Boletín de Luchas Obreras (28 de Julio de 2014)

ÍNDICE:

>EVOLUCIÓN DEL PARO (DATOS EPA)

>LA JUSTICIA FRENA EN SECO ERES INCITADOS POR LA REFORMA LABORAL

>EN ESPAÑA SE REALIZARON 11.561.538 HORAS ILEGALES

>¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA LABORAL? Por Antonio Baylos

>LA PLANTILLA DE SNIACE VOTARÁ EN ASAMBLEA SI ACEPTA LA “HOJA DE RUTA” DE LA DIRECCIÓN

>MCA-UGT DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A UNA EMPRESA POR INCUMPLIR LA JORNADA INTENSIVA

>HUELGA Y MANIFESTACIÓN EN EL ASILO

>LA PLANTILLA DE URBASER CONFÍA EN CERRAR EL CONFLICTO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

>30 DE JULIO, CGT LLAMA A JORNADA DE LUCHA EN MÁLAGA.

>[TARRAGONA] TRIUNFO DE LA SOLIDARIDAD OBRERA Y LA ACCIÓN DIRECTA EN EL CONFLICTO CON LA RESIDENCIA MIRADOR BARÁ

>ACUERDO EN LA RESIDENCIA BERRA DE DONOSTIA

>TRABAJADORES DE DHL MANTIENEN UNA HUELGA HASTA EL DÍA 30 EN PROTESTA POR LOS TRASLADOS PROPUESTOS

>EL COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF RATIFICA LAS JORNADAS DE HUELGA

>LOS TRABAJADORES DE ATENTO PROTESTAN CONTRA EL ERE EN LAS CALLES DE LEÓN

>ATENTO QUIERE IMPONER CAMBIOS DE JORNADA A UN 4% DE LA PLANTILLA TRAS LOS DESPIDOS

>EL MATADERO DE NOREÑA TRAMITA UN ERE DE TRES MESES PARA TODA LA PLANTILLA

>LA PATRONAL DE PONTEVEDRA PRESENTA UN ERE Y BAJA SUELDOS

>LA PLATAFORMA, SATISFECHA POR LA RECTIFICACIÓN DEL TS RESPECTO A SU CRITERIO SOBRE LOS DESPIDOS MEDIANTE AMORTIZACIÓN

>LA CIG DA 2 SEMANAS DE REFLEXIÓN A CITROEN, ANTES DE CONVOCAR NUEVAS ACCIONES

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EVOLUCIÓN DEL PARO (DATOS EPA)

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/EVOLUCIONDATOSEPA.xls

LA JUSTICIA FRENA EN SECO ERES INCITADOS POR LA REFORMA LABORAL

asturias24.es

Los expedientes de SEDES, Liberbank, Tenneco y Coca-Cola han sido decretados nulos por irregularidades formales.

Los sindicatos recurren a los tribunales para frenar la prepotencia de las compañías

Qué tienen en común los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Coca-Cola Iberian Partners, SEDES, Liberbank y Tenneco?

Los cuatro han sufrido varapalos judiciales que se basan en errores procedimentales y de tramitación. La última reforma laboral del PP ha amparado casi cualquier causa económica para presentar un plan de ajuste. Solo con justificar una previsión de reducción de beneficios es suficiente.

Este paraguas legal parece haber incitado a las grandes empresas, que han presentado expedientes salvajes en los que sus gabinetes jurídicos, espoleados por las facilidades, parecen haber descuidado las formas.

Este ha sido el asa al que se han agarrado con uñas y dientes sindicatos y trabajadores para defender sus derechos. La estrategia, por el momento, está dando resultados.

Los empleados están ganando en primera instancia y consiguiendo que se decrete la nulidad. Sentencias redactadas en términos muy duros, recriminan a las compañías que usen la figura del ERE para acometer despidos que tienen decididos de antemano y que usen los periodos de consultas como una mera pantalla formal sin ánimo de llegar a ningún acuerdo.

Marta Rodil, letrada de la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), ha sido representante legal en tres de estos procedimientos, SEDES, Liberbank y Tenneco. Rodil conoce de primera mano «la prepotencia palmaria» con la que actúan las direcciones de las empresas y habla por experiencia de la «patada a todos los aspectos formales» que se trata de propinar con el escudo de los EREs. Tampoco está al margen de las técnicas amenazantes con que se presentan a los trabajadores, a los que tratan de poner entre la espada y la pared: o aceptan el ERE o presentan un concurso de acreedores.

La reforma laboral se interpretó como un «se ha abierto la veda» que ahora es necesario frenar en los tribunales. El diagnóstico de Marta Rodil coincide casi al 100% con el de Alberto Valle, secretario de la Federación de Agroalimentación de CC.OO. en Asturias, que ha estado implicado en la lucha contra el ajuste de Coca-Cola. Valle insiste en la «mala fe en la negociación» de las compañías, un término que se repite de forma constante en todas las resoluciones judiciales. Valle observa con esperanza el pronunciamiento de los jueces. La cascada de sentencias sienta jurisprudencia y protege a los trabajadores de futuros abusos.

Cuatro casos

La primera de las sentencias, en tiempo, fue la de Liberbank. Su primer ERE, porque tras decretarse la nulidad, negoció otro que ya está en fase de aplicación. La Audiencia Nacional anuló en el mes de noviembre el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de Liberbank al considerar que se había vulnerado la libertad de una serie de sindicatos que no participaron en la firma, como por ejemplo CSI, que es mayoritario en Cajastur.

La Audiencia obligó a reponer las condiciones laborales anteriores a la aplicación de las medidas incluidas en el acuerdo. También se basó en la falta de información entregada a los negociadores.

