Boletín de Luchas Obreras (29-Enero-2014)
Boletín de Luchas Obreras. (29-Enero-2014)
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INDICE:
> EL FMI PIDE A ESPAÑA EQUIPARAR EL COSTE DEL DESPIDO PARA TEMPORALES E INDEFINIDOS
> PETROBRAS ES MULTADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO A HUELGA
> TRABAJADORES DEL PUERTO CHILENO DE SAN ANTONIO VUELVEN AL PARO
> CENTRALES OBRERAS DE PARAGUAY RATIFICAN HUELGA GENERAL PARA EL 26 DE MARZO
> LOS TRABAJADORES DEL SER MADRILEÑO CONVOCAN HUELGA PARA LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE FEBRERO
> TRABAJADORES DEL 112 PREVÉN ACCIONES CONJUNTAS EN TODA ANDALUCÍA Y JUNTO AL 061
> LOS TRABAJADORES DE SIPORAL Y SIPORAL LACADOS CONVOCAN HUELGA
> CC.OO. DENUNCIA EL ERE DE COCA COLA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
> TRABAJADORES DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, ORGANIZAN PROTESTAS Y BARAJAN LA HUELGA CONTRA LOS RECORTES QUE SUFREN
> DESALOJAN A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN ENCERRADOS CONTRA LOS RECORTES DE PLANTILLA
> EDUCACIÓN SE REUNIRÁ ESTA SEMANA CON LOS MONITORES ESCOLARES VASCOS EN HUELGA
> EL SANTANDER REDUCIRÁ PLANTILLA EN UNOS 1.500 EMPLEADOS ESTE AÑO, SEGÚN LOS SINDICATOS
> DENUNCIAN DESPIDOS DE CANDIDATOS EN ELECCIONES SINDICALES DE UNA CARPINTERÍA EN CAMBRE
> UGT PIDE LA RETIRADA DEL ERE EN GEACAM Y PLANTEA MEDIDAS VOLUNTARIAS
> CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE
> EL COMITÉ DE OFICINAS DE ASTURIAS DECIDE RECURRIR EL NUEVO ERE DE LIBERBANK
> LA JUSTICIA OBLIGA A LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA A READMITIR A 700 EMPLEADOS PÚBLICOS
> TRABAJADORES DE FUENTECAPALA RECLAMAN LOS PAGOS PENDIENTES
> EL COMITÉ DE SPRIL NORTE PEDIRÁ LA RETIRADA DEL AJUSTE EN SU EMPRESA
> LA HUELGA DE LIMASA LE CUESTA AL AYUNTAMIENTO 37.500 EUROS A CAUSA DE LA QUEMA DE 49 CONTENEDORES
> EL COMITÉ DE DRAKA CABLES CONVOCA UNA SEMANA DE HUELGA CONTRA LOS 30 DESPIDOS
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EL FMI PIDE A ESPAÑA EQUIPARAR EL COSTE DEL DESPIDO PARA TEMPORALES E INDEFINIDOS
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avisado de que el éxito de la reforma laboral en España dependerá de que los tribunales no hagan una «interpretación restrictiva» y ha recomendado al Gobierno de Mariano Rajoy que introduzca mejoras, en particular para armonizar la protección de contratos temporales (con un despido de 9 días por año trabajado) e indefinidos (hasta 45 días) y acabar con la prórroga automática de los convenios.
El FMI ha avisado además de que la caída de los salarios que se ha producido desde el año 2010 no ha sido suficiente para compensar la excesiva subida de los años anteriores, lo que según el estudio ha contribuido al aumento del paro.
«La reforma introducida en 2012 promete una mejora significativa en el funcionamiento del mercado laboral al reducir el dualismo, la rigidez salarial y la falta de flexibilidad interna de las empresas», asegura el FMI en un estudio sobre cómo reactivar el crecimiento y el empleo en Europa.
«El éxito de la reforma depende de su aplicación: la eficacia de reformas pasadas se vio menoscabada, en parte, por una interpretación restrictiva por parte de los tribunales», avisa el estudio.
«La reforma podría también reforzarse armonizando la protección de los contratos indefinidos y temporales y eliminando la indexación y la prórroga automática de los convenios colectivos expirados (ultraactividad)», recomienda el Fondo. En la actualidad la prórroga de los convenios se limita a un año.
En cuanto a las diferencias de protección, el informe del FMI resalta que el coste del despido injustificado en España oscila para los contratos indefinidos entre 33 y 45 días por año trabajado (con un máximo de 42 meses), frente a una media de 21 días por año trabajado (con un máximo de 24 meses) en la UE-15. En contraste, los costes de despido para los contratos temporales se limita a 9 días.
«Esta amplia brecha es responsable del uso de una gran proporción de trabajadores temporales como un mecanismo de seguro contra shocks adversos», apunta el Fondo.
Por lo que se refiere a los salarios, el estudio subraya que la compensación laboral nominal en España aumentó 6 puntos porcentuales y 4 puntos en 2008 y 2009, frente a la moderación salarial en el resto de la UE. «Los salarios se han moderado desde 2010 por los acuerdos entre los agentes sociales, pero la caída en la compensación laboral real desde 2010 no ha sido suficiente para contrarrestar el diferencial acumulado creado entre 2008-2009», dice el FMI.
En ausencia de progresos suficientemente rápidos para mejorar la reforma laboral, el informe apuesta por preparar «planes de contingencia, por ejemplo, avanzando hacia un sistema optativo para la negociación colectiva».
A juicio del FMI, la elevada tasa de paro en España -que según recuerda no sólo está entre las más altas de la OCDE sino también entre las más contracíclicas y volátiles- no se explica únicamente por el estallido de la burbuja inmobiliaria sino que «se debe en gran parte a la rigidez salarial, la insuficiente flexibilidad de las condiciones laborales y el alto dualismo del mercado laboral».
