Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (18-12-2011)

BOLETÍN SOBRE DESPIDOS Y LUCHAS OBRERAS (18-12-2011)

DESPIDOS DE PERSONAL Y TRASLADO DE MÁQUINAS EN LAS OBRAS DE LA VARIANTE DE ARANDA

Las obras de la variante de Aranda de Duero se están ralentizando con el despido de personal y el traslado de máquinas que ya no operan en esta infraestructura desde hace unos días, según fuentes consultadas por Diario de la Ribera, quienes añaden que sólo hasta final de este año está confirmada la actividad.

El despido de peones ha sido una constante en los últimos días, así como el traslado de máquinas a otras obras, de manera que la plantilla de personal no supera las quince personas y se están realizando actuaciones de escaso calado.

El futuro es incierto de cara al año 2012, ya que hasta el momento el Ministerio de Fomento no ha destinado ninguna partida presupuestaria para continuar con la ejecución de la variante de Aranda de Duero durante el próximo ejercicio. «No se sabe si va a haber dinero», detallan las fuentes a Diario de la Ribera. La atención se dirige hacia el nuevo ministro de Fomento, quien deberá tomar la decisión de asignar partida presupuestaria para la variante de Aranda de Duero. Una decisión que se puede alargar en el tiempo.

La información a la que ha tenido acceso Diario de la Ribera apunta a que la obra se cerrará a corto plazo, hasta que Fomento anuncie sus planes para esta infraestructura de 15 kilómetros que va desde el término de Castrillo de la Vega hasta el de Fresnillo de las Dueñas, con un presupuesto superior a los 58 millones de euros.

CCOO RECHAZA LOS DESPIDOS Y RECLAMA UNA RECTIFICACIÓN A YELL PUBLICIDAD

CCOO ha enviado un escrito a la consejera delegada de Yell Publicidad, Ana García Fau, mostrando su rechazo a los despidos producidos al margen del Expediente de Regulación de Empleo y requiriendo una revisión de la actual política laboral.

El pasado 25 de noviembre la dirección de Yell Publicidad (antigua Páginas Amarillas) llevó a cabo cinco despidos de trabajadores y trabajadoras del centro de Manoteras cuando, recientemente, ha finalizado la vigencia del último Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

Hay que recordar que el último ERE, acordado con la representación legal de los trabajadores, se presentó el pasado mes de abril y la empresa solicitaba autorización para extinguir 141 puestos de trabajo. Como resultado de la negociación se consiguió reducir el impacto de la medida, fijando un máximo de 115 despidos. Para llevar a cabo dichos despidos el acuerdo estableció un periodo de 6 meses, que finalizó este 6 de noviembre.

El plan de viabilidad que acompañaba el ERE contemplaba como suficientes el número de extinciones pactadas y, por lo tanto, permitía proyectar, a corto plazo, una cierta estabilidad laboral. Ahora, veinte días después de expirado el plazo de vigencia del último expediente, y en medio del proceso de negociación del próximo convenio colectivo, la dirección de la empresa decide abrir una vía de despidos improcedentes individuales rompiendo, de forma unilateral, las bases de la negociación del ERE.

Para CCOO, este es un claro indicador de la falta de compromiso, por parte de la dirección, con los acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores. Además, cualquiera puede concluir que la empresa busca reequilibrar el resultado de la negociación. Ya veremos si lo consiguen. De lo que podemos estar seguros es de la pérdida de credibilidad que acarrea el incumplimiento de los acuerdos.

LOS JUECES DECLARAN NULOS DOS DESPIDOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD VINSA

BILBAO.

Dos sentencias de los juzgados de lo Social números 5 y 7 de Bilbao han condenado a la empresa bilbaína de Seguridad Vinsa (Vigilancia Integrada SA) a la readmisión de dos trabajadores sancionados, tras considerar «nulo» su despido por vulneración de los derechos fundamentales, según informaron fuentes del departamento jurídico de UGT, a cuya central están afiliados.

Según se desprende de la lectura de ambos fallos, fueron las «actuaciones reivindicativas» de los empleados las que llevaron a los jueces a pronunciarse en contra de la empresa los pasados 21 de junio y 30 de septiembre. La firma los había despedido en ambos casos alegando «disminución continuada y voluntaria en su rendimiento en el puesto de trabajo».

