Boletín sobre Despidos y Luchas Obreras (11-8-2011)

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BOLETÍN SOBRE DESPIDOS Y LUCHAS OBRERAS (11-8-2011)

www.lapirenaicadigital.es

EL JUZGADO CONTRADICE A LA TVG SOBRE LOS DESPIDOS MASIVOS DE 2010

Pontevedra

La CRTVG recurrirá la resolución

Dos sentencias obligan a readmitir a 7 trabajadores despedidos en Pontevedra

La juez declara que eran cedidos ilegalmente por una productora al ente

Los despidos declarados nulos y hay un reconocimiento de derechos y antigüedad

La resolución reconoce los daños morales por acusarles de bajo rendimiento

El Ayuntamiento y el comité de empresa exigen la reapertura de la delegación

Los despidos que la Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) realizó el pasado 30 de noviembre coincidiendo con el cierre del centro de trabajo que tenía en la ciudad de Pontevedra no tuvieron ninguna motivación, de forma que deben ser declarados nulos y los trabajadores, readmitidos como miembros de la plantilla con plenos derechos.

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra obliga a la compañía pública a la readmisión de 5 trabajadores (tres redactores y dos montadores) y otra dictada por otro juzgado hace unas semanas señalaba la misma medida con otros dos trabajadores que fueron despedidos en la misma fecha cuando tenían contrato a través de una productora, pero trabajaban para elaborar los programas informativos de la TVG desde el centro de trabajo de la capital de la provincia.

Con las dos nuevas sentencias, contra las que la compañía ya anunció que presentará recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se cierran las resoluciones judiciales pendientes entre los trabajadores de la TVG de Pontevedra, pues los otros cinco empleados a los que se les rescindió el contrato no quisieron presentar denuncia contra la compañía.

Al respecto, cabe reseñar que la CRTVG nunca admitió que tuviese una delegación en la ciudad de Pontevedra ni tampoco en las otras cuatro localidades afectadas por la medida adoptada el 30 de noviembre de 2010. "La CRTVG dejó de tener presencia estable en Ferrol, Pontevedra, Burela, Bruselas y Oporto, pero no lo entendemos como cierre de delegaciones ni traslados porque esas redacciones no eran de la CRTVG, sino que pertenecían a productoras", señaló al respecto.

La Dirección de Comunicación se limitó a responder que "la CRTVG no realizó ningún despido" y que "entiende que la vía de entrada en el cuadro de personal es el concurso de oposición", sin entrar a valorar si con las últimas resoluciones se puede considerar que sí existía delegación en Pontevedra.

50 DESPIDOS Y 35 TRASLADOS EN CINCO DELEGACIONES

En su día, la empresa ya había indicado oficialmente que "no hubo despidos en la CRTVG, sino que se puso fin a la relación contractual con varias productoras". Contradiciendo esta versión, los empleados siempre sostuvieron que el cierre de las delegaciones supuso el despido de medio centenar de empleados y el traslado forzoso a otras delegaciones de un total de 35. La sentencia acredita ahora que los trabajadores de Pontevedra realizaban tareas directamente para la TVG y no para la productora.

En el caso de Pontevedra, con el cierre de la delegación hubo 12 despidos -entre redactores, operadores de cámaras, productores, montadores y otro personal relacionado con la elaboración de material para los informativos de la TVG- y el resto de los empleados fueron trasladados a la delegación de Vigo y a la sede central de Santiago de Compostela. Además, al tener que asumir al personal derivado de la capital, en la ciudad olívica hubo ocho despidos.

La resolución

La sentencia concluye: "declaro el derecho de los denunciantes a ser considerados como trabajadores indefinidos de la empresa Televisión de Galicia S.A." y declara la "nulidad de los despidos, condenando a TVG a readmitirlos en sus mismos puestos de trabajo", reconociéndoles, asimismo, la antigüedad en el medio público que tenían los contratos que hasta el momento de su despido estaban a nombre de una productora. Dos de los trabajadores acumulan una antigüedad de casi ocho años.

