Boletín de Luchas Obreras (7 de Julio de 2014)

ÍNDICE:

► SENTENCIA DEL TS DE 18-3-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO NO AJUSTADO A DERECHO EN ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES

► LOS DESPIDOS SEGUIRÁN SIN TRIBUTAR EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA POR SU RÉGIMEN FORAL

►LA JUNTA TRAMITA CASI 6.000 EXPEDIENTES DE CONCILIACIONES LABORALES EN 2013 EN CÓRDOBA

►READMISIÓN DESPEDIDOS PSA CITROEN VIGO. SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS EN HUELGA DE HAMBRE. Unidadylucha.es

►EN CADA CENTRO DE TRABAJO, EN CADA BARRIO: SOLIDARIDAD CON LA LUCHA MINERA! Extraído de unidadylucha.es

►LOS SINDICATOS CONVOCAN MOVILIZACIONES A FAVOR DEL DERECHO DE HUELGA

►LOS SOCORRISTAS DE CÁDIZ COMIENZAN LOS PAROS PARCIALES INDEFINIDOS

►O 100% DO PERSOAL DE CELSA ATLANTIC SECUNDA A XORNADA DE FOLGA CONTRA O PLAN DE DESPEDIMIENTO DE 56 TRABALLADORES/AS tomado de galizagig.com

►EMPLEADOS DE LA ALCOYANA DICEN QUE LA “PELEA” ENTRE AYUNTAMIENTO ALACANT Y GENERALITAT IMPIDE QUE AVANCE LA NEGOCIACIÓN

►LOS SINDICATOS DE LA HOSTELERÍA EN MÁLAGA PLANEAN MOVILIZACIONES

►TRABAJADORES DE ARTIACH SE CONCENTRAN PARA EXIGIR UN CONVENIO JUSTO, TRAS DOS AÑOS Y MEDIO CON SALARIOS CONGELADOS

►MIR DE CARLOS HAYA IRÁN LA HUELGA SI LOS OBLIGAN A HACER GUARDIAS EN URGENCIAS POR LA MAÑANA

►EL COMITÉ CREE QUE EL ERE DE ATENTO BUSCA FACILITAR SU SALIDA EN BOLSA EN  USA

►15 PASTELEROS DE DURANGO INICIARÁN UNA HUELGA INDEFINIDA POR DESPIDO

►TRABAJADORES DE URBASER PROTESTAN POR LAS CALLES DE LUGO CONTRA LA “CONNIVENCIA” ENTRE EMPRESA Y AYUNTAMIENTO

►TRABALLADORES/AS CHEGADOS DE TODA GALIZA PERCORREN AS RÚAS DE LUGO EN SOLIDARIEDADE COA LOITA DO PERSOAL DE URBASER extraido de galizacig.com

►CC.OO. SE CONCENTRO EN LOS JUZGADOS PARA BUSCAR APOYO CONTRA EL PRESIDENTE DE COCA-COLA ESPAÑA

► SIN ACUERDO ENTRE SINDICATOS Y EMPRESA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ERE DE GEACAM

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SENTENCIA DEL TS DE 18-3-2014 SOBRE DESPIDO COLECTIVO NO AJUSTADO A DERECHO EN ARIAS HERMANOS CONSTRUCCIONES

RESUMEN

Recurso de Casación interpuesto por Arias Hermanos Construcciones S.A., contra la sentencia dictada por el TSJ de Galicia de 29-10-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de CC.OO., Comité de Empresa de Arias Construcciones S.A., CIG contra Arias Hermanos Construcciones S.A., Fogasa, sobre despido colectivo.

Ha comparecido en concepto de recurrido CC.OO., Comité de Empresa de Arias Hermanos Construcciones S.A.

No aplicación principio «rebus sic stantibus» en cuanto que excepción al principio pacta «sunt servanda». No se acreditan circunstancias excepcionales para despedir estando vigente ERE suspensivo.

La empresa recurrente consensuó con la representación legal de sus trabajadores un expediente de regulación de empleo suspensivo que fue aprobado por la autoridad laboral. Mientras el citado ERE seguía en ejecución, la empresa inició los trámites de un despido colectivo con el objeto de extinguir los contratos de veintiocho trabajadores por causas económicas, organizativas y de producción. Tras finalizar el periodo de consultas sin acuerdo, la empresa comunicó la decisión final de despedir.

El primer motivo del recurso, dedicado al examen del derecho aplicado, se centra en el estudio de los artículos 1.278 y siguientes del Código Civil y en el examen del principio «pacta sut servanda» y en la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus».

Pacta sunt servanda es una locución latina, que se traduce como «lo pactado obliga», que expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado.1 Constituye un principio básico del derecho civil (específicamente relacionado con los contratos) y del derecho internacional. «El contrato es ley entre las partes».

Rebus sic stantibus es una expresión latina, que puede traducirse como «estando así las cosas», que hace referencia a un principio de Derecho, en virtud del cual, se entiende que las estipulaciones establecidas en los contratos lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, esto es, que cualquier alteración sustancial de las mismas puede dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.

(VEMOS QUE PARA ESTUDIAR UNA SENTENCIA HAY QUE SABER LATÍN)

Sostiene el recurso que, como en el ERE suspensivo no se pactó la prohibición de despedir, ni esa cláusula estaba implícita en él, es de aplicar la cláusula «rebus sic stantibus» que autoriza a aplicar jurisprudencia que cita cuando después de pactarse un acuerdo se produce un cambio sustancial en las circunstancias, cual ocurrió en el presente caso en el que, inicialmente, se pensó que la crisis económica tenía causas coyunturales, mientras que después se ha comprobado que se trataba de causas estructurales, razón por la que el ERE suspensivo no podía ser obstáculo para la validez del despido colectivo.

La doctrina de la Sala sobre la materia la resume la sentencia de 12-3-2013 que dice:

«Respecto a la aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus» en el ordenamiento jurídico laboral ha tenido ocasión de pronunciarse esta Sala, entre otras, en la sentencia de 26-4-2007, en la que ha razonado lo siguiente:

«Indiquemos que es cuestión muy controvertida la relativa a la incidencia de la modificación sobrevenida de las circunstancias en el ámbito del Derecho del Trabajo; y más singularmente sobre las obligaciones pactadas en Convenio Colectivo. En la doctrina civil, existen al respecto diversas teorías [de la cláusula «rebus sic stantibus»; de la imprevisión; de la excesiva onerosidad de la prestación; o la de la desaparición de la base del negocio], conforme a las cuales – citamos ya doctrina del Orden social- se posibilitaría la extinción o modificación de la relación obligatoria si se alteraran de modo trascendente e imprevisible las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes como necesarias para su desarrollo o para alcanzar el fin por ellas perseguido (SSTS 04-071994 y 14-01-1997; con cita de los precedentes de 12-06-1984, 30-01-1985 y 30-09- 1985).

