Ayuso colocó a una amiga sin experiencia para medicalizar las residencias de mayores

Encarnación Burgueño ha sido jefa de ventas de Telepizza, agente inmobiliaria y teleoperadora, pero los contactos de su padre le han permitido adentrarse en el mundo sociosanitario

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El 26 de marzo, cuando en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid habían fallecido ya 1.130 ancianos por Covid19, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, puso en marcha un plan para medicalizar estos centros y anular los traslados de personas mayores a los hospitales de la red pública.

La Comunidad de Madrid lo llamó “plan de choque” pero significó la contratación de la hija de Antonio Burgueño, exdirector general de Hospitales y el ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña. Encarnación Burgueño, de 50 años y autodenominada directora general de Cardio Líder S.L, no pisó nunca una residencia y estuvo, los 12 días que duró su gestión, confinada en su casa y pidiendo disculpas a las llamadas sin responder: “Me he quedado sobá. Perdonadme”.

Aprovechándose de los contactos de su padre, esta mujer en realidad era autónoma de una empresa con tres socios dedicada al alquiler de desfibriladores a centros comerciales y otras dependencias.

En 2017, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, inauguró la instalación de estos dispositivos de reanimación cardiovascular en todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid, una inversión de 183.000 euros que la amiga de Ayuso difundió por las redes sociales de Cardio Líder.

La amiga de Isabel Díaz Ayuso, a la que a pesar de no tener experiencia sanitaria le fue adjudicada la medicalización de las residencias de ancianos, ha sido jefa de ventas de Telepizza, agente inmobiliaria y teleoperadora, pero los contactos de su padre le han permitido adentrarse en el mundo sociosanitario y presentare como “directora general” de una empresa del sector.

Encarnación Burgueño no tenía material ni sabía cómo medicalizar las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, así que para salvar este escollo se asoció con la empresa de ambulancias privadas Transamed, valiéndose de los contactos de su padre, y puso en marcha un operativo que en los doce días que estuvo en marcha se saldó con la muerte de más de 3.000 ancianos en las residencias. El propio gerente de las empresas de ambulancias, Eduardo Esteban Aragonés, ha denunciado que nunca se medicalizaron las residencias ni hizo acto de presencia un médico para socorrer a los ancianos enfermos de Covid19.

Los mensajes de audio filtrados por la empresa de ambulancias dejan entrever un caótico plan sin personal, sin equipos y sin nadie al mando que supiera de gestión sanitaria. “Se necesita apoyo moral. Necesitan aliento, que vayáis aunque sea sin equipo”, dice Encarnación Burgueño en un mensaje, animando a los sanitarios que contrató a que entraran sin EPIS en las residencias.

El total del dispositivo para las casi 500 residencias de ancianos que hay en Madrid fueron cuatro médicos, dos enfermeros, siete técnicos de ambulancias y dos coordinadores. Las escenas que se encontraban los trabajadores de la empresa de ambulancias eran de terror: mayores agonizando sin morfina, cadáveres sin recoger después de cinco días y caras de pavor entre los ancianos que preguntaban si se iban a morir.

A todo esto, la hija de Antonio Burgueño, al que Isabel Díaz Ayuso puso también al frente de la coordinación del dispositivo sanitario del coronavirus, no perdonaba su siesta todas las tardes y en más de una ocasión la empresa de ambulancias llamaba a su teléfono y no respondía nadie al otro lado.

Logo de la Comunidad de Madrid

La marca con la que Encarnación Burgueño vende desfibriladores usa con descaro el logo de la Comunidad de Madrid en su cartelería. Así se puede ver en los contenidos que tiene publicados en Twitter, red social donde no escriben desde octubre de 2018 y en la que son continuos los reuits de la empresa de ambulancias Transamed y a organismos y políticos vinculados al PP.

La gestión de las residencias de ancianos está esperando ya en el Tribunal Supremo, donde hay una petición de desaforamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su consejero de Sanidad por negación del derecho a la salud a los mayores. Otras demandas judiciales de los familiares de las personas mayores fallecidas están en proceso.

Fuente: La Ultima Hora

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