han parado durante horas de cantar consignas y lemas contra los dueños de la embotelladora y a favor de un boicot a la marca en la plaza de la Villa de París, han contado con el apoyo de la candidata de IU a la Alcaldía de Madrid, Raquel López, y del líder del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado.

En declaraciones a los medios, López ha señalado que Izquierda Unida «ha estado desde el minuto uno en la lucha de estos trabajadores» y considera que «ya está bien de que en este país falte costumbre de que los trabajadores digan no a que aplasten sus derechos».

«Los trabajadores de Coca-Cola han peleado mucho de un derecho fundamental, el derecho al trabajo y a que no precaricen sus puestos, y en esto han tenido mucho que ver la reforma laboral del PP y la del PSOE», ha dicho.

La nueva aspirante de IU a la Alcaldía cree que es «escandaloso» que los empleados «tengan que pelear en la Justicia con sus recursos lo que el Gobierno les está negando».

Un Año Y Medio De Conflicto

La Audiencia Nacional ordenó el pasado mes de noviembre al embotellador único de Coca-Cola en España cumplir la ejecución provisional de la sentencia que declaró nulo el pasado mes de junio de 2014 el ERE, que afectó a 1.190 trabajadores y conllevó el cierre de cuatro plantas (Alicante, Palma de Mallorca, Fuenlabrada y Asturias).

El embotellador finalmente se decantó por ofrecer un puesto de trabajo a los 351 trabajadores forzosos a los que les afecta la ejecución provisional de la sentencia del ERE en alguno de los centros que mantiene abiertos de la multinacional.

Sin embargo, los sindicatos UGT y CC.OO. exigieron a la multinacional que la reincorporación de los afectados por el ERE fuera en sus empresas y puestos de trabajo, y no bajo las condiciones que la compañía había impuesto.

En nuevo auto, en enero Audiencia Nacional consideró «irregular» la readmisión de los empleados afectados por el ERE en centros de trabajo que suponen un cambio de residencia, y obligó a la compañía a pagarles los salarios de sustanciación.

Por su parte, el embotellador único de Coca-Cola en España ha informado que pagaba el salario de los 278 trabajadores que «rechazaron todas las ofertas de empleo planteadas por la compañía» en otra ciudad durante el ERE, que incluía un paquete de compensación de 500 euros al mes para ayuda a la vivienda durante dos años.

La multinacional subrayó que el auto de la Audiencia Nacional «confirmó que los centros están cerrados» y que ésta fue una decisión empresarial valida e independiente de la ejecución, mientras que ha recalcado que el tribunal ha dictado que «no ha habido fraude de Ley ni dolo ni mala fe».

Ahora, tras un recurso de casación, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene previsto reunirse el día 15 de abril para estudiar el recurso planteado por el embotellador único en España.

EMPLEADO DE EVEREST IRÁ EN BICI A SANTIAGO PARA CAPTAR FONDOS PARA PLANTILLA

León (EFECOM)

Javier Robles, un trabajador de la editorial leonesa Grupo Everest, comenzará a recorrer en bicicleta los 320 kilómetros que separan el lugar en el que se encuentran las instalaciones de la empresa, en León, y Santiago de Compostela para captar fondos para la caja de resistencia destinada a la plantilla.

Los trabajadores se encuentran en huelga desde hace más de un mes tras el impago de siete nóminas, el cierre de una de las tres empresas del grupo y la aplicación de un expediente de regulación de empleo temporal para 120 de los 320 empleados de la empresa leonesa.

Robles partirá en dirección a Santiago, un trayecto que realizará en dos etapas y que, en los primeros kilómetros, estará acompañado por una caravana de bicis y coches de trabajadores y amigos, han informado fuentes del comité de empresa en un comunicado.

Durante estos días se ha recogido la aportación de varios leoneses que han apadrinado kilómetros de la ruta que realizará entre León y Santiago, para lo que se ha habilitado una mesa recaudatoria en la plaza de Botines, que permanecerá hasta el viernes.

IBERCAJA PLANTEA CERRAR UN MÁXIMO DE 70 OFICINAS

Negociación de un Expediente de Regulación de Empleo

El 70% de las clausuras se llevará a cabo en la comunidad. La entidad fija sus condiciones para un máximo de 375 afectados por el ERE

Ibercaja desveló buena parte de los números que hay detrás del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que está negociando con los sindicatos.

La entidad mostró sus cartas a una semana de que expire el plazo (el día 15 de abril) para negociar el ajuste laboral que a día de hoy pivota sobre tres ejes:

– la salida de un máximo de 375 empleados

– el cierre de hasta 70 oficinas para evitar las duplicidades con la red de la extinta CAI

– un tope de 80 traslados, según apuntaron los sindicatos al término del encuentro.

Pero la plataforma de Ibercaja tendrá que incluir algunas reivindicaciones sindicales si quiere sellar un acuerdo en tiempo y forma. Y estas peticiones se traducen en la garantía de empleo en la plantilla hasta que la entidad salga a bolsa –hasta 2017 ó 2018 como máximo–, es decir, que no haya ningún recorte más hasta esa fecha, que todavía está por concretar. Además, reclaman compensaciones para paliar los cambios fiscales que, en esta ocasión, sí repercutirán en los trabajadores afectados por este ERE.