Tenneco ha levantado una gran expectativa social, sindical y también judicial. La batalla de la plantilla contra el cierre de la fábrica de Gijón, que se ha resuelto con un acuerdo hace tan solo unos días, ha sido considerada modélica desde el punto de vista sindical. En su caso, el 16 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) decretó la nulidad del despido colectivo de 216 empleados de la planta. El alto tribunal estimó la demanda formulada por los sindicatos UGT, CC.OO., USO y CSI frente a las empresas Tenneco Automotive Ibérica S.A. (Taisa) y Tenneco Innovación S.L. (Tisl). El fallo recoge que «no hubo una negociación de buena fe por parte de la empresa, que inició el periodo de consultas con la firme e inquebrantable voluntad de no alterar las pretensiones contenidas en el inicio del procedimiento por despido».

El resultado en Coca-Cola Iberian Partners es casi calcado. En su caso, el pasado 13 de junio, la Audiencia Nacional ha decretado la nulidad del ERE que ha implicado el cierre de cuatro plantas, entre otras la de Colloto, y que ha afectado a un millar de trabajadores.

Los términos de la sentencia eran duros y esclarecedores. La Audiencia se basa en varios argumentos procedimentales, como la falta de una fusión real del conglomerado de empresas que gestionaban las plantas embotelladoras, la falta de buena fe negociadora y también las prácticas que denomina de «esquirolaje», que es la vulneraron del derecho a la huelga, al modificar las rutas de distribución para cubrir el territorio en el que operaban las fábricas sobre las que pesaba la orden de cierre y que estaban paradas.

En este caso, considera que es un grupo mercantil y no laboral, por lo que no tendría derecho a haber presentado un expediente.

Las buenas noticias para los trabajadores de SEDES son aún más recientes. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias tumbaba el ERE con el que esta empresa semipública, participada al 60% por el Principado, pretendía deshacerse de 38 de sus 59 trabajadores.

El fallo judicial destaca la «maliciosa ocultación» de un plan de negocio que ya se estaba negociando para el futuro, una vez que se hubiera adelgazado la plantilla y la falta, por tanto, de una negociación real con el comité. Acusa a la compañía de haber «quebrantado también la exigencia de la buena fe».

Más valoraciones

Los cuatro EREs tienen en común, según los tribunales, un planteamiento que se podría calificar de torticero, ya que usan esta figura como pantalla para otros fines.

«Los expedientes declarados nulos tienen en común que responden a razones especulativas y no a razones objetivas. Las empresas se niegan a negociar en el periodo voluntario de consultas, no ofrecen información a los sindicatos, en casos como Liberbank incluso tratan de excluir a los sindicatos más resistentes. Es una actitud prepotente», explica Marta Rodil, que ha tenido que lidiar con los casos de Tenneco, Liberbank y SEDES.

«Tras la reforma laboral ya hay pocas garantías y encima las empresas tratan de vulnerar los pocos requisitos imprescindibles que quedan», insiste la letrada de CSI.

Alberto Valle y Marta Rodil coinciden en calificar como «salvajes» estos EREs. Valle apunta que los gabinetes jurídicos de estas empresas están más acostumbrados a temas económicos que laborales y de procedimiento y en ese terreno, «los sindicatos les hemos ganado la partida». El ERE de Coca-Cola terminó dilucidándose en la Audiencia Nacional al afectar a varios centros de trabajo repartidos por toda España, pero Alberto Valle, que es abogado social colegiado, conoce los detalles. Valle asegura que los juzgados están frenando esa sensación de impunidad con la que las grandes compañías intentaban avasallar a los trabajadores.

Otra cosa es lo que suceda después en el Tribunal Supremo.

Tenneco ha conseguido arreglar su situación mezclando la batalla judicial y la negociación.

En Liberbank, la negociación y firma de un segundo ERE ha salvado momentáneamente la situación, aunque CSI sigue valorando la posibilidad de volver a llevarlo al juzgado.

Coca-Cola Iberian Partners ya ha anunciado que presentará recurso y resta por saber qué hará SEDES.

Una resolución del alto tribunal puede tardar años, por lo que Valle explica, en todos los casos en los que está implicado CC.OO., se está reclamando la ejecución provisional de la sentencia que dictamina la nulidad del expediente y la reincorporación de todos los afectados en las condiciones previas

EN ESPAÑA SE REALIZARON 11.561.538HORAS ILEGALES

http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/pub128603_Gaceta_Sindical_n_207__En_Espana_se_realizaron_11.561.538_horas_ilegales.pdf

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE LA REFORMA LABORAL? Por Antonio Baylos

No hay mucho que decir de la sentencia del Tribunal Constitucional que considera conforme a la constitución -“por amplia mayoría” subraya la satisfecha nota de prensa de la presidencia del órgano-  el periodo de prueba de un año en el contrato de apoyo a los emprendedores y el arbitraje obligatorio de la CCNCC. Queda aún por resolver el gran recurso de inconstitucionalidad presentado por los grupos socialista y de la izquierda plural, que previsiblemente seguirá la misma suerte.

Hay que leer la sentencia votada por la mayoría de miembros del TC (incluido el apresurado sustituto de la joya de la corona de la derecha judicial, Enrique López, designado de forma casi clandestina por el), y verificar los contra-argumentos de la misma que realice el magistrado Fernando Valdés.

Ésos votos particulares son los argumentos que seguramente ponderaremos los juristas del trabajo como más ajustados a una interpretación de la Constitución respetuosa del derecho al trabajo y del principio de la autonomía colectiva como base del pluralismo social.

Lo que ahora se debe plantear es lo que sucederá el día después de estos fallos de julio que han avalado plenamente la reforma estructural del derecho del trabajo llevada a cabo por el gobierno del Partido Popular.

Decíamos que descontando ya el desmoronamiento de la legitimidad democrática del Tribunal Constitucional, el problema que se plantea es la ruptura del pacto constitucional avalada por estas sentencias.

