Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (18-7-2012)

Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (18-7-2012)

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EL AYUNTAMIENTO DE TOTANA CULPA DE PARTE DE LA DEUDA AL EXCESO DE TRABAJADORES

El concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Totana, David Amorós, ha explicado que las medidas de Personal se tienen que adoptar «porque mensualmente faltan 360.000 euros para pagar las nóminas a los trabajadores, con picos de 700.000 euros algunos meses», por lo que ha calificado esta situación de «insostenible».

De seguir manteniendo la Administración así, ha advertido el edil, en la legislatura «se propiciaría una deuda generaría sólo de Personal de 15 millones de euros, algo que no vamos a consentir».

Ante la situación del despido de 14 interinos y el inicio del expediente de despido colectivo, el edil ha manifestado que se trata de medidas «duras», de las que moralmente no están de acuerdo, pero ha justificado la necesidad de las mismas para «mantener la viabilidad del Ayuntamiento».

Y es que, ha señalado, el Consistorio de Totana se encuentra en una operación «a corazón abierto», ya que «se han registrado una merma en los ingresos de más de 30 millones de euros desde el 2007 y con una deuda de 85 millones de euros».

Amorós ha indicado que «ninguna empresa dudaría a la hora de reestructurar su plantilla si mensualmente tuviera un déficit de más de 60 millones de personas».

En este sentido, ha recordado que «se han planteado muchas medidas antes de llegar a esta situación que han generado un ahorro de dos millones de euros, y se han establecido mesas de negociación con los sindicatos como la de bajar el salario un 15 por ciento a todos los empleados públicos, medida que rechazaron».

El edil ha dicho que se han tenido varias mesas de negociación, tanto con sindicatos como con los grupos de la oposición, pero «nadie ha puesto encima de la mesa propuestas concretas que eviten estos despidos», ha criticado.

Además, el concejal ha manifestado que «ahora más que nunca es necesaria una reorganización del personal y de la estructura administrativa para ahorrar costes y garantizar la prestación de servicios que se prestan a los vecinos».

Un ejemplo de esta situación, y según el concejal para que el ciudadano lo entienda, «no puede haber un departamento municipal con siete personas mientras en empresas murcianas con 3.500 personas lo gestionan con nueve profesionales».

En esta línea, el edil ha realizado un balance de todas las medidas que se han puesto en marcha durante el primer año de legislatura que van en camino de conseguir un ahorro del presupuesto de siete millones de euros, pero «hay que seguir haciendo un esfuerzo para contener más el gasto corriente, ya que es insostenible la situación actual con la merma de ingresos».

Amorós ha manifestado la intención del equipo de Gobierno «es la de seguir tomando medidas, en un segundo bloque, para no gastar más que lo que se ingrese y ser un ejemplo de gestión eficiente y austera». Al hilo, ha explicado que el equipo de Gobierno «es el que menos destina dinero al pago de nóminas de los responsables políticos con respecto al número de habitantes del municipio».

En cuanto a la deuda del Ayuntamiento, el también portavoz del equipo de Gobierno, ha indicado que todos los grupos políticos que han gestionado el Consistorio «son corresponsables de la deuda que se ha gestado, ya que ningún equipo de Gobierno ha sido capaz de terminar el ejercicio contable sin déficit».

ÚLTIMO ASALTO DE AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA Y SINDICATOS POR EVITAR EL ERE

Termina el periodo de negociación que planteó el regidor García Urbano

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona, del PP, y el comité de empresa del Consistorio celebran la última reunión del periodo de negociación del ERE que planteó en junio el regidor, José María García Urbano, para recortar los 6 millones de euros que el Gobierno central le exige a cambio de un préstamo de 61 millones con el que ha liquidado las deudas con los proveedores. Se trata de la última carta que tienen las centrales sindicales para tratar de revertir una situación que podría culminar con el despido de 176 empleados.

Tras más de dos meses de negociaciones, las partes han pactado la supresión del abono de los complementos personales que perciban los trabajadores cuyos salarios excedan lo recogido en el convenio laboral y de los complementos de dedicación. Ambas medidas suponen un recorte de 382.000 euros, por lo que tendrán que acordar recortes por valor de unos 5,6 millones de euros para evitar los despidos masivos.

Como alternativa, el equipo de gobierno ofrece reducir un 22,7% los salarios de los trabajadores laborales, lo que, según CC.OO., la sección que a más empleados representa, supone «bajar los sueldos hasta el ridículo salario mínimo interprofesional». Fuentes del sindicato califican la oferta de «chantaje». El ejecutivo local, que ha destacado la «flexibilidad» con la que, según fuentes municipales, ha acudido a las reuniones con los sindicatos, ha rechazado la mayor parte de las medidas que han planteado las centrales.