PETROBRAS ES MULTADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO A HUELGA
Un tribunal laboral en Rio de Janeiro impuso a la petrolera estatal Petrobras una multa de 10 millones de reales (4,1 millones de dólares) por la «violación al derecho a huelga» en una refinería en 2009.
El Tribunal Regional de Trabajo (TRT) informó en su sitio web que «condenó a Petrobras al pago de 10 millones de reales por daños morales y colectivos por la práctica de conductas antisindicales y violación al derecho a huelga».
El TRT juzgó una demanda de la fiscalía del trabajo por un llamado a huelga de cinco días en el 2009 en una refinería de la estatal en Duque Caxias, vecina a Rio de Janeiro, que no se pudo iniciar porque la empresa retuvo a los trabajadores del turno anterior para no paralizar las operaciones.
«Tal actitud de la demandada, además de dañar la dignidad del trabajador, que lo obligó a permanecer en sus establecimientos, frustrando el derecho a su libertad de tránsito, trabajando hasta estar exhaustos, sin lugares apropiados para el descanso, buscaba el fracaso del movimiento de paro», indicó la sentencia redactada por el juez Leonardo Dias Borges.
Esta asegura que «el empleador no puede impedir o utilizar medios que dificulten o impidan el derecho al ejercicio de tal derecho (huelga), garantizado constitucionalmente (…). No hay ningún alegato que pueda justificar la conducta de la demandada», añadió.
Consultada por la AFP, Petrobras indicó que «que tiene por política el respeto al derecho a la huelga y la asociación sindical de sus trabajadores» y anunció que apelará esta decisión.
El dinero será entregado al Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), que maneja el ministerio de Trabajo y que está destinado al pago por desempleo y otros programas de desarrollo económico.
TRABAJADORES DEL PUERTO CHILENO DE SAN ANTONIO VUELVEN AL PARO
Los trabajadores del puerto de San Antonio en Chile iniciaron un nuevo paro de actividades luego de acusar a las empresas administradoras de incumplir los acuerdos alcanzados el fin de semana y que pusieron fin a tres semanas de huelga.
Los sindicatos de las tres empresas concesionarias de los sitios del puerto de San Antonio adhirieron la víspera al reinicio del paro tras un día de desencuentros entre los dirigentes y los representantes de la empresa Puerto Central.
De acuerdo con el secretario del Frente de Trabajadores Portuarios (FTP), Raúl González, el paro se debe a incumplimientos del acuerdo tripartito que fue alcanzado el día 25 de enero entre los sindicatos, las empresas y el gobierno.
En concreto se trataría de la reincorporación sin sanciones de los trabajadores que estuvieron en la huelga, por lo que acusan a las empresas de tomar represalias por las tres semanas que duró el paro y que -según fuentes locales- produjo pérdidas por 200 millones de dólares al sumarse la mayor parte de los puertos de Chile.
González explicó que las empresas en San Antonio «quieren determinar quiénes, cuántos y cómo trabajan; y esa condición no estaba antes de esta movilización».
Los portuarios del resto de Chile tampoco descartan plegarse a esta movilización, por lo que, tanto la Unión Portuaria del Norte como del Biobío realizarán asambleas para decidir si se suman a este nuevo paro, mientras que en Valparaíso los sindicatos se tomaron las calles cercanas a los terminales.
Mientras, los empresarios exportadores ven con preocupación el nuevo paro en San Antonio y que podría extenderse al resto del país, dado el daño que efectuó a los envíos, sobre todo al sector frutícola.
Los trabajadores portuarios iniciaron a principios de enero una movilización en busca del pago retroactivo de la media hora de colación que lograron obtener en las protestas que efectuaran el año 2013, y que las empresas también desconocieran.
CENTRALES OBRERAS DE PARAGUAY RATIFICAN HUELGA GENERAL PARA EL 26 DE MARZO
Las centrales obreras de Paraguay ratificaron la realización de una huelga general para el próximo 26 de marzo en reclamo de un aumento salarial y reducción del precio del transporte urbano, informaron dirigentes gremiales.
De concretarse la huelga general, esta será la primera medida de fuerza que afrontará el gobierno del presidente Horacio Cartes, quien asumió al cargo el 15 de agosto del 2013 tras ganar las elecciones del 21 de abril de ese año.
Los trabajadores paraguayos reclaman un aumento del 25% para el salario mínimo legal actual de 1.658.200 guaraníes (360 dólares) y la reducción del boleto de autobús urbano a 2.000 guaraníes (0,4 dólares) en vez de los actuales 2.400 guaraníes (0,5 dólares).
«La huelga es irreversible mientras no tengamos respuestas claras, positivas y en especial el reajuste salarial», dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Aldo Snead, al término de una reunión con autoridades.
Los sindicalistas paraguayos, agrupados en seis gremios de trabajadores, expresaron su postura ante el encargado del ministerio del Trabajo, Guillermo Sosa.
Sosa dijo que el encuentro se realizó «no para evitar la huelga sino para encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad».
LOS TRABAJADORES DEL SER MADRILEÑO CONVOCAN HUELGA PARA LOS DÍAS 11,12 Y 13 DE FEBRRERO
Los trabajadores del SER del Ayuntamiento de Madrid están llamados a secundar una huelga de 24 horas los días 11, 12 y 13 de febrero en protesta por la no subrogación de parte de personal.
Los paros están convocados por los sindicatos CC.OO., UGT, USO y Sindicato Independiente de Transportes que convocan la huelga para exigir la subrogación de todo el personal que presta el servicio y en contra del «goteo» de despidos que están acometiendo, a su juicio, las empresas.
La representante de CCOO en el sector, Amaya Amibilia, ha explicado también que el día 10 de febrero se celebrará una Asamblea General de Trabajadores de cara a ratificar o no los paros convocados en las tres jornadas señaladas.
Según explicó recientemente la representante de UGT en el sector, Rosa Palomar, están llamados a secundar los paros cerca de 2.000 trabajadores.