Pero debemos señalar que la propia jurisprudencia civil ha sido marcadamente restrictiva en la aplicación de tal doctrina, desde que la STS 14-12-1940 -primera en abordar frontalmente el tema- hubiese destacado la excepcionalidad de la medida [«tan equitativa como necesitada de aplicación muy cautelosa»] y con mayor motivo desde que la STS 17-05-1957 fijase sus rigurosos requisitos: (¿SON SENTENCIAS DE LA ÉPOCA DE LA DICTADURA O ES UN ERRATA?)

a) alteración extraordinaria de las circunstancias

b) desproporción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes contratantes, cuyo equilibrio se ve aniquilado

c) sobrevenir circunstancias radicalmente imprevisibles.

Exigencias de las que siempre se hizo eco la jurisprudencia social, limitando la posible excepción al principio «pacta sunt servanda» a supuestos extraordinarios en que por virtud de acontecimientos posteriores e imprevistos resulte extremadamente oneroso para una de las partes mantener el contrato en su inicial contexto (en este sentido, SSTS 11-03-1998 y 16-04-1999).»

La aplicación de la anterior doctrina al caso examinado obliga a desestimar el motivo examinado porque, dado el pacto colectivo existente sobre el ERE suspensivo, la recurrente no podía unilateralmente desconocer los acuerdos a los que había llegado hacía menos de un año, sino que venía obligada a negociar su modificación mientras se mantuviesen vigentes. Además, su situación económica, como se verá, no experimentó un cambio radical a peor como ella dice, lo que impide, igualmente, la revisión del acuerdo suspensivo por aplicación de la cláusula «rebus sic stantibus», sin que se deba olvidar su falta de previsión porque en julio de 2011 la gravedad de la crisis económica y su carácter estructural y sistémico era notoria, había sido diagnosticada por importantes economistas e, incluso, esta Sala se había hecho eco de ella en varias sentencias, como la de 20 de septiembre de 2010 (R.O. 190/2009).

El recurso alega la infracción de los artículos 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, al entender que fue correcta la suspensión de contratos acordada en Julio de 2011 y que, también, se ajustaron a derecho los despidos colectivos acordados en mayo de 2012, cuando la crisis económica dejó de ser transitoria y coyuntural.

Las alegaciones de la recurrente sobre la existencia de causas económicas no se pueden estimar por las razones expuestas y porque la realidad de las mismas no se ha probado, como argumenta la sentencia recurrida, la cifra de negocio aumentó en 2011 en relación a 2010 y si la cartera de obra, como apunta el Ministerio Fiscal era de 5.400.000 euros a fin de mayo de 2012, es lógico pensar que a final de año se aproximaría a la del año anterior, con aumento, también de la cifra de negocio. El problema es que la empresa no ha pedido la revisión de los hechos declarados probados al respecto y que, además, usa datos de un informe de auditoría de fecha posterior a los despidos colectivos.

Ante la disparidad existente, debe prevalecer el criterio de la sentencia de instancia, máxime cuando la recurrente no ha impugnado la afirmación relativa (final ordinal sexto) a que sus empleados realizaron en los primeros meses de 2012 las horas extras, dato indicativo de que en ese año no andaba sobrada de personal, seguramente por las suspensiones contractuales acordadas el año anterior, lo que es relevante porque si parte de la plantilla tiene el contrato suspendido no es preciso reducirla, si los que permanecen activos tiene que realizar horas extras.

Sobre la existencia de causas productivas y organizativas cabe reproducir las razones dadas antes sobre el carácter vinculante del acuerdo suspensivo y la falta de prueba de las mismas. Resulta curioso que el recurso hable de la reducción de la producción de la Planta de Aglomerado en un tercio y de la falta de producción de la Cantera de Trambasaguas y de la Planta de Sim (Portodemouros), cuando de estos centros de trabajo no se habla en la declaración de hechos probados y el recurso no ha pedido la revisión al respecto de la declaración fáctica. Igual ocurre con las supuestas causas organizativas, cuya existencia deduce la recurrente de la necesidad, no probada, de reestructurar las plantillas.

FALLO

Se desestima el recurso de casación interpuesto por Arias Hermanos Construcciones S.A., contra la sentencia dictada por el TSJ de Galicia, de 29-10-2012, en actuaciones seguidas en virtud de demanda a instancia de CC.OO., Comité de Empresa de Arias Construcciones S.A., CIG contra Arias Hermanos Construcciones S.A., FOGASA.

Se confirma la sentencia recurrida.

Se decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir al que se dará el destino legal.

Sin costas.

VER SENTENCIA ->

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS180320143.pdf

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES –>

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html

LOS DESPIDOS SEGUIRÁN SIN TRIBUTAR EN EL PAÍS VASCO Y NAVARRA POR SU RÉGIMEN FORAL

El mínimo exento son 180.000 euros

La intención del Gobierno de gravar fiscalmente –a partir de unas determinadas cantidades– la indemnización de los despidos ha levantado un auténtico guirigay jurídico. Pero en ningún caso en todo el territorio nacional.

En el País Vasco y Navarra, gracias sus respectivos sistemas forales, no se aplicará la polémica medida. Al menos en 2014. Y es muy probable que tampoco en el resto en el futuro, habida cuenta de que el propio Gobierno central ha abierto la vía de la negociación con empresarios y sindicatos.

De aprobarse la norma estatal, en todo caso, las diferencias con la legislación foral serían algo más que evidentes. El IRPF actualmente vigente en el País Vasco fija un tope exento de tributación de 180.000 euros en caso de despido de un trabajador. El argumento que dio en su día el legislador fue contundente: “por razones de justicia social y de reparto de la carga tributaria”. La única limitación que pone la legislación foral es que no se trate de extinciones “de mutuo acuerdo” en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

La norma deja bien claro que se asimilan a los despidos colectivos y despidos o ceses por causas objetivas “los planes estratégicos de recursos humanos de las Administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores”. Es decir, que el mínimo exento se aplica a todos los trabajadores independientemente de la naturaleza de su empleador.

