Boletín de Luchas Obreras (14 de Julio de 2014)

ÍNDICE:

► LAS CAUSAS CONTRA HUELGUISTAS SUMAN PETICIONES DE CÁRCEL POR 120 AÑOS artículo de María Fernández / Manuel V. Gómez

►LOS TRABAJADORES DE ATENTO IRÁN A LA HUELGA EL 15 DE JULIO CONTRA EL ERE Y SE CONCENTRARÁN EN PLAZA NUEVA DE SEVILLA

►CONCENTRACIÓN DA CIG EN ATENTO CONTRA O ERE QUE CONTEMPLA 49 DESPEDIMENTOS NO CENTRO DE TRABALLO DA CORUÑA

►[L´HOSPITALET] NUEVA READMISIÓN EN WFS BARCELONA

►HUELGA Y MOVILIZACIONES CONTRA LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA ARRIAUNDI

►ASTILLEROS NAVANTIA-FERROL: VICTORIA EN LA HUELGA INDEFINIDA DE LA LIMPIEZA Escrito por Diego Costoya Ejecutiva comarcal de CCOO de Industria · Ferrol   

►15J: CGT GRITA DESDE EL LUGAR MÁS ALTO DE LA PROVINCIA DE MADRID, LA PRIVATIZACIÓN DE AENA ES UN ROBO Y UN FRAUDE.

15J: LLAMADA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A CONCENTRARSE CONTRA LOS RECORTES

►STE RECURRIRÁ LA SANCIÓN A UN DOCENTE POR INFORMAR DE QUE IBA A HACER HUELGA

►USO DENUNCIA LA «INCOHERENCIA MAYÚSCULA» DE LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ANTIBIÓTICOS EN EL PERIODO DE CONSULTAS

►LA RUPTURA DE NEGOCIACIONES FRUSTRA EL FINAL DE LA HUELGA DE BASURA EN LUGO

►O CONCELLO DE LUGO ACORDA INTERVIR A CONCESIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO A URBASER. Fuente: galizacig.com

►EL CALZADO PODRÁ IR A LA HUELGA POR LA RUPTURA ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS

►LOS ESTIBADORES DEL PUERTO DE BILBAO IRÁN A LA HUELGA EL 18 DE JULIO

►USO AFIRMA QUE SI SNIACE CIERRA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SERÁ LA «ÚNICA RESPONSABLE»

►LA PLANTILLA DE RADIO ASTURIAS VUELVE A PARAR CONTRA EL PLAN DE DESPIDOS

►MANIFESTACIÓN EN PROTESTA POR EL DESPIDO DE UNA DELEGADA DE ELA EN EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO

►MASIVA MANIFESTACIÓN EN PUERTOLLANO CONTRA EL CIERRE DE ELCOGÁS: ¡POR UNA HG EN PUERTOLLANO Y EN LA COMARCA! Escrito por Manuel Franco – Afiliado CCOO   

►IBERIA ANUNCIA UN ERE VOLUNTARIO PARA UN MÁXIMO DE 1.581 TRABAJADORES

►EL PLAZO DE NEGOCIACIÓN ENTRE DIRECCIÓN Y TRABAJADORES DE CELSA ACABA SIN ACUERDO

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LAS CAUSAS CONTRA HUELGUISTAS SUMAN PETICIONES DE CÁRCEL POR 120 AÑOS

María Fernández / Manuel V. Gómez

A Katiana Vicens, secretaria general de CC OO en Baleares, el fiscal le pide cuatro años y medio de cárcel. Durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 subió a un autobús urbano, según consta en el escrito de acusación, “con ánimo de menoscabar la propiedad ajena y de sumar a la huelga al trabajador que cumplía los servicios mínimos”. Ella admite que entró en el autobús, acompañada de un policía: “Para informar”. Pero niega que el incidente acabara con una luna del autocar rota. El fiscal, a raíz de la denuncia del conductor del vehículo, asegura que Vicens increpó al empleado diciéndole “deja de trabajar”, “esquirol”, al tiempo que arrancaba el cartel de servicios mínimos y golpeaba “la luna delantera hasta fracturarla”. El ministerio público le reclama además una multa de 24 meses a razón de 18 euros al día (unos 13.000 euros) y 1.979 euros por la luna rota.

“No tengo intención de llegar a un acuerdo. No he hecho nada. Y si tengo que acabar en prisión, lo haré”, explica al otro lado del teléfono Vicens. Dice que está tranquila y defiende que su causa, como otras 81 abiertas en toda España contra 260 afiliados a CC.OO. o UGT, responde a la intención del Gobierno de criminalizar la huelga. La fiscalía pide cárcel para otros once afiliados a CGT y para otros tantos del sindicato gallego CIG. Además, se han dictado condenas de más de dos años de prisión a personas que no están vinculadas con ninguna central. De forma agregada, según los cálculos de los sindicatos, los fiscales piden 120 años. Y la cifra puede subir cuando se concreten acusaciones pendientes.

Ni Tamara Vidal ni Ana Outerelo pertenecen a ningún sindicato. Se sumaron a una movilización sectorial convocada a principios de 2010 para que los trabajadores de las piscinas públicas de varias ciudades gallegas tuviesen un convenio colectivo común. Fue un conflicto laboral breve, que se resolvió en apenas dos meses, pero que a estas dos profesoras de gimnasia les ha arruinado como mínimo cuatro años de su vida. El ocho de febrero de ese año formaron parte de un grupo de unas 50 personas que, saltándose la oposición del gerente a empujones, entró en uno de los complejos afectados en Pontevedra al grito de “esquiroles”. Los manifestantes arrojaron pintura de color rojo y jabón líquido al agua de las piscinas y a las gradas. El gerente denunció los hechos y solo tres personas del grupo fueron identificadas. Tamara, porque había trabajado allí y la conocían; Ana, porque reconoció que había estado con sus compañeros y una tercera afectada, que alegó que había llegado tarde y evitó el castigo.

La sentencia no consideró siquiera probado que fuesen ellas las que efectivamente dieron el empellón —el afectado culpó a un hombre— o vertieron los botes. Pero como estaban en el grupo, y la juez entendió que se produjo coacción, les cayeron seis meses de cárcel. Tras su apelación, la Audiencia Provincial de Pontevedra elevó posteriormente la pena por el mismo delito imputado a tres años y un día de prisión alegando que la magistrada de Vigo se había equivocado.

La sentencia, que ya es firme, se dictó hace dos meses y desde entonces las movilizaciones en apoyo a las dos mujeres no han cesado. Decenas de miles de firmas de los vecinos, manifestaciones periódicas, mociones unánimes clamando por el indulto tanto en el pleno municipal como en el Parlamento gallego y finalmente la aquiescencia de la fiscalía, que ahora también recomienda el perdón. De momento están a la espera de lo que suceda con su petición de indulto.

Desde el ámbito judicial se lamenta la severidad del artículo 315.3 del Código Penal, que marca un castigo de hasta tres años de prisión para quien, “actuando en grupo, o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Desde la Fiscalía General del Estado no se ha dado, según fuentes consultadas, ninguna instrucción particular para seguir al dedillo el Código Penal en estos casos. “Somos conscientes de que hay una alarma social, pero es un problema de la legislación”, razona desde la Unión Progresista de Fiscales Álvaro Ortiz. “En absoluto es una acción coordinada de los fiscales, los procedimientos distan varios años unos de otros”, añade, y recuerda que en el pasado se han dado casos. Pero la repentina severidad con que fiscales de todo el país están actuando escama en las organizaciones sindicales.

Cándido Méndez, secretario general de UGT, denuncia que el Ministerio Público pide 120 años de cárcel en 13 de las 17 comunidades autónomas. “Durante 35 años se ha producido una interpretación constitucional correcta del derecho de huelga y ahora hay un desequilibrio a favor del Código Penal y en perjuicio de los trabajadores”, asegura. Para Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, se trata de un ataque “sin precedentes” a este derecho fundamental. Una forma de “ejemplarizar, de meter miedo, de desanimar”, añade, que se traduce en “actuaciones que buscan cambiar el derecho de huelga de facto”.