Unas, como la amortización de plazas vacantes, porque «no suponían un ahorro para las arcas municipales», señaló la concejal de Personal, la popular Pilar Fernández-Fígares, y otras, como la inclusión en el ERE de los empleados mayores de 61 años, porque no están respaldadas por la Inspección de Trabajo, ente con el que el comité de empresa se reunió el miércoles.

FCC REDUCIRÁ UN 30% EL COSTE DE PERSONAL DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

Segovia

La concesionaria ha informado al comité de empresa de que los trabajadores tienen que decidir entre la reducción de salarios y la posibilidad de afrontar despidos en la plantilla.

Los trabajadores de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en Segovia celebrarán una asamblea para adoptar una respuesta conjunta ante el anuncio de la empresa de reducir en un 30% el coste de personal, según confirmaron fuentes sindicales.

Isabel García, de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Segovia, informó de que representantes de la empresa concesionaria del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria del municipio celebraron una reunión con el comité de empresa de FCC en Segovia en la que se planteó como opciones la revisión de las tablas salariales, así como otras mejoras recogidas en el convenio colectivo, o bien la posibilidad de rescindir contratos.

Desde UGT se asegura que hasta el momento únicamente se ha confirmado el próximo despido de un trabajador que tenía un contrato de relevo motivado por una jubilación parcial de otro empleado; de manera que al alcanzar la jubilación definitiva éste último, la empresa ha decidido rescindir el otro contrato.

Fuentes municipales reconocieron que la concesionaria ha reclamado al equipo de Gobierno municipal la renegociación del contrato con el municipio para obtener una mayor aportación económica pero los responsables de la corporación únicamente han accedido a incrementarla en relación con la subida del IPC.

En los presupuestos del Ayuntamiento de Segovia para el presente ejercicio aparecen recogidas dos partidas de gasto corriente que suman más de cinco millones de euros destinadas a recogida y eliminación de residuos y a limpieza viaria. En el presupuesto de 2011 había una única partida de 4.924.000 euros.

La concejala de Medio Ambiente, Paloma Maroto, se reunirá próximamente con los integrantes del comité de empresa de FCC para conocer las inquietudes de la plantilla.

 Aunque la corporación no puede inmiscuirse en asuntos relativos al convenio colectivo de la empresa, sí tiene que vigilar que ésta cumple las condiciones aprobadas en el pliego por el que se adjudicó el servicio.

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha recalcado que en este momento son los trabajadores quienes tienen la palabra y, en este sentido, el comité de empresa ya ha convocado una asamblea en la que se discutirán las medidas a adoptar ante el anuncio de la Dirección de la concesionaria.

“La empresa ha hecho su propuesta y ahora son los empleados quienes tienen que decir si las aceptan, si solicitan una negociación o si se enfrentan a esta situación con otro tipo de medidas; depende de las ganas que tengan de dar batalla”, ha señalado García.

CONVOCADA UNA JORNADA DE HUELGA CONTRA LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA TROX ESPAÑA

La huelga ha sido convocada por la entrega por la empresa de 10 cartas de despido y el anuncio al comité de empresa de que habrá otros 18 despidos más en lo que resta de año

La multinacional alemana TROX, dedicada a la fabricación de componentes y sistemas de ventilación, ubicada en La Cartuja (Zaragoza), y con una plantilla de alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras, comunicó hace dos semanas a los representantes legales de los trabajadores la bajada de facturación y las medidas que unilateralmente ha decidido aplicar: 28 despidos, de los cuales 10 ya se produjeron ese mismo día, y los otros 18 serán durante los próximos meses.

El Comité de Empresa, ante la falta de información económica veraz y ante la falta de voluntad de diálogo, ha convocó -por unanimidad y con el apoyo de la plantilla- una jornada de huelga para el 5 de julio, a la que estaban convocados todos los turnos de trabajo, y que se iniciará a las 6,45 h..

Ante la convocatoria de huelga, el SAMA ha reunido en conciliación a las partes, habiendo finalizado sin acuerdo.

El Comité de Empresa en la reunión ha manifestado su disposición a buscar conjuntamente soluciones, como podrían ser las suspensiones temporales o, incluso, las salidas individuales pero negociadas y voluntarias (prejubilaciones, etc.).