Asimismo, se condena a la empresa a pagarles los salarios adeudados desde el 30 de noviembre y una indemnización de 3.000 euros a cada uno "por daños y perjuicios", ante "la existencia de un daño moral ante la sorprendente actuación de los demandados, tratando de imputar a unos profesionales unos hechos absolutamente carentes de toda justificación", pues les entregaron una carta de despido en la que les achacaban un supuesto bajo rendimiento que no ha podido ser demostrado.

Cesión ilegal de trabajadores

En los últimos años, varias sentencias han condenado a la CRTVG y a la Productora Faro por cesión ilegal de trabajadores porque la primera utilizaba para sus informativos empleados contratados por la segunda. En la última sentencia dictada, la juez asegura que "ninguna duda cabe de que (la empresa) trata de frenar estas demandas como sea, acudiendo para ello a unos despidos disciplinarios con una causa absolutamente ficticia".

Considera la titular del Juzgado de lo Social número dos que esta situación "hace presumir que les daba igual el motivo del despido y que lo único que querían era despedirlos cuanto antes para evitar la interposición de las demandas de cesión ilegal, que era un secreto a voces que si iban a interponer en muchos puntos de Galicia".

Ante estas consideraciones, y después de que la productora en cuestión reconociese en el acto del juicio oral la improcedencia de los despidos (alega la imposibilidad o dificultad de probar las causas alegadas en las cartas de despido), la sentencia concluye en su argumentación que "ninguna duda cabe a esta juzgadora de que nos encontramos ante un supuesto de cesión ilegal de trabajadores, y así son numerosos los datos que llevan a esta conclusión de que en realidad la productora no ejerce como empresaria efectiva de los demandados".

Añade que "no cabe ninguna duda de que no nos encontramos ante una descentralización productiva por parte de la TVG, sino ante un mero suministro de trabajadores entre el cedente y el cesionario", pues "es la TVG la que recibe los servicios de los actores como si fueran trabajadores suyos, la que les organiza su trabajo diario, sus horarios y sus vacaciones, pero sin embargo no les remunera conforme a lo establecido en el convenio colectivo aplicable a sus empleados, sino que se hace a través de una empresa interpuesta, que es la productora codemandada, que contrata a los demandantes y les paga un salario inferior al que les corresponde".

El alcalde en funciones de Pontevedra, Antón Louro, valoró que la compañía "debería reconsiderar la arbitraria e injusta decisión tomada a finales del año pasado y que dejó a la ciudad sin cobertura informativa por parte del ente público gallego". Louro instó al PP a que exija la "reapertura de la delegación de Pontevedra, con readmisión de los trabajadores incluida, con carácter urgente".

Concentración por las sanciones a tres delegados

Los trabajadores de la CRTVG y todos los ciudadanos están convocados a una concentración delante del SMAC de la Consellería de Traballo de la Xunta, en Santiago, en señal de protesta contra la sanción impuesta por la CRTVG a las delegadas de la TVG en Pontevedra y Vigo, así como al delegado de Lugo.

"Fueron sancionados por ayudar a defender a los compañeros despedidos el día 30 de noviembre en las delegaciones", explican los convocantes, los delegados de personal de Lugo y Vigo, que quieren reclamar que se revoquen las sanciones impuestas a sus tres compañeros por haber señalado ante el juzgado que los trabajadores que ahora han sido readmitidos trabajaban en las citadas delegaciones.

UGT EXIGE LA READMISIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EMPRESA DE FCC PARQUES

EFE

En un comunicado, la central sindical advierte que "una política basada en el amedrentamiento continuo a sus trabajadores, en forma de sanciones y despidos, incluso de los representantes de los trabajadores, solo provoca el efecto inverso al que desea una empresa que actúa de tal forma".