La declaración de nulidad de un despido, que obliga la empresa a readmitir al trabajador sin posibilidad de que pueda optar por indemnizarlo, solo se produce por vulneración de derechos fundamentales, y la concurrencia de dos casos en una misma compañía es poco usual, según fuentes jurídicas consultadas.

En un caso el trabajador había denunciado a la empresa por abuso de autoridad y por reclamación de horas extras y, en el otro, también por abuso de autoridad y por no reconocimiento de la categoría laboral que desempeñaba.

Una de las sentencias es muy explícita al señalar que «la actuación del empresario tendente a ejercitar una represalia» contra el trabajador «por el ejercicio de sus derechos deviene en radicalmente nula».

LA JUSTICIA DETERMINA IMPROCEDENTES DOS DESPIDOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS, SEVILLA

Las dos primeras sentencias de las denuncias que la Fundación Socio-Laboral de UGT Andalucía está gestionando para los trabajadores del Ayuntamiento del municipio sevillano de Los Palacios afirman que los despidos fueron improcedentes. Según Ana García, la abogada que lleva el caso, «los trabajadores estaban contratados en fraude de ley», y por ello ahora tienen derecho a cobrar una indemnización. En total 50 personas han denunciado su despido a través de esta fundación, pero el número de destituciones ilegales podría elevarse hasta las 400, según la letrada.

Diego Galán llevaba dos décadas trabajando como guarda jurado en el Parque de las Marismas. Primero contratado por Fomento, y después por el Ayuntamiento, ha dedicado su vida al municipio. El pasado 29 de septiembre, sin previo aviso, cuando iba a firmar el contrato que renovaba mes a mes, le dijeron que ya no tenía trabajo. «Lo echaron como a un perro», asegura su mujer. Su sentencia es una de las dos que la justicia ya ha estimado favorable, y por tanto tendrá derecho a una indemnización nada desdeñable en su situación. «Tenemos un hijo y yo no ingreso nada. La prestación de mi marido es muy pequeña y estamos pasando necesidades», nos cuenta Isabel Romero, la esposa del ex guarda jurado.

La preocupación de los trabajadores se centra ahora en cómo podrán cobrar sus indemnizaciones con la mala situación económica que atraviesa el consistorio. La plantilla lleva desde septiembre sin cobrar, y ya han anunciado un encierro para el 14 de diciembre si no se regularizan los pagos. «Llevamos aguantando esta situación desde hace un año», afirma Antonio Tejero, representantes sindicales en el Ayuntamiento. Sin embargo, no todos los puestos de trabajo que se perdieron en septiembre de este año siguen vacantes. Según fuentes cercanas al consistorio, «los puestos se han cubierto con gente cercana al nuevo equipo de gobierno».

Para Ana García las dos sentencias son «muy positivas» porque sientan un precedente y es posible que el resto de los despidos puedan «conciliarse con el Ayuntamiento».

LA CRISIS AMENAZA EL FUTURO DEL GRUPO DE JULIO ARIZA

Despidos y cambios directivos en Intereconomía

La crisis de Intereconomía ha alcanzado un nuevo nivel y se ha extendido a la dirección del grupo. Una vez el PP ha llegado al Gobierno, la situación económica no ha mejorado y ya se han producido una treintena de despidos, además de cambios en la estructura directiva, con la degradación de Cárlos Dávila y Xavier Horcajo.

Según informa El Plural, Carlos Dávila sigue dirigiendo La Gaceta, pero su puesto como director general de publicaciones del Grupo Intereconomía lo ocupará ahora Cristina de Miguel. Situación parecida a la de Xavier Horcajo, que tras abandonar la Dirección General Editorial ha pasado a ser sólo tertuliano en la cadena.

Ambos han sido piezas fundamentales en la línea editorial del Grupo en su breve existencia, pero una vez el PP ha llegado al Gobierno han perdido peso en el grupo de Julio Ariza.

