Boletín de Luchas Obreras (1 de Junio de 2016)

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ÍNDICE:

  • LA HUELGA IMPIDE LA SALIDA DE «MARCA»
  • LACTALIS BUSCARÁ LA VENTA DE LAUKI DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES
  • RENFE, SANCIONADA POR HACER CONTRATOS TEMPORALES DE FORMA ILEGAL
  • LOS MAQUINISTAS DE RENFE CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA
  • SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO DE CGT DESPEDIDO EN AUVISA
  • LOS CONSTANTES ERES ENCUBIERTOS DE MERCADONA
  • PRECARIEDAD EN LA LIMPIEZA DE HOTELES
  • GSS, EMPRESA DE CONTAC CENTER, OBLIGADA JUDICIALMENTE A CUMPLIR SU PLAN DE IGUALDAD
  • CGT DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL GRUPO ATOS CONTRA SU ACTIVIDAD SINDICAL
  • ABENGOA ELEVA DE 75 A 350 LOS AFECTADOS POR EL ERTE DE INABENSA
  • EL MUTISMO DEL PRESIDENTE DE ALCOA INDIGNA A LOS TRABAJADORES, QUE EXIGEN TRANSPARENCIA
  • EXTRABAJADORES DE SALI-CACAOLAT UTEBO CREEN QUE LOS COMPRADORES «JAMÁS TUVIERON INTERÉS» EN RELANZAR LA PLANTA
  • EDITORIAL OCÉANO PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A 40 DE SUS 88 TRABAJADORES
  • LA MEDIACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EVITA UN AJUSTE DE EMPLEO “TRAUMÁTICO” EN AERNNOVA

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LA HUELGA IMPIDE LA SALIDA DE «MARCA»

Los trabajadores del deportivo esperan que la compañía mejore su propuesta, en respuesta al gesto de  varias empresas suspendieron el tercer día de paros.

Por primera vez en sus 78 años de vida, el diario deportivo Marca no ha sido editado, debido a la huelga que secundaron sus trabajadores en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el Grupo Unidad Editorial. Tampoco ha salido El Mundo de Málaga, porque sus cuatro trabajadores también estuvieron en huelga.

Solo acudieron a trabajar en Marca el director y tres jefes más, por lo que no fue posible confeccionar el periódico. Radio Marca no emitió su programación y algunas revistas del grupo no llegarán a los quioscos el día que corresponde debido a la huelga.

La empresa rebajó el número de despidos en el grupo de 198 a 186 (en el primer momento planteó 224) y mejoró algo su propuesta en otros aspectos. Eso fue considerado insuficiente por los representantes de los trabajadores, pero en varias empresas acordaron suspender el tercer día de huelga, para obligar a la compañía a que reduzca más el número de despidos y mejore otras condiciones. Mantienen la convocatoria de huelga indefinida a partir del 21 de mayo, si entonces no han alcanzado un acuerdo.

La redacción central de El Mundo en Madrid y sus delegaciones en Barcelona, País Vasco, Valencia, Alicante, Sevilla y Baleares decidieron suspender la huelga, lo mismo que Unidad Editorial Corporativo, la empresa con la plantilla más numerosa (unas 450 personas).

El paro lo secundaron de manera prácticamente total en Marca, Radio Marca y Ediservicios (que edita los suplementos). En otras empresas del grupo hubo quienes siguieron el paro y quienes trabajaron.

LACTALIS BUSCARÁ LA VENTA DE LAUKI DURANTE LOS PRÓXIMOS CUATRO MESES

Europa Press – Valladolid

La multinacional retrasa el cierre de la planta hasta octubre y abre la puerta a su enajenación

Lactalis anunció a los trabajadores de la factoría de Lauki de Valladolid su intención de retrasar el cierre de la misma, previsto para finales de junio, hasta octubre, al tiempo que se mostró favorable a una posible venta, según informaron a los medios fuentes de la negociación.

Así quedaría paralizado por el momento el expediente de regulación de empleo cuyo plazo de consultas concluía el viernes, aunque los trabajadores han logrado cerrar un plan social, cuya negociación se prolongó hasta altas horas de la madrugada del sábado.

Según las mismas fuentes la posible venta de la factoría se estudiará en el marco de la Fundación Anclaje y llevaría consigo el compromiso de la subrogación de los 85 empleados de la planta vallisoletana. En cuanto al plan Social incluye recolocaciones de los trabajadores en otras factorías españolas y un programa de bajas incentivadas.

Por otro lado, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, consideró “importante” el acuerdo alcanzado entre Lactalis y los trabajadores de la planta de Lauki en Valladolid a través del que se abre la puerta a la venta de la planta aunque, como aseguró, no entiende la decisión de cierre de una empresa “viable”.

En declaraciones recogidas por los medios la consejera valoró la paralización del expediente de regulación de empleo y el acuerdo en torno a la asignación de un plazo de cuatro meses para buscar un posible comprador y estudiar alternativas de empleo para los 85 trabajadores de la empresa.

“En este punto queremos valorar el esfuerzo negociador que se ha llevado a cabo aunque ni entendemos ni entenderemos la decisión de cierre de una empresa viable y competitiva”, aseveró. Marcos avanzó que se creará una comisión de seguimiento que asegure el diálogo con la multinacional que “hasta ahora se ha negado”, al tiempo que aseguró que hubiera deseado que este acuerdo se cerrara sin la necesidad de pactar un plan social que garantiza alternativas como recolocaciones o despidos con indemnizaciones que “nunca” serían inferiores a 45 días por año trabajado.

Por último, la consejera lanzó a los trabajadores un mensaje de “ánimo, apoyo y agradecimiento” por la confianza depositada en la Junta de Castilla y León. “Solicitamos que confíen en nosotros, que sepan que siempre estaremos a su lado, no hay duda de que la Junta ha estado, está y seguirá estando a su disposición y apoyando en todo momento”, concluyó la consejera.

Asimismo, los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO en Castilla y León, Evelio Angulo y Vicente Andrés, se mostraron satisfechos por el acuerdo alcanzado con Lactalis porque se recoge expresamente que la multinacional buscará “de forma activa” un posible comprador para la factoría vallisoletana aunque ello suponga el acta de “defunción” de Lauki.

