Así blanqueaba la Justicia española el terrorismo de extrema derecha durante la Transición

Todas y cada una de las sentencias que dictaba la Audiencia Nacional calificaban a los terroristas ultras como “elementos aislados y desorganizados”, renunciando a indagar en las conexiones que mantenían con los aparatos policiales del Estado, todavía anclados en la dictadura, y con los partidos neofranquistas

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La impunidad con la que actuaron los grupos de extrema derecha durante la Transición está siendo objeto de investigación y revisión por historiadores y periodistas. Tras la muerte de Franco en 1975, se organizaron numerosas “tramas negras” que sembraron el terror entre partidos de izquierdas, sindicatos y asociaciones obreras. En general, se trataba de grupos formados no solo por elementos ultraderechistas más o menos estructurados que actuaban por su cuenta, sino también por funcionarios del Estado. Sin embargo, la realidad que transmitían las sentencias de la Audiencia Nacional era bien distinta.

El tribunal creado por el Gobierno en 1977 para investigar y juzgar casos de terrorismo –y que ha funcionado como un tribunal especial dedicado a este tipo de asuntos− siempre mantuvo en sus sentencias la versión de que tales crímenes perpetrados por la extrema derecha española fueron realizados por “grupos incontrolados”, a pesar de que existía una organización institucional desde el más alto nivel. “Cuando el tribunal decretó las amnistías para estos grupos les catalogó como ‘no adscritos’; es decir, como elementos aislados y desorganizados, sin partido, aunque en todos los casos estaban afiliados a las mismas organizaciones políticas legales (Fuerza Nueva, Falange Española de las JONS, Hermandad de la Guardia de Franco, principalmente) y mantenían vinculaciones concretas con estamentos policiales, como quedó demostrado”, asegura el periodista y escritor Mariano Sánchez Soler en su libro La Transición sangrienta.

Esta definición de “incontrolados no adscritos” persiste en todas las sentencias dictadas y en la calificación usada por el Tribunal Supremo (posteriormente Fiscalía del Reino y Fiscalía General del Estado) en sus memorias anuales. También en su sinopsis jurídica inscribía estos casos bajo el capítulo de “terrorismo diverso”, diluidos en un auténtico “cajón de sastre”, según Sánchez Soler. El escritor llega a asegurar que “esta sistemática individualización” de las causas instruidas por la Audiencia Nacional en casos de violencia ejercida por grupos de extrema derecha supuso, en la práctica, “la renuncia oficial a reconocer el peso que poseían estos activistas dentro de los aparatos del Estado y la coordinación que podía existir entre las fuerzas involucionistas que actuaron contra el proceso democrático”.

Sea como fuere, lo cierto es que la Transición española no fue tan pacífica y civilizada como nos han contado hasta ahora. Desde el 20 de noviembre de 1975 hasta el 30 de diciembre de 1983, cuando se contabilizaron los primeros crímenes de los GAL, el tránsito de la dictadura a la democracia se cobró 2.663 víctimas por violencia política, entre muertos y heridos hospitalizados, según escribe Mariano Sánchez Soler. En esa cifra se incluyen los terrorismos de extrema izquierda, nacionalistas, de extrema derecha, la guerra sucia, la represión en la calle, la tortura y otras manifestaciones de violencia política “emanadas de las instituciones del Estado”.

De estas 2.663 víctimas, un total de 591 perdieron la vida. Y de ellas, 188 personas murieron en actos de violencia política de origen institucional. “Esta cifra resulta relevante si consignamos las 3.173 víctimas mortales de la violencia en todas sus expresiones (asesinatos, homicidios, parricidios, terrorismo, robos con homicidio…) documentadas por la Memoria del Fiscal General del Estado durante los años estudiados”, asegura el autor en su obra, a caballo entre el ensayo histórico y la investigación periodística.

El análisis de la evolución de la violencia política de origen institucional durante el período estudiado demuestra tener su punto álgido en los prolegómenos del intento de golpe militar del 23F de 1981. Fue en ese momento cuando más violencia política se desencadenó, sobre todo debido a la efervescencia de los movimientos extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. “A partir de ese momento la violencia política queda prácticamente desactivada tras la victoria electoral del PSOE el 28-O de 1982. Después, la única actividad de origen institucional consignable es la guerra sucia contra el terrorismo”, explica Sánchez Soler.

Por el contrario, el terrorismo nacionalista y de izquierdas (ETA, Grapo) sufre, entre las elecciones de 1977 y el referéndum de la Constitución de 1978, un repunte cuantitativo en número de víctimas (85 contabilizados entre el 15 de junio de 1977 y el 31 de diciembre de 1978 y 94 durante 1979), para estabilizarse después de la victoria electoral socialista en torno al medio centenar de víctimas mortales al año.

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