Asalto a la razón (endémico)

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Los sucesos del último 20 de mayo, tanto en el plano sanitario como en el político-social, representan un auténtico asalto a la razón. Algo que una sociedad adulta no debería tolerar sin poner bajo sospecha su propia existencia como comunidad y la de sus miembros. Salvo que aspiren a verse reducidos a una cuadrilla de pagafantas. Se mire por donde se mire, lo ocurrido en la fecha de marras es una conspiración de granujas, indocumentados y pirómanos.

Hablo de la inaudita <confesión>> del coordinador de emergencias del Covid-19 Fernando Simón en su comparecencia vespertina para informar sobre el desarrollo de la crisis. El hombre designado por Moncloa para liderar la comunicación de la pandemia reveló a la pata la llana lo que todos sospechábamos, pero que en la boca del alto responsable de la salud pública constituye no solo una colosal irresponsabilidad sino posiblemente una delito tipificado. Por obvio y por de pura lógica.

Carecía del mínimo sentido que cuando estábamos alcanzado el pico de la enfermedad, con un rosario de centenares de muertes y miles de contagiados diarios, sin test de ningún tipo al alcance de la gente, el propio Simón insinuara que el uso de las mascarillas era algo intrascendente, y ahora, en plena desescalada de medio país y con la UCI desahogadas, anuncie en esa comparecencia del miércoles que desde el día siguiente las mascarillas <<serían obligatorias en todos los sitios>> , niños mayores de 6 años incluidos, a riesgo de multa gubernativa. Una completa aberración. Como si a alguien se le ocurriera recomendar el uso del chaleco salvavidas en la bañera y desmotivara su utilización para un naufragio.

Porque la justificación esgrimida a posteriori por el máximo coordinador de la pandemia es peor y más graves que su elipsis anterior. Reconociendo la falta de previsión de las autoridades a las que representa, negligencia dolosa añadida al poner en peligro la integridad de las personas, Simón ha argumentado que entonces se pasó por alto esa exigencia por falta de mascarillas. ¡Alma de cántaros! Igual que desde el principio se ha aconsejado la distancia social y el lavado de manos, prácticas al alcance de cualquier inteligencia, ¿cómo no fue capaz Simón de recomendar que ante la escasez de mascarillas la gente se proveyera con útiles caseros, tipo pañuelos, u otros semejantes? Y la perplejidad alcanza caracteres paranormales al saberse que el Centro de Alertas y Emergencias dirigido por Fernando Simón, el pasado 6 de marzo, dos días antes del 8-M que tantos vientos destapó, había emitido un comunicado (ahora desparecido de su página web) donde se avisaba: << […] hay eventos con personas infectadas que muestran una altísima tasa de transmisión del virus frente a otras situaciones en la cual (sic) la transmisión es mucho menor>>. ¿Cuántos contagiados y demás ha provocado ese asalto a la razón?

Eso sucedía por la tarde. Pocos horas después, al poco de cerrarse el escrutinio en el Congreso que ampliaba a otros 15 días el estado de alarma gracias a los votos decisivos de Ciudadanos, un antiguo miembro del <<trifachito>> ahora reciclado en benefactor del bipartito <<rotundamente progresista>>, saltaba la sorpresa. En un comunicado conjunto, PSOE, Unidas Podemos y ehbildu anunciaban que iban a <<derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2011 impulsada por el Partido Popular>>. Y para dejar claro que no se trataba de una simple declaración de buenas intenciones sin base fáctica, el texto concretaba que <<la derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-10>>. ¡Eureka! ¡Al fin algo de coherencia política en el santoral de lo que hagan falta, donde haga falta y cómo haga falta!

Pero, como ya dijo el diestro Rafael Guerra, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Cuando aún no se habían apagado los fastos del notición, una nueva nota, está vez solo suscrita por Ferraz, desmentía el punto primero del comunicado referido a la <derogación íntegra>>, aclarando que el compromiso se reducía a <<recuperar derechos laborales>>, en línea con la manoseada cantinela para consumo de hooligans de revisar las normas más lesivas. Una fake news como la rectificación de Fernando Simón en el terreno sanitario. Pero no solo. De hecho, y por derecho propio, la presunta derogación suponía dejar en el limbo a los más millones de ERTEs por <<fuerza mayor>> en trámite, por aplicación precisamente de las capacidades de flexibilización laboral que esa ley pepera del 2012 ofrece. Y que encima tantas incongruentes alabanzas ha merecido por parte de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz.

Pero, por si eso no fuera suficiente, el anuncio desvirtuaba el pacto suscrito por PSOE y UP para alumbrar el gobierno de coalición de izquierdas. Porque en ese acuerdo programático no figura por ningún sitio el concepto <<derogar íntegramente>> referido a la susodicha reforma laboral. Por el contrario, cuando aparece el termino <<derogar> lo hace en formato reducido. Así, en punto 1.3 se dice <<Derogaremos la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad. Derogaremos las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo, haciéndolo llegar más allá de las previsiones contenidas en el mismo, tras la finalización de su vigencia y hasta la negociación de uno nuevo. Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales>>. Poniendo todo el énfasis, punto 1.5.3, en expresiones del tipo <<Recuperar los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando las causas y el procedimiento, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado>>.

El doble asalto a la razón perpetrado por Simón y Moncloa tendrá sin duda efectos lamentables. Ya no hay vuelta atrás; a lo hecho, pecho. En el terreno sanitario, habrá que esperar a que la pandemia escampe y hagan todas las cuentas precisas más allá de los respectivos cuentos de unos y de otros, gobierno y oposición, Estado y Comunidades. Pero en lo que respecta al gatillazo de la reforma laboral, las consecuencias ya se pueden avizorar. Al mandar un aviso de desconfianza e incertidumbre a las empresas, muchos de los ERTEs actuales terminarán como EREs, sobre todo teniendo en cuenta que en la ampliación hasta el 30-J pactada entre Gobierno, patronal y el tándem CCOO-UGT se realizó una sustancial rebaja en la penalización para las sociedades que incumplieran el compromiso de respetar las plantillas. Y el otro arcabuzazo es el mensaje mórbido que supone para la Comisión Europea (CE) en el preciso momento en que se discute el cuánto, el cómo y el cuándo de los imprescindibles fondos de reconstrucción.

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