El artículo 315 del código penal al que se están agarrando las acusaciones está pensado para castigar a quien “impidiere o limitare el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”, por eso Toxo destaca lo para él es sarcástico: “El derecho al trabajo se vulnera a diario en este país y no precisamente por sindicalistas”.

Por vulnerar el derecho al trabajo quieren castigar a Rubén Ranz, de 39 años, y a José Manuel N., que formaban parte de un numeroso piquete que participó en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Ambos son afiliados y cargos orgánicos de UGT y habían acudido a las doce de la noche a Mercamadrid. Sobre las cuatro de la madrugada volvieron a la sede del sindicato para comer algo y organizar un piquete que actuaría por el centro de Madrid. “Llegamos hasta la Gran Vía, por la zona de los hoteles de cinco estrellas, con la intención de hacer ruido. No queríamos que los especuladores y los banqueros, culpables de la crisis, durmieran esa noche tranquilos”.

Pero cerca del Hotel Ritz la cosa se complicó. Uno de sus compañeros dejó pasquines en la puerta de un bar y se generó una bronca. “Detrás teníamos dos lecheras de antidisturbios. Comenzó una carga policial que pilló de lleno a su compañero José Manuel. “Les dije: ‘cómo os vais a llevar al mayor [porque tiene más de 60 años]’ y empezaron conmigo, soltando palos en mi espalda. Como no me dejé caer me dieron más golpes que sonaban como huecos”. Horas después estaban en el calabozo de la comisaría de Moratalaz.

En la celda coincidieron con otros detenidos, como el actor Willy Toledo. Ahora esperan juicio: el fiscal pide siete años de prisión para cada uno por vulnerar el derecho de los trabajadores, lesiones y atentado a la autoridad. “El fiscal, que solicitó prisión provisional porque dijo que yo podría fugarme, ni me miró a la cara cuando solicitó al juez esa barbaridad”. Rubén contrapone a su caso al de los dueños de una panadería en Valencia, que abandonaron a un inmigrante sin contrato a 200 metros del hospital después de que una máquina le cortase un brazo. Los han sentenciado a 11 meses y 29 días.

El abogado de UGT que lleva el caso de Rubén Ranz, Bernardo García, admite que en su trayectoria profesional de varias décadas nunca había visto una actuación tan desmesurada de la fiscalía. “El fenómeno tiene un sesgo claramente criminalizador”, reflexiona.

Otros ocho trabajadores de Airbus en Madrid se enfrentan a 64 años de cárcel por unos hechos parecidos. Uno de ellos, José Alcázar, tiene 63 años y está prejubilado. En septiembre de 2010 participó en la huelga contra la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: “Los ocho estábamos en una de las puertas de entrada a la fábrica. En cuanto llegamos me identifiqué ante los antidisturbios como máximo responsable del comité”. Eran las seis de la mañana. “Me sorprendió la cantidad de policía que había. Los vi bastante nerviosos, no me gustó. En un momento dado aquello se desmadró porque un trabajador quiso entrar en la planta. Cargaron contra nosotros, éramos como unas 400 personas, cargaron contra todos”.

La cosa se lio y un policía sacó su arma. “Dio siete disparos al aire. Traté de impedir que la cosa fuera a más, intenté que se calmaran. Reclamé la presencia de alguien de Airbus”, relata Alcázar. Cree que su actitud de identificarse desde el principio es muy significativa: “Si te identificas no lo haces para montar bronca”. Al día siguiente recibió una llamada de su mujer. La policía había ido a buscarlo a casa. “Fui acompañado por otros dos compañeros a los juzgados. Nos metieron a los tres en el calabozo”. El juez finalmente imputó a los ocho que esa madrugada habían pasado por la enfermería de la empresa. “Qué casualidad, los ocho estábamos en la lista de las últimas elecciones sindicales [siete de CC OO y uno de UGT]”. En abril de 2012, dos años después, se celebró una rueda de reconocimiento. Tuvieron que pasar otros dos años hasta que, el pasado febrero recibieron el escrito de acusación: el fiscal solicita 8 años y tres meses para cada uno. “Los peligrosos somos nosotros, los sindicalistas”, ironiza Alcázar. La multa, de 31.700 euros, la pagaron al día siguiente bajo la amenaza de embargo. Su abogado está intentando conseguir la anulación por defectos de forma. “No se conocía un caso así desde el franquismo. Tú te acuestas y te preguntas… ¿y si me pasa algo? Si la sociedad permite eso ya no sé… si nosotros hubiésemos cometido un atropello enorme… pero no, hice lo que debía y volvería a hacerlo, era mi obligación”. El juicio tardará otros dos años. “¿Cárcel? No quiero ni pensar en eso”.

Quien sí está a punto de ingresar en prisión son Carlos Cano y Carmen Bajo, condenados a tres años por su actuación como piquetes del 15-M durante la huelga general de marzo de 2012. La pena, dictada en mayo de 2013 por el juzgado de lo Penal 1 de Granada ha sido ratificada por la Audiencia Provincial, por lo que ya se ha ordenado su ejecución.

Acusados de amenazas, pintadas y destrozos, ambos fueron identificados en un piquete estaba compuesto por unas 40 personas más. El grupo jurídico que les presta apoyo ha presentado un incidente de nulidad de las actuaciones, aunque no descartan solicitar el indulto como último recurso. De momento, Carmen Bajo, en paro, ha conseguido aplazar su ingreso en prisión un mes más. Carlos, estudiante de medicina, no.

Más de 260 acusados

UGT y CCOO han contabilizado la apertura de 81 procedimientos penales y administrativos en toda España que afectan a 260 afiliados.

Once miembros de CGT en Cataluña, Cuenca, Madrid, Castellón y La Rioja se enfrentan a prisión por participar en protestas.

En Galicia cuatro condenados a penas de cárcel, dos de ellos a tres años, son del sindicato CIG.

En Granada y Vigo han condenado a penas de tres años de prisión a cuatro a personas no vinculadas a ningún sindicato.

El supuesto penal más utilizado por la fiscalía es el artículo 315 del Código Penal contra los derechos de los trabajadores pensado curiosamente para quien limite el derecho de huelga.

El indulto como último recurso

Carlos Rivas y Serafín Rodríguez fueron condenados por un juzgado vigués en mayo de 2011 a tres años de cárcel por «impedir a un grupo de trabajadores acudir a su puesto de trabajo lanzándoles objetos al vehículo en el que se encontraban», durante una huelga de transportes en el año 2008.

El Consejo de Ministros desestimó el año pasado su petición de indulto pese a que venía respaldada por 25.000 firmas y el apoyo explícito del Ayuntamiento de Vigo, la Diputación de Pontevedra y el Parlamento de Galicia. Tanto el tribunal que los sentenció como el fiscal habían redactado informes contrarios a la medida de gracia. Ahora cruzan los dedos para que salga adelante una nueva petición de indulto alegando que, seis años después de que se cometiesen los hechos, sería «rotundamente perjudicial» para ambos entrar en prisión teniendo que abandonar sus empleos.

Muy cerca de Vigo, en Pontevedra, Tamara Vidal y Ana María González esperan que prospere el suyo. Fuentes del Ministerio de Justicia confirman que tienen su solicitud y que la han enviado al tribunal que las sentenció para que elabore sus informes. «Un país que permite que sucedan estas cosas está arruinado», reflexiona otro trabajador en proceso judicial.

Esta vía también es la única esperanza para Carmen Bajo y Carlos Cano. Si no se lo conceden, pasarán tres años en la cárcel por formar parte de un piquete, causar daños en un bar por un importe de 700 euros y proferir amenazas contra la propietaria. El juez ha rechazado suspender la ejecución de la pena mientras el Ministerio lo tramita y solo ha prorrogado la entrada en prisión de Carmen hasta el 31 de julio. Carlos ingresará en cualquier momento.

