Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (4-8-2013)

Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (4-8-2013)

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INDICE:

>EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS (1999-2013)

>NÚMERO DE CONTRATOS Y TASA DE TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN.

>ACUERDO SOBRE LA PENSION DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

>LA SIMFONICA EN HUELGA TOCARÁ MAÑANA POR LA TRAPA.

>SIN ACUERDO SOBRE LA HUELGA DE BASURAS EN A CORUÑA TRAS  MÁS DE 10 H. DE REUNÓN.

>EX TRABAJADORES DEL INFOCA EN HUELGA DE HAMBRE Y A 40ª EN PLENA CALLE EN SEVILLA.

>PLANTILLA DE AUTOBUSES EN HUELVA CUMPLE 6 DIAS DE HUELGA.

>UNA SENTENCIA RECONOCE PERSECUCIÓN SINDICAL EN KOXKA.

>CC OO Y UGT recurren ante el TSJC el contrato de Valdecilla para «MANTENER ABIERTA LA VÍA JUDICIAL»

>LOS TRABAJADORES DE IMSA EN AVILES ACUERDAN PEDIR UN CAMBIO DE MÉDICOS.

>LOS TRABAJADORES DE LOS CINESBOX-VIALIA CONFIAN EN SER ASUMIDOS POR LA NUEVA ADJUICATARIA DE ADIF.

>ENASTUR DESPIDE A TODA SU PLANTILLA Y VA HACIA LA LIQUIDACIÓN.

>LOS TRABAJADORES DE MERCASEVILLA LLEVARÁN ANTE EL JUEZ LOS DESPIDOS.

EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS (1999-2013)

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NÚMERO DE CONTRATOS Y TASA DE TEMPORALIDAD EN LA CONTRATACIÓN.

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ACUERDO SOBRE LA PENSION DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, cerró un acuerdo con las patronales CEOE, Cepyme, y los sindicatos CCOO y UGT, sobre la nueva cotización, y el consiguiente derecho a pensión, de los trabajadores a tiempo parcial.

Tras el apoyo de los agentes sociales Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, obtuvieron también el apoyo de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo.

El acuerdo es el siguiente:

la cuantía de la pensión final será el resultado de multiplicar por 1,5 el número de días cotizados realmente. Si, tratándose de empleo parcial, aún así el trabajador no llegase a los 15 años necesarios para tener derecho a la pensión mínima de la Seguridad Social –600 euros mensuales – el Gobierno complementará la prestación con una suma adicional que, tal y como está en la ley, no superará nunca la cuantía de 350 euros mensuales de la pensión no contributiva.

Por lo tanto, la reforma de la pensión a tiempo parcial será aprobada por el Consejo de Ministros, antes de las vacaciones, como también el informe de evaluación de la reforma laboral.

El Ejecutivo también aprobará acuerdo marco de colaboración de las administraciones con las agencias de colocación. Con este acuerdo, las agencias de colocación privadas obtendrán una cuantía, comprendida entre los 300 y los 3.000 euros, por conseguir dar trabajo a los desempleados por un periodo mínimo de 6 meses. Los sindicatos valoraron que el acuerdo beneficiará a 2,5 millones de trabajadores.

Se trata de que el sector privado ayude a dar empleo a los grupos de parados que tienen mayores dificultades para encontrar trabajo. Por ejemplo, parados de larga duración, mujeres, jóvenes o personas mayores de 45 años.

Bien es verdad que la patronal Asempleo ha comunicado al Gobierno que es excesivo el periodo mínimo de 6 meses exigido por el Gobierno para colocar a un parado, ya que el 80% de los contratos temporales tiene una duración inferior. Precisamente, el Ejecutivo podría también aprobar un sistema para comprobar la eficiencia de las subvenciones de las cotizaciones sociales en la colocación de trabajadores indefinidos.

LA SIMFONICA EN HUELGA TOCARÁ MAÑANA POR LA TRAPA.

María Marqués | Palma

La Orquestra Simfònica de Balears ha celebrado en Es Rafal Vell un concierto reivindicativo para denunciar su situación y defender sus derechos así como recordar la importancia cultural de la música. En esta ocasión contaron con el apoyo de la Associació de Veïnats de Palma y el GOB para dedicar la actuación a La Trapa, la finca propiedad de la asociación ecologista afectada por el incendio de Andratx.