En concreto, ambos sindicatos valoraron la suspensión de expediente de regulación de empleo y la ampliación hasta octubre de la fecha de cierre de la factoría, marcada para el 30 de junio. No obstante, recordaron que han firmado un plan social que se aplicará en el caso de que la venta no se lleve a efecto y que contempla recolocaciones para los 85 trabajadores, bajas incentivadas e indemnizaciones no inferiores a 45 días por año trabajado en este caso.

“Esperemos que el plan social no se aplique”, manifestó Vicente Andrés en declaraciones a los medios de comunicación, quien reseñó que el diálogo ha conseguido que finalmente la planta se ponga a la venta, con lo que la multinacional “ha doblado” hacia una reivindicación de los trabajadores de la empresa.

RENFE, SANCIONADA POR HACER CONTRATOS TEMPORALES DE FORMA ILEGAL

La Inspección de Trabajo certifica que la empresa utilizó contratos de obra y servicio para cubrir el trabajo «común» y «diario» de maquinistas

No es la primera vez que Renfe es sancionada por este motivo: el año pasado, la Inspección ya declaró irregulares varios contratos temporales que suscribió entre agosto y octubre de 2014

Renfe ha recurrido las sanciones y asegura que se trata de casos puntuales

Renfe hizo contratos temporales en fraude de ley: la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa pública por utilizar esta modalidad de contratación para fines diferentes a los que contempla la norma.

Cuatro maquinistas que contrató de forma eventual en septiembre de 2015 en Madrid, dice la inspección, hacían falta «para cumplir el trabajo común ordinario y diario» de la empresa. Renfe ya fue sancionada por el mismo motivo el año pasado, tras una denuncia del sindicato CGT.

A mediados de abril, la inspección mantuvo una reunión con representantes de Renfe y de los trabajadores. En ella, la empresa no aportó la justificación documental que acreditara la necesidad de contratar a esos cuatro maquinistas de forma temporal.

«Preguntados los representantes de la empresa no supieron explicar en qué consistía esa obra o servicio concretos, más bien al contrario, pareció que no existía como tal, sino que se trataba simplemente de contratar maquinistas porque hacían falta para cubrir el trabajo común», refleja el inspector en un documento escrito.

Ante esta situación, la inspección levantó acta de infracción por utilizar contratos temporales en fraude de ley. Impuso a la empresa una sanción en «grado medio» porque, dice, es negligente, ya que arrastra otra infracción por el mismo motivo del año pasado. En 2015 Renfe fue multada por hacer 50 contratos temporales a maquinistas entre agosto y octubre de 2014.

Sin documentación

En esa ocasión, la empresa tampoco aportó documentación que acreditara que se había producido un aumento de «flujos de transporte». Aunque Renfe utilizó como prueba una sentencia en la que la Audiencia Nacional desestimaba la solicitud de CGT de que se anulara la convocatoria de los puestos y la nulidad de los contratos, la Inspección subraya que la temporalidad de los contratos no está justificada ni se ajusta a la norma ni a la jurisprudencia.

El informe destacaba que, tal y como establece la ley, la causa de la temporalidad debe estar identificada «con toda claridad y precisión», algo que no sucedía en el caso de Renfe. Finalmente, el inspector levantó acta de infracción grave contra la empresa.

CGT, sindicato que denunció los hechos en las dos ocasiones, asegura que actualmente hay más casos similares pendientes del pronunciamiento de la inspección. «Hemos denunciado que esto sucede no solo en Madrid; también en Tarragona, Santander o Bilbao. La empresa es totalmente consciente de la ilegalidad que supone», aseguran desde la central.

Sin embargo, fuentes de Renfe aseguran que han recurrido las sanciones y que se trata de casos puntuales. Destacan que la mayoría de trabajadores son indefinidos: en el caso de los maquinistas solo el 3,5% son temporales, dice la empresa.

LOS MAQUINISTAS DE RENFE CONVOCAN CUATRO DÍAS DE HUELGA

Europa Press

Los paros serán de 24 horas y se han programado en días alternos para el 10, 12, 14 y 16 de junio, según informó el sindicato de maquinistas, Semaf. Denuncian la demora de la compañía en poner en marcha algunas distintas medidas como aprobar un sistema de salidas voluntarias de trabajadores.

El sindicato de maquinistas de Renfe, Semaf, ha convocado cuatro jornadas de huelga en la compañía ferroviaria para el mes de junio, coincidiendo con el inicio de la temporada de verano.

Los paros serán de 24 horas y se han programado en días alternos para el 10, 12, 14 y 16 de junio, según informó Semaf.

Con estas jornadas de huelga, el sindicato de maquinistas denuncia la demora de Renfe en poner en marcha distintas medidas acordadas con los sindicatos.

Entre ellas figura el plan de empleo, por el que se pretende habilitar un sistema de salidas voluntarias de trabajadores de la empresa ligadas a nuevas incorporaciones. Los maquinistas también protestan por la situación del negocio de transporte de mercancías en tren y por la disminución de servicios de vía estrecha heredados de la extinta Feve.

SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO DE CGT DESPEDIDO EN AUVISA

Solicitud de apoyo mutuo ante la situación que están pasando nuestros compañeros de la empresa AUVISA en Alcázar de San Juan, concesionaria de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en el mantenimiento de la Autovía de los viñedos.

El centro de trabajo está compuesto por 17 trabajadores operativos y 4 no operativos (2 administrativas, 1 encargado y 1 jefe Coex).

– Desde finales de diciembre de 2015, dos trabajadores operativos cambiaron su afiliación sindical de CC.OO. a CGT, entre ellos el Delegado de Personal.

– Dados los continuos incumplimientos empresariales en materia de modificación de condiciones de trabajos, cuadros de servicios, Prevención de Riesgos Laborales, con evidente riesgo para la salud de los trabajadores, motivó que desde comienzos del 2016 se produjera una incesante actividad sindical por parte del Delegado y nuestros afiliados, mediante las correspondientes denuncias tanto ante la ITSS como ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil.

– En respuesta a estas acciones sindicales, por parte de la Dirección, se procedió a despedir a 2 de los 3 trabajadores afiliados a nuestra organización.