La portavoz de UGT ha explicó que se ha optado por aprobar la convocatoria de huelga después de que los representantes de los trabajadores hayan tratado de negociar «sin éxito» con las empresas para que no hubiera salidas, recurriendo incluso a la mediación del Instituto Laboral.
Según detalló entonces, de las empresas que resultaron adjudicatarias en noviembre, una de ellas no ha subrogado a parte de la plantilla (14 empleados que, a su juicio, deberían haber sido contratados de nuevo) y se están produciendo «despidos a goteo» en el resto. En este sentido, Palomar ha comentado que al menos tienen constancia de 30 o 40 salidas.
Frente a ello, la portavoz de UGT afirmó que el convenio colectivo del sector recoge la subrogación de personal y que, además, el pliego de condiciones del nuevo concurso también incluye este requisito.
El concurso incorpora el servicio integral del SER e incluye otros aspectos como la gestión de señales viarias, semáforos o vallas del Ayuntamiento, según ha detallado.
No obstante, remarcó que pese a su determinación de ir a la huelga si no se garantiza el empleo y las condiciones laborales, los sindicatos siguen abiertos al diálogo. Aparte, la portavoz de UGT señaló que el Ayuntamiento «debería decir algo» sobre este conflicto dado que se «supone» que es el «garante» de las condiciones de subrogación.
TRABAJADORES DEL 112 PREVÉN ACCIONES CONJUNTAS EN TODA ANDALUCIA Y JUNTO AL 061
Los trabajadores del servicio de emergencias 112 de Sevilla prevén llevar a cabo actuaciones y movilizaciones a nivel andaluz junto al resto de centros, como el de Málaga –que atiende a Andalucía oriental– y a trabajadores de otros servicios de emergencias, como los del 061, con vistas a defender la calidad de su trabajo.
Fuentes sindicales han indicado que tras la movilización celebrada ante el Palacio de San Telmo, los trabajadores del servicio de emergencias 112 del centro de atención de Sevilla para exigir que la Administración actúe en el conflicto laboral que mantienen los trabajadores con la dirección de la empresa subcontratista, Mk Plan 21 los trabajadores se reunieron junto a compañeros del centro de Málaga, que atienda varias provincias orientales.
De esta forma, han acordado la celebración de actuaciones conjuntas a nivel de toda la Comunidad, que se deberán concretar en próximos días.
Asimismo, han precisado que esas movilizaciones regionales incluirán todas las emergencias, esto es, además del servicio 112 se incorporarán los trabajadores del servicio de emergencias sanitarias 061 y se harán movilizaciones conjuntas de ambos servicios, toda vez que «son todos trabajadores de servicios de atención telefónica, en manos de empresas de telemarketing».
Así, la idea es, además de apoyar la situación concreta de Sevilla, apoyar la situación de Andalucía. Consideran que la Junta «debería interesarse por la forma en que llevamos a cabo nuestro trabajo». «Nuestra idea es defender nuestro trabajo lo mejor posible»; han aseverado las fuentes sindicales.
LOS TRABAJADORES DE SIPORAL Y SIPORAL LACADOS CONVOCAN HUELGA
Los trabajadores de SIPROAL (Sistemas y Procesos del Aluminio S. A.) y SIPROAL LACADOS están convocados durante tres días, a dos horas de huelga para «denunciar su situación». Una convocatoria que se une a otra de concentración.
A través de un comunicado, UGT ha informado de que los trabajadores de ambas empresas, situadas en el Polígono El Sequero (Arrúbal), se concentrarán en la puerta del centro de trabajo «para exigir una solución definitiva al retraso continuado en el abono de salarios que vienen sufriendo».
La concentración coincidirá con las dos horas de huelga convocadas para los días 29, 30 y 31 de enero, «lo que conllevará la paralización total de la producción en ese tiempo».
En la actualidad, tal y como informa el sindicato, la empresa adeuda a todos los trabajadores (cuarenta en plantilla entre las dos empresas) las nóminas de noviembre, diciembre y la paga extra de Navidad.
«Pero lo más grave es que arrastran retrasos continuados en los pagos desde hace casi 2 años, una situación que se ha vuelto insoportable», ha señalado.
Ha explicado que la empresa «ha sido incapaz de aportar soluciones en este tiempo, a pesar de reiteradas denuncias en la Inspección de Trabajo, y la única alternativa ofrecida es continuar con estos retrasos sin ningún tipo de compromiso, y esperar a que la empresa resuelva sus problemas de liquidez».
Ante la «gravedad» de los hechos, MCA-UGT «exige una solución definitiva a este conflicto y ha convocado esta huelga y la concentración de protesta, sin descartar recrudecer las movilizaciones la próxima semana».
Además, MCA-UGT «exige de la Inspección de Trabajo mayor control sobre las empresas que realizan este tipo de prácticas, financiándose con el salario de los trabajadores, para que estas situaciones no se generalicen debido a la indefensión en la que se encuentran los afectados».
CC.OO. DENUNCIA EL ERE DE COCA COLA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO
Ha tenido lugar la primera reunión entre sindicatos y la dirección de Coca-Cola Iberian Partners para negociar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la empresa formalizó y que contempla el despido de 750 trabajadores, la recolocación de otros 500 y el cierre de las plantas embotelladoras de Fuenlabrada (Madrid), Colloto (Asturias), Alicante y palma de Mallorca, afectando a 1.250 empleados, un 30% de la plantilla.
Sin embargo, antes de ese encuentro, el sindicato CCOO había presentado una denuncia ante la Dirección General de Empleo y la Inspección de Trabajo para el ERE sea declarado nulo, ya que «no se ajusta a derecho», ha afirmado a Público Vicente Canet, representante de la Federación Agroalimentaria del sindicato.