La convalidación constitucional de la Ley 3/2012 supone la expulsión del trabajo del espacio democrático de los derechos y que a partir de aquí se convalida una construcción legal que lo hace funcional al interés económico y organizativo de la empresa tal como lo define la voluntad unilateral de su titular, minorando y reduciendo al límite la presencia y la acción colectiva y sindical, y legalizando amplias zonas de desprotección y de precariedad  sin ningún control normativo ni colectivo.

Se trata por tanto de una seria derrota, en términos jurídicos y políticos, de los planteamientos sindicales y políticos que mantienen una lectura de la constitución en cuyo centro se sitúe el trabajo configurado como base del ejercicio de derechos de ciudadanía y de un interés colectivo que transforma paulatinamente la realidad en un sentido igualitario. Justo lo contrario de lo que se ha decidido en la calle de Doménico Scarlatti de Madrid.

Las derrotas son difíciles de aceptar, pero configuran una relación de fuerzas a partir de la cual se puede (y se debe) reaccionar. Evidentemente, y el comunicado conjunto CCOO – UGT así lo afirma, reaccionando mediante el acceso a otras instancias judiciales internacionales, que ya se han ido posicionando contra las medidas legislativas españolas con ocasión de la crisis. En ese mismo sentido se manifestarán seguramente el grupo de la Izquierda Plural y el propio Grupo Socialista.

Desde ese mismo espacio jurídico, como ha sucedido ya respecto de otros temas importantes, los despidos colectivos señaladamente, la interpretación y aplicación de las normas encontrará formas de expresión y orientaciones que aminoren algunas de las consecuencias más negativas de esta reforma laboral.

Es seguro asimismo que los jueces y magistrados de lo social sigan interpretando las normas, desde el plano de la legalidad, en un sentido más respetuoso de la negociación colectiva, la libertad sindical o el derecho al trabajo. Los juristas del trabajo continuaremos con nuestra labor de crítica y de examen de las normas y de las decisiones judiciales, suministrando pautas de análisis y propuestas interpretativas.

Pero seguramente es necesario algo más. Las fuerzas políticas, los movimientos sociales y el sindicalismo no pueden hacer como si este acto del Tribunal Constitucional fuera irrelevante o como si no cambiara la situación actual.

No es lo mismo mantener la tensión y la duda sobre la constitucionalidad de aspectos centrales de la reforma laboral que el que éstos sean considerados plenamente conformes a la Constitución, porque esa decisión ha cambiado el modelo social en la que se basa el acuerdo fundante de la convivencia entre los españoles efectuado en 1978. Las relaciones con el poder público, los intercambios de opiniones y consultas con el gobierno, no tienen ya el mismo peso específico, porque la voluntad del gobierno de retocar o profundizar algunos aspectos de la reforma está reforzada por la mutación genética que se ha conformado del cuadro constitucional que ahora permite una capacidad operativa casi sin límites del poder público y la consolidación del poder privado de la empresa como eje regulativo de las relaciones de trabajo.

Puede por tanto pensarse que todo a fin de cuentas sigue igual, en un tira y afloja que ya se resolverá con el tiempo y un cambio electoral próximo, pero esta es una percepción equivocada de la realidad. El sindicato tiene que hacer un esfuerzo por diseñar un proyecto de regulación alternativo de las relaciones laborales que se encuadre en un marco constituyente de derechos de ciudadanía derivados del trabajo como eje político de la convivencia, y plantear por tanto a sus aliados naturales, los movimientos sociales y los grupos políticos de la izquierda, la necesidad de debatir y concretar ese nuevo modelo de regulación, que seguramente no tiene que repetir los moldes que ahormaron las relaciones laborales hasta el comienzo de la crisis.

Y debe también hacer visible su desapego y su protesta frente a esta apropiación de la constitución por las fuerzas del privilegio. No puede desconocer que con esa decisión los trabajadores y trabajadoras de este país, cada vez más desiguales y más desprotegidos, han sido humillados y ofendidos al desconocer el intérprete de la constitución sus derechos fundamentales al trabajo y a la libertad sindical.

Humillados y ofendidos porque a partir de ahora el trabajo con derechos desaparece frente al empleo como posibilidad y como privilegio acordado por el empresario, y el sindicato solo tiene valor como instrumento de mediación en la gobernanza social en la medida que se adhiera al proyecto regulativo del poder público y del poder privado empresarial. Y en esas condiciones, nada puede ser lo mismo que hasta ahora.

LA PLANTILLA DE SNIACE VOTARÁ EN ASAMBLEA SI ACEPTA LA “HOJA DE RUTA” DE LA DIRECCIÓN

Los trabajadores de Sniace se reunirán en asamblea, para decidir si aceptan la propuesta de plan laboral que la dirección presentó al comité en Madrid.

Esta «primera parte de la hoja de ruta» contempla jubilaciones definitivas a los 63 años, la incorporación a la póliza de la compañía de seguros una vez finalizado el desempleo, la no aplicación del 1% de revalorización propuesto por el comité y el 80% de salario bruto mientras se permanezca en la póliza.

El comité tiene que comunicar a la dirección de Sniace si la plantilla acepta o no la propuesta. Y después tendrá que esperar la respuesta de los administradores concursales.

Si los trabajadores aprueban la «hoja de ruta» de la dirección y los administradores concursales dan su visto bueno, comenzaría entonces la negociación de todos los detalles del acuerdo, que se tendría que concretar «en 15 días» y trasladar a la Audiencia Nacional, según ha explicado el secretario del comité de empresa, Antonio Pérez Portilla.

El sindicalista ha puntualizado que es «la primera vez en nueve meses» que la empresa presenta una propuesta, y ha recalcado que «no es ningún acuerdo ni un plan completo, sino el comienzo de algo».

De hecho, si los trabajadores lo aprueban, habrá que seguir despejando dudas, como el importe de la indemnización, cuántos trabajadores se acogen a las jubilaciones, cuántos no vuelven, etc.

Y si la parte social o los administradores concursales dicen no a la propuesta de la empresa, la sentencia de la Audiencia Nacional que ratificó los despidos pasaría a ser firme, dado que el comité, aunque ha presentado un anuncio de recurso, no tiene intención de impugnarla porque considera que sería «una pérdida de tiempo».