– Con fecha 29.01.2016 fue despedido D. Vicente Martín-Benito Redondo, siendo reconocida la improcedencia por parte de la empresa en el acto de conciliación celebrado ante el SMAC de Ciudad Real con fecha 07.03.2016.

– Con fecha 29.04.2016 fue despedido D. Jesús Mª Fuentes (sin incoación de expediente contradictorio), ex Delegado de Personal desde el 07.03.2016 cuando fue revocado su mandato mediante una burda maniobra a instancias de la propia empresa en connivencia con determinados trabajadores; despido que al día de la fecha se encuentra pendiente de celebrar el acto de conciliación ante el SMAC de Ciudad Real que tendrá lugar el próximo día 07.06.2016.

Esta beligerancia sindical motivó que tanto por parte de la Dirección de la empresa como por algunos trabajadores afines iniciaran una campaña de acoso y hostigamiento no solo hacia la persona del Delegado de Personal, sino también contra todos aquellos trabajadores afiliados a la organización sindical Confederación General de los Trabajadores, simplemente por luchar y defender nuestros derechos laborales de conformidad al ordenamiento jurídico vigente ya que las condiciones laborales imperantes en dicha empresa eran lo más parecido a un erial.

Cabe resaltar que el Delegado de Personal ha recibido mal trato de obra y palabra por parte de algunos de sus compañeros, hecho incontrovertido que ha originado que al día de la fecha se encuentre en situación de Incapacidad Temporal y se esté tramitando el correspondiente proceso penal ante los Juzgados de Alcázar de San Juan.

Asimismo, vinculado a la vulneración del derecho a la libertad sindical, hemos de considerar la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, ex art. 24.1 C.E., ya que represaliar a un trabajador con el despido por haber intentado ejercitar una acción judicial y/o sindical, es decir, si la causa del despido es una reacción de la empresa por el hecho de haber ejercitado aquéllas acciones sindicales, que por razón del mandato conferido viene obligado a ejecutar el representante, obliga a calificar dicha conducta empresarial, cuanto menos, de antisindical, siendo merecedora dicha actitud de la consecuente incoación del acta de infracción.

LOS CONSTANTES ERES ENCUBIERTOS DE MERCADONA

La sección sindical CGT en Mercadona denuncia ante la opinión pública “el entramado empresarial que tiene la empresa con las horas extras” y que podrían dar como resultado numerosos Expedientes de Regulación de Empleo (EREs) encubiertos

La cadena de supermercados Mercadona estaría utilizando las horas extras de los y las trabajadoras para llevar a cabo de manera poco clara una práctica, desgraciadamente cada vez más común, por la que obliga a reubicar a sus trabajadores y trabajadoras en otros centros de trabajo.

Desde CGT afirman:

“se toma como referencia un centro de trabajo de la provincia de Jaén, en el que a sus apenas 40 trabajadores y trabajadoras, la empresa les debe la friolera de más de 700 horas extraordinarias, horas extras que no se pagan y se va acumulando durante meses hasta que se pueden disfrutar en días con poca venta o cuando la dirección del centro lo estima oportuno”.

Aseguran, que las horas extras no son voluntarias y “son obligatorias bajo amenaza de ponerte malos horarios, de situarte a desempeñar una función laboral distinta de la habitual o incluso con amenaza de despido”. Una práctica ilegal que sin duda contradice el Estatuto de los Trabajadores.

Además, CGT matiza que, “el disfrute de las horas es un día a día. Un trabajador entra a trabajar con un turno de 7.00 a 14.00 horas, pero puede que la dirección de empresa ese día estime oportuno que a las 12.00 horas se vaya a su casa porque no hay venta y así devolverle dos horas de las varias decenas que se le deben, o incluso otro puede que su turno sea de 6.00 a 13.00 horas y a las 9.00 horas le digan que se vaya a su casa”.

De esta manera, las horas extras que se realizan nunca son cobradas por los trabajadores y trabajadoras y mucho menos disfrutarlas “cuando le son necesarias”. CGT aclara que las horas extras se dividen en dos, por un lado las horas extras legales y por otro “las horas en B”. La realización de estas últimas implican la no constancia en ningún registro, haciéndolas de esta forma “prácticamente imposibles de disfrutar”.

“Las horas en B responden a favores personales a la dirección del centro cuando por ejemplo se va a recibir la visita de un alto cargo o similar y se quiere dar una buena impresión a ese visita”, señalan desde CGT, poniendo así de manifiesto que la única razón de hacer esas horas en B es puramente estética, no por demanda laboral.

Por otro lado, desde CGT indican que en las reuniones que la empresa tiene con los y las trabajadoras y en la rutina diaria de trabajo siempre se escucha la frase “sobra gente”, comentarios que suenan amenazantes y que suelen tener como objetivo la intimidación y la presión al trabajador y trabajadora para aceptar de esta forma condiciones no regulares.

Al mismo tiempo, “que se les debe a los casi 40 trabajadores y trabajadoras más de 700 horas extraordinarias, se desplaza a varios y a varias a otro centro de trabajo próximo a su localidad, el centro de destino a su vez las y los desplaza a otro centro próximo y así sucesivamente”, por lo que desde la CGT se entiende esta práctica como un entramado encubierto para realizar un ERE, esta es la norma habitual en cualquier centro de trabajo de Mercadona en el Estado español.

PRECARIEDAD EN LA LIMPIEZA DE HOTELES

Para ahorrar costes fijos, la mayoría de hoteles externalizan la limpieza con empresas multiservicios que pagan

El turismo en Sevilla (y en España) está en auge y genera beneficios millonarios, pero esta prosperidad tiene una cara oculta en los hoteles, sobre todo en los de las grandes cadenas.

Las mujeres que limpian los hoteles y arreglan las habitaciones soportan condiciones precarias. Ya no pueden más y se han rebelado. Sus condiciones laborales son peores en jornada y salario al resto de empleados de los hoteles desde la crisis y la reforma laboral, dado que la mayoría de establecimientos turísticos externalizan estas tareas con empresas multiservicio de limpieza y mantenimiento que no aplican el convenio de hostelería, sino uno propio. No sucede así si las limpiadoras son contratadas por empresas de trabajo temporal (ETT), obligadas a aplicar el convenio de hostelería.