Después de haber conseguido una reunión con representantes del Govern celebrada esta semana, consideran que este encuentro es «un punto de partida» para una futura negociación ante la actual situación. Además sienten el apoyo del público y la sociedad, y por este motivo deciden continuar con su huelga a base de conciertos, como su actuación multitudinaria en Es Born o el que ofrecerán este domingo.

El periodista Joan Carles Palos, que dice sentir «estimación por la montaña y la música», ha dado voz con una intervención que transmitió el mensaje de todo un colectivo en una expresión de solidaridad hacia el GOB y la Orquestra Simfònica.

El concierto sirve también para que la Simfònica muestre su apoyo a los miembros del GOB, y en general a todos los afectados por el incendio que se ha llevado por delante más de 2.200 hectáreas en la Serra de Tramontana. El portavoz del GOB, Jaume Canals, aseguró que tras la catástrofe ecológica la finca de La Trapa en Andratx se ha convertido «en un símbolo». Además, desde la asociación, quisieron destacar el trabajo de todos los voluntarios que se sumaron a la operación y declararon que la solidaridad es el motor para mejorar. «Con la Serra de Tramuntana, también se ha ido un trozo de la sociedad», prosiguió Canals.

El representante de la Associació de Veïnats de Palma Joan Fortesa, expresó su apoyo a la reivindicación cultural de la Orquestra

SIN ACUERDO SOBRE LA HUELGA DE BASURAS EN A CORUÑA TRAS  MÁS DE 10 H. DE REUNÓN.

A CORUÑA

La primera reunión de la dirección y el comité de Albada para intentar desbloquear el convenio colectivo y poner punto final a la huelga, ya bajo la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais, se cerró sin acuerdo, tras más de diez horas. Las partes se sentaron a la mesa el viernes a las cinco de la tarde y se levantaron pasadas las tres de la madrugada, aunque no consiguieron acercamientos en sus posturas, que siguen muy alejadas tanto en materia salarial como en reducción de personal y readmisión de empleados despedidos.

Así las cosas, todo está pendiente de que la mediadora convoque una nueva reunión, para intentar zanjar el conflicto, que afecta también a la recogida de basura a las puertas de la semana grande de las fiestas.

Durante la noche se produjeron varios incidentes, entre ellos el incendio de tres contenedores. El primero ardió a las 23.30 horas junto a Espacio Coruña, el segundo (pasadas las dos de la madrugada) en las inmediaciones de la planta de tratamiento de Nostián, mientras que el último incidente se registró a las 4 de la mañana en la calle Pintor Luis Mosquera, en Elviña.

EX TRABAJADORES DEL INFOCA EN HUELGA DE HAMBRE Y A 40ª EN PLENA CALLE EN SEVILLA.

Veinte ex trabajadores del Infoca, que han sido despedidos este verano «sin explicaciones» comenzarán mañana día 5 una huelga de hambre ante la puerta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en defensa de sus derechos laborales. Un portavoz de los trabajadores, Raúl Torres, ha manifestado que «tras seis veranos trabajando en el operativo de extinción de incendios» todos los concentrados han sido despedidos «sin que haya mediado explicación por parte de la Junta de Andalucía y sin que las promesas de diálogo y negociación realizadas por la Consejería haya desembocado en una solución».

Los afectados consideran que sus despidos son «claramente improcedentes» toda vez que su trabajo está ahora siendo desarrollado por personal perteneciente a la consejería «pero no cualificado y sin experiencia en el dispositivo». Además los despedidos están convencidos de que en el convenio consta «suficiente puntuación» para ser trabajadores fijos discontinuos durante seis meses al menos, y en ese sentido acusan a la Junta de Andalucía de pisotear sus derechos con unos despidos «sin argumentos ni explicaciones».

Se da la circunstancia de que otros ochenta trabajadores del Infoca que fueron despedidos en idénticas circunstancias fueron readmitidos tras denunciar a la entidad y merced a un acuerdo de la Consejería con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. Por ello, de las críticas de los afectados tampoco se han librado dichas centrales, que a juicio de Torres «vendieron su futuro» al firmar un acuerdo con la Consejería que sólo daba lugar a la readmisión de esos ochenta trabajadores y no de los veinte que ahora están en huelga de hambre, «simplemente porque nosotros no denunciamos».