Uno de los principales beneficiados de los cambios que anuncia Interecornomía es Alfredo Dagnino, expresidente de la Asociación Católica de Propagandistas, que ha sido nombrado Consejero Delegado en sustitución de José Manuel Díez Quintanilla.

Estos cambios vienen acompañados de la destitución de 30 profesionales, 16 con contratos fijos y 14 temporales, y de declaraciones de gente próxima al Grupo, como el locutor radiofónico César Vidal, quien ha lamentado la caída de ingresos de Intereconomía, que ha situado en más de la mitad.

ESTRASBURGO REITERA SU AVAL A ESPAÑA POR EL DESPIDO DE EMPLEADOS DE PANRICO

EFE

La Gran Sala de ese tribunal considera que ese despido «no fue una sanción manifiestamente desproporcionada o excesiva», así como que un atentado al honor de ese tipo con «expresiones groseramente insultantes o injuriosas» justifica ese tipo de sanciones.

J. Manuel Palomo Sánchez, Francisco Antonio Fernández Olmo, Agustín Álvarez Lecegui, Francisco Blanco Balbas, José Antonio Aguilera Jiménez y Francisco Beltrán Lafulla presentaron sus demandas en julio de 2006, pero las de los dos últimos acabaron desestimadas por haber sido readmitidos en la compañía.

En ellas invocaron los artículos 10 (Libertad de expresión) y 11 (Libertad de reunión y de asociación) del citado Convenio y se quejaron de que sus despidos se debían a «represalias por sus reivindicaciones sindicales».

Los demandantes habían creado en 2001 el sindicato Nueva Alternativa Asamblearia para defender los intereses de los trabajadores de la empresa.

En un boletín de 2002 se publicó una caricatura donde aparecía el director de Recursos Humanos sentado en su mesa de despacho «bajo la cual había una persona a cuatro patas, de espaldas», y dos miembros del comité de empresa esperaban «para satisfacerle».

Uno de los artículos del boletín se titulaba: «Quien alquila su culo no caga cuando quiere», en el que se acusaba al «infame sindicalista profesional» y se decía de él que había «vendido su alma al sindicato» y tenía «la boca sellada como su músculo anal».

El boletín, correspondiente al mes de abril, fue repartido entre los trabajadores y se colocó en el tablón de anuncios de la compañía, y dos meses después Panrico comunicó el despido a los seis demandantes por una «falta grave».

La Gran Sala, compuesta por 17 jueces, presidida por el británico Nicholas Bratza e integrada también por el español Luis López Guerra, consideró que la caricatura y los artículos del boletín «eran ofensivos y pretendían perjudicar la reputación del afectado».

Los demandantes aseguraron que sus expresiones no tenían ánimo injurioso sino jocoso, pero la sentencia recordó que debe distinguirse claramente la crítica del insulto, y que tal y como señala la Organización Internacional del Trabajo, «al expresar sus opiniones, los organismos sindicales no deberían superar los límites adecuados de la polémica».

La sentencia de salió adelante por 12 votos a favor contra cinco discrepantes, los de Bélgica, Islandia, Lituania, Serbia y Montenegro, según los cuales la caricatura, «aunque vulgar y de dudoso gusto», debía ser considerada como una «figura satírica», y otras sanciones «menos duras y más apropiadas, hubieran podido/debido aplicarse».

LA ÚNICA CULPABLE DE LOS DESPIDOS ES LA EMPRESA EULEN

Zaragoza

La plantilla de Auxiliares de Infantil convocó una rueda de prensa en la que también se escuchó la opinión de CNT sobre el conflicto.

Esta es  la crónica de la rueda de prensa realizada por arainfo:

«Ni las actuales trabajadoras tienen la culpa, ni las que se han incorporado, ni nosotras».

Así de clara se ha expresado Ariadna Royo, en representa­ción del colectivo de auxiliares de educación despedidas por Eulen, en referencia a las 25 trabajadoras recientemente despedidas por la empresa. Estos despidos se suman a las 103 trabajadoras no renovadas en su puesto de trabajo.

