Avanza la Reforma Agraria en Bolivia

Las siguientes informaciones pertenecen a la A.B.I. (Agencia Boliviana de Información)

12-12-2008
Gobierno recupera 12 mil hectáreas de tierras fiscales de una familia en el Beni

El director Nacional de Tierras, Clibert Rocha, informó este viernes que se concluyó con el retiro pacífico de la familia de Nelson Vaca ilegalmente asentada en 12 mil hectáreas de tierras fiscales en la provincia Marbán del departamento del Beni.

De acuerdo a Rocha, no se tuvo que hacer uso de la fuerza pública para el desalojo del mencionado predio, cuyo «propietario» era Nelson Vaca.
Asimismo, explicó que ello fue el resultado de una segunda notificación, ya que el primero fue emitido el año 2005, siendo que el año 2003 se llegó a establecer que esas tierras eran de propiedad del Estado boliviano.

Rocha también dijo que dicha familia, durante el tiempo que ocuparon las 12 mil hectáreas de tierra, se dedicaba a la actividad de tráfico ilegal de madera destinada a la construcción, la cual se constituía en su principal fuente de ingresos económico.

«El señor Vaca, cuya actividad era la principal, no tiene autorización ni derecho otorgado por la Superintendencia Forestal, pretendió (solicitar el permiso) hace un año atrás, pero fue rechazada por la Superintendencia», apuntó Rocha. Añadió que las tierras recuperadas serán redistribuidas entre algunas comunidades indígenas de la provincia Marbán y entre algunos beneficiarios del Movimiento Sin Tierra.

Gobierno tituló 9 millones de hectáreas de tierra a pueblos indígenas y campesinos

El Poder Ejecutivo tituló nueve millones de hectáreas de tierra a los pueblos indígenas y campesinos, de un total de 18 millones 380 mil predios saneados en los últimos tres años, informó este viernes el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

De acuerdo a la autoridad de Gobierno, durante el periodo de 10 años de gobiernos neoliberales, es decir antes del año 2006 -primer año de gestión del presidente Evo Morales—se saneó 9 millones 333 mil hectáreas de tierra.

La mayor parte de la titulación de predios corresponde a comunidades colectivas, de los cuales 7 millones para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) -pueblos indígenas–, que sumados a los 5 millones titulados entre 1995 a 2005 hacen un total de 12 millones.

Según Almaraz, a las tierras tituladas de las TCO se debe sumar los más de 2 millones de tierras tituladas demandada por comunidades campesinas que no tienen el expreso reconocimiento como indígenas.

«Si sumamos las TCO y propiedades comunitarias de este periodo, de los tres años de nuestra gestión, tenemos más de nueve millones de hectáreas tituladas a comunidades indígenas y campesinas», aseveró el Viceministro.

La titulación de tierras para el sector empresarial llegó en tres años a 900 mil hectáreas, hecho que fue remarcado por la autoridad, ya que en 10 años anteriores a la gestión del presidente Morales la cifra fue de un millón 200 mil hectáreas.

«Esto rebate esa pretensión falacia de que queremos hacer desaparecer al sector empresarial y muestra, más bien, que estamos en los hechos otorgando la seguridad jurídica que es reclamada por el sector empresarial productor, al cual lo reconocemos y del cual pretendemos un aporte importante al crecimiento económico del país», apuntó.

Saneamiento
En ese sentido, el total de superficie saneado asciende a 27 millones 713 mil hectáreas, lo que representa una tercera parte de la superficie total de 106 millones de hectáreas que debe sanearse en todo el país.

«Cuando hacíamos la reforma de la Ley Agraria, aprobábamos la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria y su reglamento, afirmábamos que era imprescindible un proceso de saneamiento más ágil, rápido, barato y más transparente», mencionó el Viceministro de Tierras.

Entre los datos manifestados por Almaraz también se mencionó que el costo del saneamiento de los más de 18 millones de hectáreas de tierra demandó una inversión de 21 millones de dólares. Esta cifra se sitúa por debajo de los 85 millones de dólares que costó sanear más de 9 millones de hectáreas de tierra en 10 años durante el periodo neoliberal, apuntó la autoridad.