Esta misma norma se aplica en la Ley del IRPF de Navarra, en la que además se matiza que esos 180.000 euros exentos pueden pagarse en metálico o en especie. En este caso, se precisa que la indemnización por despido puede entregarse total o parcialmente mediante elementos patrimoniales procedentes de la entidad en la que trabajador despedido prestaba sus servicios.

¿Qué pasará en el resto del Estado?

Pues con la nueva norma, un trabajador que perciba una indemnización de sólo 20.000 euros tendrá que pagar impuestos. Más altos a medida que se incrementa la cuantía recibida. El problema, como sostiene el socio de un importante despacho laboralista, es que el “disparate” jurídico que ha presentado el Gobierno –debido a que va a alimentar la conflictividad en las empresas– plantea todo tipo de dudas legales. Y lo que es todavía peor, algunos empresarios estarían ya ejecutando la norma (aplicando retenciones) sin que esté en vigor.

La primera gran duda se refiere a la entrada en vigor de la norma. El anteproyecto de ley establece que el nuevo tratamiento fiscal se aplicará desde el 20 de junio de este año, pero el texto, como no puede ser de otra forma, no tiene fuerza legal al no haber sido publicado en el BOE, y ni siquiera aclara qué hacer durante el periodo transitorio. Hasta el punto de que si un trabajador fuera hoy despedido, su empresario no podría hacerle retención a cuenta alguna, pero, paradójicamente, el trabajador debería pagar impuestos al año siguiente sin que, como dice la norma, se le hubiera retenido previamente cantidad alguna.

Rentas irregulares

No sólo es un problema de cantidades en las indemnizaciones. También en el tratamiento de las rentas irregulares (como es el pago de una indemnización generada en varios ejercicios), toda vez que el Gobierno ha planteado reducir la exención del 40% actualmente vigente al 30%.

La casuística es variada. E incluso, como sostiene Toni Ferrer, número dos de UGT, se puede dar la circunstancia que dos trabajadores despedidos por las mismas circunstancias en una misma empresa tengan un tratamiento fiscal diferente si la ejecución de un ERE (la salida de la sociedad) se produce en fechas distintas, uno antes de entrar en vigor la norma y otro después.

Algunos abogados laboralistas recuerdan, incluso, que la norma no aclara si la fecha que vale es la del inicio del despido colectivo o la comunicación formal de la extinción, haya o no haya acuerdo con los trabajadores. Y en este sentido se resalta que el mismo viernes en que se aprobó el anteproyecto de ley se estaban formando en algunos despachos de abogados (por ejemplo el caso de Nutrexpa) ERE de extinción de contratos que estarían en el limbo jurídico.

Como estarían, por ejemplo, los expedientes de regulación empleo en los que una parte de la plantilla todavía no ha salido de la empresa. Algo que sucede, por ejemplo, en el caso de Bankia, donde 300 empleados afectados aún continúan en la entidad financiera. Si bien en este caso parece claro que la fecha que vale es la de la firma del ERE, anterior a la reforma.

LA JUNTA DE ANDALUCÍA TRAMITA CASI 6.000 EXPEDIENTES DE CONCILIACIONES LABORALES EN 2013 EN CÓRDOBA

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía tramitó casi 6.000 expedientes de conciliaciones laborales individuales en 2013 en Córdoba, según se desprende de los datos recogidos en la recién publicada Estadística de Conciliaciones Individuales, correspondiente al pasado año e incluida en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017.

Según ha informado la Junta, dicha estadística incluye, tanto los expedientes presentados en el Centro de Mediación Arbitraje y Conciliación (Cemac) de Córdoba, como en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla).

En concreto, durante el pasado año se actuó en 5.938 conciliaciones individuales, un 14 por ciento más que las que se presentaron en 2009. Dato que contrasta con la estadística a nivel andaluz, que refleja una bajada en estos años de crisis del 11 por ciento en el ámbito de los conflictos personales, en contraposición con los colectivos. El 55 por ciento de estas acciones se han centrado en desavenencias entre empresa y trabajador por cantidades económicas y el 39 por ciento por despido.

Del total de expedientes, tan solo el 14 por ciento (838) finalizaron con avenencia, el 43 por ciento (2.530) acabaron sin acuerdo o intentadas sin efecto y el resto o no se presentaron algunas de las partes o fueron desistidas. En este sentido, el delegado de Economía también ha informado que, si bien los conflictos individuales que han finalizado con avenencia han aumentado desde 2009 a 2013 un 66 por ciento, también lo han hecho los que han finalizado sin acuerdo entre empresa y trabajador, un 82 por ciento.

READMISIÓN DESPEDIDOS PSA CITROEN VIGO. SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS EN HUELGA DE HAMBRE. Unidadylucha.es

Desde el día 1 del presente mes, dos trabajadores de la fábrica de Citröen en Vigo, dieron comienzo a una huelga de hambre indefinida hasta que se readmita a los dos compañeros despedidos el martes 24 de una manera totalmente arbitraria e injustificada. La dirección del centro de trabajo acaba de cometer otro nuevo atropello contra los intereses de la clase obrera más consecuente.

Esta clase obrera que no se deja intimidar ante las incesantes embestidas llevadas a cabo por el patrón, en un nuevo intento de sometimiento a toda aquella gente que vestimos la funda cada día con orgullo de pertenecer a la clase obrera. Somos nosotros los que movemos los engranajes de la fábrica. ES por eso que pedimos vuestra solidaridad con estos compañeros despedidos y con los que decidieron secundar esta huelga de hambre indefinida.

Paco y David readmisión!!

EN CADA CENTRO DE TRABAJO, EN CADA BARRIO: SOLIDARIDAD CON LA LUCHA MINERA!

Extraido de unidadylucha.es

Los compañeros de MINERPLAN han decidido defender con uñas y dientes sus puestos de trabajo, abocados a la desaparición por el expediente extintivo de la MINERPLAN que condena al despido a 128 trabajadores.

Los piquetes mineros salen a la calle una vez más con determinación para defender sus empleos y derechos, para exigir el pago inmediato de los salarios adeudados y su incorporación inmediata a la HVL como trabajadores que son de la misma tal como les reconoce el Plan del Carbón.

Es preciso levantar en todas partes un Frente de solidaridad obrera con los compañeros que la dictadura del Capital, representada por el Ministerio de Industria, la empresa Minerplan, La Hullera Vasco Leonesa y los monopolios eléctricos, condena a la miseria junto con sus familias para asegurar el enriquecimiento de unos pocos.

