Boletín de Luchas Obreras (12 de junio de 2014)

ÍNDICE:

> SENTENCIA DEL TC DE 05-05-2014 SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO

> DESPIDOS COLECTIVOS: MINUTO Y RESULTADO DE PRINCIPALES CONFLICTOS LABORALES

> ¡POR LA READMISIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA EÓLICA CAMPILLOS EN MÁLAGA! Por Corriente Roja

> POR LA READMISIÓN INCONDICIONAL DE JUAN CARRASCO. JUICIO 17 DE JUNIO Escrito por El Militante   

> LAB OCUPA LA SEDE DE ADEGI EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

> UGT Y CCOO CONTINÚAN CON SU CAMPAÑA PARA PEDIR LA SUSPENSIÓN DE LA PENA PARA LOS CONDENADOS POR PARTICIPAR EN UN PIQUETE

> COMUNICADO DE CGT EN RENAULT ESPAÑA SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL TURNO DE NOCHE EN MONTAJE VALLADOLID

> CADENA HUMANA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE KUTXABANK por ELA sindikatua

> LOS TRABAJADORES DE FCC EN HUESCA Y EMPRESA FIRMARÁN UN ACUERDO QUE EVITARÁ LA HUELGA

> LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ERTE DE GEACAM SE REUNIRÁ PARA ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO

> EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA EL SEGUNDO ERE DEL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR (GRAN CANARIA)

> DENUNCIAN FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN DE DOS PRESENTADORES DEL PROGRAMA DE TVG «FORO ABERTO»

> EMT DE VALENCIA VUELVE A LA LUCHA Escrito por Albert Ferrer   

> CC.OO. TIENE QUE DESPEDIR A MÁS ABOGADOS

> LA DIRECCIÓN DE TENECCO MANTIENE EL PULSO A LOS TRABAJADORES Escrito por Sergio González Afiliado a CCOO · Asturias para elmilitante.net

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SENTENCIA DEL TC DE 05-05-2014 SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO

RESUMEN

Recurso de amparo promovido por Mª Teresa, en su propio nombre y representación, contra la Sentencia de 28-3-2012 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección octava.

Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

El TC ampara a una funcionaria a la que no se reconoció la antigüedad por coincidir el parto con la fecha de inicio de un curso selectivo obligatorio

La Sala Primera del TC ha otorgado el amparo a una mujer que no pudo tomar posesión de su plaza como funcionaria de la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que sus compañeros de promoción por coincidir la fecha de inicio del curso selectivo (obligatorio) con el nacimiento de su hijo. Esta circunstancia supuso para ella una merma económica al no haberle reconocido la antigüedad la Administración autonómica. La sentencia, entiende que se ha vulnerado el derecho de la demandante a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14

CE).

La Resolución de la Comunidad de Madrid que desestimó la solicitud de la recurrente para que se le reconocieran con carácter retroactivo sus derechos económicos y administrativos se basa en lo dispuesto en Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional (aprobado por el Real Decreto 1451/2005, de 7-12).

El art. 24.6 del citado Real Decreto establece que “quienes no pudieran realizar o concluir el curso selectivo o período de prácticas por causa de fuerza mayor, cesarán en su condición de funcionarios en prácticas, pudiendo volver a ser nombrados como tales en el curso inmediatamente posterior que se convoque de la misma clase (…)”·

Es decir, la Comunidad de Madrid equiparó la maternidad a los supuestos de “fuerza mayor” al no existir una regulación específica de aquellos en los que el parto y/o la baja por maternidad imposibilitan la realización del curso.

La Resolución fue recurrida ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que dio la razón a la demandante al considerar que la equiparación de su situación (no realización del curso por parto) a las de fuerza mayo dio lugar que “la solución adoptada por analogía resultase injusta para la actora y lesiva de su derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo”.

La Comunidad de Madrid formuló recurso ante el TSJ de Madrid, que revocó la sentencia de instancia.

Según el TC, el TSJM resolvió el recurso “como si se plantease una cuestión de mera legalidad ordinaria” y sin tener en cuenta “el problema constitucional inherente a la reclamación presentada”.

El TSJ consideró ajustada a Derecho la Resolución administrativa porque estaba amparada por el art. 24.6 del citado Real Decreto 1451/2005.

De esta forma, señala el TC, el TSJM no tuvo en cuenta la jurisprudencia constitucional según la cual “cuando se invoque una diferencia de trato basada en las circunstancias que el art. 14 CE considera discriminatorias, no puede limitarse a valorar si la diferencia de trato enunciada tiene, en abstracto, una justificación objetiva y razonable, como si se tratara de un problema relativo a la cláusula general de igualdad, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo que aparece como una diferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación contraria al 14 CE‟.

En este caso, la maternidad “fue el fundamento del perjuicio laboral causado, concretado en el no reconocimiento de sus derechos económicos y administrativos con carácter retroactivo, desde la fecha en que sus compañeros de promoción tomaron posesión de sus plazas, sin que pueda tener valor legitimador de la respuesta administrativa y judicial la falta de previsión normativa de los supuestos de aplazamiento del curso de prácticas por causa de parto y/o maternidad en el Real Decreto 1451/2005”.

El TC recuerda que “corresponde inicialmente a la Administración ofrecer medidas alternativas razonables a la situación específica de la trabajadora derivada de la maternidad, que neutralicen una posible vulneración del principio de no discriminación del art. 14 CE”.

En consecuencia, afirma el TC, las decisiones de la Comunidad de Madrid y del TSJM “vulneraron el art.14 CE al no haber tenido en cuenta que la condición biológica y la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, sin que la maternidad pueda producir ninguna desventaja. La minusvaloración o, como en este caso, el perjuicio causado por la maternidad, terminó materializando en el no reconocimiento de los derechos económicos y administrativos de la demandante de amparo con carácter retroactivo para equipararlos a aquellos obtenidos por sus compañeros de promoción, constituyendo un supuesto de discriminación por razón de sexo”.

El TC anula la sentencia del TSJM y declara firme la dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

La decisión de desestimación por la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid de la solicitud de reconocimiento de derechos de la demandante, y la judicial que la confirmó, vulneraron el art. 14 CE al no haber tenido en cuenta que la condición biológica y la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de los derechos profesionales, sin que la maternidad pueda producir ninguna desventaja.