A juicio de la central sindical, que reivindica el derecho a la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores, se ha puesto de manifiesto que se trata de "un ataque contra el hecho del trabajo, contra los trabajadores y sus representantes (comités de empresa y sindicatos), en unos momentos en los que parece que todo vale para conseguir ese fin".

La Federación de Servicios hace un llamamiento a la ciudadanía, en especial a trabajadores y desempleados, a "revelarse contra ello", ya que sin trabajo no hay futuro, "pero tampoco lo hay sin que el hecho del trabajo se respete y valore en su justa medida".

El sindicato ha hecho público este comunicado después de que, FCC Parques y Jardines despidiera al presidente del comité de empresa, José Luis Muro, y abriera un expediente a los 8 miembros restantes del organismo de representación, porque considera que han intentado dañar la imagen de la compañía.

José Luis Muro (CGT) dijo a Efe que las acusaciones que le achacan son falsas y que los hechos se remontan a noviembre de 2010, cuando denunció, en un comunicado,la precariedad que existía en los parques de la ciudad, la falta de personal, el recorte en los horarios, la actuación poco democrática de la empresa con la sección sindical y sus arbitrarias sanciones.

COMITÉ DE NICOLÁS CORREA (ITZIAR) DENUNCIA EL DESPIDO DE OCHO TRABAJADORES POR NEGARSE A REDUCIR SU SALARIO

EUROPA PRESS – SAN SEBASTIÁN

El Comité de empresa de Nicolás Correa de Itziar (Gipuzkoa), dedicada al diseño, comercialización y venta de máquina herramienta, ha denunciado el despido de 8 trabajadores de la planta que "se negaron a la reducción de sus salarios".

En un comunicado, el Comité ha explicado que esta medida ha venido precedida de "dos intentos consecutivos por parte de la dirección de reducir los salarios", y, "ante la negativa de la plantilla, la empresa unilateralmente ha rescindido los contratos".

Además, ha señalado que "los salarios no son causa de la situación que atraviesa la empresa". Asimismo, ha opinado que la medida adoptada por parte de la dirección de rescindir ocho contratos "no va&nbsp sino a empeorar la situación financiera de la misma".

Finalmente, ha anunciado movilizaciones, entre los días 21 y 29 de julio, frente a la fábrica y ha advertido de que, de seguir adelante con los despidos, la plantilla de Nicolás Correa "no descarta endurecer el nivel de confrontación a partir del mes de septiembre".

EL PERSONAL DE LIMPIEZA LLAMA A LA HUELGA ANTE EL BLOQUEO DE SUS SALARIOS

Ayuntamiento y empresa ultiman un acuerdo in extremis para evitar el paro convocado

El pleno del Ayuntamiento prevé aprobar el acuerdo

Los deseos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y del Ayuntamiento de Finestrat por romper relaciones, y sus desencuentros para poner fin al contrato de concesión del servicio de limpieza en el municipio, han hecho finalmente mella en la paciencia de los trabajadores de la empresa que, tras otro nuevo retraso en el pago de sus salarios, esta vez desde junio, han decidido ir a la huelga.

Los empleados del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria están llamados a la huelga a partir de esta misma noche y con carácter indefinido ante el bloqueo de sus retribuciones salariales, según informaron desde Comisiones Obreras. El sindicato ha convocado el paro "por el impago injustificado del sueldo de junio, la paga extra y otros atrasos", según explicó su portavoz, Mariano Ugalde.

"Ha habido mucha voluntad y paciencia pero la paciencia se ha acabado y de la voluntad no se come", destacó el sindicalista, que recordó que la situación lleva así, en un tira y afloja, "más de un año", con los trabajadores en medio del conflicto y como principales afectados.

La empresa y el Ayuntamiento parecen haber ultimado un acuerdo in extremis para evitar la huelga de basuras. De ser así, los empleados del servicio desconvocarían la huelga, pero no lo harán hasta que no tengan el cheque en sus manos porque "no es la primera vez que hablan de acuerdo y al final no hay nada", destacó el portavoz sindical.