Esta externalización supone un ahorro anual considerable para los hoteles, ya que las empleadas cobran una media de 300 a 350 euros menos de lo que marca el convenio provincial, deben limpiar como mínimo 15 habitaciones al día en seis horas de trabajo si no quieren ser despedidas por baja productividad, no cobran las vacaciones y no tienen pagas extras. Las empresas les pagan por horas como limpiadoras (categoría 2), cuando debían tener la categoría 4 de camarera de piso que marca el convenio del sector: ocho horas de trabajo y un sueldo de unos 1.000 euros.

Carolina Martín, de 46 años, y Mari Carmen León, de 51 años, trabajan para una de esas empresas multiservicio en Sevilla y explican en primera persona los abusos. «Llevamos muchísimos años calladas y ya no nos callamos más. En estas empresas somos limpiadoras, ya no tenemos categoría de camarera de piso. Las de convenio no cobran por habitación y, si un día no hacen una habitación, no pasa nada. A nosotras, si el cliente pone el cartel rojo de no molestar y no podemos hacerla, no la cobramos.

Dígalo por favor», relatan. «Nos exigen quince habitaciones al día por seis horas de trabajo y 750 euros brutos, o también 20 habitaciones en ocho horas, cuando es imposible hacerlas en ese tiempo, sobre todo en los hoteles de 4 y 5 estrellas, donde hay que reponer los amenities (artículos de aseo personal a disposición del huésped en el baño) en las habitaciones», se quejan. «Es la lacra de la profesión. Empezó a hacerlo un hotel y han seguido la mayoría como un dominó, a raíz de la reforma laboral», cuentan. Lo normal por el convenio de hostelería sería doce habitaciones por ocho horas en un hotel de 4 a 5 estrellas, y un sueldo de 1.000 euros en 15 pagas.

A consecuencia de este ritmo acelerado de trabajo, las limpiadoras de los hoteles están reventadas y doloridas. «Somos unas yonkis de los antiinflamatorios, del voltarem inyectado y de la automedicación para quitarnos los dolores de tanto esfuerzo», confiesan. No tienen enfermedad profesional reconocida, con lo que la mutua se resiste a darles una baja laboral al achacar los dolores a la edad, los nervios, a algo hereditario. Añaden que este tipo de trabajo lo cogen mujeres en situación familiar complicada (madre soltera, cabeza de familia, divorciadas….) que no tienen otros medios de subsistencia.

Pepa Cuaresma, secretaria general de Servicios de CCOO de Sevilla, señala que «es ilegal pagar por habitación hecha un sueldo medio de 2 euros» y que el resultado es que estas mujeres tienen peores condiciones si se quedan en paro y en la jubilación. «Esto viene de arriba, de las cadenas hoteleras que firman esos servicios externalizados. Los directores de hotel no lo quieren por lo general. Con las empresas de multiservicio entra todo por el mismo precio», aclara.

Lo único que piden es que se exija a estas empresas multiservicio una cláusula para que apliquen el convenio de hostelería en jornada y salario, al igual que se hizo con las empresas de trabajo temporal (ETT), obligadas a aplicarlo. «Que las condiciones de estas empleadas se asimilen a las condiciones ya malas del convenio provincial de hostelería, en salud laboral y en condiciones de trabajo», reclama la responsable de Servicios de CCOO de Sevilla.

El sindicato denuncia que la mayoría de los hoteles recurren a las empresas multiservicio para «ahorrarse dinero en sueldos y quitarse de encima muchos problemas». Y añade que son pocos los establecimientos hoteleros con plantilla propia con categoría de camarera de piso.

CCOO tiene una lista negra de los hoteles de la ciudad con peores condiciones para las limpiadoras, entre los que incluye a los de la cadena NH, el Sevilla Congresos (frente a Fibes) y el Sevilla Center (Buhaira), así como a las empresas multiservicios que trabajan para ellos, como ISS Facility, Lorca Proyect y Citius.

La dirección de dos hoteles NH en Sevilla confirma que esos contratos de limpieza los firma la cadena a nivel nacional. Según datos de CCOO, el NH Plaza de Armas se ha ahorrado en dos años una diferencia de 10.000 euros respecto al convenio de hostelería con la externalización de la limpieza a ISS. En el Hotel Cervantes se ha anulado el convenio que se aplicaba (a través de la empresa Hotelia) pero CCOO denuncia que no se aplica en la práctica y que todo sigue igual.

En la lista de los que sí aplican el convenio de hostelería figuran el Al-Andalus y el Alfonso XIII, que recurren a empresas de trabajo temporal.

Una de esas empresas multiservicio, Lorca Project, que trabaja para una decena de hoteles de Sevilla, entre ellos el Sevilla Congresos, defiende que se rijan por el convenio de limpieza y no por el de hostelería, y que los hoteles externalicen la limpieza porque «no es un servicio básico ni forma parte de su negocio principal» y porque las empresas de limpieza y mantenimiento «son más eficientes para este tipo de servicio» debido a su especialización.

Así opina su gerente, Carlos Cortés, que admite, en declaraciones a este periódico, que cada operaria debe cumplir objetivos de productividad (de 15 a 18 habitaciones por jornada) y que son las más productivas y eficientes las que permanecen en la empresa y no son despedidas, pero no concreta sueldos u horas de trabajo de sus empleadas.

Desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia, su gerente, Santiago Padilla, explica que es una tendencia del mercado, no sólo turístico, externalizar los costes fijos como el servicio de limpieza de los hoteles. «El sector turístico funciona con puntas de trabajo. La crisis ha obligado a reducir costes y una solución es externalizar servicios. Los beneficios se han reducido y las empresas intentan salir adelante. Si queremos ser competitivos hay que explorar todas las soluciones que el mercado ofrece», relata el gerente de la patronal hotelera.

GSS, EMPRESA DE CONTAC CENTER, OBLIGADA JUDICIALMENTE A CUMPLIR SU PLAN DE IGUALDAD

La Audiencia Nacional, Sala de lo Social condena a GSS, a informar y cumplir siete medidas del Plan de Igualdad a resultas de demanda promovida por la CGT.