La empresa se ha reiterado en su postura inicial de mantener los diez despidos y no ha adquirido compromisos respecto a los futuros.

Ante la cerrazón de la empresa, el Comité mantiene la convocatoria de huelga de 24 horas y convoca a las 300 familias a una concentración en la Glorieta Sásera (frente al Corte Inglés) ese mismo día.

En función de cual sea la actitud de la empresa en las próximas semanas, el Comité de Empresa valorará la posibilidad de aprobar un calendario de movilizaciones para los próximos meses.

LOS TRABAJADORES DE FORMICA IRÁN A LA HUELGA

El comité de empresa propone 4 días de paros en julio y una manifestación por Galdakao el día 12

Esta prevista una reunión con la dirección de la empresa, de la que el comité espera muy poco por lo que ya ha convocado una asamblea en la que pedirán a la plantilla que ratifique el calendario de movilizaciones acordado.

Ese mismo día se llevará a cabo la primera jornada de huelga, a la que seguirán otras 3. Anuncian también reuniones con responsables institucionales. La multinacional Fletcher Building, propietaria de la empresa, tiene intención de cerrar la fábrica y mantener sólo unas 15 personas en el departamento comercial.

Recordamos que la planta emplea a 208 trabajadores, que esta misma semana conocieron la intención de la multinacional de cerrar la planta.

EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA DEJARÁ SIN EFECTO EL ERE SI LOS EMPLEADOS APRUEBAN LA REDUCCIÓN SALARIAL DEL 22,76%

Europa Press

El alcalde del municipio malagueño de Estepona, José María García Urbano, ha explicado que dejará sin efecto el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) si los trabajadores aprueban la reducción salarial del 22,76 por ciento que el equipo de gobierno ha propuesto a los sindicatos.

Este porcentaje, que se aplicaría a la totalidad de la plantilla de empleados, es el «necesario para dejar sin efecto el ERE y lograr un ahorro de 5,6 millones de euros, una cuantía que se ha rebajado de los seis millones iniciales, tras la aceptación por parte del equipo de gobierno de varias alternativas propuestas por los sindicatos», ha indicado.

 García Urbano ha señalado que los trabajadores «tendrán en su mano la última palabra sobre el procedimiento para lograr este ahorro necesario dentro del gasto de la plantilla».

Asimismo, se ha mostrado «sorprendido de que los sindicatos hayan abandonado en menos de una hora la última reunión para negociar propuestas alternativas a la reducción de empleados, sin plantear nuevas opciones mixtas que minimicen el número de despidos necesarios».

 «Reducir el porcentaje de salario y reducir a su vez el número de despidos, este camino intermedio, podría haber sido un buen camino, pero ni siquiera lo han propuesto», ha precisado García Urbano a través de un comunicado.

 Ha recordado, asimismo, que la contrapropuesta del Ayuntamiento ofrecida a los sindicatos tras 11 reuniones de negociación es la bajada de salarios de toda la plantilla de laborales en un 22,76 por ciento o una extinción de contratos por un importe equivalente, cabiendo soluciones intermedias entre la extinción de contratos y bajada de salarios; si bien, ambas en conjunto deberán alcanzar de cualquier forma los 5,6 millones de euros necesarios.

 Sobre el asunto, el regidor ha dejado claro que la reducción de empleo solo puede hacerse sobre el personal laboral y no puede afectar a funcionarios, por lo que «para evitar el ERE, las medidas alternativas tienen que recaer sobre ese personal y no sobre toda la plantilla como proponen algunos sindicatos».

 Asimismo, se ha referido a las propuestas de las organizaciones sindicales que «no suponen un ahorro para las arcas municipales», como la amortización de plazas que están vacantes, y ha abundado en que otras de las propuestas de los representantes de los trabajadores como la conversión de contratos en fijos discontinuos y la inclusión de mayores de 61 años fueron consideradas irregulares por la Inspección de Trabajo, en la reunión mantenida.

EL COMITÉ DE LAMINACIONES ARREGI EXIGE LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS

Efe – Vitoria

Dice no apoyar el plan de la empresa para reactivar las dos plantas alavesas

Consistiría en el despido de 91 personas y en una reducción salarial del 20%

El comité de trabajadores de Celsa Atlántic (antigua Laminaciones Arregui) ha reiterado que no apoya la propuesta que ha hecho la empresa para mantener operativas sus dos plantas alavesas y ha exigido a la dirección, una vez más, que readmita a la totalidad de los despedidos.