A juicio de esta organización, la compañía resultante del proceso de integración de las siete embotelladoras españolas y la portuguesa, Coca-Cola Iberian Partners, «no consolida como un grupo laboral» según la documentación entregada por la propia empresa. Coca-Cola Iberian Partners puede ser un grupo mercantil, pero a efectos laborales no puede despedir a los trabajadores de las embotelladoras, ya que aún son empresas independientes y no hay «confusión de plantillas», afirma Canet.
Es decir, que «ahora mismo, un trabajador de una planta de Casbega (embotelladora que opera en el centro del país) no puede irse a trabajar a otra de Cobega (empresa que trabaja en Catalunya)», puntualiza.
«Hay unidad (entre las empresas embotelladoras de Coca-Cola) de planificación, económica, de dirección, de facturación, pero Iberian Parters de momento tiene no más de 10 empleados, por lo que no puede despedir a nadie», sentencia.
Fuentes del embotellador único ha asegurado a Público que este proceso de integración «se ha abordado desde la absoluta legalidad» y que «no hay dudas» de que consolida como grupo laboral. No obstante, la autoridad competente dirá si existe o no ilegalidad.
Exigen la retirada del ERE para negociar
Este encuentro entre sindicatos y dirección ha terminado sin acuerdo, como suele ocurrir en esto casos. Los representantes de los trabajadores siguen insistiendo en el «sin sentido» que supone este despido colectivo «sin justificación, sólo pensando en aumentar los beneficios de los socios constituyentes de Coca-Cola Iberian Partners», afirma UGT. Por esa razón tanto UGT como CCOO y USO han exigido que se retire el ERE «para continuar con el proceso de negociación», han dicho fuentes sindicales.
Desde UGT también anuncian que impugnarán el expediente «si la empresa no acredita su legitimidad para presentarlo», como ha hecho ya CCOO. «Si los despidos son consecuencia de esta reestructuración hay que dejar claro que todas las empresas por sí solas son viables. Facturan 3.000 millones de euros al año y han tenido 900 de beneficios», critica Canet.
Desde la empresa han aducido causas organizativas para el ajuste, nunca económicas. Se trata de eliminar duplicidades una vez que las siete empresas sean una sola. «Si la fusión conlleva duplicidades, queremos analizarlo y negociarlo. Si tienen que eliminarse puestos se puede hacer con prejubilaciones u otras fórmulas, pero no con cierres y despidos forzosos», añade el sindicalista.
De Fuenlabrada a la Puerta del Sol contra el cierre
El cierre de la planta de Fuenlabrada ha sido una de las mayores sorpresas de este proceso de reorganización que la multinacional estadounidense ha sugerido a los dueños de las concesionarias española.
Según los sindicatos, afecta a unos 800 trabajadores directo y a más de mil indirectos. No entienden que esta planta «modélica» en su organización y productividad vaya a desaparecer y sospechan que puede deberse a que son los trabajadores «más caros» para la empresa.
Para expresar su rechazo a la medida, los empleados están secundando el calendario de movilizaciones a nivel general, han convocado una huelga indefinida en todos los centros de trabajo de la zona centro (Casbega) y realizarán una marcha a pie desde la planta hasta la Puerta del Sol de Madrid, unos 20 kilómetros de distancia.
Como anunció CCOO, «habrá conflicto, y duro», pero la empresa tiene una sólida base jurídica a la que agarrarse tras la última reforma laboral.
TRABAJADORES DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, ORGANIZAN PROTESTAS Y BARAJAN LA HUELGA CONTRA LOS RECORTES QUE SUFREN
Los trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se encuentran en proceso de preparación y organización de protestas –entre las cuales se baraja como recurso a adoptar, en el caso de que no se produzcan resultados satisfactorios, la huelga general– por los «recortes» que sufren, que tendrían una especial incidencia en servicios como el plan para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca) y que ya han llevado al Parlamento.
Así lo ha indicado el secretario general de CCOO en la Amaya, Juan Antonio Rebollo, que ha lamentado que, pese a la reunión mantenida recientemente con los grupos políticos, ha pasado un plazo «prudencial» sin que se haya presentado ninguna alternativa real que palíe la situación de estos profesionales.
Por ello, el día 30 de enero se ha programado una asamblea de delegados andaluces en la que ya se comenzaría con las acciones de protesta, que irán a lo largo de un calendario que se está perfilando. De esta forma, el 6 de febrero habría concentraciones en las Delegaciones de Gobierno de la Junta de todas las provincias, mientras que para el día 8 se haría una manifestación en Sevilla a nivel andaluz.
Los trabajadores recalcan la «contradicción» del discurso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «que dijo que no se recortaría a los empleados públicos más que en 2013, cuando en la agencia se habla de ajustes por valor de 18 millones».
Así, el secretario general de UGT en la agencia, Juan Sola, indicó a Europa Press que PSOE e IU se mostraron en el Parlamento «receptivas», especialmente la federación de izquierdas, cuyo portavoz parlamentario de Medio Ambiente, Manuel Baena, se habría comprometido a «analizar la situación minuciosamente y buscar soluciones» para evitar que se firme el plan de ajuste en los términos actuales.
El principal conflicto se centra en el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales (Infoca), a los que se ha propuesto suprimir dos meses de trabajo. «Lo que tienen que hacer es lo contrario, darnos carga laboral y reducir la vía de la encomienda de gestión», ha subrayado Rebollo, que lamenta la precarización asociada al proceso y el hecho de que acabe afectado un dispositivo «de referencia para el resto de España».
Manifiestan que se está externalizando artificialmente de carga de trabajo a numerosas personas de la agencia «que están viendo como su contenido es usurpado por empresas privadas con el consiguiente incremento de costes para el contribuyente».
Esto, aseguran, está pasando en actividades de uso público, del dominio público hidráulico y proyectos del plan de choque forestales, donde «no se está procurando que las inversiones reviertan en mantenimiento y creación de nuevos puestos de trabajo, dilapidando las inversiones para enriquecimiento de empresas privadas».
