Boletín sobre despidos y luchas obreras (9-10-2013)

Boletín sobre despidos y luchas obreras (9-10-2013)

 http://www.lapirenaicadigital.es

INDICE:

> REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2-8, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL (BOE 3-8) (XIII)

> LA REFORMA LABORAL DE 2012 UN LASTRE PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO.

> OTROS EXPERTOS Y OTRO DOCUMENTO SOBRE PENSIONES

> TRES EMPRESAS DE LIMPIEZA DE MADRID PRESENTARÁN UN ERE PARA UNOS 1.400 EMPLEADOS.

> CGT CONVOCA MOVILIZACIONES «ANTE LOS PLANES PRIVATIZADORES» DEL GOBIERNO EN EL SECTOR FERROVIARIO

> EL INE REDUCE UN 54% SU PLANTILLA EN 2012, LA MAYOR PARTE PERSONAL LABORAL

> SINDICATOS MANTIENEN HUELGA DE TRES DÍAS EN LA SANIDAD PRIVADA DE SEVILLA.

> LOS TRABAJADORES DE PANRICO ANUNCIAN UNA HUELGA INDEFINIDA QUE DESCONVOCARÁN SI COBRAN LAS NÓMINAS ATRASADAS

> LA PERSECUCIÓN DE LOS INTERINOS Y EL ATAQUE A LA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

> CONVOCAN HUELGA EN LA SEGURIDAD PRIVADA DE JUSTICIA Y SANIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR IMPAGOS.

> LA CIG EXIGE A COPO QUE ACLARE EL FUTURO DE LAS PLANTAS DE MOS Y PORRIÑO.

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REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2-8, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL (BOE 3-8) (XIII)

CAPÍTULO IV.- MODIFICACIONES EN MATERIA LABORAL (Continuación)

Artículo 11. Modificación de la Ley 36/2011, de 10-10, reguladora de la jurisdicción social.

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 247:

Artículo 247. Ejecución en conflictos colectivos.

1. Las sentencias recaídas en procesos de conflictos colectivos estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160 podrán ser objeto de ejecución definitiva conforme a las reglas generales de ésta con las especialidades siguientes:

….

2. La modalidad de ejecución de sentencias firmes regulada en este artículo será aplicable a los restantes títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, de naturaleza social, estimatorios de pretensión de condena y susceptibles de ejecución individual en los términos del apartado 3 del artículo 160, así como a las sentencias firmes u otros títulos ejecutivos sobre movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, de carácter colectivo, y en los supuestos de despido colectivo en los que la decisión empresarial colectiva haya sido declarada nula.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera. Atribución a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) de la condición de entidad colaboradora de los planes estatales de vivienda.

Disposición adicional segunda. Aplicación de incrementos de tarifas de las prestaciones patrimoniales de carácter público.

Disposición adicional tercera. Vigencia de la Orden FOM/898/2005, de 8-4, por la que se fijan las cuantías de los cánones ferroviarios establecidos en los artículos 74 y 75 la Ley 39/2003, de 17-11, del Sector Ferroviario.

Disposición adicional cuarta. Informe sobre las medidas relacionadas con los trabajadores a tiempo parcial.

El Gobierno elaborará en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto-ley (4-8-2013) un informe en relación con el impacto que las medidas introducidas en el mismo hayan tenido sobre el conjunto de los trabajadores a tiempo parcial, en el que también podrá formular propuestas de adaptación en orden a un posible perfeccionamiento tanto de la cotización como de la acción protectora de dicho colectivo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera. Prestaciones de la Seguridad Social denegadas y en trámite respecto de trabajadores a tiempo parcial.

