Assange: La historia no contada de una épica lucha por la justicia

Por John Pilger

El asedio de Knightsbridge es tanto un emblema de gran injusticia como una farsa agotadora. Durante tres años, un cordón policial alrededor de la embajada de Ecuador en Londres ha servido nada más para hacer alarde del poder del Estado y ha costado £ 12 millones. La causa es un ciudadano australiano que no ha […]

El asedio de Knightsbridge es tanto un emblema de gran injusticia como una farsa agotadora. Durante tres años, un cordón policial alrededor de la embajada de Ecuador en Londres ha servido nada más para hacer alarde del poder del Estado y ha costado £ 12 millones. La causa es un ciudadano australiano que no ha sido acusado de ningún crimen, un refugiado cuya única seguridad es un cuarto dado por un país valiente de América del Sur. Su “delito” es haber iniciado una ola para decir la verdad en una era de mentira, cinismo y guerra.

La persecución de Julian Assange está a punto de estallar de nuevo, ya que entra en una etapa peligrosa. Desde el 20 de agosto, tres cuartas partes de los casos de la fiscalía sueca contra Assange en relación con la conducta sexual inapropiada en el 2010, prescribirán. Al mismo tiempo, la obsesión de Washington con Assange y WikiLeaks se ha intensificado. De hecho, es el poder estadounidense vengativo lo que representa la mayor amenaza – como Chelsea Manning y los que siguen recluidos en Guantánamo pueden dar fe.

Los estadounidenses están persiguiendo a Assange debido a que WikiLeaks expuso sus épicos crímenes en Afganistán e Irak: el asesinato al por mayor de decenas de miles de civiles que fueron encubiertos, y su desprecio por la soberanía y el derecho internacional, como lo demuestran vívidamente sus cables diplomáticos filtrados. WikiLeaks continúa exponiendo la actividad criminal de los EE.UU., publicó recientemente las intercepciones telefónicas privadas a los presidentes de Francia y Alemania y otros altos funcionarios en relación con asuntos políticos y económicos europeos internos.

Nada de esto es ilegal de acuerdo con la Constitución de los EE.UU. Como candidato presidencial en el 2008, Barack Obama, un profesor de derecho constitucional, alabó a los denunciantes como “parte de una democracia sana [y] a los que se debe proteger de cualquier tipo de represalias”. En el 2012, la campaña del re-electo presidente Barack Obama se jactó en su sitio web de haber procesado a más denunciantes en su primer mandato que todos los otros presidentes de Estados Unidos juntos. Antes inclusive que Chelsea Manning haya ido a juicio, Obama había pronunciado que el denunciante es culpable. Posteriormente, Manning fue condenado a 35 años de prisión, después de haber sido torturado durante su larga detención preventiva.

Pocos dudan de que si los EE.UU. llegan a tener en sus manos a Assange, un destino similar le espera. Las amenazas de captura y asesinato a Assange se convirtieron en la moneda de los extremos políticos en EE.UU. después de la absurda calumnia del vicepresidente Joe Biden diciendo que el fundador de WikiLeaks era un “ciber-terrorista”. Aquellos que dudan el grado de crueldad que espera a Assange, deben recordar el aterrizaje forzoso del que fue objeto el avión del presidente de Bolivia en el 2013 – cuando erróneamente creyeron que llevaba a Edward Snowden.

Según los documentos publicados por Snowden, Assange se encuentra en una “lista de objetivos de caza”. La apuesta de Washington para su captura, dicen cables diplomáticos australianos, no tiene “precedentes en escala ni en naturaleza”. En Alexandria, Virginia, un gran jurado secreto ha pasado cinco años tratando de inventar un delito por el que Assange pueda ser procesado. No es fácil. La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege a editores, periodistas y denunciantes.

Ante este obstáculo constitucional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha inventado cargos de “espionaje”, “conspiración para cometer espionaje”, “conversión” (robo de propiedad del Gobierno), “fraude informático y abuso” (piratería informática) y “conspiración” general. La Ley de Espionaje tiene disposiciones de prisión de por vida y pena de muerte.

