Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (12- AGOSTO-2013)

Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (12- AGOSTO-2013)

 http://www.lapirenaicadigital.es

INDICE:

>REAL DECRETO 576/2013, DE 26-7.- ASISTENCIA SANITARIA A PERSONAS QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE ASEGURADAS NI DE BENEFICIARIAS

>PRESTACION POR DESEMPLEO Y PAGO ÚNICO

>EL GOBIERNO ACOTARÁ LOS ERE APROBADOS POR LAS MULTINACIONALES

>PAREJAS DE HECHO – DERECHOS Y OBLIGACIONES

>EL GOBIERNO CLARIFICA LA INFORMACIÓN QUE DEBE APORTAR EL EMPRESARIO EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS

>UN LECTOR DE ELPERIODICO.COM EXPLICA EL CONFLICTO LABORAL QUE VIVEN LOS TRABAJADORES DE AMBULANCIAS

>CONTINÚA EL ‘SECUESTRO LABORAL’ EN TB-SOLUTIONS: “LA EMPRESA SIGUE SIN PAGAR Y SIN DEJARNOS COBRAR DEL PARO”

>JORNALEROS A 2,5 EUROS LA HORA

>LOS BOMBEROS DE O SALNÉS CUMPLEN DOS AÑOS DE HUELGA Y SE SOLIDARIZAN CON EL PARO DE A CORUÑA.

>CCOO DENUNCIA DESPIDOS Y TRATOS DISCRIMINATORIOS EN ALDEAS INFANTILES DE CUENCA.

>LA PLANTILLA DE BORMIOLI EN AZUQUECA INICIA CON UN SEGUIMIENTO UNÁNIME LOS PAROS CONTRA EL ERE.

REAL DECRETO 576/2013, DE 26-7.- ASISTENCIA SANITARIA A PERSONAS QUE NO TENGAN LA CONDICIÓN DE ASEGURADAS NI DE BENEFICIARIAS

www.lapirenaicadigital.es/SITIO/RD576_2013.pdf

PRESTACION POR DESEMPLEO Y PAGO ÚNICO

http://www.sepe.es/contenido/prestaciones/pdf/cuadriptico_prestaciones_nivelcontributivo.pdf

EL GOBIERNO ACOTARÁ LOS ERE APROBADOS POR LAS MULTINACIONALES

M. Valverde – Expansión

El Gobierno está preparando un paquete importante de cambios en la gestión de los expedientes de regulación de empleo, a la vista de que su reglamento, del 30-10-2012, y fruto de la reciente reforma laboral, está creando mucha confusión en la aplicación diaria en las empresas y los tribunales.

Previsiblemente, todas las modificaciones formarán parte del Real Decreto Ley que aprobará el primer Consejo de Ministros después de las vacaciones, el 30 de agosto.

El punto más importante para las multinacionales españolas y extranjeras es que el Ejecutivo quiere regular mejor las obligaciones de estas compañías a la hora de presentar las cuentas ante los sindicatos y, en su caso, ante el juez, dentro de la documentación imprescindible para explicar la regulación de empleo por causas económicas.

El Gobierno dejará claro que si se trata de una multinacional española, las cuentas que deben presentarse para justificar un ERE en España, aunque sea en una filial, son las de la matriz; los resultados consolidados.

El Gobierno quiere acotar que las regulaciones de empleo en España de los grandes grupos multinacionales, tanto nativos como extranjeros, deben hacerse de acuerdo con la legislación española, para no seguir sembrando la confusión entre las grandes empresas y, entre los despachos de abogados que las asesoran.

Una filial extranjera

 Por esta razón también, el Ejecutivo especificará en el Real Decreto que la filial de una multinacional extranjera debe presentar las cuentas en España entre la documentación que entregue a los sindicatos y al juez, en el caso de que no haya acuerdo con la representación de los trabajadores. Por ejemplo, no se trata de pedir las cuentas de la matriz en su país, “como ha ocurrido en algunos casos para justificar un despido colectivo en España.

Se puede tardar muchísimo más y extender el proceso más tiempo porque ya estamos ante la interpretación de un Derecho extranjero”, explican las fuentes conocedoras del proceso. “Incluso, en algunas de estas ocasiones, ante la confusión del reglamento de los ERE, las empresas y los despachos han preguntado al Ministerio si debían presentar las cuentas de la matriz en el extranjero, porque no sabían qué hacer”.

De hecho, la confusión creada por esta situación es una de las razones de que, hasta ahora, los jueces lleguen a declarar nulos hasta el 50% de los expedientes de regulación de empleo.