1. Lo dispuesto en el apartado Uno del artículo 5 de este real decreto-ley será igualmente de aplicación para causar derecho a todas aquellas prestaciones que con anterioridad a su entrada en vigor (4-8-2013) hubiesen sido denegadas por no acreditar el período mínimo de cotización exigido en su caso. En el supuesto de cumplirse el período mínimo exigido con arreglo a la nueva regulación, el hecho causante se entenderá producido en la fecha originaria, sin perjuicio de que los efectos económicos del reconocimiento tengan una retroactividad máxima de 3 meses desde la nueva solicitud, con el límite en todo caso de la fecha de entrada en vigor.

2. Excepcionalmente, todas aquellas prestaciones cuya solicitud se encuentre en trámite en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley (4-8-2013), se regirán por lo dispuesto en el mismo y su reconocimiento tendrá efectos desde el hecho causante de la respectiva prestación.

Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a procedimientos y expedientes en tramitación.

1. Los procedimientos de movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo, inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable así como los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada que estuvieran en tramitación a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley (4-8-2013) se regirán por la normativa vigente en el momento de su inicio.

Lo dispuesto en los artículos 64.2 y 64.6 de la Ley 22/2003, de 9-7, Concursal, según la redacción dada por el presente real decreto-ley, será aplicable a los procedimientos concursales que se encuentren en curso a la fecha de su entrada en vigor (4-8-2013), para la tramitación del expediente y adopción de las medidas que se soliciten desde entonces y supongan la extinción, suspensión o modificación colectiva de los contratos de trabajo.

2. Los expedientes de regulación de empleo para la extinción o la suspensión de los contratos de trabajo o para la reducción de jornada, resueltos por la Autoridad Laboral y con vigencia en su aplicación a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley (4-8-2013) se regirán por la normativa en vigor cuando se dictó la resolución del expediente.

Disposición transitoria tercera. Régimen procesal aplicable a los despidos colectivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

Lo dispuesto en el artículo 11 será de aplicación respecto de los procesos por despidos colectivos que se inicien a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley (4-8-2013).

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta, en lo que respecta a su capítulo I, al amparo del artículo 149.1.13.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución española, que atribuyen al Estado la competencia sobre las Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, sobre el control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, sobre los ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma y sobre las obras públicas de interés general.

Los capítulos II, III y IV se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.6ª, 7ª y 17ª de la Constitución Española, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación procesal, así como en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las CC.AA., y de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las CC.AA., respectivamente.

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1796/2010, de 30-12, por el que se regulan las agencias de colocación.

Se modifica la letra f) del artículo 5:

Artículo 5. Obligaciones de las agencias de colocación.

Las agencias de colocación deberán cumplir las siguientes obligaciones:

f) No subcontratar con terceros la realización de la actividad objeto de la autorización concedida, salvo que se trate de otras agencias de colocación autorizadas.

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 625/1985, de 2-4, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2-8, de protección por desempleo.

Se modifica el apartado 2 del artículo 28:

Art. 28. Obligaciones de los trabajadores.

1. Los trabajadores están obligados a presentar en la correspondiente Oficina de Empleo, en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la situación legal de desempleo o al del cumplimiento del período de espera, en su caso, la documentación precisa para el nacimiento o reanudación del derecho a la prestación o subsidio por desempleo.

2. Cuando se produzca una causa de suspensión o extinción del derecho a la prestación o subsidio por desempleo, el trabajador estará obligado a entregar en la correspondiente Oficina de Empleo la documentación acreditativa de dicha causa. En los supuestos de colocación, el trabajador deberá comunicarla a la citada Oficina en el momento en que se produzca. Cuando la causa de suspensión correspondiese a la realización de trabajos incompatibles con este derecho, tal circunstancia deberá comunicarse con carácter previo al inicio de la prestación de servicios.

3. Los trabajadores están obligados a presentar la documentación acreditativa de la situación de incapacidad laboral transitoria en la correspondiente Oficina de Empleo.