LOS TRABAJADORES DE ATENTO IRÁN A LA HUELGA EL 15 DE JULIO CONTRA EL ERE Y SE CONCENTRARÁN EN PLAZA NUEVA DE SEVILLA

– El centro de Sevilla, con 500 trabajadores, uno de los afectados con 63 despidos

– La huelga, de 24 horas y convocada por CGT, afectará a todos los servicios de atención al cliente de Telefónica y Movistar

El martes 15 de Julio, los 500 trabajadores y trabajadoras de Atento Teleservicios en Sevilla, están llamados a la huelga, en la primera jornada de movilizaciones a nivel estatal contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa el 3 de Julio, y que prevé 63 despidos en el centro de trabajo sevillano. Por la tarde, de 19.00 a 21.00 horas, hay convocada una concentración a las puertas de la tienda Movistar en Plaza Nueva.

En total, el ERE afectará a casi 900 empleados de un total de 9.000 que la multinacional fundada por Telefónica tiene en España (un 9 por ciento de la plantilla). En Andalucía, están amenazados también los centros de Córdoba, con 250 trabajadores y 36 despidos, y Jaén, con 300 empleados y 45 despidos.

El paro, de 24 horas y convocado por CGT tras acordarlo en asambleas los trabajadores de los centros, coincidirá con la cuarta reunión en Madrid, entre sindicatos y dirección, dentro del periodo de consultas y negociación tras la presentación del ERE.

CGT, con 41 miembros en los comités de empresa y con mayoría de la representación en Madrid y Barcelona, los centros más afectados, considera totalmente injustificado este ERE. Este sindicato denuncia que Atento, la principal empresa de telemarketing de España y antigua filial de Movistar vendida al fondo buitre Bain Capital, ha ganado 2 millones de euros en 2014, tiene beneficios, y sin embargo, pretende destruir puestos de trabajo presentando un informe económico manejado y preparado para justificar lo injustificable.

Por todo ello, CGT seguirá con las movilizaciones y llamando a la unidad de acción para frenar los despidos. Además de la huelga del 15 de Julio, hay previsto otro paro de 24 horas el próximo 24 de Julio y paros de una hora por turnos todos los martes y jueves de Julio.

Juana Vázquez Torres (Secretaria de Comunicación CGT-Sevilla)

CONCENTRACIÓN DA CIG EN ATENTO CONTRA O ERE QUE CONTEMPLA 49 DESPEDIMENTOS NO CENTRO DE TRABALLO DA CORUÑA

A sección sindical denuncia ademais a súa exclusión, xunto con ELA, das mesas de negociación, por mor do acordo ao que chegaron os sindicatos estatais coa empresa

Persoal de Atento concentrábase el 10 de julio diante da sede da empresa na Coruña para manifestar a súa oposición ao ERE presentado pola empresa, que pretende despedir a 811 traballadoras/es no conxunto do estado, das que 49 serán do centro de traballo da Coruña. A CIG denuncia ademais a súa exclusión, xunto con ELA, das mesas de negociación por mor dunha manobra orquestrada entre as centrais sindicais estatais e a empresa.

No ano 2007 Atento contaba cun cadro de persoal, no centro de Traballo da Coruña, de 1.460 traballadoras/es. Desde aquela perdéronse 820 postos de traballo e hoxe o cadro de persoal quedou reducido a tan só 640 traballadoras/es.

Este brutal descenso viu provocado pola deslocalización a América Latina da plataforma de atención de chamadas. Porén, as constantes queixas da clientela obrigaron á empresa a traer de novo este servizo ao Estado español. Isto derivou nunha diminución de beneficios -en ningún caso perdas- que agora a empresa pretende recuperar pola vía de impor un novo ERE.

Así o explica a delegada da CIG en Atento Coruña, Mónica Carrodeguas, quen sinala que eses beneficios a maiores que obtiña a empresa viñan dados pola aínda maior precariedade laboral á que estaban sometidas as traballadoras e traballadores deses países.”Isto a pesar de que os nosos salarios, por convenio, son especialmente precarios”, sinala.

E é que nas mellores condicións laborais, é dicir, cunha xornada de 39 horas semanais, o salario apenas supera os 800€ ao mes e que a maioría do persoal ten xornadas inferiores e, polo tanto, menos ingresos.

A isto, Carredeguas engade as duras condicións nas que teñen que desenvolver o seu traballo. “Estamos sometidas a unha enorme presión. Atento traballa coa política do medo e constantemente recibimos ameazas de despedimento se non rebaixamos o tempo medio para resolver as chamadas”.

Esta situación provocou que a CIG presentara varias denuncias diante da Inspección de Traballo e que xa desde o mes de xaneiro deste ano se iniciaran as mobilizacións para denunciar as condicións laborais que o persoal estaba a sufrir. Derivado destas denuncias, explica a delegada sindical, “a propia Inspección afirmou que Atento estaba atentando contra a saúde das e dos traballadores” e impuxo multas á empresa á que demandou ademais que cesaran as presións.

Carrodeguas lembra tamén que nas enquisas de risco psicosocial os resultados saían “disparados” e que hai unha elevada porcentaxe de traballadores/as de baixa por problemas de ansiedade.

Agora a situación vese agravada polo anuncio deste ERE que viu aumentar aínda máis a presión que sufrían xa as e os traballadores.

A delegada sindical da CIG matiza que a maioría do persoal que traballa nesta empresa son mulleres con cargas familiares. Traballadoras que se antes tiñan xa, polas súas circunstancias, dificultades para atopar un emprego, terán agora especiais dificultades para atopar outro se son despedidas.

Ante esta situación a CIG continuará mobilizándose todos os martes e xoves para denunciar tanto o ERE como as condicións laborais e a súa oposición a un proceso de negociación nunhas mesas estatais que “non recoñecemos” e nas que se poderían acordar máis perdas de dereitos para limitar.

[L´HOSPITALET] NUEVA READMISIÓN EN WFS BARCELONA

Empezó con los despidos durante las subrogaciones en julio de 2011, continuó con nuevos despidos en diciembre del mismo año y en febrero de 2012; todos fueron declarados nulos por el Magistrado de lo Social. Aún así, volvió a ocurrir en septiembre de 2013 y más recientemente en abril de 2014. Los últimos despidos siguen todavía pendientes de juicio pero incluso así,  la dirección de WFS Barcelona efectivamente ha alcanzado el premio a la empresa del año. Cargarse por séptima vez la Constitución Española (CE).

Estamos hablando de la reciente readmisión de nuestro compañero Antonio, afiliado a la sección sindical de la CNT en dicha empresa, que se ha incorporado nuevamente a su puesto de trabajo después de ocho meses de ausencia involuntaria. Trabajador con mucha experiencia a sus espaldas y con actividad sindical relevante.

Igual que en casos anteriores, en esta empresa tiran cada vez más de su imaginación para justificar los despidos, aunque se llegue a rozar el ridículo. Y más aún, el día de juicio la misma empresa tiene que demostrar que los hechos causantes de despido existen, que son realmente muy graves y que los cometió el trabajador afectado; pues ni primero, ni segundo, ni  tercero. El despido fue declarado nulo por vulneración de derechos fundamentales (siendo 3 los artículos de la CE violados), con todo lo que ello ha supuesto: el pago de salarios de tramitación e indemnización de 3000 € por daños morales.

El apoyo emocional, sindical y jurídico por parte de los y las compañeras de la sección sindical y del sindicato de la CNT a lo largo de todo el proceso ha sido trascendental. Que el lector y la lectora no olviden que un despido supone nada menos que privar a una persona y su familia de su sustento y estabilidad económica y emocional porque sí; con ello, volvemos a dirigirnos otra vez a los y las trabajadoras. La habitual impunidad con la que actúan los empresarios contra la plantilla y sobretodo su desacertada interpretación de lo que son las relaciones laborales, se basan  sobretodo en la permisividad social y en alta disponibilidad de los y las empleadas, para hacer todo lo que se les pida; también en este caso, por séptima vez les ha salido mal. Quien avisa no es traidor; y los antojos de despedir sin argumentos sólidos, ni válidos y con pruebas de «Mortadelo», suelen salir caros.

