Publicado en: 27 octubre, 2015

Ayuntamiento de Barcelona exige a la Sareb la cesión de los 562 pisos vacíos de Barcelona

Por Kaos. Vivienda

Ultimátum del Ayuntamiento de Barcelona a la Sareb: o a las buenas, o a las malas. O la sociedad que gestiona los activos tóxicos de los bancos cede pisos vacíos para alquiler social tal y como prevé la ley o el consistorio recurrirá a los tribunales. “Esto es un pulso con los grandes tenedores de […]

Ultimátum del Ayuntamiento de Barcelona a la Sareb: o a las buenas, o a las malas. O la sociedad que gestiona los activos tóxicos de los bancos cede pisos vacíos para alquiler social tal y como prevé la ley o el consistorio recurrirá a los tribunales. “Esto es un pulso con los grandes tenedores de viviendas vacías”, ha dicho el regidor de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Josep Maria Montaner. “Llevamos cuatros meses de diálogo, pero tenemos prisa. Toda la oferta de diálogo, pero si no hay respuesta, aplicaremos la ley”, ha añadido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras reconocer que las negociaciones con bancos y la Sareb para que cedan pisos vacíos no dan frutos. El regidor y la alcaldesa se referían a la medida que el Ayuntamiento se dispone a poner en marcha: requerir por carta a la Sareb la cesión obligatoria de los 562 pisos que tiene en la ciudad y que llevan más de dos años vacíos.

La cesión de pisos vacíos está prevista en el artículo 7 de la ley aprobada este año en el Parlament fruto de la iniciativa legislativa popular (ILP) que impulsaron la PAH y la Alianza contra la pobreza energética, que este lunes han celebrado que Barcelona comience a aplicar la norma. La ley prevé la cesión obligatoria en el caso de los “grandes tenedores”, empresas como los bancos o la Sareb que tienen más de 100 pisos vacíos desde hace más de dos años, al entender que no cumplen la función social de la vivienda. En la ciudad hay 2.591 pisos de entidades que llevan más de 24 meses vacíos y quien más tiene es la Sareb, según el registro de pisos vacíos de la Generalitat.

Colau ha subrayado que el banco malo es, además, quien peor ha respondido a las sucesivas ofertas de convenios realizadas por el consistorio. La alcaldesa ha explicado las condiciones que la sociedad impone al Ayuntamiento para cederle estos pisos, como que además de pagar un alquiler pague la rehabilitación. Condiciones que Colau ha tachado de “inaceptables” y “una estafa” y que contrastan con el resultado de la primera reunión que la alcaldesa y la sociedad mantuvieron en julio, cuando hablaron de firmar convenios de cesión tras el verano para pisos e incluso locales comerciales.

Al contrario de lo ocurrido con la Sareb, ha afirmado la alcaldesa, el consistorio espera poder firmar convenios de cesión con otras entidades en breve. La segunda entidad es el BBVA que tiene 510, Anticipa (CatalunyaCaixa) tiene 210, La Caixa 135, Unim 120, el Santander 111, Bankia 110, el Popular 90, Hipocat 80 y Criteria 70. Los pisos se concentran en los distritos de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu y Ciutat Vella. La voluntad del consistorio es firmar convenios por cinco años.

“La ley da nuevas obligaciones a los grandes tenedores y pone por delante la función social de la vivienda”, ha celebrado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que ha asegurado que la realidad de los desahucios “está desbordando la emergencia y a los servicios públicos para hacer frente al fenómeno”.

La medida de Gobierno presentada por Colau se aplicará de forma inmediata enviando cartas a la Sareb, “que no está respondiendo a las sucesivas ofertas de diálogo”. Unas cartas en las que tal y como prevé el artículo 7 de la ley se les requerirá la cesión de los pisos vacíos por tres años. “Daremos un mes para que responda, y si no recurriremos a la vía judicial ordinaria”, ha afirmado la alcaldesa, que ha subrayado que su oferta de diálogo se mantiene.

Sobre las 12 multas de 5.000 euros que se han impuesto a las entidades financieras que tienen pisos vacíos, el Ayuntamiento no ha cobrado ninguna, por lo que se les impondrá una segunda sanción de 10.000 euros.

Agencias/Prensa

 

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