MCA-UGT DENUNCIA A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO A UNA EMPRESA POR INCUMPLIR LA JORNADA INTENSIVA

La Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT en Córdoba ha denunciado a la empresa Construcciones Sarrión ante la Inspección de Trabajo «por incumplimiento de la jornada intensiva durante el verano», dándose la circunstancias de que «esta empresa está trabajando actualmente para el Ministerio de Fomento en el enlace y variante de la Autovía del Sur A4».

Según ha informado el sindicato en un comunicado, «la empresa Sarrión está imponiendo jornada partida, a pesar de que el convenio provincial que regula esta cuestión refleja la necesidad de la jornada continua durante el verano, con el objeto de evitar los golpes de calor».

Según ha señalado UGT, «Para descolgarse del convenio, la empresa creó una comisión ‘ad-hoc’ elegida por sus propios dirigentes y compuesta por personal de dirección y supervisión de la propia obra. Esta comisión impuso la jornada partida, justificándola por razones de productividad. Tal decisión no se transmitió ni se consultó con la comisión paritaria del convenio provincial de la construcción, cuando es un requisito que exista un proceso previo de consultas con documentación que justifique el descuelgue».

MCA-UGT planteó entonces una alternativa, mediante la existencia de un doble turno, ya que, «de esta manera se evitarían las horas de máximas temperaturas y, a su vez, la obra necesitaría más empleados. La empresa, por tanto, conseguiría sus metas de productividad y el sector de la construcción, uno de los más castigados por el paro, se beneficiaría de estas contrataciones extraordinarias».

El sindicato ha recordado que la imposición de la jornada continua obedece a numerosos y rigurosos estudios que demuestran la gravedad de los golpes de calor. La causa del problema no es solo la elevada temperatura, sino la acumulación excesiva de calor en el organismo, algo que se puede dar, bien por esas altas temperaturas o bien por las actividades físicas intensas. En el caso de la construcción se dan ambos factores durante el verano, por lo que el riesgo se multiplica.

El denominado estrés térmico tiene diversos efectos contra la salud, desde agotamiento, erupciones, edemas en las extremidades, quemaduras, calambres musculares o deshidratación, hasta su consecuencia más grave, el golpe de calor. Cuando se produce, la temperatura corporal supera los 40,6 grados y resulta mortal entre el 15 y el 25 por ciento de las veces.

HUELGA Y MANIFESTACIÓN EN EL ASILO

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Los trabajadores culminaron la serie de concentraciones diarias que empezó el pasado 15 de julio para rechazar los despidos en la Residencia de Mayores Nuestra Señora de las Mercedes, gestionado por una congregación de religiosas. Por este motivo, y ante la falta de respuesta a las protestas, el sindicato convocó una manifestación y una huelga de los trabajadores que forman parte de la plantilla del asilo.

En concreto, la marcha partió a las once de la mañana desde la puerta del recinto, ubicado en el Paseo de los Marqueses, y después de recorrer diferentes calles en las que se encontraron el apoyo ciudadano culmino ante el Ayuntamiento de la ciudad. En ese momento se dio lectura al manifiesto con el que se pone fin a la jornada de protesta.

CC OO recuerda que el origen de este conflicto se sitúa en el “despido de seis trabajadores” del asilo que destacaban por su “antigüedad” en la plantilla y que se produce después de que “en los últimos dos años” la congregación que rige el centro “haya contratado a, aproximadamente, veinte personas”.

Dado que el número de residentes no solo se ha mantenido, sino que incluso ha disminuido en dos, la ratio entre el número de trabajadores y usuarios ha quedado desequilibrada, explica Vallejo. Es por este motivo por el que desde el sindicato entienden que la congregación “tiene que adecuar” la plantilla, pero no a través de despidos que, además —puntualiza el sindicato—, se han producido “sin negociación”.

Así, Comisiones Obreras aboga por alternativas como “un expediente de regulación temporal de empleo”, indica la representante de la central sindical, que insiste en señalar que antes de llegar a la convocatoria de estas protestas se ha intentado conseguir “un acercamiento” con las religiosas.

De acuerdo con CC OO, el encuentro, finalmente, no se ha producido, ya que la empresa se negó a reunirse con el sindicato si antes no se desconvocaban las concentraciones convocadas en Linares para los últimos días.

Además, CC OO intenta abordar esta situación tanto con el Obispado de Jaén como con el Ayuntamiento linarense, como manifiesta Vallejo, quien aclara que de ninguna de las dos partes se ha obtenido respuesta hasta el momento, aunque su intención es invitarlos a que tomen cartas en el asunto y, de esta forma, se consiga una solución justa.

De esta manera, el sindicato opta por la celebración de una huelga y una manifestación para “reivindicar la reincorporación” del personal despedido, desde la premisa del rechazo rotundo a que “se eche a trabajadores que estaban contratados” y, también, a que se “cierre” el asilo.

LA PLANTILLA DE URBASER CONFÍA EN CERRAR EL CONFLICTO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

El secretario del comité de empresa, Julio Pacio, ha afirmado que, si ambas partes «tienen voluntad», el conflicto laboral que ha provocado la huelga en el servicio de limpieza y recogida de basura en Lugo, un paro que cumple ya 49 días, podría quedar próximamente cerrado, porque las posturas están más cerca.

En declaraciones a EFE, Julio Pacio explicó que en la reunión que mantendrán los representantes de la plantilla con la empresa y con el edil de Medio Ambiente, Luis Álvarez, a partir de las once de la mañana, «la parte social» de las reivindicaciones de los trabajadores podría quedar «encajada».

Lo que se analizará en esa reunión es la posibilidad de realizar una modificación puntual en el contrato que tiene el Ayuntamiento de Lugo con la empresa Urbaser para modificar el calendario laboral de catorce trabajadores cuya jornada es de lunes a domingo.