El documento completo se puede consultar en el siguiente enlace ->: http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/ANALISISRDL11_2013.pdf

LA REFORMA LABORAL DE 2012 UN LASTRE PARA LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO

Reyes Maroto Illera – Fundación IDEAS

Ha transcurrido más de un año de la aprobación de la Reforma Laboral de 2012 y es momento de hacer balance para determinar en qué medida se están cumpliendo sus objetivos. Los dos primeros eran:

  • frenar en el corto plazo la sangría de destrucción de puestos de trabajo
  • poner las bases para la creación de empleo estable cuanto antes

Ninguno de ellos se ha cumplido. Por el contrario, la reforma laboral ha favorecido la destrucción de empleo, al aplicarse en un momento en el que la economía española entraba en una nueva recesión. Desde su aplicación la tasa de paro se ha situado en máximos históricos, superando el umbral de 27% en los primeros meses de 2013 con más de 6,2 millones de desempleados.

Un paro que afecta sobre todo a la población joven menor de 30 años, con una tasa cercana al 45%, es decir, casi 5 de cada 10 activos jóvenes están en paro. Un drama para un colectivo que ha visto mermadas sus oportunidades de empleabilidad desde el inicio de la crisis y que necesita medidas urgentes de formación y reinserción en el mercado laboral. Un paro que se prolonga en el tiempo ante la falta de expectativas de encontrar empleo y que ha situado el número de parados que llevan más de un año buscando trabajo en torno a los 3,5 millones, es decir, 6 de cada 10 parados son de larga duración.

Este artículo recoge un conjunto de análisis que pone de manifiesto que la reforma laboral no ha respondido a las necesidades reales de mejora en el mercado de trabajo español. Los “cambios de calado” que ha introducido la reforma laboral en el mercado de trabajo están teniendo efectos contraproducentes enormemente negativos a corto y medio plazo para España, además de unas consecuencias sociales insostenibles.

Crecimiento y empleo

La destrucción de empleo que se ha producido en España en el último año y medio no se puede justificar sólo por el empeoramiento del ciclo económico, sino que una parte importante se debe a la política económica del Gobierno de España, y principalmente a la Reforma Laboral. El comportamiento de la ocupación en 2012 y los primeros 6 meses de 2013 viene a empeorar de manera muy significativa los efectos sobre el empleo de la evolución del ciclo económico. La relación entre crecimiento y empleo experimentada en 2012 no solo es peor que la registrada durante 2011, sino que es la más negativa de toda la crisis, empeorando incluso los datos de 2009 (en dicho año, por cada punto de caída del PIB el empleo descendió en 1,6 puntos, mientras que en 2012 el empleo descendió en 2,9 puntos porcentuales por cada punto de reducción del PIB y el descenso ha sido de 2,3 puntos en el segundo trimestre de 2013). Lejos de impulsar el rendimiento en términos de empleo del crecimiento económico, o aminorar la destrucción de empleo cuando el crecimiento es negativo, la reforma laboral de 2012 ha alimentado de forma trascendental la intensidad en la destrucción de empleo de la economía española.

El abaratamiento de forma drástica del despido en plena crisis económica está facilitando el ajuste a través del flujo de salida del empleo hacia el desempleo. A pesar de que el Gobierno insiste en los instrumentos de flexibilidad interna como elemento más característico de la Reforma Laboral de 2012, lo cierto es que los hechos vienen a confirmar que una buena parte de la enorme destrucción de empleo acaecida durante 2012 y 2013 tiene su origen en la Reforma Laboral de febrero de 2012.

El repunte de los despidos y deficiente funcionamiento de la flexibilidad interna

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) han aumentado un 68% en 2012 respecto al año anterior, registrándose un total de 35.521 que han afectado a cerca de 490.000 trabajadores, un 41% más que el año 2011. Todos los tipos de ERE han aumentado en 2012, especialmente los de reducción de jornada, que representan el 20% el total. Aunque la modalidad más utilizada es la suspensión, que concentra el 62% del total.