La minusvaloración o, como en este caso, el perjuicio causado por la maternidad, terminó materializado en el no reconocimiento de los derechos económicos y administrativos de la demandante de amparo con carácter retroactivo para equiparlos a aquellos obtenidos por sus compañeros de promoción, constituyendo un supuesto de discriminación por razón de sexo.

Tal vulneración fue reparada inicialmente por el Juez de lo Contencioso-Administrativo, quien en su Sentencia anuló la desestimación presunta de la solicitud formulada en vía administrativa y reconoció el derecho de la demandante a la plena efectividad de los derechos administrativos y económicos derivados de la toma de posesión como funcionaria de carrera del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en las mismas condiciones que al resto de los integrantes de su promoción, dispensando así a quien demanda amparo la protección del derecho fundamental vulnerado en la extensión y con los efectos que, por referirse a la aplicación de la legalidad ordinaria, sólo a los órganos judiciales compete determinar.

Consecuentemente, la reparación del derecho de la demandante de amparo se satisface con la anulación de la sentencia del TSJ que desconoció su derecho a no ser discriminada, con la consecuencia de dejar firme la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso que resolvió la pretensión de la demandante sin vulnerar la prohibición de discriminación por razón de sexo constitucionalmente proclamada.

FALLO

El TC, ha decidido

Estimar la presente demanda de amparo y en su virtud:

1º Declarar que se ha vulnerado el derecho de la demandante de amparo a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE).

2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de 28-3-2012, de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del TSJ de Madrid, declarando la firmeza de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº. 33 de Madrid, de 25-10-2011, en el procedimiento de derechos.

VER SENTENCIA:

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5868.pdf

DESPIDOS COLECTIVOS: MINUTO Y RESULTADO DE PRINCIPALES CONFLICTOS LABORALES

Diagonal Global

Carlos Espinosa

Empresa con beneficios despide a todos o parte de los trabajadores para trasladarse a otro país con mano de obra más barata y mejores condiciones fiscales. En la mayoría de expedientes de regulación de empleo (ERE) se repite el mismo esquema. En otras ocasiones, la empresa busca reemplazar antiguos trabajadores con salarios elevados por jóvenes precarios o compañías subcontratadas. Como norma, el conflicto termina cuando la empresa consigue todos o buena parte de sus objetivos, pero, como decía Rosa Luxemburgo, “cada derrota nos acerca más a la victoria final”. Éstos son algunos de los principales conflictos abiertos.

Hewlett Packard

La empresa Hewlett Packard (HP) anunció el 22 de abril que despedirá a 205 trabajadores de la planta de Zaragoza alegando causas productivas y organizativas. La plantilla pasará de 324 a 119 empleados, es decir, un 65% de la plantilla será despedida. La multinacional está realizando desde 2012 un plan para reducir costes y ganar competitividad.

Esta decisión no sólo afectará a la planta aragonesa, sino que la compañía está llevando a cabo un plan de reestructuración global, explica el delegado de CGT en HP Zaragoza, que niega que las causas que alega la empresa para aplicar el despido colectivo sean ciertas. “Este ERE mete en la guillotina a miles de trabajadores en España, puesto que sindicatos como CC OO –que tiene la mayoría en el comité de empresa de HP– y la Asociación Independiente de Traba­jadores (AIT) han pactado con la empresa las condiciones de este ERE, ya que hay ciertos trabajadores a los que se les garantiza prácticamente un retiro dorado a cambio de que se vayan”. El delegado se refiere a los 23 trabajadores con más antigüedad, que cobran entre 80.000 y 90.000 euros anuales y que serán sustituidos por jóvenes más cualificados que ganarán menos de 20.000 euros anuales. Además, denuncia que “hay varios sindicalistas dentro de esta élite de trabajadores”.

Panrico

En septiembre de 2013 Panrico se declaró en suspensión de pagos y no abonó la nómina de ese mes a sus 4.000 empleados. Pocos días después, el consejero delegado de Panrico en España, Carlos Gila, pactaba con la mesa negociadora 745 despidos en las seis fábricas españolas y la rebaja del 18% del salario al resto de trabajadores alegando causas económicas y productivas. Representantes de CGT en la empresa no niegan que la compañía tenga pérdidas, pero denuncian que éstas se han producido porque “en los últimos tres años ha habido una gestión desastrosa e inexplicable”, y una política de subir los sueldos a los directivos hasta un 67%.

La fábrica más afectada, con 154 despidos, será la de Barcelona, en huelga indefinida desde el 7 de octubre de 2013. Los representantes de CGT creen que “se ha castigado” a esta fábrica por su combatividad, porque el proyecto inicial era despedir al 21,8% de la plantilla y finalmente será despedido el 31,4%. El resto de plantas de España también rechazó el ERE contundentemente y amenazó con ir a la huelga, pero “accedieron a negociar una auténtica subasta de trabajo que perjudicaría a las demás plantas, cosa que aquí no ocurrió porque estamos unidos”.

No todo han sido malas noticias desde que se pactó el ERE. El 19 de mayo, la Audiencia Nacional emitió la sentencia que prohibía a Panrico realizar los 156 despidos previstos para 2015 y 2016. Sin embargo, en la planta de Santa Perpètua de Mogoda no se conforman y los representantes de CGT anuncian que han recurrido la sentencia al Tribunal Su­premo: “A nosotros casi no nos beneficia esa sentencia porque en esta planta apenas había despidos pla­nea­dos para 2015 y 2016, y si no protestamos nos tememos que presenten otro ERE para esos años”. Por su parte, la Generalitat de Catalunya se volverá a reunir en las próximas semanas con representantes de trabajadores para que desconvoquen la huelga y acepten un ERE temporal, y con la empresa, a la que solicitará que rebaje el número de despidos previstos para este año de 133 a 80.

Tragsa

En noviembre de 2013, el grupo público Tragsa presentó en el Ministerio de Empleo su decisión de despedir a 1.336 empleados después de haber negociado con los sindicatos dos ERE sin haber llegado a ningún acuerdo. La indemnización sería el mínimo legal, 20 días por año trabajado con un máximo de un año de salario. La empresa rebajó posteriormente los despidos en 303 respecto a los inicialmente planteados.