Además de estos cambios en la documentación a la hora de presentar un expediente de regulación de empleo, el Ministerio de Fátima Báñez está estudiando otros dos puntos importantes en los ERE. El primero, trata de mejorar la regulación de los representantes sindicales en las negociaciones con la empresa, cuando se trata de un expediente de regulación de empleo o de cambiar las condiciones esenciales de trabajo.

Multitud sindical

 Por un lado, el Gobierno quiere evitar que, en las grandes empresas, la dirección tenga que negociar con, por ejemplo, un centenar de delegados sindicales, que alarga las discusiones de manera interminable.

Por otro lado, el Ejecutivo quiere resolver el problema que se plantea cuando no hay representación sindical ni de los trabajadores. Entonces se trata de constituir un comité específico, de entre los trabajadores, para afrontar la negociación, y hacerlo de la manera más rápida posible, para no consumir parte del mes previsto para hacer las consultas entre empresa y trabajadores.

Demandas

 El Real Decreto Ley de 30-8 es el instrumento que ha escogido el Gobierno para responder a las demandas de las empresas y de los despachos de abogados sobre la corrección de errores en las regulaciones de empleo.

Las reformas en los ERE continuarán tras las vacaciones

1. Las cuentas de la matriz en los ERE

Las empresas multinacionales españolas deberán incluir las cuentas de la matriz entre la documentación que presentarán a los sindicatos y, si no hay acuerdo, al juez, aunque el expediente de regulación de empleo sea en una filial.

2. Una filial extranjera presentará las cifras de España

Esta será parte de la documentación que deberán presentar las multinacionales extranjeras para explicar su decisión de aplicar un despido por causas económicas. Por lo tanto no será necesario plantear las cuentas de la matriz. Siempre se hará de acuerdo con el Derecho español.

3. Poner orden en la representación sindical

El Gobierno estudia acotar el número de delegados sindicales que habitualmente acuden a una negociación laboral en las multinacionales españolas y extranjeras. El Ejecutivo también quiere facilitar la rápida creación de comités ‘ad hoc’ cuando no hubiese representación de los trabajadores.

4. Desatascar los juzgados de lo Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, está estudiando que el mismo tribunal superior que resuelve finalmente la batalla judicial en un expediente de regulación de empleo se ocupe de solucionar también las demandas individuales que puedan presentar los trabajadores contra la empresa, una vez que la sentencia de ámbito superior les ha dado la razón. Se trata de evitar que los litigios de los afectados sigan provocando el colapso de los juzgados de Lo Social.

Las cuentas de la matriz en los ERE Las empresas multinacionales españolas deberán incluir las cuentas de la matriz entre la documentación que presentarán a los sindicatos y, si no hay acuerdo, al juez, aunque el expediente de regulación de empleo sea en una filial.

Una filial extranjera presentará las cifras de España Esta será parte de la documentación que deberán presentar las multinacionales extranjeras para explicar su decisión de aplicar un despido por causas económicas. Por lo tanto, no será necesario plantear las cuentas de la matriz.

Siempre se hará de acuerdo con el Derecho español

Poner orden en la representación sindical El Gobierno estudia acotar el número de delegados sindicales que habitualmente acuden a una negociación laboral en las multinacionales españolas y extranjeras. El Ejecutivo también quiere facilitar la rápida creación de comités ‘ad hoc’ cuando no hubiese representación de los trabajadores.

Desatascar los juzgados de lo Social

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, está estudiando que el mismo Tribunal Superior que resuelve finalmente la batalla judicial en un expediente de regulación de empleo se ocupe de solucionar también las demandas individuales que puedan presentar los trabajadores contra la empresa, una vez que la sentencia de ámbito superior les ha dado la razón. Se trata de evitar que los litigios de los afectados sigan provocando el colapso de los Juzgados de lo Social.

PAREJAS DE HECHO – DERECHOS Y OBLIGACIONES

Laura S. López

Las uniones de hecho tienen limitaciones en el acceso a pensión de viudedad, el ámbito fiscal, la asistencia sanitaria o el derecho a la herencia

El término pareja de hecho o uniones estables de pareja se institucionalizó en 1998, cuando se aprobó la primera normativa autonómica en Cataluña, que reguló las denominadas uniones de hecho, tanto para parejas heterosexuales como homosexuales. Hoy hay 13 comunidades que han legislado sobre las uniones de hecho, pero aún se carece de una normativa común en España.

No obstante, su normalización supuso un importante paso en el reconocimiento de los derechos de las parejas que no están casadas y se ha convertido en una opción para quienes desean establecer un compromiso con otra persona sin necesidad de pasar por el registro civil o el altar. Comparten algunos derechos con los unidos en matrimonio, pero persisten diferencias importantes y tienen limitaciones en el acceso a la pensión de viudedad, al hacer la Declaración de la Renta, en el acceso a la asistencia sanitaria o al cobrar una herencia.