Evolución de los trabajadores afectados por ERE según tipo

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social)

ERE’s de extinción:

  • 2008: 40.572
  • 2009: 63.476
  • 2010: 52.534
  • 2011:67.981
  • 2012: 82.876

ERE’s de suspensión:

  • 2008: 104.841
  • 2009: 465.215
  • 2010: 211.942
  • 2011: 215.012
  • 2012: 300.713

ERE’s de reducción de jornada:

  • 2008:   2.675
  • 2009: 20.591
  • 2010: 38.270
  • 2011: 60.636
  • 2012: 99.724

El deterioro del poder adquisitivo de los salarios

La desaparición de la ultraactividad de los convenios colectivos y la introducción de mecanismos unilaterales de ajuste en las condiciones a cargo del empresario han producido una abrupta caída del poder adquisitivo y las condiciones laborales.

Durante 2012 y los meses transcurridos de 2013 se ha producido en España un fuerte ajuste en el poder adquisitivo de los salarios. Los nuevos convenios firmados han visto aumentar los salarios en un 0,6%, el nivel más bajo de la última década. El aumento salarial pactado en los convenios en 2013 es 0,5 puntos inferior al pactado en 2012 y 1,4 puntos menor al de 2011. Teniendo en cuenta que el aumento del nivel de precios hasta julio fue del 1,8%, esto supone un descenso en el poder adquisitivo.

Evolución del aumento salarial pactado en los convenios colectivos de trabajo

Fuente: (Ministerio de empleo y seguridad social)

  • 2005: 3,2
  • 2006: 3,3
  • 2007: 3,1
  • 2008: 3,6
  • 2009: 2,3
  • 2010: 1,5
  • 2011: 2,0
  • 2012: 1,1
  • 2013: 0,6

El ajuste de los salarios durante 2012 y 2013 se refleja también en el descenso experimentado por los costes laborales que se han reducido en el primer trimestre de 2013 un 1,4%, situándose en torno a los 2.480 euros por trabajador, el nivel más bajo de los últimos 3 años. El descenso del componente salarial ha sido mayor – un -1,8% – lo que indica que el ajuste del coste total ha sido principalmente por la caída de los salarios.

El intenso proceso de cierre de empresas

Durante el pasado año tampoco se ha conseguido evitar la continuación de un intenso proceso de cierre de empresas. En 2012 el número de empresas se ha reducido un 3,2% respecto al año anterior, en torno a 40.000 empresas menos inscritas en la Seguridad Social, lo que sitúa su volumen por debajo de los 1,2 millones, el nivel más bajo desde el año 2001.

Evolución del número de empresas inscritas en la Seguridad Social

Fuente: (Ministerio de empleo y seguridad social)

  • 2006: 1.386
  • 2007: 1.406
  • 2008: 1.332
  • 2009: 1.265
  • 2010: 1.241
  • 2011: 1.211
  • 2012: 1.172

En definitiva, la Reforma Laboral del 2012 ha intensificado la destrucción de empleo y el consiguiente aumento del paro, sobre todo el juvenil. Además está produciendo un empeoramiento de las condiciones laborales y una pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Y finalmente, tampoco está consiguiendo frenar la destrucción de empresas.

OTROS EXPERTOS Y OTRO DOCUMENTO SOBRE PENSIONES

Juan Fco. Martín Seco – REPÚBLICA.COM “de las ideas”

Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante. ¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o con compañías de seguros, principales beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.

Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma que va a emprender el Gobierno.

Creemos que resulta difícil hablar de inviabilidad cuando en España el gasto en pensiones es reducido si lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%. Según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, el máximo de gasto en pensiones se alcanzaría en España en 2050 y sería del 14% del PIB. Es decir, tendríamos entonces que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

Pensamos que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior. El problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían mantenerse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

En los últimos treinta años, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro presente una evolución similar. Si esto es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de llevar a cabo una verdadera política redistributiva.

