Asturias: Menores, Inmigración y derechos humanos

"Los menores desamparados cuya tutela asuma la Administración del Principado de Asturias recibirán una atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida y observación dispuestos al efecto". "Durante su estancia en los mismos, que en todo caso no podrá superar los 45 días, se analizará su problemática a fin de determinar la medida de protección más adecuada". Ambos preceptos forman parte del artículo 37 de la ley de protección del menor promulgada por el Parlamento asturiano en enero de 1995. La norma, sin embargo, se incumple sistemáticamente en Asturias.

Este periódico ha tenido acceso a los datos de permanencia de los menores en la unidad de primera acogida. La llegada de adolescentes inmigrantes procedentes del extranjero, fundamentalmente del Magreb, ha pillado a la Administración a contrapié y sin desarrollar alternativas de alojamiento y atención para estos menores. La unidad de primera acogida del Centro Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, contaba el pasado domingo con 12 adolescentes que llevaban residiendo en el centro más de los 45 días que obliga la ley. Uno de los adolescentes sobrepasaba los 180 días alojado en la unidad, otros siete superaban los 120; y cuatro más excedían de los 50 días. La situación cambió ligeramente durante el lunes con la salida de dos menores. Según las cifras a las que ha tenido acceso el periódico, que tienden a fluctuar en el tiempo, aproximadamente más del 60% de los chicos alojados en la unidad de primera acogida permanecen allí más de los 45 días que exige la ley.

Las consecuencias son claras. La unidad está pensada para favorecer el proceso de transición de estos menores desde su llegada a Asturias en situación de desamparo hasta su alojamiento en un centro, con un programa personalizado que permita favorecer su formación e inserción laboral. La Corriente Sindical de Izquierdas, la fuerza social más activa en la denuncia de la situación de estos chicos, apunta que los menores están "deprimidos y desmotivados" y su proceso educativo y socializador "puesto en peligro". CSI subraya además que los educadores están "abandonados" por la Administración y "desolados" por la situación de los menores.

Esta fuerza sindical no duda además en señalar a responsables. Su dedo apunta directamente a Gloria Fernández y Laura González, ex directora del Instituto de Atención Social a la Infancia, Familia y Adolescencia, y exconsejera de Bienestar Socia, pero también a sus sucesoras, Eva Sánchez y Pilar Rodríguez. La Corriente Sindical de Izquierdas añade además que el incumplimiento de la legalidad vigente se está llevando a cabo sin que la fiscalía del menor y la procuraduría general del Principado hayan tomado cartas en el asunto para evitarlo.

Esta fuerza social señala además que en los últimos meses han salido varios menores de la unidad de primera acogida, sobre todo, españoles y senegaleses. CSI entiende que existe un trato discriminatorio hacia los jóvenes marroquís acogidos en el centro que, pese a llevar más tiempo, no pasan a otros alojamientos alternativos.

La Administración asturiana confía en poder resolver la larga duración de los menores en la unidad de primera acogida a partir de mediados de este mes. Se espera que Pilar Rodríguez, consejera de Bienestar Social, anuncie en su comparecencia en la Junta General diversas medidas para evitar la sobreocupación de la unidad. El Gobierno regional, según comunicaciones no oficiales a los educadores del centro, tiene previsto que la nueva sede que se prepara en el Fundoma no sea propiamente una unidad de primera acogida, sino exclusivamente un centro para menores extranjeros no acompañados.

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