PAREJA DE HECHO: ¿QUÉ SIGNIFICA?

De acuerdo con la ley, las parejas de hecho son uniones estables de 2 personas mayores de edad o menores emancipados que, sin ningún impedimento para contraer matrimonio, pueden demostrar que han convivido como mínimo un periodo ininterrumpido variable o tienen hijos en común.

El periodo en cuestión exigido varía según la normativa de cada comunidad autónoma, puesto que no hay una legislación nacional. Entre los obstáculos para convertirse en pareja de hecho figuran el estar incapacitado y la existencia de parentesco directo.

Navarra y Cataluña son las comunidades donde los derechos de las parejas de hecho se asemejan más al matrimonio

Una pareja de hecho está compuesta por dos personas entre quienes hay un vínculo similar al de un matrimonio. Este se puede demostrar por los hijos en común, pero también a través de documentos, testigos, etc. La prueba más concluyente es la firma de un contrato privado o ante notario, en el que se refleja esta unión, o bien la inscripción en un registro de parejas de hecho.

DERECHOS Y DIFERENCIAS ENTRE MATRIMONIOS Y UNIONES DE HECHO

El régimen jurídico de las uniones de hecho, a diferencia del matrimonio, tiene una base común, pero en algunos aspectos difiere según cada comunidad autónoma. Donde los derechos de las parejas de hecho se asemejan más al matrimonio es en Navarra, seguida de Cataluña.

Algunos de los derechos comunes con los unidos en matrimonio, y generalizados en todas las autonomías, son el acceso a subvenciones, viviendas públicas, concesión de ayudas y becas o exenciones fiscales en impuestos.

Pero, por lo demás, los derechos de estas parejas difieren bastante de quienes contraen matrimonio. Entre las divergencias más polémicas figuran que los casados pueden hacer la Declaración de Hacienda de forma conjunta o individual, cuando uno de los dos muere al otro le corresponde una pensión de viudedad y, en el cálculo de la pensión de jubilación, se tiene en cuenta si hay cónyuge a cargo para elevar el importe mínimo que se cobra.

Para cobrar pensión de viudedad, debe probarse una convivencia ininterrumpida en los cinco años anteriores al fallecimiento

Las limitaciones de pareja de hecho afectan de modo diferente en cada caso:

Pensión de Viudedad.

Para poder cobrar esta pensión, en caso de fallecimiento del otro integrante de la unión de hecho, debe demostrarse que la pareja lo ha sido al menos en los dos años anteriores, mediante la inscripción en los registros de uniones de hecho o firma de escritura pública. Además, debe probarse una convivencia ininterrumpida en los cinco años anteriores al fallecimiento a través, entre otros, de un certificado de empadronamiento.

Permisos retribuidos.

Respecto a los subsidios que se otorgan por maternidad o paternidad, las parejas de hecho cuentan con iguales derechos que los matrimonios.

Asistencia sanitaria.

Si se prueba un año de convivencia continuada mediante la inscripción en un registro o firma de escritura pública, las parejas de hecho gozan del derecho a la asistencia sanitaria. En el caso de los matrimonios, obtienen este derecho desde el mismo momento del casamiento.

Alquileres.

En caso de fallecimiento del miembro titular del contrato, la Ley de Arrendamientos Urbanos contempla el derecho de subrogación de la pareja, siempre que se acrediten dos años de convivencia.

Herencias.

Es uno de los ámbitos en los que hay una mayor diferencia de trato entre parejas de hecho y matrimonios. En caso de fallecimiento del compañero, los primeros no tienen derecho a heredar, a diferencia de los segundos que reciben todos los bienes. Puesto que la ley no otorga derechos automáticos, resulta imprescindible hacer testamento.

Adopción.

En teoría, las parejas de hecho pueden adoptar. Pero en la práctica, les resulta más difícil superar todas las exigencias burocráticas.

Hacienda.

Quienes tienen una unión de hecho no pueden realizar la Declaración conjunta de la Renta, a diferencia de quienes viven en matrimonio. Por otra parte, en caso de donación, para los primeros la fiscalidad es más alta, mientras que para los segundos es menor.

Pensión alimenticia.

Ante la ruptura de una pareja de hecho, se debe reclamar la pensión a través de un pleito específico, puesto que queda fuera de la jurisdicción de familia.