Llamamos a las organizaciones obreras, a los comités de empresa y secciones sindicales, al conjunto del pueblo trabajador a hacer suya la consigna de los mineros:

TRABAJADORES DE MINERPLAN= EXCEDENTES         ¡¡¡¡INCORPORACIÓN HVL YA!!!!!

LOS SINDICATOS CONVOCAN MOVILIZACIONES A FAVOR DEL DERECHO DE HUELGA

CCOO y UGT llaman a los ciudadanos a respaldar el 9 de julio las protestas bajo el lema «No nos van a callar»

Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) llaman a la participación en las movilizaciones convocadas en todo el país para el miércoles 9 de julio dentro de la campaña ‘No nos van a callar’, que han puesto en marcha los sindicatos en respuesta a la ofensiva penal contra el derecho a huelga y la libertad sindical.

Para los sindicatos, se está aplicando una restricción desproporcionada del ejercicio del derecho de huelga, que durante más de treinta y cinco años se ha venido ejerciendo de manera democrática y constitucional por parte de los trabajadores de este país y que se ha caracterizado en todo momento por la ausencia de violencia. Casi 300 sindicalistas están sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de ocho años de cárcel, tan solo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga.

Según denuncian UGT y CCOO, “se ha creado una dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse y de presentar la imagen del derecho a huelga como si fuese una práctica delictiva”. Por ello, ambas organizaciones se han dirigido al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía con el objetivo de que se cambie el Código Penal y reponer de esta manera los derechos fundamentales que se están socavando.

LOS SOCORRISTAS DE CÁDIZ COMIENZAN LOS PAROS PARCIALES INDEFINIDOS

El comité y AO denuncian el «boicot» del Ayuntamiento para la ejecución de los servicios mínimos

Los trabajadores del servicio de socorrismo y salvamento de las playas de Cádiz cumplieron en la tarde del sábado su primer día de huelga parcial indefinida para protestar, entre otros motivos, por las condiciones laborales del colectivo o las negligencias de seguridad que han venido señalando desde la llegada de la nueva empresa adjudicataria Medios Acuáticos S.L.

A las 17 horas, los empleados que no se encontraban dentro de los servicios mínimos -de un 75% en el socorrismo y el salvamento y el 80% en el personal sanitario- se concentraron en el módulo central de la playa de la Victoria, desde donde se fueron desplazando por la arena para entregar a los bañistas cuartillas informativas de su situación.

La huelga comenzó con denuncias de «boicot» del Ayuntamiento para el cumplimiento de los servicios mínimos, tal como señaló el representante de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento, Manuel Bienvenido. Por su parte, el presidente del comité de empresa, Francisco González Oslé, explicó sobre esto que «a la empresa les hicimos llegar nuestra propuesta y nos dijeron que ellos no tenían, dándonos por correo la del Ayuntamiento sin irma ni sello». Por ello, y ante la falta de respuesta, aseguró que «los coordinadores, a través del canal de emergencias, han ido avisando quién podía hacer huelga y quién no». Un hecho que afirmó que van a denunciar.

O 100% DO PERSOAL DE CELSA ATLANTIC SECUNDA A XORNADA DE FOLGA CONTRA O PLAN DE DESPEDIMIENTO DE 56 TRABALLADORES/AS tomado de galizagig.com

Reclaman a implicación real das administracións, nomeadamente da Xunta de Galiza, en defensa do emprego e do futuro industrial da comarca

O 100% do persoal de Celsa Atlantic secundou a xornada de folga de 24 horas convocada contra o expediente de despedimento de 56 traballadores/as, dun total de 152, e contra as pretensións da empresa de rebaixar as condicións laborais e salariais. A actividade paralizouse e só permaneceron nos seus postos de traballo os servizos mínimos. Antonio Rodríguez, presidente do comité de empresa, reiterou ademais a demanda de que haxa unha implicación real da Xunta de Galiza. “Din que están moi preocupados pola actual situación, pero iso é insuficiente, o que teñen é que actuar, porque até o de agora non o fixeron”.

A xornada de folga deu comezo ás seis da mañá deste venres e continuará até as seis da mañá do sábado. Coincidindo coa folga, o persoal de Celsa Atlantic concentrouse a mediodía diante da Delegación do Goberno, onde se fixo entrega dun escrito no rexistro en demanda de que se paralice o Plan da empresa e se impidan os 56 despedimentos directos. Un Plan que, advirten, repercutirá negativamente nos cadros de persoal que viven da actividade que xera Celsa Atlantic (transporte, Porto da Coruña…) porque “suporá o empobrecemento do tecido industrial da comarca, máis paro e máis emigración”.

O persoal de Celsa Atlantic, que xa conseguira o apoio do concello de Carballo, conseguiu hoxe tamén o apoio do concello de Laracha que aprobou a moción íntegra presentada polo Comité de Empresa e as centrais sindicais CIG e CCOO.

Este despedimento masivo que se pretende aplicar na fábrica prodúcese despois de que nos últimos anos o cadro de persoal se vira xa reducido en 50 persoas, se aplicaran tres suspensións temporais de emprego, se conxelaran os salarios e de que se impuxera unha mobilidade de até 4 cambios de calendario no ano.

Denuncian a “pésima e lamentábel” xestión empresarial e as incapacidades da empresa por estar en operacións financeiras millonarias. “Fainos vítimas a todo o cadro de persoal de Celsa Atlantic, pero por extensión a toda a comarca, nomeadamente aos concellos de Laracha e Carballo”.

A isto engaden que malia esta situación, a fábrica é rendíbel, produtiva e competitiva, como demostran as porcentaxes de produción dos últimos anos. Nomeadamente os primeiros meses de 2014, período no que se fabricaron 20.000 toneladas máis que as previstas.

Por iso exixen da empresa, mais tamén da Xunta de Galiza a retirada dos despedimentos, un plano industrial de emprego, con investimentos nunha aposta clara por acabar co ciclo produtivo e facer na fábrica de Laracha unha aceiría. Isto alén de actuacións firmes e contundentes na defensa do emprego e do futuro industrial da comarca.