El grupo, que se dedica a tareas forestales, de prevención de la contaminación, infraestructuras, pesca, emergencias, incendios y agua, contaba el año pasado con 9.848 trabajadores, dependientes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Los despidos afectarán tanto a Tragsa (726 despidos) como a su filial Tragsatec (610). En un principio, los sindicatos acordaron con la empresa rebajar los despidos de 803 a una horquilla entre 369 y 593 a cambio de rebajas de salario y otros recortes, pero este acuerdo fue rechazado en la asamblea de trabajadores por un 62% de los votos, tanto en Tragsa como en Tragsatec.

El delegado de la sección central de Tragsa de CGT, José Verdaguer Balaguer, defiende que lo importante de una empresa pública no es la obtención de servicios sino “el servicio al ciudadano”, pero además “esta empresa ha dado beneficios” en los 33 años que lleva de funcionamiento. “Estamos en una situación social y económica mucho más precaria que la mayoría de los trabajadores públicos”, dice Balaguer.

El 1 de abril de 2014, la Audiencia Nacional declaró la nulidad del despido colectivo. Esta sentencia se refiere específicamente a los 726 afectados en Tragsa, pero también condena solidariamente a la filial Trag­satec, que realizó un despido colectivo que afectaba a 610 trabajadores. “Fue la astucia de los trabajadores, organizados en sus sindicatos, lo que forzó esta decisión judicial y hará a la empresa pensárselo dos veces antes de volver a aplicar medidas similares”. Sin embargo, no bajarán la guardia: “Estamos seguros de que lo volverán a intentar, pero poniéndole más énfasis, aunque no les tememos, ya que estaremos preparados”, argumenta.

Coca-Cola

Coca-Cola Iberian Partners cerrará cuatro de sus once fábricas en España. Aplicará un ERE que afectará a cerca de 1.200 empleados entre despedidos, prejubilados y trasladados. En la planta de Fuenlabrada ya han sido 237 los despedidos, muchos de ellos pertenecientes al comité de empresa. El delegado de CC OO, Alberto Pérez Mayoral, asegura no obstante que la pérdida de empleos será mucho mayor. “En la zona sur de Madrid se pueden perder hasta unos 3.000 empleos indirectos que dependen en buena medida de la fábrica. Además, el objetivo final de la empresa es quedarse con tan sólo dos centros de producción en España en cuatro años, trasladando el resto de la producción a Marruecos, Por­tugal, Polonia…”.

La multinacional con sede en EE UU parece tener otros planes para España. “Aquí, aparte de las dos fábricas, se quedarán algunos centros de distribución como el de Le­ganés, cuyos trabajadores tienen contratos por salarios ridículos y de muy poca duración”, dice Mayoral.

La empresa ha ofrecido a varios trabajadores recolocaciones en otras plantas de España. Pero el delegado de CC OO advierte que “los que son recolocados en otras plantas lo hacen con salarios mucho menores y en peores condiciones”. Según afirma este sindicalista, están sustituyendo a trabajadores que ganaban 40.000 euros al año por otros que ganan 21.000”. Por otra parte, muchos trabajadores también se han presentado voluntariamente al ERE porque tendrían derecho a una indemnización de 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, mientras que si son despedidos forzosos recibirán 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Además, Ma­yoral denuncia que a muchos trabajadores “se les promete un plan de pensiones privado que también depende del dueño de Coca-Cola y que no ofrece ninguna fiabilidad de que lo puedas cobrar a los 65 años”.

“El 3 de junio comienza realmente nuestra lucha”, señala Mayoral, que se refiere al día en que empezaba en la Audiencia Nacional el juicio contra el ERE de Coca-Cola, que podría sentenciar que los despidos son improcedentes o incluso declarar su nulidad. De forma complementaria no descartan ninguna medida de presión, incluso “la ocupación de la fábrica”, y piden a la ciudadanía “mantener la campaña de boicot a Coca-Cola, que ha provocado que la empresa reduzca sus ventas en casi un 50% en la zona centro de España”.

1.800 obreros despedidos en Delphi

En julio de 2007, la compañía de repuestos de automoción Delphi anunció el cierre de su planta en la Bahía de Cádiz dejando en la calle a 1.800 trabajadores. Otra vez una empresa con enormes beneficios (triplicó el volumen de producción en sus últimos cinco años) que decide trasladar la producción a un lugar con mano de obra más barata, en este caso a Polonia. Lo particular del ERE de Delphi es que los trabajadores tuvieron que hacer frente a las voces, muchas veces interesadas, que les acusaban de ser unos privilegiados y a las promesas incumplidas de la Junta de Andalucía, que les prometió crear 4.000 puestos de trabajo gracias a las subvenciones que la Unión Europea ofrece a determinadas regiones afectadas por las deslocalizaciones. Sin embargo, Fernando Mangano, miembro de la asamblea de trabajadores, denuncia que “en la Bahía de Cádiz no hay ninguna intención de desarrollar la industria, en esta región el paro llega al 43% y lo único que funciona es la economía sumergida y el empleo temporal en el turismo”.

¡POR LA READMISIÓN DE LAS Y LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS DE LA EÓLICA CAMPILLOS EN MÁLAGA!

CORRIENTE ROJA

L@s 14 trabajadores y trabajadoras  injustamente despedidos por Gamesa Eólica en Campillos, un pueblo de la provincia de Málaga, llevan desde el día  6 de Mayo acampados frente a la sede de la Empresa principal, Gamesa  Eólica, en Torremolinos.

Desde Corriente Roja, hablamos con Jordi Luque Berdun, representante de los trabajadores despedidos, que nos explicó como arrancó el conflicto y cuál es la situación actual. A continuación reproducimos un extracto del resultado de la entrevista

Jordi: El conflicto parte del uso que hace Gamesa Eólica (empresa que cotiza en IBEX35), de sus subcontratas. Cabe destacar que su subcontrata GES trabaja exclusivamente para Gamesa, por lo que de alguna manera tiene una plantilla encubierta por medio de GES.

En 2011, constituimos mesa electoral y elegimos nuestros delegados sindicales, acto seguido y sin motivos justificados, GAMESA veta la entrada a sus parques en toda la península Ibérica  a un compañero delegado de personal.