«Esto choca frontalmente con las posiciones defendidas en público por la Junta, que de cara a la galería argumenta el mantenimiento del empleo público, cuando la realidad es bien distinta».
Por ello, han concluido los sindicatos, se dirigen a los grupos parlamentarios en la búsqueda de «soluciones reales que eviten el deterioro del medio ambiente en nuestra comunidad, al no poderse garantizar, entre otros puntos, el correcto desarrollo del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Andalucía, referente nacional e internacional».
DESALOJAN A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON ENCERRADOS CONTRA LOS RECORTES DE PLANTILLA
Agentes de la Policía Municipal de Alcorcón han desalojado a los empleados del Ayuntamiento que se mantenían encerrados en señal de protesta contra los recortes de plantilla y a la espera de que se encontrasen soluciones a esta situación.
«Hemos decidido salir y seguir con mucha energía el resto de las movilizaciones. Se mantiene la concentración a las 11 horas en la plaza, para explicar la situación y continuar la lucha contra los despidos», ha publicado la Sección Sindical de CC.OO. en su blog.
El encierro comenzaba este mismo lunes, después de conocerse los diecinueve primeros despidos que hay previstos en el Presupuesto 2014. Los trabajadores continuaron con su protesta al no haber acuerdo entre las partes en la reunión de la Mesa General de Negociación, que estaba convocada.
Los sindicatos también han anunciado manifestación para el sábado 1 de febrero a las 18 horas en el Parque de la Paz.
EDUCACIÓN SE REUNIRÁ ESTA SEMANA CON LOS MONITORES ESCOLARES VASCOS EN HUELGA
El Departamento de Educación se reunirá esta semana, con los sindicatos de los monitores de transporte escolar y de patio de los centros educativos públicos que el lunes iniciaron una huelga indefinida.
Estos trabajadores reclaman la equiparación con el personal de comedores escolares, lo que supone recibir el 97,5% del salario de los empleados laborales del Gobierno Vasco, un 2,5% más de lo que percibe ahora el colectivo convocante de la huelga, formado en su mayoría por mujeres.
El Departamento de Educación se citó el lunes con las empresas implicadas para tratar de que acerquen posturas con los trabajadores y, aunque no hubo grandes avances, el conflicto «parece que se va encaminando».
Así lo ha anunciado la consejera de Educación, Cristina Uriarte, que también ha desvelado que esta semana, su departamento se reunirá con los sindicatos para intentar que «ambas partes se vuelvan a sentar y vuelvan a negociar». «Tenemos esperanza de que al menos empiecen hablar», ha añadido.
Este encuentro estará precedido por la reunión que celebrarán los departamentos de Educación y de Empleo y Políticas Sociales para analizar la situación y seguir buscando los cauces que posibiliten la resolución del conflicto.
Uriarte ha reconocido sentirse «realmente preocupada» por las repercusiones de esta huelga, que causa «problemas de conciliación» a las familias de los más de 15.000 alumnos afectados.
En Euskadi hay cerca de 500 monitores de transporte escolar y patio. La huelga no interrumpe el servicio docente ni afecta al horario escolar.
EL SANTANDER REDUCIRÁ PLANTILLA EN UNOS 1.500 EMPLEADOS ESTE AÑO, SEGÚN LOS SINDICATOS
El grupo Banco Santander reducirá su plantilla en unos 1.500 empleados este año, entre prejubilaciones, jubilaciones y bajas que no necesariamente estarán relacionadas con el proceso de fusión con Banesto, según han explicado fuentes sindicales.
Las fuentes consultadas esperan que la entidad presidida por Emilio Botín prejubile a alrededor de 1.000 trabajadores a lo largo de este ejercicio, con unas condiciones similares a las ofrecidas en el contexto de la fusión con Banesto y Banif.
Sin embargo, han aclarado que Santander no suele comunicar a los representantes de los trabajadores ni la cantidad ni las condiciones de prejubilación. «No hay ningún plan», han explicado las fuentes.
Estas cifras se basan en los cálculos sindicales de que la plantilla del Santander debía aligerarse en unos 3.500 ó 4.000 personas, una vez que se comunicó la intención de fusionarse con la filial Banesto. En el ejercicio 2013, se han prejubilado unos 1.000 empleados de la entidad, según las fuentes.
DENUNCIAN DESPIDOS DE CANDIDATOS EN ELECCIONES SINDICALES DE UNA CARPINTERIA EN CAMBRE
El sindicato CIG ha denunciado el despido de todos los candidatos en las primeras elecciones sindicales de una carpintería en el polígono de Espíritu Santo, que está en la localidad coruñesa de Cambre.
La entidad explica que Spazio Saga SL despidió «a toda la candidatura de CIG que concurría a las elecciones sindicales convocadas para el siguiente día hábil».
Según este sindicato, la empresa intentó «disuadir a los trabajadores de continuar con el proceso de elecciones sindicales», que era el primero en esta carpintería, y al final notificó el despido a los empleados que habían anunciado su intención de concurrir en la candidatura de CIG.
«Para ejecutar tal medida la empresa alega bajo rendimiento, aunque reconoce la improcedencia del despido», según dice el sindicato en un comunicado.
Al ser esta la única candidatura presentada, hubo que paralizar el proceso electoral, pues no quedaban candidatos, y también «para evitar poner en el punto de mira de la empresa a otros compañeros que no fueron afectados en primera instancia».
La Federación de Construcción y Madera de CIG ya ha puesto estos hechos en conocimiento del servicio público de Inspección de Trabajo para que tome las medidas oportunas en esa empresa, con unos treinta trabajadores.
El sindicato añade que «en los últimos tiempos se había instalado un clima de tensión laboral creciente por los constantes atrasos, de hasta un mes, con que vienen abonando las nóminas a sus empleados».
UGT PIDE LA RETIRADA DEL ERE EN GEACAM Y PLANTEA MEDIDAS VOLUNTARIAS
El sindicato UGT pide la retirada del ERE en la empresa pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) y considera que hay «pocas opciones» de llegar a un acuerdo haciendo despidos sobre la mesa y planea que en todo caso sean medidas «voluntarias».