HUELGA Y MOVILIZACIONES CONTRA LOS DESPIDOS EN LA EMPRESA ARRIAUNDI

http://www.labsindikatua.org/materiala/argazkiak/zerbitzuPribatuak/elikagaigintza/14_07_10Arriaundi/arriaundi.jpg

El lunes 7 de Julio tuvo lugar la segunda reunión del periodo de consultas después de que la dirección de Arriaundi S.L. pusiera sobre la mesa un ERE de Extinción para la sección de panadería. La última propuesta por parte de la empresa no llega ni de lejos a las expectativas que había por la parte social ante lo cual la plantilla llama a secundar las movilizaciones previstas.

A todas luces, es una propuesta insuficiente para LAB. No ha habido planteamientos acordes con el mantenimiento del empleo o las salidas no traumáticas en ningún momento y lo peor es que ni siquiera se lo han planteado.

Una vez conseguida la sumisión de los delegados de ELA y CCOO en la sección de panadería, firmando una rebaja salarial permanente, la sección de pastelería les sobra. Les sobra porque los trabajadores y trabajadoras de la sección de pastelería han tomado la determinación de luchar por sus puestos de trabajo y no por la opción de agachar la cabeza como lo han hecho los delegados de ELA y CCOO.

Los y las trabajadoras de la sección de pastelería están respondiendo ante la impunidad, chulería y arrogancia demostrada por la dirección, con una huelga. Una huelga secundada por el 100% de la plantilla.

A la dirección de ARRIAUNDI les sobran estos trabajadores y trabajadoras están defendiendo sus puestos de trabajo. Por si fuera poco la empresa aprovecha para sustituir a los trabajadores huelguistas por gente contratada en una ETT, y lo más grave del asunto, aprovecha para desmantelar la sección de pastelería, mientras sus trabajadores y trabajadoras están de huelga. Vaciando el local, almacenando material de panadería etc…

Tenemos claro que como trabajadores y trabajadoras debemos defender nuestros puestos de trabajo por encima de todo y lo haremos. Lo haremos haciendo todo lo posible para que la impunidad y la prepotencia no se lleven por delante 15 puestos de trabajo.

ASTILLEROS NAVANTIA-FERROL: VICTORIA EN LA HUELGA INDEFINIDA DE LA LIMPIEZA Escrito por Diego Costoya Ejecutiva comarcal de CCOO de Industria · Ferrol   

Domingo, 06 de Julio de 2014

Tras seis días de huelga indefinida en Alcomar, la subcontrata encargada de la limpieza, y tres días de total paralización de la actividad en los astilleros de Ferrol, los trabajadores han ganado.

A finales de 2013, Navantia le adjudicó a Alcomar la concesión del servicio interior de limpieza, hasta esa fecha en manos de Acciona, presentando una oferta un 25% inferior a la de esta última y cuyo importe estaba por debajo del monto total de los salarios y las cotizaciones sociales de toda su plantilla, que Alcomar tenía que subrogar. Esta circunstancia ya dio lugar a toda una serie de movilizaciones de los trabajadores de Acciona a finales de enero y principios de febrero, durante el proceso de subrogación entre ambas empresas.

Una vez producida la subrogación, Alcomar presentó inmediatamente un ERE, en el que finalmente hubo acuerdo: una reducción del 40% de la jornada diaria, con la correspondiente merma salarial, para toda la plantilla durante seis meses (este ERE finaliza en septiembre).

El siguiente ataque no tardó mucho. Otro punto del acuerdo era el derecho de los trabajadores a disfrutar del 100% de las vacaciones pagadas. La negativa de la empresa a ese disfrute (incluso de la parte proporcional generada con Acciona y pagada por ésta a Alcomar, en lo que constituiría un trasvase descarado desde los bolsillos de los trabajadores al del empresario) provocó que, tras una serie de movilizaciones previas, los trabajadores de Alcomar iniciasen una huelga indefinida el 26 de junio.

La situación creada por la huelga provocó que, a partir del lunes 30, toda la factoría entrase en paro técnico y quedase paralizada.

Así, ese lunes el comité de empresa de Navantia convocó una asamblea general y, desde ese momento, los trabajadores nos constituimos en asamblea permanente a la espera de que se solucionase el tema, solución en la que la dirección de Navantia no demostró mucha prisa. Al contrario, la sensación de muchos trabajadores fue que había una actitud consciente por parte de la dirección de Navantia de dejar que la situación se prolongase, lo que podría responder a que contempla el conflicto de Alcomar como un primer pulso dirigido a imponer una rebaja generalizada en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados (y, más tarde, también de los de la principal). Tras tres días así, el miércoles 2, Alcomar cedió y aceptó pagarles todas las vacaciones a sus trabajadores.

Una vez más, queda claro que la lucha es la única vía para que los trabajadores nos hagamos respetar y defendamos nuestros derechos de la voracidad empresarial. Pero no se trata sólo de defendernos de los ataques, tenemos que pasar a la ofensiva, cuestionando el modelo de empresa al que nos quieren llevar y reivindicando una empresa pública respetuosa con los derechos de todos los trabajadores, sea de la principal o de las compañías.

Convenio de Navantia

Por otro lado, hay novedades importantes en lo tocante al convenio colectivo de Navantia. Tras la firma de un preacuerdo con la empresa por parte de 7 de los 12 miembros del comité intercentros en octubre pasado, preacuerdo que fue rechazado mayoritariamente por los trabajadores gallegos, la situación quedó en un impasse: no se firmó el convenio, pero tampoco continuó ningún tipo de negociación. Ahora, el 26 de junio, la comisión ejecutiva estatal de CCOO de Industria aprobó una resolución instando a no firmar el convenio y a que los representantes de todas las secciones sindicales de CCOO de Navantia acaten la misma. Esto no hubiera sido posible si la factoría de Ferrol no hubiese ofrecido una gran oposición —impulsada por el Sector Crítico de CCOO— a la pérdida de derechos aceptada por los dirigentes sindicales, que además tuvo un efecto en otras factorías, donde la crítica a la firma del convenio también fue importante. Esta resolución significa el entierro definitivo de un preacuerdo nefasto que renunciaba a muchos de los derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha. La resolución desautoriza en toda regla a los representantes de CCOO partidarios de firmar el convenio, hasta el punto de provocar la dimisión del presidente del comité de empresa de la factoría de San Fernando y del comité intercentros de Navantia. Esperemos que detrás de él vayan otros, porque lo mejor es que estos “sindicalistas” que no quieren luchar para defender los derechos de los trabajadores se vayan y dejen de estorbar.

Lo que toca ahora son dos cosas: 1) luchar para que la empresa respete el convenio en vigor, cosa que no está sucediendo (no pagó el importe de las becas de estudio, ni las asimilaciones, acaba de anunciar que no abonará la paga compensatoria por el cierre de los comedores y los economatos); y 2) retomar la negociación colectiva no desde la óptica de la empresa, sino de la defensa de los derechos conquistados por los trabajadores y de un sindicalismo combativo, de clase, y democrático.

15J: CGT GRITA DESDE EL LUGAR MÁS ALTO DE LA PROVINCIA DE MADRID, LA PRIVATIZACIÓN DE AENA ES UN ROBO Y UN FRAUDE.

Será el día 15 de julio y necesitamos de personas que nos acompañen en la subida. No lo pienses y participa en esta acción.

Saldremos desde el metro de Barajas a las 08:00 horas, se ruega estar 15 minutos antes. Si alguien quiere ir directamente a Cotos, allí estaremos para iniciar la ascensión a las 09:00 horas. El medio de locomoción será en coches particulares. Hasta Cotos también hay cercanías.

Una vez en la cumbre se extenderá una pancarta y se leerá un comunicado en contra de la privatización de Aena. Lo grabaremos y se mandara a la prensa.

Almorzaremos en la cumbre para después iniciar la bajada.

Añadimos una serie de consideraciones que entendemos hay que tener en cuenta:

– Son 5 horas y media en total (subida, bajada y el tiempo que estemos arriba, almorzando y grabando). Se sube desde Cotos.

– No es fácil subir, no hay que engañar a nadie, pero se sube; paso a paso se sube. Son fuertes desniveles pero no se va de piedra en piedra como las cabras y merecerá la pena. En los libros de senderismo tiene una dificultad media.