La capacidad de Assange para defenderse en este mundo kafkiano ha sido perjudicada por los EE.UU. al declarar su caso como secreto de Estado. En marzo, un tribunal federal en Washington bloqueó la liberación de toda la información sobre la investigación de “seguridad nacional” contra WikiLeaks, porque estaba “activa y permanente” y podía perjudicar la “acusación pendiente” de Assange. La jueza, Barbara J. Rosthstein dijo que era necesario mostrar “deferencia apropiada con el ejecutivo en materia de seguridad nacional”. Esa es la clase de “justicia” de un tribunal ilegal.

El actor de apoyo en esta sombría farsa es Suecia, interpretado por la fiscal sueca Marianne Ny. Hasta hace poco Ny se negó a cumplir con un procedimiento de rutina europeo que la obligaba a viajar a Londres para interrogar a Assange y así avanzar en el caso. Por cuatro años y medio, Ny nunca ha explicado adecuadamente por qué se ha negado a ir a Londres, al igual que las autoridades suecas no han explicado por qué se niegan a dar a Assange una garantía de que no lo van a extraditar a los EE.UU. bajo un arreglos secreto acordado entre Estocolmo y Washington. En diciembre del 2010, The Independent reveló que los dos gobiernos habían discutido su extradición hacia los EE.UU.

Contrariamente a su reputación de la década de 1960 como un bastión liberal, Suecia se ha alineado tan cerca de Washington que ha permitido “entregas” secretas de la CIA – incluyendo la deportación ilegal de refugiados. La rendición y posterior tortura de dos refugiados políticos egipcios en el 2001 fue condenado por el Comité de la ONU contra la Tortura, Amnistía Internacional y Human Rights Watch; la complicidad y la duplicidad del Estado sueco se documenta en un exitoso litigio civil y en los cables de WikiLeaks. En el verano del 2010, Assange había volado a Suecia para hablar de las revelaciones de WikiLeaks sobre la guerra en Afganistán – en la que Suecia tenía fuerzas bajo mando estadounidense.

“Los documentos publicados por WikiLeaks desde que Assange se trasladó a Inglaterra”, escribió Al Burke, editor del periódico en línea ‘Nórdic News Network’, una autoridad en los múltiples giros y peligros que ha enfrentado Assange, “indican claramente que Suecia ha cedido constantemente a la presión de los Estados Unidos en asuntos relacionados con los derechos civiles. Hay muchas razones para preocuparse de que si Assange fuese detenido por las autoridades suecas, podría ser entregado a Estados Unidos sin la debida consideración de sus derechos legales”.

¿Por qué la fiscal sueca no ha resuelto el caso Assange? Muchos en la comunidad jurídica en Suecia creen que su comportamiento es inexplicable. Una vez implacablemente hostil contra Assange, la prensa sueca ha publicado titulares como: “Vayan a Londres, por amor de Dios”.

Más claramente. ¿Por qué ella no permite que el tribunal sueco tenga acceso a cientos de mensajes SMS que la policía extrajo del teléfono de una de las dos mujeres que acusan a Assange de mala conducta? ¿Por qué no se los entrega a los abogados suecos de Assange? Dice que no está legalmente obligada a hacerlo hasta que exista una acusación formal y ella lo haya interrogado. Entonces, ¿por qué no lo interroga? Y si lo interrogara, las condiciones que ella exige, que sus abogados – no puedan re-preguntarle – haría de la injusticia casi una certeza.

En un punto de la ley, el Tribunal Supremo de Suecia ha decidido que Ny puede seguir presentando un obstáculo en la cuestión vital de los mensajes SMS. Esto ahora pasará a la Corte Europea de Derechos Humanos. Lo qué Ny teme es que los mensajes SMS destruyan su caso contra Assange. Uno de los mensajes deja claro que una de las mujeres no quería presentar cargos contra Assange, “pero la policía estaba interesada ​​en conseguir algo contra él”. Ella estaba “conmocionada” cuando lo arrestaron porque sólo “quería que le tomaran la prueba [del VIH]”. Ella “no quería acusar a JA de nada” y “fue la policía la que presento los cargos”. (En la declaración de un testigo, ella es citada diciendo que había sido “engañada por la policía y otras personas a su alrededor”)

Ninguna de las dos dijo que había sido violada. De hecho, ambas han negado que fueron violadas y una de ellas inclusive ha twitteado: “Yo no he sido violada”. El hecho de que fueron manipuladas por la policía y sus deseos ignorados es evidente – pese a lo que sus abogados puedan decir ahora. Ciertamente, son víctimas de una saga que arruina la reputación de la propia Suecia.