Esos serán los aspectos que habrá que limar en las reuniones previstas hasta el día 15 de abril.

De los 70 cierres de oficinas que contempla Ibercaja, el 70% se realizará en Aragón (unos 49 aproximadamente) y, a su vez, la mayor parte afectará a Zaragoza capital para evitar duplicidades con la red heredada de CAI.

Rebajar la cifra

Una de las aspiraciones de los sindicatos será rebajar la cifra de 375 salidas a través de bajas incentivadas para los empleados de más edad. En estos momentos hay 233 trabajadores (245 si se añaden excedencias) nacidos entre los años 1956 y 1957, un colectivo al que va dirigido principalmente el ERE y que percibirá el 80% del salario–.

A ellos se añade un cupo de 25 personas –de entre 52 y 57 años– que recibirían dos salarios brutos. La entidad reserva otras 150 salidas para quienes no acepten finalmente el traslado. Estos tendrían unas condiciones e indemnizaciones diferentes. Ibercaja también oferta un salario bruto para los que tengan menos de 52 años y quieran dejar el banco.

COMPENSAR LA FISCALIDAD

Pero la fiscalidad y las garantías de empleo centrarán las reuniones de los próximos días. A partir de ahora, el importe de la indemnización exenta de tributación tiene como límite los 180.000 euros. En estos casos, Ibercaja podría compensar esa merma con una prima al trabajador que se acoge al ERE, aunque los sindicatos quieren que también existan compensaciones tributarias a los afectados por los traslados a otras zonas.

OSTA PROTESTA POR LOS CIERRES Y LOS DESPIDOS EN LOS ANTIGUOS SCHLECKER

La cadena de droguerías y cosmética Clarel (antiguo Schlecker), perteneciente al grupo de supermercados DIA, continúa con el calendario de cierres previsto y ha echado la persiana de dos tiendas en Zaragoza capital, lo que ha provocado el despido de cuatro trabajadoras.

Así lo informa el sindicato OSTA, que ha convocado una concentración, a las 12.00 en el establecimiento de la calle San Miguel, para rechazar las clausuras y las extinciones de contratos.

La sección sindical de OSTA en la empresa se reunirá con la compañía el jueves, día 16, en la que espera que se traten estos asuntos «de manera prioritaria».

Asimismo, reivindica la «recolocación de todas las afectadas en cualquiera de las tiendas del grupo DIA» y critica la «falta de empleadas para mejorar la atención al cliente que se reitera en los cursos de formación que DIA imparte a las trabajadoras, pero que realmente no se lleva de la teoría a la práctica».

Los mencionados cierres han tenido lugar en las calles Batalla de Lepanto y Pablo Ruiz Picasso. OSTA no descarta nuevas movilizaciones «si la empresa sigue con su política de despidos desmantelando la marca Schlecker». Durante el pasado mes de marzo, DIA ha reconvertido a Clarel 10 tiendas Schlecker en Aragón.

TRABAJADORES DEL ESTADIO DENUNCIAN DESPIDOS TRAS UNA SENTENCIA JUDICIAL

Trabajadores del Estadio se han concentrado frente a la sede de Caja Vital en Postas para denunciar dos despidos que se han producido tras las últimas reivindicaciones laborales. Una veintena de trabajadores se han manifestado para apoyar a estos dos trabajadores y denunciar al mismo tiempo la mala gestión de Mikel Urdangarin y de Fernando Aránguiz.

Los trabajadores denuncian que la empresa ya les amenazó con “consecuencias” tras ganar en los tribunales la equiparación salarial que venían reivindicando en la negociación del convenio. Ahora reclaman la readmisión de los dos empleados despedidos, uno de los cuales lleva 43 años en la institución y se encontraba con una incapacidad temporal.

Los trabajadores han pedido también el apoyo de los abonados del Estadio en sus próximas reivindicaciones, que seguirán produciéndose mientras no se readmita a los trabajadores despedidos.

LA PLANTILLA DE LA FÁBRICA DE ARMAS, LLAMADA A LA CUARTA JORNADA DE PARO

EFE

Los trabajadores de la planta de General Dynamics Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) están llamados a secundar la cuarta de las siete jornadas de paro convocadas por el Comité de Empresa en defensa de los 55 despedidos en el expediente de regulación de empleo aplicado hace dos años.

Los paros, de una hora de duración, han sido convocados en todos los turnos, según informa el Comité de Empresa.

Además, a partir de las 13.00 horas, está previsto que los trabajadores se concentren frente a las instalaciones de la fábrica y allí se dará a conocer la movilización prevista para este mes de abril.

El próximo paro tendrá lugar el 11 de mayo.

LA PLANTILLA DE BANCO MADRID TRATA DE ORGANIZARSE PARA NEGOCIAR EL ERE

EFECOM

Los administradores concursales de Banco Madrid han planteado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para prescindir de los 270 trabajadores de la entidad, que ahora tratan de organizarse para negociar las condiciones de su despido.