– Sería importante estar en Cotos a las 09:00 h. para a las 15:00 h. estar comiendo.

– También podríamos comer por la zona en vez de venir derechos a Madrid, entonces habría que buscar un lugar por allí. Pagar cada uno su comida entendemos sería lo correcto.

CGT – AENA

15 J: LLAMADA A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS A CONCENTRARSE CONTRA LOS RECORTES

Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, CEP, Simpa, USO, Unión GC, Acaip y ASP han convocado a todos los empleados públicos a una concentración, el martes 15 de julio, a las 11.30 horas frente a la Delegación de Gobierno. Llaman a manifestarse contra la destrucción de empleo público y los recortes.

En un comunicado conjunto, reclamarán aumentos salarias, aumento de personal, estabilidad laboral, carrera profesional e inversión en formación, entre otras medidas.

«Exigimos la recuperación del Diálogo Social, herramienta clave en el desarrollo social, económico y cultural del país en el pasado, instando la urgente convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, con la finalidad de cambiar la orientación a seguir en las políticas públicas de personal. Otorgándola, y a toda la estructura negocial que surge de la misma (Mesas Delegadas, sectoriales, etc.), el protagonismo que la confiere el propio EBEP», señala el texto.

En este sentido, «consideramos que las medidas aplicadas por los Gobiernos en los momentos más álgidos de la crisis económica eran coyunturales y tenían fecha de caducidad: el momento actual; en el cual se tienen que volver a reequilibrar las condiciones de trabajo mediante una Negociación Colectiva capaz de alcanzar los resultados demandados por los empleados públicos», apunta el comunicado.

STE RECURRIRÁ LA SANCIÓN A UN DOCENTE POR INFORMAR DE QUE IBA A HACER HUELGA

STE de CLM recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC), por vulneración de derechos fundamentales, la sentencia contra el profesor Ángel Renieblas, de Cabanillas, sancionado por comunicar a las familias que iba a

El sindicato STE de Castilla-La Mancha recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC), por vulneración de derechos fundamentales, la sentencia contra el profesor Ángel Renieblas, de Cabanillas (Guadalajara), sancionado por comunicar a las familias que iba a hacer huelga.

El maestro fue sancionado con una falta leve por incumplimiento de los deberes y obligaciones de funcionario, por informar a las familias de sus alumnos de su intención de sumarse a una de las huelgas convocadas durante el curso 2011-2012.

En pleno, este sindicato ha decidido tutelar la interposición del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

Ángel Renieblas, docente de Cabanillas (Guadalajara) con cerca de 40 años de ejercicio profesional, fue sancionado con un mes de empleo y sueldo por la Administración, sanción que fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Guadalajara.

El STE considera que esto «supone una grave limitación a la libertad de expresión de los trabajadores de la enseñanza».

USO DENUNCIA LA «INCOHERENCIA MAYÚSCULA» DE LAS PROPUESTAS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE ANTIBIÓTICOS EN EL PERIODO DE CONSULTAS

La segunda de las reuniones ha finalizado también sin acuerdo y las negociaciones continuarán para finalizar el periodo de consultas

Antibióticos se venderá como chatarra si no hay una oferta en un mes

Los responsables del sindicato USO en Antibióticos denunciaron la “incoherencia mayúscula” en la postura de la “mayoría” de los miembros del comité de empresa de Antibióticos, que mantienen la negativa a negociar un Expediente de Regulación de Empleo de extinción y, al mismo tiempo, la sugerencia de finalización de todos los contratos. La segunda de las reuniones del periodo de consultas, ha finalizado sin acuerdo, y las negociaciones proseguirán, para cerrar este proceso.

Según informó USO a través de un comunicado, no firmar “lo irremediable” con acuerdo supone “una nueva pérdida de tiempo”, así como “demorar” la recuperación de los seis meses de prestaciones, especialmente a los trabajadores que ya las han agotado o lo harán en las próximas semanas.

La administración concursal reclamó al sindicato UGT su posición respecto al ERE extintivo y la propuesta pasó por que todos los contratos sean extinguidos, al tiempo que manifestó su total disconformidad con la medida de extinción. “No negocian el ERE de extinción para retrasar su tramitación, pero piden que afecte a toda la plantilla”, rechazó el sindicato USO.

Por su parte, desde USO se propuso que la medida extintiva afecte a toda la plantilla “por cuestiones de igualdad”, que se lleve a cabo una negociación “rápida” ante la finalización de la medida suspensiva del 31 de julio, que se mejoren las condiciones económicas de los despidos “idénticas” a las que la administración concursal ofertó el pasado mes de enero.

También se sugirió una negociación entre la administración concursal y la Junta para conseguir un convenio por el que el Ejecutivo autonómico se haga cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los mayores de 55 años y, por último, los miembros de la sección sindical de USO renunciaron a sus derechos sindicales de permanencia en la empresa en el actual ERE.

LA RUPTURA DE NEGOCIACIONES FRUSTRA EL FINAL DE LA HUELGA DE BASURA EN LUGO

La negativa de Urbaser a la retirada de las sanciones de 60 días de empleo y sueldo a 78 trabajadores impidió que las partes entraran a negociar otras cuestiones

La basura continuará en las calles de Lugo y no se sabe por cuántos días más. Las esperanzas de que la huelga se desconvocara, tras un acuerdo entre las partes, se frustraron a las ocho de la tarde con la ruptura de las negociaciones. La adjudicataria del servicio, Urbaser, y el comité de huelga se levantaron de la mesa después de una serie sucesiva de desencuentros. El principal, los expedientes disciplinarios de 60 días de suspensión de empleo y sueldo impuestos por la empresa a 78 trabajadores en los que alegó su negativa a cumplir los servicios mínimos.

Los representantes de los trabajadores exigían la retirada de las sanciones como condición previa para entrar a negociar otros aspectos, que formaban parte de la propuesta presentada el día anterior por el mediador nombrado por el Consello Galego de Relacións Laborais, Benigno Sánchez.

Urbaser, por su parte, admitió la posibilidad de negociar los expedientes, pero no de retirarlos. Una de las razones podría ser que necesita mantener el régimen disciplinario de cara a su defensa en la demanda de conflicto colectivo presentada en el Juzgado Contencioso, con la que pretende que la huelga sea declarada ilegal.

Sobre las ocho de la tarde las partes abandonaban la sala, después de varios recesos para meditar y replanificar estrategias, que posiblemente ocuparon más tiempo que la negociación en sí. Fuentes de la empresa aseguraron que el comité había llevado a la compañía a un callejón sin salida «con pretensiones fuera de lugar».

Insistieron en que los representantes de los trabajadores no habían movido su propuesta de hace seis semanas, salvo en la ampliación del plazo para consolidar los 600 euros que pusieron fin a la convocatoria de paro del 2012 y que fueron el origen del conflicto.

Fuentes de la compañía, que forma parte de ACS, aseguraron que una huelga de 32 días les había ocasionado unas pérdidas de 700.000 euros. Cuantifican, por un lado, los ingresos dejados de percibir por la prestación del servicio al Ayuntamiento de Lugo, y por otro, la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo, que cifran en 36.000 euros. También incluyen los 30.000 euros de multa del Concello por incumplimiento de las condiciones estipuladas en el servicio.

La Inspección de Trabajo constató la presencia en las calles de operarios de otras contratas de la misma empresa en sustitución de sus compañeros. La autoridad laboral califica este comportamiento de falta muy grave en el informe emitido.

Las mismas fuentes de Urbaser aseguraron que en los 700.000 euros de pérdidas como consecuencia de la huelga no están incluidas las cantidades que cobrará Tragsa por la retirada de basura desde las fiestas de Arde Lucus, cuando el Concello de Lugo declaró la existencia de una situación excepcional por la existencia de puntos de alarma sanitaria. Este dinero lo tendrá que abonar Urbaser.

La adjudicataria comunicó al Concello de Lugo que no va a poder seguir recogiendo basura con personal de otras contratas, dado que se expone a una sanción que superaría los 100.000 euros.