Los trabajadores de esta empresa, que cuenta con dos plantas, una en Vitoria y otra en el municipio alavés de Urbina, llevan varias semanas movilizándose en protesta por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) registrado ya por la dirección, que supondrá el cierre de las dos plantas y el despido de los 352 trabajadores.

Como alternativa al cierre, la empresa ha propuesto un plan alternativo que plantea, entre otras cuestiones, el despido de 91 trabajadores y una reducción salarial de alrededor del 20 por ciento, condiciones que rechaza la totalidad del comité.

Según ha explicado un portavoz de los trabajadores, la dirección ha convocado una asamblea en la fábrica de Vitoria, respaldada por el 33% de los empleados, para que se vote la propuesta alternativa al cierre.

La celebración de esta asamblea no tiene el respaldo del comité porque «su único objetivo es precarizar las condiciones laborales».

Además, la representación de los trabajadores exige que antes de que se negocie esa propuesta se readmita a los 91 empleados que ya han sido despedidos.

Pese a la oposición del comité a la asamblea, sus representantes sí que asistirán a la misma para votar en contra del plan. Además, han convocado una concentración a las seis de la mañana junto a la fábrica, cuatro horas antes de la reunión, en señal de protesta.

En un comunicado, el comité denuncia que la empresa no permita votar en la asamblea a los despedidos «a pesar de que la ley les ampara el derecho a voto».

Asimismo critican que la asamblea está organizada por la propia dirección, que es la va a financiar «el notario, los abogados o la seguridad».

El comité aclara que estaría dispuesto a abordar las salidas de personal de la empresa «de forma menos traumática, vía prejubilaciones adecuadas, bajas voluntarias incentivadas o excedencias remuneradas».

Además, el comité reitera que la empresa «omite» en su plan que la rebaja salarial propuesta se acompaña de 4 años de congelación salarial, por lo que la pérdida de poder adquisitivo estaría próxima al 25%.

Por último, los representantes de los empleados insisten en que continuarán «peleando» por volver a trabajar «en condiciones dignas».

UN ERE PONDRÁ FIN A LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO DE LA MANCOMUNIDAD

Cangas de Onís

Los 14 empleados continúan de momento en sus puestos, pese a que ya no hay subvención regional para el servicio

Un expediente de regulación de empleo (ERE) pondrá fin a la agencia de desarrollo local de la mancomunidad del oriente, entidad que celebró una sesión plenaria. De momento, los 14 empleados del servicio continúan en sus puestos.

Dado que el Principado ya ha anunciado que no habrá más subvenciones para la agencia de desarrollo local del Oriente (hasta ahora había aportado el 80 por ciento del coste del servicio), las próximas nóminas de estos trabajadores tendrán que ser sufragadas por la mancomunidad; esto es, por los trece ayuntamientos que la integran.

Los responsables comarcales desconocen cuánto tiempo llevará tramitar el ERE, aunque intuyen que no será posible antes de septiembre, puesto que agosto es inhábil en la Administración española.

La inminente desaparición de los agentes de desarrollo local supondrá la estocada definitiva para la mancomunidad del Oriente, cuya continuidad han cuestionado ya severamente todos los grupos políticos que la integran (Foro Asturias, PP y PSOE). De hecho, la agencia de desarrollo local es el principal y casi único servicio que presta ya la mancomunidad.

Los 14 técnicos de empleo y desarrollo local de la mancomunidad del Oriente han cobrado ya las nóminas atrasadas.

Las deudas que varios ayuntamientos de la comarca mantienen con la mancomunidad han obligado a este organismo a realizar una operación de tesorería para afrontar los pagos de las nóminas de mayo, junio y la paga extraordinaria de verano.

En un primer momento, la mancomunidad había comunicado a los trabajadores que el servicio cesaría el 30 de junio pasado, pero la presidenta de la entidad, Verónica Blanco, revocó aquella decisión, al considerar que la antigüedad de algunos de los empleados y otras circunstancias laborales obligaban a cerrar el servicio a través de un expediente de regulación de empleo.

Durante la sesión plenaria, algunos representantes políticos censuraron a los dirigentes de los ayuntamientos que adeudan dinero a la mancomunidad, pues si todos estuvieran al día la agencia de desarrollo local aún podría funcionar durante varios meses.

DENUNCIAN UN ERE PARA EL 80% DE LA PLANTILLA DE ARTES ESCÉNICAS DE ARCYL

Valladolid

Trabajadores de la Fundación para la Enseñanza de las Artes en Castilla y León (Arcyl), entidad dependiente de la Junta y mayoritariamente integrada por docentes, denunció el desmantelamiento de unos estudios consolidados en caso de prosperar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado.