EMPLEADOS DE LA ALCOYANA DICEN QUE LA “PELEA” ENTRE AYTO ALACANT Y GENERALITAT IMPIDE QUE AVANCE LA NEGOCIACIÓN

Los empleados de La Alcoyana, empresa adjudicataria del Transporte Alicante Metropolitano (TAM), han achacado a una «pelea interna» entre la Conselleria de Infraestructuras y el Ayuntamiento de Alicante la situación de parálisis en la que se encuentran las negociaciones con estas instituciones para la reestructuración del sistema de servicio público de autobuses.

Por tercera semana consecutiva, los trabajadores han vuelto a realizar un paro parcial en el servicio entre las 13.30 y las 15.30 horas, y el portavoz del comité de empresa, Gil Grimaldos, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que tienen la impresión de que «hay una pelea interna entre administraciones, que se pasan la pelota».

Grimaldos ha señalado que «como los autobuses de La Alcoyana llevan el escudo de la Generalitat, pues el Ayuntamiento parece que está cómodo diciendo que la responsabilidad de este servicio es única y exclusivamente de la Conselleria, y eso no es verdad».

El representante de los trabajadores de La Alcoyana ha recordado que han mantenido contacto con la Conselleria, que les dijo que «ellos ya no podían hacer más de lo que hacen porque entra en las competencias del Ayuntamiento».

Según Grimaldos, el consistorio alicantino «no quiere sentarse con nosotros porque sabe que no tiene los argumentos para convencernos de lo que ellos quieren, que es el sometimiento. Y por ahí no vamos a pasar», ha reiterado. «Las veces que nos hemos reunido con ellos ya les hemos dicho que por ahí no íbamos, y que cuando nos llamasen fuese con argumentos sólidos y no con palabrería. Ni palabrería ni paciencia, no tenemos tiempo para nada», ha aseverado.

Ha puesto como ejemplo la modificación en el trazado que se va a realizar en la línea 21 «para mejorar la velocidad comercial» y así reducir las frecuencias de paso, y ha apuntado que «en las líneas 22, 25 y 27 esta medida no la puede tomar Conselleria porque son única y exclusivamente del Ayuntamiento de Alicante».

«Nosotros lo que decimos es que optimicemos los recursos que tenemos en la actualidad, como vamos a hacer en la línea 21», ha apuntado Grimaldos. «Decimos que hay que ir por vías que sean más rápidas y que prácticamente al usuario no le perjudica para nada», ha insistido. «Si por cuestión de dinero no se puede incrementar el servicio, al menos ir por vías más rápidas para que la frecuencia de paso sea menor», ha indicado.

«Quién puede entender que ahora mismo en la playa de Urbanova, con el incremento de densidad demográfica que ha tenido en estas fechas, siga el mismo servicio ridículo e insultante que tenía en invierno» se ha preguntado Grimaldos, que ha desvelado que hay momentos del día en los que las esperas son de hasta tres horas en esa zona, mientras que en otras líneas de playa, la frecuencia de paso es de treinta minutos.

TERCER VIERNES DE MOVILIZACIONES

Los trabajadores de La Alcoyana han convocado, por tercera semana consecutiva, un paro parcial de dos horas, entre las 13.30 y las 15.30, como medida de protesta contra la situación del sistema público de autobuses. La finalidad, según Gil Grimaldos, es «trasladar a las administraciones que el problema está aquí y que, si no lo hacemos así, nadie sabría que tenemos un problema muy gordo».

«Es una barbaridad lo que está pasando este verano. Este es el ejemplo de lo que estos gestores son capaces», ha manifestado. El portavoz del comité ha recalcado que el paro parcial sirve para que «por lo menos que la opinión pública sepa que los conductores no somos cómplices de esa barbaridad a la que le está sometiendo el Ayuntamiento de Alicante».

«VERGÜENZA COMO CONDUCTOR»

A su vez, ha admitido que siente «vergüenza como conductor» ante las esperas de media hora de algunos autobuses en algunas paradas. «Que haya líneas de playa, con la demanda que tienen, que estén dando un servicio de más de media hora de frecuencia de paso es algo que, si no hiciésemos estos paros, solo lo sabría quien lo sufre», ha comentado.

Grimaldos ha señalado que «sería ridículo» llegar a tener que hacer realidad la huelga convocada en octubre, para la semana del 4 al 11 durante la celebración de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela Volvo Ocean’s Race, pero que sería «responsabilidad» de las instituciones.

LOS SINDICATOS DE LA HOSTELERÍA EN MÁLAGA PLANEAN MOVILIZACIONES

Unos 400 delegados sindicales se han reunido en la capital para aprobar las primeras medidas de protesta que afectarían a los 70.000 trabajadores de hoteles y restaurantes del conjunto de la provincia.

Los representantes malagueños no descartan adherirse a las protestas ya planteadas en otras capitales donde también permanecen bloqueadas las negociaciones, como es el caso de Huelga, Granada y Jaén, y, de esta forma, plantear acciones conjuntas. En este caso, los paros afectarían al conjunto de los trabajadores de la hostelería de la comunidad, que son en torno a 130.000.

Fue el pasado miércoles cuando se reunieron por última vez los representantes de los empresarios y los trabajadores. Concluyeron, tras meses de encuentros, una reunión más sin acuerdo y, en esta ocasión, además, sin nueva cita en el calendario.

El principal escollo se encuentra en la subida salarial y en la extensión de la jornada laboral. Los sindicatos se oponen a una distribución irregular de la jornada que solicita la patronal. Los empresarios quieren que el 10% de la jornada laboral sea flexible en verano. Esto, en opinión de los representantes de los trabajadores supone disminuir los descansos.

Asimismo, los sindicatos solicitan un incremento de los salarios de un 4,5% en los próximos tres años. La patronal no sube del 2,5%.

De entrada, los sindicatos tienen previsto concentrarse ante la sede de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol el próximo 17 de julio y hacerlo una semana después, el día 24, frente a las puertas de la Confederación de Empresarios.

TRABAJADORES DE ARTIACH SE CONCENTRAN PARA EXIGIR UN CONVENIO JUSTO, TRAS DOS AÑOS Y MEDIO CON SALARIOS CONGELADOS

Bilbao (Europa Press)

Trabajadores de Galletas Artiach, empresa propiedad de Nutrexpa ubicada en Orozko (Bizkaia), se han concentrado en Bilbao para exigir un convenio «justo» que «actualice» su poder adquisitivo y el salario, que lleva congelado dos años y medio.