O CONCELLO DE LUGO ACORDA INTERVIR A CONCESIÓN DO SERVIZO DE RECOLLIDA DE LIXO A URBASER. Fuente: galizacig.com

A CIG agarda que esta decisión obrigue á empresa a retomar as negociacións

O concello de Lugo vén de comunicar aos representantes dos traballadores/as de Urbaser de Lugo a súa decisión de intervir a concesión. Segundo informa Antonio Niño, secretario comarcal da CIG de Lugo, que participou na xuntanza que se acaba de celebrar co alcalde, o concello dálle á empresa un prazo de 48 horas para resolver a situación, do contrario perdería a concesión.

Niño explica que de se superar ese prazo de 48 horas, o concello pasaría a subcontratar a Tragsa mentres non se solucionara o conflito ou seguiríase co expediente de caducidade até a nova licitación do servizo.

O secretario comarcal da CIG de Lugo sinala que, con todo, os servizos técnicos e xurídicos do concello, aínda están estudando se Tragsa podería facer uso dos medios materiais e humanos de Urbaser.

O persoal de Urbaser, que acaba de coñecer a noticia, agarda que este anuncio “force un acordo e faga que a empresa reconsidere a súa posición, retomando as negociacións de forma urxente”.

En todo caso, o secretario comarcal da CIG de Lugo afirma que, neste mesmo intre, a empresa comezou a sacar da nave e das oficinas mobiliario e documentación, o que dá a impresión de que estarían dando por perdida a concesión.

EL CALZADO PODRÁ IR A LA HUELGA POR LA RUPTURA ENTRE PATRONAL Y SINDICATOS

Elche

UGT y CCOO denuncian ahora que el convenio pactado excluye la actualización de los salarios

Barajan como fechas posibles los días 24, 30 y 31 de este mes

Nuevo desencuentro entre patronal y sindicatos de la industria del calzado, lo que pone encima de la mesa de negociación una amenaza de huelga que podría paralizar el sector en toda España. UGT y CCOO han denunciado que la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación de Empresas de Componentes del Calzado (AEC) han retirado «de manera unilateral, y sin acordarlo previamente con las organizaciones sindicales» la cláusula de revisión salarial del convenio colectivo que iban a firmar ambas partes (esta cláusula es la que actualiza los sueldos en relación al coste de la vida).

Como resultado, los órganos sindicales han decidido desconvocar la reunión con la patronal prevista en Madrid y, si no alcanzan nuevos acuerdos en estos días, harán un llamamiento de convocatoria de huelga general tras informar previamente a los trabajadores, según ha podido saber este diario. De hecho, ya barajan diferentes fechas para las movilizaciones: los días 24, 30 y 31 de este mes.

Para los sindicatos, ha sido la patronal quien «ha suprimido el artículo [del convenio sobre la revisión salarial¬] sin avisar», según explicó Juan Antonio Maciá, responsable de la sección de calzado del sindicato UGT.

LOS ESTIBADORES DEL PUERTO DE BILBAO IRÁN A LA HUELGA EL 18 DE JULIO

En la reunión convocada por Coordinadora Bilbao-OUTPB del lunes 7 de julio, en la que los presentes han decidido ir a la huelga, el sindicato ha denunciado que la empresa alteró los datos aportados para “justificar” el descuento económico que han experimentado los trabajadores.

La dirección de la empresa Bilboestiba-SAGEP anunció, el pasado 2 de julio, la superación de los porcentajes establecidos en el artículo 26 del Convenio de Estibadores del puerto de Bilbao para los complementos por IT, así como la convocatoria de una Subcomisión de seguimiento para abordar el problema del absentismo referente al mes de junio de 2014.

Según Coordinadora, Peli Ortiz de Zárate, el presidente del Comité de Empresa, expresaba su intención de no complementar al 100% el salario de los trabajadores en situación de IT, puesto que se había superado el 3% del total de las jornadas trabajadas en Bilboestiba para el mes de junio.

Desde el sindicato de estibadores, aseguran que la aplicación de esa medida está fuera de plazo puesto que el cobro de la nómina debe ser efectivo el mismo día, no habiendo tiempo de reunir la subcomisión encargada de abordar el asunto. Además, también han puntualizado la “extrañeza” ante los datos de absentismo ofrecidos por la empresa, que señalaban un 3,7%.

Con respecto a esto último, desde Coordinadora aseguran que el cálculo de los porcentajes realizados por la Sagep “no se ajusta a la realidad”, incurriendo en errores y “alterando el resultado de manera favorable a los intereses de la empresa”, ya que, en el cálculo, se incluyen trabajadores en baja de larga duración y trabajadores en baja por reincidencia, no incluyéndose las jornadas realizadas en fines de semana en el cómputo total.

Reunión sin Coordinadora

Tras conocer la opinión de los sindicatos, la empresa ha convocado una reunión con los mismos a fin de abordar la cuestión, a la que Coordinadora se ha negado a asistir. Además, aseguran desde el sindicato que la empresa ha procedido al descuento económico en las nóminas de los trabajadores afectados por la medida.

Todas estas circunstancias llevaron al sindicato de la estiba del puerto de Bilbao a convocar una reunión la tarde del lunes 7 de julio con el fin de debatir si los estibadores irían a la huelga, en la que se estableció el paro en las actividades el próximo 18 de julio.

USO AFIRMA QUE SI SNIACE CIERRA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA SERÁ LA «ÚNICA RESPONSABLE»

Cree que el Consejo de Administración podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad societaria por su gestión

La sección sindical de USO en Sniace ha afirmado que la Dirección de la empresa será la «única responsable» si la fábrica de Torrelavega cierra definitivamente y ha censurado que pretenda, «una vez más», trasladar esta responsabilidad a los trabajadores.

En un comunicado, USO ha respondido así a las manifestaciones realizadas por el presidente de la compañía, Blas Mezquita, a través del bufete de abogados Ceca Magán en las que afirmaba que si los despidos son declarados improcedentes en las demandas individuales Sniace «irá a la liquidación» y los trabajadores cobrarían las indemnizaciones mínimas que abona el FOGASA.

De esta forma, según trasmitieron los abogados en un comunicado, serían los trabajadores mismos los que, con los efectos de sus demandas, «echasen el cierre a la empresa».

A juicio de USO, las declaraciones de Sniace son «una cortina de humo para enmascarar sus responsabilidades». «Ha pasado más de un año desde que cerró la empresa y todavía no hay sobre la mesa un plan de viabilidad», ha recordado.

El sindicato ha insistido en que Mezquita y su equipo directivo en Sniace serán «los únicos responsables de dejar a miles de damnificados entre trabajadores, proveedores y accionistas».

Para USO es un «auténtico despropósito» que la Dirección insista en la estrategia de responsabilizar a los trabajadores de la situación de Sniace.

En lugar de esta actitud, el sindicato ha recomendado a Mezquita y su Consejo de Administración que ante la, a su juicio, «inminente liquidación de la empresa vaya preparando su defensa ante la posible responsabilidad societaria que se puede derivar de su gestión».

Para este sindicato, el equipo directivo «ha podido rozar la temeridad al haber dilapidado los ingentes recursos puestos a su disposición por miles de accionistas».

Por otra parte, USO ha calificado de «ciega e infantil» la actitud de la otra parte del comité de empresa –integrada por UGT, Sindicato Unitario y CC.OO.– y ha opinado que «ha sido utilizada por la empresa para sus fines».

LA PLANTILLA DE RADIO ASTURIAS VUELVE A PARAR CONTRA EL PLAN DE DESPIDOS

Los trabajadores se suman a la segunda jornada de huelga parcial contra el ajuste de personal y la bajada de sueldos decididos por la empresa

Los oyentes habituales de Radio Asturias –la emisora asociada en Oviedo a la Cadena SER– se han encontrado, por segunda vez en poco más de una semana, con alteraciones en la programación local a la que están acostumbrados. La plantilla se ha ausentado de sus puestos de trabajo en la segunda jornada de paros parciales convocada en respuesta al plan de despidos y la rebaja salarial decididos por la empresa sin negociación con los empleados. Periodistas, administrativos y técnicos se han concentrado en la calle ante los estudios, situados en la calle Asturias de la ciudad.