Consideramos que en un Estado definido como social, tal como hace la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. Concebir a la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, resulta claramente abusivo y erróneo y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda eventual mejora en las prestaciones.

Estimamos que el denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede cuestionar la viabilidad del sistema de pensiones por el mero hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

No es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo procede de una ideología liberal que contempla sin sonrojo que la presión fiscal de España (32,4%) sea la más baja de la Europa de los quince, inferior incluso a las de Grecia (34,9) y Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con la de Francia, y de diez y de ocho con las de Italia y Alemania, respectivamente, según datos de Eurostat, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que debería llevarse a cabo.

TRES EMPRESAS DE LIMPIEZA DE MADRID PRESENTARÁN UN ERE PARA UNOS 1.400 EMPLEADOS.

Tres de las cinco empresas concesionarias del servicio de limpieza viaria y mantenimiento de jardines de la ciudad de Madrid -Valoriza, FCC y OHL- presentarán un despido colectivo (ERE) para unos 1.400 trabajadores si en la negociación del convenio colectivo no se acuerda una reducción salarial.

Fuentes de la patronal y de los sindicatos han indicado que estas empresas podrían presentar los respectivos ERE esta misma semana a los trabajadores, cuyos representantes sindicales se reunirán este jueves para decidir si emprenden movilizaciones.

La alternativa a los despidos que han planteado las empresas, según ha explicado el portavoz de UGT, Juan Carlos del Río, sería una rebaja salarial de aproximadamente el 40 %.

Precisamente este sindicato, el que ostenta mayor representación en el sector, anunció el pasado viernes la convocatoria de una huelga indefinida, que comenzaría aproximadamente a finales de este mes o principios de noviembre, si el despido colectivo sale adelante.

CGT CONVOCA MOVILIZACIONES «ANTE LOS PLANES PRIVATIZADORES» DEL GOBIERNO EN EL SECTOR FERROVIARIO

Madrid (Europa Press)

El sindicato CGT convocará movilizaciones en el sector ferroviario «en octubre, noviembre y diciembre y cuantas medidas de presión sean oportunas» de forma conjunta con el Sindicato Ferroviario, aunque ha señalado que el resto de sindicatos presentes en los Comités Generales de Empresa de Renfe Operadora y Adif no se han pronunciado.

En un comunicado, CGT asevera que «las medidas aprobadas por el Gobierno suponen un antes y un después respecto a las conversaciones mantenidas hasta ahora con el Ministerio de Fomento y las direcciones de las empresas». «Han dejado claro que no están dispuestos a negociar ya que toman las decisiones a golpe de decreto», ha añadido.

Por ello, el sindicato destaca que «ha llegado el momento de plantar cara a los planes privatizadores y segregadores» del Ejecutivo, «ya que esta agresión a los trabajadores y usuarios necesita una respuesta contundente».

EL INE REDUCE UN 54% SU PLANTILLA EN 2012, LA MAYOR PARTE PERSONAL LABORAL

Madrid (Europa Press)

El organismo explica que el recorte se debió al aumento excepcional de plantilla en 2011 para atender el censo de población y viviendas

El Instituto Nacional de Estadística (INE), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, recortó un 54,07% su plantilla en 2012, al pasar de 9.056 efectivos en 2011 a un total de 4.159 a cierre del año pasado.

Fuentes del organismo precisaron que esta reducción se debió a que en 2011 la plantilla aumentó excepcionalmente debido a la elaboración del censo de población y viviendas, que se realiza cada 10 años.

Así, a cierre de 2011 la plantilla del INE ascendía a 4.260 empleados, con lo que la reducción de empleados, sin contar este incremento puntual de contratados temporales, sería del 2%.

La reducción de personal en el organismo estadístico se ha concentrado en los servicios periféricos del Instituto y en el personal laboral. También se ha reducido el número de funcionarios y del personal de los servicios centrales, aunque con mucha menos intensidad.