En nota de prensa, el secretario de Organización de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (FITAG) de UGT de Castilla-La Mancha, Jesús Laín, junto a miembros de esta federación y del comité de empresa de Geacam, han expresado su rechazo a este nuevo ERE, «el quinto» en Geacam, que afectaría 385 trabajadores que no aceptaron el cambio de sus contratos de fijos a fijos discontinuos.
En este sentido, Laín ha explicado que de los 385 trabajadores que no aceptaron la novación de sus contratos en la fase voluntaria, 343 pertenecen al dispositivo de incendios y 42 a personal de asistencias técnicas.
«Ni entendemos ni compartimos las razones» dadas por la empresa pública para presentar este nuevo ERE, puesto que están «viciadas» las razones económicas, ya que es la Junta la que dota de presupuesto a Geacam y que lo ha reducido «drásticamente» en estos dos años.
Tampoco entiende UGT las razones organizativas, ya que se basan en las encomiendas del año 2013 sin saber aún las del 2014, tanto para incendios como para asistencias técnicas, ha señalado Jesús Laín.
Por todo ello, consideran que «no hay razones sobrevenidas», que son las que se dan en cualquier empresa para aplicar un ERE, sino razones «provocadas e injustificadas» por parte de la Administración Regional y de Geacam para llevar adelante estas medidas.
Así mismo, ha manifestado la enorme preocupación que tienen, puesto que con esta medida la empresa quiere «eliminar y solapar categorías profesionales con el riesgo importante que esto causará en el trabajador para su integridad física, a los que hay que añadir los que ya tienen por su profesión».
El sindicato ugetista, que ha pedido un informe de prevención de riesgos laborales a Geacam, entiende que alguien deberá de asumir esta responsabilidad.
Asimismo, UGT ve «pocas opciones de llegar a un acuerdo habiendo despidos encima de la mesa», por lo que solicitan la retirada del ERE y en todo caso «medidas voluntarias», sin las cuales «será difícil acordar algo».
Además, se han mostrado «bastante preocupados», puesto que si ya de por sí el operativo «es insuficiente», de llevarse a efecto el ERE «quedaría inoperativo».
En este sentido, han pedido que se diga quién va a apagar los incendios forestales y quienes van a asumir las responsabilidades de los riesgos a los que se va a exponer los trabajadores y trabajadoras del dispositivo contra incendios.
Laín considera que «quizás» la verdadera intención de Geacam sea la de despedir a trabajadores empleados doce meses para contratar a personal solo para la campaña de extinción, ya que esta pregunta no tuvo respuesta por los gestores de Geacam, ha señalado.
Por ello, este sindicato sospecha que lo que se busca es hacer de este sector «algo jugoso para que a alguna de las grandes empresas le seduzca y tome parte en una hipotética privatización».
Por su parte, Ángel Rubio, miembro del comité de empresa de Geacam, ha ofrecido datos de cómo ha incidido la merma económica y de trabajadores en Geacam con un aumento del número de hectáreas quemadas y de conatos e incendios forestales.
Según Rubio, Geacam ha pasado de tener en 2009 un total de 2.686 trabajadores a los 784 actuales y que en los dos últimos se han quemado más de 16.000 hectáreas, cuando en otros periodos bianuales idénticos la cifra no ascendía a las 10.000 hectáreas.
Además, la UGT le llama la atención que quienes exigían la profesionalización del dispositivo tras el incendio de Guadalajara de 2005, ahora «lo estén destruyendo cuando ellos mandan».
UGT ha pedido a CCOO que no haga «afirmaciones inciertas» por decir que se negaron a grabar las reuniones, porque lo que sí es cierto es que quien se negó fue la propia empresa.
CONCENTRACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL AYUINTAMIENTO DE AYAMONTE
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Unas 130 personas, la mayoría trabajadores municipales laborales e indefinidos afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) iniciado el pasado 7 de enero por el Ayuntamiento de Ayamonte, junto a familiares, vecinos y personal funcionario del Ayuntamiento se volvieron a concentrar a las puertas del edificio consistorial, de diez a 11 de la mañana, para exigir al equipo de Gobierno la paralización del procedimiento de despido colectivo que afectaría a un total de 95 trabajadores, lo que según el comité de empresa supondría el 45% del total de la plantilla municipal.
Dichas acciones de protesta, que iniciaron diariamente el pasado 21 de enero, se prolongarán, según indicó a Huelva Información su presidenta, Maite Parga, hasta el próximo 7 de febrero, fecha hasta la que tienen en principio Ayuntamiento y trabajadores para negociar los términos del ERE.
No obstante, el comité de empresa alberga «esperanzas» de que «se encuentren soluciones y alternativas» a los despidos en la negociación que mantienen ambas partes y que les llevará a mantener un encuentro en la Inspección de Trabajo, que va a mediar en el conflicto.
En el marco de la negociación, según especificó la presidenta del comité, ya se han celebrado tres mesas de negociación «en las que hemos intercambiado información y documentación, y se han realizado propuestas, pero poco más». Y es que, según insistió, «lo que queremos es que se paralice el ERE» porque «estamos convencidos de que hay alternativas para gestionar el Ayuntamiento eludiendo los despidos, que si bien es lo más fácil y rápido, despedir no es plato de buen gusto para nadie».
«Ojalá sea verdad lo que está diciendo públicamente el alcalde, y que a nosotros también nos ha comunicado, de que lo último que quiere es despedir», subrayó Parga, que también se refirió al Pleno extraordinario en la ciudad fronteriza, en el que se van a debatir las 17 medidas destinadas a solventar la situación económica del Ayuntamiento propuestas hace un par de semanas por el Grupo Municipal Popular en su fallida moción de censura contra el alcalde, y en las que según insistió el portavoz popular, Alberto Fernández, no se contemplan despidos.