El detonante del conflicto es la negativa de la dirección a negociar su plan para reducir costes. El último intento de mediación, llevado a cabo en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec), fracasó.

La huelga es la primera en Radio Asturias desde que empezó sus emisiones en 1925, pero la plantilla, constituida en Asamblea de Trabajadores, asegura que no puede aguantar más. Tras superar un expediente de regulación de empleo (ERE), la empresa pretende ahora aligerar la masa salarial mediante despidos y reducciones de sueldo para quienes sigan en nómina. Su propuesta incluye la extinción de un contrato, la reducción de otros a un 50% de empleo y sueldo y un descuelgue salarial generalizado del 5%, además de la supresión de una paga.

Los trabajadores creen que esa oferta es inasumible. Recuerdan que la plantilla ya ha aceptado sacrificios y que la supresión de los complementos por antigüedad ha reducido la percepción de trabajadores cualificados de la escala básica a 1.000 euros por mes.

MANIFESTACIÓN EN PROTESTA POR EL DESPIDO DE UNA DELEGADA DE ELA EN EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO

11/07/2014

La manifestación, en la que han participado varios centenares de personas, ha partido de la plaza del Ayuntamiento de Gernika -Lumo. La Inspección de Trabajo requiere al Ayuntamiento a abrir el protocolo de acoso y la institución, hace caso omiso ,y aprueba en el pleno la amortización de su puesto de trabajo.

A finales del año 2007, un grupo de trabajadores/as del Ayuntamiento de Gernika, preocupados/as por su situación irregular, acudieron a la Inspección de Trabajo con el objetivo de estabilizar sus puestos de trabajo. Con esta acción, empezó una batalla por parte de los representantes sindicales de ELA con el objetivo de regularizar los puestos de trabajo.

El camino recorrido ha sido duro y complicado. El inspector de Trabajo comunicó al Ayuntamiento de Gernika-Lumo que aquellos contratos eran irregulares. La resolución dejaba claro que aquellos puestos de trabajo eran “permanentes y estructurales” dentro del Ayuntamiento de Gernika, pero el Ayuntamiento con EA primero y con Bildu después en el poder, no acabó de incorporarlos a la relación de puestos de trabajo. Ante esto en las diferentes mesas de negociación, los representantes de los/as trabajadores/as hemos solicitado una y otra vez la incorporación, pero nada.

El informe realizado por Inspección de Trabajo no fue suficiente y tuvimos que acudir a los juzgados (2011). Los juzgados, en la línea marcada por la Inspección de Trabajo, obligó al Ayuntamiento a incorporar dichos puestos de trabajo en la plantilla del ayuntamiento (2013).

La actitud de los responsables del Ayuntamiento de Gernika-Lumo los últimos años, lo podemos calificar como irresponsable ya que no ha regularizado dichos puestos de trabajo en contra de los informes de inspección y en contra de una sentencia judicial. Este año 2014, sin embargo, acaban de aprobar una relación de puestos de trabajo más completa en el pleno municipal, que incorpora dichos puestos de trabajo irregulares.

Esta relación de puestos de trabajo, incorpora dichos puestos de trabajo, pero no todos, el Ayuntamiento ha hecho DESAPARECER el puesto de trabajo de la delegada electa de ELA. Ha regularizado todos los puestos de trabajo menos el de la delegada de ELA y ha sido BILDU el que ha aprobado dicha amortización.

No es casualidad… Esta delegada de ELA, ha denunciado sin cesar la actitud autoritaria que ha mantenido el Ayuntamiento de Gernika- Lumo para con sus trabajadores/as. Tanto en lo referente a la estabilidad de los trabajadores/as laborales, pero sobre todo en las cuestiones que afectan al conjunto de trabajadores/as del ayuntamiento.

No quisieron ni abrir la mesa de negociación para negociar el acuerdo regulador de las condiciones laborales de los/as trabajadores/as del ayuntamiento y a pesar de que cara a la galería, se han mostrado siempre en contra de los recortes laborales, en el ayuntamiento han sido pioneros en aplicarlas. ELA ha denunciado constantemente, tanto en las mesas de negociación internas del ayuntamiento, así como con concentraciones y declaraciones esta actitud mantenida por BILDU que difiere de lo que han hecho en otros ayuntamientos gobernados por ellos.

A todo esto hay que añadir, que la última resolución de la Inspección de Trabajo de Bizkaia, requiere al consistorio a abrir el protocolo de Acoso Laboral contra la Delegada Sindical del Personal laboral del Ayuntamiento de Gernika-Lumo al constatar que hay indicios suficientes para ello. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento? Amortizar su puesto de trabajo, y el siguiente paso, mucho nos tememos, será el despido de la Delegada de ELA.

Ante esto nos preguntamos. ¿Los gobernantes del Ayuntamiento de Gernika- Lumo van a despedir a una delegada por defender los derechos laborales del colectivo al que representa?

Está Relación de puestos de Trabajo, ha sido aprobada fuera del orden del día de los temas a tratar en el pleno del día 2 de julio. Se aprueba, fuera del orden del día, en el último minuto y a escondidas. ¿A qué le teme Bildu?¿ Por qué utiliza el Ayuntamiento de Gernika-Lumo estas artimañas?¿Esto es abrir el ayuntamiento al pueblo y fomentar la participación de los/as ciudadanos/as?

Todos estos hechos (atacar a los que defienden los derechos de los/as trabajadores/as, dejación, oscurantismo…) parecen de otras épocas y de otras instituciones, pero desgraciadamente están ocurriendo en casa, en Gernika.

No podemos obviar el comportamiento del Sindicato LAB en este proceso. Han votado a favor de la relación de puestos de trabajo que deja fuera a la Delegada de ELA. Seguramente primando otros objetivos frente a la defensa del empleo y de los/as trabajadores/as. Y todo esto, teniendo la representación del 30% en el Ayuntamiento de Gernika- Lumo. LAB, con sus acciones, ha dado cobertura al ayuntamiento para aprobar una medida que claramente va en contra de la libertad sindical.

En el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, ELA cuenta con un equipo fuerte y con ganas. Que no piensen que con este despido, dejaremos de denunciar los abusos, irregularidades y recortes de los que gobiernan en esta institución. Nosotros/as los delegados y delegadas de ELA seguiremos defendiendo los derechos del colectivo que representamos, los puestos de trabajo y la mejora de las condiciones laborales de los/ las trabajadores/as de los servicios públicos de esta institución.

ELA califica esta acción de BILDU como un ataque grave a la libertad sindical y un ataque contra el Sindicato ELA, y responderemos con el mismo nivel de intensidad utilizando todas las herramientas en nuestra mano. Nos defenderemos sindicalmente y jurídicamente.

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MASIVA MANIFESTACIÓN EN PUERTOLLANO CONTRA EL CIERRE DE ELCOGÁS: ¡POR UNA HG EN PUERTOLLANO Y EN LA COMARCA! Escrito por Manuel Franco – Afiliado CCOO   

Sábado, 12 de Julio de 2014

Miles de personas se manifestaron el jueves 10 de julio por las calles de Puertollano contra el cierre de Elcogás y contra la desindustrialización que viene sufriendo la comarca. Más de 10000 trabajadores, amas de casa, jóvenes  y pequeños comerciantes, fueron un clamor contra el desierto industrial al  que se está condenando a la zona.

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El anuncio de cierre de Elcogás es un nuevo ataque a las condiciones de vida y al empleo en nuestra comarca. Puertollano, en otro tiempo La Ciudad Industrial de La Mancha se va convirtiendo en el museo de arqueología industrial que tiene estación de la línea Sevilla-Madrid de AVE.

Los recientes cierres de Silicio Solar, Solaria… dejan bien a las claras que la política sindical de guante de seda con la patronal y el gobierno no solo no evita la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones laborales, además introduce desánimo y confusión entre los trabajadores justo cuando mayor es la conflictividad, mayor la disposición a la lucha de la clase trabajadora y más débil es el gobierno y las instituciones que pretenden perpetuar este sistema de transvase de riqueza de los cerebros y músculos de la clase obrera a las cuentas patrimoniales de los grandes empresarios.