La ley 3/2007 de igualdad, establece entre su articulado, la implantación obligatoria de los planes de igualdad en determinadas empresas (más de 250 personas trabajadoras, sancionadas por la inspección por incumplimiento del principio de igualdad, etc.).

Desde entonces, la implantación de los planes de igualdad han tenido diferente recorrido. En el mejor de los casos se han implantado convirtiéndose por parte de la empresa en un trámite con escasos resultados prácticos. Y en el peor de los casos, a casi diez años de la entrada en vigor de la ley, en muchas de las empresas obligadas, todavía no existe plan de igualdad.

En el sector del contact center no es un caso aislado y los planes de igualdad no son reconocidos por parte de las empresa como debiera teniendo en cuenta la importancia de los principios que defienden. Que con fecha seis de mayo de 2016, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en un procedimiento de ejecución, ha dado la razón a CGT, obligando a Global Sales Services, empresa del contact center, a que facilite información y se someta a las obligaciones de un acuerdo promovido por CGT en el ámbito de aplicación del Plan de Igualdad.

GSS tiene un Plan de Igualdad desde 2013 suscrito por toda la representación sindical de la empresa. Que desde entonces, escasos avances por parte de la empresa se han llevado a cabo en la implantación del mismo. Por ello, la CGT aparte de intervenir en la acción sindical, presentó en su día sendos procedimientos judiciales ante el grave incumplimiento de la empresa.

Que en el segundo procedimiento, la Audiencia Nacional ha ordenado a la empresa que de manera inmediata facilite información sobre la implantación de las medidas así como lleve a cabo determinadas obligaciones que se desprenden del Plan de Igualdad. Las citadas medidas regulan determinadas materias tendentes a respetar el principio de igualdad como por ejemplo informar sobre acciones de discriminación positiva en el acceso al empleo así como facilitar el derecho de conciliación (acuerdos de reducción del tiempo de comidas, flexibilidad horaria en los períodos de adaptación en el ciclo de educación infantil etc.)

Que este pronunciamiento judicial que obliga a la empresa a seguir implantando el plan de igualdad, ha supuesto una pequeña victoria jurídica y sindical en el sector del contact center que a la sazón es un sector feminizado con la precariedad que ello conlleva. Que quedamos a la espera de que la empresa cumpla con la decisión judicial.

CGT DENUNCIA UNA CAMPAÑA DEL GRUPO ATOS CONTRA SU ACTIVIDAD SINDICAL

CGT ATOS

Los secretarios generales de las secciones sindicales de Atos IT y Atos Spain han sido expedientados.

La sección sindical de la CGT en el Grupo Atos, multinacional especializada en tecnología, denuncia una campaña de la directiva de la compañía contra la actividad de esta central. Nacho Martínez y Jorge Santos, secretarios generales de las secciones sindicales de dos de las empresas del grupo, Atos IT y Atos Spain, han sido expedientados por una acción de denuncia llevada a cabo el pasado 10 de febrero, lo que les ha costado una sanción de un mes sin empleo y sueldo, decisión que ha sido recurrida y está en espera de resolución judicial.

“Esto viene de atrás, de toda la campaña que hemos estado haciendo como sección sindical, defendiendo los derechos de los trabajadores, sin firmar por ejemplo el ERTE o montar una campaña en contra del ERE que intentaron hacer”, explica Jorge Santos, secretario general de la sección sindical de CGT en Atos Spain y uno de los dos expedientados.

Las acciones contra los dos sindicalistas se produjeron tras abrir la empresa expedientes contradictorios a los dos representantes por la jornada reivindicativa Entierro del Mierdiconvenio de Atos IT, una «procesión de denuncia» por la firma del I Convenio Colectivo de Atos IT Solutions and Services Iberia SL por parte de CC OO Industria, “un convenido que legaliza la reforma laboral y mete la distribución irregular de la jornada y varias otras cosas sobre la jornada que no hacen más que legitimar la última reforma laboral”, explica Santos.

El representante sindical afirma, además, que las sanciones hay que enmarcarlas en las elecciones sindicales llevadas a cabo el año pasado en Atos IT, comicios que la empresa ha impugnado.

Asimismo, destaca la movilización contra el despido de un trabajador en marzo, “una campaña que les ha molestado mucho”, cuando CGT denunció que la razón era que el empleado “entró en un WC que la directiva considera estrictamente para uso de la dirección general, sin que conste esa condición en ninguna parte”. Unas horas después el trabajador quedó en la calle mediante despido disciplinario por una falta muy grave. “Creemos que aquello fue la gota que colmó el vaso por la cual a partir de ahí empezaron con todo esto”, opina Santos.

Más expedientes

El último capítulo de esta historia es la apertura de un nuevo expediente contradictorio –que podría acabar en despido procedente– contra Santos, expediente que la central sindical considera un «montaje» sobre las horas sindicales. «Es un montaje porque se están basando en que tienen unos tornos de control de acceso controlados por la empresa, con lo que tú no tienen ni idea de qué pasa ahí. Dependemos de unos datos que tiene la empresa pero que son manipulables, no es algo legítimo”.

Este represente sindical apunta que, a raíz de este episodio, se han interpuesto “varias denuncias al respecto para poner en evidencia que esto es un montaje, porque si ese control horario valiese nos tendrían que notificar a la representación de los trabajadores los horarios de todos los empleados para hacer un control de las horas extras, por eso nunca han puesto un control horario, no les interesa pagar las horas extra”.

Desde la sección sindical de CGT en el Grupo Atos anuncian que las movilizaciones continuarán para evitar que el nuevo expediente acabe en sanción y para exigir la retirada de las dos ya impuestas. De momento ya se han convocado marchas entre los dos centros que el Grupo tiene en Madrid los días 2, 7 y 9 de junio.

ABENGOA ELEVA DE 75 A 350 LOS AFECTADOS POR EL ERTE DE INABENSA

Europa Press – Sevilla

Los sindicatos se levantan de la mesa de negociación ante la nueva propuesta.

Los sindicatos CCOO y UGT se levantaron de la mesa de negociación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Inabensa, filial del grupo Abengoa, después de que la empresa efectuara una nueva propuesta, donde serían 350 los afectados por el ERTE en lugar de 75.