Como repulsa a la represalia contra nuestro delegado, y en solidaridad con él por ser nuestro compañero, tomamos una sola medida: La de ejercer nuestro derecho a no hacer horas extra que no sean por fuerza mayor. Esta acción tan simple, y en la que solo ejercíamos nuestro derecho, culminó 4 días después, con el vetado de los otros 2 delegados de personal, y otros compañeros que se estaban mostrando activos en el conflicto. Esto despertó una repulsa tan alta que nos organizamos y tuvimos 18 jornadas de huelga sin conseguir respuesta por parte de GAMESA, ni GES. Estas jornadas generaron una persecución por parte de GES, que culminaron con el despido de 3 compañeros, por razones que más adelante pudimos demostrar que eran inventadas y no tenían fundamento. Una vez analizado nuestro expediente la de Inspección de Trabajo de Málaga, nos dio la razón y fuimos readmitidos al día siguiente (Febrero de 2012). Pero preparando la revancha nos cambiaron unilateralmente, del convenio de Algeciras, por el que fuimos contratados (que contempla la subrogación), al de Málaga (que no contempla la subrogación). Obviamente y previendo  su estrategia a medio plazo, denunciamos este hecho ante el Juzgado de lo social de Algeciras, que nos dio la razón en diciembre de 2013

En febrero de 2014, nos sorprenden con la noticia de un cambio de subcontrata, cambiando la titularidad a EFACEC Sistemas, empresa de Portugal. Nosotros respiramos tranquilos al pensar que solo 40 días antes tenemos en nuestra mano la sentencia que nos da razón y que contempla la subrogación. Pero cual no será nuestra sorpresa cuando el  lunes 3 de marzo el primer día que aterriza EFACEC en Campillos nos entrega el documento donde explican que reconocen nuestro derecho a ser contratados, y acto seguido nos informan que estamos despedidos, y nos piden que firmemos un documento en el cuál acceden a indemnizarnos a cambio de no tomar acciones legales contra la empresa y desistir cualquier acción que estuviera pendiente de sentencia. Obviamente este documento no lo firmó nadie…

En nuestra carta de despido argumentan que hay excedente de plantilla cuando, despiden 14 técnicos (entre ellos a la única técnico de mantenimiento eólico de España) y acto seguido contratan a 19 personas para hacer exactamente lo mismo que nosotros, reubican a personal propio que tienen su puesto en otros parques de España, y solicitan la “ayuda” nuestra anterior empresa GES, para cubrir las necesidades diarias de parque desplazando a 16 técnicos desde Algeciras durante  semanas completas.

Tenemos dos razones principales, una objetiva y otra subjetiva,  para definir esto como una clara represalia contra 14 de los que hace 2 años fuimos parte activa de las movilizaciones. La subjetiva es, que sería demasiada casualidad, que una empresa que ya he explicado que es Portuguesa, es la primera vez que trabaja en Campillos, no nos conoce de nada, no sabe cómo trabajamos, y tampoco nos da la oportunidad de demostrarlo, acierte con tanta precisión, los nombres de los despedidos, salvo que haya sido conducida por GAMESA a hacerlo. Y la razón objetiva es que según el estatuto de los trabajadores toda empresa que subcontrate tiene una Responsabilidad Subsidiaria hacia su empresa subcontratada, por lo cual, no puede mantenerse impasible ante la irregularidad en tema de subrogación que ha cometido EFACEC hacia nosotros.

Acto seguido, y evidenciando cual es la línea que marca GAMESA, y para completar lo que inició hace dos años, EFACEC ha informado a nuestros Delegados Sindicales que no reconoce su calidad de representante legal de esta plantilla, y les ha derogado todos sus privilegios.

Tanto los despidos, como la acción tomada contra los delegados ya están denunciados ante el juzgado de lo social de Madrid, por vulneración de derechos fundamentales.

Para terminar el último dato que voy a aportar, es que nuestro contrato es por fin de obra o servicio, con lo cual mientras los aerogeneradores estén operativos, y no seamos objeto de una sanción grabe, nosotros estamos vinculados a los parques de Campillos y tenemos garantizado el empleo, aunque cambie la subcontrata, o incluso si cambia la titularidad de la empresa que emite el contrato GAMESA.

Ahora mismo tenemos una concentración permanente 24 horas, frente a las oficinas del C.R.O. en Torremolinos C/ Decano Manuel Zedano, portal 2 oficinas 37 y 38. Después de un mes haciendo el ruido más ensordecedor que podemos, y cantando vítores en los que hacemos alusiones directas a GAMESA, no se ha dignado a bajar y hablar con nosotros.

La subdelegación de Gobierno nos ha concedido un permiso permanente, pero no nos dejan montar tiendas, por lo que estamos durmiendo al raso, pero no cejamos en nuestro empeño, y vamos a estar aquí hasta que consigamos nuestra readmisión.

Desde Corriente Roja Málaga hacemos un llamamiento a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales que se consideran de la clase obrera, a rodear de apoyo y solidaridad esta lucha. Porque su readmisión, si se consigue, será un victoria de todos y todas.

Para seguir el conflicto, puedes hacerlo en  Facebook: Eólica readmisión Campillos, y Twitter: Eolicareadmision, y para comunicarte con ellos puedes hacerlo al teléfono  658 378 635, o escribiendo al  correo lb.jordi@gmail.com

¡TRABAJADORES DE EÓLICA CAMPILLOS, READMISIÓN!

¡EL PUESTO DE TRABAJO NO SE VENDE, SE DEFIENDE!

POR LA READMISIÓN INCONDICIONAL DE JUAN CARRASCO. JUICIO 17 DE JUNIO Escrito por El Militante   

El 24 de febrero se celebró el juicio por el despido del compañero Juan Carrasco, veterano activista de la izquierda y delegado de CGT en la empresa Serunión (Málaga), una empresa hostelera que explota concesiones de cafeterías, comidas y demás servicios en colegios y hospitales en todo el estado. Es la segunda vez que el compañero es despedido de Serunión por su actividad sindical. Finamente, el juicio quedó aplazado hasta el 17 de junio.