PAREJAS DE HECHO: REQUISITOS Y PRUEBAS

En total, 13 comunidades, entre ellas Madrid, Andalucía, Cataluña o Aragón -las dos últimas con derecho civil propio-, han dado el paso de legislar sobre las uniones de hecho. Cuatro -Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja y Murcia- carecen de reglamentación específica más allá de la creación de registros autonómicos en las tres primeras. En la mayor parte de España, las parejas pueden elegir si formalizan o no su unión en un registro. En cualquier caso, cabe hacer pactos de convivencia ante notario.

Si bien resulta un trámite sencillo y los tiempos de espera son menores en relación a los que se requieren para contraer matrimonio, también se exige que se cumplan determinadas circunstancias:

Debe ser una unión de dos personas, de carácter heterosexual u homosexual.

Ha de ser una relación pública y notoria, algo que supone un comportamiento similar al de un matrimonio frente a terceros.

  • No      haber contraído ya matrimonio.
  • Llevar      una vida estable y duradera.
  • Haber      unos intereses comunes para el desarrollo de una vida familiar.

Puesto que la formalización de una pareja de hecho conlleva ciertos beneficios por parte de los contrayentes, se pueden exigir diversas pruebas para acreditar que esa unión existía con antelación y que no es un fraude. Algunas de estas son las declaraciones de convivencia, que acreditan la unión desde la fecha de su otorgamiento o firma y en las que se pacta la relación económica de la pareja. Pueden reemplazarse por contratos privados que se celebren entre los compañeros.

Contratos bancarios, de aperturas de cuentas corrientes, suscripción a tarjetas de crédito, etc. pueden constituir pruebas que presupongan una disposición conjunta del patrimonio común de las personas en convivencia.

Bajo la misma perspectiva, se toman como argumentos creíbles los contratos con terceros, como arrendamientos, venta de bienes, así como el empadronamiento y el domicilio fiscal, todas ellas son pruebas que demuestran la convivencia de la pareja en una misma vivienda.

REGISTROS DE PAREJAS DE HECHO

Hay más de 200 registros de parejas de hecho disponibles en toda España, donde se pueden inscribir las uniones de convivencia no matrimonial entre dos personas, incluidas las del mismo sexo.

Para poder inscribirse, siempre con cita previa, la pareja:

  • Ha de      acudir acompañada de dos testigos mayores de edad.
  • Deben      presentar su DNI y un certificado de empadronamiento de la ciudad donde      residen.
  • No      pueden inscribirse en dos registros de diferentes comunidades autónomas ni      formar unión de hecho con otra persona.

EL GOBIERNO CLARIFICA LA INFORMACIÓN QUE DEBE APORTAR EL EMPRESARIO EN LOS DESPIDOS COLECTIVOS

Madrid (Europa Press)

El Gobierno ha optado por clarificar la información que debe facilitar el empresario a la hora de presentar un despido colectivo, después de que muchos de los expedientes que han sido denegados por los juzgados, después de que la reforma laboral suprimiera la autorización administrativa para poder tramitarlos, fueran desestimados por defectos de forma.

El Ministerio de Empleo ha aprovechado el Real Decreto Ley relativo a la cotización de los trabajadores a tiempo parcial para introducir esta precisión, coincidiendo con el balance realizado del primer año de la reforma laboral.

Por otro lado, el Gobierno también ha decidido limitar a 13 el número de representantes de cada una de las partes que integrarán las comisiones negociadoras en el periodo de consultas de los expedientes de despido colectivo, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa.

Además, se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.

Asimismo, se establece una fase previa al inicio del periodo de consultas para que se pueda constituir antes la comisión representativa de los trabajadores, en orden a que no se consuman días de negociación a tales efectos. En concreto, serán siete días cuando haya representantes legales de los trabajadores en todos los centros de trabajo y 15 días cuando no sea así.

En el caso de que las sentencias de despido colectivo sean declaradas nulas, éstas serán directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimiento individuales y se tipifica como infracción grave el incumplimiento por parte del empresario de la obligación de comunicar a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo y de suspensión de contratos o de reducción de jornada adoptadas.

Por otro lado, se modifica también algún aspecto del régimen procesal del despido colectivo para otorgar un mayor espacio a la demanda colectiva presentada por los representantes de los trabajadores. En la práctica, supone priorizar las demandas colectivas sobre las individuales, de forma que el procedimiento individual queda relegado a los supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo.

LOS PARADOS PUEDEN VIAJAR AL EXTRANJERO.

En la misma línea, el Gobierno ha reformulado con rango de Ley los requisitos ya existentes para los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo que salen al extranjero dando mayor certidumbre y seguridad jurídica a los beneficiarios.

Así, los demandantes de empleo verán suspendida su prestación por desempleo durante un periodo de 90 días si viajan al extranjero para buscar empleo o formación, y podrán ausentarse por asuntos propios durante 15 días sin perderla.