La empresa no aceptó, además, la petición sindical de acompasar el ERTE al ERE ni de conceder más tiempo a la negociación de ese expediente temporal. Habían solicitado la prórroga del periodo de consultas correspondiente al ERTE, de 15 días, para igualarlo al del ERE, de 30 días.

Según explicó a Europa Press el secretario general de la Federación de Industria de CCOO-A, José Manuel Moreno Cerrejón, a pesar de que «se da por cerrada y sin acuerdo» la negociación sobre el ERTE, se mantienen las negociaciones en torno al ERE. Así, la próxima reunión para abordar los despidos contemplados en éste, que se redujeron en la última propuesta de 395 a 280, será el 7 de junio.

Una vez analizada la nueva documentación proporcionada por la empresa, los sindicatos consideraron que «ni las causas económicas que se argumentan, ni las productivas justifican la aplicación de estas medidas». Por ello, insisten en pedir la retirada del ERE y el ERTE «a la espera de que el proceso preconcursal siga su curso y de que el juez dictamine la situación».

Moreno Cerrejón subrayó que el acuerdo de reestructuración financiera «lleva aparejada una inyección de 1.800 millones de euros, por lo que los sindicatos creemos que sería en ese momento cuando se debería evaluar la situación de Inabensa, y no ahora».

CCOO y UGT, por tanto, persiguen que «el tratamiento que se le dé a Inabensa sea de acuerdo al conjunto de las empresas que conforman Abengoa, porque no se pueden despegar». Pero advierten que, pese a la intervención del Juzgado de lo Mercantil, «da la impresión de que Abengoa está tomando medidas de carácter unilateral».

EL MUTISMO DEL PRESIDENTE DE ALCOA INDIGNA A LOS TRABAJADORES, QUE EXIGEN TRANSPARENCIA

La plantilla de San Cibrao avisa de que no aceptará una división de la planta y no descarta que el plan sea un órdago al Gobierno para lograr una baja tarifa eléctrica

La visita del presidente de Alcoa España, Rubén Bartolomé, a las factorías de A Coruña, Lugo y Avilés amenaza con caldear más los ánimos entre los más de 2.000 trabajadores que hace una semana conocieron los planes de la multinacional aluminera estadounidense de buscar un comprador o un grupo inversor para las tres fábricas que le quedan en España y ven peligrar sus puestos de trabajo y el futuro industrial de Galicia.

El directivo inició en San Cibrao (Cervo-Xove) una ronda de contactos con los comités de empresa de los tres centros de trabajo, aunque no reveló ningún dato de las pretensiones del grupo ni de los plazos en los que decidirá el futuro de las tres fábricas.

Bartolomé mantuvo el mutismo que rodea la operación durante el encuentro celebrado a la una de la tarde de con los representantes sindicales, los dos directores de planta de San Cibrao y el director de Recursos Humanos de Alcoa España, Borja Alvear. Insistió en que Alcoa ha iniciado un «estudio estratégico» de los centros de trabajo para evaluar posibles alternativas, entre las que se encuentra la venta de una o las tres fábricas, la entrada de nuevos inversores o incluso el mantenimiento de las tres bajo el paraguas de Alcoa sin que nada cambie respecto a la actual situación.

Esta última matización alimenta las especulaciones sobre si la multinacional estadounidense ha lanzado un órdago al Gobierno y amaga con vender las fábricas que dan empleo a más de 2.000 trabajadores -en el caso concreto de Cervo, mantiene la economía de toda A Mariña lucense y genera un 30% de la riqueza de la provincia- para lograr un precio energético más ajustado a sus necesidades. Sería la segunda vez. Alcoa reclama desde hace años que el Gobierno defina un sistema tarifario que le permita tener un precio estable de la electricidad durante entre tres y cinco años para planificar inversiones y producción.

El Ministerio de Industria reparte al año 550 millones en primas al recibo de los grandes consumidores industriales dispuestos a reducir o parar el consumo eléctrico en caso de emergencia (interrumpibilidad). La distribución se realiza en una subasta que Alcoa reclama a tres años vista y el Gobierno ha convocado ya en dos ocasiones con duración anual.

Ya en la primera subasta, celebrada en 2014, después de no haber alcanzado las bonificaciones necesarias para «producir a un precio competitivo», Alcoa presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para los 800 trabajadores de A Coruña y Avilés, y amenazó con cerrar las fábricas. El Ejecutivo convocó entonces una puja extraordinaria para repartir las primas que habían sobrado en la ordinaria y con ello paró los despidos de Alcoa.

El presidente de Alcoa España desconoce, según justificó ante los sindicatos, cuándo el grupo concluirá ese estudio estratégico y tomará una decisión sobre los tres centros de trabajo, ante lo que los representantes de la plantilla mostraron su indignación por la falta de transparencia, pero también ante el proyecto de Alcoa de dividir en dos el centro de Cervo y vender sólo la planta de Aluminio Español de San Cibrao para mantener en su poder la de Alúmina Española.

Bartolomé visitará a primera hora el centro de A Coruña, donde los sindicatos advierten que tendrá que escuchar muchas críticas si cumple el guión de San Cibrao y no ofrece información detallada. «No nos esperamos que diga nada porque lleva una semana sin hacerlo», dice Nazario Arias, vicepresidente del comité de empresa.

EXTRABAJADORES DE SALI-CACAOLAT UTEBO CREEN QUE LOS COMPRADORES «JAMÁS TUVIERON INTERÉS» EN RELANZAR LA PLANTA

Europa Press – Zaragoza

Señalan que solo querían quedarse con la marca Cacaolat por su valor. Las adjudicatarias de Cacaolat se muestran dispuestas a entregar la información que solicite el Juzgado.

Los 56 extrabajadores de la antigua Sali-Cacaolat Utebo continúan convencidos de que las empresas multinacionales Cobega, DAMM y la consultoría Victory Corporate Turnaround, que compraron Cacaolat S.A. en 2012, «jamás tuvieron interés» en relanzar el negocio en la planta zaragozana, sino que mantienen que el objetivo de estas compañías fue «exclusivamente» quedarse con la marca Cacaolat por su valor, de 161 millones de euros.

