Así son los empresarios de Elx: Imputados en la parálisis del calzado dicen que no conocían a los afectados y que ignoraban si la cola era tóxica

ELCHE

Los gerentes imputados en la parálisis del calzado dicen que eran testaferros

Afirman que no conocían a los afectados y que ignoraban si la cola era tóxica Salud Laboral ratifica que se sancionó a la empresa por incumplir la normativa

GENOVEVA MARTÍN/ELCHE

Petición de penas de prisión

La vista oral celebrada ayer en el juzgado de lo Penal 1 por el caso de la parálisis del calzado escenificó sin fisuras todos los defectos y carencias que el sector ha desarrollado durante décadas. La economía sumergida, la falta de seguridad en el trabajo y la indefinición sobre la propiedad de las empresas quedaron plasmados.

De hecho, los dos imputados por un delito contra la seguridad de los trabajadores – las víctimas son el matrimonio formado por Pilar Garrigós y José María de Hita, ambos afectados por una polineuropatía sensitiva motora axona desmielinizante- aseguraron que, pese a aparecer como gerentes de la fábrica de calzado Manufactura Lozamed y de la industria de productos adhesivos Inadyp S. L., nada tenían que ver con la dirección de ambas empresas. La gerente de Lozamed, Eva M. L., afirmó que era una simple trabajadora, que «estaba de comodín en la fábrica», que la «pusieron de gerente», pero que «no tenía facultad de decisión». Insistió en que no se la indemnizó por ser testaferro y dijo claramente que se le había engañado.

Su homólogo de Inadyp, Gaspar M. N. M, cogió la misma senda. Explicó que es socio de la industria, que fue gerente al principio de la empresa pero que actualmente sólo se ocupa de su negocio, cuyas dependencias se encuentran en frente de Inadyp. Ambos aseguraron no conocer a los dos afectados.Se les preguntó por parte del fiscal y de la abogada de la acusación particular por qué no informaron de estas circunstancias al juzgado los cuatro años de instrucción. Contestaron que nadie les dijo nada.

Teniendo en cuenta que José María y Pilar solicitan una indemnización de 556.920 euros por las secuelas que padecen por haber trabajado con una cola que contenía un agente tóxico, el N-Hexano, en su domicilio sin que se les avisara del peligro de su manipulación ni de las medidas preventivas a adoptar, resulta problemático que se descubra ahora que los gerentes de ambas empresas eran hombres de paja.

Cola espesa

Pilar Garrigós empezó a trabajar para Lozamed en octubre de 999. Daba de cola a cortes de zapatos, en el que pegaba un forro, en su casa, a la que un repartidor le llevaba la faena y los botes de cola. Hasta el mes de marzo, fecha en que su marido, en el paro, decidió ayudar a su mujer con el beneplácito de la empresa, Pilar realizaba muy poca faena. Según explicó la pareja, a los cuatro días de utilizar la cola, José María empezó a sentirse mal. Tenía nauseas y mal estar general que achacó a «una gripe». Las cosas fueron empeorando hasta que a mediados de abril, se quedó paralizado e ingresó en el hospital donde estuvo tres semanas y salió en silla de ruedas.

Volvió a ingresar en julio, fecha en que su mujer empezó a sentirse mal y también fue atendida en el centro sanitario. Durante semanas no se supo lo que padecían ambos. Finalmente, los médicos del hospital ilicitano les diagnosticaron a ambos la enfermedad conocida como parálisis del calzado.

Ayer, los dos coincidieron en señalar que los síntomas de José María se iniciaron cuando «trajeron una cola muy espesa». La devolvieron y se les entregaron otros botes «con un pegamento mucho más líquido». En estos momentos murieron también unos 40 canarios que tenía el matrimonio en su casa. «Se les secaron las patas y fallecieron».

Fue entonces cuando Pilar sospechó de la cola y llamó al teléfono de toxicología «que venía impreso en la tapa del bote de cola», única información escrita además del número 1304 y del nombre de la empresa.

Tanto Lozamed como Inadyp declinan cualquier responsabilidad por la afección de los denunciantes. Aseguran que todo estaba en regla. Sin embargo, los dos técnicos del Gabinete de Salud Laboral de la conselleria dijeron ayer en el juicio todo lo contrario. Afirmaron que la empresa fabricante del adhesivo «no cumplía con las normas de etiquetado», normas que databan de 1993 y 1995, y que, por tanto, no se avisaba de la toxicidad del producto.

Además, el inspector de Trabajo que depuso en el juicio ratificó también su primera declaración. Dijo que fue a inspeccionar la casa de los afectados y que ésta no cumplía las medidas que se deben de observar cuando se trabaja con este tipo de productos. Sin embargo, representantes de ambas empresas visitaron la misma vivienda tras caer enferma la pareja y aseguró que la vivienda era totalmente adecuada.

Extraido de: La Verdad 19-5-2005



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