Por otro lado, la norma aclara el marco competencial de la potestad sancionadora de los Servicios Públicos de Empleo Estatal y autonómicos, dando más protagonismo a los segundos. Se establece que los servicios competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal para su ejecución por éste.

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de los beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o conozcan para que inicie el procedimiento sancionador que corresponda.

UN LECTOR DE ELPERIODICO.COM EXPLICA EL CONFLICTO LABORAL QUE VIVEN LOS TRABAJADORES DE AMBULANCIAS

La patronal de empresas de ambulancias (ACEA) da como excusa para rebajar un 9,2% el sueldo a sus trabajadores –de manera unilateral y saltándose el convenio en vigor firmado hasta el 2015– que el recorte del 4,6% que CatSalut le ha impuesto este año no lo puede soportar económicamente.

En la empresa a la que pertenezco somos los trabajadores los que estamos soportando ese 4,6% desde diciembre de 2012.

¿Cómo? Nos han quitado los festivos, que ahora los pagan a precio de país tercermundista; hemos pasado de hacer 26 fines de semana de fiesta a hacer entre 17 y 18.

Con estas medidas eliminan los contratos de fin de semana y se ahorran la seguridad social.

No nos han devuelto, y eso que estaba firmado, la mitad del 2,5% que nos han descontado.

No olvidemos que ACEA lleva a cabo estas estas medidas con la complicidad del Govern.

CONTINÚA EL ‘SECUESTRO LABORAL’ EN TB-SOLUTIONS: “LA EMPRESA SIGUE SIN PAGAR Y SIN DEJARNOS COBRAR DEL PARO”

El comité de empresa de TB Solutions explica que “la situación sigue sin cambiar, ni se han dado fechas para su resolución, denotando una alarmante dejación de responsabilidad empresarial y continuando con el ‘secuestro laboral’ a la actual plantilla de la delegación de Zaragoza”.

Comunicado de los representantes de los trabajadores/as de TB Solutions Software y TB Solutions Advanced

“Los representantes de los trabajadores de las empresas TB Solutions Software y TB Solutions Advanced os queremos poner al corriente del estado en el que se encuentran ambas empresas. Como sabéis, los trabajadores de ambas empresas nos encontramos en huelga indefinida desde el pasado día 1 de agosto. Posición ante la cual el máximo responsable de la empresa, Jorge Jiménez Sánchez, o Gorka Jiménez Sánchez (dependiendo del territorio al que se dirija usa un nombre u otro), no ha dado ni una sola respuesta, ni una sola muestra de comunicación ni preocupación. Tan sólo se digna a contestar a nuestros correos una socia minoritaria de la empresa, Elena Ducay.

En la reunión de mediación previa a la convocatoria de huelga, la empresa, a través de Elena Ducay, nos informó de que su idea era la de ir a concurso de acreedores (para cesar actividad, no para reflotar la empresa), y dentro del concurso, presentar un ERE a todos los trabajadores que quedamos en ambas empresas de Zaragoza. Ante este anuncio se pidió anticipar el ERE, y dijeron que en breve nos lo harían llegar. Pues bien, esa “semana que viene” ha terminado y lo único que Elena
Ducay nos ha dicho es que para la semana que viene esperan tenerlo. Entre tanto, el día 1 de agosto avisaron a todo el personal de la empresa Incita de Pamplona-Iruña, para que al día siguiente fueran a por los papeles del despido. La razón, muy sencilla, el día 2 de agosto, la seguridad social fue a embargar lo que pudo de la oficina de Pamplona-Iruña.

Antes, el día 1, se estuvieron llevando los bienes de la empresa hasta las casas de Jorge Jiménez y Elena Ducay. La dirección únicamente está trabajando para rescatar lo que puedan de la empresa, obviamente para su beneficio posterior, eso podría ser ético no entramos en eso, ahora bien que les importe una mierda lo que eso suponga a nuestra situación personal y a la de nuestras familias, merece una denuncia moral cuanto menos. La dirección, Jorge Jiménez y Elena Ducay, están manteniendo a los trabajadores y a sus familias en condiciones que pueden ser legales, pero inmorales, y que este comité de representantes de los trabajadores no desea para nadie, ni para los trabajadores, ni siquiera para las familias de la dirección. Cabe recordar también que el 7 de junio se presentó un ERE con la memoria correspondiente, es inmoral y reprobable que aleguen cuestiones de carga de trabajo ya no para la presentación, sino ni siquiera para facilitar la fecha, aun más cuando hay demandas por extinción presentadas y esa gente podría ser extinguida en un acuerdo judicial. Si no nos quieren dar plazos que no los den, pero que no nos mientan más. Hasta aquí el relato de los hechos.