Según Pacio, modificar esa parte del contrato «es factible» y supondría una notable mejora de las condiciones laborales de los trabajadores afectados y también una mejoría en el propio servicio de limpieza y recogida de basura, porque con otros turnos «la ciudad estaría más cubierta».

«Limando ese aspecto, la parte social podría quedar lista», dijo el secretario del comité, quien también considera que «lo económico también podría quedar encajado», salvo pequeños matices, con la propuesta en la que han venido trabajando las partes en las últimas reuniones.

Quedaría, en todo caso, un último escollo, precisamente el que ha estado bloqueando las negociaciones en las últimas semanas, que son las medidas disciplinarias adoptadas por la empresa contra los trabajadores por el incumplimiento de los servicios mínimos.

Julio Pacio insistió en que «el conflicto debe cerrarse con las manos limpias».

30 DE JULIO, CGT LLAMA A JORNADA DE LUCHA EN MÁLAGA.

La Federación de Transportes y Comunicaciones de CGT-A ha convocado concentración de protesta ante todas las razas de políticos que se darán cita en Málaga el 30 de julio para inaugurar el Metro de Málaga.

La precariedad, los despidos y la privatización de AENA en el sector aéreo, el desmantelamiento de las empresas ferroviarias RENFE y ADIF (huelga 31 de julio y 1 de agosto), los despidos en las empresas de transporte de viajeros por carretera concesionarias de la Junta de Andalucía (portillo, Alsa, Damas, etc.), los ERE en las subcontratas de telefónica (ATENTO…) nos obligan a movilizarnos contra los responsables de la situación, que no son otros que los políticos de todo tipo y color.

A esta convocatoria se han unido ya otros colectivos en defensa de los servicios públicos como servicios sociales, sanidad, bomberos forestales, servicios públicos de limpieza… para enviar un mensaje alto y claro a esta CASTA que tan alejada se encuentra de los problemas de los ciudadanos/as y que con sus políticas tanto daño nos están infligiendo mientras defienden a la troika, a las grandes corporaciones bancarias y a las multinacionales.

Por ello el 30 de julio a partir de las 11,30h en Vialia estación de Ferrocarril, nos movilizamos en Málaga, aprovechando que los políticos se van a ir de vacaciones inaugurando el metro de esta ciudad y queremos conseguir que no nos olviden en su veraneo.

[TARRAGONA] TRIUNFO DE LA SOLIDARIDAD OBRERA Y LA ACCIÓN DIRECTA EN EL CONFLICTO CON LA RESIDENCIA MIRADOR BARÁ

Nos complace comunicar una nueva victoria sindical, de nuevo mediante la acción directa y el apoyo mutuo entre trabajadores/as, y sin llegar a esperar por los largos procesos jurídicos.

Recordemos que la residencia de la tercera edad Mirador Barà (Roda de Barà, Tarragona) aplicó un despido disciplinario con argumentos completamente falsos y no demostrados, y con el único fin de dejar en la calle al fisioterapeuta de la residencia, sin un solo euro de indemnización, como represalia a todas las reclamaciones laborales y sanitarias que estuvo pidiendo. Además, fue despedido estando de baja médica.

Comunicamos hace ya unas semanas la realización de un primer piquete informativo el pasado 19 de junio frente a la residencia y posteriormente por el pueblo, repartiendo una gran cantidad de octavillas.

Otro piquete se realizó, siendo más intenso si cabe e informando a más familias y habitantes, incluso a residentes. Paralelamente a todo esto, estaba ya en trámite la correspondiente demanda judicial.

La empresa no soportó la presión y no quiso seguir enfrentándose a las acciones sindicales que se estaban llevando a cabo y se seguirían realizando hasta el fin del conflicto. Finalmente, acabaron reconociendo la improcedencia y, ante el deseo del trabajador de no volver a la empresa, pagando al compañero toda la indemnización correspondiente.

Se trata de un nuevo caso que demuestra que mediante la acción directa (no delegada) de los trabajadores, la solidaridad y el apoyo mutuo de todos nosotros, de igual a igual, de trabajadores, parados, estudiantes y jubilad@s, es posible conseguir responder a los crecientes casos de explotación y represión laboral.

ACUERDO EN LA RESIDENCIA BERRA DE DONOSTIA

El jueves 24 de julio el Comité de empresa, formado por ELA, UGT e INDEPENDIENTES, y la Dirección de la Residencia BERRA, gestionada por el grupo SAR QUAVITAE han alcanzado un acuerdo que pone fin al largo conflicto laboral que se inició en mayo del 2013, y que traerá consigo la mejora y blindaje de las condiciones laborales y la vuelta a sus puestos de trabajo de las personas afectadas..

El acuerdo alcanzado supone incorporar en la práctica , al texto del pacto firmado  el 19 de julio de 2013, las necesarias garantías de aplicación de dicho pacto.

Recordar que el pacto de centro firmado en julio de 2013 no fue refrendado en asamblea por parte de la plantilla de la Residencia de Berra y fue rechazado por ELA, por una Delegada de UGT y por una Delegada Independiente, y trajo como consecuencia que el conflicto de las Residencias se haya mantenido abierto en Berra desde mayo de 2013. Con el acuerdo alcanzadoy, se consigue equiparar las condiciones laborales de las trabajadoras de la Residencia de Berra a las que ya poseen en el resto de las residencias de Gipuzkoa.

Desde ELA valoramos muy positivamente el acuerdo alcanzado entre la totalidad de los sindicatos y la dirección de la empresa. ELA cree, a su vez, que este acuerdo permite iniciar una nueva fase de entendimiento y normalización de las relaciones laborales entre el grupo empresarial SAR QUAVITAE y los representantes de los trabajadores/as.