Los trabajadores también han iniciado una campaña de recogida de firmas en el municipio en la que solicitan expresamente «la retirada del ERE» y la búsqueda de «alternativas para el ahorro sin que no haya ni un solo despido». En el pliego de firmas se informa a los ciudadanos sobre el «desacuerdo» de la plantilla con una medida que consideran «injusta» y «desproporcionada», que «afectará a 95 familias» de Ayamonte.
Igualmente, señalan que de llevarse a cabo el ERE en sus actuales términos, «se verían afectados varios servicios de Ayamonte, muchos de los cuales desaparecerían como jardinería, turismo, juventud, biblioteca, pesca, Oficina Municipal de Información al Consumidor, desarrollo local, medios de comunicación, etc.», lo cual aseguran «afectaría a toda la ciudadanía».
EL COMITÉ DE OFICINAS DE ASTURIAS DECIDE RECURRIR EL NUEVO ERE DE LIBERBANK
El Comité de Oficinas de Asturias de Cajastur/Liberbank ha acordado presentar una demanda contra el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) aplicado en la entidad financiera, que supone recortes de jornada y salario de entre el 10 y el 30 por ciento.
El acuerdo ha sido adoptado con el apoyo de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), que cuenta con 7 representantes en este comité, CSICA (4) y STC (4) y en contra del criterio de UGT, que tiene tres representantes, al igual que CCOO, que no asistió a la reunión.
Según ha informado Mario Anturña, de la CSI, hay que tener en cuenta que el comité de oficinas de Asturias de Cajastur/Liberbank es el que «representa a un mayor número de trabajadores» de esta entidad financiera en la región.
El ERE actual entró en vigor el 1 de enero en sustitución del que la dirección, CCOO y UGT habían acordado en junio del año pasado y que una sentencia de la Audiencia Nacional anuló en respuesta a una demanda presentada por la (CSI) y el Sindicato de Trabajadores del Crédito (STC-CIC).
El ERE actual ha sido ratificado por UGT, CCOO y CSIF, sindicatos que alcanzaron con la dirección un acuerdo para aplicarlo hasta el 30 de junio de 2017.
El nuevo ERE plantea una reducción de jornada del 30 por ciento para 1.250 trabajadores y del 18 por ciento para el resto.
El acuerdo recoge también, entre otras medidas, la suspensión temporal de contratos durante 18 meses para 30 trabajadores que se acogieron voluntariamente a esta medida y la reducción de la jornada de trabajo y del salario de un 30 %, entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2017, para 1.250 trabajadores.
Según Antuña, la demanda que se presentará ante la Audiencia Nacional se basa en que durante el proceso de negociación del ERE actualmente en vigor, la dirección de Liberbank -entidad que integra Cajastur, Caja Castilla La Mancha, Caja Cantabria y Caja Extremadura- «no entregó la documentación necesaria para demostrar las supuestas causas económicas en que basa el plan de ajuste».
LA JUSTICIA OBLIGA A LA JUNTA DE CASTILLA LA MANCHA A READMITIR A 700 EMPLEADOS PÚBLICOS
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ha ordenado que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.
En la sentencia se estiman los recursos de UGT y STAS contra dos órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha de agosto de 2012 por las que se modificó la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que recurrirá la sentencia, que respeta pero no comparte. El Ejecutivo autonómico ha advertido de que esta decisión «podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas» de la comunidad autónoma «y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellanomanchegos».
Esta medida podría tener un impacto de unos 13 o 14 millones de euros en las arcas públicas, según ha indicado Gustavo Fabra, responsable de funcionariado del STAS.
Los sindicatos recurrieron alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho constitucional a la libertad sindical, al no existir una negociación real sobre la supresión de las plazas y convocarse la Mesa Sectorial como un «trámite».
El fiscal entendió vulnerado el derecho a la libertad sindical y apreció «conducta antisindical» en la acción de la Junta, por lo que solicitó que se estimaran los recursos.
El TSJ expone que, aunque la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación «no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional».
Poco tiempo para preparar la reunión
Según los magistrados, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto «la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz».
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone el pago de las costas a la Junta de Comunidades.
La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, ha declarado que la Justicia da «un serio correctivo» al Gobierno regional «que no muestra ningún respeto por los representantes sindicales y por las mesas de negociación con la parte social».
Por su parte, Gustavo Fabra, de STAS, ha aplaudido que se haya hecho «justicia» ante la «vulneración continúa» de la negociación colectiva por parte del director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, con la «supervisión» del consejero de Presidencias y Administraciones Públicas, Leandro Esteban.
Fabra ha pedido la dimisión de ambos dirigentes de la Junta y ha lamentado el «grave perjuicio» que supondrá para los bolsillos de los ciudadanos el pago de las cantidades adeudadas a los interinos.
TRABAJADORES DE FUENTECAPALA RECLAMAN LOS PAGOS PENDIENTES
Los trabajadores protestaron en la calle y afirman que la situación «es ya insostenible»
Los 99 trabajadores de la fábrica textil Fuentecapala de Navalmoral de la Mata afectados por el primer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) aplicado por la dirección de la empresa se han concentrado a las puertas de la fábrica para exigir el pago de la parte de las liquidaciones que aún se les debe.
Una situación que sufren y que se suma además a las dificultades que, según los propios afectados, tienen a la hora de trabajar puesto que la empresa «sigue sin cumplir», según aseguran, la reincorporación real y efectiva de los trabajadores después de que el mismo tribunal considerara «nulos», los despidos y, al mismo tiempo, su reincorporación.
No obstante, y mientras en los juzgados trata de resolverse esta situación, los trabajadores se concentraron frente a las puertas de la fábrica morala.
Una situación difícil
Uno de los acudieron a apoyar a los trabajadores, fue el Secretario de Organización de la Federación de Industria de UGT, Leocadio Núñez, que explicó que estos actos de protesta «han surgido de firma espontánea debido a que los extrabajadores se encuentran en una situación ya insostenible y muy difícil al ver pasar los días sin que la empresa les pague lo que se les debe».