En el marco de la concentración, los trabajadores han repartido galletas entre los transeúntes que pasaban por la Plaza Circular de Bilbao, con el objetivo de denunciar su situación y que Nutrexpa no ha querido negociar «sobre nuestras necesidades reales».

El delegado sindical de UGT en el Comité de Empresa, Jorge Alberto García, ha recordado que el convenio se denunció en 2011, «época en la que Artiach pertenecía al Grupo Panrico». La empresa fue vendida a Nutrexpa, que retomó la negociación, «después de un proceso de venta en el que se nos suspendió nuestra actualización salarial».

Nutrexpa planteó a los trabajadores de Galletas Artiach «una sustancial en las condiciones de trabajo, que pasaba por una reducción de las tablas salariales de un 26,12% y algunos despidos, lo que provocó una alarma en la plantilla y fue el comienzo de una serie de movilizaciones», ha recordado García.

Tras retomar nuevamente el proceso negociador, los trabajadores presentaron «una plataforma adecuada a los tiempos que vivimos y al entorno en el que estamos, Euskadi, en concreto Bizkaia». Sin embargo, García ha criticado que las peticiones de los trabajadores «han sido sistemáticamente anuladas en el diálogo mantenido con la empresa y hemos llegado a un punto en el que las negociaciones se han roto, debido a los paros que hemos estado realizando en la planta para presionar para conseguir nuestras reivindicaciones».

En estos momentos, ha explicado el representante de UGT, «nos encontramos con una mesa rota, aunque esperamos que con esta serie de protestas logremos que la empresa se siente a negociar con nosotros».

García ha indicado que la empresa pide a los trabajadores «flexibilidad laboral, un punto que nosotros también queremos regular porque somos conscientes de que, hoy en día, las empresas y el propio mercado pide que exista esa flexibilidad en el proceso productivo».

Otra de las exigencias de la compañía es una reducción de costes, que, según ha censurado García, «pasa por la reducción de salarios y no por mejoras efectivas en el proceso productivo».

Frente a las propuestas de la empresa, los trabajadores de Galletas Artiach, que emplea a 180 personas, piden que, «por lo menos, se nos actualice nuestro poder adquisitivo y nuestro salario, que lleva congelado desde 2012», ha explicado el delegado de UGT.

Los trabajadores han secundado un paro de ocho horas, con el objetivo de que la empresa recapacite», y han advertido de que, si no lo hace, estudiarán «otras medidas».

MIR DE CARLOS HAYA IRÁN LA HUELGA SI LOS OBLIGAN A HACER GUARDIAS EN URGENCIAS POR LA MAÑANA

Málaga

Los residentes rechazan que el hospital los utilice en verano para suplir en urgencias las vacaciones de los facultativos de plantilla

Las diferencias que mantienen los médicos internos residentes (MIR) con la dirección del Hospital Regional Carlos Haya son cada vez mayores.

Así, los residentes anunciaron que irán a la huelga, a partir del 11 de julio, si la dirección del hospital los obliga a hacer guardias en el área de policlínica de urgencias durante el verano, de lunes a viernes, de ocho de la mañana a tres de la tarde.

Los residentes consideran que forzarlos a llevar a cabo esas guardias supone una «modificación sustancial de las condiciones de trabajo» y un perjuicio para su formación.

Asimismo, denuncian que la dirección los quiere utilizar en urgencias para suplir a los médicos titulares del área de policlínica que cogen vacaciones durante julio, agosto y septiembre. En concreto, esa situación afecta en verano a los residentes de segundo año.

Una vez presentado el preaviso de huelga, el paro se haría efectivo de forma indefinida y parcial, a partir del 11 de julio, de 08.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes.

Ya tendrían que haber entrado de guardia cinco residentes en las urgencias de Carlos Haya. Como los MIR no presentaron, el hospital los llamó. Tras una negociación entre representantes de la dirección, de los sindicatos y de los residentes, uno de los subdirectores médicos de Carlos Haya, José Luis Doña, y el jefe del servicio de urgencia y críticos, Guillermo Quesada, firmaron un escrito en el que se decía que esos cinco médicos en formación, todos de segundo año, tenían que trabajar en policlínica.

Tras recibir la notificación, los residentes se incorporaron a las urgencias sobre las once y media de la mañana. Fuentes de los MIR dijeron que ese documento no es válido ni legal y aseguraron que recibieron amenazas telefónicas de dirigentes de Carlos Haya sobre la apertura de expedientes si no acudían a la guardia. También recalcaron que en la última comisión de docencia no se acordó lo que ahora dice el hospital.

El abogado de los residentes presentará una denuncia en el Juzgado de lo Social contra la decisión adoptada por Carlos Haya. En ese escrito se argumentará que ha habido «una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de forma injustificada y una vulneración de los derechos básicos de los trabajadores». «Bajo ningún concepto vamos a sustituir al personal de plantilla de 08.00 a 15.00 horas», afirman los residentes. Los MIR explican que no se niegan a hacer guardias, pero dejan claro que entrarán a las mismas a las tres de la tarde, de lunes a viernes.

Asimismo, denuncian que Carlos Haya ha disminuido a la mitad la plantilla de médicos de urgencias en policlínica. Así, se ha pasado de siete u ocho facultativos titulares en junio a tres o, a lo sumo, cuatro algunos días, en julio.

Los sindicatos Junta Sanitaria y UGT difundieron sendas notas en las que criticaban a la dirección de Carlos Haya y expresaban su apoyo a los residentes. Según Junta Sanitaria, «los directivos obligaron a los residentes a incorporarse para suplir a los médicos de plantilla.

Los MIR se incorporaron por profesionalidad y porque los pacientes no tuviesen que sufrir las torpezas de los directivos». Por su parte, UGT dijo que la dirección de Carlos Haya «ha hecho caso omiso a un informe de la Inspección de Trabajo y ha incumplido el requisito previo de negociación con los representantes de los trabajadores.»

Fuentes oficiales de Carlos Haya indicaron que los médicos en formación de segundo año, tal y como se ha decidido en el seno de la comisión de docencia, en coordinación con la dirección asistencial, tienen fijados solo de siete a diez turnos en horario de mañana durante todo el verano.

EL COMITÉ CREE QUE EL ERE DE ATENTO BUSCA FACILITAR SU SALIDA EN BOLSA EN USA

El presidente del comité de empresa de los trabajadores de Atento en León, David Gago, afirmó que el ERE presentado para 823 empleados de la compañía en sus centros en España, 48 en el centro de León, es «una maniobra para favorecer la salida de Bolsa de la empresa en Estados Unidos este año».