No solamente descansa sobre nuestros hombros las nefastas consecuencias de la crisis capitalista, además se hace un buen negocio con ello; según el informe anual de la consultora Capgemini y el Royal Bank of Canada sobre la riqueza en el mundo, el número de personas en el Estado español con grandes patrimonios ha aumentado un 27% desde 2008… en plena crisis; mientras, las empresas del Ibex 35 eliminaron en 2013 más de 120.000 empleos, reduciendo sus plantillas una media del 9%, ese mismo año ganaron 23.000 millones de euros y aumentaron la retribución de sus directivos en un 3,5%.

Los gobiernos del PP en el Estado y la CCLM, representantes legítimos de las grandes fortunas, aun teniendo el mayor desprestigio y la mayor oposición y contestación en la calle han sido apuntalados por Rubalcaba, Toxo y Méndez cada vez que ha habido ocasión para derribarlos.

Es necesario cambiar de política y pasar a la ofensiva. No podemos aceptar el menor mal posible sin una lucha contundente, continuada y extensiva por una solución definitiva. Más aún, cuando se trata de un sector vital y estratégico como la energía. Elcogás tiene capacidad para producir energía eléctrica y continuar su desarrollo tecnológico puntero, su cierre no tiene otro sentido que mejorar la cuenta de resultados del oligopolio eléctrico. El gobierno de Rajoy a través de su Ministerio de Industria ya ha comunicado a los sindicatos cuál es su posición: “no es fácil negociar con las eléctricas”…

Nuestra respuesta no debe esperar.

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Tras esta manifestación es necesario convocar una Huelga General contra el paro y por la renacionalización del sector eléctrico en la comarca. Solo con esta medida se puede alcanzar una producción más racional basada en un buen servicio, seguridad y empleo, además de aumentar el nivel de independencia energética. Si tras la huelga no se garantizan los puestos de trabajo en Elcogás y Encasur, hay que extender la lucha a todo el sector minero-eléctrico y a las localidades en proceso de desindustrialización, agitando además por una Huelga General por la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones. Los ataques de la patronal y los recortes de los gobiernos han abierto multitud de frentes de lucha social; sanidad, educación, juventud, derechos democráticos, barrios obreros, parados, desahucios… que sumados a los destapados casos de corrupción hacen que la perspectiva de ciada del gobierno sea perfectamente factible.

La condición es encauzar todo ese potencial de lucha. Las direcciones de CCOO y UGT deberían ponerse a la cabeza de estas luchas para continuarlas dando alternativas viables para los trabajadores. Lo hagan o no es necesario también un frente de izquierdas para luchar, es posible agrupar en torno a la defensa del empleo y contra el cierre de Elcogás a IU, Podemos, PAH, AAVV, comités de empresa, secciones sindicales… que junto con los trabajadores de Elcogás, Encasur levanten la bandera de la renacionalización de la producción eléctrica y fijen la fecha para una Huelga General en Puertollano.

IBERIA ANUNCIA UN ERE VOLUNTARIO PARA UN MÁXIMO DE 1.581 TRABAJADORES

Iberia ha anunciado un proceso de despidos colectivos mediante la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo (ERE) voluntario, con el objetivo de reducir la plantilla en hasta 1.581 personas.

Iberia ha informado a sus empleados y representantes sindicales acerca de su intención de iniciar un período de consultas en relación con este nuevo ERE, que se suma al que está actualmente en vigor hasta el año 2015 y que afecta a 3.141 empleados, de los que ya han abandonado la empresa tres cuartas partes.

En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el grupo aéreo IAG, la matriz de Iberia, ha explicado que el nuevo ERE es una opción que fue discutida como parte de las negociaciones de los convenios colectivos con los sindicatos de la aerolínea el pasado mes de abril.

Todas estas medidas forman parte del continúo plan de transformación de Iberia que persigue introducir cambios estructurales permanentes en todas las áreas de negocio de la compañía, con el fin de que pueda crecer de forma rentable en el futuro, de acuerdo con la nota de IAG.

El presidente ejecutivo de Iberia, Luis Gallego, ha asegurado recientemente que los acuerdos con los representantes sindicales contemplaban la negociación de un nuevo ERE con carácter voluntario por ambas parte, con el objetivo de lograr una plantilla más ajustada al tamaño de la flota que tiene ahora mismo la aerolínea.

Según el directivo, es cierto que, quitando los negocios de mantenimiento y handling, el número de empleados que Iberia tiene por avión sigue siendo más elevado que el de sus competidores, con lo cual hay que seguir trabajando en ello.

Dada la repercusión del plan en la productividad, los sindicatos reconocían en marzo, cuando se sellaron los acuerdos con los tres colectivos de la compañía, que podía haber un excedente de plantilla, que se abordaría de forma voluntaria y que contemplaría jubilaciones y recolocaciones diferidas, y que afectarían en torno a unos 2.500 trabajadores.

«Si el mercado se estimula y esto empieza a tirar no hace falta sacar plantilla sino contratar, pero yo creo que estamos aún lejos de eso», por lo que la compañía necesita un nuevo instrumento para cuando se agote en 2015 el ERE actualmente en vigor, ha apuntado Gallego con motivo de la reapertura de la ruta Madrid-Estambul.

Gallego ha matizado entonces que una vez iniciada la negociación de este nuevo ERE se evaluará cuál es el número máximo de personas que podrían salir de la plantilla y se analizarán las condiciones.

«Como es un expediente voluntario para ambas partes, si las condiciones son malas no se irá nadie, si son muy buenas, se irán muchos, por lo que hay que buscar el equilibrio de lo que interesa a ambas partes», ha añadido.

EL PLAZO DE NEGOCIACIÓN ENTRE DIRECCIÓN Y TRABAJADORES DE CELSA ACABA SIN ACUERDO

Trabajadores de la factoría larachesa durante una movilización contra los despidos

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El período de negociación entre la dirección y los representantes de los trabajadores de Celsa Atlantic, finalizó sin que se alcanzase acuerdo alguno sobre el expediente de regulación de empleo que la firma  pretende aplicar en sus centros de trabajo del País Vasco y A Laracha.

La representación sindical dispone ahora de una semana de plazo para estudiar las propuestas de la patronal antes de comunicar si da marcha atrás o se mantiene en su postura.

En la reunión del miércoles, y por lo que respecta a la fábrica ubicada en A Laracha, la empresa rebajó el máximo de despidos inicialmente previsto (56 trabajadores) hasta dejarlo en 26. Además planteó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de dos años, aunque se aplicaría de forma paulatina, de tal forma que a cada uno de los 126 operarios que quedarían en la fábrica tras los despidos, la regulación les afectaría un año.

La patronal dijo comprometerse asimismo a tratar de contrarrestar el número previsto de despidos (26) ofreciendo bajas voluntarias y ofertando empleo en otras fábricas del grupo. 

Por lo que respecta a los dos centros de trabajo del País Vasco,  el número de trabajadores que habría que despedir sería de 50, cifra condicionada, como en el caso larachés, a que el comité de empresa dé su visto bueno a la aplicación de un ERTE de dos años de duración.

Aunque los representantes sindicales tienen una semana para estudiar la oferta, el presidente del comité de empresa de la factoría larachesa, Antonio Rodríguez Porteiro, ve muy difícil que pueda llegarse a un acuerdo por cuanto, para ello se necesitaría que los distintos puntos sean suscritos de forma unánime por la representación sindical de todos los centros de trabajo. “Vai ser moi difícil que aceptemos. No País Vasco entenden que é unha proposta que os perxudica moito e nós seguimos defendendo o ERTE que se negociou a finais de 2012 e que, finalmente, non pudo aplicarse”, dice Rodríguez Porteiro.

Si el comité de empresa no da marcha atrás los responsables de Celsa Atlantic podrían llegar, en el caso larachés, al máximo anunciado de 56 despidos.

La empresa tendrá hasta el 31 de julio para comunicar tanto a trabajadores como a la Administración las medidas de regulación que piensa aplicar si la parte sindical no da finalmente marcha atrás. En último caso, a los trabajadores les quedaría la vía judicial.

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