Explicó además que los trabajadores despedidos han acordado exigir a la dirección de la empresa, el salario del pasado mes de diciembre, las pagas extraordinarias y los quince días de preaviso de despido. «La empresa ha comunicado a los trabajadores despedidos que la intención de la dirección es pagar, pero que no puede comprometerse a establecer ningún calendario concreto al no disponer de liquidez y al estar el asunto todavía en manos de la justicia», manifestó el representantes sindical. De forma paralela, Fuentecapala sigue la tramitación de un segundo ERE.
EL COMITÉ DE SPRIL NORTE PEDIRÁ LA RETIRADA DEL AJUSTE EN SU EMPRESA
Ferrol
El comité de empresa de Spril Norte, que presta servicio de bomberos en Navantia Ferrol y Fene, y la dirección de la compañía se reunirán en Madrid para iniciar las negociaciones del expediente de regulación de empleo que presentó la firma y que supondría la destrucción de 34 de los 77 empleos en la comarca.
La compañía también tiene personal en los astilleros de Cádiz y Cartagena, por lo que al encuentro asistirán los delegados también de estos centros. José Carlos Martínez, presidente del comité de la firma en Ferrol, explicó que pedirán la retirada del ajuste, ya que la compañía no está en pérdidas, sino que ha acusado una bajada de beneficios.
Los trabajadores llevan desde la pasada semana concentrándose delante de la puerta de la antigua Bazán para protestar por su situación, ya que como no había barcos en el astillero, Navantia les había comunicado que no precisaba de sus servicios.
No obstante, con la llegada del LNG Edo a Carenas, Spril ha requerido el trabajo de un técnico de prevención, dos bomberos y un jefe de turno por cada turno, en total tres al día. En Fene también están destinados otros empleados, que son llamados según las necesidades del servicio.
El comité mantuvo un encuentro con la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, en el Concello ferrolano, a la que transmitieron su situación. Díaz se comprometió a presentar unas iniciativas parlamentarias sobre sus problemas.
LA HUELGA DE LIMASA LE CUESTA AL AYUNTAMIENTO 37.500 EUROS A CAUSA DE LA QUEMA DE 49 CONTENEDORES
Málaga
El consistorio malagueño tuvo que invertir en 2013 casi 250.000 euros para reponer los 311 depósitos que fueron destrozados en actos vandálicos
La huelga de la Empresa de Limpieza de Málaga (Limasa) que tuvo lugar a las puertas de las pasadas Navidades, le ha salido cara al Ayuntamiento de la ciudad. Además de las concesiones que debió hacer en materia económica dentro del nuevo convenio colectivo, ha tenido que invertir 37.355 euros para reponer los 49 contenedores que fueron quemados durante las protestas.
Uno de casa seis recipientes de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), envases, papel y vidrio destruidos a lo largo de 2013 en la ciudad (311 en total) se registraron a lo largo del paro indefinido. Se trata de un número bastante elevado si se tiene en cuenta que éste duró apenas cuatro días y que está lejos de los 19 contenedores que había cuantificado en un primer momento el Consistorio.
Los Bomberos de Málaga pasaron varias noches luchando contra el fuego, especialmente el fin de semana tras el inicio de la huelga el 20 de diciembre. «Otra noche más entera apagando contenedores por la huelga de Limasa», indicaron desde su cuenta de Twitter.
El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, negó categóricamente que los trabajadores fueran los responsables de estos actos vandálicos, mientras que el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, los achacó a «alguien con desequilibrio mental», que aprovechó la ocasión para desatar su rabia sobre el mobiliario urbano.
Lo cierto es que el gamberrismo le sale muy caro al Consistorio malagueño, que tuvo que gastar el pasado año 246.516 euros tan sólo en reponer los 311 contenedores que fueron quemados o dañados por los enemigos de la propiedad pública. Eso sin contar otros gastos como la retirada de graffitis o la reposición de otro tipo de mobiliario urbano.
En cualquier caso, es el primer año en el que el Ayuntamiento cuantifica los daños a través de su Portal de Datos Abiertos, por lo que no se pueden comparar con los del ejercicio 2012. Sin embargo, puede decirse que la huelga ha dejado una nueva secuela, al menos para las arcas municipales, que aunque pequeña, finalmente recaerá en el bolsillo de todos los ciudadanos.
EL COMITÉ DE DRAKA CABLES CONVOCA UNA SEMANA DE HUELGA CONTRA LOS 30 DESPIDOS
Barcelona
El comité de empresa de la fábrica de Draka Cables en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) ha convocado una semana de huelga en protesta por la treintena de despidos que plantea la compañía.
La empresa, perteneciente al Grupo Prysmian y dedicada a la fabricación de cables industriales, ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a 30 de sus 172 empleados, lo que supone el 17 % de la plantilla.
Según UGT, la empresa se ha ofrecido a rebajar a 27 los despidos con una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, a cambio de que el resto de empleados acepte una mayor flexibilidad.
En caso contrario, la indemnización de los 30 afectados por el ERE sería de 20 días por año trabajado.
En un comunicado, el sindicato ha tachado esta propuesta de «chantaje» y, en protesta, ha convocado una semana de huelga que se iniciará el 3 de febrero, en plena negociación con la compañía.
UGT recuerda que la plantilla de Draka Cables ya se ha visto afectada por cuatro expedientes de regulación de empleo temporales en los últimos cinco años, con una afectación media de 170 días y que además se han producido más de 60 bajas incentivadas en los últimos años.
Según el sindicato USOC, los 30 despidos afectan únicamente a los operarios vinculados a la producción de la planta de Santa Perpètua, ya que, por ahora, la empresa no tiene previsto aplicar medidas de ajuste de personal en los otros tres centros que tiene en Cataluña y Santander.
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