«Si la situación era claramente irregular, lo era para todos, para quienes presentaron una denuncia contra el Infoca y para quienes no lo hicimos. Y no podemos entender que los sindicatos nos haya abandonado a nuestra suerte, cuando su acuerdo con el Infoca, que favoreció al resto de despedidos, demuestra que tenemos razón», ha dicho el portavoz de los afectados.

Ante esta situación «de incertidumbre, frente a unas promesas que nunca llegan y un mañana que parece eterno», los trabajadores no han visto más opción que llevar a cabo la huelga de hambre que aseguran que mantendrán «a pesar de los 40 grados de Sevilla y de la ausencia de un gobierno andaluz y unos agentes sociales sordos, mudos y de vacaciones».

«No nos queda otra opción lograr que todos los andaluces tengan conocimiento de nuestro caso y de cómo un gobierno andaluz que dice estar cerca de los trabajadores se burla de nosotros y pisotea nuestros derechos y de cómo unos sindicatos se pliegan al poder», ha concluido.

Los ex trabajadores del Infoca han recibido el apoyo y la solidaridad tanto del el Partido Popular Andaluz, como de IU –a pesar de formar parte del mismo gobierno andaluz que ha generado el problema-, así como de la CGT, el único sindicato «que sigue dando la batalla por nosotros».

PLANTILLA DE AUTOBUSES EN HUELVA CUMPLE 6 DIAS DE HUELGA.

Los 144 trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos del Huelva (EMTUSA) cumplen hoy seis días de huelga y han asegurado «estar dispuestos a sentarse y a escuchar propuestas» por parte de la dirección y el Ayuntamiento que den tranquilidad a su situación laboral.

Los trabajadores secundan desde el pasado martes una huelga que afecta al servicio especial nocturno que se establece anualmente coincidiendo con la celebración de las Fiestas Colombinas de Huelva.

El Secretario de Representación del Sindicato Unitario y miembro del Comité de EMTUSA, Antonio Olivares, ha destacado, a través de un comunicado, que «la normalidad y la sensatez» están siendo la nota dominante en el desarrollo de esta huelga en la que se está dando «un estricto cumplimiento de los servicios mínimos, y ausencia total de incidentes».

La plantilla ha pedido disculpas a todos los ciudadanos que puedan verse afectados por el desarrollo de la misma y les han pedido «comprensión, ante un problema, de los cuales no son los responsables, si no una de las partes afectadas junto a los ciudadanos».

En este sentido, Olivares ha apuntado que los trabajadores «confiaron» en el equipo de gobierno del Ayuntamiento que les aseguró, con la firma de un convenio a primeros de año, que a cambio de «un esfuerzo económico y laboral» se les prometió «tranquilidad y estabilidad», algo que «todavía no se ha producido, faltando a la palabra dada y firmada».

«Los trabajadores están abiertos a sentarse y escuchar propuestas, no se les puede pedir que confíen en un compromiso verbal o escrito, están hartos, de las mentiras y faltas de respeto, del desconocimiento, de la desgana, del desprecio por parte del equipo de Gobierno, que todavía no han sido capaces de comprender, que lo que buscan los trabajadores es única y exclusivamente que cumpla su obligación reflejada en un convenio», ha dicho.

Un cumplimiento que ha de manifestarse no sólo «en lo económico», sino «sobre todo y mas importante en devolver la tranquilidad a una plantilla, de la que dependen 144 familias directamente, y un servicio obligatorio y necesario para los ciudadanos de Huelva».

Se está a la espera de que el Sercla cite a trabajadores y empresa después de que ésta iniciara contra los primeros el pasado lunes el procedimiento de mediación-conciliación previo a la vía judicial al entender que la convocatoria es «ilegal e ilícita».

UNA SENTENCIOA RECONOCE PERSECUCIÓN SINDICAL EN KOXKA.