El convenio, que según aseguró el portavoz del gobierno local, Juan Francisco Pérez, ya está hecho, deberá ratificarse en pleno. De ser así, "la empresa ha dicho que pagará a los trabajadores", según el sindicato. El personal, que parece ser pues la moneda de cambio entre las partes para forzarse a acercar posiciones, sólo pide "que si van a trabajar, que les paguen".

Situación insostenible

"El impago de salarios está provocando que la plantilla esté pasando por serias dificultades económicas", según denunciaron desde CC OO, pues "no pueden hacer frente a sus necesidades básicas y de sus familias", lo que para el sindicato es una "situación totalmente insostenible e inadmisible".

El portavoz del gobierno local insistió en que el acuerdo está cerrado. En éste, se habría establecido un plan de pagos de la deuda municipal, que según indicó el concejal rondaría los dos millones de euros, aunque el sindicato habló de cuatro millones. El problema ha venido siempre de ahí, de consensuar el montante total de la deuda del Consistorio con la empresa para poder rescindir la concesión.

Y el desacuerdo se produce porque esta deuda no se centra en facturas impagadas, sino en la valoración que se hace de la maquinaria aportada por la empresa a los bienes de propiedad municipal. Unos y otros discrepaban del valor que se ha amortizado ya y del que queda pendiente. Asimismo, el Ayuntamiento exigía descuentos por lo que considera incumplimientos del contrato por parte de la empresa. Entre estos, destacaron la creación de una nave para guardar todo el material, que no llegó a construirse, la prestación del servicio con menos personal del acordado, o la limpieza de varias carreteras y calles, que no se ha realizado, según fuentes municipales.

Desde CC OO insistieron en "que el Ayuntamiento y la empresa deben llegar con carácter urgente a un acuerdo que permita desbloquear esta situación". Además, destacaron que "desde el sindicato estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para llegar a una solución que posibilite la desconvocatoria de la huelga" pero subrayaron que "si los trabajadores no cobran la deuda salarial, el servicio quedará interrumpido con carácter indefinido.

COLEGIO DE ABOGADOS ANUNCIA QUE RETOMA LA HUELGA ANTE LA "FALTA DE RESPUESTA" DE LA COMUNIDAD A SUS PROPUESTAS

EUROPA PRESS – MADRID

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha anunciado que mantiene el cese de designaciones de los abogados del Turno de Oficio ante la "falta de respuesta" por parte de la Comunidad de Madrid a las propuestas de este organismo para resolver el conflicto laboral que existe con este colectivo, ha informado el colegio en un comunicado.

La suspensión acordada el pasado 1 de junio implicaba el cese de todas las actividades en la gestión de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita que no afectaran al derecho de defensa de los ciudadanos, quedando por tanto garantizada la asistencia letrada en aquellas situaciones en las que sea previsible que se pueda causar un perjuicio directo e irreversible al ciudadano.

El ICAM acordó suspender la huelga con la entrada de la nueva consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, con la esperanza de retomar las negociaciones. Sin embargo, el Colegio ha decidido retomar la huelga "al no haberse recibido respuesta alguna a las propuestas que tienen sobre la mesa".

Además, ha denunciado que siguen invariadas las graves circunstancias que lo motivaron, por lo que ha anunciado que continuan en vigor el mencionado cese de designaciones.

Así, ha recordado que los abogados están denunciando "la desatención sistemática de un servicio público esencial para el sistema constitucional de la justicia por parte de los poderes públicos, que incluye la absoluta imprevisión presupuestaria de la Comunidad".

Asimismo, el ICAM ha denunciado que "la Comunidad ha agotado el total presupuestado asignado para 2011 antes de liquidar las cantidades adeudadas en 2010, quedándose sin habilitación para el año en curso y poniendo en riesgo de quiebra un derecho fundamental de los ciudadanos más necesitados (100.000 al año son beneficiarios de sus prestaciones)".