Según han explicado fuentes próximas al banco, éste no tiene comité de empresa, por lo que sus administradores concursales -Pedro Martín Molina, de Legal y Económico; el auxiliar delegado Francisco Vera, de Data Concursal; y el representante de la Agencia Tributaria- han dado quince días a los trabajadores para que designen a 13 de ellos para iniciar la negociación.

Lo hizo mediante una comunicación escrita que entregó a varios de los empleados, aunque el plazo comenzará a contar cuando se notifique a todos a los que no fue posible hacerlo mediante burofax, precisan las mismas fuentes.

Esta decisión de la administración concursal llega como consecuencia de la liquidación de la entidad que decretó el magistrado encargado de tramitar su concurso, Carlos Nieto, una vez que el FROB le informó de que no iba a rescatar a Banco Madrid, con lo que la entidad se veía abocada a la liquidación por la vía concursal.

Nieto explicaba en su resolución que «el pánico y la desconfianza de los clientes de la entidad» provocó una fuga de depósitos acumulada entre el 10 y el 13 de marzo pasado de 124 millones de euros, a los que se unían otros 52,3 millones de euros de órdenes pendientes de ejecución y el «riesgo» de que gestoras de fondos pudieran cursar órdenes de retirada por un importe cercano a otros 150 millones.

Ello habría colocado a la entidad «en una situación de tesorería negativa de más de 100 millones de euros», con lo que si este ritmo de fuga de fondos hubiese proseguido el Banco Madrid se habría quedado sin liquidez, por lo que le declaraba en concurso ante una situación de «insolvencia inminente».

CONCENTRACIÓN 09 DE ABRIL AL DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE TARRAGONA POR LA READMISIÓN DE ARTURO FERNÁNDEZ Y LOS 299 DESPEDIDOS DE GRUPO NAVECES

El 9 de abril a las 9.45h el sindicato CGT ha convocado una concentración ante el Departamento de empresa y empleo de Tarragona para exigir la readmisión inmediata del Delegado sindical, Arturo Fernández Hierro, y de sus compañeros, casi 300 personas despedidas durante las últimas semanas por la empresa GRUPO Naveces SERVICIOS INDUSTRIALES SL A la misma han asistido delegados, afiliados y miembros del Secretariado Permanente de la Federación Intercomarcal de CGT Tarragona.

El intento de conciliación previo que se ha llevado a cabo el Servicio de Conciliaciones individuales, ubicado en el Departamento de Empresa y Empleo, ha finalizado sin acuerdo, ya que el Delegado sindical ha rechazado cualquier tipo de compensación económica por su despido exigiendo la readmisión inmediata en su puesto de trabajo y la de sus compañeros. Pero la mercantil se negó a readmitir a los trabajadores despedidos.

GRUPO Naveces es la empresa más grande en cuanto a número de trabajadores en el sector del metal en la provincia de Tarragona, con una plantilla de aproximadamente 1.500 trabajadores que prestan servicios en Repsol Química y Petróleo, Port Aventura (todo el mantenimiento), Dow norte y sur, Basell, Bayer, etc., teniendo presencia en todo el complejo petroquímico de Tarragona. Cuenta con cuatro divisiones (ingeniería y fabricación, montaje, mantenimiento e ingeniería aplicada) y delegaciones en Bolivia, Perú, México y Portugal, entre otros. La empresa tiene previsto expandirse aún más en Europa y América.

Aunque el proceso de expansión sigue en marcha ya pesar de haber obtenido unos beneficios millonarios durante el último año, la empresa ha extinguido el contrato de 299 personas, por lo que está realizando un despido colectivo encubierto y en fraude de ley. Sorprendentemente el único trabajador al que se le ha aplicado un despido objetivo es Arturo Fernández Hierro, Delegado sindical que durante los últimos ocho años ha cursado numerosas denuncias ante inspección de trabajo, ha asistido como testigo en juicios contra la empresa instados para otros trabajadores y ha promovido asambleas para reivindicar la aplicación del convenio colectivo del metal.

Remarcar que este Delegado, como la mayoría de la plantilla, ha encadenado varios contratos temporales desde el año 2001 y que se han mantenido vigentes durante 15 años cuando la normativa vigente estipula que los contratos temporales por obra y servicio no pueden superar los tres años (ampliables a cuatro según el convenio de aplicación).

El pasado mes de octubre una denuncia interpuesta por Fernández hizo que la Dirección General de Relaciones Laborales impusiera GRUPO Naveces una sanción por falta grave, entendiendo que la actuación de la empresa era contraria a los derechos fundamentales de los trabajadores, concretamente vulneraba el artículo 24 de la Constitución Española sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. Y es que se da la circunstancia de que la mercantil firmó un acuerdo con el comité de UGT advirtiendo a los trabajadores que si reclamaban la totalidad de sus pagas extraordinarias, la empresa reduciría sus percepciones salariales y eliminaría determinados complementos.

El despido de Fernández Hierro es una represalia más contra su actividad sindical y una demostración de fuerza de la empresa, que pretende imponer la ley del miedo para evitar que los trabajadores reclamen sus derechos laborales.

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