Así lo han explicado en rueda de prensa el portavoz de los extrabajadores, Pablo Sanz, y el técnico del Gabinete Técnico de UGT Aragón, y autor de un informe pericial sobre este caso, Ricardo Rodrigo, al informar de que la Audiencia Provincial de Zaragoza, en un auto del 24 de mayo de 2016, ha enviado de nuevo, por segunda vez, al Juzgado de Instrucción la querella que presentaron 56 empleados de la antigua factoría de Utebo contra estas multinacionales por los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores.

Cacaolat S.A. contaba con dos centros de trabajo en Barcelona y Utebo, pertenecía al grupo Nueva Rumasa y en 2011 comenzó a tener dificultades financieras que le llevaron a declararse en concurso de acreedores en mayo de ese año.

En el concurso, tramitado en el Juzgado Mercantil número 6 de Barcelona, se determinó que la mejor solución era poner en venta la unidad productiva, ya que el negocio era rentable, y se presentaron cuatro ofertas, resolviéndose a favor de Cobega, DAMM y Victory Corporate Turnaround, por el mayor precio pagado y por comprometerse a desarrollar un plan industrial para ambas plantas, que contemplaba una inversión de 4 millones de euros en Utebo.

Tras la adjudicación definitiva, el 23 de febrero de 2012, el proyecto ya diferenciaba la planta de Barcelona y la de Utebo, que en mayo de ese año quedaría como Planta Lechera Utebo S.L.U. y todas las marcas, entre ellas Cacaolat, quedaron en la sede de Barcelona.

En mayo de 2013 se presentó el primer expediente de regulación de empleo para el 60 por ciento de la plantilla de Utebo y el 4 de octubre un segundo ERE definitivo que llevó al cese de la actividad el 5 de noviembre de 2013.

Así, 56 extrabajadores de la planta de Utebo presentaron una primera querella contra estas compañías en diciembre de 2014, al estimar que habían cometido los delitos de estafa procesal, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores, pero en abril de 2015 el Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza archivó la causa.

Según ha recordado Sanz, los trabajadores recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial que «falló a nuestro favor y devolvió el caso a Instrucción», si bien de nuevo en noviembre del pasado año la juez archivó de nuevo el caso. Tras otro recurso de estos exempleados de Sali-Cacaolat, la Audiencia ha dictado un auto el 24 de mayo de este año que envía el caso otra vez al Juzgado de Instrucción.

De esta forma, «por segunda vez la Audiencia Provincia, con dos magistrados distintos, devuelve el caso a Instrucción porque ve indicios de delito» en este caso, el más grave de ellos «estafa procesal», ha comentado Pablo Sanz, al remarcar que los trabajadores «estamos convencidos de que esos delitos existen», de que se gestionó «mal» la planta de Utebo «de forma intencionada» y este auto «nos da más fuerza para seguir, para buscar Justicia» y con el deseo de que la instrucción «continúe».

Auto «fundamental»

Ricardo Rodrigo ha subrayado que el nuevo auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza «es fundamental por dos motivos, por su contenido y por el momento temporal en el que tiene lugar». Respecto al contenido, ha mencionado «dos ideas fundamentales» que se recogen en el auto.

En primer lugar, la Audiencia estima que «es claro» que estas compañías no realizaron una inversión en la planta de Utebo, «que no se utilizaron las vías de distribución de las mercantiles adquirientes y que la plantilla no se mantuvo, ya que quedó suprimida con los ERE tramitados por la empresa».

Además, los magistrados observan que en este proceso se trata de «dilucidar si los adjudicatarios tenían o no la intención de cerrar la planta de Utebo al participar en el procedimiento de adjudicación, lo que en caso afirmativo sería un delito de estafa procesal».

Según el auto, como evidencias del engaño los querellantes plantean que se constituyera la Planta Lechera Utebo S.L. y un plano de 2012 de la factoría catalana en el que se reservaba espacio para máquinas que estaban en funcionamiento en Utebo, así como las cuentas anuales de la mercantil.

La Audiencia advierte también de que los adjudicatarios conocían la delicada situación de la planta de Utebo desde el inicio del procedimiento de adjudicación y se pregunta por qué se pudo reflotar el negocio en Barcelona y no en Zaragoza, estimando que «hay hechos que parecen avalar la teoría de una intención inicial de los adjudicatarios de no poner en funcionamiento la planta de Utebo», aunque reconoce que otros hechos apoyan lo contrario, de forma que plantea continuar con la instrucción para esclarecer el caso.

Sobre el momento en que llega este auto, Rodrigo ha comentado que en los próximos días Cobega comenzará a cotizar en bolsas internacionales y la compañía tiene una facturación de 11.000 millones de euros, mientras que en Utebo estas empresas debían invertir 4 millones, por lo que ha insistido en que los adjudicatarios «jamás tuvieron intención de relanzar el negocio» en la planta zaragozana, «porque no se quiso, no porque no se pudo».

Apropiarse de la marca

En su opinión, estas multinacionales deseaban apropiarse de la marca Cacaolat, que en su momento tenía un valor de 161 millones, desvincularla de Aragón y que «quedara exclusivamente en Cataluña», al sostener que la inversión necesaria para continuar la actividad en Barcelona era de 60 millones y esa aportación sí que se realizó.

Rodrigo ha precisado que las compañías adquirieron las dos unidades de producción y todo el negocio por 75 millones de euros y ha insistido en que la factoría zaragozana era un negocio viable. De hecho, en septiembre de 2014 reabrió sus puertas de la mano de otra sociedad que alquiló el negocio, no lo adquirió, pero que sufrió problemas de capital y tuvo que cederlo a un «gran grupo empresarial aragonés» que está actuando en estas instalaciones que «pueden funcionar y lo están intentando».

En este nuevo proceso, que no tiene plazos establecidos de actuación de la juez, los extrabajadores aportarán pruebas que no habían sido admitidas antes, han pedido la colaboración, para que declare ante la juez, del anterior director de la planta de Utebo y presentan un segundo informe pericial más preciso que el primero. Los empleados de la antigua factoría se consideran en este proceso como unos «terceros perjudicados», al haber perdido su puesto de trabajo tras estas operaciones comerciales.