Para Assange, su único juicio ya ha sido juzgado por los medios de comunicación. El 20 de agosto del 2010 la policía sueca abrió una “investigación por violación” e inmediatamente – e ilegalmente – dijeron a la prensa sensacionalista en Estocolmo que había una orden de arresto contra Assange por la “violación de dos mujeres”. Esta fue la noticia que dio la vuelta al mundo.

En Washington, un sonriente secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, dijo a la prensa que la detención de Assange “suena como una buena noticia para mí”. Las cuentas de Twitter relacionadas con el Pentágono describían a Assange como un “violador” y un “fugitivo”.

Menos de 24 horas después, la Jefa Fiscal de Estocolmo, Eva Finne, se hizo cargo de la investigación. Ella no perdió tiempo cancelando la orden de detención, diciendo: “Yo no creo que haya alguna razón para sospechar que se ha cometido una violación”. Cuatro días más tarde desestimó la investigación por violación por completo, diciendo: “No hay ninguna sospecha de delito alguno”. El caso fue cerrado.

Aquí entra Claes Borgstrom, un político de alto perfil en el Partido Social Demócrata, entonces candidato en las inminentes elecciones generales suecas. Pocos días después de la desestimación del caso por parte de la Jefa Fiscal, Borgstrom, abogado, anunció a los medios que él representaba a las dos mujeres y había buscado un fiscal diferente en la ciudad de Gotemburgo. Este fiscal era Marianne Ny, a quien Borgstrom conocía bien, personal y políticamente.

El 30 de agosto, Assange asistió voluntariamente a una estación de policía en Estocolmo y respondió a todas las preguntas que se le hicieron. Él entendió que era el final del asunto. Dos días más tarde, Ny anunció que volvía a abrir el caso. Un periodista sueco le preguntó a Borgstrom porque reabrían el caso cuando ya había sido cerrado, citando a una de las mujeres diciendo que ella no había sido violada. Él respondió: “Ah, pero ella no es abogada”. El abogado australiano de Assange, James Catlin, respondió, “Esto es un hazmerreír… lo van inventando a medida que avanzan”.

Durante cinco semanas Assange esperó en Suecia que la nueva investigación siguiera su curso.

En el día que Marianne Ny reactivó el caso, el jefe del servicio de inteligencia militar de Suecia – que tiene las siglas MUST – denunciaba públicamente a WikiLeaks en un artículo titulado “WikiLeaks [es] una amenaza para nuestros soldados”. Assange fue advertido de que el servicio de inteligencia sueco, SAPO, había sido advertido por su contraparte estadounidense que los acuerdos de inteligencia entre Estados Unidos y Suecia se “cortaban” si Suecia daba albergue a Assange.
Durante cinco semanas Assange esperó en Suecia que la nueva investigación siguiera su curso. Para ese entonces The Guardian estaba al borde de publicar los “Registros de la guerra” de Iraq, basado en las revelaciones de WikiLeaks que Assange supervisaba. Su abogado en Estocolmo pregunto a Ny si tenía alguna objeción a la salida de Assange del país. Ella dijo que él era libre de irse.

Inexplicablemente, tan pronto como salió de Suecia – coincidiendo con el alto interés público y de los medios de comunicación por las revelaciones de WikiLeaks – Ny emitió una orden de detención europea y una “alerta roja” de la Interpol, que normalmente se utiliza para terroristas y criminales peligrosos. Que la hayan puesto en cinco idiomas en todo el mundo, aseguró un frenesí de los medios.

Assange asistió a una estación de policía en Londres donde fue arrestado y pasó diez días en la prisión de Wandsworth, en régimen de aislamiento. Liberado después de pagar £ 340,000 de fianza, fue etiquetado electrónicamente y tenía la obligación de reportarse a la policía diariamente mientras era puesto bajo arresto domiciliario y su caso iniciaba su largo viaje a la Corte Suprema. Él todavía no había sido acusado de ningún delito. Sus abogados repitieron su ofrecimiento de que sea interrogado por Ny en Londres, señalando que ella le había dado permiso para salir de Suecia. Sugirieron un centro especial que Scotland Yard utiliza comúnmente para ese propósito. Ella lo rechazó.