En ese marco, enfatizó que en la administración del presidente Morales cada hectárea de tierra costó en su saneamiento 1.15 dólares, mientras que los gobiernos neoliberales invirtieron 9.2 dólares.

«En años anteriores desde el campo de las organizaciones sociales, era para el país una frustración y para ciertas empresas extranjeras un gran negocio», dijo Almaraz al referirse a la gran diferencia en los datos del proceso de saneamiento.

De acuerdo a la autoridad, actualmente se identificó alrededor de 7 millones 700 mil hectáreas de tierras fiscales, de propiedad del Estado.

De esta cantidad de superficie, al menos la mitad es considerada como tierras no disponibles, puesto que son áreas protegidas o concesiones forestales.

Una de las principales finalidades del saneado de tierras es establecer si existen o no personas sometidas a condiciones de servidumbre y esclavitud, además de detectar tierras que no cumplan la Función Económica Social (FES).

Si se llegará a verificar la servidumbre en los predios sometidos al saneamiento, como el ejecutado en Alto Parapetí de la región del Chaco cruceño, automáticamente se determina que éste no cumple la FES, por lo que debe ser revertida al Estado y posteriormente redistribuida.

13-12-2008
INRA saneó en tres años 18.3 millones de Has. de tierras con $us21millones.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) saneó en los últimos tres años 18.3 millones de hectáreas de tierra con una inversión de 21 millones de dólares, cifra por debajo de los 85 millones de dólares invertidos para el saneado de predios entre 1995 a 2005.

Así lo confirmó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, durante su balance anual, en donde dijo que sumadas esas cifras la superficie saneada hasta el momento hace un total de 27 millones 713 mil hectáreas, lo que representa una tercera parte de la superficie total de 106 millones de hectáreas que debe sanearse en todo el país.

En ese marco, enfatizó que en la administración del presidente Morales cada hectárea de tierra costó en su saneamiento 1.15 dólares, mientras que los gobiernos neoliberales invirtieron 9.2 dólares.

De acuerdo a la autoridad, actualmente se identificó alrededor de 7 millones 700 mil hectáreas de tierras fiscales, de propiedad del Estado.

De esta cantidad de superficie, al menos la mitad es considerada como tierras no disponibles, puesto que son áreas protegidas o concesiones forestales.

El proceso de saneamiento tiene la finalidad de establecer la Función Económica Social (FES) de las tierras, además de verificar si existen o no personas sometidas a condiciones de servidumbre y esclavitud.

Si se llegará a verificar la servidumbre en los predios sometidos al saneamiento, como el ejecutado en Alto Parapetí de la región del Chaco cruceño, automáticamente se determina que éste no cumple la FES, por lo que debe ser revertido al Estado y posteriormente redistribuido.

Titulación.
Almaraz también informó que se tituló nueve millones de hectáreas de tierra a los pueblos indígenas y campesinos, del total de 18 millones saneados hasta el momento.

La mayor parte de la titulación de predios corresponde a comunidades colectivas, de los cuales 7 millones para las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) -pueblos indígenas–, que sumados a los 5 millones titulados entre 1995 a 2005 hacen un total de 12 millones.

Según Almaraz, a las tierras tituladas de las TCO se debe sumar los más de 2 millones de tierras tituladas demandada por comunidades campesinas que no tienen el expreso reconocimiento como indígenas.

«Si sumamos las TCO y propiedades comunitarias de este periodo, de los tres años de nuestra gestión, tenemos más de nueve millones de hectáreas tituladas a comunidades indígenas y campesinas», aseveró el Viceministro.

La titulación de tierras para el sector empresarial llegó en tres años a 900 mil hectáreas, hecho que fue remarcado por la autoridad, ya que en 10 años anteriores a la gestión del presidente Morales la cifra fue de un millón 200 mil hectáreas

«Esto rebate esa pretensión falacia de que queremos hacer desaparecer al sector empresarial y muestra, más bien, que estamos en los hechos otorgando la seguridad jurídica que es reclamada por el sector empresarial productor, al cual lo reconocemos y del cual pretendemos un aporte importante al crecimiento económico del país», apuntó la autoridad.
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