 La campaña por la readmisión de Juan Carrasco ha tenido un tremendo impacto. Una respuesta contundente de la clase trabajadora contra los ataques y la represión de nuestros derechos sindicales más básicos, y por un sindicalismo combativo y democrático que los haga frente. En empresas como Serunión y en tantas otras, aceptar los ataques, pactar ERE’s, ERTE’s, despidos o el deterioro de las condiciones laborales es un tremendo error. Se puede luchar y se pueden frenar los ataques y así lo sienten miles de trabajadores.

En este caso nos enfrentamos también al hecho de que Serunión recurrió a miembros de UGT para que testificaran contra él. La colaboración de estas personas con la dirección de la empresa en la vulneración de los derechos de sus compañeros es algo intolerable. Estas personas anteponen los intereses de la empresa antes que los de la plantilla, los de los propios afiliados a UGT o los principios más básicos de este sindicato. La dirección de UGT tiene que intervenir en esta situación e impedir que este sindicato participe en la represión a los derechos de los trabajadores. Son muchos los afiliados de UGT implicados en la lucha por la readmisión del compañero Juan Carrasco entendiendo que su despido forma parte de un plan de la empresa para atacar las condiciones laborales de todos los trabajadores.

LAB OCUPA LA SEDE DE ADEGI EN DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 http://www.youtube.com/watch?v=JB9fEif1BKc&feature=youtu.be&a

UGT Y CCOO CONTINÚAN CON SU CAMPAÑA PARA PEDIR LA SUSPENSIÓN DE LA PENA PARA LOS CONDENADOS POR PARTICIPAR EN UN PIQUETE

Los sindicatos CCOO y UGT continúan la campaña para que partidos e instituciones se sumen a la campaña en apoyo de Carlos C.N. y María del Carmen B.C., condenados a tres años y un día de cárcel y a pagar una multa de 2.880 euros, más las costas del proceso y una indemnización de 767 euros, por su actuación durante un piquete informativo durante la huelga del pasado 29 de marzo.

Se ha instalado en el edificio de los sindicatos en Granada una pancarta que pide la libertad para estos dos ciudadanos, «que deberían haber sido absueltos» ya que, según consideran, su «único delito» fue pelear por los derechos laborales de todos los trabajadores.

Para UGT y CCOO, este tipo de sentencias, «políticas y de carácter ideológico», no son «un caso aislado», sino que «forman parte de una estrategia para criminalizar a los movimientos sociales y sindicales», y advierten de que «por mucho que quieran, la sociedad civil organizada no se va a amedrentar».

De hecho, CCOO y UGT, a través de sus organismos confederales, han remitido una carta al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, en la que denuncian el aumento de procedimientos penales contra trabajadores y cargos sindicales, derivados del ejercicio del derecho de huelga y en los que el Ministerio Fiscal solicita, como regla general, penas privativas de libertad excesivas y desproporcionadas proponiendo condenas, que en algunos casos, superan los tres años de prisión, a pesar de que en general, no existen fenómenos de violencia, ni se menoscaban bienes jurídicos relevantes.

En un comunicado conjunto, ambos sindicatos consideran que se está utilizando como agravante de responsabilidad penal el ejercicio del derecho a la huelga y reclaman que se preserve el derecho fundamental de libertad sindical y de huelga, éste último, «parte esencial de los derechos fundamentales y libertades públicas que rigen nuestro Estado Social y de derecho».

Por último, UGT y CCOO consideran «que cuando se trata de protección del Derecho al Trabajo contra ataques a las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, no se actúa con el mismo celo». Por ello, exigen «el fin del acoso del estado a los derechos fundamentales de la ciudadanía».

COMUNICADO DE CGT EN RENAULT ESPAÑA SOBRE LA RECUPERACIÓN DEL TURNO DE NOCHE EN MONTAJE VALLADOLID

Nueve años han pasado desde que debido a una mala decisión empresarial se retirase el turno de noche de la factoría de montaje Valladolid. Nueve largos años de pérdida de derechos y poder adquisitivo, aumento de la flexibilidad, nuevas categorías de entrada, ERE´s gestionados de manera incorrecta, sistemas de ritmos inhumanos camuflados como mejoras ergonómicas, etc…

Hemos pagado las consecuencias de esa mala decisión empresarial, y las hemos pagado nosotros, los trabajadores y trabajadoras de Renault España. Desde CGT advertimos en su momento del error que suponía depender de un modelo único pero no quisieron hacernos caso. Ante el fracaso comercial que supuso el Modus cayó sobre nuestras cabezas la maldición de los recortes que todos conocemos, pero desconocemos si rodó la cabeza de alguno de los responsables de dicho fracaso.

En su día conseguimos que la empresa retirará la amenaza (chantaje) de cerrar montaje gracias a la presión que ejercimos todos los sindicatos en conjunto, siendo CGT la única organización que estuvo presente en todas las movilizaciones que se convocaron (encierros, paros, medidas de presión contra la Administración…). Ahora seguimos dependiendo de un modelo único (en este caso el Captur), y seguimos advirtiendo del peligro que eso supone en un futuro a medio plazo. Desde CGT nos alegramos de que las aguas hayan vuelto a su cauce y se vaya a restablecer el turno de noche, aunque sea a un precio tan alto. Pero hay que matizar que el turno de noche no se crea: se recupera.

450 empleos suponen una alegría en estos tiempos en los que el paro se ha extendido como la peste sobre el tejido de la sociedad, en los que sirve como excusa para cometer toda clase de abusos sobre la clase trabajadora. Hemos recuperado el turno de noche, pero NO en las mismas condiciones que teníamos cuando se retiró. Las nuevas contrataciones entrarán cobrando el 72,5% de lo que deberían cobrar por hacer el trabajo que van a realizar y tendrán que pasar cinco años y medio hasta percibir el 100% (eso en el caso de que trabajen esos años sin interrupción, cosa poco probable). Desde CGT exigimos y exigiremos siempre un empleo digno, estable y de calidad.

Nos alegra leer cómo alguna organización saca pecho diciendo que gracias a los acuerdos que firman con la empresa la reforma laboral ha quedado fuera de las vallas de Renault. Pero nos alegraría más si ellos mismos no la aplicasen sobre sus trabajadores: En Cataluña 19 trabajadores han sido despedidos por ese sindicato, el cual les ha aplicado una reforma laboral contra la que convocaron dos huelgas generales. Ahora son los compañeros de los despedidos los que convocan huelga contra la decisión de ese sindicato-empresa.