Pablo Agustín, representante del sindicato CNT que está apoyando a las trabajadoras, ha señalado que la responsabilidad del conflicto es única y exclusivamente de Eulen. En ese sentido, las trabajadoras y el sindicato coinciden en señalar como una «chapuza» lo que está haciendo la empresa, que está «agrandando un conflicto que empezó con el despido encubierto de 103

«hay 25 nuevas despedidas, más personas en el paro, personas que ya habían creado unos vínculos con los niños. Niños y niñas de tres años, en una edad fundamental para su adaptación», ha destacado Ariadna en rueda de prensa. Las auxiliares de educación han criticado que Eulen, la empresa que actualmente gestiona el servicio, «ha cogido a gente nueva sin titulación como obliga el pliego de condiciones de la contrata. Eulen ha incumplido el pliego. El error es suyo».

Una vez más, Ariadna ha señalado que «están comercializando con los niños, no piensan en su educación». «Nosotras pedimos recuperar nuestro puesto de trabajo».

La rueda de prensa se ha convocado con carácter de urgencia, a raíz de unas declara­ciones de Eulen y de Dolores Serrat, Consejera de Educa­ción en el Gobierno de Aragón, con las que el colectivo de auxiliares de educación y la CNT no estaban de acuerdo. Pablo ha explicado que «es cierto que hemos criticado que Eulen no ha contratado a personas tituladas. Pero también hemos dicho que esta empresa tiene una responsabilidad social absoluta y está causando daños a terceros: las 25 nuevas despedidas y los niños. Nosotros hemos pedido a Eulen que forme a sus trabajadoras, no que aumente el grupo de las despedidas».

En cuanto a la voluntad de llegar a un acuerdo, han desmentido que, como ha declarado Eulen, «no ha faltado voluntad de negociar por nuestra parte, sino por la suya. La actitud de Eulen ha sido caciquil». En ese sentido, han expresado un ejemplo clarividente: el día que queda­ron en el Servicio Aragonés de Media­ción y Arbitraje para conciliar en el conflicto, «la empresa mandó a una persona solo para firmar su desacuerdo, en ningún momento vino a negociar». Al hilo, Pablo ha recordado que «ante cualquier juicio por un tema laboral es necesario un acto previo de conciliación», lo cual la empresa ha rechazado. Eulen no ha querido escuchar». Con respecto a las demandas interpuestas por las trabaja­doras, Pablo ha concretado que «se retira­rían si hubiera un acuerdo con la empresa».

El colectivo de auxilia­res de educa­ción ha recordado que Eulen les debe un puesto de trabajo acorde con su experiencia, su titula­ción, su antigüedad y sus capacidades. Y para lograr ese objetivo, han acordado citarse con la empresa el próximo día 2 en la Conseje­ría de Educación, con Dolores Serrat como media­dora, para buscar una solución negociada.

LA HUELGA DEL TRANSPORTE CONVOCADA PARA NAVIDAD EN MADRID, BARCELONA Y ARAGÓN «NO AFECTARÁ EN ASTURIAS»

Oviedo

Los responsables de transporte de CC OO y UGT en Barcelona, Madrid y Aragón quieren dar donde más duele y por eso han convocado una huelga para los días 21, 22 y 23 de diciembre, los días con mayor nivel de ventas del año. Las movilizaciones se plantean en protesta por el punto muerto en el que se encuentra la negociación de sus convenios colectivos con las patronales, pero en Asturias, según los sindicatos, no existen esos problemas. «Nosotros dependemos del convenio autonómico y por el momento se está cumpliendo, por lo que la huelga no afectará en Asturias», aseguró Florentino Vázquez, responsable del área de transportes de UGT.

El convenio asturiano, según fuentes sindicales, finaliza el 31 de diciembre, y en enero se constituirá la mesa negociadora y se establecerá el correspondiente calendario de encuentros para

Los convenios del sector del transporte por carretera son en general provinciales. CC OO y UGT de Cataluña han convocado la protesta para la provincia de Barcelona, que es donde el convenio sigue encallado. A su convocatoria se sumaron también los sindicatos del sector que protestan por los convenios de Madrid y Zaragoza. En Guadalajara, donde en un principio también se preparaban paros a lo largo de diciembre, hay según Villares un principio de acuerdo. De producirse finalmente la huelga marcada para los días previos a la Navidad, podría afectar, solo en la provincia de Barcelona, a unas 1.500 compañías de transporte y a casi 27.500 trabajadores. «Lo que sí puede pasar es que algunas mercancías no lleguen a la región, pero no creemos que vaya a haber mayores problemas», subrayaron fuentes sindicales.