NAVARRA

El Tribunal Supremo afirma que “no alberga duda alguna de que fueron discriminados por pertenecer al sindicato y por su actitud combativa”.  ELA denunció en 2009 que el ERE no estaba justificado, la inspección de trabajo lo confirmo y aún así, UGT y CCOO firmaron el ERE con la complicidad del Gobierno de Navarra. A este respecto el Supremo sentencia que la Administración debía de mandar este ERE al juzgado ante los indicios de discriminación ideológica. A este respecto, ELA ha anunciado acciones judiciales para aclarar la responsabilidad del Ministerio y del Gobierno de Navarra

CC OO Y UGT recurren ante el TSJC el contrato de Valdecilla para «MANTENER ABIERTA LA VÍA JUDICIAL»

SANTANDER

Los sindicatos CC OO y UGT han recurrido en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la desestimación por parte del Tribunal Administrativo Central de sus respectivas demandas contra el contrato de colaboración público-privada del Hospital Valdecilla.

En realidad lo que han presentado es el anuncio de recurso, un paso previo a la formalización en firme del contencioso, con el que los sindicatos se garantizan «mantener abierta la vía judicial» mientras continúa la tramitación administrativa del contrato de Valdecilla, ya que el plazo para recurrir ante el TSJC la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (dos meses desde su notificación), vencía a finales de julio han confirmado fuentes sindicales.

UGT ha agotado el plazo y ha presentado el anuncio de recurso el viernes 26 de julio (recibieron la notificación oficial de la desestimación del Tribunal Administrativo el 28 de mayo), mientras que la Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de CC OO registró el escrito de interposición «a mediados de julio», concretamente el día 16.

En ambos casos, la diligencia de ordenación de la Sala de lo Contencioso Administrativo -paso previo al pronunciamiento sobre la admisión a trámite de los recursos-, solicita la subsanación de diversa documentación preceptiva que no ha sido aportada por los sindicatos, entre otras cosas la liquidación de las tasas, según han informado a esta agencia fuentes judiciales.

En el supuesto de que los recursos sean admitidos a trámite, el TSJC solicitará el expediente al Gobierno de Cantabria para trasladárselo a los sindicatos, que a partir de ese momento tendrían 20 días hábiles para formular en firme la demanda, «lo cual ya nos situaría a finales de septiembre», ha explicado el servicio jurídico de UGT, que fue el primero que recurrió la licitación del contrato de Valdecilla ante el Tribunal Administrativo Central.

Aunque la organización ugetista tiene «muchas dudas» de que el modelo de contratación administrativa elegido por el Gobierno «sea el correcto» desde el punto de vista técnico, todavía no sabe si seguirá adelante con el recurso.

Su decisión final dependerá del resultado, en términos de empleo, del proceso de diálogo competitivo del Servicio Cántabro de Salud con los cuatro grupos empresariales que participan en el proceso, y del cumplimiento por parte del Gobierno del compromiso de negociar con los sindicatos los aspectos que afectan a los trabajadores del Servicio Cántabro de Salud y de las contratas antes de elevar a definitivo el documento descriptivo previo, algo que se sustanciará a finales de agosto, según las previsiones de la consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga.

De esta forma, si se garantizan las condiciones de los trabajadores de las contratas y la «efectiva libertad» del personal estatutario de seguir como tal, UGT renunciaría a formalizar la demanda.

Coste económico del proceso judicial

Por otro lado, los sindicatos también están valorando el impacto económico de las tasas judiciales y las costas procesales en el supuesto de que hagan firmes los recursos y el TSJC falle a favor del Gobierno de Cantabria.

Las tasas judiciales no se podrá calcular hasta que la Sala del TSJC determine la cuantía del contencioso, que variará ostensiblemente en función de si se fija como indeterminada -la opción más favorable para los sindicatos- o como determinada, ya que en este caso se podría tomar como referencia el importe del contrato de Valdecilla, que resultará del diálogo competitivo, si bien se ha estimado inicialmente en 660 millones de euros (33 millones anuales durante 20 años por la construcción y equipamiento de la Fase III del Plan Director, con una inversión de 99,1 millones, y la gestión de servicios no asistenciales).

Por eso los sindicatos son conscientes de la importancia de ir sobre seguro y fundamentar bien el recurso. En este sentido, fuentes de Comisiones Obreras han señalado que la asesoría jurídica del sindicato en Cantabria está trabajando en coordinación con la Federación Estatal de Sanidad para «armar muy bien» el recurso. Su idea es «parar la privatización de Valdecilla con todos los medios a su alcance, sin descartar ninguno a priori».