Por último, ha recordado que "la Comunidad de Madrid es la que menos ha incrementado el coste total de la justicia gratuita, situándose sus niveles de gasto actuales en cifras similares a las de 2006".

DESPEDIDOS SEIS INFORMÁTICOS DURANTE UNA HUELGA DE LA GENERALITAT

Trabajaban en dos empresas subsidiarias de el corte inglés para el departamento de territorio

CNT ha denunciado al Departamento de Territorio de la Generalitat catalana por cesión ilegal de trabajadores en el sector informático. A la huelga organizada para protestar por estas prácticas le ha seguido el despido de algunas de las personas afectadas.

&nbsp Seis meses después de la demanda que la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) puso al Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat catalana por cesión ilegal en el área de gestión de infraestructuras, las empresas contratistas Serikat y Cast-Info, a través de Informática El Corte Inglés, han anunciado que despiden a seis trabajadores allí asignados. La sección sindical lo considera especialmente grave ya que el anuncio se realizó el día 27 de junio, en plena huelga contra la inestable situación laboral en la que se encuentran los informáticos de aquel área, consecuencia de la citada cesión ilegal. La CNT ha denunciado un claro caso de represión sindical en pleno conflicto con el Departament y con sus subcontratas.

Los responsables del Departament no han querido hacer declaraciones, alegando precisamente que los despidos han sido realizados por terceras empresas y que por lo tanto no son responsables de este conflicto. La práctica de subcontratar servicios a terceras empresas, tan habitual en el sector privado como en la Administración pública, se hace en muchas ocasiones no tanto para reducir costes como para quitar dolores de cabeza. La empresa contratante gana flexibilidad en la producción pero también en las relaciones laborales. Quizá en un primer momento le resulte algo más caro pagar por servicios externos pero a medio plazo se ahorra ciertos problemas derivados de los derechos laborales.

El conflicto, en un entramado de subcontratas

Los despidos en el área de gestión de infraestructuras del Departamento de Territorio y Sostenibilidad han sido efectuados por Serikat y Cast-Info. Estas dos empresas privadas son las subcontratas de IECISA (El Corte Inglés) con las que dotaba de personal al Departamento de Territorio en el ámbito de las infraestructuras, a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

El CTTI, a su vez, es un organismo público que tiene la función de gestionar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la Administración catalana. Así pues, vemos una cadena de subrogaciones, de administración pública a administración pública, de administración pública a empresa privada, y de empresa privada a empresa privada. Cuando estas subcontratas se hacen únicamente para ahorrar costes y desaparece el vínculo laboral entre el trabajador y la empresa de origen, que se limita únicamente a pagar, podemos hablar de cesión ilegal.

En febrero la CNT demandó al Departamento de Territorio por cesión ilegal de trabajadores en el área de gestión de infraestructuras, tras varios años en los que Serikat y Cast-Info proveían de informáticas e informáticos a la administración pública catalana, con la intermediación de IECISA y el CTTI. El pasado junio estas dos empresas anunciaron a sus trabajadores que debían abandonar sus puestos de trabajo dado que el Departament necesitaba reubicar personal del área de Medio Ambiente.

&nbsp Esto, según la sección sindical, suponía un incumplimiento del pliego por el que estos trabajadores prestan servicio a la administración pública, por lo cual deciden convocar una huelga del 20 al 28 de junio. Al parecer, y siempre según el sindicato, el día 23 la Inspección de Trabajo pudo comprobar que los puestos en discordia habían sido ocupados por personal de IECISA y no por trabajadores de Medio Ambiente, lo cual sugiere que la necesidad de reubicación interna no era tal. Finalmente, los días 27 y 28, 6 trabajadores fueron despedidos de las empresas para las que trabajaban.

Tenga las consecuencias que tenga, este conflicto no le supone al Departament un grave problema económico o legal, gracias precisamente a la subcontrata de los servicios, tan habitual en el sector informático.