Aumenta la objeción de conciencia en las mesas electorales

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Cada vez que se celebran elecciones, cerca de 500.000 personas -entre titulares y suplentes- de todo el Estado español son convocadas para constituir las mesas electorales y hacer posible el juego de la democracia. Aunque la mayoría de ausencias -que cada año son de decenas de miles- no obedecen a motivos ideológicos, cada vez hay más casos de personas que reivindican su derecho de no acudir a la llamada mediante un acto de desobediencia civil.

Los orígenes de este movimiento de desobediencia a las leyes electorales no es nuevo, se remonta a los años 90 en el País Vasco, con la creación de la Plataforma por el Des-Censo electoral. En 1995 una miembro de este colectivo, Edurne Goñi, fue juzgada por negarse a participar -por motivos ideológicos- como suplente en una mesa electoral en Iruña en las elecciones generales de 1993. Como consecuencia, fue sentenciada a un mes de arresto ya pagar una multa de 100.000 pesetas y se convirtió en la primera persona sancionada por un acto de desobediencia civil a las leyes electorales del Estado español.
Con la reforma de la ley electoral impulsada por el gobierno de Rodríguez Zapatero, la objeción electoral pasó a ser tipificada como un delito, penado con condenas de entre tres meses y un año de prisión

Tras el caso de Edurne, decenas de personas han practicado esta acción de insumisión cada vez que se han convocado elecciones. Hasta la reforma de la ley electoral de 2011, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la objeción electoral era considerada una falta. Con la nueva legislación, esta acción pasó a ser considerada un delito y, por tanto, puede ser castigada con penas de entre tres meses y un año de prisión o con multas de seis a 24 meses. Además, este cambio de procesos también puede ayudar a crear antecedentes penales.

De cara a las próximas elecciones del 26-J, cinco personas han decidido hacer pública su desobediencia a las leyes electorales y declararse insumisas, todas ellas presentando un escrito ante la Junta Electoral en que alegan motivos éticos e ideológicos. Uno de ellos, Francisco Cuevas -miembro del sindicato CNT se declara objetor por tercera vez (ya había sido convocado en las elecciones de 2004 y 2007) alegando que no quiere colaborar con un sistema electoral y un modelo político con los que está «profundamente en desacuerdo». Cuevas, lejos de buscar excusas, considera que el engaño no es una «vía acertada»; por ello ha decidido dejar clara su voluntad de no presentarse a la mesa mediante un escrito a la Junta Electoral, en el que explica: «Queremos abrir una vía legal que permita que las minorías disidentes no colaboramos en un sistema que consideramos injusto mediante la desobediencia civil (…) Un camino de lucha no-violenta que pretende remover conciencias y leyes «.
Francisco Cuevas, militante de la CNT, se declaró objetor electoral por tercera vez (ya fue convocado a las elecciones de 2004 y 2007) y lo ha comunicado por escrito a la Junta Electoral

A diferencia de las campañas para pedir la abstención de voto, generalmente encabezadas por los sectores o colectivos libertarios, las personas que quieren desobedecer la obligación de participar en las mesas electorales encuentran poca información al respecto. El Grupo Antimilitarista Tortuga (GAT) y el bloque Des-censo electoral ofrecen información detallada y acompañamiento a estas personas, que, una vez han recibido la notificación certificada, sólo cuentan con un plazo de siete días hábiles para presentar un recurso o una excusa. Por otra parte, el sindicatos CNT y CGT también colaboran en la comunicación y la difusión de estos casos y ofrecen acompañamiento y asesoramiento a las afiliadas que deciden llevar a cabo esta acción.

Activistas del Grupo Antimilitarista Tortuga (GAT) en una acción en el juzgado de Elche, el 22 de junio, en apoyo del objetor electoral Jafet Pinedo, que entregó un escrito dirigido a la Junta Electoral comunicando su intención de no formar parte de una vocalía de mesa el próximo día 26 / GAT

Según Ermengol Gassiot, secretario general de la CGT Barcelona, «la objeción electoral es una forma lícita de protesta, ya que la política no debe pasar necesariamente por las urnas». Gassiot -que también se declaró objetor de conciencia en las últimas elecciones- afirma: «Nosotros concebimos la política como la creación de contrapoder a partir de asambleas y otras herramientas de lucha en los lugares de trabajo y en las calles». A diferencia de la CNT -que todavía llama abierta para la abstención-, la CGT decidió hacer un cambio de estrategia en los últimos años y no impulsar este tipo de campañas: «Desde la llegada de nuevas fuerzas políticas más municipalistas, hemos dejado de hacer estas campañas por respeto a las trabajadoras y las militantes que han decidido participar en espacios políticos y, de esta manera, dar cabida a la pluralidad y las diferencias que tenemos dentro de la organización «.

A juicio por no acudir a la cita electoral

Aunque no hay muchas personas que hayan sido juzgadas por no presentarse a las mesas, encontramos algunos casos como el de Adrián Vaíllo -miembro del gato-, que se declaró objetor de conciencia a las elecciones generales de 2011. por este delito, la fiscalía le pedía, en un primer momento, una multa de 2.400 euros o una pena de cuatro meses de prisión. Después de no aceptar un acto de conciliación -en el que el fiscal le rebajaba la pena a una multa de 560 euros-, Adrián fue juzgado el pasado mes de mayo (cinco años después de cometer la objeción y un mes antes de las elecciones ) y condenado a pagar 360 euros de multa oa cumplir un mes y medio entre rejas. Ante esta sentencia, el objetor ha decidido no recurrir la sanción, ya que no reconoce «ninguna legitimidad moral a esta condena». Según él: «En ningún momento se han valorado mis motivos, por tanto, no se trata de un diálogo con la administración, sino de una imposición injusta». Respecto a la posibilidad de entrar en prisión por negarse a pagar la multa, Vaíllo señala: «Yo me limitaré a seguir mi vida con normalidad y supongo que el Estado ya sabe qué tiene que hacer».
Adrián Vaíllo, miembro del Grupo Antimilitarista Tortuga, ha sido condenado a 360 euros de multa o un año de cárcel por no acudir a una mesa de las generales de 2011

Otro caso que llegó a los tribunales a principios de este año fue el de la extremeña Nuria Zurita, que, a pesar de hacer públicos los motivos de su objeción con un escrito ante la Junta Electoral antes de las elecciones, fue condenada a pagar una multa de 270 euros o 45 días de prisión por no presentarse como vocal en la mesa electoral de su localidad en las elecciones europeas de 2014. Según afirmaba la joven antes del juicio: «He decidido luchar contra una ley que me parece injusta y, por tanto, considero que tengo la obligación moral del desobedecer «. También decidió no pactar la rebaja de la pena ofrecida por el fiscal porque, asegura: «No creo en este sistema». Nuria ha decidido agotar todas las vías legales «hasta conseguir la absolución» y, en caso contrario, se plantea llevar su caso a instancias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

https://directa.cat/augmenta-lobjeccio-de-consciencia-meses-electorals

IMAGEN DE PORTADA: El Grup Antimilitarista Tortuga (GAT) i el bloc Des-censo electoral ofereixen informació detallada i acompanyament a les persones que decideixen no acudir a la crida a formar part de les meses electorals -GAT

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