Las citadas fuentes han puntualizado que no se limitarán a la «acción jurídica» sino que volverán a la movilización. «El otoño va a ser caliente en la sanidad de Cantabria», avisa CC OO, que es el único sindicato que confirmó su intención de recurrir al TSJC el mismo día de la reunión del pasado 29 de mayo en la que el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y la consejera de Sanidad se comprometieron a abrir una vía de diálogo con las organizaciones sindicales. 

En la misma línea que UGT, el sindicato USO también renunciaría a la vía judicial si el Gobierno «cumple» y el documento descriptivo final garantiza el mantenimiento de la plantilla y de unos estándares de calidad «exigentes», así como los acuerdos entre los representantes de los trabajadores de las contratas y las respectivas empresas.

Fuentes de USO han destacado al respecto que la plantilla de las contratas representa el 90% del total de trabajadores afectados por el contrato de colaboración público-privada de Valdecilla (en total unos 600 en los 40 servicios cuya gestión ya está privatizada y salen ahora de nuevo a licitación de forma conjunta). Según sus estimaciones, la totalidad del personal estatutario se acogerá a la opción de seguir ostentando esta condición.

Según el Gobierno, los trabajadores estatutarios del SCS afectados por la privatización de nuevos servicios son unos 250, mientras que los trabajadores de las contratas son unos 600 sumando los 40 servicios cuya gestión ya está privatizada y salen ahora de nuevo a licitación de forma conjunta.

LOS TRABAJADORES DE IMSA EN AVILES ACUERDAN PEDIR UN CAMBIO DE MÉDICOS.

Tras más de ocho meses desde su comienzo, la polémica en torno a los trabajadores de IMSA, empresa auxiliar de Asturiana de Zinc (AZSA), intoxicados por mercurio parece a punto de tomar un nuevo rumbo. Tras la reunión que mantuvieron los afectados se acordó por votación presentar un escrito al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) para reclamar el cambio del personal médico que trata a los afectados de la intoxicación. 

Esta medida, que contó con tres votos en contra, es el resultado de las reiteradas quejas que los empleados de IMSA llevan manifestando acerca del trato que reciben en la sección de Medicina Interna del Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA). En palabras de Gabriel Calota, portavoz del colectivo de trabajadores intoxicados, «todos nosotros recibimos un trato denigrante, es como si les molestásemos allí, no nos quieren atender, nos hacen esperar mucho tiempo, yo mismo me he sentido como si no fuese nadie», indicó.

Pero las protestas de los intoxicados no se limitan al trato humano, sino que también incluyen la propia atención médica. «Llevo días sin dormir bien por los dolores que tengo. Me han diagnosticado un dolor neuropático, pero no me dan nada contra él», explicó el propio Calota. Así mismo, mencionó el caso de un compañero «al que se le están empezando a caer los dientes y lo único que le han recetado es Nolotil».

De salir adelante esta reclamación, finalizaría así un capítulo más de este drama, que se inició en el mes de diciembre del pasado año. Desde entonces se han encontrado en 76 trabajadores de la subcontrata y de AZSA síntomas de envenenamiento por exposición a mercurio. Las secuelas físicas no tardaron en manifestarse, y algunos de los afectados permanecen aún de baja.

Aunque las causas reales del suceso todavía están por determinar, los empleados intoxicados reclaman desde los primeros momentos del suceso una mejora de las atenciones que reciben, tanto médicas como laborales.

Sus reivindicaciones han despertado numerosas voces de apoyo en distintos colectivos. Recientemente, el diputado asturiano de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, solicitó abiertamente al Fiscal General del Estado que se persone en la causa abierta contra AZSA. En su intervención, Llamazares criticó que, tras ocho meses del comienzo del incidente, «la empresa aún no haya presentado informe alguno», y afirmó que no sólo la compañía, sino también «el Gobierno central y el Gobierno del Principado tienen aún muchas asignaturas pendientes relacionadas con este tema».

Por lo pronto, sólo es posible esperar a que el SESPA se pronuncie y tome su decisión.

LOS TRABAJADORES DE LOS CINESBOX-VIALIA CONFIAN EN SER ASUMIDOS POR LA NUEVA ADJUICATARIA DE ADIF.

PONTEVEDRA

Los ex trabajadores de los Cines Vialia solicitarán en los próximos días una reunión con la dirección de Coruña Films SL, la nueva empresa a la que Adif adjudicó las salas cinematográficas de la ciudad para conocer, de primera mano, las previsiones de la compañía respecto a su pretendida subrogación laboral.