La crisis económica ha obligado a la Consejería de Educación a la reducción de gastos e inversiones mediante la reducción de su organigrama, principalmente a través de absorciones como las anunciadas entre Sotur (Sociedad de Turismo) y la Fundación Siglo, así como entre Arcyl y la Fundación General de Universidades.

Constituida en noviembre de 2005, ARCYL gestiona dos escuelas de danza -en Valladolid y en Burgos- y una de arte dramático -en Valladolid-, con algo más de medio millar de alumnos, «una realidad plenamente consolidada» que ahora se ve amenazada por esa fusión y un «posible expediente de Regulación de Empleo ya propuesto, según un comunicado de los trabajadores.

Tanto la fusión anunciada como la regulación de personal, que las mismas fuentes cifran en aproximadamente un tercio de los 114 empleados en plantilla -el 80 por ciento docentes-, «comprometen gravemente el aprovechamiento de la enorme inversión pública ya realizada», se señala en la nota.

EL SINDICATO UGT, «SORPRENDIDO» POR EL ERE DE LA FUNDACIÓN DOÑANA 21

Lamenta haber conocido la situación «a través de la prensa» pese a ser uno de los patronos

Huelva

UGT, como patrón de la Fundación Doñana 21, mostró su «más absoluto rechazo» al Expediente de Regulación de Empleo que afectará al 60% de los 19 trabajadores que conforman su plantilla «por desconocer su contenido y las causas que justifican la presentación del ERE».

Así lo expresó el secretario general del sindicato en Huelva, Jorge Puente, que criticó «el modo por el que UGT ha obtenido la información, a través de los medios de comunicación».

Puente lamentó el procedimiento utilizado por la fundación para dar a conocer la noticia a los agentes sociales del patronato, algo que significa «una falta de respeto y de cortesía al no habernos comunicado su presidenta Cinta Castillo esta decisión de manera formal para informar sobre la situación real de la fundación», especialmente teniendo en cuenta que Doñana 21 es «la primera fundación pública andaluza que presenta un ERE».

Recordó que «en ningún momento se planteó la presentación de un Expediente de Regulación Extintivo en el pleno del pasado día 29». En ese pleno «su presidenta hizo tan sólo referencia a la necesidad de la reestructuración de una plantilla, un aspecto que en ningún momento se votó». Puente mostró su «sorpresa» al concluir «cómo a tan sólo tres días después de la celebración del pleno se decida presentar un ERE cuando realmente se requiere más tiempo en la elaboración de un análisis y estudio pormenorizados sobre las causas que lo originaría y sus consecuencias sobre las personas que perderán su empleo» y que suman un total de 10.

LA PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA VOTARÁ ENTRE BAJARSE EL SUELDO UN 22,7% O 176 DESPIDOS

La última reunión entre el equipo de gobierno y el comité de empresa municipal acaba sin acuerdo y el miércoles una asamblea decidirá si sigue adelante el ERE

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que propuso en junio el Ayuntamiento de Estepona para recortar seis millones de euros tiene visos de culminar de la forma más dramática. La última reunión del periodo de consultas entre el equipo de gobierno, del PP, y el comité de empresa del Consistorio, concluyó sin el acuerdo que evite el despido de 176 trabajadores municipales que accedieron a su puesto de empleo sin someterse a un proceso de selección. Sobre la mesa quedó la propuesta de reducir un 22,7 por ciento los salarios de los empleados laborales, el único colectivo sobre el que, según el Consistorio, pueden recaer los ajustes. Se trata de la única alternativa a los despidos que el Ayuntamiento ha planteado al comité de empresa durante el periodo de consultas.

Los trabajadores se pronunciarán sobre ella en una asamblea. Si la aprueban, la rebaja salarial supondrá un recorte de unos 5,6 millones de euros, que se sumará a los cerca de 382.000 euros de ahorro que se logran con las supresiones del abono de complementos personales que perciben los trabajadores cuyos salarios exceden lo recogido en el convenio laboral y del los complementos de dedicación.

Estas son las dos únicas propuestas planteadas por los sindicatos que el equipo de gobierno ha aceptado. Si los trabajadores rechazan la oferta, el regidor, José María García Urbano (PP), firmará las cartas de despido entre finales de este mes y el siguiente, según el portavoz del comité de empresa, José Carrasco, de CCOO, el sindicato más representativo entre los empleados.