A cierre de 2012, el INE contaba con 1.383 funcionarios (741 en los servicios centrales y 642 en los periféricos), cifra un 4% inferior a la existente en 2011, cuando el número de funcionarios era de 1.441.

En el personal laboral, el recorte porcentual ha sido 15 veces superior al de los funcionarios. En concreto, el INE perdió 4.839 laborales en 2012, al pasar de 7.615 trabajadores en 2011 a un total de 2.776 laborales al finalizar el año pasado, lo que significa un 63,5% menos.

El recorte del personal laboral se concentró en los servicios periféricos, que perdieron un 67,1% de efectivos respecto a 2011, al pasar de 7.192 trabajadores a 2.368. En los servicios centrales, por el contrario, el personal laboral descendió un 3,5%, desde 423 a 408 efectivos.

La mayor parte de los laborales que perdieron su empleo en el INE durante 2012 eran eventuales (interinos por sustitución, con contrato de obra o de circunstancias de la producción): de 4.870 laborales eventuales existentes en 2011 se pasó en 2012 a sólo 52, es decir, casi un 99% menos.

Los laborales fijos, por su parte, se redujeron un 0,5%, hasta los 2.549, mientras que el personal catalogado como interino bajó un 3,8%, hasta los 175 trabajadores.

Así las cosas, el INE cerró 2012 con 4.159 efectivos, de los que 1.149 trabajaban en los servicios centrales, un 3,6% menos que en 2011, y 2.010 estaban ubicados en los servicios periféricos, un 74% menos que en 2011, según datos publicados en el Boletín Oficial del Estado.

FUERTE DESTRUCCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN 2012.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que precisamente elabora el INE, en 2012 se destruyeron en España 218.900 empleos en el sector público, un 7% respecto a 2011. Uno de cada cuatro puestos de trabajo que desaparecieron el año pasado pertenecía al sector público, y tres de cada cuatro, al privado.

El año 2012 fue el segundo consecutivo en el que el sector público destruyó puestos de trabajo, aunque en 2012 la pérdida de empleos fue casi siete veces superior a la de 2011, cuando el empleo público descendió en 32.400 puestos.

En el primer trimestre de este año se han destruido 71.400 empleos públicos y en el segundo, 2.600, con lo que la pérdida acumulada en el primer semestre alcanza los 74.000 empleos públicos.

Los sindicatos de la Función Pública atribuyen esta «sangría» en el empleo público a la amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y al ERE «encubierto» que están haciendo las administraciones en el sector público para reducir su déficit.

SINDICATOS MANTIENEN HUELGA DE TRES DÍAS EN LA SANIDAD PRIVADA DE SEVILLA.

Los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga los días 9, 10 y 11 de octubre en clínicas, consultas y laboratorios privados en la provincia de Sevilla tras concluir sin acuerdo la reunión en el servicio de mediación SERCLA.

El motivo de la huelga es la negativa de la patronal a dar marcha atrás en sus pretensiones de bajar los salarios y aumentar la jornada laboral, lo que provocará una reducción de la plantilla, ha denunciado CCOO-Sevilla en un comunicado.

Este sindicato argumenta que el sector de clínicas privadas es uno de los menos afectados por la crisis, ya que en el 2012 el número de pólizas de asistencia sanitaria privada creció en España un 12 %, y las clínicas de Sevilla han ganado entre 750.000 y más de tres millones de euros, según los casos, de acuerdo con las cuentas entregadas a los representantes de los trabajadores.

Además, la mayoría de ellas han realizado importantes inversiones en remodelación de sus instalaciones o en la ampliación, como el hospital Infanta Luisa; la clínica de Fátima, que se está ampliando para duplicar el tamaño con un coste de catorce millones, y el Hospital Quirón Sagrado Corazón, que también acomete obras para casi duplicar su superficie.

CCOO recuerda que se han abierto clínicas nuevas, como el Hospital Santa Ángela de la Cruz en la barriada de Bellavista, y todas las clínicas han expandido su red de consultorios auxiliares en la capital y en la zona metropolitana.