Los quince empleados de Ábaco, la extinta arrendataria de las instalaciones de Adif – Administradora de Infraestructuras Ferroviaria-, confían en recuperar sus empleos ya que tal como explicaba ayer el secretario comarcal de CC OO, José Luis García Pedrosa, «estamos ante una sucesión de empresas y por tanto les asiste el derecho de subrogación». Lo que es posible, reconoce, es que el cambio de tecnología y el nuevo diseño de las salas de Coruña Films, cuyo nombre comercial es Galicine, aconseje una reducción de plantilla.

«Estamos dispuestos a negociar» señala García Pedrosa que espera, al igual que los extrabajadores de Ábaco, que la nueva adjudicataria asuma el personal de las salas cerradas. Son empleados que fueron contratados, en todos los casos, cuando se inauguraron los cines en Vialia hace doce años.

La subrogación de plantilla, a la que según sostiene Comisiones Obreras tienen derecho, no está incluida en el pliego del concurso de adjudicación y aunque no existe un compromiso explícito en este sentido, García Pedrosa apuntaba ayer que la implicación de la ministra de Fomento, Ana Pastor, para urgir la readjudicación y no dejar a Pontevedra sin cines lleva implícito el «salvar el empleo». Así lo especifica la carta remitida el pasado mes de junio por la ministra al responsable sindical en respuesta a su petición de mediación, no en vano Adif depende directamente del departamento ministerial de la que es titular, Fomento.

ENASTUR DESPIDE A TODA SU PLANTILLA Y VA HACIA LA LIQUIDACIÓN.

OVIEDO

Enastur, empresa por la que el presidente de la patronal asturiana (Fade), Severino García Vigón, ha sido denunciado por la fiscalía por impagos del IVA en los años 2009, 2010 y 2012, presentó esta semana un expediente de regulación de empleo para extinguir el contrato de toda su plantilla (12 empleados) y va camino de la liquidación. Fuentes de la compañía aseguraron que se trataba de «un paso natural» después de que el 31 de julio finalizara el contrato de distribución de gas que tenían contratado con Repsol. También destacaron que la regulación estaba ya pactada con la plantilla y se les había mantenido informados de todos los movimientos al detalle.

El siguiente paso que dará la compañía del presidente de la patronal asturiana será ir a la fase de liquidación, que están tramitando los abogados de la empresa de distribución de gas.

LOS TRABAJADORES DE MERCASEVILLA LLEVARÁN ANTE EL JUEZ LOS DESPIDOS.

SEVILLA

La dirección de Mercasevilla y el comité de empresa de la entidad finalizaron sin acuerdo el periodo de consultas establecido para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afecta a 115 trabajadores y a otros 39 puestos de empleo tras la externalización de los servicios de la lonja de pescado.

En esta línea, el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, afirmó en la asamblea celebrada en la Catedral –donde los empleados estuvieron encerrados– que «esto no ha acabado aquí» y que ahora empieza «la batalla judicial» tras denunciar ante los tribunales los despidos que se van a acometer en la empresa.

Domínguez explicó a sus compañeros que plantearon al Ayuntamiento una rebaja de 30 horas de la jornada de trabajo de todos los empleados, con su correspondiente reducción salarial, para ahorrarle a la empresa un total de 1,2 millones de euros al año. Pero el Consistorio, según Domínguez, se ha negado en rotundo a aceptar esta propuesta.

Otra propuesta del comité que los representantes de la empresa rechazaron fue ofrecer bajas incentivadas voluntarias de 45 días de salario por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades.

Además, el presidente del comité de empresa comunicó que la dirección de la empresa ofreció a los trabajadores indemnizaciones de 25 días de sueldo por cada año trabajado pero, según Domínguez, «no nos ha quedado otra alternativa que levantarnos de la mesa tras escuchar la propuesta».

«No hemos llegado a un acuerdo pero por nuestra parte sigue la puerta abierta para intentar llegar a un punto común», afirmó el presidente del comité. También, Domínguez anunció que el próximo 9 y 10 de agosto, últimos días de trabajo de los empleados despedidos, se va a llevar a cabo una huelga de trabajadores y que a partir de septiembre se programará un calendario de manifestaciones en protesta por estos despidos.

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