Katrin Axelsson y Lisa Longstaff de Mujeres Contra la Violación escribieron: “Las acusaciones contra [Assange] son ​​una cortina de humo detrás de la cual varios gobiernos están tratando de tomar medidas drásticas contra WikiLeaks por haber revelado audazmente al público su planificación secreta de guerras y ocupaciones con sus consiguientes violaciones, asesinatos y destrucción… Las autoridades se preocupan tan poco acerca de la violencia contra las mujeres que manipulan las denuncias de violación a voluntad. [Assange] ha dejado claro que está disponible para ser interrogado por las autoridades suecas en Gran Bretaña o por Skype. ¿Porque se le niega este paso esencial en su investigación? ¿De qué tienen miedo?”

Esta pregunta quedó sin respuesta mientras Ny desplegó la orden de detención europea, un producto draconiano y ahora desacreditado de la “guerra contra el terror” supuestamente diseñado para atrapar terroristas y criminales organizados. La Orden de Detención Europea había abolido la obligación de un Estado de proporcionar cualquier evidencia de un crimen. Más de un millar de órdenes europeas se emiten cada mes; Sólo unas pocas tienen que ver con posibles cargos de “terrorismo”. La mayoría se emiten por delitos triviales, tales como gastos bancarios en mora y multas. Muchos de aquellos que son extraditados tienen que estar meses en prisión sin ningún cargo. Han existido una serie de errores judiciales, de los cuales los jueces británicos han sido muy críticos.

El caso Assange finalmente llegó a la Corte Suprema del Reino Unido en mayo del 2012. Con una sentencia que confirmó la orden de detención europea – cuyas rígidas demandas habían dejado a los tribunales casi sin margen de maniobra – los jueces encontraron que los fiscales europeos podían emitir órdenes de extradición en el Reino Unido sin ninguna supervisión judicial, a pesar de que el Parlamento intentaba lo contrario. Dejaron en claro que el Parlamento había sido “engañado” por el Gobierno de Blair. El tribunal estuvo dividido, 5-2, y en consecuencia dictaminó contra Assange.

Sin embargo, el Presidente del Tribunal Supremo, Lord Phillips, cometió un error. Aplicó la Convención de Viena en la interpretación del tratado, permitiendo la práctica del Estado de anular la letra de ley. Como la abogada de Assange, Dinah Rose, QC, señaló, esto no se aplica a la Orden de Detención Europea.
El Tribunal Supremo sólo reconoció este crucial error cuando trató otro recurso contra la Orden de Detención Europea en noviembre del 2013. La decisión en el caso Assange había sido la equivocada, pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Con la extradición inminente, el fiscal sueco dijo a los abogados de Assange que una vez en Suecia sería colocado inmediatamente en uno de los infames centros de prisión preventiva de Suecia.

La elección de Assange fue dura: la extradición a un país que se había negado a decir si le enviarían o no a los EEUU, o buscar lo que parecía su última oportunidad de refugio y seguridad. Con el apoyo de la mayor parte de América Latina, el valiente gobierno de Ecuador le concedió el estatuto de refugiado, sobre la base de pruebas documentadas y asesoramiento jurídico que se enfrentaba a la perspectiva de un castigo cruel e inusual en los EEUU; que esta amenaza violaba sus derechos humanos básicos; y que su propio gobierno de Australia le había abandonado en connivencia con Washington. El gobierno laborista del primer ministro Julia Gillard, incluso había amenazado con quitarle su pasaporte.

Gareth Peirce, la renombrada abogada de Derechos Humanos que representa a Assange en Londres, escribió al entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Kevin Rudd: “Teniendo en cuenta el alcance de la discusión pública, con frecuencia sobre la base de suposiciones falsas por completo… es muy difícil para JA intentar preservar alguna presunción de inocencia. Sobre Assange se ciernen no una, sino dos espadas de Damocles, la potencial extradición a dos jurisdicciones diferentes a su vez por dos presuntos delitos diferentes, ninguno de los cuales son crímenes en su propio país, y que su seguridad personal se ha puesto en riesgo por circunstancias que tienen una alta carga política”.