Gago, que mantuvo un encuentro con representantes del PSOE de León, explicó en rueda de prensa que su sospecha es que Atento, empresa filial de Telefónica, busca hacer «más atractiva» la compra de acciones con una reducción en los costes laborales de la empresa.

El presidente del comité remarcó que la empresa ha aumentado en un 40 por ciento su volumen de llamadas e, incluso, los trabajadores, en ocasiones, se ven obligados a atender dos consultas «a la vez», por lo que considera que más que aplicar despidos, debería aumentar la plantilla.

Además, criticó que, después de presentar la propuesta de ERE a los trabajadores, Atento ha publicado ofertas de empleo en un portal de Internet y, por otro lado, mantiene externalizados servicios en el norte de África y Latinoamérica.

Esta medida afecta a al sector del telemárketing, que ya era «precario» de por sí, según David Gago, que 6.000 empleos en la provincia de León, es el sector que más emplea y se configura como un «sustento para detener la marcha de jóvenes». Ante esta situación, el presidente del comité avanzó que se negociará con el resto de los sindicatos del órgano de representación laboral un calendario de protestas y de huelgas.

15 PASTELEROS DE DURANGO INICIARÁN UNA HUELGA INDEFINIDA POR DESPIDO

Noticias EFE

Quince pasteleros de la empresa Arriandi SL de Durango iniciarán una huelga indefinida para reclamar el mantenimiento de sus puestos de trabajo, tras el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción presentado por la compañía para todos los contratos.

Según ha informado el sindicato LAB en una nota, el expediente ha sido iniciado después de que la empresa acordara en abril cerrar la sección de pastelería y efectuar «reubicaciones dudosas y preocupantes» de los pasteleros.

La compañía ha optado, además, por reducir el salario a los empleados de la sección de panadería entre un 6 y un 25 %.

Los trabajadores se quejan de que sufren «calendarios abusivos», en los que no se respeta la jornada máxima del convenio, ni los descansos fijados por ley.

LAB ha anunciado que apoyará a los trabajadores en su huelga indefinida para impedir la destrucción de empleo y denunciará «cualquier vulneración de derechos» de los empleados.

TRABAJADORES DE URBASER PROTESTAN POR LAS CALLES DE LUGO CONTRA LA “CONNIVENCIA” ENTRE EMPRESA Y AYUNTAMIENTO

Trabajadores de Urbaser, concesionaria de la limpieza de la capital lucense, se han manifestado por las calles de Lugo para rechazar la «connivencia» entre la dirección de la empresa y el equipo de gobierno local y reivindicar sus derechos sociales y económicos.

Tras veintiséis días de huelga de recogida de basura, los trabajadores han marchado de nuevo para exigir una subida salarial conforme a la actualización del IPC y la consolidación de una paga de 600 euros, peticiones sobre las que giraron las dos reuniones fallidas celebradas esta semana entre ambas partes.

El secretario provincial de UGT en Lugo, Ángel Tomé, denunció que el Ayuntamiento «no hace lo que debe hacer porque como prestador de un servicio debe obligar a la empresa a cumplir el contrato, pero le da prórrogas y ampliaciones de plazo».

«Existe una connivencia con el Concello, que incluso decretó servicios mínimos abusivos que llegaron en algún caso al cien por cien», ha advertido.

Por otra parte, el juzgado de lo social ha citado al Ayuntamiento a un acto de conciliación previo a juicio el próximo 4 de agosto para responder sobre la decisión de contratar a la empresa Tragsa.

TRABALLADORES/AS CHEGADOS DE TODA GALIZA PERCORREN AS RÚAS DE LUGO EN SOLIDARIEDADE COA LOITA DO PERSOAL DE URBASER extraido de galizacig.com

Centos de persoas chegadas de toda Galiza participaron na manifestación convocada en solidariedade cos traballadores e traballadoras de Urbaser de Lugo, para arroupalos/as na súa loita e reclamar a readmisión dos/as despedidos/as, a anulación das máis de 66 sancións impostas e a sinatura dun convenio digno. En representación da CIG Paulo Carril, secretario de Organización, expresou o apoio incondicional da central sindical, animou ao cadro de persoal a non dar “nin un paso atrás” e a resistir nas súas xustas reivindicacións.

Carril salientou o exemplo de “dignidade” dos traballadores e traballadoras de Urbaser, en folga desde hai xa 25 días, coa súa resposta á dureza “dunha patronal, dun goberno e unhas políticas neoliberais que nos queren destruír”.

Denunciou a reforma laboral na que se están a amparar “recoñecidos terroristas patronais” para aplicar drásticos recortes de dereitos sociais e laborais, que teñen graves consecuencias para as condicións de vida das e dos traballadores. Reforma na que se amparan tamén para “desmantelar os convenios colectivos logo de anos de loita obreira”.

Denunciou ademais que esa patronal  é “fiel reflexo da obscenidade deste sistema, da avaricia do capital por acumular riqueza e grandes fortunas a custo de empobrecer e precarizar as nosas condicións de vida”.

Lembrou quen son Florentino Pérez e Urbaser, e denunciou como os poderes públicos: concello de Lugo e Xunta de Galiza, están a actuar como “servís criados deses intereses” facéndolle o xogo “con Orozco á cabeza” ás actitudes “mafiosas, caciquís e á chulería e as mentiras de Urbaser”. Por iso chamou a non dar “nin un paso atrás” e advertiu de que “nos terán en contra, porque neste conflito, temos que continuar até conseguir vencer”.

A CIG de Lugo valorou moi positivamente a mobilización pola importante participación nesta mobilización, a solidariedade manifestada polas persoas chegadas de toda Galiza para dar o seu apoio e polo respaldo de diferentes colectivos e organizacións políticas á loita das traballadoras e traballadores de Urbaser de Lugo.

Neste sentido, un dos representantes dos traballadores/as de Urbaser fixo especial mención ao papel xogado polo BNG desde o primeiro día de folga e en concreto á concelleira nacionalista Paz Abraira, á que agradeceu ademais ter defendido a moción presentada no concello de Lugo.

A representante da CIG-Servizos, Carme Antas, salientou ademais que con esta mobilización “puidemos demostrar á cidadanía de Lugo, a Urbaser e ao alcalde, Xosé López Orrozco, o apoio e a unidade do cadro de persoal de Urbaser neste conflito que dura xa 25 anos e que por moito que pensen que por aguantar nos van facer desistir desta loita están absolutamente equivocados”.