Con la firma de este acuerdo, ELA da por finalizado el proceso de Negociación  2013-2014, en las residencias de personas mayores de Gipuzkoa. Hay que recordar que se han firmado acuerdos que afectan a más de 75 residencias y centros de día, caracterizados todos ellos por cláusulas de blindaje que obligan a no aplicar la reforma laboral en nuestros centros de trabajo y por una mejora muy importante de las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras y trabajadores del Sector de residencias de Gipuzkoa.

Desde ELA queremos señalar  la movilización, la participación y apoyo de miles de trabajadoras y trabajadores del sector a este proceso de negociación. Una vez más se ha demostrado que una buena propuesta negociadora y un buen trabajo sindical en los centros puede dar como resultado alcanzar excelentes acuerdos.

Por último, desde ELA queremos manifestar nuestro ilusión y compromiso de seguir apostando por una negociación colectiva real, ambiciosa y de calidad, que permita en la práctica mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadoras y trabajadores de nuestro sector, e incorporar a los acuerdos las garantías legales necesarias para que nadie nos elimine por la puerta de atrás todo aquello que hemos ido conquistando con nuestra lucha.

TRABAJADORES DE DHL MANTIENEN UNA HUELGA HASTA EL DÍA 30 EN PROTESTA POR LOS TRASLADOS PROPUESTOS

Los trabajadores de la empresa de mensajería DHL Supply Chain en su centro de Valdemoro mantienen desde el miércoles, 23 de julio, una huelga general que se mantendrá hasta el miércoles 30 y que tiene como objetivo protestar por los traslados propuestos por la dirección de la compañía.

Según el comité de empresa, en estos primeros días de paros han secundado la huelga el cien por cien de los trabajadores de la planta de Valdemoro, «incluidos los del departamento de administración».

El sindicato CC.OO. ha informado de que el expediente planteado afectará a 40 trabajadores del centro valdemoreño, a los que se les modificarán las condiciones laborales y se les trasladará a otros centros de trabajo repartidos por todo el territorio nacional.

Esto se produce después de que la empresa haya trasladado la actividad de uno de sus clientes, que concentra «el 30 por ciento de la actividad de la planta», a otro centro de la misma compañía a 25 kilómetros pero situado en Ontígola, provincia de Toledo.

Francisco Núñez, representante de CCOO en el Comité de Empresa, ha señalado que «en lugar de llevarse a los trabajadores a este nuevo centro de Ontígola, porque dicen que necesitan como mínimo 21 personas, lo máximo que ofrecen son diez traslados desde el centro de Valdemoro y el resto a otras provincias de toda España».

Núñez además ha criticado que en el caso de aceptar ciertos traslados, «la dirección nos dice que también cambiaríamos a los convenios existentes en el centro de destino, que en general están por debajo del que tenemos en Valdemoro», por lo que actualmente las conversaciones entre ambas partes están «casi estancadas».

Por todo ello, el comité de empresa considera que «la dirección de la empresa está enmascarando el despido de estos trabajadores y el desmantelamiento de la planta», por lo que mantendrán la huelga hasta el miércoles, 30 de julio.

EL COMITÉ DE EMPRESA DE ADIF RATIFICA LAS JORNADAS DE HUELGA

El Comité de Empresa de Adif ratificó la huelga convocada para los días 31 de julio y 1 de agosto, según informa el Sector Ferroviario de CCOO.

En concreto los 9 representantes de CCOO, CGT, SCF y SF votaron a favor de mantener los paros mientras que los 4 de UGT lo hicieron en contra.

El secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, explica esta decisión porque «la propuesta de la empresa es aún confusa y no garantiza el que se pueda confiar en que trabaja por garantizar su futuro como empresa pública, así como por la creación de empleo de calidad”.

De todas formas, CCOO asegura estar dispuesta al diálogo y a resolver los problemas existentes, siempre que realmente haya voluntad por todas las partes.

Por su parte, UGT ha decidido desconvocar de forma unilateral su convocatoria de huelga tras alcanzar un acuerdo con la empresa.

Según explica en un comunicado, dicho acuerdo “contempla soluciones y compromisos para dar salida a los asuntos que provocaron la conflictividad y garantiza el nivel de empleo y las condiciones laborales”.

El acuerdo afecta al Canal de Venta, los Servicios Logísticos y las bases de Mantenimiento.

PAROS EN RENFE

En el caso de Renfe, CCOO mantiene su convocatoria de huelga, a la que se suma la convocada el viernes por SF y CGT.

Tanto UGT como el sindicato de maquinistas Semaf no han respaldado en ningún momento la convocatoria de paros en Renfe, por lo que nunca ha contado con el respaldo de la mayoría del comité.

En ambas empresas se han producido ya las reuniones para fijar los servicios mínimos terminando sin acuerdo, por lo que deberá establecerlos el Ministerio de Fomento.

LOS TRABAJADORES DE ATENTO PROTESTAN CONTRA EL ERE EN LAS CALLES DE LEÓN

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La plantilla manifiesta en la calle su desacuerdo con la regulación de empleo para un total de 800 empleados de esta compañía en España de los que 49 trabajan en el centro de la provincia leonesa

La jornada de huelga convocada para por los trabajadores de Atento a nivel nacional ha tenido su representación en León frente a la sede del Ayuntamiento en la calle de Ordoño. La protesta tiene como objetivo oponerse al expediente de regulación de empleo de carácter suspensivo (ERE) que afecta a 800 trabajadores a nivel nacional y a 48 en la provincia de León.

A las 12:00 horas la entrada del Ayuntamiento leonés fue tomada por empleados de Atento, representantes del sindicato UGT y militantes de los Colectivos de Jóvenes Comunistas. Todos se unieron para reclamar, al grito de «¡Viva la lucha de la clase obrera!», unas condiciones dignas de trabajo en Atento y oponerse al citado ERE.