Las votaciones serán individuales y secretas a petición de la sección con menos representación en el comité de empresa, ATAE, que durante las negociaciones ha sido criticada por las centrales mayoritarias, CCOO y UGT, por desmarcarse en diversas ocasiones de las alternativas aprobadas por la asamblea.

«Los empleados tienen en su mano la última palabra sobre el procedimiento para lograr el ahorro», señaló el alcalde, que en breve, dispondrá de los informes preceptivos sobre el ERE de los sindicatos y de la Inspección de Trabajo y la respuesta de los trabajadores.

La aprobación, sin embargo, se presume complicada. CCOO califica de «chantaje» la propuesta de reducir salarios. Este sindicato y UGT aseguraron al inicio de las negociaciones que no aceptarían disminuciones de sueldos y algunos trabajadores recibieron con abucheos el anuncio de la medida. «No creo que se apruebe», resumió un miembro de CCOO.

Tras culminar sin éxito las negociaciones, los sindicatos apuestan por recurrir a la vía judicial. Portavoces de UGT y CCOO animaron a los empleados afectados a denunciar los ceses, al considerar que, si los tribunales les dan la razón, el alcalde podría incurrir en un presunto delito de prevaricación. «Si ganamos el ERE y los despidos, el regidor tendrá que explicar esta ilegalidad», apuntó una vocal de CCOO. García Urbano restó importancia al anuncio. «La opción judicial siempre está ahí», respondió.

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID DECLARA NULO EL ERE DE GALLARDO EN GETAFE

La medida había supuesto el despido de 35 trabajadores de esta industria siderúrgica

La sentencia se basa en los numerosos «defectos formales» del expediente

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado en febrero pasado por el Grupo Alfonso Gallardo en su empresa Corrugados Getafe, y que supuso el despido de 35 empleados de esta siderúrgica –si bien en un principio la medida se planteó para 85–. La demanda fue interpuesta por el comité de empresa de Corrugados Getafe y por la Federación de Industria de CCOO de Madrid.

La sentencia, fechada el 25 de junio y contra la que cabe recurso de casación ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, asegura «que son tantos y tan trascendentes los defectos formales» en los que se incurrió durante la tramitación del procedimiento que «la única conclusión plausible» es la declaración de nulidad. Entre otras carencias, se menciona la de no haber incluido en el escrito de apertura de consultas dirigido a los representantes de los trabajadores el periodo previsto para la realización de los despidos, tal y como exige el Estatuto de los Trabajadores.

De la misma forma, se subraya que la empresa no adjuntó tampoco la relación nominativa de los trabajadores afectados por el despido colectivo ni, en su defecto, concretó los criterios considerados para su designación, con lo que lo único que se logró, arguye la resolución, fue «mantener en la máxima inseguridad a todos los trabajadores que eventualmente pudiesen resultar incluidos en la medida extintiva». Igualmente, el alto tribunal madrileño sostiene que ha habido deficiencias en la aportación tanto de los informes técnicos como de los económicos.

Por último, la sentencia considera que existe un grupo de sociedades no solo a efectos mercantiles, sino también laborales, por lo que «se impone la condena solidaria de todas las empresas» que lo conforman».

LOS DESPEDIDOS DE QUÉ! CALIFICAN DE ‘BASURA’ LA OFERTA DE INDEMNIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN

La desaparición de la edición en papel del diario Qué! ha provocado el despido de 43 miembros de la plantilla, en la que sólo van a permanecer 9 personas para actualizar la web. Los representantes de la plantilla afirman que «la empresa se está riendo de un grupo de trabajadores y trabajadoras con una media salarial bajísima y con el sueldo congelado desde hace cinco años».

Para reivindicar mayor numero de recolocaciones y mejores indemnizaciones para los que pierdan definitivamente el empleo, la plantilla del diario Qué! se concentró durante la mañana den la puerta de la sede del periódico en Madrid.

Las negociaciones en Qué! no avanzan porque las posturas están muy lejanas. La empresa ofrece 25 días por año trabajado más una paga para los que cobren por debajo de los 30.000 euros anuales y media paga para los que superen esta cantidad. La plantilla, que comenzó solicitando 45 días por año trabajado para mantener la situación de los anteriores despidos, pide ahora 40 días por año trabajado más un lineal en función de los tramos salariales.

Esta propuesta fue rechazada por la dirección del rotativo y tampoco se han logrado avances importantes en la negociación celebrada el viernes 6 de julio. Ante esta postura, los trabajadores y las trabajadoras insisten en que la propuesta de la empresa está muy cercana al mínimo legal, la califican de basura e insisten en que se están riendo de una plantilla que tiene una media salarial de 23.000 euros y lleva 5 años con el salario congelado.