Antas advertiu que con cada paso que dan intentando vulnerar os dereitos dos e das trabalaldoras “a unión é cada vez máis forte” e subliñou que este conflito non queda máis que resolvelo, “ben pola vía da negociación, coa readmisión dos traballadores, a  anulación das sancións e a sinatura dun convenio colectivo xusto, que non recorte dereitos e salarios do persoal de Urbaser” ou, do contrario, “ao concello de Lugo non lle vai quedar outra que rescatar a concesión e mandar a Urbaser de novo para Madrid porque seguramente xa non tiña que ter entrado nesta cidade”, afirmou.

Denunciou a política laboral que vén desenvolvendo Urbaser, “de atentar contra os dereitos dos traballadores” e lembrou os numerosos exemplos que se deron en moitas cidades do estado español e tamén da Galiza. Así salientou, como maior expoñente destes conflitos, a loita que levaron a cabo as traballadoras e traballadores de Alabada da Coruña.

Urbaser “minte”

A representante de CIG-Servizos desmentiu ademais o comunicado pagado por Urbaser e que foi publicado, coincidindo coa mobilización, nos xornais El Progreso e  La Voz de Galicia. “Menten cando din que o cadro de persoal amosou rebeldía desde o primeiro día por negarse a cumprir os servizos mínimos, xa que no primeiro día de folga o propio comité de folga ofreceuse a cubrir todos os servizos esenciais da cidadae”.

Xunto a isto Antas asegurou que non foi Urbaser que non o permitiu e que, pasados os días, á propia cidade de Lugo non lle quedou máis remedio que contratar a Tragsa. Ademais explicou que “cando fomos coñecedores de que había puntos de risco sanitario na cidade novamente, e por escrito, reiteramos eses ofrecemento, Urbaser pensou que contratando a Tragsa ía resolver a situación da cidade pero foi o contrario. Urbaser no conta con medios e cada vez ía a peor a situación da cidade que só comezou a mellorar cando por fin aceptaron que fora persoal de Urbaser quen recollera neses puntos o lixo”.

Informe da Inspección

Con todo, o persoal de Urbaser agarda ter, entre o luns e o martes, o informe da Inspección de Traballo para que se constate a vulneración do dereito de folga. Carme Antes lembra que a semana pasada con medios materiais de Lugo e con medios humanos trasladados desde Cádiz e Barcelona, e esta semana desde Madrid, “están substituíndo aos folguistas”.

Por iso anunciou que “no momento que teñamos ese informe presentaremos denuncia diante do xulgado do penal contra a dirección de Urbaser e contra o alcalde de Lugo. Porque os medios materiais que Urbaser está utilizando para substituír aos traballadores en folga están sendo custodiados nunha finca municipal pola policía local, por tanto responsabilidade penal tamén para Orzoco”.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jgNGotmBHFY

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CC.OO. SE CONCENTRO EN LOS JUZGADOS PARA BUSCAR APOYO CONTRA EL PRESIDENTE DE COCA-COLA ESPAÑA

CC.OO. ha celebrado una concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla, con el fin de buscar apoyo en el proceso judicial abierto contra el presidente de Coca-Cola, Marcos De Quintos y el diario La Razón.

La organización sindical acusa a De Quintos de haber «insultado e injuriado a los trabajadores» y a los dirigentes del sindicato «por defender sus puestos de trabajo y los del resto de la plantilla» durante el proceso del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondría el cierre de la embotelladora en Fuenlabrada.

Además, el sindicato ha denunciado al diario La Razón por la publicación de varios artículos en los que vertía «acusaciones falsas» sobre responsables de CC.OO. en Coca-Cola. Por su parte, el sindicato ha recalcado que continuará con su línea de acción, siempre dentro de la legalidad y en defensa de los trabajadores.

SIN ACUERDO ENTRE SINDICATOS Y EMPRESA SOBRE LA APLICACIÓN DEL ERE DE GEACAM

Noticias EFE

La dirección de la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y los sindicatos no han logrado alcanzar un acuerdo en la nueva reunión mantenida sobre cómo aplicar la sentencia del Tribunal Supremo que avala el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aprobado en 2012.

El presidente del Comité Intercentros de Geacam, Marco Antonio Zorzona, de UGT, ha explicado a Efe que la negociación se ha roto después de que la empresa no haya aceptado las dos condiciones «irrenunciables» establecidas por los sindicatos CC.OO. y SBIF.

Por su parte, UGT -con una opinión similar a SATIF- ha lamentado que no se haya logrado un acuerdo, ya que «todo lo que sea sin acuerdo va a ser bastante peor para los trabajadores», ha estimado.

El ERE aprobado en 2012 por Geacam recogía que los 1.830 trabajadores de la empresa pasaban de trabajar todo el año a 8 meses durante 2012 y nueve meses los tres años restantes hasta el 1 de enero de 2016, que se daría por finalizado este ERE.

Sin embargo, puesto que se recurrió este acuerdo y este recurso fue apoyado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), la empresa decidió no aplicarlo y ofreció la novación voluntaria de los contratos y pasar a ser fijos discontinuos, una medida a la que se acogieron 1.200 personas, que ya trabajaron nueve meses el año pasado, mientras que el resto de la plantilla siguió trabajando todo el año completo.

El representante de CC.OO. en Geacam, José Sánchez de los Silos, ha indicado a Efe que la primera de las dos condiciones expuestas a la empresa, que no ha aceptado, pasaba por que los trabajadores pudieran devolver a plazos las indemnizaciones que la empresa dio a quienes se sumaron a la novación de contrato y que ahora quieren pasar a ser indefinidos en 2016.

La segunda condición era que a los trabajadores que no quisieron novar voluntariamente sus contratos en 2013 no tuvieran ahora que estar más tiempo en paro que el resto de sus compañeros.

No obstante, pese a no alcanzar un acuerdo, De los Silos ha mostrado la disposición de CC.OO. a «seguir dialogando» con el fin de «alcanzar soluciones».

Sobre esto, el representante de UGT ha augurado que finalmente la empresa aplicará la sentencia de manera estricta, lo que implicará «peores condiciones para los trabajadores».

La reunión mantenida entre empresa y sindicatos es la tercera desde el pasado 16 de junio, cuando comenzaron las negociaciones sobre cómo aplicar la sentencia del Tribunal Supremo.

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