No fue hasta que se puso en contacto la Alta Comisión de Australia en Londres que Peirce recibió una respuesta, la cual no respondió a ninguno de los puntos urgentes. En una reunión a la que asistí con ella, el Cónsul General australiano, Ken Pascoe, hizo la sorprendente afirmación de que él sabía “sólo lo que he leído en los periódicos” sobre los detalles del caso.

Mientras tanto, la posibilidad de un grotesco error judicial se ahogó en una campaña injuriosa contra el fundador de WikiLeaks. Ataques profundamente personales, mezquinos, crueles e inhumanos apuntaban a un hombre que no había sido acusado de ningún delito aún y sometido a tratamiento que ni siquiera se da a un acusado que enfrenta extradición por el delito de asesinar a su esposa. Que la amenaza de Estados Unidos a Assange era una amenaza para todos los periodistas y a la libertad de expresión, se perdió en lo sórdido y lo ambicioso.

Libros fueron publicados, películas pactadas y carreras de comunicación lanzadas o recibieron el pistoletazo de salida montadas en la espalda de WikiLeaks y la suposición de que atacar a Assange era un juego justo y que él era demasiado pobre para demandar. La gente ha hecho dinero, a menudo grandes cantidades de dinero, mientras que WikiLeaks ha luchado para sobrevivir. El editor de The Guardian, Alan Rusbridger, llamó a las revelaciones de WikiLeaks, que publicó su periódico, “uno de los grandes aciertos periodísticos de los últimos 30 años”. Inclusive lo convirtió en parte de su plan de marketing para elevar el precio de portada del periódico.

Sin que ni un centavo vaya a Assange o WikiLeaks, un publicitado libro del Guardián fue llevado a una lucrativa película de Hollywood. Los autores del libro, Lucas Harding y David Leigh, describen a Assange como un hombre de “personalidad dañada” y “cruel”. También revelaron la contraseña secreta que les había dado confidencialmente y que fue diseñada para proteger un archivo digital que contenía los cables de la embajada de Estados Unidos. Con Assange ahora atrapado en la embajada ecuatoriana, Harding, de pie entre la policía se regodeó en su blog escribiendo que “Scotland Yard puede tener la última palabra”.

La injusticia que se cometió con Assange es una de las razones para que el Parlamento haya reformado la Ley de extradición y prevenir el mal uso de la Orden de Detención Europea. El cajón de sastre draconiano utilizado contra él, no podría pasar ahora; los cargos tendrían que ser presentados y el “cuestionamiento” sería insuficiente para la extradición. “Su caso ha sido ganado, cerrado, y puesto en una bóveda”, Gareth Peirce me dijo, “estos cambios en la ley significa que el Reino Unido reconoce ahora que todo lo que se argumentó en su caso era lo correcto. Sin embargo, él no se beneficia”. En otras palabras, el cambio en la legislación del Reino Unido en el 2014 significa que Assange habría ganado su caso y no se habría visto obligado a refugiarse.

La decisión de Ecuador de proteger a Assange en el 2012 se convirtió en un importante asunto internacional. A pesar de que la concesión de asilo es un acto humanitario, y el poder de hacerlo es disfrutado por todos los Estados en virtud del derecho internacional, tanto Suecia como el Reino Unido se negaron a reconocer la legitimidad de la decisión ecuatoriana. Haciendo caso omiso del derecho internacional, el gobierno de Cameron se negó a conceder un salvoconducto a Assange para que viaje a Ecuador. En cambio, la embajada de Ecuador fue puesta en estado de sitio y su gobierno recibió una serie de ultimátums. El Ministro de Asuntos Exteriores, William Hague, amenazó con violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, advirtiendo que eliminaría la inviolabilidad diplomática de la embajada y enviaría la policía a capturar a Assange, la indignación que sus declaraciones causaron en todo el mundo obligó al gobierno a dar marcha atrás. Durante una noche, la policía se asomó en las ventanas de la embajada en un claro intento de intimidar a Assange y a sus protectores.