A partir de aquí, las realidades de los trabajadores y nuestras familias implicadas. Al haber sido despedida la plantilla de Pamplona-Iruña, puede ir al paro y al menos tener ingresos de dicha fuente. Pero en lo que a la plantilla de Zaragoza respecta, estamos todavía esperando acciones por parte de la empresa. Nos mantiene en ese secuestro laboral en el que nos tienen: sin cobrar y sin dejarnos cobrar del paro. El esperar a que el ERE se haga dentro del concurso supone que entre los días de negociación del ERE cuando se presente y los días que habrá que esperar para el despido e ir al paro, nos encontraremos ya en septiembre y no cobraremos nada hasta octubre. Eso son, la mayoría de casos, medio año sin ingresos, y 5-6 nóminas (a día de hoy, pero subiendo) sin cobrar por parte de la empresa, que en algún caso son más de 10.000€ que deberían estar en las cuentas de los trabajadores y no están, y que ha hecho falta sacar de ahorros.

Nos comenta un compañero que en su caso, ese dinero estaba destinado a la comunión de su hija (que espera al menos recuperar antes de 2 años del Fogasa, que es cuando los necesitará para dicho fin). Pero, en lo que a él respecta, sus ahorros no cubren esa cantidad, y no es ya que no haya podido irse de vacaciones como otras personas, que es lo de menos, sino que está pasando verdaderas dificultades para poder vivir y afrontar los gastos que cualquier persona tiene. Y ahora que comienza el curso, afrontar unos gastos escolares adicionales que no va a poder abordar con facilidad. La sensación es de total impotencia al vernos obligados a esperar a que la empresa tome alguna acción, que se ve que sí ha tomado con otras personas, pero no con nosotros. Y no sólo nos atañe a nosotros los trabajadores directamente, sino también a nuestras familias. No es agradable llegar a casa a casa y encontrar a la pareja llorando por un ataque de ansiedad, ni tener que decir a una hija de 5 años que este año no puede hacer excursiones en familia que hizo el año pasado, y que dada su edad no puede comprender el porqué.

Hay casos en los que los dos miembros de la pareja están trabajando en la empresa, por lo que la situación se agrava. Otros casos en los que un miembro de la pareja fue incluido en el ERE ejecutado en julio, y el otro sigue en la empresa. Hay trabajadores que siguen en la empresa aun habiendo pedido entrar en el ERE de julio, y la empresa no lo permitió. Es triste pero es así de cierto: algunos pedíamos que se nos echara de la empresa. No queríamos que las 4 nóminas que nos debían en junio se convirtieran en 6-7. Pero así ha sido.”

JORNALEROS A 2,5 EUROS LA HORA

Sevilla

El exceso de oferta de mano de obra, la insuficiente inspección y la actitud de algunos empresarios favorece el incumplimiento del convenio agrícola

Cuadrilla de San José de la Rinconada que denunció haber cobrado menos de lo establecido. / Paco Puentes

Los trabajadores del campo llegan a cosechar con temperaturas de entre 35 y 40 grados, agachados o subidos a los árboles durante casi 7 horas. Muchos han regresado a las fincas expulsados por la crisis de la construcción y se han encontrado con el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales mínimas acordadas entre trabajadores y patronal. Algunos han llegado a cobrar solo hasta 2,5 euros por hora.

“Te vas al campo y no tienes derecho a nada”, se lamenta Francisco Javier Fresco, quien ha denunciado con su hermano Miguel y otra media docena de integrantes de su cuadrilla a un intermediario que llegó a pagarles la mitad de lo establecido en convenio.

El acuerdo laboral del campo distingue decenas de categorías. Para los eventuales, el salario medio diario oscila entre los 41 y los 50 euros al día con plus de distancia y en un día laborable. Sin embargo, los trabajadores aseguran haber cobrado entre 12 y 18 euros al día y haber descubierto que las empresas no cotizaban todos los días trabajados. “Se están beneficiando muchos sinvergüenzas”, lamenta Francisco Javier Fresco.

Su hermano Miguel apunta una de las causas de esta situación: “Nadie se atreve a denunciar. Si te quejas, no te cogen y en 5 minutos tienes una cuadrilla distinta”.

La crisis de la construcción ha generado un incremento de la oferta de mano de obra y las dificultades económicas han llevado a muchos temporeros a rebajar sus exigencias. En algunos casos están más interesados en que se firme la peonada, para poder tener acceso al subsidio de desempleo, que en cobrar lo que le corresponde.

Además, a las reticencias de los eventuales a denunciar se suma que, cuando lo hacen, se encuentran con un servicio de inspección sin medios suficientes para actuar de inmediato.