La mayor parte de lo que produce Renault en España está destinado al mercado exterior. Se ha producido un incremento de la demanda en algunos países del entorno y eso provoca que nos entren más pedidos. Los firmantes se cuelgan la medalla como si gracias a sus firmas estuviesen solucionando la crisis a nivel mundial. Recuerda mucho a la estrategia de Rajoy, que al bajar la prima de riesgo en los países de la UE, atribuye el éxito a las medidas que él ha tomado. Se parecen demasiado y huelen igual.

10 de Junio de 2014. Secciones Sindicales CGT Renault España

CADENA HUMANA CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE KUTXABANK por ELA sindikatua

http://www.ela-sindikatua.org/es/actualidad/noticias/cadena-humana-contra-la-privatizacion-de-kutxabank/image_preview

Los sindicatos -incluida ELA- y organizaciones sociales que suscriben el manifiesto a favor de un sistema financiero público vasco y en contra de la privatización de Kutxabank han convocado una manifestación para el próximo 21 de junio en Bilbao.

Con una cadena humana desde la sede del PNV hasta Kutxabank han denunciado la voluntad de que al menos la BBK se convierta en Fundación Bancaria este mes de junio, a pesar de que «se nos ha reconocido que no hay ninguna obligación legal de hacerlo este mes, lo cual nos lleva a concluir que se quiere avanzar en la política de hechos consumados».

Esta es una decisión que pretende impedir el debate social suscitado y frenar las movilizaciones en contra de la privatización.

Las organizaciones que suscriben el manifiesto a favor de un sistema financiero público vasco y en contra de la privatización de Kutxabank, han llamado a participar en la manifestación del próximo día 21 de junio en Bilbao.

LOS TRABAJADORES DE FCC EN HUESCA Y EMPRESA FIRMARÁN UN ACUERDO QUE EVITARÁ LA HUELGA

Los trabajadores de FCC, adjudicataria del servicio municipal de limpieza viaria de Huesca, y la dirección de la empresa firmarán un acuerdo que permitirá aprobar un convenio colectivo que mejora sustancialmente sus condiciones salariales y laborales. De esta forma, queda desconvocada la huelga prevista por la plantilla para este verano.

El preacuerdo se ha alcanzado en el transcurso de una reunión organizada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para desbloquear una larga negociación con posiciones muy alejadas. Los trabajadores cobrarán 12.000 euros brutos, cuando venían cobrando 9.000.

La responsable de CC.OO. en Huesca, Begoña Pérez, ha afirmado que «al final hemos conseguido mejorar sustancialmente las condiciones salariales y laborales de los trabajadores; esa era la pretensión, por eso hemos formado el preacuerdo en el SAMA y firmaremos el convenio en los términos acordados».

Mediante el acuerdo global salarial, los trabajadores que están cobrando por debajo del salario mínimo y los que lo superaban cobrando un complemento van a alcanzar los 12.000 euros brutos.

«Aun así sigue estando por debajo de cualquier contrata de esta empresa en Aragón, pero del punto de partida que veníamos, que era poco más de 9.000, desde luego para los trabajadores tiene que verse como un triunfo», ha dicho la dirigente sindical.

ANTIGÜEDAD

En cuanto a las condiciones laborales, entre otras cuestiones, «han accedido a que todos tengan dos equipamientos de ropa de trabajo, que el trabajador nocturno cobre más que el diario y también hemos conseguido que prevalezcan los criterios objetivos, la antigüedad entre otras cuestiones».

LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL ERTE DE GEACAM SE REUNIRÁ PARA ESTUDIAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA DEL SUPREMO

La Comisión de Seguimiento creada en su día con motivo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam) se reunirá el próximo 16 de junio para estudiar los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que avala el despido colectivo realizado por la Empresa Pública, que afectó a cerca de 1.800 trabajadores dedicados a la prevención y extinción de incendios forestales.

Así lo ha indicado el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO Castilla-La Mancha, José Sánchez de los Silos, en nota informativa dirigida a los trabajadores de Geacam, después de que se haya celebrado la primera reunión entre la dirección de Geacam y los representantes de sus trabajadores, tras la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERE de octubre de 2012.

«La empresa ha planteado trasladar a la Comisión de Seguimiento creada en su día con motivo de aquel ERE, las propuestas para la aplicación de la Sentencia del Supremo, entendiendo que habrá que adaptarla a la situación actual de Geacam», ha asegurado José Sánchez de los Silos.

La primera reunión de la mencionada comisión de seguimiento, compuesta por dos representantes de cada sindicato y la representación de Geacam, se celebrará el lunes día 16 de junio. A partir de esa reunión se ira fijando el calendario de las siguientes, ha informado el sindicato CCOO en un comunicado.

Es por ello que José Sánchez de los Silos ha llamado «a la calma y a la tranquilidad» a los trabajadores de Geacam y ha asegurado que la empresa pública «sigue abierta y cumpliendo las funciones que tiene encomendadas». «Así seguirá siendo y así lo vamos a seguir defendiendo», ha defendido.

«Vamos a luchar para que la sentencia se cumpla sin transgredir las normas legales más allá de lo que la misma establece; y, como hemos venido haciendo durante este largo proceso, vamos a seguir defendiendo el empleo estable y con derechos», ha concluido Sánchez de los Silos.

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA EL SEGUNDO ERE DEL AYTO DE GÁLDAR (GRAN CANARIA)

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la legalidad del expediente de regulación de empleo (ERE) que aprobó el Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) en abril de 2012, con 26 despidos, para equilibrar su situación presupuestaria, el segundo que acometía en esta legislatura.

El Supremo coincide con la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en que el Consistorio acreditó «su insuficiencia presupuestaria» durante los ejercicios de 2010 y 2011, es decir, más allá de los tres trimestre consecutivos que fija la ley para estos casos desde la última reforma laboral.