Ante esta actuación de la dirección, los afectados multiplican sus movilizaciones de protesta. El 6 de junio, poco antes de la fallida negociación, se concentraron ante las puertas de la sede de Vocento, en Madrid, para mostrar su disconformidad con las ofertas que están recibiendo. Y para que la concentración no pasara desapercibida, la unieron a una sonora cacerolada. Su decisión es firme: no están dispuestos a aceptar una oferta que sea muy inferior a lo que piden.

FSP UGT EXIGE LA READMISIÓN DE LOS DESPEDIDOS DE CESPA CONTEN

La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT Cádiz ha exigido a la Corporación municipal que inste a la empresa Cespa Conten, concesionaria del servicio de recogida y reciclaje, a que readmita a los 3 trabajadores despedidos improcedentemente, según reconoce el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En concreto, hace 15 meses la empresa despidió a estos trabajadores después de 15 años trabajando en las distintas concesionarias del Ayuntamiento. En este tiempo, diferentes juzgados de lo social de la provincia fallaron a favor de los trabajadores, estimando que sus despidos eran improcedentes e instando a la readmisión en sus puestos de trabajo, así como al abono de los salarios de tramitación e indemnizaciones, recuerda FSP UGT.

La federación volvió a hacer esta petición en el Pleno municipal, donde tomó la palabra Ana María Vicente, miembro de la ejecutiva de FSP-UGT. Vicente hizo referencia a que la UGT ya había solicitado en el anterior Pleno el cumplimiento de las sentencias en todos y cada uno de sus términos y que, ahora tras el pronunciamiento del TSJA del pasado 3 de mayo, en el que desestimaba el recurso de suplicación de Cespa Conten y confirmaba la sentencia recurrida, la Corporación debería exigir el cumplimiento de la misma.

 “Llevan dos años luchando por sus puestos de trabajo, protagonizando concentraciones, manifestaciones, encadenamientos, así como acampadas a las puertas del Ayuntamiento y su situación ya es dramática”. Por todo ello, “lo único que pedimos a esta Corporación es que haga valer el dictamen del TSJA instando a la empresa a que readmita a estos trabajadores”.

MOVILIZACIONES EN CORREOS FRENTE A LOS DESPIDOS

En Correos se suprimirán miles de puestos de trabajo en todo el estado, ello queda ratificado por las recientes declaraciones del presidente de Correos Javier Cuesta Nuin en medios de comunicación extranjeros, donde plantea que la viabilidad de la empresa pasa por una reducción del 25 % de la plantilla, ya es un hecho la desaparición de secciones de reparto, plazas de rurales, centros automatizados….

En Vigo, Zaragoza y Navarra l@s trabajador@s se están movilizando:

En mayo la dirección plantea suprimir 13 secciones de reparto. Como respuesta en una primera asamblea unitaria se acuerda una huelga indefinida desde el 4 de Junio, de media jornada.

En una segunda Asamblea, ante la falta de negociación y respuestas por parte de CORREOS, se acuerda incrementar la huelga, los lunes y viernes de cada semana a partir del 22 de Junio a toda la jornada, manteniéndose los martes, miércoles y jueves la anterior convocatoria. Igualmente se están efectuando manifestaciones diarias todas las mañanas en el centro de Vigo. Para el 12 de Junio a las 20 horas se ha organizado una nueva manifestación.

Navarra.

La reestructuración en Navarra supondrá la pérdida de:

– 75 plazas (39 por jubilaciones, el resto comisiones de servicio y traslados

– 20 plazas (consecuencia del dimensionamiento a la baja que entrará en vigor el 12 de Junio).

El centro de tratamiento postal se va a desmantelar en octubre al pasar de 31 a 15 trabajador@s.

Por ello el día 8 de Junio se produjo una concentración frente a la principal de Correos en Pamplona.

 Zaragoza.

En Zaragoza convocamos dos concentraciones el día 28 de junio a las 8,30 en Oficina de correos UR 3 c) Florentino Ballestero nº 12 y a las 19,00 horas en la Oficina Principal, Independencia 33.

ONCE DESPIDOS EN VEINTE DÍAS EN ORANGE ESPAÑA

En los últimos 20 días se han producido 11 despidos más en Orange España; la mayoría en Madrid, pero también en Barcelona, en Sevilla, en Bizkaia y en Zaragoza. Los compañeros despedidos pertenecían a las áreas de Operaciones, de Empresas y de Ventas y Distribución, que tristemente son las áreas con menos reparos a enviar a sus trabajadores y trabajadoras a la cola del paro.