De esta situación se aprovechan muchos gestores de explotaciones que, en la mayoría de los casos, no coinciden ni siquiera con los propietarios. De esta forma, la cadena de responsabilidades se dispersa.

Mónica Vega, secretaria general del sindicato Agroalimentario de CCOO, el mayoritario en el campo de Sevilla, resalta que, hasta la crisis del ladrillo, los convenios se cumplían en un 80%. Pero desde ese momento, el aluvión de nuevos demandantes de empleo distorsionó un mercado laboral en el que la sindicalista habla directamente de “mafias”.

La existencia de irregularidades es difícil de demostrar. Pero además de los testimonios como los aportados por Fresco y sus compañeros de cuadrilla existen datos que evidencian las irregularidades. Uno de ellos, según destaca Vega, es que, pese al aumento de la producción y hectáreas cultivadas en determinados sectores y el incremento de personas que busca trabajo en los campos, el número de peonadas declaradas se mantiene o desciende. “Es imposible recoger más sin más trabajo”, advierte Vega.

El Gobierno no quiere sacar conclusiones de estos datos y afirma que la Inspección actúa con la celeridad que puede. También recuerda que hay planes específicos para el campo, donde admiten la dificultad de controlarlo todo.

Como solución, los trabajadores reclaman un cambio de la normativa para evitar declarar menos peonadas de las realmente realizadas o que los intermediarios se aprovechen del exceso de oferta de mano de obra. También solicitan que se crucen los datos de ayudas recibidas con las de producción y empleo para que, en caso de detectar una pérdida de puestos de trabajo sin justificar, se limiten o eliminen las subvenciones.

Vega apunta la necesidad de un cambio de mentalidad. Destaca que en Valencia o Murcia, la estabilidad en el empleo supera el 90% porque los propietarios son los primeros interesados en mantenerla. Sin embargo, según afirma, en Andalucía hay muy poca industria y los dueños de fincas se desentienden de la gestión, que está en manos de sociedades de otras comunidades.

LOS BOMBEROS DE O SALNÉS CUMPLEN DOS AÑOS DE HUELGA Y SE SOLIDARIZAN CON EL PARO DE A CORUÑA.

ANXO MARTÍNEZ | AROUSA

Hace unas semanas se cumplieron dos años desde que los Bombeiros do Salnés se pusieron en huelga. La suya es, por tanto, una de las huelgas más largas de cuantas hay convocadas actualmente en España, si no la más larga.

Su situación se pone de actualidad estos días, puesto que la mesa intersindical de los bomberos de Galicia está ultimando los detalles de una huelga indefinida que afectará a todos los parques comarcales de la comunidad autónoma gestionados por empresas privadas. Los bomberos arousanos no pueden sumarse a esta huelga, puesto que ya la están haciendo, pero de todos modos se solidarizan con las peticiones de sus compañeros de la provincia de A Coruña, que es donde se ha desencadenado el actual conflicto.

Fuentes sindicales de los bomberos de O Salnés confirmaron ayer que aunque la situación con la nueva empresa concesionaria ha mejorado algo -Matinsa se hizo cargo del servicio a mediados de este año, después de una década de gestión de Celta Prix-, las razones por las que fueron a la huelga en 2011 siguen sin ser resueltas, de ahí que no hayan desconvocado la protesta.

En cualquier caso, la huelga de los profesionales contra incendios arousanos es una medida «simbólica», puesto que los servicios mínimos establecen que tiene que haber un mínimo de tres profesionales por base -Vilagarcía y Ribadumia-, y ese es precisamente el número de bomberos por guardia que establecen los pliegos de condiciones del servicio.

Así las cosas, en estos momentos en los dos parques de O Salnés trabajan el mismo número de efectivos que habría si no estuviesen en huelga. Fuentes sindicales apuntan, sin embargo, que han decidido mantener su protesta «indefinidamente», hasta que Matinsa o la administración pública atiendan sus reivindicaciones. En este sentido, lo que solicitan los profesionales son cuatro cosas: una estabilidad laboral clara; una mejor coordinación entre los servicios de emergencias; la puesta en marcha del Estatuto do Bombeiro; y que se igualen las condiciones laborales de todos los bomberos de Galicia, con independencia de que sean municipales, comarcales o provinciales, de gestión pública o indirecta.

«No pedimos nada que no esté en la ley», declaró ayer un delegado sindical de la plantilla de O Salnés. En este sentido, plantea que la Lei de Emerxencias de 2007, que ya está en vigor, establecía en una de sus disposiciones transitorias que en un plazo máximo de tres años se redactarían el Estatuto do Bombeiro y se homogeneizarían las condiciones de todos los trabajadores de Galicia. Ese plazo ya se cumplió en 2010. Es por ello que está a punto de materializarse una denuncia por el incumplimiento de la ley.