A pesar de ello, los propietarios de esas clínicas, representados por la patronal ASEHP, han dado muestras de la «más extremada avaricia», ya que exigen como condición para llegar a un acuerdo el aumento de la jornada laboral y la bajada de los salarios, ha denunciado Comisiones Obreras.

La patronal plantea aumentar la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, con aplicación retroactiva desde junio y que un 20 % de la jornada sea flexible, de forma que hasta 340 horas anuales se puedan distribuir a lo largo del año a voluntad de la empresa.

LOS TRABAJADORES DE PANRICO ANUNCIAN UNA HUELGA INDEFINIDA QUE DESCONVOCARÁN SI COBRAN LAS NÓMINAS ATRASADAS

Madrid (Europa Press)

Los representantes de los trabajadores de Panrico han anunciado que convocan una huelga indefinida en respuesta a la gestión que ha hecho la empresa en su decisión de anunciar una suspensión de pagos y de presentar un pre-concurso de acreedores.

En un comunicado al término de la reunión con el consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, los sindicatos CC.OO. y UGT aseguran que sólo desconvocarán la huelga indefinida si prospera la inyección de liquidez y cobran las nóminas atrasadas.

Los sindicatos han sido informados por la empresa de que la obtención de líneas de crédito y el mantenimiento de la actividad les permitiría reanudar los pagos de nóminas y acreedores. Asimismo, les han comunicado que han iniciado «gestiones» con varias Comunidades Autónomas «con el fin de conseguir avales suficientes que permitan volver a abrir las líneas de crédito».

En el supuesto de que Panrico consiga obtener la liquidez para empezar a pagar, los sindicatos han trasladado a la empresa que continuarán las conversaciones necesarias para alcanzar una «salida al conflicto» dentro de una comisión negociadora que se creará con tal fin.

«Si en la próxima semana ingresa una parte importante de la nómina», aseguran los sindicatos en un comunicado, «con el compromiso de pagarla en su totalidad en las siguientes semanas, trasladaremos a las asambleas de trabajadores la posibilidad de suspender semana a semana la realización de la huelga en la medida que se vayan cumpliendo los compromisos».

LA PERSECUCIÓN DE LOS INTERINOS Y EL ATAQUE A LA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo una precarización del profesorado sustituyendo su plantilla de maestros y profesores interinos expertos por otros sin experiencia que cambiará en cada oposición utilizando para ello su nuevo decretazo (Decreto 42/2013, de 9-5, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el procedimiento de selección de funcionarios interinos docentes de ámbito no universitario en la Comunidad de Madrid).

Este sistema de confección de listas de interinos supone una ida y venida de maestros y profesores que hace que la inversión en formación del profesorado y su experiencia no se rentabilice, ya que de esta manera los interinos se cambiarán por otros nuevos cada dos años, con el descenso de la calidad de la educación que esto va a conllevar.

Por otro lado la mayoría de los colegios públicos han empezado el curso faltándoles varios profesores y con una gran cantidad de niños y niñas sin tutor.

Además, con los últimos cambios, y gracias a los recortes en la educación pública debido a que se desvía el presupuesto de educación a la privada, aún con la totalidad del profesorado no se cubrirán completamente las necesidades educativas de los alumnos, siendo el recorte de maestros y profesores un factor determinante.

La administración ha reducido la plantilla de profesores mediante el aumento de horas lectivas, el incremento de alumnos por aula, la fusión de centros, la tasa de reposición de personal que cubre sólo una plaza de cada diez jubilaciones, y la enorme tardanza para enviar a un sustituto cuando falta un profesor, afectando sobremanera a los alumnos, ya que influye en la atención individualizada de cada niño, la desaparición de desdobles y refuerzos, la reducción de horas de biblioteca, de laboratorio, de actividades extraescolares, la desaparición de tutorías y a un gran número de funciones que no se pueden llevar a cabo.