EDITORIAL OCÉANO PRESENTA UN ERE PARA DESPEDIR A 40 DE SUS 88 TRABAJADORES

FE

Editorial Océano, empresa con más de 100 años de antigüedad en el sector editorial, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 40 de los 88 trabajadores que actualmente forman parte de la plantilla, según ha informado el comité de empresa.

En un comunicado hecho público por el comité, la representación legal de los trabajadores «duda de la futura viabilidad de la empresa, puesto que difícilmente se podrán seguir dando los mismos servicios que hasta ahora de forma eficiente».

También pone en cuestión si la editorial podrá mantener la creación como actividad principal y la calidad del producto editorial, cómo ha hecho hasta ahora.

Esta medida tiene lugar después de que en 2014 la dirección de la editorial presentara otro expediente de regulación que supuso 27 despidos.

Océano está especializada en la venta de enciclopedias a crédito, con muy buena implantación en Portugal y en la mayoría de los países iberoamericanos.

A la espera del desarrollo de las negociaciones de los próximos días, el comité de empresa no descarta la convocatoria de movilizaciones.

LA MEDIACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EVITA UN AJUSTE DE EMPLEO “TRAUMÁTICO” EN AERNNOVA

La propuesta aceptada por los trabajadores y la empresa sustituye el ERE de 150 despidos por 95 bajas incentivadas

Aernnova renuncia definitivamente a presentar un expediente de despido colectivo para su fábrica de Berantevilla. Los trabajadores y la compañía aceptaron la propuesta de mediación del Gobierno Vasco para reducir la plantilla en 95 personas de forma “no traumática” antes de finales de 2017. De ellas, 25 serán recolocadas en otras fábricas del grupo en Araba.

El ajustado resultado de la votación -salió adelante gracias al apoyo del 52,7% de los trabajadores- refleja división en la planta alavesa. Sin embargo, incluso los que votaron en contra reconocen que se evita el “mal mayor”, una regulación de empleo que habría afectado a más empleados -se llegaron a plantear hasta 150 despidos – y con indemnizaciones económicas inferiores. La compañía considera que el acuerdo “garantiza el futuro de la planta” y agradeció la mediación del Ejecutivo vasco, aun reconociendo que “no responde” a su plan industrial. Mientras que el presidente del comité de empresa admitió que el Ejecutivo ha logrado “en parte” mover a la dirección de “su intransigencia”.

El movimiento, con todo, ha sido menor de lo deseado por ELA. La mayoría del comité se mostró a favor del acuerdo, pero los delegados de ELA, que tiene la presidencia, se opusieron porque exigían que las bajas fueran voluntarias. Su rechazo ha sido clave en el aprobado “raspado” que ha obtenido la mediación, que además supone que los trabajadores aceptan un ERE de suspensión de empleo de 41 días este año y otro de menor duración, todavía por definir, para el próximo. También implica la renovación del convenio, con congelación salarial en 2016 y 2017 e incrementos del 0,9% para los otros tres años de vigencia.

En el paquete se incluye asimismo un incremento de jornada laboral y una reducción del 25% de la paga por objetivos para igualarla al salario mensual. A cambio, la compañía se compromete a invertir y llevar carga de trabajo a la planta alavesa de montaje de alas para aviones. Quedan por ajustar cuestiones como las indemnizaciones para los trabajadores que abandonen la empresa y los plazos para la salida de la empresa. Son aspectos que se abordarán, cuando se fije un calendario de reuniones en un primer encuentro entre dirección y comité.

En principio se abrirá un programa de bajas voluntarias a repartir entre este año y el próximo. Además, existe la posibilidad de recolocar a 25 trabajadores en otras plantas de Araba, con lo que el ajuste de plantilla podría reducirse finalmente a 70 personas.

La dirección presentará una lista con nombres concretos si, una vez concluido el periodo de baja voluntaria, no ha cumplido el objetivo de reducir 95 salarios en Berantevilla. Y los candidatos forzosos que rechacen la baja incentivada quedarán al margen del compromiso de no tomar decisiones traumáticas. “Igual no les despiden al día siguiente, pero les podrán despedir cuando quieran”, criticó el presidente del comité, Juan Carlos Gómez.

ELA RECHAZA EL PLAN

“ELA quería un esfuerzo mayor por parte de la empresa, que no tuviéramos los trabajadores que asumir todo el esfuerzo, pero Aernnova se ha cerrado y no ha admitido que las bajas fueran voluntarias y no podíamos aceptar la propuesta en su conjunto”, explicó Gómez. El presidente del comité de Aernnova Berantevilla “agradeció” el papel del Gobierno Vasco, aunque lamentó que no haya sido posible mover a la dirección “hasta un punto intermedio”.

En una nota de prensa, la compañía aseguró que “la resolución del Gobierno Vasco abre un capítulo nuevo de colaboración entre la empresa y los trabajadores”. Aernnova agradeció el trabajo de Lakua durante las últimas semanas así como “la apuesta de los trabajadores por un marco de estabilidad para la empresa”.

Las relaciones entre el Ejecutivo y Aernnova entraron en fase crítica en octubre del año pasado, cuando al tiempo que planteaba los despidos en Berantevilla, el presidente de la compañía, Iñaki López Gandasegui, anunciaba la contratación de 150 trabajadores en una planta de Toledo. Gandasegui sugirió entonces que las ayudas de Castilla-La Mancha eran más atractivas que las de Euskadi y la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, le afeó su “chantaje”. La presión social de los sindicatos y la de Gobierno Vasco obligaron en noviembre a Aernnova a aparcar el primer ERE con despidos -la reforma laboral le permitía presentarlo sin acuerdo con el comité- y a sentarse a negociar un nuevo expediente.

Ante la falta de avances y tan sólo dos días antes de que concluyera el plazo fijado por la empresa para alcanzar un acuerdo, los trabajadores solicitaron a mediados de marzo la mediación de Lakua. La resolución fue presentada a las partes el pasado 10 de mayo y se votó ya por primera vez, siendo rechazada por un solo voto. Aquella votación, en la que participaron 489 trabajadores, fue anulada tras detectarse tres papeletas de más en una urna.

El jueves, con una participación casi del 100% -516 de 529 empleados-, el resultado fue favorable al laudo que, a juicio de Aernnova, garantiza la estabilidad en Berantevilla al menos hasta 2020.

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