Además, la huelga se inició a raíz del despido de dos bomberos de O Porriño, sin que ese asunto se haya resuelto tampoco. Tanto es así que los bomberos del parque comarcal del Baixo Miño (O Porriño) también están en huelga, mientras que los de O Morrazo -la tercera comarca integrada en el Consorcio Provincial al que pertenece O Salnés- se suman ahora a la protesta convocada desde A Coruña.

Y es que los profesionales de toda Galicia han formado una mesa intersindical y una plataforma, que se reúne con una periodicidad entre semanal y quincenal. También se está formando una plataforma de profesionales, en la que además de bomberos, estarán representados el personal de sala del 061 y del 112, así como los trabajadores forestales. Otra medida de presión que están barajando, aunque está pendiente de la confirmación final, es una marcha entre Angrois y el Obradoiro, en Santiago, el día 24, un mes después del accidente del tren.

CCOO DENUNCIA DESPIDOS Y TRATOS DISCRIMINATORIOS EN ALDEAS INFANTILES DE CUENCA.

La Federación de Enseñanza de CCOO de Cuenca ha lamentado una serie de sucesos que se están llevando a cabo desde Aldeas Infantiles de Cuenca, entre los que ha destacado despidos y “tratos favorables”.

En un comunicado de prensa, el sindicato ha afirmado que Aldeas Infantiles Cuenca “no facilita” a sus trabajadores los días que les corresponden por asuntos propios “poniendo distinto tipo de trabas”.

“Entendemos que existe un trato diferente entre los trabajadores de Aldeas Infantiles, no se les mide a todos por el mismo rasero”, ha indicado el sindicato, que añade igualmente que durante estos últimos años ha habido una serie de despidos de trabajadores.

Despidos, según relata el sindicato, en algunos casos se les ha indemnizado “generosamente” para evitarse problemas y a otros se les ha aplicado la legislación vigente “en su máxima expresión”.

“Ponemos también como ejemplo el último caso de despido de una trabajadora con una antigüedad en la empresa de siete años, a la que se le ha reconocido su profesionalidad y su grado de implicación con los menores en otros momentos y que sorprendentemente ahora ya no es válida”, ha apuntado.

Así, señala que a esta trabajadora se le ha despedido “incumpliendo” lo establecido en el V Convenio Colectivo de Aldeas Infantiles. “No se ha notificado a su representación legal y no se le ha informado de cuales han sido las causas de su despido”, ha agregado.

Por todo ello, CCOO exige la “inmediata readmisión” de esta trabajadora y que cambie el modelo de actuación de la Asociación hacia sus trabajadores y los valore “de forma ecuánime”.

LA PLANTILLA DE BORMIOLI EN AZUQUECA INICIA CON UN SEGUIMIENTO UNÁNIME LOS PAROS CONTRA EL ERE.

GUADALAJARA

Los trabajadores del turno de madrugada de la fábrica de Bormioli en Azuqueca (Guadalajara) han secundado unánimemente los paros de dos horas por turno iniciados a las 06.00 de este lunes contra la intención de la empresa italiana de despedir a 120 de sus trabajadores a finales de este mes de agosto.

El presidente del Comité de Empresa, Eduardo Bogas, se ha mostrado «seguro de que el seguimiento de los paros también será unánime en los otros dos turnos de trabajo de hoy», ha informado el sindicato en nota de prensa.

El Comité de Empresa ha diseñado un calendario creciente de movilizaciones, con otro paro de dos horas por turno el próximo miércoles y una huelga de 24 horas el viernes.

La próxima semana, habrá un día de paro de cuatro horas por turno y otro día de huelga de 24 horas; que se prolongará de forma indefinida durante la última semana del mes.

El jueves 29 habrá una manifestación por las calles de Azuqueca, cuyo equipo municipal de Gobierno se reunió el pasado viernes con el comité de empresa y se comprometió a tratar de mediar ante la empresa.

Los representantes de los trabajadores tendrán este martes una nueva reunión con la dirección de Bormioli, que se «limita» a negociar los despidos sin plantear nuevas alternativas después de que la asamblea de trabajadores rechazara en dos ocasiones la propuesta patronal de rebajar los salarios un 15 por ciento a cambio de mantener la plantilla.

El presidente del Comité de Empresa ha hecho un nuevo llamamiento a la empresa para replantear la situación desde «un posicionamiento que permita negociar realmente medidas para el futuro de la empresa salvando el empleo».

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