El portavoz de los manifestantes ha declarado que cuentan con el «apoyo de los sindicatos UGT y USO» para luchar contra un ERE que afecta al 10% de la plantilla de la empresa a nivel nacional. «Hasta el momento solo hemos tenido palabras bonitas por parte de las instituciones pero ninguna medida concreta», afirma el representante de los trabajadores.

Atento ha propuesto a los empleados reducir el ERE al 5% de la plantilla pero con unas condiciones «más precarias, con contratos más temporales y con menos horas de trabajo», como dio a conocer el portavoz de los manifestantes.

Así mismo, los trabajadores no entienden que una empresa que gana más dinero entre más llamadas reciba quiera recortar su plantilla. Lo que empeoraría las condiciones laborales, ya de por sí criticadas por los empleados, que reclaman desde hace meses «un tiempo administrativo entre llamada y llamada».

El ERE tiene como fecha de conclusión el 31 de octubre, aunque los manifestantes temen que el grueso de despidos se produzca los primeros días de agosto.

ATENTO QUIERE IMPONER CAMBIOS DE JORNADA A UN 4% DE LA PLANTILLA TRAS LOS DESPIDOS

A Coruña

La CGT convoca a 2.000 trabajadores de la firma y de Extel a una huelga de 24 horas

Atento quiere imponer modificaciones de horario y jornada al 4% de sus trabajadores después de despedir a 800 trabajadores a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que negocia actualmente con los representantes de los trabajadores.

Así se desprende de la última oferta realizada por la, en la que propuso reducir el número de despedidos en 80 personas a cambio de que 330 trabajadores (un 4% de la plantilla que le quedaría tras los despidos) aceptasen voluntariamente una distribución irregular de la jornada. La firma advierte sin embargo que si no encuentra esa cifra de trabajadores, podría aplicar la medida de manera forzosa.

Por todo ello, la CGT convoca a la plantilla de Atento y también a la de Extel -entre ambas suman 2.000 trabajadores en A Coruña- a un paro de 24 horas y a una manifestación con la que pretenden parar el ERE.

El sindicato advierte de que el ERE de Atento no está justificado ni por causas económicas (tiene beneficios) ni por causas productivas (tiene garantizados los ingresos hasta 2021) ni por causas organizativas, dado que la carga de trabajo de los 15 centros afectados será la misma tras los despidos.

CGT expone además que en las últimas evaluaciones de los riesgos psicosociales de la plantilla detectaron «una fuerte sobrecarga de trabajo» y un empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores en los últimos meses. Atento pretende todavía despedir a 700 empleados aunque según los sindicatos, el único motivo que hay para ello, es el deseo de sus accionistas de «multiplicar sus beneficios a costa de los derechos de los trabajadores»

EL MATADERO DE NOREÑA TRAMITA UN ERE DE TRES MESES PARA TODA LA PLANTILLA

Junquera Bobes propone parar la producción durante seis meses, pero el administrador concursal, que ya está al mando, reduce el tiempo a la mitad

El Matadero Central de Asturias, ubicado en Noreña, entra en concurso voluntario de acreedores e inicia los trámites para aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por un período de tres meses, que afecta al conjunto de la plantilla.

El juzgado de lo mercantil número 2 ha aceptado la petición de Junquera Bobes, empresa que regenta el matadero, que solicitó el concurso, antigua suspensión de pagos, dos semanas atrás. Ahora, el destino del macelo y de sus 94 empleados está en manos de los administradores, AEA Consultores, S. L. P., que se reunieron con representantes de los trabajadores para comunicarles la decisión del juez y para tener un primer contacto con la plantilla.

El principal argumento en favor del concurso es la deuda que acumula la empresa, que en 2013 perdió en torno a 1.770.000 euros. Sobre esta base, la gerencia planteaba, como primer paso del concurso, un ERE para toda la plantilla por un período de seis meses.

Pero los administradores concursales, tal y como comunicaron a los trabajadores, consideran este período excesivo, y en principio sólo plantean ese ERE para tres meses. Un proceso que ya se ha iniciado, con la apertura de un período de consultas que se completará en 20 días. En el caso de que no hubiese acuerdo decidirá el juez.

Para el comité de empresa, la propuesta del administrador de reducir el período marcado para el ERE es positiva, toda vez que una paralización de la producción de medio año sería excesiva con vistas a una reactivación del macelo. Esto no quiere decir, sin embargo, que los trabajadores vayan a aceptar el ERE sin más, toda vez que su postura aún no ha sido consensuada y, en todo caso, preferirían no tener que parar la producción.

Por otro lado, los trabajadores se reunieron con representantes de IU, que les manifestaron su apoyo y su disponibilidad para defender los intereses de la plantilla ante la Junta General del Principado. En este sentido, el diputado Aurelio Martín criticó que el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, no se haya reunido aún con los trabajadores. «El Matadero Central tiene un papel estratégico en el sector», afirma Martín, quien considera «imprescindible» que Torre se reúna con el comité de empresa.

LA PATRONAL DE PONTEVEDRA PRESENTA UN ERE Y BAJA SUELDOS

Los empresarios de A Coruña denuncian que la CEG duplica los gastos de gestión

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) que incluye tres despidos y una reducción de jornada -«y por tanto de salario»- para el resto de la plantilla, que integran 19 trabajadores.

El presidente de la entidad, Luis Novoa, quien confirma que las cartas de despido se presentaron, asegura que «no nos queda más remedio que ajustar la plantilla a las posibilidades de financiación». Explica que los ingresos de la organización han sufrido una merma importante desde que se inició la crisis, dado que algunas asociaciones llevan un tiempo sin abonar sus cuotas por falta de fondos, en tanto otras han solicitado una rebaja en los recibos.

Novoa asegura que desde que accedió al cargo, hace un año, están «reduciendo gastos, pero ya no hay más de donde reducir». «Somos una entidad sin ánimo de lucro y el capítulo de personal supone casi el 90 % del presupuesto.