EL CES PROPONE QUE LA COMUNIDAD ESTABLEZCA LOS SERVICIOS MÍNIMOS EN CASO DE HUELGA 8 DÍAS DESPUÉS DE TENER LA CONVOCATORIA

EUROPA PRESS – MURCIA

En vez de diez días que plantea la Comunidad

El Consejo Económico y Social (CES) valora «positivamente» el decreto por el que se establece la competencia para declarar servicios mínimos

El CES de la Región de Murcia ha recomendado que, en caso de huelgas en empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad en el ámbito de la Región, la Comunidad Autónoma establezca los servicios mínimos en un plazo de ocho días después de recibir la convocatoria.

El CES ha evaluado el Proyecto de Decreto por el que se establece la competencia para declarar servicios mínimos, que la Consejería de Educación, Formación y Empleo le envió para someterlo a su dictamen.

Aunque el CES valora «positivamente» este decreto, puntualiza que en el párrafo cuarto del artículo 3 dispone que, tanto la orden como el decreto de servicios mínimos, deberán ser dictados en el plazo de 10 días naturales desde que se comunique a la autoridad laboral el preaviso de huelga.

A juicio del CES, sería conveniente que el plazo que determina este precepto se estableciese en ocho días naturales para garantizar así que los ciudadanos «puedan conocer con una antelación razonable el alcance de los servicios mínimos establecidos con el fin de que puedan prever la repercusión que la huelga vaya a tener sobre sus actividades y adaptarse a la misma».

En caso contrario, el CES dice que se pueden ocasionar perjuicios a la ciudadanía «al establecer como plazo para la determinación de los servicios mínimos el mismo que tiene el preaviso de huelga, en caso de agotamiento del plazo de 10 días por parte de la autoridad laboral».

El CES de la Región de Murcia valora positivamente el Proyecto, y considera que este documento «dota de mayor seguridad jurídica al sistema constitucional de garantía tanto del derecho de huelga como de los derechos que la comunidad tiene en caso de que se vean afectados los servicios esenciales de la misma».

A su parecer, esta mayor seguridad jurídica «cobra especial relevancia dada la premura con la que deben adoptarse las decisiones por parte de la autoridad competente como consecuencia de los plazos legalmente establecidos para la determinación de dichos servicios en caso de huelga».

RECOMENDACIONES

De todas formas, CES realiza una serie de recomendaciones y considera conveniente que el Proyecto de Decreto «se adaptase de forma más explícita a la terminología que utiliza el Tribunal Constitucional, que recientemente se ha pronunciado de forma específica sobre la cuestión del ámbito competencial de las CC.AA. para el establecimiento de los servicios mínimos en el caso de huelgas que afecten a los servicios esenciales de la comunidad.

Por ejemplo, recomienda delimitar expresamente su objeto, en el artículo 1, al ámbito territorial de la Región de Murcia y a los servicios sobre los que la Comunidad Autónoma tenga competencia. Esta precisión, según el Consejo, redundaría en un mayor refuerzo de la seguridad jurídica que constituye la finalidad fundamental de la norma.

Con la misma finalidad de reforzar la seguridad jurídica, en opinión del Consejo Económico y Social, la expresión servicios mínimos esenciales «debería modificarse para suprimir el adjetivo esenciales».

CES justifica esta medida porque el término ‘esencial’ corresponde a los servicios, tal y como establece el artículo 28 de la Constitución, pero no a los servicios mínimos que son aquellos que, conforme prescribe el citado precepto, establecen las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

CES recomienda que debería tenerse en cuenta que la competencia del consejero de trabajo para la determinación de los servicios mínimos en caso de huelga sectorial o empresarial «se establezca mediante delegación del Consejo de Gobierno y no mediante atribución directa de la misma» con el fin de evitar «posibles discrepancias» que pudieran derivar en litigiosidad.

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