Así funcionan las cosas donde mandan las FARC

Zona rural de Urrao (Antioquia) cumple 20 años dominada por las Farc

El grupo subversivo les restringe a los habitantes los alimentos, los servicios de salud y hasta el acceso de autoridades a recoger cadáveres.

Una chiva de colores vivos recorrió el pasado 17 de marzo las calles del casco urbano de Urrao. La línea, como llaman a este tipo de vehículo, no venía cargada de frijoles o granadillas de las veredas de este extenso y selvático municipio del suroeste antioqueño.

En la parte trasera se exhibía el cuerpo sin vida del profesor Albeiro Tabares, con señas visibles de una muerte dolorosa, lo que les anunciaba a los urraeños que las Farc estaban dispuestas a responder a los intentos del Estado por entrar a una zona donde hace 20 años mandan ellos.

Urrao es el segundo municipio más grande de Antioquia, con 2.252 kilómetros cuadrados y 43 mil habitantes, de los cuales 25 mil viven en las veredas, donde la guerrilla ha hecho su fortín.

El sacerdote del pueblo Alberto Tabares, hermano del profesor, no fue capaz de verlo. Nadie culpó al conductor de la chiva por haber paseado el cadáver, pues saben que «a ellos les toca hacer lo que les ordene la guerrilla y callar».

Todos estaban asombrados. El maestro, de 26 años, iba a dar las primeras clases de su vida. «Había sido asignado a una vereda a varios días desde el corregimiento La Encarnación, y como no lo conocían lo mataron», relató el cura que confiesa, que a veces, por el dolor, se «descacha» en las homilías.

Desde ese día, a los pobladores del casco urbano del municipio, donde sí hay presencia permanente de las autoridades, les quedó claro que 'bajar' a las veredas es sinónimo de muerte. «El que baja y no lo conocen allá, no vuelve».

Tristemente, lo confirmaron el 10 de abril, cuando en medio de un día de feria, la noticia de la muerte de Jesús Higuita, 'Don Suso', un anciano de 72 años, secuestrado hacía nueve meses, corrió por el pueblo.

«Su papá se murió. Que baje un familiar o el Ejército a recogerlo, nos dijo el comandante de la guerrilla, por teléfono», contó uno de sus hijos.

Al parecer, querían emboscar a los militares o llevarse a otro de los hijos de la familia Higuita, porque 'don Suso' ya era viejo y les servía poco.

Entonces, hacia las 2:00 p.m. y en vista de que nadie bajaría por el cadáver, cuatro bomberos voluntarios decidieron ir a recogerlo. Era la única forma porque ni la Fiscalía, ni la Policía, ni ninguna otra autoridad entra al 80 por ciento de la zona rural de Urrao.

«Corrimos porque era una persona querida. Además muchas veces hemos recogido gente enferma o muertos naturales y la guerrilla no nos había hecho nada», explicó Arbey Urrego, comandante del cuerpo de Bomberos, quien iba en la comisión.

Ese día los voluntarios llegaron a la zona rural, y tras una hora de estar retenidos, varios guerrilleros dispararon por la espalda a los dos más jóvenes. Juan Fernando Oquendo y Wilmar Correa, de 18 y 22 años, cayeron instantáneamente. Urrego y su compañero quedaron estupefactos.

-Entrégueselos al capitán de la Sijín y díganle que ahí se los mando para que no los vuelva a traer camuflados de bomberos- , dijeron las Farc.

-¿Podemos llevarnos los cuerpos de los compañeros?-, preguntaron tímidamente los sobrevivientes.

-Sí, y el de Higuita también, ahí tienen para que les hagan compañía-, contestaron.

Los pobladores quedaron destrozados porque los dos jóvenes eran reconocidos estudiantes y personas de bien. La Oficina de la o­nU para los Derechos Humanos le exigió al secretariado de las Farc que «asuma la responsabilidad de estos crueles asesinatos» y respete a la población civil.

La vida cotidiana

Desde eso, pocos se mueven más allá del casco urbano, donde la vida es aparentemente tranquila. «Uno piensa, si les hicieron eso a los que hacían labores humanitarias, qué no les harán a los demás», dijo una mujer que piensa irse.

No es la única. Por el conflicto, ni el amor es posible. «Hay una lista negra de las niñas que somos novias o tenemos hijos con soldados». El año pasado una de ellas fue asesinada. Ninguna quiere aumentar las 137 víctimas que la Red de Solidaridad registró entre 2000 y 2004.

Pero tampoco enfermarse es prudente; 5.700 personas de las veredas, la mayoría niños, no han podido recibir este año la primera dosis de vacunación porque no se permite el acceso del personal sanitario

Y la comida en el campo es restringida por el lado del Ejército. Cada familia sólo puede mercar 60 mil pesos cada mes que va al pueblo. Debe presentar factura para que la firmen los militares.

En Urrao hay parques nacionales como el de Las Orquídeas y el Páramo del Sol con guardaparques, pero sin turistas. Ni las prostitutas se quedan. Llegan de Medellín pero se van para no enamorarse del que no deben.

En palabras urraeñas, a este municipio le dio lo que a las granadillas: La secadera. El conflicto, como su peor plaga, lo tiene menguado.

Se van tras 3 secuestros

-Esto apenas está comenzando. Nos tiene que dar plata, dijo 'Melkin', uno de los comandantes del frente 34 de las Farc, al otro lado de la línea, una semana después del asesinato de Jesús Higuita.

-Hombre, pero que plata les voy a dar, ustedes me mataron a mi papá, contestó uno de los hijos de Higuita, indignado porque el guerrillero pretendía seguirlos extorsionando después de haber asesinado a su padre secuestrado.

A pesar de que esta familia ha soportado tres secuestros, esta llamada hizo que sus miembros decidieran irse del pueblo donde levantaron negocios. Se cansaron de conocer comandantes guerrilleros. Primero alias 'Rubiel', luego 'El Paisa' y ahora 'Melikin'.

«En el primer secuestro, en 1994, se llevaron a mi papá», contó Ignacio Higuita. Transaron la liberación en 60 millones de pesos. Pero dos años después el mismo Ignacio Higuita fue plagiado. De nuevo entregaron 60 millones.

Todo fue diferente en septiembre pasado. En su finca en las afueras del casco urbano y cerca de la base militar de Urrao, la guerrilla volvió a llevarse a Jesús Higuita, ya de 72 años. Primero les exigieron 1.500 millones de pesos, y luego bajaron a 900 y a 300.

«José Ignacio estoy bien pues el trato es regular pues usted sabe que el monte no es bueno», decía una prueba de supervivencia.

Desesperados los familiares ofrecieron 70 millones de pesos. «No podemos más, ustedes ya nos exprimieron y también los paramilitares», les dije, «Y me quedé tranquilo porque me contestaron que fuera recogiendo la plata», recordó Ignacio Higuita.

Entonces pidieron permiso en los colegios de sus hijos para darle un abrazo al abuelito y recibirlo. Pero el abrazo quedó inconcluso, pues el anciano llegó muerto.

CATALINA OQUENDO
Enviada especial de EL TIEMPO
URRAO (SUROESTE ANTIOQUEÑO)

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