No nos queda más remedio que recurrir a la regulación», añade Novoa confía en llegar a un acuerdo con los trabajadores para la aplicación del ERE. «Estamos intentando hacer el menor daño posible y esperamos que la recuperación no se dilate, que se trate de una situación coyuntural y que podamos retomar la actividad normal lo antes posible».

LA PLATAFORMA, SATISFECHA POR LA RECTIFICACIÓN DEL TS RESPECTO A SU CRITERIO SOBRE LOS DESPIDOS MEDIANTE AMORTIZACIÓN

El alto tribunal considera que para la extinción de la relación laboral de interinos a través de la eliminación de plazas se han de seguir los procedimientos establecidos en el E.T. cuando se trata de un despido colectivo. También deja claro que la eliminación en sí misma no es válida para la extinción contractual en la medida que la condición para que la relación se extinga no es la desaparición de la plaza sino la cobertura de la misma.

La Plataforma, satisfecha por la rectificación del TS respecto a su criterio sobre los despidos mediante amortización

La Plataforma de Despedidos del Ayuntamiento de Los Barrios expresa su satisfacción por la rectificación llevada a cabo por el TS en lo que se refiere a su criterio jurisprudencial sobre los despidos mediante amortización de plazas en las administraciones públicas.

Dicha rectificación ha quedado plasmada en sentencia dictada el pasado 24 de junio en la que declara nulo el despido de 156 trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid.

La sala de lo social del citado tribunal considera que para la extinción de la relación laboral de interinos a través de la amortización de plazas se han de seguir los procedimientos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores cuando se trata de un despido colectivo.

También deja claro que la amortización en sí misma no es válida para la extinción contractual de los interinos con las administraciones públicas en la medida que la condición para que la relación se extinga no es la eliminación de la plaza sino la cobertura de la misma.

“Lo cierto es que nos encontramos ante un acto de la (parte) empleadora que supone la extinción de un contrato temporal antes de que llegue su vencimiento, lo que supone un perjuicio para la otra parte (trabajador/a) que ve truncadas sus expectativas de empleo, incluso de ganar en concurso la plaza que ocupa”, señala el alto tribunal.

“Por ello, cabe concluir que el penúltimo párrafo del art. 51-1 del E.T. en cuanto parece excluir del cómputo para la determinación de la existencia de despido colectivo a los contratos temporales del art. 49-1-c del mismo texto legal sólo se refiere a los contratos que finalizan por la expiración del tiempo convenido, pero no a los que finalizan antes de que llegue su término cual acaece en los supuestos de amortización de vacantes ocupadas interinamente”, dice también en su sentencia.

“Esta resolución del Tribunal Supremo viene a ratificar las sentencias del Juzgado de lo Social Único de Algeciras que declararon nulo el despido de los 115 trabajadores llevado a cabo por el equipo de gobierno de Jorge Romero en febrero de 2012, así como aquéllas que erróneamente han sido revocadas hasta la fecha por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y coincide con lo que tanto nuestros abogados como los afectados hemos defendido”, afirma la plataforma.

“Siempre confiamos en que al final se haría justicia y se nos daría la razón y eso es lo que va a suceder, aunque lamentamos el perjuicio que la decisión adoptada en su día por el PA con la complicidad del PP va a causar al Ayuntamiento y a los barreños”, concluye el colectivo.

LA CIG DA 2 SEMANAS DE REFLEXIÓN A CITROEN, ANTES DE CONVOCAR NUEVAS ACCIONES

La sección sindical de la CIG en PSA Peugeot Citroën en Vigo ha anunciado que paraliza todas las acciones que había realizado hasta el momento para ofrecer a la dirección de la empresa dos semanas para reflexionar acerca del despido de dos trabajadores, como paso previo a celebrar un acto de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC).

Este acto se celebrará el próximo 6 de agosto, tras lo que esperan que los dos despedidos puedan recuperar su puesto de trabajo o, en caso, contrario, han avisado de que volverán a retomar las movilizaciones. «En función de lo que pase el día 6 tenemos medidas preparadas», ha asegurado el secretario de la sección sindical en PSA, Manuel Domínguez.

Así las cosas, la huelga de hambre que habían iniciado el pasado 1 de julio dos de los trabajadores de la empresa, y en la que han llegado a participar hasta siete personas que han ido relevando a sus compañeros, también se verá interrumpida tras 24 jornadas.

En este sentido, Domínguez ha asegurado que «no se abandona esta batalla, todo lo contrario, se reafirma la vigencia de la lucha» contra la «política represiva y agresiva» que está ejerciendo la empresa y por la readmisión de los dos trabajadores despedidos, que ha sido «el detonante» para iniciar las movilizaciones.

En relación a ello, ha vuelto a recalcar que el despido fue «injusto» y que «podrían haber sido despedidos cualquiera de los trabajadores del centro». Por esta razón, iniciaron estas medidas «contundentes», que han incluido concentraciones diarias ante la planta viguesa, encierros y una manifestación multitudinaria el pasado 15 de julio.

En todo caso, el secretario ha rechazado que el sindicato nacionalista tenga la «intención de dañar la imagen» de Citroën con estas movilizaciones y ha señalado que el objetivo que pretenden conseguir es que la empresa «reflexione, recapacite y reconsidere» el despido de Paco y David.

APOYO

Asimismo, el secretario nacional da CIG-Industria, Xoán Xosé Bouzas, ha resaltado en declaraciones a los medios que este conflicto ha sido llevado por su sindicato «al resto de empresas del sector». Así, han recibido el apoyo de otras centrales sindicales, que han mostrado su «solidaridad con todos los trabajadores».

Entre ellos, ha destacado la Federación Sindical Mundial, que ha difundido una carta de apoyo a la huelga de hambre y en la que también se ha sumado a la petición de que los dos trabajadores despedidos sean readmitidos.

«La dignidad de las personas está por encima, y degradarlos en el trabajo, amenazarlos y llegarlos a despedir no es razonable por una multinacional como Citroën», ha concluido Bouzas.

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