A todos sus desmanes hacia los profesionales interinos añadimos ahora que por arte de birlibirloque han decidido invalidar habilitaciones de especialidades de maestros que llevaban años trabajando con ellas y dándoles como alternativa que se matriculen en centros privados, pagando hasta 7000 euros, para volver a conseguir las habilitaciones que ya tenían, no dejándoles entre tanto sin trabajar.

Además se están contratando como si fueran maestros o profesores a personas sin titulación, sólo porque proceden de países de habla inglesa y sin el paso por la oposición con la que se hostiga cada 2 años a todos los interinos.

El fin último de todas estas atrocidades es destruir educación pública para venderla después a sus amigos descuartizada.

La Consejería de Educación de Madrid hizo caso omiso a las reivindicaciones de los interinos de los cursos pasados implantando lo que se había propuesto y perjudicando así tanto a la educación pública, pero los interinos luchan contra esta estrategia de desgaste.

CONVOCAN HUELGA EN LA SEGURIDAD PRIVADA DE JUSTICIA Y SANIDAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA POR IMPAGOS.

El sindicato Alternativa Sindical ha convocado huelga del 14 al 18 de octubre para protestar por el impago de las nóminas a los vigilantes de seguridad de la empresa Ceca Seguridad, que están adscritos a Justicia y Sanidad.

El sindicato, que no descarta una huelga indefinida si persiste la situación, denuncia que el 90 % de la plantilla lleva varios meses de atraso en el abono de los salarios, además del impago de los atrasos de convenio correspondientes al año 2012.

«El alto nivel de morosidad por el que atraviesa la Generalitat Valenciana hace que se produzcan estas situaciones con sus proveedores y, por ende, el impago de salarios de éstos a sus trabajadores», explican en un comunicado.

Alternativa Sindical denuncia además los bajos precios a los que se licitan los concursos de seguridad y vigilancia que, según asegura en el mismo comunicado, rozan los mínimos establecidos en el Convenio Estatal.

Es por ello por lo que el sindicato considera que los concursos no atraen a las grandes empresas de seguridad, que «son las únicas que cumplen con el Convenio Estatal y con el abono de salarios», sino a empresas de «dudosa credibilidad», que se endeudan por falta de pago de la administración y no tienen liquidez para abonar los salarios.

LA CIG EXIGE A COPO QUE ACLARE EL FUTURO DE LAS PLANTAS DE MOS Y PORRIÑO.

VIGO

El sindicato CIG ha pedido a Copo que aclare el futuro de las plantas de Mos y Porriño en una compañía que ‘acaba de sufrir despidos, rebajas salariales, expediente de regulación y la merma de las condiciones de trabajo’, explicó el sindicato.

La CIG criticó ayer que la empresa no haya informado a los trabajadores sobre nuevos contratos, teniendo en cuenta el calado de los mismos y las consecuencias en el futuro de las empresas del grupo.

El sindicato criticó en una nota el ‘cinismo’ de la empresa por hablar de contratos importantes y de su posicionamiento en el mercado, mientras que ‘no duda en aplicar las medidas más duras para los empleados’.

A ese respecto, la central nacionalista recordó que los trabajadores han asumido esas medidas ‘con la esperanza de que detrás de estos sacrificios y en el horizonte de 2014 se normalice la situación laboral’.

Por ello, ha solicitado una reunión urgente con la dirección del grupo para recibir ‘las explicaciones debidas’ y para obtener información acerca del plan estratégico de Copo.

La empresa de espumas y tejidos para el automóvil, que redujo su plantilla de 300 a 186 trabajadores, registró una caída de su volumen de negocio de casi el 65% en 2012 hasta los 121 millones de euros, según publicó ayer ‘Expansión’.

Desde octubre del año pasado José Antonio Estévez, accionista de la compañía, es el consejero delegado y sustituyó en el cargo de Francisco Anguera.

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