La sentencia coincide además con el TSJC en que la medida adoptada por el Ayuntamiento (reducir un 8,93 por ciento su plantilla, de 291 a 265 trabajadores) «puede considerarse razonable en cuanto a su proporcionalidad, a la vista de la situación económica» que padecía el Consistorio, que en aquellos momentos gastaba en nóminas el 80 por ciento de sus recursos ordinarios.

El TS ratifica asimismo que el alcalde, Teodoro Sosa, tenía competencias para acordar el despido del personal laboral -algo que los sindicatos discutían-, «sin perjuicio de que posteriormente» debiera dar cuenta al pleno en la primera sesión que se celebrase.

DENUNCIAN FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN DE DOS PRESENTADORES DEL PROGRAMA DE TVG «FORO ABERTO»

Sindicato CIG

Os sindicatos CIG, UXT e USO denunciaron o pasado venres, perante a Inspección de Traballo de A Coruña, a Televisión de Galiza por fraude na contratación mercantil de Carlos Luís Rodríguez e Pablo Acción, presentadores do programa de debate ‘Foro Aberto’, que a canle pública emite nas noites dos luns aos xoves.

Segundo expoñen na denuncia, a contratación destes presentadores encobre unha relación laboral de natureza ordinaria, que como tal debería prestarse por persoal laboral da TVG. A canle pública dispón de excelentes profesionais que poderían desempeñar as tarefas de presentación e moderación dos debates sobre cuestións de actualidade coas garantías profesionais e éticas que demanda a cidadanía galega.

Precisamente, con estas contratacións a TVG trata de eludir o vínculo realmente laboral, neste caso de empregado público, cuxa actividade debe perseguir a satisfacción dos intereses xerais dos cidadáns e fundamentarse en consideracións obxectivas orientadas cara á imparcialidade e o interese común, á marxe de calquera outro factor que exprese posicións persoais, familiares, corporativas, clientelares ou calquera outra que poida colidir co estes principios, conforme ao disposto no artigo 53 do Estatuto Básico do Empregado Público.

Segundo recollen na denuncia, dáse a circunstancia de que o programa “Foro Aberto” estivo conducido na etapa inmediatamente anterior polo mesmo presentador, Carlos Luís Rodríguez, baixo a modalidade de contratación artística. Esta contratación, denunciada pola CIG en novembro de 2011, foi declarada en fraude de lei pola Inspección de Traballo, razón pola cal a Dirección da TVG optou por celebrar con este profesional un contrato mercantil para mantelo a calquera custo na presentación do programa.

Os sindicatos denunciantes sosteñen que estamos ante supostos de contratación só aparentemente mercantil, que encobren xenuínas relacións laborais, con vulneración do artigo 1 do Estatuto dos Traballadores, e que incorren en infracción grave tipificada no artigo 7.2 da Lei sobre Infraccións e Sancións na Orde Social.

Aliás, o recurso por parte da TVG a este tipo de contratacións representa un gasto económico inxustificado en momentos de crise e de recortes que están afogando a canle pública, o emprego, os dereitos laborais dos seus traballadores e traballadoras e a calidade do servizo público de radiotelevisión de Galiza.

Indican ademais que as cifras de audiencia do programa son pésimas, cun share no mes de abril do 0,4%. Audiencia que mesmo é inferior á da media da TVG2, que chega tan só ao 1%.

EMT DE VALENCIA VUELVE A LA LUCHA Escrito por Albert Ferrer   

Los trabajadores de la EMT, la empresa pública de autobuses de Valencia, vuelven a la lucha. Todos los miércoles de mayo ha habido manifestación, mañana y tarde, por el centro de la ciudad, y a falta de una nueva asamblea es de prever que junio no sea muy diferente. La lucha es por el convenio de este año, y el punto central es la recuperación del salario perdido hace dos años. Es decir, que aumente el actual un 8,66% para que se mantenga al nivel de 2011.

Hablamos con Iván Alcalá, presidente del Comité y miembro de CCOO. “Llevamos cerca de cinco meses en los cuales no tenemos ninguna propuesta firme de la empresa”, dice. “No estamos pidiendo ningún incremento. Partimos del anterior convenio, pero realmente fue una imposición, porque íbamos abocados, o bien a 208 despidos, o bien a una rebaja salarial del 8,66%. Todo el colectivo mediante referéndum eligió rebaja salarial. Pero estamos viendo que todas las Administraciones Públicas están empezando a recuperar días moscosos y la catorceava parte… No estamos pidiendo nada más que los demás, simplemente el mismo trato”.

La lucha de hace dos años sigue en la memoria de los trabajadores y es un factor en la situación. Un sector de la plantilla hasta el momento es reticente a participar en las asambleas y manifestaciones, y esto es un reflejo de cómo acabó la lucha. Meses de movilización y huelgas, de unidad y disposición enorme a la lucha de los trabajadores, de manifestaciones conjuntas con trabajadores de RENFE y ADIF, RTVV, subcontratas de Vodafone, estudiantes, de actividad del Grupo por la Extensión de la Lucha (idea propuesta por el Sindicat d’Estudiants)… permitían un paso adelante. Aceptar el chantaje de la empresa no era la única posibilidad, la alternativa (que ningún delegado ni sindicato planteó) era un plan concreto para profundizar la extensión de la lucha, y preparar de forma seria (y no como farol) una huelga indefinida para el 7 de agosto, el mismo día en que la Gerencia iba a anunciar los despidos. Pese a la falta de esta alternativa, un 30% votó no (posición defendida por TUC y CGT, frente a los tres sindicatos mayoritarios), y muchos de los que votaron afirmativamente lo hicieron porque nadie supo responder la pregunta clave (que hizo una trabajadora en la última asamblea): “si decimos no, ¿qué hacemos para evitar los despidos?”.

Aprender de la experiencia

El acuerdo de hace dos años creó malestar entre los trabajadores. ¿Tanto luchar para aceptar la propuesta inicial de la empresa? ¿Las enormes ganas de luchar de la plantilla, entonces, no sirven para nada? Por supuesto, ¡claro que sirven! Lo que falló fue un tipo de sindicalismo, el de la mayoría del Comité: el que confía más en la negociación que en la movilización, el que no toma las medidas necesarias para extender ésta, el que no estimula la participación y la iniciativa de los trabajadores.