Desde entonces, Julian Assange se ha visto confinado a una pequeña habitación bajo la protección del Ecuador, sin la luz del sol o el espacio suficiente para hacer ejercicio, rodeado por la policía bajo órdenes de arrestarlo a la vista. Durante tres años Ecuador ha dejado en claro a la fiscal sueca que Assange está disponible para ser interrogado en la embajada de Londres, y durante tres años ella se ha mantenido intransigente. En el mismo período de tiempo, Suecia ha interrogado a cuarenta y cuatro personas en el Reino Unido en relación con investigaciones policiales. Su papel, y el del Estado sueco, son absolutamente políticos; y para Ny, que se jubila en dos años, ella debe “ganar”.

En su desesperación, Assange ha desafiado la orden de detención en los tribunales suecos. Sus abogados han citado las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalando que ha estado bajo detención arbitraria e indefinida y que ha sido prisionero virtual por más tiempo que cualquier sentencia real de prisión que podía enfrentar. El juez del Tribunal de Apelación estuvo de acuerdo con los abogados de Assange: de hecho, el fiscal había incumplido su deber de mantener el caso en suspensión durante años. Otro juez emitió una reprimenda a la fiscal. Sin embargo, ella desafió a la corte.

En diciembre pasado, Assange llevó su caso ante el Tribunal Supremo Sueco, que ordenó al jefe de Marianne Ny -el Fiscal General de Suecia, Anders Perklev – dar explicaciones. Al día siguiente, Ny anunció, sin explicación alguna, que había cambiado de opinión y que ahora interrogaría a Assange en Londres.
En su presentación ante el Tribunal Supremo, el Fiscal General hizo algunas concesiones importantes: argumentaba que la coerción a Assange había sido “intrusiva” y que el tiempo en la embajada ha sido un “gran esfuerzo” para él. Incluso admitió que si el asunto hubiera llegado a acusación, juicio, condena y a cumplir una condena en Suecia, Julian Assange habría dejado Suecia hace ya mucho tiempo.

En una decisión dividida, un juez de la Corte Suprema sostuvo que la orden de detención debía haber sido revocada. La mayoría de los jueces dictaminó que, dado que el fiscal ya había dicho que iría a Londres, los argumentos de Assange se habían convertido en “discutibles”. Sin embargo, el Tribunal de Justicia declaró que habría fallado contra el fiscal si ella no hubiera cambiado de repente de idea. Justicia por capricho. Escribiendo en la prensa sueca, un ex fiscal sueco, Rolf Hillegren, acusó a Ny de perder toda imparcialidad. Él describió su inversión personal en el caso como “anormal” y exigió que sea reemplazada.

Habiendo dicho que iba a ir a Londres en junio, Ny no fue, pero envió un substituto, a sabiendas que el interrogatorio no sería legal bajo esas circunstancias, debido especialmente a que Suecia no se había molestado en obtener la aprobación del Ecuador para la reunión. Al mismo tiempo, su oficina se encargó de avisar al periódico sensacionalista sueco Expressen, que envió a su corresponsal en Londres a esperar fuera de la embajada del Ecuador por la “noticia”. La noticia fue que Ny cancelaba la cita y culpaba al Ecuador por la confusión y por ende a un “poco cooperativo” Assange – cuando en verdad sucedió lo contrario.

A medida que se aproxima la fecha del estatuto de limitaciones – 20 de agosto – otro capítulo en esta horrible historia, sin duda, va a desarrollarse, y veremos a Marianne Ny sacando otro conejo de su sombrero y a los comisarios y fiscales en Washington beneficiándose de ello. Pero tal vez nada de esto es sorprendente. En el 2008, una guerra contra WikiLeaks y Julian Assange fue preparada en un documento secreto del Pentágono, elaborado por el “Cyber Counterintelligence Assessments Branch”. Ahí se describe un plan detallado para destruir la sensación de “confianza”, que es el ‘centro de gravedad” de WikiLeaks. Esto se lograría con amenazas de “exposición [y] la persecución penal”. Silenciar y criminalizar esta fuente de ‘decir- la- verdad’ era el objetivo, desprestigiar el método. Mientras este escándalo continúe, la misma noción de justicia se ve disminuida junto con la reputación de Suecia, y la sombra de amenaza de Estados Unidos nos toca a todos.

http://www.telesurtv.net/opinion/Assange-La-historia-no-contada-de-una-epica-lucha-por-la-justicia.-20150803-0037.html

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