La Dirección alega siempre causas disciplinarias para la extinción laboral, en concreto bajo rendimiento de las personas afectadas. Como son conscientes de que la actual legislación laboral les permite despedir a su antojo y además barato, cada vez se esfuerzan menos en justificar el motivo. Únicamente se trata de dar apariencia de legalidad a despidos improcedentes y absurdos.

Si la causa alegada es falsa y motivos económicos de momento no tienen, ¿cuáles son las razones reales para tanto despido?

La encuesta internacional realizada en los países europeos donde opera el Grupo FT lo deja claro al señalar a Orange España como la filial donde se da el peor trato de los managers a empleadas y empleados. Es ahí donde radica la causa final de casi todos los despidos: una mala relación de la parte trabajadoras con la jefatura de turno y la permisividad, cuando no el fomento, que desde la Dirección hacen frente a políticas de intimidación y miedo. Si esto se une a la nula movilidad interna, la ausencia total de recolocaciones y reubicaciones, la situación siempre desemboca en lo mismo.

No importa la antigüedad en la empresa o el nivel de consecución de objetivos del trabajador o trabajadora. Tampoco importa la edad de la persona despedida: la Dirección de Orange España está enviando al paro a personas trabajadoras de 50 años. La ética corporativa de la que hace gala esta empresa queda reservada para las campañas publicitarias y los anuncios; una moralina de quita y pon para quedar bien.

Desde CCOO ya se ha traslado esta problemática a la Dirección española. También en los Comités Europeo y Mundial de France Telecom se ha planteado el tema en multitud de ocasiones; en las últimas reuniones incluso algún alto cargo internacional ha asegurado que «habrá que mirar que está pasando en España»…

LOS BOMBEROS NO RENUNCIAN A SU DERECHO A LA HUELGA

Jaén

La reunión mantenida entre el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Bomberos y los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y la Junta de Personal no sirvió más que afianzar posturas, por un lado, la del concejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita y el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Ruiz, que mantendrán la suspensión de las vacaciones durante el verano mientras se mantenga la amenaza de huelga y por otro, la de los Bomberos, que se niegan a renunciar por escrito a su derecho a la huelga.

En mitad, 137.000 ciudadanos de 24 municipios y la situación económica del Ayuntamiento, que retiró el complemento de prevención a los funcionarios de Bomberos, recorte que desencadenó el actual conflicto.

 “El decreto de suspensión de las vacaciones del Cuerpo del Servicio de Protección y Extinción de Incendios de Jaén continuará en vigor mientras persista la posibilidad de convocatoria de huelga”, indicó García Anguita tras la reunión en un comunicado.

En este sentido, recordó que el Ayuntamiento toma esta decisión en base a un ejercicio de responsabilidad, coherencia y en aras de la seguridad de los 240.000 habitantes de los 25 municipios a los que se presta este servicio y admitió que “la huelga es un derecho constitucional que nosotros respetamos al máximo, pero ante este tipo de situaciones debemos actuar con responsabilidad por mantener al 100% la seguridad ciudadana”.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE FAUS INSISTE EN QUE ES RENTABLE Y NECESARIA PARA LA COMARCA

La empresa plantea un nuevo ERE que afectará a 176 trabajadores más

FINSA ha planteado un nuevo Expediente de Regulación de Empleo que afectará a 176 trabajadores. Desde el comité de empresa de Grupo FAUS insisten en que la empresa «es rentable y el objetivo de la dirección siempre ha sido acabar con la planta de Gandia».

Prueba de ello es que de los 200 trabajadores que van a quedar después de este Expediente de Regulación de Empleo, la mitad forma parte de lo que se denomina plantilla estructural, es decir, no producen, lo cual para una empresa manufacturera es una prueba de que el objetivo final de FINSA es cerrar.

Hasta ahora, los trabajadores de FAUS se han reunido con los políticos y han pedido la ayuda de las administraciones, pero el presidente del comité de empresa de FAUS, Josep Albors, ha señalado que es hora de que éstas se impliquen y aporten soluciones al problema en tanto que FAUS tiene una repercusión directa de 6 millones de euros, de 20 millones si hablamos efectos indirectors, que van a dejar de entrar en la Safor. De hecho, asegura Albors, hay un inversor interesado en FAUS y quieren poder hablar con él.

A partir de ahora van a celebrar reuniones cada martes para establecer las acciones a emprender.

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