En esta lucha, el factor tiempo y la contundencia es fundamental. Es posible un convenio, no sólo de recuperación del salario perdido, sino de aumento salarial, ya que de dos años para acá la gran mayoría de productos básicos y facturas han seguido aumentando. Es posible también un convenio que además de un aumento salarial incluya medidas concretas de mejora de la calidad del servicio (a pesar del convenio pasado, ¡se ha reducido la plantilla en 200 puestos!, y eliminado líneas, dejando poblaciones y barrios enteros sin servicio; mientras que la flota está envejecida y sufre gran cantidad de averías). Es posible todo ello, participando en las movilizaciones que se convoquen, y en las asambleas, y presionando al Comité para que vaya más allá, para una plataforma más completa, y para un plan de lucha más contundente, basado en la extensión de la lucha y en la preparación (con tiempo suficiente) de una huelga de 24 horas, que supondría un fuerte aviso al Ayuntamiento y a la vez una posibilidad de llegar a toda la población. En definitiva, se trata de luchar por recuperar un sindicalismo combativo, única forma de avanzar en la lucha, y en la confianza de los trabajadores en sus fuerzas.

CC.OO. TIENE QUE DESPEDIR A MÁS ABOGADOS

areaautonoma

Los despachos jurídicos no son ajenos a la actual coyuntura económica. La crisis afecta también a un sector que en los últimos años está sufriendo una importante reestructuración, que ha obligado a dimensionar sus plantillas para adecuarlas a las caídas de facturación y de servicios o a las rebajas de tarifas ante la fuerte competencia dentro de un mercado cada vez más saturado, …

El Gabinete Técnico Jurídico del sindicato ya hace tiempo que atraviesa importantes dificultades económicas.

La crisis económica y las consecuencias en el ámbito jurídico de las últimas reformas laborales han supuesto un descenso de ingresos que ha afectado negativamente el equilibrio presupuestario del Gabinete.

Este no es un hecho aislado dentro del sindicato y ha supuesto una importante reestructuración interna con varios procesos de fusiones territoriales y federativas y diversos procesos de reestructuración de personal para adaptar nuestra organización en el actual contexto y ser más útil a la afiliación.

Las decisiones tomadas hasta ahora, a nivel organizativo y de reducción de costes, han sido insuficientes por lo que se hace necesario adoptar nuevas medidas para reducir el volumen de gasto y asegurar la viabilidad futura del Gabinete.

Por ello, en fecha de 28 de mayo de 2014, la dirección de CCOO de Cataluña ha comunicado a la representación legal de los trabajadores el inicio del proceso formal de ajuste del servicio jurídico del sindicato, después de haber realizado varias reuniones previas de carácter informal con el comité de empresa, entre el 7 de abril y el 20 de mayo.

Este proceso conllevará necesariamente la extinción de contratos y la readecuación de algunos conceptos retributivos que se homologarán en el resto de condiciones de los trabajadores del sindicato. Se mejorarán las condiciones de las extinciones teniendo como referencia las acordadas en otras situaciones similares y la adaptación a las circunstancias personales de las personas afectadas.

Se voluntad de la dirección del sindicato evitar las medidas traumáticas a las mínimas imprescindibles para garantizar la viabilidad futura del Gabinete y que el proceso de negociación de modificación de las condiciones de trabajo se realice con el máximo acuerdo posible. Hay que tener en cuenta que el servicio jurídico de CCOO es un instrumento importante para la afiliación y para defender judicialmente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Esta readecuación del Gabinete en ningún caso supondrá un cambio del modelo de servicio jurídico del sindicato. Un modelo confederal de implantación territorial que permite la atención a la afiliación y el asesoramiento colectivo en secciones sindicales y comités de empresa.

LA DIRECCIÓN DE TENECCO MANTIENE EL PULSO A LOS TRABAJADORES Escrito por Sergio González Afiliado a CCOO · Asturias para elmilitante.net

En el anterior número de El Militante informábamos que tras la dura lucha de los trabajadores de la planta gijonesa de Tenneco contra el cierre de la misma, la multinacional americana daba marcha atrás temporalmente a sus pretensiones, pero ya apuntábamos la posibilidad de que fuera una maniobra para ganar tiempo y debilitar a la plantilla.

La dirección de la empresa presentó un plan industrial el 12 de mayo que pasaba por dejar la plantilla en 75 de los 216 trabajadores que tiene actualmente, a través de jubilaciones anticipadas para mayores de 55 años y recolocaciones en las plantas de Ermua, Valencia y Alemania. También pretenden trasladar las mejores máquinas de la factoría gijonesa. Ante el rechazo a este plan por parte de los trabajadores, la empresa les ofreció una contraoferta “acorde a los principios pactados con la UE para reabrir la planta, que incluye una reducción sustancial de la plantilla”.

El comité de empresa ofreció negociar la jubilación anticipada de los mayores de 58 años, decisión que fue refrendada por la asamblea de trabajadores con un resultado de 82 votos a favor, 43 abstenciones y ningún voto en contra. En la misma línea, el comité de empresa ha abierto “la lista” para los trabajadores que quieran salir de la empresa con bajas incentivadas o aceptar traslados a otras plantas de la multinacional, tema que está generando tensiones entre la plantilla.

Por otro lado, pese a las amenazas de la empresa advirtiéndoles mediante burofax de que deben abandonar el encierro o atenerse a las consecuencias, la plantilla de Tenneco no baja la guardia, y mantiene el encierro en las instalaciones hasta que se haya firmado un acuerdo que consideren aceptable. Indudablemente, su determinación a continuar la lucha hasta que se resuelva satisfactoriamente es la mejor herramienta que tienen contra la empresa. Por su parte, los movimientos de la dirección de Tenecco indican que ésta no ha abandonado sus intenciones de cerrar y desmantelar la planta gijonesa, y sigue una estrategia de desgaste y confusión, intentando romper la unidad de la plantilla y debilitarla, para así conseguir sus objetivos más adelante.

En nuestra opinión, ante esta situación es el momento de dar un paso más en cuanto a las reivindicaciones a plantear: si la empresa no está dispuesta a garantizar los puestos de trabajo hay que convertir el actual encierro en una ocupación que exija la expropiación de la empresa y su nacionalización, bajo control de los trabajadores.

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